Informe CDH 2015 by Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Situaciรณn de los Derechos Humanos en Guayaquil Informe 2015

COMITร PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: Billy Navarrete Textos: Fernanda Carrera Billy Navarrete

Fotos: Billy Navarrete Andrés Loor

Diagramación: Impresos Annabel Impresión: Impresos Annabel Es una publicación oﬁcial del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH. Las opiniones que incluye esta publicación no representan la posición de sus auspiciantes. Guayaquil, marzo 2016

CONTENIDO PRESENTACIÓN................... 5 VIVIENDA, TIERRA Y DESALOJOS FORZOSOS................... 7 CASO ISLA TRINITARIA: DESALOJO FORZOSO CRUEL E IMPROVISADO................... 9 Proyecto Guayaquil Ecológico................... 9 Conﬁguración de Desalojo Forzoso................... 10 Ataque a Defensor de Derechos Humanos................... 13 Reubicación en Monte Sinaí................... 14 Conjunto de directrices a recomendar para mi gar los daños provocados por los desalojos forzosos................... 15 Crónica: Desalojo condena a dormir en la calle a 40 familias de la Isla Trinitaria................... 17 EN SOCIO VIVIENDA 2 SE VIVE EN EL AIRE, SIN DERECHO A NADA................... 19 El caso de la direc va de sector y la protesta de moradores.................... 19 No ﬁcaciones de reversión................... 20 Proceso judicial por paralización de servicios públicos..................... 21 Allanamientos a domicilios................... 22 Tes monio de Karina................... 25 DESALOJO FORZOSO DE 44 FAMILIAS MONTUBIAS EN COLIMES................... 27 Tes monio de Viviente: Ver a mis vecinos dañar mis cul vos y mi casa.................. 28

CÁRCEL ................... 31 5 AÑOS DEL NUEVO MODELO CARCELARIO EN ECUADOR................... 33 Población privadas de la libertad................... 33 El régimen de Máxima Seguridad y la polí ca de rehabilitación................... 34 El alejamiento geográﬁco, social y familiar................... 36 Restricciones al Derecho a la Salud................... 38 Revisiones vaginales, cuando las prác cas salvajes se man enen................... 39 Privación de bienes personales, un prác ca deshumanizante................... 40 Homicidios................... 41 Protestas................... 41 Consideraciones ﬁnales................... 42

REFUGIO ................... 45 Refugiado accede a servicio de telefonía móvil con el apoyo de la sociedad civil, Acnur y la Defensoría del Pueblo.................... 47 Campaña #SonrieEstamosIntegrándonos expone avances y buenas prác cas desde el estado y la empresa privada para con la población refugiada ................... 48

Por la Semana de la Movilidad Humana Ins tuciones públicas expusieron sus buenas prác cas en materia de refugio................... 50 Refugiados y funcionarios comparten los contenidos del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana................... 51 Uriel convir ó sus macetas en una micro-empresa de jardinería.................... 52 Entrevista a Patricio Benalcazar.................... 53 Detenidos en zonas esteriles de aeropuerto................... 60

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y ABUSO SOCIAL............... 63 Maltrato policial a periodista y defensor de Derechos Humanos................... 65 #BorregoNoEsTerrorismo ................... 66 Tes monio de Teodora................... 67 Abuso Policial................... 69 Agresión de Policía Municipal a heladero ambulante................... 69 El caso de Vladimir................... 71 Detención de joven gestor comunitario en Isla Trinitaria................... 72

MEDIO AMBIENTE............... 73 #SosArboles................... 75

PRONUNCIAMIENTOS............... 79 Los Estados están obligados a respetar, proteger y garan zar el trabajo de los defensores de Derechos Humanos................... 81 Los Estados deberían reconocer el papel posi vo de las manifestaciones pacíﬁcas como medio para fortalecer los derechos humanos y la democracia ................... 83 Los disensos y el diálogo son elementos esenciales de un estado cons tucional de derechos y jus cia................... 85 Paradojas de la ciudadanía la noamericana y universal en el Ecuador................... 87 Llamamiento para la creación de un clima de paz................... 89 Pronunciamiento por semana de la movilidad humana................... 91 La disolución de una organización es la forma más severa de restricción a la libertad de asociación................... 93 La tolerancia cero a las drogas genera represión indiscriminada hacia los eslabones más débiles de la sociedad................... 95 CDH condena espíritu de cuerpo militaren juicio por delito de lesa humanidad................... 97 ACNUR en Ecuador................... 98

PRESENTACIÓN

Los defensores y defensoras de Derechos Humanos estamos siempre aprendiendo de la vida, de la convivencia, de la libertad y la Paz. Usualmente nuestra labor no es individual sino con el concurso de otras personas igualmente entusiasmadas de prac car con pasión lo que creen. Somos colec vos de personas que par mos del principio de la diversidad y procuran construir la unidad en beneficio de la causa de los Derechos Humanos. Nos instalamos frente a la orilla de la obediencia debida, militarista y homogenizante para recoger diariamente la cosecha que da la sensatez, la deliberación, la observancia a las formas para llegar a un fin y el amor esencial al ser humano, especialmente a quien se encuentra en vulnerabilidad extrema frente al poder. En el 2015 seguimos aprendiendo sobre de la universalidad de Derechos Humanos. Nos conmueve la situación de los refugiados que huyen de la destrucción y las ruinas. Mujeres con niños aventurándose a naufragios, a seguir perseguidos en medio del invierno y rodeado de incer dumbre en Siria, Honduras o Colombia. Personas privadas de la libertad en las salas de tránsito de los aeropuertos, es decir uno de los No Lugares, en condiciones precarias y por empos indefinidos en Damasco o Guayaquil. Aprendemos de la indivisibilidad e integralidad de los Derechos Humanos al seguir a una mujer, madre soltera, que sobrevivía con sus chicos en la orilla del estero porque no tuvo otra opción, que recibió la orden de desalojar su casa en 48 horas sin otra opción, que le hicieron abortar por descarga eléctrica de la policía al protestar junto a sus vecino, que fue reubicada al otro lado de la ciudad en casa que no le pertenece y sin poder reclamar jus cia por temor a nuevo desalojo. Carrusel de negaciones en nombre del desarrollo. Aprendemos de la progresividad de los Derechos Humanos al seguir a grupos de jóvenes protestar por tala de los árboles de su calle o la contaminación del estero, por los Derechos de la Naturaleza, en suma por los Derechos de la Ciudad y del espacio público. No son reclamos nuevos pero si con enen conceptos innovadores, dialec cos y usan nuevos instrumentos de denuncias.

Aprendemos constantemente de la dignidad de las mujeres, de los periodistas, de los grupos GLBTI, de las comunidades afros, de los montubios, de los refugiados, de los trabajadores ambulantes, de las personas con capacidades especiales, de la gente en prisión y sus familias. En las páginas de este informe no solo están historias de violaciones a los Derechos Humanos que conﬁguran tendencias documentadas por el CDH durante el 2015, sino el trabajo de gente que aprende incondicionalmente a amar la vida, la memoria, la naturaleza y, de forma especial, a los otros seres humanos.

Billy Navarrete Benavides Secretario Ejecu vo del CDH Guayaquil, Diciembre 2015

VIVIENDA, TIERRA Y DESALOJOS FORZOSOS

CASO ISLA TRINITARIA: DESALOJO FORZOSO CRUEL E IMPROVISADO Proyecto Guayaquil Ecológico El plan gubernamental ene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades de Guayaquil y Durán, mediante la provisión de áreas verdes y espacio público para lo cual interviene en la restauración de las condiciones ecológicas e infraestructura de la Isla Santay y del Estero Salado en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y responder al déficit de áreas verdes que sufre la ciudad más poblada del país que para el año 2010, cuenta con 2´278.691 habitantes. Se enmarca en la recuperación y buen manejo de la Reserva de Producción Faunís ca Manglares el Salado (RPFMS) que posee una extensión de 9 747,8 hectáreasii y ene un costo de $322.272.354,80 El tercer componente del proyecto corresponde a la Restauración ecológica del Estero Salado, para lo cual se prevén ac vidades de biorremediaciòn del Estero, educación ambiental y social a las familias residentes y la reubicación de las familias que ocupan en situación de riesgo sus orillas. Se proyecta la construcción de 42 Km de parques lineales a lo largo de 11 tramos, equipamiento y soluciones habitacionales viviendas para 41.682 familias asentadas en las riveras de forma previa al año 2010. En el Estero Salado hasta marzo del 2015, se ha realizado la intervención en los tramos 1, 2 y 3 con una extensión de 4.571 m. y está en construcción el tramo 4, 5 y 6, con una extensión de 9089 ml, que abarca los sectores Malvinas, Isla Trinitaria y Suburbios y se han reubicado a aproximadamente 1600 familias en el Programa Socio Vivienda 2, de un total de 8175 familias a reubicar en total, según el proyecto . La en dad ejecutora es el Ministerio de Ambiente y abarca zonas urbanas y rurales del cantón Guayaquil con el propósito de responder al déficit de áreas verdes que sufre la ciudad más poblada del país y brindar a sus habitantes si os de esparcimiento, i h p://www.habitatyvivienda.gob.ec/proyecto-guayaquil-ecologico ii Acuerdo Ministerial 158 del 7 de sep embre del 2010 iii Oficio SENPLADES-SNPD-2013-0934-0F iv h p://issuu.com/elciudadano_ec/docs/3.-proyecto_guayaquil_ecolo__gico_p v Guayaquil es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador. Los resultados del úl mo censo del año 2010, reportan para la ciudad de Guayaquil 2´278.691 habitantes urbanos y una población rural es de 12.467 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional anual en el periodo intercensal 2001-2010, de 1,54%.

recreación, deporte y al medio ambiente pequeños habitad para el desarrollo de animales y plantas silvestres. El tercer componente del proyecto es la Reserva de Producción Faunís ca Manglares el Salado (RPFMS) que posee una extensión de 5407 hectáreas; de los cuales el 78 % corresponden a zonas de manglar, el 0.9 % a camaroneras en producción 1.2 % a camaroneras abandonadas, 18 % al espejo de agua, 0.3% al bosque seco, 0.9% a áreas salinas, y 0.6 % a la zona industrial. Para lograr la sostenibilidad social, equidad, género y la par cipación ciudadana del proyecto, se planifica realizar durante la ejecución del proyecto un plan de concien zación con los beneficiarios directos e indirectos de la recuperación de espacios verdes y apoderamiento de los mismos, con el propósito de generar conciencia de mantener los espacios verdes para las generaciones futuras. Además se anota que para el componente Estero Salado, el proyecto establece un rubro de reubicación o reasentamiento de vivienda en riesgo con un presupuesto de 60 millones de dólares. Configuración de Desalojo Forzoso

El 23 de febrero del 2015 el Ministerio del Ambiente en oﬁcio N° MAE-CGZ5-DPAG2015-0667 enviado a Secretaria Técnica del Comité Interins tucional de Prevención de Asentamientos Irregulares concluye que “157 viviendas intersectan con la Reserva de Producción Faunís ca Manglares El Salado” dentro del El Proyecto Guayaquil Ecológico. Además recomienda canalizar situación social y legal de las viviendas que se encuentran dentro de reserva. La mañana del jueves 5 de marzo del 2015 la Secretaria Técnica del Comité Interins tucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, a través de

agentes del Grupo UMO y de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ves dos de negro acompañados de civiles con chalecos, distribuyó 157 no ficaciones en la Coopera va Mélida de Toral, Coopera va Independencia 1 y 2, Coopera va Jacobito Bucaram y Coopera va 4 de Marzo en la Isla Trinitaria que solicitaban el desalojo de viviendas en un plazo de 48 horas. La comunicación estaba fechada ese mismo día, era fotocopia simple con coordenadas escritas a mano y sin iden ficación individualizada de las familias. El documento además anotaba lo siguiente: “En virtud de los fundamentos legales expuestos, esta Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamiento Humano Irregulares (STPAHI), de conformidad con el Decreto Ejecu vo 1227 de fecha 28 de junio de 2012, y atendiendo la pe ción realizada mediante oficio N° MAE-CGZ5-DPAG-2015-0667, de fecha 23 de febrero del 2015, solicita el re ro de todas las personas que se encuentran en esta edificación por encontrarse la misma construida dentro de la Reserva de Producción Faunís ca Manglares El Salado y/o en sus área de influencia en un término de 48 horas. El 5 de marzo del 2015 el CDH recibió denuncia por de parte de grupo de mujeres, entre ellas refugiadas colombiana y madres solteras, que señala que esta no ficación de desalojo ocurre meses después de censo de vivienda. En esa ocasión se hicieron anotaciones con aerosol de coordenadas en la fachada de cada vivienda del sector y se hizo promesa de ser reubicados. Desde ese entonces, estas familias manifiestan que no tuvieron contacto con funcionarios de las ins tuciones relacionadas al plan de despeje y mejoras de la rivera de la isla. Como resultado del inminente y sorpresivo desalojo forzoso, el mismo 5 de marzo del 2015 aproximadamente a las 11h00 los pobladores realizaron una protesta en la autopista Perimetral, a la altura de almacenes Jaher, cerraron la vía y fueron duramente reprimidos por agentes de la Policía Nacional que llegaron en buses y patrullas . En esta circunstancia, una mujer de nombre Rosa Hemerita Caicedo Tenorio, de 32 años de vi h ps://www.youtube.com/watch?v=vVm40-ldt2w vii En la protesta es detenido José Vicente Barreto Cevallos, Gustavo Pluas Rodriguez, Carlos Almeida Rudano, José Valencia Palma, Pablo Vaca Borja, Edin Corozo Cortez acusados de alterar la vía pública.

edad que se manifestaba contra el desalojo fue fuertemente golpeada y un Policía Nacional que portaba arma de electrochoques de contacto “Taser” le aplicó descarga que provoca graves problemas en su avanzado embarazo. Rosa fue internada primero en el Centro de Salud “Camino del Sol” y luego en la Maternidad del Guasmo “Ma lde Hidalgo de Procel”. Al día siguiente perdió el bebe de 6 meses de gestación. El 9 de marzo moradores del sector no ﬁcados presentaron queja formal ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador en Guayaquil DPE sobre el desalojo forzoso dispuesto. La DPE abrió expediente defensorial N° DPE-DPG-07172-2014-AR y convocó a audiencias públicas el 11 y el 23 de marzo como instrumento de mediación con la par cipación de la Secretaria Técnica del Comité Interins tucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, defensa legal de los moradores del sector, medios de comunicación, delegados del CDH y de ACNUR. Según acta de la audiencia del 23 de marzo la STPAHI ra ﬁca que toda persona que estuviere posesionado hasta antes del 2010 será reubicado para lo cual los moradores del sector deberán concurrir a STPAHI. En relación a los asentados después de la fecha indicada “estamos dispuestos a atender y ayudar en lo posible a su reubicación”. Con el propósito de reunir elementos en este proceso de mediación se dispuso inspección in situ para la mañana del lunes 30 de marzo de 2015. El miércoles 25 de marzo de 2015 la Defensoría del Pueblo del Ecuador dispuso sorpresivamente “la conclusión del proceso y la vigilancia del debido proceso del trámite administra vo”. El viernes 27 de marzo de 2015 en la mañana se ejecutó un desalojo forzoso en la Coopera va Melida Tora en la Isla Trinitaria. Se destruyó 40 viviendas afectando aproximadamente a 200 personas entre las cuales habría aproximadamente 90 niños, según registro elaborado por los moradores . Las familias fueron dejadas desamparadas en medio del duro invierno que sufre en el litoral ecuatoriano , provocó amplías manifestaciones de solidaridad especialmente en redes sociales donde se promovió el “estado de emergencia humanitaria” y provocó atención del Municipio de Guayaquil que colocó carpas, donaciones de Cruz Roja del Guayas y protección de los niños en albergue de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil ubicado en el sector. En el desalojo par ciparon elementos de la fuerza pública, por aire, erra y desde el estero Salado. Los agentes estatales se encontraban provistos de armas de fuego, conforme lo ates guaron fotogra as que circularon en las redes sociales. Voceros del viii h ps://www.youtube.com/watch?v=FOEyIKXEH00 ix El sábado 28 de marzo, un día después del desalojo, se registró fuerte tormenta en todas la ciudad que duró aproximadamente 6 horas x Ver cuenta twi er #TrinitariaEnPaz

régimen indicaron que “La policía nacional colaboró en desalojo, uno resultó herido, los uniformados estaban sin armas”. En un comunicado, el Municipio de Guayaquil señaló que las carpas fueron colocadas para que las personas, especialmente mujeres y niños, no permanezcan desamparados y a la intemperie: “Hasta que el plan de con ngencia -que el Gobierno dice pondrá en marcha- funcione, hemos puesto carpas (no en los terrenos desalojados sino en calles públicas) y dispuesto cuidado y atención a la salud, así como alimentación para los damniﬁcados”. Según la STPAHI, 33 de las familias afectadas se acogieron a un “Plan de Con ngencia” estatal, sin embargo, el contenido de este plan no han trascendido públicamente . Frente a cues onamientos de la ausencia de un Plan de Con ngencia, voceros del gobierno, como el Secretario Técnico de Prevención de Asentamientos Irregulares, han manifestado que los desalojados pueden registrarse en un plan de vivienda gubernamental y que algunos de ellos reciben el bono de la solidaridad.

