PREOCUPACIONES DEL EMPRESARIO EN ÉPOCA ELECTORAL VERSUS SU DECISIÓN DE VOTO

Editorial

Alfredo Castellanos Presidente de la Junta Directiva

Alta preocupación y desconcierto han generado dentro del empresariado colombiano los anuncios económicos del gobierno en plena época electoral.

La pequeñas y medianas empresas, sobre todo las del sector industrial, vienen padeciendo el fuerte impacto por las medidas recesivas tomadas por el Gobierno y el Congreso en los últimos años. La reforma tributaria que elevó el IVA al 19 por ciento generó una inmediata disminución de las ventas y del consumo de los colombianos. Las rebajas indiscriminadas y unilaterales de los aranceles a la importación de productos que Colombia es capaz de fabricar, han puesto en desventaja a los productores nacionales al perder ventas frente a competidores extranjeros que colocan sus productos subsidiados con arancel cero. Los trámites y reportes de todo tipo impuestos por las diferentes autoridades obligan a las empresas -a grandes y pequeñas por igual- a asumir nuevos costos. Decenas de empresas tienen que dedicar ingentes recursos a esta tramitología y en vez de producir terminan concentradas en elaborar reportes al Estado. Los altos costos de energía, la constante alza de lubricantes y combustibles y en general de los precios controlados por el Gobierno suben muy por encima de la inflación encareciendo la producción nacional haciéndole perder competitividad al país. Y los TLC, que ya casi nadie defiende, -sólo el gobierno y un joven e inexperto candidato presidencial lo hacen- por los efectos negativos para el empleo y la producción industrial y agropecuaria que ya no se pueden ocultar, tienen al país importando casi toda la comida y los artículos que antes producían empresas y trabajadores colombianos.

Como si fueran pocos los estragos por estas y otras medidas que agobian a las empresas colombianas, y que ha llevado a que el desempleo alcance los dos dígitos, ahora el Gobierno nacional anuncia, por enésima vez, que ya tiene casi listo el ingreso de Colombia a la OCDE, que va a retomar negociaciones de TLC con Japón, Turquía y que dentro del marco de la Alianza del Pacífico, que a pesar de que no ha respondido a las expectativas que generó, negociará con Singapur, Nueva Zelanda y Australia, que son fuertes productores de lácteos, entre otros, y que competirán con la producción nacional. Es como si el Gobierno Santos quisiera dar la estocada final a la industria nacional antes de entregar el gobierno.

El prometido ingreso a la OCDE que tanto desvela al Gobierno, a pesar de que en una gran cantidad de indicadores Colombia está mucho más atrasada que los países que integran esta organización, como los casos de educación, salud, ciencia, etc., enfrenta ahora un nuevo obstáculo y es que Estados Unidos, para dar su apoyo a este ingreso, ha puesto duras condiciones difíciles de cumplir. Primero que se abandone el programa de chatarrización que permite importar un nuevo vehículo por cada uno que se chatarrice, política que, a pesar de los fraudes y demás anomalías, impide que crezca aún más el parque automotor que, al haber crecido mucho en los últimos años, le quita poder de negociar tarifas adecuadas a los transportadores. Lo que buscan los empresarios estadounidenses es que Colombia importe sin ninguna restricción tractomulas. Otros condicionamientos se refieren a un endurecimiento de la legislación en materia de propiedad intelectual, de tal forma que se garanticen mayores privilegios a los que se benefician del comercio electrónico, la industria del entretenimiento y el usufructo de Internet y las redes sociales. Finalmente, y obedeciendo a la presión del gremio de laboratorios estadounidenses PHARMA, se busca evitar que el Gobierno facilite la expedición de licencias para la producción de medicamentos de alto costo, de tal forma que se abarate su adquisición.

Todo revela que la política de comercio internacional del Gobierno, en lugar de promover realmente la diversificación de las exportaciones y la promoción de la exportación de productos con valor agregado, lo que ha hecho es colocar en desventaja el agro y la industria nacionales, ante competidores que tienen mayor músculo económico y el apoyo de sus respectivos gobiernos.

Estos aspectos de no poca monta para el desempeño de las empresas, son parte de los elementos de juicio que los empresarios debemos sopesar a la hora de definir por quién vamos a votar en las elecciones presidenciales. Y no basta con sólo escuchar recitadas algunas propuestas ni con leer los programas de gobierno de los diferentes candidatos. La trayectoria y ejecutorias de los candidatos permite ver si son creíbles sus promesas. No se puede creer a candidatos que han pertenecido o representan a los gobiernos que han tomado las medidas que han perjudicado a la producción nacional, firmando los TLC, imponiendo las NIIF, que apoyaron el incremento del IVA – votando a favor o haciendo quorum-, que han permitido el abuso de los bancos, etc. Hay un candidato, que lo ha hecho bien, que es independiente de los mismos con las mismas, que no polariza, que no está untado de corrupción y a quien acompañan personajes que se han caracterizado por su trabajo en contra de la corrupción y en defensa de la producción nacional. Es la mejor opción del momento para el país y la PyME.