TRATAMIENTO JURÍDICO DADO POR EL TRIBUNAL DE TIERRAS DE JURISDICCIÓN ORIGINAL A LOS HONORARIOS

TRATAMIENTO JURÍDICO DADO POR EL TRIBUNAL DE TIERRAS DE JURISDICCIÓN ORIGINAL A LAS COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS DE LOS ABOGADOS, EN EL SANEAMIENTO LITIGIOSO

Por: ING.+LIC. YUNIOR ANDRÉS CASTILLO SILVERIO.Correo: yuniorandrescastillo@gmail.com Celular: 1-829-725-8571

“NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION”® Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2022.

“DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN – POR SIEMPRE”®

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema La presente investigación versa sobre las dificultades legales que enfrentan los abogados para el reclamo de las costas y honorarios en los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original, como Primera Instancia en la Jurisdicción Inmobiliaria, lo que tiene su origen en las tarifas irrisorias que establece la ley 302 sobre honorarios de abogados, en razón de que las mismas no se corresponden con la realidad económica actual en República Dominicana, a la vez que en la gran confusión existente entre los términos costas y honorarios.

Con la promulgación de la Ley número 302 sobre Honorarios de Abogados de 18 de junio de 1964, G.O.No. 8870, modificada Ley 302, se incorporan al ordenamiento jurídico dominicano figuras jurídicas novedosas, entre las que se encuentran las costas y honorarios de los abogados. Sin embargo, y no obstante tener dicha normativa más de cincuenta y cinco años de su implementación, existen situaciones preocupantes en los Tribunales de Primera Instancia como los de la Jurisdicción Inmobiliaria, que han llamado poderosamente la atención y han cautivado el interés del investigador, respecto al tema objeto de estudio.

Para Castillo. Y, (2022), Una primera realidad observada lo es las pocas veces que, por ante los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original, es sometida una solicitud de aprobación de estado de costas, a pesar de que la ley 108-05 en su artículo 66 establece que: en todos los procesos judiciales conocidos por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria con excepción del saneamiento, se podrá condenar al pago de las costas a la parte que sucumba, el tribunal apoderado aprueba las mismas de acuerdo con la ley.

Una segunda realidad observada es que la redacción del artículo 66 indica que es una facultad del juez, a diferencia del derecho común, donde queda claro que la condenación es un mandato y no una opción del tribunal. La única excepción a esta regla, en materia de tierras, es el saneamiento, por mandato expreso de la ley.

Por ello, se entiende que constituye una obligación del juez referirse respecto de las costas del proceso, tanto en materia civil como en lo inmobiliario, no sólo por las disposiciones legales antes expuestas, sino además porque de no hacerlo incumpliría además con su obligación de estatuir; y por su parte, al tratarse de un asunto de puro interés privado, si la parte gananciosa no solicita condenación en costas (o la solicita, pero no pide distracción), lo correcto es que se produzca su condenación en costas sin distracción.

Para Castillo. Y, (2022), Por otro lado, el artículo 89 del Reglamento de los Tribunales de Tierras, establece que la parte en beneficio de la cual se ordena el pago de las costas, dispondrá de un plazo de quince (15) días para someter al Juez o Tribunal correspondiente, la instancia de validación del estado de costas”.

Este plazo no está en la Ley 108-05 ni en alguna otra ley aplicable, tampoco esta disposición viene acompañada de una consecuencia legal, es decir, no se establece qué pasaría si el reclamante de las costas deja transcurrir el referido plazo de quince (15) días; y ante este vacío, es correcto interpretar –de acuerdo a las reglas del artículo 37 de la ley 834-1978– que a falta de un texto que prevea nulidad o inadmisibilidad, no puede imponerse una consecuencia de derecho para el reclamante en costas en base a ese artículo 89.

Para Castillo. Y, (2022), Es precisamente lo central del problema en materia inmobiliaria, ya que los tribunales, además de que tardan mucho tiempo para su aprobación o rechazo, adoptan una actitud escéptica e imponen muchas exigencias burocráticas que no están previstas en la ley que rige la materia, conllevando ello al congestionamiento de expedientes y la dilación en dar respuestas a dichas solicitudes, dentro de un plazo razonable, con lo cual se transgrede el artículo 69, numerales 2 y 10 de la Constitución Dominicana.