Ataque a Defensor de Derechos Humanos El Presidente Rafael Correa en el Enlace Ciudadano N° 418 realizado el 5 de abril atacó verbalmente al Doctor Fernando Gu érrez Vera, Presidente del CDH y Presidente del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, por un ar culo de opinión publicada en la edición del 4 de abril en el diario El Universo sobre el desalojo forzoso de la Isla Trinitaria. Expresiones insultantes contra defensores de Derechos Humanos emi das por la máxima autoridad del Estado daña sensiblemente la vigencia de la democracia. El CDH ha trabajado durante tres décadas, bajo el lema “Defender los Derechos Humanos es xi El CDH solicitó oﬁcialmente información sobre el Plan de Con ngencia a STPAHI el 1 de abril de 2015 xii h p://www.eluniverso.com/opinion/2015/04/04/nota/4733116/usted-que-le-importa-vida-ajena

defender los Derechos del Pueblo”, recibiendo ataques desde el poder como el sufrido ahora por uno de sus voceros . Reubicación en Monte Sinaí El 22 de abril el MIDUVI, junto a familias desalojadas, realizó una inspección en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad, en el predio donde serían reubicación. Los desalojados durante el recorrido encontraron que dicho terreno era reclamado por el comerciante Manuel Orellana Ayllon, con documentación en mano. Como antecedente, Manuel Orellana Ayllon recibió el 9 de diciembre del 2014 la no ficación de STPAHI para desalojar su negocio de materiales de construcción según el ar culo 3 de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras que dispone la expropiación de terrenos par culares para ejecutar planes comunitarios. El 17 de diciembre de ese año Orellana entregó documentación al CDH sobre la legi midad de su propiedad, orden para desalojar inmediatamente y el ofrecimiento del MIDUVI para reubicarlo “de forma temporal” afectando su seguridad de tenencia. El plan de con ngencia para familias desalojadas finalmente se puso en marcha el 2 de junio del 2015 con la reubicación de seis familias de las 33 familias desalojadas registradas por el Ministerio de Vivienda. La condición para ocupar estas viviendas es pagar una entrada de 480 dolares y abonos mensuales de $40 a lo largo de 10 años . Para el cierre de este informe finales de marzo de 2016, el CDH realizó recorrido por viviendas de familias reubicadas en Monte Sinaí y según tes monio registrado de moradora del complejo, están asentadas 12 familias afectadas por desalojo en Isla Trinitaría el 27 de marzo. Otras casa habitadas no corresponde al caso.

xiii h ps://www.youtube.com/watch?v=Lks57XOBKmA xiv Diario El Universo, Gran Guayaquil, 15 Noviembre 2015

Conjunto de directrices a recomendar para mi gar los daños provocados por los desalojos forzosos: 1) El discurso oficial no debe es gma zar como “invasores” a los habitantes de los asentamientos de hecho o irregulares, pues suelen ser ciudadanos en condición de pobreza que no están en circunstancias de ingresar en los planes de vivienda estatales o privados, por cuanto ellos resultan excluidos de dicho mercado, atendiendo el hecho que la vivienda es un derecho humano y que el Estado es garante de dicho derecho. 2) En virtud que la prác ca de los desalojos forzosos es una cues ón grave que afecta a un conjunto de derechos humanos, en lo posible hay que evitar el traslado de personas, familias y/o comunidades de los hogares o, en todo caso, reducirlo al mínimo. 3) Se debe determinar las circunstancias en que legalmente son admisibles los desalojos forzosos. 4) Cuando el traslado de personas, familias o comunidades es inevitable, hay que formular y seguir planes de con ngencia, que deben incluir la reubicación/reasentamiento. 5) El Estado, debe coordinar su accionar a través de las ins tuciones involucradas, para la ejecución de los Planes de Con ngencia. 6) Las principales partes interesadas, en especial las comunidades afectadas, deben par cipar plenamente en el proceso de planificación y ges ón de los Planes de Con ngencia. 7) Los Planes de Con ngencia debe contar con la asignación de suficientes recursos para la justa reintegración de los afectados. 8) Los Planes de Con ngencia, previo a que se produzca el hecho, deben ser suficientemente divulgados. 9) Para cada desalojo que se produzca debe exis r la disponibilidad de albergues temporales, en caso de ser

necesarios. 10) Para el reasentamiento el Estado debe designar un lote social, el cual no debe ser en un lugar apartado, ni en terrenos desprovistos o casi desprovistos de infraestructura y servicios públicos. 11) Los desalojados deben recibir asistencia ﬁnanciera para reconstruir sus viviendas. 12) La situación de los desalojados no debe ser peor que la anterior al traslado. 13) En el caso que para la ejecución de una obra pública se considere necesario realizar el desalojo de una comunidad de pobladores, aun tratándose de asentamientos de hecho, ninguna autoridad judicial o administra va podrá disponer el desalojo si la en dad interesada en el proyecto no presenta un plan de con ngencia.

CRÓNICA Desalojo condena a dormir en la calle a 40 familias de la Isla Trinitaria.

Paneles de caña, vigas destrozadas y clavos desparramados por doquier, cubrían el suelo de la coopera va Mèlida Toral. Sobre los escombros de sus viviendas, hombres y mujeres reconstruyeron sus viviendas, con las paredes rotas de sus casas. El 27 de marzo, 40 familias fueron desalojadas en la Coopera va Mèlida Toral, ubicada en la Isla Trinitaria, uno de los sectores más pobres de Guayaquil. Vivían junto al “Estero salado”, se bañaban ahí y tendían su ropa sobre delgados cordeles. Tras el desalojo, perdieron las cuatro paredes que los resguardaban de la total incer dumbre. Fueron desalojados el viernes 27 a las nueve de la mañana, en la tarde, Julio César Quiñonez, entonces director de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) anunciaba que de las 40 familias, 33 se acogieron a un “Plan de con ngencia”. En abril aun no trascendía públicamente el contenido del plan. A la medianoche del 27 de marzo, las fotogra as de los niños durmiendo sobre las casas, recorrieron las redes sociales-Especialmente el Twi er donde fueron vistas por 260.000 personas-como parte de la campaña de comunicación #TrinitariaEnPaz, liderada por Ernesto Yturralde y Andrés Loor. La campaña tenia como obje vo principal, el difundir el contenido del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este documento, ﬁrmado por el estado ecuatoriano, establece que “Cuando los afectados no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a erras produc vas, según proceda”.

La ayuda llegó el 28 de marzo. Protegiéndose bajo un pedazo de lona, los niños fueron trasladados al Centro Salesiano Juanito Bosco, donde se refugiaron, hasta que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, construyó las casas de caña, donde irían a vivir los desalojados, dos meses después, pagando $5.877 por estas viviendas. El 27 de marzo, el Municipio de Guayaquil instaló tres carpas donde se alojaron temporalmente los que habían perdido sus casas. Posteriormente, las mujeres fueron trasladadas al Centro de atención municipal integral. Cuando este lugar dejó de ser un refugio, los adultos regresaron al sector desalojado, allí dormían cubriéndose con pedazos de plás co y sacos, en una vivienda colec va, que abandonaban muy temprano, para trasladarse a sus respec vos empleos. Las paredes rosadas y celestes de la pequeña vivienda de Ninfa, protegieron a Johana, una mujer embarazada quien perdió su casa mientras se realizaba un chequeo médico. Otros vecinos, en idén ca situación a la suya, fueron recibidos en viviendas aledañas al desalojo. Actualmente, la mayoría se ha trasladado al Plan de Vivienda construido por el Miduvi en Monte Sinaí. Rosa Caicedo compró su casa en este lugar. Ella protestó contra el inminente derrocamiento de su casa el 5 de marzo. Rosa denunció ante la jus cia, el maltrato policial que asegura le causó la perdida de su bebé. Rosa asegura que un miembro de la Policía Nacional le aplicó un arma de electrochoque en la barriga, mientras intentaba dispersar la protesta. Ella fue internada en el hospital. Al día siguiente perdió a su bebé. Tenía seis meses de embarazo. En la coopera va Mèlida Toral, junto al Estero Salado, sólo quedan escombros de lo que algún día fuera un barrio. Sobre las casas, fue construido un Malecón.

EN SOCIO VIVIENDA 2 SE VIVE EN EL AIRE, SIN DERECHO A NADA

Son 2886 familias que viven en el Plan Habitacional Socio Vivienda 2 ubicada al noroeste de Guayaquil a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. Muchos de los habitantes de este sector provienen de orillas del Estero Salado, reubicados luego de desalojos dentro del Plan Guayaquil Ecológico coordinado por el Ministerio del Ambiente y ejecutados por la Secretaria Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares. EL CASO DE LA DIRECTIVA DE SECTOR Y LA PROTESTA DE MORADORES El 18 de enero 2015 se eligió la primera direc va de Socio Vivienda 2 bajo acta cons tu va del MIDUVI y avalizada por Consejo Nacional Electoral. La dirigente barrial Gloria Escobar, habitante del sector desde el 27 de diciembre del 2012, fue elegida como presidenta de esta direc va con 689 votas a su favor de 1664 voto en total. El propósito fundamental de estos cargos es conver r el sector en reﬂejo del Buen Vivir y ser puente entre la comunidad y los funcionarios . El 31 de agosto del 2015 un grupo de moradores del sector de Socio Vivienda 2 realizaron protesta por necesidades básicas del sector y mayor atención gubernamental en materia de seguridad, vías de acceso y salud. Durante la protesta se cerró temporalmente las dos vía de ingreso al sector con llantas, piedras y palos y hubo la intervención de la Policía Nacional. Medios de comunicación informaron que los manifestates impidieron el paso por aproximadamente 10 minutos de la Subsecretaria i Diario El Telégrafo, 19 Febrero 2015, “Los vecinos de Socio Vivienda 2 eligieron su direc va con asesores del CNE”

de Educación, Valen na Rivadeneira quien realiza inspección debido a incendio en colegio del sector ocurrido días antes. No ficaciones de reversión El viernes 4 de sep embre del 2015 el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH recibió denuncia por parte de la Direc va del Plan Habitacional Socio Vivienda 2 que denunciaron el haber recibido ese mismo día viernes No ficaciones de Reversión de Vivienda por “no habitada o mal usada” entregadas por presuntos funcionarios del MIDUVI en hoja membretada de la ins tución. La no ficación señala que el procedimiento ene por objeto iden ficar y sancionar a aquellos beneficiarios, que no estén dando buen uso de los recursos públicos , otorgados por el Estado a través del MIDUVI y da plazo de 10 días para recibir explicación formal del morador o proceder a rever r su vivienda y devolución de gastos incurridos por MIDUVI. El 7 de sep embre una delegación del CDH acudió al sector y, juntos a medios de comunicación que se encontraban en el sector, pudo registrar la incer dumbre que sufren las familias no ficadas y el amplio descontento por las condiciones de vida reinantes. Gloria Guerrera Escobar, Presidenta de la direc va del sector, nos mostró fehacientemente la ocupación regular que hace de las viviendas y confesó su temor de que la no ficación recibida sea represalia por la protesta. El 8 de sep embre circula en el sector comunicado en hoja membretada del MIDUVI, de Dirección Provincial, señalando que " de parte del MIDUVI, dicha organización barrial nunca se registró legalmente en nuestro departamento jurídico, por lo cual carece de vida legal. Al no haberse registrado de acuerdo a lo establecido en el ar culo 739, que regula el funcionamiento legal de las organizaciones sociales. Es decir, no procede como organización de hecho al carecer de vida orgánica ins tucional, así como de vida jurídica legal, lo que la ilegi ma de actuar en representación de los moradores de los programas de vivienda del MIDUVI." El mismo día 8 el CDH expresó oficialmente sus preocupaciones a la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre las no ficaciones recibidas: Ÿ

El tratamiento presuntamente in midatorio que estaría en curso para responder al reclamo legí mo que hacen un grupo de moradoras sobre sus precarias condiciones de vida largamente reclamadas. El maltrato al grupo de lideresas

incluye ahora su descaliﬁcación pública siendo esta direc va reconocida, a través de acta cons tu va del 18 de febrero del 2015, por el propio MIDUV . Ÿ

La condición legal de las familias frente a las casas que habitan en este plan gubernamental soportada únicamente por un Acta de Entrega – Recepción es uno de sus reclamos y que vulneraría la Seguridad de Tenencia, como elemento esencial para el disfrute del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada. Recordemos que la Seguridad Jurídica de Tenencia radica en goce de “cierto grado de seguridad de tenencia que les garan ce una protección legal contra el desahucio, el hos gamiento u otras amenazas” según la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1991. Adicionalmente nos preocupa que en el texto del Acta de Entrega – Recepción se diga que el beneﬁciario “nada ene que reclamar al MIDUVI en el presente ni en el futuro por la vivienda que hoy recibe”.

La Directora Provincial Guayas del MIDUVI el 29 de sep embre vio carta dirigida a Gloria Guerrero bajo el tulo “Solicitud de documentación habilitante” se señala que ella no consta en el registro social de proyecto habitacional Socio Vivienda como familia reasentada, “lo que deriva en un problema de interpretación de cómo adquirió su vivienda en dicho plan”. Gloria Escobar indica documentadamente que recibió la vivienda por decisión del Presidente de la República en respuesta a pedido de su hija Emilia por su desempeño estudian l. Proceso judicial por paralización de servicios públicos

El 1 de octubre de 2015 Cinco habitantes de plan de vivienda popular Socio Vivienda II, entre ellas la presidenta y la secretaria de la direc va Gloria Escobar y Verónica Marquez, recibieron no ﬁcaciones de Fiscalía Primera Especializada en Delincuencia ii Diario El Universo, 2 Sep embre 2015, Entrevista Ministra de Vivienda “el Miduvi no acepta que seudodirigentes u licen este pretexto para causar desmanes...”

Organizada, Transnacional e Internacional sobre denuncia del Procurador Judicial de la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda por presunto delito de paralización de un servicio público. ALLANAMIENTOS A DOMICILIOS Soﬁa del Rocio Abad Briones denunció ante Fiscalía Provincial que el 11 de sep embre de 2015 aproximadamente 15 funcionarios del MIDUVI rompieron la pared, violentaron la seguridad de la puerta principal de su domicilio ubicado en Socio Vivienda 1 y procedieron a sustraer todo sus pertenencias. Al irse dichas personas dejaron otra cerradura, impidiendo el ingreso de la denunciante. Indicó que ene pagada la casa ante el MIDUVI desde hace tres años y ene dinero congelado en el Banco nacional de Fomento para el tramite de escrituras. Ningún morador del plan de vivienda gubernamental ene escrituras.

Según registro documental producido por el CDH, Hugo Pantaleón denuncia que el dia del allanamiento los funcionarios no portaban orden escrita e indicaron de que se trabaja de "orden superior". Agrega que ellos han pagado la casa pero no son propietarios, derrepente el gobierno viene y se la quita. Ella habitó la vivienda junto a su conviviente Hugo Pantaleon Guzman durante cinco años, recibió un cer ﬁcado de preadjudicación del MIDUVI y obtuvo permiso para hacer adecuaciones a la vivienda según criterios del ministerio. Indicó que antes del allanamiento, recibió amenazas de quitarle la casa por no habitarla de manera permanente. Según denuncia recibida, los funcionarios les indicaron que "ustedes deben estar en casa cuando nosotros venimos". Caso similar denunció Lino Bone Márquez, trabajador en taller artesanal de iii Archivo del CDH

fabricación yeso, que el 13 de enero de 2016 sufrio el allanamiento de vivienda ubicada en Socio Vivienda 2 por aproximadamente 5 personas con uniforme del MIDUVI que rompieron la seguridad de la puerta de su casa, ingresaron y se llevaron todo en un camión de la ins tución. Al irse, estas personas dejaron colocada otra cerradura.

Ese mismo día miércoles 13 fue al MIDUVI ubicado en la Av. Orellana. Preguntó por sus pertenencias y por su casa. La persona del ministerio que lo atendió dijo que sus cosas estaban en una bodega del ministerio y que su casa no se la devolvería porque estaba reubicada para otra persona. Al día siguiente, llegó un camión con muebles y una persona dijo que venían a quedarse. Según Acuerdo Ministerial Nº 027-15 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda firmado el 24 de agosto del 2015, en el Capítulo III sobre la Vivienda no habitada o mal u lizada en proyectos de reasentamiento, ar culo 55 señala que "En el caso de comprobarse que la vivienda entregada, no esta siendo habitada por el beneficiario o miembro del núcleo familiar, no han dado buen uso a la vivienda o se han perpetrado actos en contra de las bu8enas costumbres, el buen vivir o la ley; o no han cumplido con las obligaciones constantes en los documentos suscritos con el MIDUVI, se procederá de las siguiente manera: Beneficiario con bono emi do: 1.- Se entregará una sola, no ficación en persona al beneficiario en la vivienda, misma que contendrá detalladamente el incumplimiento incurrido por parte del beneficiario y la sanción aplicable, concediéndole el plazo de diez días para exponer por escrito los mo vos de su inobservancia.

2.- De no encontrase el beneficiario en su vivienda, la no ficación se entregará a cualquier individuo de su familia que se encuentre en el lugar; y si no hubiere a quien entregar, se fijará la no ficación en la puerta de la vivienda. Para constancia de esta diligencia, se sentará una razón por escrito con la presencia de dos tes gos (moradores del sector o técnicos de la Dirección Provincial o Gerencia de Ges ón Social o los funcionarios que se designe), quienes suscribirán la razón, conjuntamente con el no ficador. El 15 de febrero de 2016 Lino Bone recibe no ficación para que abandone su vivienda “por mal uso” y da un plazo de 30 días para desocuparla sin haber permi do ejercer su derecho a la defensa durante el procedimiento administra vo. El CDH presentó Medida Cautelar en este caso y la Jueza Annerys Cerezo Rodriguez declara que procede dicha garan a cons tucional y se ordena la suspensión de la orden de desalojo dispuesto por el MIDUVI, hasta por el empo de 2 meses para revisar la apelación presentada por el CDH ante MIDUVI por el caso Lino Bone.

