¿A quién beneficia la infraestructura inteligente de medición de energía?

Actualidad gremial

Por: Ramiro Rueda B. Ing. Eléctrico y MBA

El 29 de enero de 2018, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución N° 40072 que obliga a los Operadores de Red –OR- a implementar la Infraestructura de Medición Avanzada –IMA-. Debe hacerlo para el 95% de los suscriptores del país en las zonas urbanas y al 50% de los suscriptores rurales, teniendo fecha límite el 2030, y el proyecto será remunerado con cargo a la tarifa en cuanto a inversiones y al AOM (gastos de administración, operación y mantenimiento necesarios para el funcionamiento) del sistema. Esta resolución, de tajo elimina la opción que brinda la ley a que los usuarios escogidos puedan negarse a tan soberano beneficio.

El resultado significa cambiar cerca de 12.500.000 de medidores, 90% de los suscriptores actuales, aun cuando muchos de ellos tienen todavía varios años de vida útil, y que se han remunerado en la anualidad de los planes de Pérdidas Reconocidas –PR- cobrados en la tarifa.

Según estudios de varios países en donde se han desarrollado importantes proyectos pilotos como Italia, España, o Chile, el costo promedio por medidor (incluidos routers, concentradores, repetidoras, canales y sistemas de comunicación, servidores, bases de datos y software de gestión) es de entre USD 220 y USD 300 por suscriptor, para un sistema de inteligencia media.

Así las cosas, la Base de Remuneración de Activos –BRA-, para determinar el costo de la distribución –D-, que pesa entre el 35 y el 45% de la tarifa final, se incrementará en un valor, por esta primera vez, de cerca de $12 billones, incluidos los sobrecostos locales, que pagaremos todos los colombianos de manera distribuida en el nuevo Costo Unitario del servicio, y no se sabe cada cuántos años. Los pro-IMA dicen que cada que existan en el mercado equipos de mejor tecnología (recordemos cada cuánto cambia la tecnología celular). Los cálculos indican que esto ocurrirá por lo menos cada cinco años que exista revisión de tarifas. Esta operación económica, resultado de la política pública, se puede definir como la socialización de los costos.

Vale destacar que, a la fecha, 25 años ex post de la regulación, supervisión y control del Estado, no se ha exigido a las Empresas de Servicios Públicos, ESP, cumplir con exactitud del 100% del vínculo cliente - red de todos los suscriptores del servicio de energía eléctrica en Colombia, y menos aún su georreferenciación, a pesar de estar remunerarlo en la tarifa. En consecuencia, las cifras oficiales del mercado por localización rural y urbana no existen con la precisión del deber ser y son meras aproximaciones, y de allí surgen las discrepancias en las cifras (se avecinan muchas reclamaciones adosadas al respecto, con abuso de posición dominante incluido y promovido desde el Gobierno). Por esto lo significativo en este análisis es el orden de magnitud.

Con base en algunos estudios de referencia realizados por GTD Ingenieros Consultores en diciembre de 2016 para Chile (con un Mercado No Regulado – MNR- del 70% y Mercado Regulado –MR- del 30%),

y ajustados a nuestra realidad, la ponderación de los beneficios principales, hoy algunos falaces para la actual infraestructura de redes y nuestra distribución de mercado, que se citan como justificación en la resolución, presenta los siguientes resultados:

• Gestión de la demanda: 26% (ahorro del 3% de la factura), y beneficiará, en el caso más optimista, al 10% de los suscriptores.

• Calidad de servicio: beneficiará al 1%, muy pocos suscriptores.

• Reducción de pérdidas: 13%, y hasta ahora no se evidencian beneficios para los clientes.

• Reducción de costos de operación en suspensión, corte, reconexión, lectura y facturación: 40%, que beneficiará a las ESP, y en algo a los suscriptores si estas aplican la ley para trasladar las eficiencias a los clientes, que hasta hoy no existe evidencia de ser así.

• Incremento de los ingresos a los OR por mayores ventas y menores compras de energía: 20%, que no beneficia a los usuarios, solo a las ESP.

Revisando las cifras, es claro que esta operación financiera de evaluación de los ingresos puede citarse como la concentración de los beneficios en no más del 10% de los suscriptores y unas 5 ESP, dueñas del oligopolio del mercado.