El problema anteriormente planteado, además de que afecta la administración de justicia, disminuye el interés de los abogados en someter solicitudes de aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios mínimos tarifados, pues del grado de conocimiento y manejo de dicha norma legal dependerá en gran medida el desarrollo de la justicia y la solución rápida a las solicitudes formuladas a esos fines.

Para Castillo. Y, (2022), Dicho problema constituye una situación que afecta la imagen de la justicia y la labor efectiva y decorosa que desean realizar los abogados y jueces, por lo que la presente investigación contiene los elementos necesarios que forman el planteamiento del problema y llenan los requisitos exigidos para que la misma contribuya en gran medida a la solución de dichas dificultades y aporta las posibles respuestas que al final de la misma se darán. Por lo que surgen las presentes interrogantes: ¿En qué medida se aplica lo establecido en la ley 302 para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original?

Sistematización ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original? ¿En qué medida existe dualidad entre la ley 302 y la ley 108-05 para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios de los abogados? ¿Cuál ha sido el enfoque jurisprudencial para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original?

1.2 Importancia y Justificación Conforme lo describe Hernández (2010, pág. 39) la Justificación indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Por medio de la justificación se debe

demostrar que el estudio es necesario e importante, pues son los motivos que llevan al sujeto investigador a realizar el proyecto investigativo, es lo que lleva a responder la pregunta, por qué se lleva a cabo la investigación y como señala el aludido autor, se debe tener en cuenta la conveniencia, la relevancia social y práctica, el valor teórico, entre otros aspectos.

Para Castillo. Y, (2022), En ese sentido, la presente investigación se justifica porque aborda tópicos indispensables para la solicitud, aprobación y cobro de las costas, gastos y los honorarios de los abogados en la Primera Instancia, y le brinda la oportunidad a los abogados y jueces de conocer los textos legales que regulan esta materia, así como los procedimientos instituidos para su solicitud, aprobación y homologación del contrato de cuota litís.

La presente investigación reviste vital importancia, ya que estudia con profundidad los cánones legales y los procedimientos efectivos que les permiten a los jueces y profesionales de la abogacía conocer las herramientas jurídicas existentes para el dominio pleno de las formalidades necesarias para la aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios, y su posterior cobrabilidad.

Para Castillo. Y, (2022), que es un investigador y abogado, el hecho de que la mayoría de los letrados litigantes en esta jurisdicción, exhiban un papel tan pasivo al momento en que legalmente están facultados para solicitar la aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios, no obstante ser de su conocimiento el derecho que sobre el particular poseen y las respuestas lentas e indiferentes dadas por los jueces a la hora de decidir al respecto, constituyen motivos y razones suficientes para que el investigador se interese por el tema objeto de estudio.

La presente investigación es novedosa, en razón de que aborda tópicos recientes, que si bien han sido objeto de estudio por otros investigadores, en la presente son tratados con mayor amplitud, desde el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia, siendo uno de los pocos estudios realizados en esta materia.

Para Castillo. Y, (2022), esta investigación es de significativa relevancia e idoneidad para la sociedad, ya que en la República Dominicana existe un número elevado de abogados, lo que significa que tiene una gran trascendencia social, al resolver una problemática de carácter económico que contribuye a engrosar el patrimonio de los profesionales de la toga, a la vez que llena un gran vacío de conocimiento en la clase jurídica nacional, por lo que además tiene una repercusión en la economía y en la protección a las garantías constitucionales que debe el Estado a los particulares.

En el ámbito académico, contribuye con incremento de las referencias bibliográficas en la República Dominicana sobre el tema objeto de estudio, que hasta la fecha es exigua, y al avance del conocimiento de abogados y jueces que es muy limitado en esta materia, ya

que a través de la presente investigación se dará a conocer el tratamiento jurídico o aparato legal que envuelve el tema de las costas, gastos y honorarios de los abogados en la Primera Instancia, lo cual les permitirá a los abogados litigantes en esta jurisdicción y a los mismos jueces resolver rápida y fácilmente las peticiones presentadas a esos fines, y además los letrados y jueces tendrán un mejor dominio en cuanto a la aplicación de las indicadas normas adjetivas.