Tes monio de Karina

Mi nombre es Shirley Karina Luna Carriel, yo antes vivía en la 25 y la P -Suburbio de Guayaquil-, vivíamos tranquilos, conocíamos a todos. Vivíamos en una casa de dos pisos, antes era de madera, con mis hermanos le hicimos el primer piso de la casa a mi mamá, después con mi trabajo construí la segunda planta. Cuando fueron a censar en el 2010, fue un ingeniero a la casa, yo vivía en la parte de atrás. por el Esteros Salado. Le dije al señor que me cense, para yo poder obtener una casa, y me dijo que no, que no podía porque nosotros no salíamos. En el 2013 hubo otro censo y ahí si me censaron pero yo ya había construido mi casa arriba, era una casa de dos plantas y vivía con mis padres y mis hijas. Me asignaron una casa pequeña para vivir todos mis hijos y tuve que dañar un cuarto porque no me entraban las cosas. Ahora nos exigen pagar $900, no entendemos porque, si nosotros pagábamos impuestos prediales y escrituras de nuestras an guas propiedades. Mi papá falleció, no soportó la presión de estos problemas de cambiarnos de casa y de la preocupación se descuidó de su salud, el era hipertenso, pero le dio cáncer al estómago por no comer, y murió de 63 años. Cuando nosotros vinimos a vivir aquí no teníamos ni jardín. Todo lo que usted ve sembrado es hecho por la vecindad, nosotros mantenemos limpio todo esto, el MIDUVI no hace nada por nosotros. Pero nos parece muy injusto que nos manden ese cer ﬁcado de reversión, porque como usted ve, nosotros no tenemos ni negocio aquí, uno porque es muy pequeña la casa, otra, mi esposo trabaja y yo también, entonces no tenemos empo. Mi esposo trabaja en un canal de televisión y yo soy obrera, entre ambos nos ayudamos. Mi hija esta buscando trabajo, pero ahora no hay mucho,

entonces ella trabaja eventualmente. Otras personas si necesitan poner alguna endita, eso hace falta aquĂ en el barrio. Algunos si enen sus negocios pero han dicho que van a venir a tumbarles porque es prohibido abrir enda en la casa. Entonces eso tambiĂŠn fue lo que nos mo vĂł a levantarnos. Nosotros vivimos en una incer dumbre, nos sabemos que hacer ni a quien acudir porque todos los ministerios nos han cerrado las puertas.

DESALOJO FORZOSO DE 44 FAMILIAS MONTUBIAS EN COLIMES El 11 de diciembre del 2015 se ejecutó el desalojo forzoso 44 familias de la Asociación de Montubios del cantón Colimes ASOMAC, pese a exis r procesos judiciales en curso sobre los derechos posesorios a esas erras. Las fotogra as de Andrés Loor del CDH registran la operación que contó con aproximadamente 150 Policías Nacionales del Comando de Balzar, funcionarios del Ministerio de Agricultura y civiles con camisetas verdes de la Asociación “La Lagartera”, quienes destruyeron casas y sembríos de lo miembros de ASOMAC. Esta operación de desalojo fue ordenada por la Dra. Tania Veronica Ojeda Valarezo, ex Directora de la Subsecretaria de Tierras del MAGAP, el 10 de sep embre del 2015 sin el conocimiento de ASOMAC. El Intendente General de Policía del Guayas, Abogado Rafael Gustavo Guerra Torres, ordenó desalojo el 16 de noviembre de 2015 que fue suspendido el 8 de diciembre del 2015 mediante medida cautelar resuelta por Juez del cantón Balzar. El 11 de diciembre sorpresivamente se ejecutó desalojo. Recordamos que el predio Leopoldina fue declarado de u lidad pública por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) en 7 de sep embre del 2011 “para que sea adjudicada a una organización social campesina caliﬁcada por la Subsecretaria de Tierras”. La Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria dentro del Plan Tierra adjudicó, en febrero del 2012, el predio a tres asociaciones: 325.32 has. a ASOMAC y 195 has. a la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agrícolas Autónomos “La Lagartera”.

Desde entonces se iniciaron acciones legales entre ambas asociaciones en Tribunal Distrital de lo Contencioso Administra vo y Juez de lo Civil de Balzar sobre derechos a dichas erras y que actualmente se encuentran en curso. Las garan as de estos procesos judiciales impiden cualquier acción administra va que modifique el estado de la materia en li gio, es decir que el desalojo perpetuado viola las garan as al debido proceso, la seguridad jurídica y de tenencia. Este caso cons tuye ejemplo claro de la conflic vidad ente grupos de campesinos que genera el Plan Tierra del Gobierno Nacional en el litoral ecuatoriano. En el 2012 y 2014 ASOMAC, que integra a 118 familias montubias, sufrió intentos de desalojo forzosos que fueron suspendidos por reclamos al tener más de 10 años en posesión pacífica y con nuada en el predio Leopoldina, en el cantón Colimes, provincia del Guayas. Tes monio de viviente VER A MIS VECINOS DAÑAR MIS CULTIVOS Y MI CASA

Soy Carlos Carpio, Secretario de ASOMAC en Colimes. Soy viviente¹ del recinto Puerto Rico donde se encuentra la hacienda Leopoldina. En la mañana de ayer llegó sorpresivamente dos camiones con policías, caballos, gente de la Asociación La Lagartera con camiseta verde que decían tener apoyo del Gobierno. Nuestra gente preocupada, comenzó a sacar las bombas, las cosas de las casa porque se había anunciado un desalojo en contra de ASOMAC. Nunca fuimos no ﬁcados. Había funcionario y carros del Ministerio de Agricultura trabajando en el desalojo. Decían “ enen que desalojar, les tumbaremos sus casas, nadie puede entrar al 1 Persona nacida en un lugar.

predio”. Comenzaron a destruir las casas halándolas con un camión, cortando las maderas con motosierra. Se usó maquinaria del Gobierno para destruir cul vos. Preguntamos a la Comisaria porque destruían nuestros cul vos si solo se trataba de desalojo. Los cul vos son personales. Ella respondía diciendo que eran órdenes desde arriba. Han violado procedimientos. Nosotros desde el 2012 tenemos un juicio en el Tribunal de lo Contencioso que se encuentra por dar el fallo. Lo que ocurrió es responsabilidad de la Subsecretaria de Tierras, especíﬁcamente al Plan Tierras. Han provocado el enfrentamiento entre vecinos de una comunidad. Fue impresionante ver a mis vecinos dañando mis cul vos, destruyendo mi casa. Ustedes hubieran visto a una persona de la Asociación La Lagartera destruyendo la casa del propio hermano que pertenece a ASOMAC. Una niña llegaba de la escuela, ella ve que su ropa estaba rada y ve a una socia de La Lagartera con camiseta verde con un interior de la niña en la cabeza. Eso ocurrió ayer aquí y nos preguntamos porque la Policía no actuó.

CÁRCEL

5 AÑOS DEL NUEVO MODELO CARCELARIO EN ECUADOR En los úl mos 5 años el sistema carcelario en el Ecuador registró transformación sin precedente como resultado del nuevo modelo de ges ón penitenciaria aplicado en los 53 centros de rehabilitación que operan en el país¹. El CDH considera indispensable que la sociedad ecuatoriana hable sobre sus cárceles en relación a los compromisos del Estado en materia de Derechos Humanos. La polí ca pública para este sistema a cargo del Ministerio de Jus cia, Derechos Humanos y Cultos², incluye la construcción de cárceles, la contratación de personal, el equipamiento para la seguridad, la clasificación de la población internada, el régimen de visitas, entre otros aspectos. El Ministerio de Jus cia, Derechos Humanos y Cultos, informó de la inversión de 200 millones de dólares en construcción de tres centros de rehabilitación social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay, nueva infraestructura que alberga a cerca del 50% de la población penitenciaria nacional³. Esta intervención incluye la 2 Declaratorias de Estados de Emergencia con fecha junio 2007 y agosto del 2010⁴. Población privadas de la libertad Las cifras de agosto del 2007 que registra a 18.6750 prisioneros en 33 centros del país⁵. Dos años después, en agosto de 2009 la Defensa Publica del Ecuador registró la fuerte disminución de 11.279 personas en prisión resultado de la Campaña gubernamental “Cero presos sin sentencia” y el indulto a las denominadas mulas del narcotráfico que dejó en libertad a 2.221 personas a nivel nacional⁶. Pero en octubre del 2013 se registró nuevamente 24.203⁷ considerando la liberación de 1.718 PPL entre agosto y diciembre de 2014 resultado de la aplicación del principio de favorabilidad⁸ y para sep embre del 2014, se cuenta con 26.821 personas internadas⁹. Los flujos de la población penitenciaria, en principio, han permi do no conges onar 1 Diario Expreso, 8 Diciembre 2015 2 Acuerdo 748, entre los obje vos del Ministerio de Jus cia, Derechos Humanos y Cultos se anota “Coordinar, ejecutar y monitorear los programas y proyectos de las diversas en dades involucradas en el sistema de rehabilitación social, así como los programas y proyectos relacionados con la atención y protección al menor infractor.” h p://www.jus cia.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/06/DECRETO-748.pdf 3 h p://www.jus cia.gob.ec/ledy-zuniga-el-2014-fue-el-ano-de-la-transformacion-penitenciaria/ 4 Diario El Comercio, 9 Febrero 2012 5 Defensoria Pública del Ecuador, Rendición de Cuentas, periodo 2007-2011, pag 31. El hacinamiento carcelario en el 145% y 64% de PPL sin sentencia. 6 Defensoría Publica del Ecuador, Informe de Ges ón 2014, pag 53 7 Diario El Comercio, 3 Diciembre 2013 8 Defensoría Publica del Ecuador, Informe de Ges ón 2014, pag 55 9 Diario El Telegrafo, 3 sep embre 2014

los nuevos centros de privación de libertad en el país. Simultáneamente, y en corto plazo, se registra un acelerado incremento resultado, entre otros, de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal¹⁰ con la inclusión de nuevos pos penales, operaciones policiales an delic vas de gran cobertura contra el crimen organizado y microtrafico y el nivel de reincidencia como efecto cues onador del proceso de rehabilitación. El régimen de Máxima Seguridad y la polí ca de rehabilitación. La provincia del Guayas concentra el 36 % de privados de libertad¹¹ en el complejo carcelario ubicado en el Km 16 Vía Daule, que integra al Centro de privación de libertad de personas adultas en conflicto con la ley n° 1, conocida como Penitenciaria del Litoral construida en 1958, con un complejo de pabellones para hombres y una para mujeres, y al Centro de privación de libertad de personas adultas en conflicto con la ley zonal 8 regional Guayas conocido como “Regional” o “La Roca”. Esta úl ma considerada de máxima seguridad. Según el Ministerio de la Jus cia, este nuevo modelo de ges ón ene la voluntad de “humanizar y dignificar la vida de la población carcelaria a través de la educación, las terapias ocupacionales y espacios higiénicos vitales”¹². Para el CDH, la actual realidad de las cárceles en Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asis mos a un progresivo de alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la polí ca pública de máxima seguridad en el nuevo régimen penal. Guayaquil en la década en curso ha tenido dos cárceles con régimen de máxima seguridad, ambas conocidas como “La Roca” en relación al famoso ex penal norteamericano Alcatraz. La primera, el Centro de Rehabilitación Social N°2 se abrió oficialmente el 24 de Julio del 2010 y fue demolida en el 2014. Cons tuyó la primera en su po en el Ecuador por su riguroso régimen de tratamiento y la tecnología de control. Ubica en la vía Daule, adyacente a la Penitenciaria del Litoral, al norte de Guayaquil, el CRS-2 tuvo capacidad para ciento cincuenta y dos personas privadas de libertad, en ochenta y cuatro celdas desplegados en dos pisos, con muros infranqueables de veinte cen metros. Tuvo diseño de estructura panóp ca y celdas individuales con cámaras 10 El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero de 2014 11 El Comercio, 6 diciembre del 2013 12 Ministerio de Jus cia. (29 de octubre 2012). Nuevo Modelo de Ges ón Penitenciaria se empieza a ejecutar en Ecuador. h p://www.jus cia.gob.ec/nuevo-modelo-de-ges on-penitenciaria-se-empieza-a-ejecutar-en-ecuador-2/ Página consultada el 26 julio 2015.

de vigilancia. Este centro de máxima seguridad fue ges onado media década atrás, por el Ing. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, para desconges onar la Penitenciaria del Litoral y crear una prisión que permita separar al contraventor del verdadero delincuente¹³. La idea principal fue des nar esta cárcel para los presos calificados por las autoridades carcelarias y policiales del país como altamente “peligrosos”. Desde el principio, no se tuvo claro qué criterios se usaron para escoger a los PPL que serían trasladados al CRS2. La segunda de máxima seguridad, conocida como la Cárcel Regional o La Roca construida en el 2012 por el Gobierno Nacional de Rafael Correa bajo el control del Ministerio de Jus cia y Derechos Humanos, fue habitada desde 5 agosto del 2013 por 108 reclusos, entre ellos “los más buscados” provenientes de la CRS-2 (La Roca del Municipio) y el 2 de diciembre del mismo año con el traslado de población de la an gua Penitenciaría del Litoral. Esta cárcel ene una capacidad para albergar a 3412 internos. Para marcar la puesta en marcha y perfil de este centro carcelario, el Ministro de Seguridad dijo “las visitas se convierten en privilegio que deben ganarse los internos, cumpliendo ciertas condiciones establecidas en el nuevo régimen”¹⁴. Posteriormente durante meses se registraron quejas por la incomunicación de los reclusos, clara confusión y angus a de sus familias debido al nuevo régimen de visitas a través del si o web dispuesto por el Ministro de Jus cia y Derechos Humanos. Según información del Ministerio de Jus cia, el interno debe elaborar una lista de maximo 10 personas. En cada visita se permite el acceso a solo 2 adultos o uno con un niño mayor de 13 años¹⁵. Equipos de úl ma tecnología como videocámaras, scanner de cuerpo entero, detectores de metales, inhibidores de señal de teléfonos celulares¹⁶, no impidió el tráfico de armas dentro los prisiones, roteo, muertes, fuga y extorsión que involucraron a funcionarios carcelarios. Sin embargo, el Ministerio de Jus cia anunció sanciones administra vas para 148 guías penitenciarios durante el 2014 en las cárceles de Guayas¹⁷, amplias operaciones policiales para desmantelar redes de 13 El Cabildo quiere construir una cárcel para los presos peligrosos. (12 juil 2005) El Comercio. 14 Diario Súper, 8 Diciembre del 2013 15 Diario El Telégrafo, 14 Noviembre 2015 16 Ecuador inaugura nuevo modelo de ges ón penitenciaria con traslado de internos de cárcel en Guayaquil, Andes Agencia Publica de no cias del Ecuador y Suramérica. (2 dic 2013). h p://www.andes.info.ec/es/no cias/ecuador-inaugura-nuevomodelo-ges on-penitenciaria-traslado-internos-carcel-guayaquil.html Página consultada el 20 julio 2015. 17 531 sanciones a Guías Penitenciarios, Diario El Telégrafo, 3 febrero 2015

corrupción y el inicio de procesos judiciales, incluso por sabotaje luego de espectacular evasión a dos meses de inaugurada cárcel Regional¹⁸. Algunos de los acusados recobran la libertad meses después por falta de pruebas¹⁹. Requisas realizadas a las dos versiones de La Roca entre los años 2010 y 2014 demostraron que el tráfico de bienes ilícitos, incluyendo. “teléfonos celulares, armas, cocinetas, refrigeradoras, televisores, entre otros²⁰, seguía manteniéndose con la colaboración de guías penitenciarios y Policías Nacionales²¹. En la Regional la población se hayan segregada por grado de peligrosidad establecida por las autoridades. Esta clasificación se nota, entre otras cosas, por el tratamiento diferenciado de las visitas de sus cónyuges, parientes y abogados. Los calificados como peligrosos enen menos empo libre, menos salidas fuera de sus celdas y se encuentran más vigilados. El alejamiento geográfico, social y familiar. Y después cuando suspendieron todo eso, ya no pude ingresar nada. Yo llevaba botellas de colada y eso lo hacía por el amor a mi hija pero los guías no me dejaban entrar, me decían: señora, ud. no puede entrar eso. Y yo les respondía que eso lo había hecho para mi hija. No, señora, tómese o bótela. Es el tes monio de María Victoria madre que denunció la muerte de su hija Adriana en el 2014 en la cárcel de mujeres de Guayaquil por falta de atención médica. María Victoria, es una anciana que contó las dificultades que tenía para ir a visitarla por su pobreza. Había ocasiones que tenía que enterrar el dinero para el transporte de regreso en algún terreno baldío cerca de la cárcel porque los guardias se lo quitaban. A veces al salir y buscar el dinero escondido, no lo hallaba. Generalmente las cárceles están ubicada en zonas apartadas, lejos del centro de la ciudad. Para la familia, la distancia se presenta como fuerte obstáculo en términos de empo y de dinero. Además contribuye a reducir los contactos entre las personas privadas de libertad y su familia. En el 2000, la Federación Internacional de los Derechos Humanos realizó una misión internación de observación referido a la situación de las cárceles en Ecuador. El equipo 18 A dos meses de inaugurada se produce evasión en cárcel, diario El Universo 11 febrero 2014 19 El principio de la inocencia, Diario El Universo, 22 junio 2015 20 La Policía confirmo que hallo electrodomés cos y celulares en la Roca, El Universo (22 Oct 2010). h p://www.eluniverso.com/2010/10/22/1/1422/policia-confirmo-hallo-electrodomes cos-celulares-roca.html Página consultada el 23 julio 2015 21 Capturan banda delic va que era dirigida desde dos cárceles, Diario El Universo, 15 agosto 2014

internacional señaló las malas condiciones de detenciones, evidenciando las instalaciones obsoletas, la superpoblación y condicione de detención infrahumana, la violación de la presunción de inocencia, la corrupción del personal administra vo, la falta de capacitaciones para el personal de seguridad. Las condiciones de las cárceles en esa época no correspondía a los estándares de nuevo modelo carcelario de seguridad. Pero la FIDH índico como uno los aspectos posi vos que valía felicitar al Ecuador era el mantenimiento de los enlaces familiares²². “….La presencia de cónyuges y de niños en las cárceles visitando a sus familiares detenidos, o han viviendo ahí en el caso de los niños. El mantenimiento de esos enlaces familiares, durante los horarios de visita y también fuera de las horas ﬁjadas para las visitas, forma parte integrante de los esfuerzos de rehabilitación de las personas detenidas. Sin duda cons tuyen un apoyo moral y afec vo muy importante para cualquier persona que se halla privada de libertad”²³. El apoyo moral y afec vo que proporciona las familias es restringido y mucho menos se fomenta actualmente en las cárceles del Ecuador. El aislamiento causado, entre otras, por las restricciones de visitas no contribuye al proceso de rehabilitación. Esta ruptura de enlaces familiares y sociales, contribuyen a mantener los presos en condiciones emocionalmente frágiles. El CDH recibió varias denuncias de familia referido a este aspecto y que afecta de forma más aguda a PPL en condición de movilidad. La señora Dávila Iturralde denunció el extremo aislamiento que padecen todos los presos, “concretamente en el caso de mi esposo, el asilamiento llega al extremo de no poder entregarle unas cartas que le escribió su mamá que vive en España, María del Carmen Herrero Berdejo, cartas que para la denunciante son absolutamente inofensivas y de gran ayuda emocional para quien está atravesando por una situación como esta. 22 Federación Internacional de los Derechos Humanos. (Junio 2000), Las cárceles en Ecuador. Misión internacional de observación. Informe n 293/, p.20. 23 Federación Internacional de los Derechos Humanos. (Junio 2000), Las cárceles en Ecuador. Misión internacional de observación. Informe n 293, p.20.

