Medidas de control aduanero, una necesidad para proteger al sector de juguetes rellenos

Actualidad gremial

Producción de juguetes rellenos, de empresa afiliada a Acopi. Fuente: Archivo Acopi Bogotá

Hace 10 años los empresarios de la industria de juguete de peluches del país advertían a la DIAN sobre los altos volúmenes de importación de muñecos declarados a precios por debajo de los reales. El país pasó de importar 6 millones de unidades en el año 2006 a 32 millones de unidades en el año 2007, de las cuales el 80% se importaban por debajo de 0.07 centavos de dólar, revelando con ello una gigantesca defraudación al fisco nacional y un daño enorme a la estabilidad económica y social de este sector.

Para ese entonces, en la Subdirección de Valoración y Origen de la DIAN se llevaron a cabo reuniones de gremios y empresarios fabricantes, importadores y comercializadores de juguetes, con el fin de discutir y proponer un proyecto de resolución de precios indicativos que sirviera como herramienta de control aduanero para contrarrestar las prácticas de subfacturación en la importación de juguetes.

Como resultado de esas reuniones, la DIAN expidió la Resolución No. 00434 de 19 de noviembre de 2008, que fijó Precios Indicativos de juguetes rellenos y no rellenos para las importaciones procedentes de países con los que no se tuviesen acuerdos comerciales, entre ellos China y Panamá. La Resolución, en general, indicaba la relación de precios internacionales acorde a los tamaños y características de los muñecos a importar.

Desde ese año, los empresarios de los sectores textiles, confecciones y calzado ya contaban con sus listas de precios de referencia expresadas en términos de precios indicativos para contrarrestar, de la misma manera, las prácticas de importación fraudulenta.

Al cabo de un año, estas resoluciones fueron demandadas por Panamá ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, a la cual se encuentran adscritas Colombia y Panamá.

En vista de que aquel Tribunal falló a favor de Panamá, el Gobierno colombiano tuvo que derogar en febrero de 2010 las resoluciones de precios indicativos relacionadas con las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones, calzado y juguetes rellenos y no rellenos.

Dos años después, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la dirección del Doctor Sergio Díaz Granados, decreta en diciembre de 2011, la reducción general de aranceles, entre ellos, para los productos textiles, confecciones, calzado y juguetes. Los aranceles pasaron de 20% a 15% y de 10% a 5%.

Como resumen de lo anterior, se derogaron los precios indicativos, se redujeron los aranceles y entre otras circunstancias, inició el auge del sector minero-energético, se apreció el peso, abarataron las importaciones, se consolidaron los negocios de productos importados, y junto a ellos, los negocios de importación de mercancías ingresadas ilegalmente bajo las modalidades de contrabando técnico y abierto.

De acuerdo a la relación del índice de crecimiento de las importaciones de juguetes de 2010, las importaciones crecieron a ritmos de entre 150% y 250% anual, en tanto las ventas de productos nacionales decrecieron a ritmos de entre 75% y 35% anual con relación al índice 100 de las ventas nacionales desde ese mismo año.

Hoy en día, sin la aplicación de las resoluciones de control aduanero, lo que se persiguió continúa de manera subrepticia: la práctica, o prácticas, de subfacturación. El 80% de las importaciones totales de juguetes se importan por debajo de 1.50 centavos de dólar y de éstas, el 60% se declaran por debajo de 0.50 centavos de dólar. Causan con estas prácticas un gravísimo daño a la sana competencia del sector, a la producción y al empleo nacional, y por supuesto, al recaudo aduanero y tributario del país.

Desde mediados de 2017, los sectores de textiles, confecciones y calzado ejercen una fuerte presión gremial con masivas protestas y movilizaciones en ciudades y municipios del país, para que el Gobierno gradúe las medidas de control aduanero y arancelario a niveles que reviertan eficazmente la relación de precios y los volúmenes de importaciones fraudulentas.

Frente a esta coyuntura, Acopi Bogotá–Cundinamarca solicitó en octubre de 2017 al MinCIT incorporar al sector de fabricantes de juguetes rellenos y no rellenos dentro del alcance del proyecto decreto de medidas de control aduanero y arancelario. Esta solicitud nos fue denegada porque, según comunicación recibida del Ministerio, el sector de juguetes rellenos “no hacia parte de los sectores objeto de la medida”, la cual aceptamos como un hecho, ya que aquellos sectores desde años anteriores vienen formando parte de las mesas de trabajo previas al vencimiento y renovación anual de los decretos.

Siendo así, nos corresponde formalizar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la formación de una mesa de trabajo representada por gremios, empresarios fabricantes, comercializadores e importadores de juguetes, para solicitar la adopción de medidas de prevención y control aduanero y arancelario para juguetes rellenos y no rellenos, descritos en la subpartida arancelaria 9503.00.93.00, y solicitar, a su vez, al Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, desdoblar esta subpartida para asignarle a los juguetes rellenos y no rellenos su propia nomenclatura. De otra parte, formalizar ante la Subdirección Técnica Aduanera de la DIAN la constitución de la mesa de trabajo, con el objeto de actualizar los precios de referencia para efectos de control del riesgo aduanero.