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general Analizar en qué medida se aplica lo establecido en la ley 302 para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

1.3.2 Objetivos específicos   

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Verificar los procedimientos a seguir para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

Determinar en qué medida existe dualidad entre la ley 302 y la ley 108-05 para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios de los abogados.

Verificar el enfoque jurisprudencial existente para la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

Determinar el porcentaje de abogados que han solicitado aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

Identificar los factores que inciden en las solicitudes de aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

Conocer la percepción de la comunidad jurídica acerca de la aplicación de la Ley 302 sobre honorario de los abogados.

MARCO TEÓRICO Con la promulgación de la Ley número 302 sobre Honorarios de Abogados de 18 de junio de 1964, G.O.No. 8870, modificada por la ley 302, se incorporan al ordenamiento jurídico dominicano figuras jurídicas novedosas, entre las que se encuentran las costas y

honorarios de los abogados. Sin embargo, y no obstante tener dicha normativa más de cincuenta y cinco años de su implementación, existen situaciones preocupantes que han llamado poderosamente la atención y han cautivado el interés del investigador, respecto al tema objeto de estudio.

Las costas se definen como la indemnización que debe el vencido al vencedor, cuando el juez por ministerio de la ley, condena al resarcimiento de esa parte de los gastos causados.

En este sentido, Monción (2017) entiende por costas, la condena pecuniaria impuesta por el juez, a pedimento de parte, al perdedor en la demanda, con el objetivo de que se pague los gastos en que incurrió el demandado al defenderse de la demanda en su contra.

Así mismo, la ley 108-05 en su artículo 66 establece que en todos los procesos judiciales conocidos por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria con excepción del saneamiento, se podrá condenar al pago de las costas a la parte que sucumba, el tribunal apoderado aprueba las mismas de acuerdo con la ley.

La problemática estriba, en el hecho de que en Materia Inmobiliaria, muy pocas veces es sometida una solicitud de aprobación de estado de costas a los tribunales, además de que tardan mucho tiempo para su aprobación o rechazo, adoptan una actitud escéptica e imponen muchas exigencias burocráticas que no están previstas en la ley que rige la materia, conllevando ello al congestionamiento de expedientes y la dilación en dar respuestas a dichas solicitudes, dentro de un plazo razonable, con lo cual se transgrede el artículo 69, numerales 2 y 10 de la Constitución Dominicana.

El problema objeto de la presente investigación consiste en las dificultades legales que enfrentan los abogados para el reclamo de las costas y honorarios, lo que tiene su origen en el limitado conocimiento que tienen la mayoría de los profesionales de la toga y muchos jueces en relación al tema objeto de estudio, a la vez que en el desinterés de los abogados en obtener la aprobación de los estados de costas, gastos y honorarios mínimos tarifados, debido a las tarifas irrisorias que establece la ley 302 sobre honorarios de abogados, en razón de que las mismas no se corresponden con la realidad económica actual en República Dominicana, a la vez que en la gran confusión existente entre los términos costas y honorarios.

La situación planteada, además de que afecta la administración de justicia, disminuye el interés de los abogados en someter solicitudes de aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios mínimos tarifados, pues del grado de conocimiento y manejo de dicha norma legal dependerá en gran medida el desarrollo de la justicia y la solución rápida a las solicitudes formuladas a esos fines.

Dicho problema constituye una situación que afecta la imagen de la justicia y la labor efectiva y decorosa que desean realizar los abogados y jueces, por lo que la presente investigación contiene los elementos necesarios que forman el planteamiento del

problema y llenan los requisitos exigidos para que la misma contribuya en gran medida a la solución de dichas dificultades y aporta las posibles respuestas que al final de la misma se darán. Por lo que surgen las presentes interrogantes: ¿Qué tratamiento jurídico le han dado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original a las Costas, Gastos y Honorarios de los abogados, en el saneamiento litigioso? ¿Qué porcentaje de abogados han solicitado aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original? ¿Cuál es el cumplimiento de los requisitos establecidos para aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original? ¿Cuáles factores inciden en las solicitudes de aprobación de estados de costas, gastos y honorarios por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original? ¿Cuál es la percepción de la comunidad jurídica acerca de la aplicación de la ley 302 sobre honorario de los abogados?