A este tes monio sumo el de Angela Consiglio, enferma de cáncer, que el 18 de marzo de 2015 nos dice “vivo en Roma. No puedo llamar y escuchar la voz de mi hijo detenido en el Pabellón de Mediana Seguridad de la cárcel Regional en Guayaquil. David puede llamar solo si ene dinero para pagar un teléfono “de contrabando” con el miedo que si lo descubren pueden sancionarlo con 2 años más de detención. Mi hijo está más solo que los solos”. El 11 de junio de 2015 recibimos información de que “le quitaron las visitas así que nadie puede encontrarlo y además el chico nos llama de escondida diciendo que unos guardias lo maltratan casi cada día sin tener una mo vación”. Restricciones al Derecho a la Salud Varias tes monias de familiar de personas privadas de libertad relatan la diﬁcultad de los detenidos para disponer de una atención médica adecuada. El derecho a la salud para las personas privadas de libertad es un derecho fundamental para el bueno estado mental y emocional de los detenidos. Familiares de internos en comunicado público denuncian que “solo existe Paracetamol y Diclofenaco que les dan para todas las enfermedades. Si un PPL quiere atención médica ene que pagar en los diferentes ﬁltros para poder llegar al doctor”. Anotamos el caso de David Daniel Deleg Farias sentenciado a 8 años en la Cárcel Regional. El 30 de mayo del 2015 su madre lo encontró enfermo y el doctor del centro le indicó que “necesitaba una operación de urgente”. El CDH el 4 de junio de 2015 se dirigió a la Cruz Roja del Guayas para solicitar su intervención en este caso. El 9 de junio la Cruz Roja del Guayas nos responde que “con gusto consideraríamos su requerimiento la misma que debería ser solicitada por medio de una Orden Judicial”. Incluir permiso judicial como requerimiento para intervenir en casos de corte humanitario es un nuevo elemento adverso a la garan a a la vida e integridad sica en prisión. Demás la madre de Jorge Alfredo Sánchez Triviño el 19 de enero de 2015 denunció “el 12 de sep embre del 2013 mi hijo sufrió la fractura de bia, peroné y tobillo de su

pierna derecha resultado de la caída de una altura de aproximadamente 6 metros, luego de recibir descarga eléctrica por reparar un aire acondicionado dentro del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Guayaquil 1 (CPLPAG1). Cabe aclarar que esta tarea la realizaba cumpliendo encargo de funcionarios del Ministerio de Jus cia y Derechos Humanos. El 2 de diciembre del 2013 fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Regional Zonal 8, Pabellón de Máxima Seguridad A12-301. Mi hijo no recibió atención médica porque en el traslado, al parecer, se extravió el expediente sobre su estado de salud: radiogra as y citas médicas. Esta situación me forzó en unirme a una protesta contra la tortura que se realizó el 26 de junio del 2014 frente al centro carcelario. Resultado de la denuncia que hice ante los medios de comunicación mostrando una orden judicial del Cuarto Tribunal de Garan as Penales para que mi hijo reciba atención médica, él fue atendido en el Hospital Universitario pero hasta hoy sigue pendiente la operación recomendada y su tobillo se encuentra deformado”. Revisiones vaginales, cuando las prác cas salvajes se man enen. Aunque el nuevo modelo penitenciario se apoya sobre una tecnología moderna, algunas prác cas inhumanas se man enen. Ese es el caso de la prác ca de exploraciones de cavidades corporales a las mujeres visitantes. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, ha documentado el trato cruel, inhumano y degradante que sufren los familiares de privados de la libertad y sus abogadas par culares al obligarles a despojarse de sus ropas y a sufrir tacto corporal en sus partes ín mas como medio de control del ingreso de objetos ilegales. El 29 de abril de 2015 familiares reunidas en el Comité “Unidas Somos Más” denunciaron formalmente que “muchas de nosotras llevamos a las visitas a nuestros hijos pequeños y tenemos que permi r que nos desnuden en su presencia y que revisen a nuestros niños. Hay una inversión considerable en tecnología pero al parecer estos equipos no evitan esta tortura” El CDH exige que en el ingreso de visitas a las cárceles, se eliminen la prác ca de exploraciones de cavidades corporal a las visitantes, que se coloque anuncios visibles que contengan los derechos y obligaciones que contraen la visitas y que se priorice el uso de equipo y tecnología para la detección de objetos y sustancias prohibidas.

Privación de bienes personales, un prác ca deshumanizante Las mujeres de los presos, los amigos de los presos, los abogados de los presos; todos en mayor o menor medida han perdido la libertad de ves r un escote coqueto, de llevar zapatos con cordones, de lucir objetos por el gusto de que así sea. Así comienza una crónica publicado en el diario Expreso²⁴ que describe el despojo que sufren quienes visitan a presos y el negocios de quienes “cuidan cosas por 50 centavos.”, incluso por cuidar bebes recién nacidos por estar prohibido su ingreso.

Familiares de internos el 29 de abril de 2015 entregaron documentación al CDH que señala la situación al ingresar los días de visita. “Los casilleros que se han adquirido para guardar las pertenencias de los familiares está en mal estado y nosotros tenemos que pagar afuera del centro. Día a día cambian el color de ropa con que nos permiten ingresar y nos indican que vayamos al frente a alquilar otro po de sandalia o color de blusa”. Entre más de 60 ar culos vetados, se anotan maquillaje, tacos, minifaldas, escote, piercing, bisutería, alimentos, bebidas, medicina, productos de aseo personal. El CDH considera que estos son procedimientos de deshumanización y de despersonalización que reprime expresiones culturales preciadas por quienes están en prisión o quienes los visitan y demás amplia el perímetro de la condena y los condenados. En este marco de restricciones del internamiento hallamos la rigurosa asepsia que evita que la población carcelaria se relacione con el hábitat temporal donde vive, prohíbe que se relacione con su celda, con el pa o; agravando su aislamiento empo espacio.

24 Diario Expreso, 25 agosto 2014

Homicidios El publicitado equipamiento de seguridad demostró ser insuﬁcientes frente a la corrupción y la violencia. Desde enero del 2012 hasta mayo del 2015 el CDH registro 15 homicidios²⁵ en circunstancias violentas en la Roca, la Regional y la Penitenciaría del Litoral, que incluyeron uso de armas de fuego. El CDH recibió el 6 de mayo del 2015 la denuncia sobre amenazas de muerte que recibió Wilmer Geovanny Chavarría Barre dentro del Centro de privación de libertad de personas adultas en conﬂicto con la ley Zonal 8 - Regional Guayas por parte del privado de la libertad Jorge Luis Zambrano. Según familiares del afectado, esta situación es conocida por direc vos del centro carcelario sin ordenar, por parte de ellos, acciones prevención. El 27 de junio de 2015 la DPE, por pedido del CDH, se dirigió a autoridades del centro carcelario solicitando precautelar vida de interno y examinar posibilidad de traslado. No tenemos respuesta a este caso. El 5 de mayo de 2015 se registro la muerte de Fernando Felipe Suarez Hallón en la Carcel Regional encontrado en el pa o de un pabellón con disparos de bala. En el parte policial consta que la noche anterior la víc ma había gritado pedido auxilio que fue escuchado por el personal de seguridad²⁶. Protestas El CDH 12 de enero de 2015 recibió información de la protesta realizada por el nigeriano Ekene Theophilus de mediana seguridad de la Cárcel Regional por las condiciones de vida de los internos. El PPL tenía un cartel que decía “Somos seres humanos, no animales”. En marzo de 2015 los internos del pabellon de Maxima Seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi en Cuenca realizaron protesta y 15 PPL fueron sancionados por el delito de sabotaje por los daños materiales a camaras de vigilancia, paredes, sillas y mesas²⁷. 25 Muertes violentas en centros carcelarios de Guayaquil: Josè Arroyo Quiñonez 25.1.2012; Hector Calderon, Jorge Alvarèz, Miguel Pino 13.10.2012; Miguel Leonardo Manzaba Quezada, Josè Manuel TixiChacaguasay 7.1.2013; Oscar Caranqui Villegas 6.2013; Guido Barberan Espinoza 11.11.2013; Josè Elias Guerrero Pachito 1.12.2013; Jimmy Alcivar Chichande 5.12.2014; Abraham Casanova Cas llo 19.1.2014; Ferney Correa Cardenas 15.2.2014; Henry Vera Sanchez 28.4.2015; Fernando Suarez Hallo 5.5.2015; Chris an Bermeo Hidalgo 26 Diario Expreso 7 mayo 2015 27 Diario el Telegrafo, 29 Sep embre de 2015

El 10 de sep embre de 2015 se registro protesta de interno en la cárcel de Latacunga. Los hechos se desataron luego de que un interno sufriera caída desde segundo piso del pabellón de "máxima especial" y fue evacuado 3 horas después del accidente²⁸. En fotos se observa internos en los techos de los pabellones del centro que pedían “buen trato, buen trato” y fue intervenido por militares y policías. El 11 de mayo del 2015 el Comité de Familiares de Privados de la Libertad “Unidas Somos Más” realizó un Plantón frente al edificio del Gobierno Provincial y luego se movilizó a exteriores de “La Roca”. Las 30 mujeres del comité de familiares ves an camisetas anaranjadas como el uniforme de sus parientes encarcelados, algunas con el rostro cubierto o disfrazadas por temor a represalia contra sus parientes en custodia. Las manifestantes mostraban carteles mientras veían que los internos quemaban colchones. Resultado del intento de mo n 26 privados de la libertad actualmente son juzgados por delito de incendio. Consideraciones finales El 21 de mayo de 2015 el Estado ecuatoriano junto a 17 estados parte de Naciones Unidas presentó al Consejo Económico y Social el proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) que actualiza las directrices aprobadas en 1955. El panorama en las cárceles ecuatorianas deben ser cotejadas con las garan as que promueven las Reglas de Mandela²⁹ y otras obligaciones en materia de Derechos Humanos, relacionadas a las visitas y trato a familiares, la salud de los reclusos, el contacto con el mundo exterior y el monitoreo de organizaciones de sociedad civil. y considera que el progresivo aislamiento carcelario en curso en el Ecuador ene efectos adversos a la rehabilitación de esta población. Las restricciones que sufren los organismos de Derechos Humanos en el Ecuador no permiten tener registros independientes de la situación de la población carcelaria, comunicación efec va para la verificación expedita de casos y fortalecer procesos de capacitación permanente a los funcionarios. Sin embargo, el CDH valora experiencias inéditas de rehabilitación social en curso como el Programa de Educación a Distancia implementado por la Universidad Católica

28 Diario El Comercio, 11 sep embre 2015 29 Reglas Mínimas de NU para el Tratamiento de Reclusos - Reglas Mandela, Consejo Económico y Social, 21 Mayo 2015, E/CN.15/L.6/Rev.1

San ago de Guayaquil en la Cárcel Regional esperando que se fortalezca y amplíe en beneﬁcio de mayor número de personas privadas de la libertad. Es oportuno analizar ampliamente los efectos directos y colaterales que genera el nuevo modelo de ges ón penitenciaria luego de tres años de ejecución. Agradecimiento a Astrida Rotsaert En memoria de Gloria Montaño Guayaquil, Febrero 2016

REFUGIO

Refugiado accede a servicio de telefonía móvil con el apoyo de la sociedad civil, Acnur y la Defensoría del Pueblo.

Vivir un proceso judicial para obtener una licencia de conducir, una cuenta de banco, el servicio de luz eléctrica o de telefonía móvil podría parecer un proceso extraño para un ecuatoriano. Para Jhon Jairo, colombiano y refugiado, estas acciones se han tornado ru narias: Poner una denuncia, mantener reuniones con funcionarios públicos o incluso, colocar demandas ante la jus cia. En el camino que sigue, para exigir sus derechos, ha encontrado sinsabores y alegrías. Hoy, muestra orgulloso una sentencia judicial, en la que le ordenan a la compañía Ocetel el prestarle, inmediatamente un contrato de servicio de telefonía en la modalidad pos-pago. Inicialmente, este contrato le fue negado, según consta en su denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo. “Cuando llego a algún lado y voy a solicitar un servicio me piden mi cedula y carnet de votación, le digo que no soy ecuatoriano” relata. A Jhon Jairo, acto seguido, le piden su pasaporte, documento que no posee, su única iden ficación en Ecuador, es el carnet de refugiado. Este documento publico cer fica la condición migratoria de quienes llegan a Ecuador escapando del peligro que corren sus vidas. Para ellos el refugio se convierte en la única forma de preservar su seguridad. Sin embargo, algunas ins tuciones aun desconocen el significado de este documento: “Inmediatamente cogen el carnet de refugiado, se miran y dicen: eso no vale, yo le contesto: señora, que pena. Me pasan documentos y requisitos donde piden cedula y pasaporte, en ninguna parte dice carnet de refugiado” recuerda Jhon.

El refugiado ha recibido nega vas por parte de las ins tuciones públicas y privadas cuando ha intentado obtener su licencia de conducir, una cuenta de banco o el servicio de telefonía móvil. Hoy muestra orgulloso una sentencia judicial expedida el 29 de junio de este año en la que un juez ecuatoriano ordena a la empresa Otecel SA el prestarle inmediatamente el servicio que ellos ofrecen. Entre audiencias y reclamos ha conseguido ejercer algunos de sus derechos como refugiado colombiano y acceder así a los servicios bancarios y de telefonía móvil. A las audiencias asisten los representantes de la Defensoría del Pueblo y otras ins tuciones no gubernamentales. Jhon recuerda que en las audiencias, los argumentos de las ins tuciones que le niegan determinado servicio, suelen repe rse: “Siguen con lo mismo, dicen: que pena, nosotros tenemos reglas y somos observados por el gobierno, muchos se escudan en eso, pienso yo, de todas formas, después hablan los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del CDH y les hacen reconocer que enen que cambiar esas medidas” detalla. A pesar de las diﬁcultades, Jhon no deja de sonreír. Considera que todas las personas deben conocer sus derechos y obligaciones: “En las audiencias, los funcionarios siempre les dicen a las ins tuciones que es mas fácil que ellos cambien los reglamentos internos de la empresa que cambiar la Cons tución y los Pactos de Ginebra”. Aunque al principio le parecía di cil, el refugiado ha encontrado asesoría, apoyo y valen a, mientras reclama sus derechos. Campaña #SonrieEstamosIntegrándonos expone avances y buenas prác cas desde el estado y la empresa privada para con la población refugiada

Materiales sinté cos de colores, decorados con rosas y cintas plateadas, rodean el taller de Carmen Perea, refugiada y artesana. Ella fabricaba sandalias y zapatos para

mujeres y niñas en su taller. Carmen es también una de las diez personas que vive en Guayaquil, cuenta con la protección del estado ecuatoriano al ser refugiada y par cipó en la campaña de comunicación #SonrieEstamosIntegrándonos La campaña de comunicación, creada por Andrés Loor y Fernanda Carrera del CDH, muestra en siete fotogra as a siete refugiados que han conseguido sus metas como emprendedores en Guayaquil. Ellos son Joaquín Villarraga, fabricante de arepas; Jhon Jairo Fernandez, Jefe de sonido de TC-Televisión, Rocío Rey, Coordinadora de inves gación en el Ins tuto técnico bolivariano de tecnología; Juan Carlos Rengifo, instructor de aerobics y danza; la Orquesta colombo ecuatoriana y Jamileth Pajojoi, emprendedora. La primera edición de la campaña fue presentada en junio. Gracias al apoyo de 440 cuantas que emi eron 810 tuits, la campaña se convir ó en Tendencia nacional. 369.347 podrían haber visto los mensajes de la campaña según el reporte de la página Trendinalia EC. Mientras los mensajes que contaban las historias de emprendimiento y superación personal inundaban las redes, una fotogra a llamó la atención de la reconocida diseñadora de calzado femenino : Ile Miranda. Las dos mujeres emprendedoras se conocieron e iniciaron un proyecto juntas: la creación de cuatro pares de sandalias gladiadoras a las que llamaron “Carmen para ella me quiso” “No me he dejado rendir, soy una mujer emprendedora y luchadora” dice orgullosa Carmen, otra víc ma de la violencia ocasionada por el conﬂicto en Colombia. Los grupos violentos que marcaron su desgracia, han provocado que al menos 6.999 personas tengan que dejar sus hogares, revela un informe de Human Righ Watch. Los informes de la ONG dan cuenta de las desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños, tragedias inevitables que viven muchas personas, como Carmen. Todos los refugiados que par ciparon en la campaña comparten historias tristes en su pasado y la inagotable felicidad de llamar hoy, a Ecuador, su segundo hogar.

Por la Semana de la Movilidad Humana Ins tuciones públicas expusieron sus buenas prác cas en materia de refugio.

Ecuador recibe a 60.000 refugiados. Para celebrar junto a ellos la Semana de la movilidad humana, la Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Mesa de la movilidad humana, organizaron una feria y conversatorio en la que par ciparon ac vamente el Ministerio de educación, Servicio de Rentas Internas, Banco del Ins tuto ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicio de Aduanas. Mientras se realizaban los eventos llamados #SonrieEstamosIntegrandonos los representantes de cada ins tución expusieron sus buenas prác cas en materia de refugio. La Delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, María José Fernández, recordó durante su intervención que los funcionarios públicos trabajan para que exista un verdadero ejercicio de derechos en este grupo de atención prioritaria. Ante un auditorio conformado en su mayoría por ecuatorianos y colombianos en situación de movilidad humana, el representante del Servicio de rentas internas explicó los requisitos que deben presentar los refugiados para acceder al Registro único del contribuyente (RUC), documento que a los micro-empresarios les permite emi r facturas. Recordó que los refugiados pueden presentar o ingresar su número de carnet para obtener los servicios, señalando además que todos los funcionarios públicos a nivel nacional conocen esta disposición. El representante del Ministerio de educación explicó a los asistentes que tanto la Cons tución como el reglamento de educación “Establecen todos los mecanismos para que los migrantes y refugiados tengan acceso directo al sistema educa vo nacional”.