También es necesario recordar a la comunidad que este modelo de medición inteligente opera en el Mercado No Regulado desde hace más de 25 años, y la libre competencia creada por tal Infraestructura de Medición Avanzada es nula. La evidencia de los últimos quince o más años es que no hay comercializadores puros con clientes en este segmento del mercado: hoy es oligopólico, y casi monopólico por región, y posiblemente colusivo en manos de no más de 5 empresas. La verdadera competencia se logra eliminando la permisividad de la existencia de los negocios de comercialización con generación y distribución del mercado y permitir solo comercializadores puros, sin participación de las otras actividades del negocio eléctrico.

En conclusión, la definición de políticas de energía eléctrica de este y todos los últimos gobiernos se refleja una vez más en esta resolución: es más de lo mismo. Se implementa el modelo de siempre, diseñado por el poder del mercado, y que garantiza que se concentran los beneficios en menos del 10% de los suscriptores en un escenario optimista (en mi experiencia no lo obtendrán más del 1%), y en no más de 5 ESP y se socializan los costos entre todos los suscriptores, vía tarifa. Incluso, hasta un 10% de ellos pagarán por algo que no recibirán.

Las tarifas, en virtud al incremento referido de la BRA (numerador de la fórmula, y el ahorro de energía en el mercado, según se cita, que divide el BRA para determinar el costo de la Distribución), tendrán un notable incremento, superior al 18% en el costo unitario del KWH. La situación sería diferente, si en justicia y racionalidad de la política pública energética se exige eliminar de la fórmula tarifaria totalmente las PR, (PR=0); se consideren las pérdidas exclusivamente técnicas del 4% según empresas eficientes en el mundo; se reconozca un WACC de carácter internacional, que es el 50% del reconocido en nuestro país; se incorpore la vida útil de los equipos y su depreciación en la totalidad de los activos; se incluyan los verdaderos gastos comerciales; y se exija una base de datos única nacional y certificada para la BRA (Gestión de Activos Pass 55). Todo como ocurre en el mundo exterior de donde copiamos la IMA.

Este modelo de política pública no debe ser de obligatorio cumplimiento sino para los suscriptores cuya relación costo-beneficio sea positiva, aquellos que consuman más de 12.000 KWH/Año como en Alemania, o quienes tengan una capacidad instalada superior a los 450 KW como en España, y solo aplicable con posterioridad a develar por parte de la CREG los valores del modelo tarifario horario (que ya existe sin beneficios notables), o a quienes lo deseen voluntariamente. También por necesidades técnicas a autogeneradores que puedan incursionar en el oligopolio de la venta de microexcedentes de energía al mercado.

Finalmente, se hace necesario buscar con urgencia dirigentes que comprendan que sus elecciones individuales en la definición de políticas de Estado, no pueden dar la espalda a los problemas de injusticia social, desigualdad económica y competitividad empresarial, despreciando la sostenibilidad del entorno cultural, medio ambiental y empresarial. Es indispensable considerar con prioridad las consecuencias en los seres humanos, respecto a nuestras decisiones, para contribuir con nuestra creatividad, intuición y determinación a crear un mundo mejor, más sostenible y sustentable centrado en el ser y no en el tener. No puede primar el “negocio, socio” por encima del equilibrio y la flexibilidad integral de nuestras decisiones, primordiales para la sostenibilidad social basada en el consenso y la participación de las mayorías.

Existen muchos más argumentos de tipo técnico que dejan en evidencia algunas de las verdades a medias citadas en relación con los beneficios y la sustentación de la implementación de la IMA, como la falacia sobre mejoras en la calidad del servicio, que se irán exponiendo a la comunidad con el ánimo de abrir un amplio debate democrático, desde las perspectivas técnica, jurídica, económica y política, con respeto y sin prepotencia, sobre la forma de administrar el bolsillo y el desarrollo de todos los colombianos, sobre todo el de los más afectados con las decisiones.

Coletilla: ¿Por qué los pro-IMA nunca se han comprometido cuantitativamente con una cifra de reducción de tarifa en ningún escenario donde se les pregunta? Será por aquello del pastorcito mentiroso.