En ese sentido, la presente investigación se justifica porque aborda tópicos indispensables para la solicitud, aprobación y cobro de las costas, gastos y los honorarios de los abogados en la Primera Instancia, y le brinda la oportunidad a los abogados y jueces de conocer los textos legales que regulan esta materia, así como los procedimientos instituidos para su solicitud, aprobación y homologación del contrato de cuota litis.

La presente investigación reviste vital importancia, ya que estudia con profundidad los cánones legales y los procedimientos efectivos que les permiten a los jueces y profesionales de la abogacía conocer las herramientas jurídicas existentes para el dominio pleno de las formalidades necesarias para la aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios, y su posterior cobrabilidad.

El investigador es abogado y el hecho de que la mayoría de los letrados litigantes en esta jurisdicción, exhiban un papel tan pasivo al momento en que legalmente están facultados para solicitar la aprobación de sus estados de costas, gastos y honorarios, no obstante ser de su conocimiento el derecho que sobre el particular poseen y las respuestas lentas e indiferentes dadas por los jueces a la hora de decidir al respecto, constituyen motivos y razones suficientes para que el investigador se interese por el tema objeto de estudio.

La presente investigación es novedosa, en razón de que aborda tópicos recientes, que si bien han sido objeto de estudio por otros investigadores, en la presente son tratados con mayor amplitud, desde el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia, siendo uno de los pocos estudios realizados en esta materia.

Esta investigación es de significativa relevancia e idoneidad para la sociedad, ya que en la República Dominicana existe un número elevado de abogados, lo que significa que tiene una gran trascendencia social, al resolver una problemática de carácter económico que contribuye a engrosar el patrimonio de los profesionales de la toga, a la vez que llena un gran vacío de conocimiento en la clase jurídica nacional, por lo que además tiene una repercusión en la economía y en la protección a las garantías constitucionales que debe el Estado a los particulares.

En el ámbito académico, contribuye con incremento de las referencias bibliográficas en la República Dominicana sobre el tema objeto de estudio, que hasta la fecha es exigua, y al avance del conocimiento de abogados y jueces que es muy limitado en esta materia, ya que a través de la presente investigación se dará a conocer el tratamiento jurídico o aparato legal que envuelve el tema de las costas, gastos y honorarios de los abogados en la Primera Instancia, lo cual les permitirá a los abogados litigantes en esta jurisdicción y a los mismos jueces resolver rápida y fácilmente las peticiones presentadas a esos fines, y además los letrados y jueces tendrán un mejor dominio en cuanto a la aplicación de las indicadas normas adjetivas.

En virtud de la Ley No. 91, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, es necesario comparecer a los procesos en materia de derecho privado, mediante el ministerio de abogados, salvo los casos particulares que la propia ley consagre que no es menester la representación mediante abogados (materia laboral, de amparo, etc.).

El contrato que suscribe el abogado con su cliente se denomina “Cuota Litis”, que significa una parte del litigio, esto es, que en caso de resultar ganancioso en el proceso, al abogado le corresponderá una parte de los beneficios adquiridos por el cliente. Este beneficio, por ley, nunca podrá ser mayor de un 30% de valor del litigio, ni menor de las tarifas mínimas instituidas en la Ley No. 302, que regula los Honorarios de los Abogados.

Se ha juzgado que producto de un cuota litis se produce un verdadero contrato de mandato, en que el cliente es el mandante y el abogado el mandatario; por tanto, los preceptos instituidos en el Código Civil respecto del mandato, han de regir al momento de estudiar los efectos de la contratación suscrita entre el abogado y su cliente, de cara a posibles procesos judiciales como secuela de diferencias en relación al pago de los honorarios profesionales. También se ha decidido que no existe una fórmula sacramental para llevar a cabo el contrato o pacto de cuota litis; incluso, ha sido reconocida la posibilidad de suscribir un cuota litis verbal; siendo soberana apreciación de los jueces la cuestión de saber si en cada caso concreto ha mediado o no un cuota litis entre un abogado y una persona en particular.

Por mandato expreso del artículo 2004 del Código Civil, sobre el mandato, el mandante puede revocar el mandato cuando lo estime de lugar, lo cual aplica extensivamente al cuota litís suscrito entre cliente y abogados. Pero es obligación del cliente que revoca

el mandato a su abogado, pagar los honorarios que se hayan producido hasta el momento de la revocación.