Refugiados y funcionarios comparten los contenidos del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana En noviembre, el contenido del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana fue compar do y deba do en Guayaquil. Dos talleres, en los que par ciparon diferentes grupos de refugiados e inmigrantes colombianos, permi eron a los par cipantes el conocer los contenidos y alcance del proyecto. Las personas en situación de movilidad humana que par ciparon en las jornadas, residen en las ciudadelas Las Fragatas y Los Esteros (Sur de Guayaquil). El 27 de noviembre, 15 refugiados e inmigrantes que residen en los sectores de Durán y Los Esteros, par ciparon en un taller preparatorio, junto a representantes de la Asamblea Nacional, CDH, Asylum Access y ACNUR en la “Sala de reuniones de la Casa Legisla va Guayas”. Las principales observaciones presentadas por los refugiados e inmigrantes, fueron posteriormente presentadas en el Taller de socialización oﬁcial organizado por la comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil el 5 de diciembre. Entre las observaciones presentadas, anotamos las siguientes: Ÿ

Es necesario cambiar el carnet de refugio ya que este en la prác ca no permite que las personas refugiadas puedan realizar trámites co dianos ya que por desconocimiento de funcionarios o es gma generalizado sienten que al mostrar ese carnet se les discrimina.

En el caso de personas refugiadas plantean necesario incorporar en el proyecto el derecho a la libre circulación a otros países desde el Ecuador, ya que se comprende que no puedan volver al país de origen o al país donde sufrieron el hecho violento que les mo vo a refugiarse en el Ecuador, pero no comprenden el por qué no pueden circular a terceros países.

Preocupación por multas y sanciones contra las contravenciones y faltas contra la movilidad humana que se mencionan en el proyecto, dudas alrededor del alcance del término "custodia" y que siempre la detención y deportación debe ser la úl ma opción dentro de lo que se podría llamar faltas a la movilidad humana.

Promover incen vos en la función pública y para ins tuciones privadas por buenas prác cas ins tucionales que sean un ejemplo ciudadano en la garan a y

cumplimiento de los derechos de personas refugiadas. Ÿ

Celeridad en tratamiento y determinación de casos de solicitantes de refugio.

Incorporar la no obligatoriedad a las personas refugiadas y con visas temporales (solicitantes, mercosur) de presentar el cer ﬁcado de votación como requisito para acceder a servicios públicos y privados. Ya que en la prác ca es un obstáculo para el real cumplimiento y acceso a derechos y servicios.

Ampliación y aclaración del ar culo 63 del proyecto referente a la obligación del Estado de otorgar documento de iden dad, como está redactado el ar culo indica que los ciudadanos inmigrantes con las dis ntas calidades migratorias establecidas en el proyecto recibirán una cédula de iden dad emi da por autoridad competente. Esclarecer si esto quiere decir que deﬁni vamente con este proyecto de ley se dará la migración de las bases de refugiados de Cancillería al Registro Civil, y si al hablar de cédulas de iden dad serán las otorgadas en exclusividad por el Registro Civil, como autoridad nacional para el efecto.

Incorporar en el proyecto procedimientos especiales para determinación de refugio para niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados. Un niño, niña o adolescente no puede ser criminalizado por mo vos migratorios.

Incluir el tema de violencia de género como causal para ser tomada en cuenta dentro del proceso de reconocimiento de la protección internacional.

Uriel convir ó sus macetas en una micro-empresa de jardinería. Uriel es refugiado y jardinero. Con su pequeño carrito de metal recorre las calles de Durán, vendiendo plantas y arreglando las fachadas de las casas, para que se llenen de plantas y ﬂores. A él le gusta embellecer la realidad. Hace cuatro años trabaja en una ciudadela privada de Durán. Diseña jardines y les da mantenimiento a sus plantas. Y todo esto, lo empezó gracias a unas macetas y a la inversión que realizaron la ONG Hias, en su emprendimiento. Emilio Suárez, recuerda que conoció a Uriel en 2012: “Con cien dólares de inversión, Uriel empezó a comercializar macetas de hierro, el capital se invir ó en los recipientes, la erra de sembrado y las plantas. Lo de él era super fac ble”. Por cada jardín, Uriel recibe “Diferentes paguitos”. Por mantener un jardín pequeño,

podar las plantas una vez al mes, recibe diez dólares, las cifras van en aumento, dependiendo del número de tareas que realice. Como parte de su proceso de formación en HIas, Uriel ingresó en el proceso de fortalecimiento de actores del IEPS y entregó su documentación como actor de la economía social y solidaria. A él, le gusta desarrollar su oficio bajo la lluvia: “Empecé hace cuatro años, ahora me han ofrecido un oficio en la ciudadela, para cuando termine de arreglas los jardines, ni yo creí que me iba a ir tan arriba”, confiesa el jardinero que empezó a sonar, con unas macetas, que se convir eron en una microempresa de jardinería, con el apoyo de Hias.

Entrevista a Patricio Benalcazar. ¿La ley de movilidad humana data de 1970, cuáles son los principales aspectos que Ud. considera deben cambiar en la nueva ley para que esta se adapte a las realidades contemporáneas? Existe una legislación de la década de los 70, anclada en un enfoque y teoría del securi smo. Nos situábamos en una época militar y por lo tanto toda la concepción en relación al tema de extranjería o migración era una noción policíaca, de control, a eso responde la legislación vigente que sigue aplicándose. Bajo ese tendido, estamos con una Cons tución de las más avanzadas pero con una legislación migratoria de la dictadura militar. Lo he dicho públicamente, lo menos que puede ocurrirle al país es que se realice una nueva legislación en materia de migración, extranjería y materias aﬁnes. ¿Qué sujetos debe incorporar la nueva Ley de Movilidad Humana? Es necesario que una nueva legislación de movilidad humana incorpore a todos los sujetos de la movilidad humana que no solamente son aquellos vinculados a la migración internacional. En Ecuador tenemos la suerte de ser un país de salida y llegada de migrantes, se trata de un país que además recibe personas en condición de

refugiadas, bajo una situación humanitaria par cular y especial. Estamos viviendo el retorno, además, es un país que vive la trata de personas y el trafico de personas. Por situaciones de la naturaleza y por obra humana, vivimos el desplazamiento interno. Todos estos temas involucran sujetos. La nueva legislación debe ser amplia e incluir capítulos específicos sobre cada uno de los sujetos. Hablo de ecuatorianos en el exterior, retornados, inmigrantes que vengan a realizar sus ac vidades laborales, estudian les, de transito, turís cas, hablo también de personas refugiadas que buscan protección internacional, desplazados internos y vic mas de trata y trafico ilícito de migrantes. Nuestra Cons tución establece que ninguna persona será ilegal por su condición migratoria. ¿Qué desa os conceptuales, trae esta premisa, a la nueva Ley de movilidad humana? El reconocimiento de que ninguna persona es ilegal en ninguna parte del mundo significa que ene que haber reformulación respecto a las infracciones migratorias por irregularidad migratoria, no puede ser vista como el come miento de un delito porque no lo es. Es un problema de regularización de documentos y por lo tanto el trato debe ser un trato diferente a quienes cometen esa irregularidad al no ser personas que cometen un delito.

¿Entonces estamos hablando de un incumplimiento o una contravención administra va? Es una infracción administra va, el estado soberanamente ene la facultad de plantearse una legislación donde digan que todas las personas que ingresan a mi territorio enen que registrarse, enen que tener un po de permiso, o autorización

para estar en el territorio y al no tenerlo o haberse caducado, cometen una infracción administra va que ene que ser resuelta, administra vamente, no ene que ser resuelta ni con la cárcel ni con sanciones penales porque no son personas que cometen un acto ilícito penal. Esto lleva a la conclusión de que no debería haber centros donde este personas migrantes por su condición migratoria de irregularidad. Posiblemente cuando se den procesos de deportación que sean excepcionales. La regla es regularizar a las personas, la regla es que los estados enen la obligación de una persona en situación irregular ver los caminos que le documenten para que pueda estar en el territorio nacional haciendo ac vidades laborales, estudian les, sociales, comerciales, para que este regular. La excepción es la deportación. En el país hemos vivido una situación contraria. La regla es la deportación y la excepción es la regularización. Sobre esto debe cambiar el enfoque, no estamos inventándonos el agua bia, hay experiencias en Argen na y Uruguay, que muestran que esos estados y sociedades buscan regularizar a las personas, para que puedan ser un aporte a sus comunidades. Esto que acabo de mencionar es importante porque en la excepción de los procesos de deportación las personas podrían estar temporalmente, no mas de una semana u ocho días, en una circunstancia previa a su salida del país pero bajo las condiciones dignas de una persona migrante, no una cárcel, sino en otras condiciones. Es un tema complejo, quizás el mas álgido en esta materia. CDH, en su trabajo junto a otras organizaciones que precautelan los derechos de las personas en situación de movilidad humana, ha conocido casos de migrantes ecuatorianos, retornados, que man enen diﬁcultades administra vas para acceder a sus pertenencias, por ejemplo. ¿Qué cambios deberían darse en la legislación para que la situación de las personas retornados pueda ser la mas consecuente con la Cons tución? Sobre la materia retornados hay dos elementos centrales que la comunidad ha planteado. La legislación debe prever un tratamiento especial de atención prioritaria para que se les facilite acceso a ac vidades de orden económico, laboral y social. Ellos demandan oportunidades de proyectos que les permitan desarrollar su vida. Debería haber normas que dispongan a las en dades que desarrollan ac vidades económicas o de inclusión social que se incorporen programas especializados de atención que permitan acceder a los retornados.

Se demanda el acceder a servicios y derechos bajo criterio de atención prioritaria. Ha habido muchos problemas en el área de educación, acceso a salud e incluso de acceso a la documentación y el registro civil de sus hijos o nietos, porque la documentación es diferente. La legislación debe prever que deben darse esas necesidades. Respecto a refugiados ya se hizo algo interesante hace algunos años con los refugiados. Sobre el menaje de casa: ¿Qué aspectos del programa estatal que se desarrolla actualmente, deben adaptarse a la nueva Ley de movilidad humana? El tercer aspecto es el menaje de casa, ese programa debe mantenerse. Hay bastantes trabas sobre todo en el sistema aduanero, hay un problema: no se les entrega o facilita los vehículos o herramientas de trabajo que vienen por razones de orden procedimental o norma vo, porque prescribe o porque se demora el traslado desde España o Estados Unidos, Italia, de sus bienes y como prescribe un empo, ellos ya no les permiten sacar, ni siquiera pagando multas y se hace un problema enorme, hay mucha gente que pasa años peleando por sus bienes y no lo consigue. Es que existe legislación que lo prohíbe. Ahí debería haber excepciones, la regla debería ser el ingreso de las bienes, la excepción el no permi rles, cuando haya un interés comercial. Otro aspecto a considerar es el ejercicio de los derechos polí cos. Independientemente de que sean migrantes, quieren tener una representación polí ca. Muchos quieren ser candidatos en los lugares de retorno y que no existan impedimentos en la legislación electoral seria muy importante. Hay problemas todavía, pero esperamos que se camine posi vamente.

Algunos miembros de la población refugiada en Guayaquil, han tenido inconvenientes para realizar algunos trámites en ins tuciones públicas y privadas, muchos de ellos relacionados con el formato del número inscrito en su carnet de refugiado, que es dis nto al de la cédula de iden dad ecuatoriana. ¿Estas realidades deben ser tomadas en cuenta en la nueva ley? La ley presentada ante la Asamblea Nacional, aun ene muchas falencias como tal, anteriormente yo estaba hablando de cómo debería ser. Revise detenidamente el proyecto de ley, en materia de refugiados hay algunas cosas en las que hay que ser más cuidadosos en la legislación. Si una personas refugiada llega al país, ante cualquier autoridad puede pedir el ser guiada con la ﬁnalidad de que se facilite la entrevista, eso no está muy claro en la legislación, ene que ser clarísimo, la entrada por aeropuertos, puertos o frontera de una persona que demanda protección internacional debe ser ante cualquier autoridad y de manera inmediata, deberían guiarle a la entrevista y ahí llevarse adelante el proceso de admisibilidad. Parece que ahí hay un problema que no está bien abordado ni bien visto. Se man ene aun una fase previa al tema de la admisión y ese es un tema que ha sido en Ecuador un mecanismo que han optado las autoridades para controlar quienes entran y quienes salen. A nuestro criterio, de la entrevista se sabrá si hay los elementos suﬁcientes, obje vos y subje vos, para declarar a una persona como requeriente de protección internacional. La nega va del estatuto de refugiado por parte de la comisión encargada, según la ley que se presentó, no ene que ser mo vada ni fundamentada, eso es incons tucional. Esto lo plantee cuando comparecí a la Asamblea, a la Comisión de Asuntos internacionales, y estaba el presidente de la comisión y le dije que no es posible que una ley diga que no tenga que mo varse la nega va a una persona, eso es abiertamente incons tucional. Todo ene que ser fundamentado y mo vado. ¿El ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe estar incluido en esta nueva ley, con énfasis en la población refugiada, cómo puede evidenciarse este ejercicio de derechos? Hay temas más vinculados con el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población que ya ene el estatuto de refugiado o son solicitantes de

refugio. En el capítulo de los Derechos económicos, sociales y culturales la legislación debe prever que el ejercicio de la educación, salud, acceso a programas de vivienda y otros vinculados a ac vidades de orden laboral, deberían facilitarse a esta población porque requieren protección especial y porque las normas especiales le obligan al estado. Y eso debería estar previsto en la legislación con absoluta claridad. En el país en general, existe la norma cons tucional y puede exis r hasta una buena legislación de movilidad, pero no se modifican los sistemas de las ins tuciones ni las normas internas de procedimientos ante poblaciones que tengan estas caracterís cas. Hay un tema que quisiéramos se incorpore a la legislación. Muchas veces la condición de refugiado en un carnet puede o ha llevado a cabo a la es gma zación social. Alguien dice: ¿Ud. quién es? le presenta el carnet y le contestan; por algo será. Esa frase ene una carga de discriminación y temor hacia el que viene. No debería limitar el que a las personas refugiadas se les de el carnet, sino se también se piense en otorgarles un nuevo documento de iden dad, donde posiblemente en el documento se coloque en alguna parte que su condición es refugiado. Es un documento nacional de iden dad y dentro del documento pone su condición de refugiado. Esto no es contradictorio, por lo siguiente, porque una persona que tenga una cédula no es que no deja de ser refugiada, lo es porque lo dirá la cédula, pero este documento es una puerta de entrada a las ins tuciones, por el numerito y porque los sistemas funcionan con el numerito. Si se quiere una legislación inclusiva, esos temas deben verse reflejados ahí. Si se man ene el tema del refugio sin otorgarle un documento nacional de iden dad o una visa de otro po, no es que la persona pierde su condición de refugio. ¿Los delitos de trata y tráfico, en qué términos deben ser legislados o incluidos en la nueva norma va? Me parece muy importante que en materia de trata y trafico ilícito, se desarrolle un capítulo completo, ya no pensando en punición, para eso esta el Código Integral Penal, sino que sea un capítulo vinculado a la protección de las víc mas y cuales son los estándares que todos tenemos que respetar sobre las víc mas. Nosotros estamos hablando de Derechos Humanos, no de la sanción, sino de la protección a un sujeto, ese capítulo debe establecer los estándares de protección.

DETENIDOS EN ZONAS ESTERILES DE AEROPUERTO

Durante el 2015 se conoció varios casos de personas en condición de movilidad virtualmente privadas de la libertad por periodos indeﬁnidos en la Sala de Tránsito del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en proceso de deportación. Algunas de estos casos presentaron caracterís cas de refugio sin garan as para ejercer el derecho a la defensa, incomunicadas y viviendo en condiciones precarias al permanecer con la misma ropa más de 15 días por no tener acceso a sus equipaje y aseo personal diario. El ciudadano camerunés Jean Michel Tchasseu tenía 23 días detenido en la denominada Zona Estéril (Sala de Tránsito) del aeropuerto, previo al ingreso formal al país, cuando se realizó Audiencia Pública sobre el caso convocada por la Defensoría del Pueblo el 5 de mayo del 2015. El caso del ciudadano camerunés presentaba elementos de refugio y no había tenido acceso a presentar su solicitud de refugiado. El caso mo vo una secuencia de sesiones entre ins tuciones públicas y organizaciones de sociedad civil para diseñar protocolo interins tucional que garan ce los Derechos Humanos de persona en movilidad en la Sala de Tránsito. Entre las ins tuciones par cipantes anotamos el ACNUR, Ministerio del Interior, Dirección de Refugio, la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, TAGSA, AAE y CDH quedando anotada la signiﬁca va ausencia de Dirección de Aviación Civil debido a su potestad de permi r el acceso a áreas restringida y esteriles además de ser el ente regulador dentro del aeropuerto. En la sesión del 8 de junio de 2015 la compañía Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA) se comprome ó a otorgar pases a la Defensoría Publica, Defensoría del

Pueblo y/o a la Dirección de Refugio de la Cancillería, previa solicitud escrita y en casos de presumirse la existencia de personas con necesidad de protección internacional en la zona estéril del aeropuerto. El 21 de diciembre del 2016 se registró la privación de libertad de Hamed Najar Agdham en la sala de tránsito del Aeropuerto Internacional de Guayaquil deportado desde México al úl mo puerto de embarque por presentar presuntamente pasaporte falso. El ciudadano de nacionalidad iraní de 33 años de edad en esas circunstancias solicitó refugio al Estado Ecuatoriano explicando que tuvo que huir de Irán en sep embre de 2015 cuando se negó a par cipar en acto de corrupción entre la compañía donde trabajaba y la Guardia Republicana islámica Iraní, conocida como SEPAH. Miembros de SEPAH habrían llamado telefónicamente a su madre para anunciar que matarían a Hamed. Él fue a Turquía donde conoció a presunto coyote de nombre JALAL y le pagó $ 30.000,00. Fueron en avión a Alemania y luego a varios países de América La na. El 8 de enero de 2016 el CDH interpone recurso de Habeas Corpus y en la audiencia del 18 de enero de 2016 el Juez otorga la libertad a Hamed. Estuvo retenido contra su voluntad y por lo tanto privado de manera arbitraria de su libertad en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, específicamente en las oficinas de la Aerolínea Copa, sin que ninguna autoridad haya emi do orden de privación de libertad en su contra, ni tampoco se le haya puesto a órdenes de juez competente. El CDH había interpuesto este recurso en casos similares pero la orden de deportación se dictó ante de realizarse la audiencia solicitada. Las personas que sufren persecución suelen caer en redes dedicadas al tráfico de personas que le cobran fuertes sumas de dinero con la promesa de llevarlos a un país donde su vida no corra peligro, lo que la mayoría de las veces no sucede, ya que son abandonadas en medio camino. o cuando se presenta algún inconveniente, ha solicitado REFUGIO al estado ecuatoriano, lo cual efec vamente el 24 de diciembre del 2015, sin embrago de eso NO se la permi do su entrada al país, a pesar de exis r

norma expresa que prohíbe que una persona que solicite refugio sea retenida en frontera. El CDH expresa las siguientes consideraciones frente a esta tendencia: Ÿ

El Estado Ecuatoriano debe priorizar la protección de personas con necesidad de protección internacional por encima de cualquier otra condición, especialmente si presentan elementos de víc ma de trata y tráﬁco.

La iden ﬁcación de esta condiciones deben ser fortalecidas a través de rigurosa y permanente capacitación del personal de la Policía Migratoria del Ministerio del Interior, quienes realizan en primer entrevista y debería detectar este fenómeno.

Es imprescindible la implementación de Protocolo Interins tucional para las Salas de Tránsito y los Derechos Humanos que permita responder coordinadamente a esta compleja tendencia en expansión.

Erradicar la prác ca de privación de libertad en la Sala de Tránsito por periodos indeﬁnidos, en condiciones de precariedad al no tener acceso a duchas ni a sus equipaje.

CRIMINALIZACIÃ&#x201C;N DE LA PROTESTA SOCIAL Y ABUSO POLICIAL 63

Maltrato policial a periodista y defensor de Derechos Humanos

Durante la marcha pacífica de organizaciones civiles en Guayaquil opuestas al trámite de enmiendas cons tucionales el 11 de noviembre del 2015, el responsable de comunicación del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y director de la Agencia Popular de No cias Ser Públicos, Andrés Mendoza Reynoso, fue fuertemente maltratado mientras registraba con su tablet la acción policial para detener a una mujer que se encuentra en el piso agarrada a otra persona. En video transmi do por Canal Uno y disponible en si o web h ps://www.youtube.com/watch?v=9lOC1TwqN 3A se observa a un policía con uniforme entero negro, sin iden ficación visible y de forma injus ficada como da un fuerte cabezazo con casco puesto al comunicador que cae al piso. El hecho registrado se produce paralelo a la marcha, dentro del Malecón Simón Bolívar, y sin que exista infracción flagrante que jus fique la fuerte intervención policial, menos aún el contacto sico violento. El Ministro del Interior dijo el 12 de noviembre en relación a la agresión que "lamenta" la ac tud del uniformado, de ninguna manera estamos jus ficando la reacción del policía, ene que ser sancionado". El 16 de noviembre Andrés Mendoza presentó denuncia formal ante la Fiscalía Provincial y rindió su tes monio de los hechos. Según información de denunciante, el policía acusado sigue en servicio regular. Públicamente el CDH reclamó por el maltrato policial a fotógrafo Diego Pallero mientras realizaba la cobertura de la embes da policial, durante las manifestaciones registradas el 3 de diciembre de 2015, en Quito, en contra de la aprobación de las enmiendas. Estos hechos permiten al CDH observar el aumento de fuerza indiscriminada en operaciones represivas ejecutadas por la Policía Nacional contra manifestantes durante el 2015. Diario El Universo, 13 Noviembre 2015, “Grupos sociales rechazan agresión; ministro lamenta “reacción policial”

#BorregoNoEsTerrorismo

El 7 de diciembre de 2015, “Diario Extra” publicó un ar culo tulado “Borrego no es terrorismo” escrito por la abogada Silvia Buendia. Esta frase, resumía el caso de Francisco Sampedro Castro, transpor sta contratado para llevar en su camión, una oveja de fantasía. En las marchas de protesta, organizadas el 26 de noviembre, Francisco fue detenido según Parte Policial en Delito Flagrante, acusado de Traﬁco Ilícito de Armas de Fuego, Armas Químicas, Nucleares o Biológicas y puesto a orden de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional. Según Parte Policial, siendo aproximadamente las 18h40, se pudo constatar varias explosiones que fueron provocadas por personas que desembarcaron “llantas presumiblemente con explosivos” del vehículo que transportaba una animal similar a un borrego conducido por Francisco Sampedro. A las 21h00 Sampedro fue detenido al llegar a su casa en el Suburbio de Guayaquil. El día que salió publicado el ar culo, cientos de usuarios de Twi er empezaron a compar rlo, provocando que se convierta en “tendencia nacional” ese mismo día. El apoyo que recibió en las redes sociales, este comerciante, fue acompañado por manifestaciones frente a las instancias judiciales, en las que par cipo su esposa, quien incluso se desmayó en la puerta de la Función judicial. La familia vive en una pequeña casa de caña, decorada después de la detención con un cartel que reza: “El trabajo de transpor sta no es terrorismo”. Silvia Buendía en entrevista al CDJ dice: Francisco fue apresado el 27 de noviembre por

el delito de haber cobrado por hacer un ﬂete con su camión. Este señor es vecino y saben que ene el camión grande. El 26 de noviembre había un muñeco con carteles en la panza, no tenia camaretas. El contenido del borrego era aserrín, cartón y papel. La marcha termino a las 18h40 quemando el borrego en la calle. Aparentemente hubo gente que le ro camaretas al borrego, estamos en la época en la que se están comenzando a expender camaretas. Vino la policía también con un ex ntor, hubo un incidente con alguien, empujaron a un policía y se quemó. El parte de detención indica que en la camioneta se halló 4 palos de madera, un tubo plás co, 5 banderas de tela color rojo. 12 hojas volantes y un talonario de venta . El 17 de diciembre de 2015 la Corte de Jus cia negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Sampedro. El 20 de febrero de 2016 como resolución de la audiencia de llamamiento a juicio, el juez acusó a Francisco Sampedro de delito de transporte de explosivos y, a su vez, otorgó la libertad para que se deﬁenda en el juicio. Sampedro fue libertado después de 86 días de prisión.

Tes monio de Teodora Yo me llamo Teodora Monserrate Anchundia Holguin y vengo a pedir jus cia por mi esposo que fue detenido el 26 de noviembre del 2015 a las 21h00 solamente por llevar un borrego (monigote) y sin ninguna orden judicial. Mi esposo llegó a la casa y me dijo que abra el garaje para guardar el carro. Luego me gritó “Julia los policías me llevan”. Llegaron como 7 agentes ves dos de civil y chalecos con letras Policía Judicial en 4 carros sin placas. Lo cogieron de la camisa y él gritaba “yo solo soy un chofer e hice una carrera que me pagaron”. Los policías decían “tu enes las armas, los explosivos”. Gracias adiós, mi esposo estaba fuera, en la calle, recién guardando el carro y no pudieron decir que había escondido las cosas en la casa. En el carro encontraron 4 banderas, 4 palos, 1 tubo de luz y aﬁches eso esta en el parte de la detención. Solo eso encontraron cuando recién se lo llevaron.

Le pegaron a mi hija, a mi nuera y a mi también. Mi suegra, que ene 80 años de edad, lloraba diciendo que su hijo no es ningún delincuente. Ellos no estuvieron viendo nada, como si fuera un objeto lo raron al carro. El carro que mi esposo conduce también se lo llevaron. Desde el 26 de noviembre recién vine a ver a mi esposo el 9 de diciembre. Lo vi en la Peni, en el pabellón 4, en una celda junto a otras personas. Mi esposo esta enfermo, él sufre por la mañana y porque es el sustento de nuestra familia. No está él para las tres comidas de siempre. Nosotros en la mañana comemos un bolón hasta las 4 de la tarde para hacer una sola comida. Nosotros somos pobres. Si mi esposo fuera el terrorista que dicen no estuviéramos viviendo en una casa de caña. Durante ese empo yo pedí jus cia en la plaza de Las Mercedes frente a la Fiscalía Provincial y sigo todavía pidiendo jus cia para que saquen a mi esposo. Mi esposo es chofer y trabaja en Machala y Sucre desde hace 24 años trasladando material de construcción, piedra, arena, bloque. Antes era chofer de colec vos y mi cuñado le prestó dinero para que compre carro y todavía debe el préstamo.

ABUSO POLICIAL En el presente periodo seguimos receptando con nuamente casos de abusos de agentes de la Fuerza Pública, especíﬁcamente Policías Nacionales y Policías Metropolitanos que generalmente privaron de la libertad de forma arbitraria y dañaron la integridad sica de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. Escogemos algunos caso de nuestros registro para armar panorámica de esta tendencia recurrente en los informes del CDH en Guayaquil y que usualmente no se denuncian formalmente. Los presentes casos fueron denunciados a la administración de jus cia y los afectados aún esperan que no queden en la impunidad. Agresión de Policía Municipal a heladero ambulante El comerciante ambulante José Mauricio Salazar Oleas de 35 años miembro de la Asociación de Helados Artesanales, el 22 de sep embre del 2015 denunció ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH el maltrato sufrido por agentes de la Policía Metropolitana el 8 de sep embre en las calles Franco Dávila entre Santa Elena y 6 de Marzo. Él nos contó: “Llevó 18 años trabajando en el oﬁcio que heredé de mi familia. Vendo mis helados por fuera del casco comercial en una carreta de 1 metro por 45 cm de acero inoxidable. El año pasado en las calles Coronel y Maldonado, los metropolitanos me dieron un puñete, me echaron gas y se me llevaron la carreta. La recuperé un mes después pagando una multa de 80 dólares. El pasado martes 8 de sep embre aproximadamente a las 17h30 me re raba a la casa y me quede viendo el par do de Ecuador y Hondura. Cuando llegaron corriendo dos metropolitanos diciendo que la carreta estaba decomisada, forcejeamos y un metropolitano se llevó la tapa de la carreta. Llegó mi hermano a apoyarme y el metropolitano me golpeo con la tapa 4 veces en la cabeza cuando me iba cayendo. Me

vieron par do, ensangrentado y salieron corriendo como delincuentes. Tengo una herida de 10 cm y me cogieron 8 puntos en la cabeza. El medido diagnos có 18 días de descanso. Estoy por pedir una boleta de amparo para tener una protección por esto que estoy haciendo”. El caso de Salazar Oleas cons tuye un nuevo abuso de la policial municipal que se une a la larga lista de graves violaciones a los Derechos Humanos, que incluye trato cruel, inhumano y degradante aplicado de manera recurrente y sistemá co contra un sector específico de la población en condiciones de vulnerabilidad. El CDH considera al constante abuso de la Policía Metropolitana como la más grave tendencia que afecta a la ciudad de Guayaquil, perturba la convivencia y privilegia el uso de la violencia para fines de orden y limpieza del espacio público. Consideramos que el Municipio de Guayaquil a través del Concejo Cantonal, debe adecuar el “Reglamento que regula las condiciones para el control y des no de bienes que ocupan espacios de uso público sin el correspondiente uso municipal, re rados temporalmente por el personal autorizado de la Municipalidad dentro del Cantón Guayaquil” para que guarde concordancia con la Cons tución, específicamente en los ar culos 323 y 325 que prohíben toda forma de confiscación y establecen el reconocimiento por parte del Estado -al que pertenece el Municipio de Guayaquil- de todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas. La supervivencia de los más pobres y su derecho al trabajo no puede supeditarse exclusivamente a lecturas securi stas que revelan una visión estrecha del Derecho a la Ciudad, el Hábitat y el disfrute del espacio público. Los comerciantes informales contribuyen a la población económicamente ac va y de su trabajo dependen miles de niños y niñas ecuatorianos.

Solicitamos, a través de comunicación escrita y formalmente dirigida al Municipio y a la Gobernación del Guayas, una audiencia para exponer los siguientes puntos: Ÿ

Actualización de la ordenanza en concordancia con la Cons tución del Ecuador.

La realización de un censo de comerciantes autónomos, prestando especial atención a los grupos de atención prioritaria.

El fortalecimiento de organizaciones de comerciantes ambulantes -según oﬁcios y sectores urbanos- que permita ampliar base de interlocución con instancias del Estado y canalizar procesos de capacitación y regularización de su ac vidad.

Establecimiento de espacios seguros y ordenados para el comercio informal en las zonas regeneradas, considerando la par cipación técnica de las universidades en el diseño de este plan.

Establecimiento de campaña interins tucional para promover el reciclaje como polí ca pública en Guayaquil, fortaleciendo el trabajo que realiza empresas privadas con este ﬁn.

El caso de Vladimir Mi nombre es Vladimir Carlos Vladimir Porozo Arboleda, cédula de iden dad 080263277-8, Jefe de Seguridad en empacadora de camarón. El 24 de noviembre del 2015 a las 9h10 en circunstancias que me encontraba en el paradero de Socio Vivienda 2, en compañía de mi hermano German Tenorio esperando el bus para dirigirme a mi trabajo, paso el patrullero de la Policía Nacional de placas GEA 3740. El vehículo retrocedió, los agentes me quedaron mirándome y yo les hice seña de “que pasa”. Se bajo el policía copiloto y delante de otras tres personas que estaban en el si o y de otras 10 personas que estaban como a 25 metros en el Dispensario de Salud Pública, se me acercó y procedió a insultarme diciéndome “qué te pasa negro chucha de tu madre cara de verga”. Esto lo repi ó varias veces. Le dije “que le pasa, porque me falta el respeto si yo no le estoy haciendo nada y me dijo “Que te pasa negro hijo de puta”. Entonces mi hermano me cogió del brazo y le dijo “ta pues mi sub, si i hermano no le esta faltando el respeto, porque usted le falta”. En ese momento, el agente saco el gas pimienta y me lo roció en la cara dejando ciego al instante. Luego el teniente se re ró en el patrullero.

Luego de una hora me trasladé al cuartel del GOE en la Avenida Perimetral. Como a 300 metros antes de llegar al cuartel me encontré al patrullero con el teniente le pregunté su nombre y me dijo “Teniente Rueda me llamo y puedes irte a quejar a donde chucha te de la gana porque es tu palabra contra la mía”. En el Cuartel del GOE, solicite permiso para hablar con el Jefe y me entrevisté con el Tnte Crnel Cordova que me dijo que “usted como cualquier otro ciudadano ene derecho de ponerle una denuncia por lo que hizo”. El mismo 24 procedí a realizarme el reconocimiento medico legal en la Fiscalía. El 25 procedí a entregar escrito a la comandante de la zona 8 Crnel Tanny Varela.

Detención de joven gestor comunitario en Isla Trinitaria La lideresa del sector de la Isla Trinitaria Inés Campas Ángulo denunció sobre la detención arbitraria que sufrió el joven gestor comunitario Carlos Joel Cepeda Or z, junto a Jeﬀerson Andrés Moncayo León y Pedro Luis Coronel Ordóñez, la noche del pasado 17 de marzo en las calles Vicente Trujillo y Tungurahua a cargo agentes de la Policía Nacional quienes los acusan de robo de motocicleta. Según el Parte de Aprehensión N° 134-C3 “nos pudimos percatar de la presencia de tres ciudadanos con la misma caracterís cas que minutos antes moradores del sector nos manifestaron que intentaron sustraer motocicleta a una persona” y que se movilizaban en otra motocicleta. El parte señala que el perjudicado del robo habría iden ﬁcado a los detenidos. Sin embargo, no se registra el objeto robado en posesión de los detenidos y la detención al parecer ocurre por versiones de moradores anónimos, empo después de los hechos. El CDH el 24 de marzo de 2015 ofreció al Juez de Garan as Penales su tes monio sobre el valioso trabajo comunitario que desarrolla la denunciante Inés Campas con grupos juveniles de la Isla Trinitaria, al que pertenece el joven detenido Carlos Joel Cepeda Or z.

MEDIO AMBIENTE

#SosArboles El 11 de sep embre del 2015 el CDH recibió de Daniela Bermeo, ecologista y representante de moradores del sector Buijo Histórico, Ciudad Celeste y El Cor jo del cantón Samborondón, información sobre el trasplante de 165 árboles como efecto del proyecto “Rehabilitación y Regeneración de la Vía de Acceso al Buijo Histórico del Cantón Samborondón” a cargo del municipio. El grupo exigía esencialmente el derecho a ser consultado sobre asuntos que afectan a la vida forestal de su entorno. Como resultado de la fuerte presión ejercida por ciudadanos en redes sociales para que se informe sobre la obra pública a cargo del Municipio de Samborondón que estaba afectando el medio ambiente del sector, el Ministerio del Ambiente resolvió el 11 de sep embre de 2015 “la suspensión de todas las ac vidades que hayan generado la poda y/o remoción de especies arbóreas” hasta segunda orden. Esta resolución dio paso a reconocer las preocupaciones de la veeduría ciudadana conformada de hecho, invitada formalmente a reunión de trabajo el 16 de sep embre del 2015 en el GAD Municipal del Cantón Samborondón con presencia de funcionarios municipales y del MAE para canalizar las propuestas de la protección del recurso forestal. En el seguimiento y documentación del caso, el CDH observó que las preocupaciones del grupo de habitantes del sector no fueron cabalmente atendidas y los resultados de dicha sesión de trabajo no tuvieron seguimiento por parte de los funcionarios de ambas ins tuciones involucradas. No se conoció cronograma de trasplante de árboles con detalles exactos de empo de la intervención que permita la par cipación de miembros de la veeduría y no se consideró procedimientos técnicos básicos que garan cen el menor daño ambiental provocado por esta operación en el espacio público. Sin embargo, consideramos que la inicia va de los moradores del sector cons tuye una buena prác ca, y ejemplo del ejercicio del Derechos Humano a la par cipación comunitaria que deben ser reconocidas sin condiciones por las ins tuciones del Estado. Estas acciones ciudadanas espontáneas merecen ser nutridas de información oportuna y detallada para el acompañamiento independiente y adecuado de la obra pública. Posteriormente, el CDH registró otras acciones de colec vos ciudadanos preocupados por la polí ca pública relacionada al cuidado forestal, los Derechos de la Naturaleza y

de la Ciudad. Se documentó acciones de sensibilización y denuncia sobre tala indiscriminada de árboles en Samanes, La Atarazana, Centenario responsabilizando directamente al Municipio de Guayaquil y Ministerio del Ambiente. En Guayaquil se encuentra en proceso de consolidación red de procesos ciudadanos vinculados la protección forestal y los Derecho de la Ciudad denominado Ciudad Viva.