Para tramitar con éxito la liquidación de los honorarios profesionales, los abogados deben detallar cada partida en su escrito de solicitud. En base a cada partida, el tribunal decidirá atendiendo a los parámetros generales de la Ley No. 302, y a la realidad monetaria al momento de producirse la liquidación. Y no debe perderse de vista que por aplicación del artículo 1 de la citada Ley No. 302, los abogados pueden acodar con sus clientes los montos que estimen de lugar en relación a sus honorarios, sin superar el consabido 30%.

Las tarifas previstas en el artículo 8 de la referida ley, que son muy bajas al día de hoy, solamente representan el mínimo que pueden acordar los abogados con sus clientes. Esas tarifas pírricas únicamente representan el máximo frente a la contra parte que resulta perdidosa, ya que la posibilidad de acordar montos mayores es en virtud del principio de la autonomía de la voluntad (Art. 1134 CC), pues entre el abogado y su cliente se genera un verdadero contrato; no así entre el abogado de la parte que triunfa y la contraparte: como no hay relación contractual entre ellos, deben aplicar los montos de ley.

Aunque no de manera constante, pero se ha juzgado que “costas” es un concepto genérico que abarca también los honorarios de los abogados. No obstante, vale destacar que en estricto orden procesal, se ha dicho que costas son los gastos producidos propiamente por el procedimiento (citaciones, etc.), en tanto que los honorarios son las remuneraciones hechas propiamente por las diligencias de los abogados: instancias, consultas, etc.

Aunque no lo precise expresamente la Ley No. 302, se ha juzgado jurisprudencialmente que el vocablo “vacación” empleado por el legislador en el artículo 8 de dicha normativa, al detallar las partidas de los honorarios de los abogados, ha de interpretarse como toda diligencia hecha por el abogado fuera de su despacho: visitar al tribunal, realizar trámites ante instituciones, etc.

No obstante la situación de que las tarifas previstas en el artículo 8 de la Ley No. 302 son irrisorias al día de hoy, existe un precedente en el sentido de considerar que los tribunales deben, por la razonabilidad constitucional instituida en el artículo 40.15 de la Constitución, adaptar las partidas en cuestión a la realidad monetaria del día de la liquidación, cuando sea necesario aplicarlas.

Por ley, ningún abogado debe aceptar un caso sin antes cerciorarse de que el abogado anteriormente apoderado del mismo proceso ha sido ya desinteresado. De no proceder de esa forma, existen sanciones disciplinarias ante el Colegio de Abogados. Sin embargo, dado que el principio general es que en materia civil el mandato se presume, en caso de que exista algún contencioso entre dos abogados que se disputen una representación en un proceso determinado, para los fines específicos de dicho proceso, será considerado como abogado apoderado aquel que figure en la última actuación procesal; o bien aquel que identifique personalmente la parte representada, en caso de comparecer al tribunal personalmente, sea de manera voluntaria y espontánea, o sea a pedido de alguno de los abogados en disputa. Ya la solución del aspecto disciplinario entre el primer abogado

desapoderado frente a su cliente, así como las situaciones entre el primer abogado desapoderado y el nuevo abogado, son tema de otros procesos que no deben detener el curso del litigio de que está apoderado el tribunal al momento de suscitarse las diferencias sobre la representación de un abogado determinado. Y según la jurisprudencia, solamente a la parte representada y al abogado cuestionado le corresponde opinar sobre dicho diferendo, nunca a la barra contraria.

Los tribunales inferiores han tenido ocasión de decidir en el sentido de que entre el abogado y su cliente, se produce una verdadera relación de proveedor y usuario, al tenor de la Ley No. 358-05 sobre los Derechos del Consumidor; por tanto, no han venido siendo homologadas las cláusulas penales que insertan algunos letrados en los cuota litis, en el sentido de imponer como pena el pago de montos monetarios en caso de revocar el mandato antes de culminar el proceso. Esto así, bajo el entendimiento de que dicha previsión constituye una cláusula abusiva, a la vista del artículo 83 de la citada Ley No. 358-05, justamente por supeditar la terminación del contrato al pago de sumas distintas y adicionales a lo inicialmente acordado entre las partes. Se ha considerado como contrato de adhesión el cuota litís, por el hecho notorio, de dominio público, de que los contratos de cuota litís son entregados a los clientes con el contenido previamente elaborado, sin que muchas veces sean leídos por dichos clientes.