David González en entrevista a CDH dijo: La avenida de ingreso a Ciudad Celeste y Buijo Histórico, solo ene una entrada. Un día se vio a unos trabajadores del Municipio de Samborondón que se encontraban, según ellos, realizando una pequeña poda. Daniela Bermeo regresaba a su casa y encuentra ramas, ramas, ramas en el suelo. Al día siguiente encuentra a los trabajadores municipales de Samborondón, veía troncos y arboles, ella tuitea, envía fotos para difundir lo que estaba pasando. Decidimos formalizar la denuncia preocupados porque estos arboles enormes representan un beneﬁcio al ambiente, patrimonial y natural. No solo eramos dos ecologistas – Daniela Bermeo y David González-, el tema trascendió y preocupaba a los moradores del sector. Como efecto de la incidencia en redes, hubo pequeños espacios de dialogo entre las autoridades del Municipio de Duran, Ministerio del Ambiente y nosotros en calidad de ciudadanos, sumado a la presión en redes sociales. En estos diálogos recibimos información de lo que ellos estaban realizando y dimos recomendaciones técnicas. Nos enteramos que van a ampliar de 3 carriles a 6 carriles la calle de entrada y necesitaban mover esos arboles. A pesar del pequeño espacio de dialogo, en la

prac ca no se logró que se consideren nuestra recomendaciones para precautelar la vida de esos arboles. En ese momento habían removido 15 arboles y los habían trasladado al parterre central. Manuales de poda de arboles indican que las ramas son proporcionales a sus raíces, por lo tanto dicha proporción debe cuidarse. En el parterre central quedaron 30 arboles, eran arboles medianos. El Municipio nos dijo que eran 165 los que se iban a remover al Buijo Histórico. Los mas grandes no sabemos donde están. Entre las conclusiones de la Veeduría Ciudadana anotamos las siguientes observaciones hechas públicas el 15 de noviembre de 2015 anotamos: Ÿ

El proceso de trasplantar los árboles comenzó la semana del 19 de octubre, donde se observó el proceso de trasplante de los árboles mediante maquinaria pesada. Se procedía a cortar las raíces alrededor de los árboles, para luego agarrar con un cable, del cual parece ser de acero, el árbol y levantarlo desde las raíz. El árbol luego sería trasplantado al centro del parterre (no necesariamente al frente de donde se lo habían sacado.)

Luego de volver a plantar, se le echa diferente pos de fer lizantes y raizadores para fomentar el crecimiento de raíces y an -hongos para garan zar el crecimiento óp mo del árboles.

El árbol queda las mado donde estuvo amarrado, y se ene que proceder a realizar una “curación” donde fue las mado.

Trabajadores de la obra, comentaron que cuando un árbol está por ser podado-y de la manera extrema-el árbol se maniﬁesta temblando antes de ser podado.

De acuerdo a la Sra. Natalia Molina, docente de Botánica y Ecología de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), la poda y replantación debería darse durante la época lluviosa (entre enero y abril), teniendo en cuenta los procesos de poda, banqueo y trasplante de las especies. (Declaraciones en Diario El Universo,19 de Sep embre)

Hasta el 11 de Noviembre, 2015, se han trasplantado aproximadamente 126 árboles. El GAD Samborondón hizo un inventario de 165 árboles para ser trasplantados, pero trabajadores de la zona aﬁrman que serán todos los árboles de la vía, por lo que se solicita al GAD Samborondón emita un inventario actualizado.

PRONUNCIAMIENTOS

Quito, julio 30 del 2015 Nota Nº 790-CR-15 LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR EL TRABAJO DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) expresa su preocupación por las permanentes desacreditaciones y deslegi maciones provenientes de voceros públicos, y amenazas e in midaciones de actores estatales y no estatales, de las que son objeto las y los defensores de derechos humanos en nuestra región. En par cular, llama su atención la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes promueven y defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos colec vos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y el derecho al desarrollo. En este contexto, la PIDHDD hace pública su preocupación sobre las reiteradas amenazas a las que ha sido some da Paulina Muñoz Samaniego, direc va de Ecuador Decide, una red de organizaciones de la sociedad civil que demanda del Estado ecuatoriano su no adhesión a tratados de libre comercio, entre ellos un acuerdo comercial mul partes con la Unión Europea, cuyos términos finales fueron acordados a mediados de este mes, en Bruselas, Bélgica. Paulina Muñoz, además, man ene nexos con organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas. Según tes monio de esta ac vista de derechos humanos, el pasado jueves 25 de junio fue interceptada en una calle de la capital ecuatoriana por un individuo desconocido que le lanzó un ramo de flores junto a un mensaje en el que le daban la bienvenida con alegría de saber la mejoría de su padre y en el que mencionaban que su tratamiento era costoso y estaban dispuestos a ayudarla. Paulina Muñoz había estado fuera del país y, en efecto, su padre se encontraba delicado de salud. Este po de hos gamiento provendría desde octubre del año pasado, a través de varios mensajes a su móvil. La PIDHDD recuerda que el Estado ecuatoriano junto a 60 países patrocinó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que contribuyó a la aprobación de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las ins tuciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración de los defensores de derechos humanos) y que, por tanto, man ene obligaciones ante la comunidad internacional para “adoptar todas las medidas necesarias para

garan zar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación nega va, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legí mo de los derechos mencionados en la Declaración”. La PIDHDD, por úl mo, exhorta a la Fiscalía General del Estado a iniciar las inves gaciones per nentes con el propósito de iden ﬁcar a los presuntos responsables y someterlos a los jueces competentes. Billy Navarrete Benavides Coordinador de la PIDHDD, Capítulo Ecuador Pablo A. de la Vega M. Coordinador Regional

Quito / Guayaquil, agosto 6 del 2015 Nota Nº 793-CR-15 COMUNICADO PÚBLICO LOS ESTADOS DEBERÍAN RECONOCER EL PAPEL POSITIVO DE LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS COMO MEDIO PARA FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA En concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), hacen un llamado público a las autoridades gubernamentales competentes para recordarles que el Estado ecuatoriano debe promover y proteger los derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas, como la “Marcha por la Democracia con Dignidad”, en la cual par cipan diversos sectores sociales y que proviene de la provincia de Zamora Chinchipe, desde este domingo 2 de agosto, y que ene como des no la ciudad de Quito, el próximo jueves 13. Las organizaciones de derechos humanos recordaron que las resoluciones 19/351 y 22/102 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establecen directrices explícitas dirigidas a los Estados sobre esta materia. En par cular, señalan que este órgano intergubernamental reconoce que las manifestaciones pacíficas pueden tener lugar en todas las sociedades; recuerda a los Estados que enen la responsabilidad de impedir que se vulneren los derechos humanos, en par cular las detenciones y reclusiones arbitrarias; y, los exhorta a que impidan en todo momento que se produzcan abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados. Insta, además, a las autoridades gubernamentales competentes, a que se aseguren de que las fuerzas del orden y el personal militar reciban una formación adecuada, entre otras cosas en lo que se refiere a las normas internacionales de derechos humanos. También insta a los Estados a favorecer las manifestaciones pacíficas facilitando a los manifestantes el acceso a espacios públicos y protegiéndolos, donde sea necesario, contra cualquier forma de amenaza, y subraya a tal efecto el papel de las autoridades locales.

Por úl mo, las organizaciones de derechos humanos destacaron el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos3, presentado en el seno del Consejo de Derechos Humanos, en el cual se señala que “la organización de una protesta no debería estar sujeta a una autorización previa de las autoridades administra vas del Estado, sino, como máximo, a un procedimiento de no ﬁcación previa que tenga por objeto que las autoridades estatales puedan facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacíﬁca y adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y el orden públicos y los derechos y las libertades de los manifestantes y otras personas afectadas por las protestas. En todo caso, según la Alta Comisionada, no se debería penalizar a los organizadores por no solicitar una autorización. Las organizaciones de derechos humanos estarán pendientes del cumplimiento de estas directrices por parte de las autoridades competentes.Lidia García Díaz Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Billy Navarrete Benavides Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Fernando Gu érrez Vera Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) Pablo A. de la Vega M. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Quito / Guayaquil, agosto 14 del 2015 Nota Nº 797-CR-15 COMUNICADO PÚBLICO LOS DISENSOS Y EL DIÁLOGO SON ELEMENTOS ESENCIALES DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), destacan el valor intrínseco del reciente ejercicio democrá co liderado por organizaciones sociales e indígenas, a través de la “Marcha por la Democracia con Dignidad”, que se inició el pasado 2 de agosto en la provincia de Zamora Chinchipe y concluyo el día de ayer en la ciudad de Quito. Las organizaciones de derechos humanos reconocen que las manifestaciones pacíficas ofrecen desa os y, en algunos casos, obstáculos para el ejercicio del derecho a la libertad de reunión. Sobre los primeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su oportunidad que “la función legí ma de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garan zar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (...), sin importar su filiación polí ca o el contenido de sus manifestaciones. (...) En el derecho internacional (…), la actuación de los cuerpos de seguridad en los sistemas democrá cos debe responder exclusivamente a los intereses de la sociedad en su conjunto, no a determinadas parcialidades polí cas. Es decir, la Policía, en el ejercicio de sus funciones públicas, no debe proteger par dos o movimientos polí cos, por masivos que ellos sean, de otros similares que los confrontan o interpelan”. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)2, en su jurisprudencia, los tribunales regionales han estudiado la cues ón de si las manifestaciones pacíficas pueden limitarse en caso de que tengan lugar en espacios públicos o en vías públicas altamente transitadas. El argumento de que el cierre de una vía pública para las manifestaciones pueda causar demasiadas moles as a otros fue rechazado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal declaró que “cualquier manifestación en un lugar público inevitablemente provoca un cierto grado de perturbación de la vida co diana, incluida la interrupción del tráfico, y es importante que las autoridades públicas den muestras de uncierto grado de

tolerancia respecto de las reuniones pacíficas para no vaciar de contenido el derecho a la libertad de reunión (…)”. Sin embargo, cuando las manifestaciones pacíficas se tornan violentas los Estados, en especial sus Ins tuciones Nacionales de Derechos Humanos (como la Defensoría del Pueblo de Ecuador), deberían inves gar estas situaciones y formular conclusiones y recomendaciones para iden ficar las causas de la violencia, con el propósito de prevenirlas. En este caso la Defensoría del Pueblo de Ecuador, además, debería fomentar y par cipar en diálogos públicos sobre las cues ones que originaron las manifestaciones y los temas rela vos a los derechos humanos que se hayan planteado a raíz de las marchas y protestas pacíficas. En este ámbito, la imparcialidad de un Estado cons tucional de derechos y jus cia, como el ecuatoriano, es de importancia fundamental para el ejercicio del derecho a las manifestaciones pacíficas. En la actual coyuntura, las organizaciones de derechos humanos exhortan a las autoridades competentes a acordar procedimientos y formatos para dialogar con las organizaciones sociales que lideran las recientes manifestaciones y protestas pacíficas, como parte de un saludable ejercicio democrá co bajo un enfoque basado en derechos humanos. Y, a la vez, lamentan los incidentes de violencia cuyo saldo ha sido funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dirigentes sociales y ciudadanos lesionados, y algunas decenas de ellos detenidos y bajo inves gación de la Fiscalía General del Estado. Las organizaciones de derechos humanos consideran que la invocación y el uso de la jus cia penal para resolver los conflictos sociales limitan el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de un Estado cons tucional de derechos y jus cia.Lidia García Díaz Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Billy Navarrete Benavides Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Fernando Gu érrez Vera Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) Pablo A. de la Vega M. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Quito / Guayaquil, agosto 17 del 2015 Nota Nº 799-CR-15 COMUNICADO PÚBLICO Detención incons tucional y arbitraria, e inminente deportación de Manuela Lavinas Picq:

PARADOJAS DE LA CIUDADANÍA LATINOAMERICANA Y UNIVERSAL EN EL ECUADOR El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) condenan la detención incons tucional y arbitraria a la que ha sido some da la académica y periodista Manuela Lavinas Picq, por parte de la Policía Nacional, durante las movilizaciones sociales efectuadas el día jueves 13 de agosto, en el centro histórico de la ciudad de Quito. Según el tes monio de esta ciudadana franco-brasileña, corroborado por registros gráficos y grabaciones de video divulgados por los medios de comunicación y redes sociales, ella fue detenida violentamente por un grupo de policías cuando se percató que iban a proceder de la misma forma con su compañero, el líder indígena Carlos Pérez Guartamel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), una de las organizaciones que encabeza las actuales manifestaciones sociales en el país. Manuela Lavinas Picq se encontraba tomando notas y fotogra as como parte de sus ac vidades profesionales. Las organizaciones de derechos humanos consideran que este procedimiento y la inmediata cancelación de su visa 12-VIII (de intercambio cultural y educa vo), por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante un procedimiento sumarísimo, sin no ficaciones ni mo vación alguna, como lo establece la Cons tución de la República y las normas internacionales de derechos humanos, viola su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa. De manera adicional, las organizaciones de derechos humanos llaman la atención de las autoridades competentes respecto de las evidentes contradicciones y paradojas en las que han incurrido en este caso, pues las normas cons tucionales propugnan “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero” (Art. 416.6 y 416.7) y, a la vez, propician “la creación de la ciudadanía la noamericana y caribeña; la libre circulación

de las personas en la región (…); y la protección de los la noamericanos y caribeños en los países de tránsito y des no migratorio (Art. 423.5). Las organizaciones de derechos humanos también cues onan el procedimiento administra vo sumarísimo para la cancelación del visado de Manuela Lavina Picq, seguramente, invocando las normas anacrónicas de las Leyes de Migración y Extranjería (1971) y sus Codiﬁcaciones (2004 y 2005), que son objeto de análisis y debate de los propios asambleístas que integran el denominado “Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana”, que hace escasos días presentó ante la opinión pública su proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, basado en los principios cons tucionales señalados. En este contexto, las organizaciones de derechos humanos consideran que las autoridades competentes deben dejar sin efecto la cancelación del visado de Manuela Lavina Picq y suspender el actual proceso de deportación por la violación de las normas cons tucionales y los tratados internacionales que garan zan el ejercicio de sus derechos. Las organizaciones de derechos humanos se mantendrán vigilantes de este caso emblemá co que somete a prueba, una vez más, la voluntad polí co-ins tucional y las obligaciones del Estado ecuatoriano de respetar, proteger y garan zar los derechos humanos de ecuatorianos y extranjeros, en igualdad de condiciones.

Lidia García Díaz Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Billy Navarrete Benavides Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Fernando Gu érrez Vera Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) Pablo A. de la Vega M. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Quito / Guayaquil, agosto 20 del 2015 Nota Nº 802-CR-15 COMUNICADO PÚBLICO LLAMAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UN CLIMA DE PAZ La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU), el Centro de Documentación en DerechosHumanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y el Comité Perm anente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expresamos nuestra creciente preocupación por la manera en que se están desenvolviendo los acontecimientos sociales y polí cos en el Ecuador; singularmente, por las muestras de violencia presentes en algunas de las situaciones conﬂic vas que el país está viviendo. La violencia es sica, pero también verbal, que produce y alimenta la primera. Ninguna de ellas cabe en un Estado cons tucional de derechos y jus cia. Las organizaciones de derechos humanos sostenemos que existe un clima de marcada polarización, tanto en lo social como en lo polí co, con tendencia clara a la exclusión de quienes piensan diferente, que contradice uno de los obje vos de una sociedad democrá ca, respetuosa de los derechos humanos, cual es la inclusión económica y social de todos los habitantes. Ese es el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública que están dejando decenas de detenidos, heridos y contusos; los centros de privación de libertad se están llenando de indígenas, campesinos, mujeres humildes y más gentes del pueblo. La represión que el Estado ejerce contra los manifestantes ha tenido en ocasiones caracterís cas brutales, como se desprende de imágenes televisivas y de tes monios directos de los afectados Las organizaciones de derechos humanos demandamos de las autoridades competentes, en especial de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, que las prác cas represivas de la protesta social sean reemplazadas por la necesaria vigilancia y contención de los excesos que pudieran producirse. Instamos también a la inmediata excarcelación de los pobladores de Saraguro, Puyo y de otras localidades y sectores de las provincias de la Sierra y Amazonía donde se han producido detenciones. Que no se prolongue ni exacerbe el clima de confrontación al que aludimos. El derecho a manifestarse pacíﬁcamente debe ser ampliamente respetado, pero también ejercido sin causar daño a las personas, uniformadas o no. Al Gobierno Nacional le toca gobernar, esto es conducir los asuntos públicos buscando el bien común, de todas y todos los ecuatorianos, creando para ello un clima de paz dentro del

cual pueda desarrollarse efec vamente el indispensable diálogo social, con total apertura y sin condicionamientos previos. El Ecuador ene un solo soberano, que es el pueblo en su conjunto y es a él a quien le toca ejercer el poder. Pablo A. de la Vega M. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Fernando Gu érrez Vera Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) Billy Navarrete Benavides Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Lidia García Díaz Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