Lo anterior en modo alguno implica que en caso de revocarse su mandato, el abogado no tenga derecho a liquidar sus honorarios, con privilegio de ejecución; pero dicha liquidación en buen derecho ha de ser solamente por los servicios profesionales prestados hasta el momento de revocarse su mandato, y nada más.

La jurisprudencia ha diferenciado entre la “homologación” del cuota litís y la “liquidación” de los honorarios. La primera constituye una acto de pura administración de justicia, en atribuciones administrativas, lo cual se impugnaría mediante una acción principal en nulidad, en tanto que la segunda (liquidación) se atacaría mediante el recurso de impugnación consagrado en el artículo 11 de la Ley No. 302 sobre Honorarios de Abogados. Esta ley No. 302, en ninguna parte sostiene la “homologación” en relación a los contratos de cuota litís; eso es creación de la práctica cotidiana. El párrafo III del artículo 9 de la aludida Ley No. 302, lo que sí establece es que no podrán los tribunales apartarse de lo acordado por las partes al momento de proceder a liquidar los honorarios.

El auto de liquidación, una vez confirmado en la lazada, representa un verdadero título ejecutorio. La decisión graciosa de homologación de un cuota litís, no es un título ejecutorio per se, sino una constancia de lo acordado por las partes, la cual habrá de servir para justificar medidas conservatorias o para fundamentar una demanda en cobro de dinero, que finalmente dé lugar a una sentencia, la que una vez firme sí será un verdadero título ejecutorio.

Finalmente, ha de reseñarse que es de cardinal importancia que los abogados documenten bien cada diligencia, sea mediante copia de las actas de audiencia, de las instancias redactadas, de las consultas hechas, etc., a fines de que los tribunales cuenten con un aval para aprobar las tarifas reclamadas mediante el procedimiento gracioso previsto en la Ley No. 302, cuyo trámite se esquematiza en la parte siguiente de este materia didáctico.

Pasos que conforman el procedimiento de liquidación de los honorarios de los abogados: 1.- Redacción de la instancia de solicitud de liquidación: No existe un formato particular para redactar la instancia mediante la cual se solicita la liquidación de los honorarios de los abogados. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que dicha solicitud debe siempre contener las siguientes informaciones mínimas: a) Fecha de la solicitud; b) Tribunal al que va dirigida la solicitud, que debe ser el mismo donde se instrumentó el proceso que generó los honorarios a liquidar; c) Nombre del abogado solicitante d) Nombre del cliente o patrocinado; e) Detalle de las partidas a liquidar, indicando el importe de cada una y el concepto.

2.- Remisión de la instancia al tribunal: Tal como se ha adelantado en el paso precedente, en jurisprudencia se ha establecido que el tribunal donde debe tramitarse la solicitud de liquidación de honorarios es aquel donde se ventiló el proceso en que prestó sus servicios el abogado peticionario de liquidación. Por consiguiente, cuando se trate de tribunales divididos en salas, por mandato de la Ley No. 50-00, la instancia de liquidación debe canalizarse ante la Presidencia, a fines de que ese órgano remita el asunto para ante la sala que conoció del caso. Si bien se trata de un mismo tribunal, el precedente ha sido que entre las salas se declinen los procesos, a fines de que sea la sala precisa que conoció del asunto la que estatuya en torno a los honorarios, ya que por lógica elemental estaría en mejor condiciones para evaluar las partidas sometidas. Incluso, ha venido siendo práctica de muchos abogados el solicitar –motu proprio- el apoderamiento directo desde la Presidencia hacia la sala precisa que conoció el caso generador de las costas a liquidar. Este proceso de sorteo y apoderamiento directo se verifica de igual manera, tanto en primera instancia como en las Cortes de Apelación divididas en salas.

En los tribunales que no están divididos en sala, la remisión de la instancia de liquidación de honorarios debe tramitarse directamente ante la secretaría del tribunal que conoció del asunto.

3.- Dictado del auto de liquidación: En el estado actual de nuestro ordenamiento procesal, los autos que liquidan los honorarios de los abogados, igual que las sentencias de fondo, no tienen una fecha predeterminada para su lectura; por tanto, la parte interesada al momento de someter su instancia de liquidación no tiene la certeza del momento exacto en que el tribunal va a decidir al respecto. Es por eso que el peticionario de liquidación debe permanecer dando seguimiento al asunto, sea personalmente o mediante algún paralegal o asistente. En caso de transcurrir un lapso prudente sin que se produzca la decisión, es conveniente someter una instancia contentiva de una solicitud de decisión, hecha directamente en la secretaría de la sala o tribunal apoderado de la solicitud.

También contribuye al seguimiento efectivo del caso, el gestionar citas con personal calificado del tribunal, sean ayudantes o los jueces mismos, a fines de inquirir acerca del estado de su petición.

El auto de liquidación de costas y honorarios se dicta en materia graciosa; por tanto, puede ser introducido y reintroducido tantas veces como estime pertinente la parte interesada, puesto el principio general es que las decisiones graciosas nunca adquieren autoridad de

la cosa juzgada. Así, es útil, en caso de no estar conforme con la primera decisión de liquidación, estudiar las motivaciones dadas por el tribunal, a fines de determinar si es posible subsanar alguna situación, evitando perder tiempo mediante un recurso de impugnación, el cual supone un trámite particular; tal sería el caso de un rechazo de la solicitud de liquidación por estar todas las piezas en fotocopias: es recomendable en ese caso reintroducir la solicitud con los originales, antes de acudir a la impugnación del artículo 11 de la Ley No. 302.

4.- Recurso de impugnación contra el auto de liquidación de honorarios: En caso de no estar conforme con la decisión de liquidación, y de no ser factible rectificar alguna situación ante el mismo tribunal de primer grado, mediante una instancia de “reconsideración”, el abogado interesado puede impugnar el auto de primer grado mediante el recurso de impugnación establecido en el artículo 11 de la Ley No. 302, ante el tribunal inmediatamente superior al que dicto la decisión, si el mismo es unipersonal, como los juzgados de paz y los de primera instancia. En tribunales colegiados, como las cortes de apelación, la liquidación se conoce en primer grado ante el Presidente de la sala, y la impugnación ante el pleno de la sala, compuesto por una matrícula de cinco jueces: perfectamente el pleno de la sala pudiera revocar la liquidación hecha por el Presidente.

5.- Ejecución del auto de liquidación: Por mandato de la Ley No. 302 sobre Honorarios de Abogados, el crédito contenido en un auto de liquidación de honorarios de abogados es privilegiado; por tanto, es exigible con prelación frente a acreedores quirografarios.

Pero jurisprudencialmente se ha establecido que si bien el artículo 11 de la Ley No. 302 la decisión dictada producto de un recurso de impugnación no es recurrible mediante ningún recurso, ello no excluye la casación, bajo el entendimiento de que este último recurso extraordinario, sobre la correcta aplicación del derecho, debe estar siempre abierto, aunque no lo establezca expresamente la ley. Por vía de consecuencia, para que proceda la ejecución de este auto de liquidación, es menester aportar la certificación de no casación expedida por la secretaría de la Suprema Corte de Justicia.

RESOLUCIÓN NO. 3650-2007 RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS Y HONORARIOS. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Resolución No. 3650-2007 que modifica el artículo 38 del Reglamento determinado en la Resolución No. 1734-2005 que establece la gestión administrativa de las Secretaria al amparo del Código Procesal Penal, respecto de la liquidación de las costas y honorarios. La siguiente resolución: Visto, la Constitución de la República Dominicana; Visto, la Ley núm. 821, sobre Organización Judicial, del 11 de noviembre de 1927 y sus modificaciones; Visto, la Ley núm. 302 sobre Honorarios de Abogados, del 18 de junio de 1964; Visto, el artículo 14 de la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm.