PRONUNCIAMIENTO POR SEMANA DE LA MOVILIDAD HUMANA La Mesa de Movilidad Humana Región Costa (MMHRC), que integra a más de una docena de organizaciones de la sociedad civil e ins tuciones públicas en Guayaquil, en el marco de la celebración de la Semana de la Movilidad Humana expone el presente comunicado: Observamos con absoluta preocupación e impotencia la situación de millones de personas que han sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen escapando de la violencia generalizada, las crisis económicas y la incer dumbre de no tener un futuro para sí mismos y sus familias. Las crisis humanitarias por desplazamiento forzado se repiten en diferentes regiones del mundo, especialmente en países pobres, aumentando progresivamente su drama smo y su cruda interpelación al orden internacional. No dejamos de conmovernos con las recientes imágenes de esas personas –entre ellas mujeres y niños- en extremo estado de precariedad exigiendo protección luego de atravesar fronteras o llegar a una playa en Europa. Exhortamos a todas las personas a no silenciarnos frente a estos graves daños a la conciencia de la humanidad, a seguir exigiendo a los Estados que estas crisis sean tratadas desde una visión de protección a los derechos humanos. En nuestra región vimos con honda sorpresa la indiscriminada deportación desde el estado de Táchira en Venezuela de 1.467 personas colombianas registradas por la Oﬁcina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) hasta el 8 de sep embre pasado, sin que se considere la situación familiar, ni si eran solicitantes de refugio, ni el derecho a la no devolución. La deportación es la más extrema de las medidas y debe ser aplicada de manera excepcional por su enorme impacto personal y familiar y cuya aplicación de manera colec va se encuentra proscrita por el Derecho Internacional de los Derechos. Manifestamos nuestro estado de alarma frente a estas acciones y pedimos la pronta revisión de esta medida con la ﬁnalidad de devolver la seguridad a todas la población deportada a Colombia. Además exhortamos a declarar abiertamente y al más alto nivel el daño provocado y las acciones para su reparación. En el plano nacional, la Mesa de Movilidad Humana Región Costa sigue expectante el debate en la Asamblea Nacional de Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana después de larga espera. Hemos par cipado ac vamente en los Diálogos convocados

y tenemos varios conceptos que llaman nuestra atención. Esperamos que esta Ley promueva el enfoque de derechos de la seguridad humana por sobre el de la seguridad del Estado. Mo vamos a los diversos sectores sociales a deba r ampliamente este proyecto buscando su armonía con nuestra Cons tución y las normas de Derechos Humanos. Recordamos que este es el Siglo de los Desplazados y una oportunidad para fortalecer nuestra solidaridad. Guayaquil, 10 de sep embre del 2015

Firma de responsabilidad Xavier Gudiño Calle Alejo Lascano 906 entre Avenida Machala y José de Antepara, Barrio Orellana. Teléfono: (+593) 0988323813 / 042399298

Quito / Guayaquil, sep embre 17 del 2015 COMUNICADO PÚBLICO Día Internacional de la Democracia: Espacio para la sociedad civil LA DISOLUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ES LA FORMA MÁS SEVERA DE RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) expresan su profunda preocupación por el anuncio oficial de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) de iniciar el procedimiento de disolución de la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), luego de un período de hos gamiento administra vo, bajo el argumento de haberse apartado de los obje vos para los cuales ha sido creada. Disolución que de concretarse afectaría la Cons tución de la República, primordialmente el Art. 66.13 que establece “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”, así como el Art. 96, mediante el cual “se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y polí cas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno”. Además, según las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garan zar el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación a todos los niveles, dentro de la jurisdicción de cada Estado, así como en el ámbito internacional. Sin embargo, la aplicación en Ecuador de normas de menor jerarquía (como el Decreto 16) sobre aquellas que provienen de la Cons tución de la República, con el propósito de regular este derecho, contravienen principios que caracterizan a un Estado cons tucional de derechos y jus cia. Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que el pasado 16 de sep embre del 2013, mediante una nota verbal dirigida al Gobierno ecuatoriano, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresaron su preocupación por las causales de disolución de una organización civil, que incluyen una referencia imprecisa al desarrollo “de ac vidades de polí ca par dista”, “de injerencia en polí cas públicas que atenten contra la seguridad interna

o externa del Estado” o que “afecten la paz pública”, incluidas en el Decreto 16 (hoy Decreto 739). “Nos preocupa par cularmente que el carácter excesivamente amplio de los mo vos de disolución restrinja indebidamente el derecho de libre asociación y pueda resultar en la disolución de organizaciones civiles pre-existentes, cuyo trabajo se vincula con asuntos de derechos humanos, incluyendo la promoción de la libertad de expresión y de los derechos de los pueblos indígenas, la corrupción, los derechos medioambientales y el monitoreo de polí cas públicas”, dijeron. Estos antecedentes mo van a las organizaciones de derechos humanos a exhortar a las autoridades de la SECOM, a dejar sin efecto la resolución que inicia el procedimiento de disolución de FUNDAMEDIOS, por carecer de valor jurídico e invocar una norma secundaria que contraviene los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, instan a las autoridades de la Cancillería ecuatoriana a responder la solicitud de invitación, del 14 de febrero del 2014, formulada por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, Maina Kiai, para efectuar una visita con la finalidad de dialogar con las autoridades gubernamentales competentes, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para clarificar las alegaciones recibidas y valorar obje vamente la situación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el país. A decir de la Organización de las Naciones Unidas, este Día Internacional de la Democracia, cuyo lema es “Espacio para la sociedad civil”, debe ser “un recordatorio a los gobiernos de todo el mundo que el sello dis n vo de las democracias exitosas y estables es la presencia de una sociedad civil fuerte y que funciona libremente”.Pablo A. de la Vega M., Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Lidia García Díaz, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”(CSMM) Billy Navarrete Benavides, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Fernando Gu érrez Vera, Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU)

Quito / Guayaquil, sep embre 29 del 2015 BOLETÍN DE PRENSA LA TOLERANCIA CERO A LAS DROGAS GENERA REPRESIÓN INDISCRIMINADA HACIA LOS ESLABONES MÁS DÉBILES DE LA SOCIEDAD La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) exhortan a las más altas autoridades del Estado a diseñar polí cas integrales frente a los desa os que plantea la problemá ca de las drogas, dando énfasis a la salud pública y los derechos humanos, colocando en el centro a las personas y superando los enfoques basados en la punición. El anuncio del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, de impulsar urgentes reformas legales e ins tucionales para comba r el microtráﬁco de drogas, que incluyen el endurecimiento de sanciones, a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el traspaso del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (CONSEP) de la Procuraduría General del Estado a la Presidencia de la República, no son las medidas más idóneas para enfrentar un problema mul dimensional y tampoco concuerdan con los avances regionales en la materia, sos enen. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que la polí ca de tolerancia cero ha contribuido en varios países de América La na y el Caribe a incrementar el hacinamiento de los centros de privación de libertad, ha generado tensiones con las garan as y el respeto a los derechos humanos, y ha agudizado la feminización de los delitos de drogas. Una de las prioridades debe ser desconges onar de usuarios de drogas el sistema de jus cia penal. El derecho penal no está concebido para solucionar los problemas sociales o de salud. Otra medida puede ser derivar a los infractores relacionados con las drogas de la jus cia penal a los sistemas de salud pública y asistencia social. Y otra opción viable es imponer medidas de desprisionalización que minimizan la can dad de infractores que cumplen penas priva vas de libertad por infracciones relacionadas con las drogas. Las organizaciones de derechos humanos instan a la Asamblea Nacional a analizar

detenidamente los impactos jurídicos, sociales y económicos de una reforma del COIP para incrementar las penas para mínima y mediana escala por el tráﬁco ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que en el primer caso propone que la condena sea de uno a tres años y en el segundo de tres a cinco años, debate que se efectúa en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. Ecuador debe aprender de los resultados de las polí cas prohibicionistas en América La na y el Caribe que no son alentadores y que han puesto en evidencia que se cas ga y persigue implacablemente a los más débiles de la sociedad, concluyeron.

Pablo A. de la Vega M., Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Lidia García Díaz, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Billy Navarrete Benavides, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Fernando Gu érrez Vera, Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU)

CDH CONDENA ESPÍRITU DE CUERPO MILITAR EN JUICIO POR DELITO DE LESA HUMANIDAD El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se une a las voces de condena a la acción de presión explícita de la cúpula militar en la primera audiencia de llamamiento a juicio por Delito de Lesa Humanidad en el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín el pasado lunes 9 de noviembre en la Corte Nacional de Jus cia. La presencia en pleno de la cúpula militar en el salón de audiencias representa clara expresión de apoyo a los 9 altos mandos acusados de desaparición forzosa, violencia sexual y tortura ocurridos en 1985 en el Ecuador. Además envía un claro mensaje al resto de la sociedad sobre la permanencia ac va del espíritu de cuerpo dentro de la ins tución militar como mecanismo para enfrentar acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos. El CDH considera que la jueza ponente Sylvia Sánchez de la Corte Nacional de Jus cia encargada de la diligencia no debió suspender la acción judicial por mo vo de la ausencia de uno de los acusados debido a la trascendencia de la materia a juzgar y pese a estar habilitada por amplia jurisprudencia en materia de Derechos Humanos. Recordamos la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 5 de marzo de 1983 que estableció la posibilidad de juzgar a una persona “in absen a”, siempre que el acusado haya sido no ficado con la antelación de la celebración de las actuaciones y citado a comparecer en el juicio, a fin de permi rle su defensa. Frente a estas maniobras dilatorias para el juzgamientos de Delitos de Lesa Humanidad, el Fiscal General del Ecuador, Galo Chiriboga, manifestó en diciembre del 2014 que presentaría pedido de enmienda al ar culo 233 de la Cons tución que faculta a juzgar en ausencia a funcionarios públicos involucrados en delitos de peculado, cohecho y otros similares. El Comité de Familiares contra la Impunidad y el CDH insisten en su reclamo de verdad, jus cia y reparación para las 456 víc mas de graves violaciones a los Derechos Humanos registradas por el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador que se encuentran en manos de la Fiscalía desde el 2010 siendo pocos los casos judicializados. Seguimos firmemente pendiente del cumplimiento de las promesas hechas por la Fiscalía General de la Nación y exigimos firmemente evitar tratos revic mizantes y letargo judicial que han denunciado públicamente las familias acusadoras. Guayaquil, 11 noviembre del 2015 Billy Navarrete Benavides Secretario Ejecu vo del CDH

ACNUR EN ECUADOR Desde el año 2000, la oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trabaja en Ecuador apoyando al Estado para proteger a la mayor población refugiada de América La na. El 98% de esta población está compuesta por personas que huyen del conﬂicto armado interno del vecino país, Colombia. Como parte del cumplimiento de su mandato internacional y de las garan as cons tucionales, ACNUR: Ÿ

Vela por la protección de las personas refugiadas como nuestro deber, expandiendo el espacio de la protección al favorecer polí cas públicas, prác cas administra vas y mediante intervenciones especíﬁcas.

Potencia los derechos de los y las refugiadas en el Plan del Buen Vivir del Ecuador promoviendo un ambiente favorable a la integración local y naturalización de refugiados reconocidos en el país.

Asume la responsabilidad de buscar soluciones duraderas que incluyan el uso estratégico del reasentamiento como instrumento de protección y como herramienta de solidaridad, así como una repatriación voluntaria al futuro.

Combate la xenofobia y la discriminación, junto a la sociedad civil y organismos estatales, a través de campañas diseñadas para promover la solidaridad y la convivencia pacíﬁca entre comunidades de acogida y población refugiada. convivencia pacíﬁca entre comunidades de acogida y población refugiada.

MARCO LEGAL Ecuador ra ﬁcó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en 1958 y su Protocolo Adicional de 1967, en 1969. Estos instrumentos están recogidos en el Decreto Presidencial No. 1182, de 30 de mayo de 2012, que regula el sistema de refugio en el país. La Cons tución de la República del Ecuador de 2008 reconoce el principio de

ciudadanía universal y la Movilidad Humana como derecho -sección tercera, ar culo 40-. Además, el ar culo 41 reconoce "los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos". EJES TRANSVERSALES DE LA OPERACIÓN Ÿ

Atención especial a niños, niñas y adolescentes. El conﬂicto afecta directamente a este grupo, quienes pueden verse expuestos a reclutamiento forzoso y trabas al ejercicio de derechos como la educación.

Lucha contra la violencia sexual y basada en género. En el país, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia*. Para las mujeres refugiadas, además, se incluye el hecho de haber sufrido violencia en el país de origen y de asilo.

Atención especial a la diversidad étnica y cultural de la población beneﬁciaria *Fuente INEC, 2011.

POBLACIÓN DE INTERÉS Los refugiados son personas que huyen de su país a causa de un temor fundado de persecución por mo vos de raza, religión, nacionalidad, opinión polí ca o pertenencia a un grupo social y que, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose bajo las consecuencia de tales acontecimientos fuera del país de residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran regresar a él.

Porcentaje de refugiados reconocidos por provincia*

Tungurahua Manabi Orellana Santo Domingo Azuay Guayas Imbabura Carchi Esmeraldas Sucumbios

1.00% 1.11% 2.98% 3.63% 3.91% 5.56% 7.57% 8.92% 10.93% 23.66%

También son todas las personas que huyen 26.80% Pichincha de su país porque sus vida, seguridad o 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extrajera, los conﬂictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador hechas públicas en 2014, unas 60.5000 personas han sido reconocidas como

refugiadas en el país. Las mismas cifras muestras que desde el año 2000, en que había 390 refugiados, alrededor de 190.000 personas han solicitado refugio en el Ecuador. Cerca del 23% de ellos son niños, niñas y adolescentes. El 70% de las personas refugiadas en el país viven en áreas urbanas. La mayor parte del 30% restante permanece cerca de la frontera, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos e infraestructura. 500-600* personas cruzan la frontera cada mes y solicitan protección internacional 60.500 personas reconocidas como refugiadas* 190.000* solicitaron refugio en Ecuador* *Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015. Periodo 2000-2015.

ÁREAS DE TRABAJO Desde 2014, ACNUR ha estado implementando una estrategia mul -anual llamada Inicia va Integral de Soluciones (CSI por sus siglas en inglés), la cual ha permi do a la operación de responder de manera integral a la situación de los refugiados, facilitando soluciones duraderas y acceso a los derechos a través del trabajo comprensivo que integra las dimensiones legal, económica y social. En consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-1017), ACNUR se suma al compromiso del Estado ecuatoriano y la voluntad polí ca de trabajar ac vamente para reducir la pobreza y la desigualdad.

Dimensión legal •Acceso al justo y eﬁciente. •Documentación. •Servicios y jus cia.

Dimensión social •Educación. •Seguridad Social. •Necesidades especíﬁcas (violencia sexual y basada en género; niñez).

Dimensión Económica •Apoyo al consumo. •Empleo y autoempleo. •Servicios ﬁnancieros. •Desarrollo empresarial.

Entre los principales obje vos de CSI en 2016 es la inclusión gradual de los refugiados en los planes nacionales, no simplemente como beneﬁciarios, sino como una población económicamente ac va, que goza de los mismos derechos que los ecuatorianos y con oportunidades de medios

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de vida para mejorar su integración local. El ACNUR también se centra en el fortalecimiento del papel del sector privado para el empleo de los refugiados, el apoyo a la formación profesional de la población de interés para lograr la autosuficiencia, y la promoción de capacidades empresariales mediante la es mulación de las coopera vas y las inicia vas de pequeñas empresas a través de capital semilla y subvenciones. Como parte de la estrategia de medios de vida, ACNUR y la organización asociada HIAS pusieron en marcha, en 2015, un programa piloto llamado Modelo de Graduación con 200 familias en Santo Domingo de los Tsáchilas, que será lanzado en localidades adicionales en todo el país durante el año 2016, para que 1.500 hogares alcancen medios de vida dignos y sostenibles. ACNUR Y SU MANDATO La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR es una organización global dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y ayudar a construir un futuro mejor para las personas refugiadas, las comunidades desplazadas forzadamente y las personas apátridas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia ene el mandato de coordinar la acción internacional para proteger a la población refugiada y resolver sus problemas en todo el mundo. Con la experiencia de casi siete décadas de trabajo, en 125 países, y gracias a unos 9.700 profesionales, ACNUR brinda apoyo a alrededor de 55 millones de personas en su lucha por la supervivencia, para recuperar la esperanza y encontrar de nuevo un hogar. Asentados en la tradición humanitaria de las Américas. A través del Plan de Acción de Brasil (PAB, 2014), firmado por los Estados de la región, incluido Ecuador, América La na ha reafirmado su defensa de los derechos de refugiados, desplazados internamente y apátridas. En Ecuador trabajamos en el terreno desde hace más de 15 años, en favor de la población que huye de los conflictos y de aquéllos que les dan acogida. A través de la colaboración con el Estado, en sus diversos niveles, así como de organizaciones de la sociedad civil y de las propias comunidades, contribuimos a que los refugiados construyan un futuro mejor.

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Apoyamos programas para que esta población alcance formas sostenibles de autosuﬁciencia de modo que a su vez contribuyan al desarrollo del propio país. Favorecemos el respeto a los derechos fundamentales reconocidos de estas personas que han vivido el desarraigo. Trabajamos en un programa de reasentamiento eﬁciente, para apoyar al país y "compar r la carga". Programa este úl mo gracias al cual, desde el año 2003, alrededor de 13.000 personas han sido referidas a terceros países para poder iniciar una nueva vida en ellos.

La estrategia de ACNUR en Ecuador se desarrolla en alianza y colaboración con las ins tuciones del Estado tanto a nivel nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados, así como con la sociedad civil, los medios de comunicación, la cooperación internacional, y el resto de agencias del Sistema de Naciones Unidas. Pero, en especial, en coordinación y alianza con las propias comunidades. Trabajo con socios Asociación Solidaridad y Acción | Asylum Presupuesto Access Ecuador | CAI Ma lde | CECOMET | Comité Permanente por la Defensa de los USD 19.9 millones solicitados 2016 Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) | Funded 7% Comité de Derechos Humanos de Orellana (CDHO) | Corporación Mujer a Mujer (COMAM)| Defensoría del Pueblo | Fondo Gap Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) 93% | Fundación de las Américas (FUDELA) | HIAS | Hogar de Cristo | Fundación Tarabita | Oxfam Italia | PUCE-SE | Servicio Jesuita a Refugiados |UNOPS En el terreno Personal total 112 personas 79 personal nacional y asociado nacional 33 persona internacional y asociado internacional Oficinas 1 oficina de la Representación en Quito 5 oficinas locales: Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio 2 presencia en Tulcán y Cuenca

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