156-97 del 10 de julio de 1997; Visto, la Ley núm. 76-02 que instituye el Código Procesal Penal, del 19 de julio del año 2002; Visto, la Resolución núm. 1734-2005, del 15 de septiembre de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia; Atendido, que al introducir cambios sustanciales el Código Procesal Penal en la función de los secretarios (as) de los tribunales, la Suprema Corte de Justicia tuvo que reglamentar la gestión administrativa

de los mismos; Atendido, que el Código Procesal Penal, en su artículo 248, establece que las costas procesales consisten en: “1.Las tasas judiciales; 2. Los gastos originados por la tramitación del procedimiento; 3. Los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos e intérpretes que hayan intervenido en el procedimiento”; Atendido, que el artículo 254 del referido Código dispone que: “El secretario practica la liquidación de las costas en el plazo de tres días, regulando los honorarios que correspondan y fijando los gastos judiciales. Se puede solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de cinco días, ante el juez o tribunal que tomó la decisión o ante el ministerio público en su caso”; Atendido, que el artículo 38 de la Resolución núm. 1734-2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, dispone lo siguiente: “Liquidación. El Secretario liquidará las costas mediante resolución motivada que dictará al efecto en el plazo de tres días después de la decisión intervenida, regulando el monto de los honorarios que correspondan a los abogados que hubieren obtenido ganancia de causa y fijando los gastos judiciales, debiendo observar para ello los valores que la Suprema Corte de Justicia habrá de determinar al efecto”; Atendido, que del artículo 248 del Código Procesal Penal se derivan los conceptos de: 1.) tasas judiciales, que son impuestos, sellos, arbitrios, registro de sentencias y cualquier otro derecho; 2.) honorarios de abogados, que son las costas y honorarios comprendidos en la Ley núm. 302 sobre Honorarios de Abogados; 3.) honorarios de peritos, consultores técnicos e intérpretes, cuando estos sean designados por la Suprema Corte de Justicia; y, 4.) gastos originados por la tramitación del procedimiento, que son aquellos gastos de alguaciles, roles de audiencias, traslados y otros; Atendido, que el artículo 254 dispone la liquidación de las costas, estableciendo al efecto dos procesos, consistentes uno en la liquidación por ante el secretario del tribunal que dicte la sentencia, y otro que es la revisión por parte del Presidente del tribunal, no refiriéndose esto a la impugnación de gastos y honorarios que estable la Ley núm. 302; Atendido, que el espíritu del artículo 38 de la Resolución núm. 1734-2005 no ha sido contradecir la referida ley núm. 302, sino tal como lo dispone el propio artículo 254 del Código Procesal Penal, es regular el monto de los honorarios que correspondan, lo cual obviamente se refieren a los establecidos por esa Ley. Que en lo relativo a los gastos judiciales a que se refiere dicha resolución, son aquellos que la Suprema Corte de Justicia puede establecer mediante resolución, dentro del ámbito de su propia competencia; Atendido, que el plazo de tres días de que dispone el secretario del tribunal para liquidar las costas después de la decisión intervenida, fijado por el artículo 38 de la Resolución 1734-2005, resulta improcedente toda vez que lo correcto es que la parte interesada someta la solicitud a los fines de que el secretario liquide los mismos; Por tales motivos,

Primero: Dispone la modificación del artículo 38 de la Resolución núm. 1734-2005, del 15 de septiembre de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, para que en lo adelante diga de la manera siguiente: “Artículo 38. Liquidación. El Secretario practicará la liquidación de las costas mediante resolución motivada que dictará al efecto, dentro del plazo de tres días a partir de la solicitud de liquidación realizada por la parte interesada, regulando el monto de los honorarios que correspondan a los abogados que hubieren

obtenido ganancia de causa y fijando los gastos judiciales, debiendo observar para ello los valores que la Suprema Corte de Justicia habrá de determinar al efecto”; Segundo: Dispone que la presente resolución sea comunicada a la Dirección General de la Carrera Judicial para fines de cumplimiento y que sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

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TRATAMIENTO JURÍDICO DADO POR EL TRIBUNAL DE TIERRAS DE JURISDICCIÓN ORIGINAL A LAS COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS DE LOS ABOGADOS, EN EL SANEAMIENTO LITIGIOSO Enviado por: Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo Silverio.Correo: yuniorandrescastillo@gmail.com Celular: 1-829-725-8571 “NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION”®

Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2022.

“DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN – POR SIEMPRE”®