DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE R.D. Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES, 2018-2020.

Por: Ing. +Licdo. Yunior Andrés Castillo Silverio.

Correo: yuniorandrescastillo@gmail.com Celular: 1-829-725-8571

1

Índice

Introducción Capítulo I: Aspectos Teóricos – Metodológico Generales 1.1 Planteamiento del Problema

6

1.1.1 Orígenes 1.1.2 Descripción

7

1.1.3 Formulación

8

1.2 Antecedentes de la investigación

9

1.3 Revisión de la literatura

12

1.4 Justificación de la investigación

13

1.4.1 Importancia

13

1.4.2 Relevancia

13

1.4.3 Novedad

14

1.4.4 Aportes

14

1.4.5 Motivos

15

1.5 Tipo de investigación

15

1.6 Objetivos

15

1.6.1 Objetivo general

15

1.6.2 Objetivos específicos

16

Capítulo II: Diseño Teórico 2.1 Marco teórico

18

2.2 Glosario

26

2.3 Hipótesis

29

2.3.1 Operacionalización de las Variables

29

Capítulo III: Diseño Metodológico 2

3.1 Objeto de estudio

31

3.2 Métodos

31

3.3 Técnica

31

3.4 Instrumentos

32

3.5 Valoración de instrumento

32

Capítulo IV: Esquema tentativo del informe final

Capítulo V: Gestión y Administración de la Investigación 5.1 Cronograma de actividades

37

5.2 Presupuesto y financiamiento

38

Referencias Anexos

Introducción 3

La República Dominicana está consagrada como un Estado miembro de

la

comunidad internacional en un mundo que se necesita cada vez más integración e interrelación de los Estados.

En el contexto jurídico está sujeta a los tratados y convenios que es signataria, ratificados por sus poderes público, para lograr la afianzamiento de los vínculos de cooperación en las diferentes materias que le son de interés para el desarrollo, el orden la seguridad y la paz.

Las

normas internas dominicanas deber ir en consonancia con las reglas de

Derecho Internacional para la armonía de las Relaciones Internacionales.

Como

órgano vital en el proceso del desarrollo jurídico nacional se ha instaurado el Tribunal Constitucional desde el 2018.

El tribunal constitucional como órgano del Estado tiene la esencial facultad de examinar y analizar en el marco de sus atribuciones lo asuntos sometidos en el orden constitucional, así como de los tratados y convenios internacionales en armonía del

sistema jurídico dominicano con el Derecho Internacional y que

inciden en las Relaciones Internacionales.

El objetivo fundamental de

esta investigación: Las Decisiones del Tribunal

Constitucional y su Impacto en las Relaciones Internacionales, 2018-2020, versará sobre puntos tan esenciales del derecho interno y el derecho internacional, visto en las sentencias

de un órgano extra poder como lo es el

Tribunal Constitucional de tanta trascendencia en las Relaciones Internacionales presentes y futuras de la República Dominicana.

4

Capítulo I Aspectos Teóricos Metodológicos Generales

5

1.1

Planteamiento del Problema

1.1.1

Orígenes

En la República Dominicana la consagración del Tribunal Constitucional es de reciente creación, pues la primera vez que se crea este órgano de vital importancia para el cumplimiento del control constitucional, fruto de

la

Constitución proclamada en el 26 de enero de 2018 que declara: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”1.

En el marco constitucional se consagra en el artículo 26 de manera expresa con relación al derecho y las relaciones internacionales se aplicarán las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que los poderes públicos las hayan adoptado se constituye la base fundamental de la aplicación de los convenios, acuerdos y tratados en el

ámbito

nacional.

De lo expresado anteriormente en la República Dominicana existen un orden de aplicación e interpretación nuevo, que no tenía antecedentes y surge como fuente formal de derecho las decisiones del Tribunal Constitucional, que tienen carácter vinculante para todos los órganos del Estado y sus decisiones implican el control constitucional de los tratados internacionales antes de ser ratificado, al quedar expresamente indicado en la Constitución: “El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo”2.

El

reconocimiento

constitucional

de

la

aplicación

de

los

tratados

internacionales es fundamental y se debe encontrar soportado en Tribunal 1 Constitución 2018, artículo 184.

2 Ibídem, inciso 2.

6

Constitucional para que el derecho interno y el derecho internacional sean integrados bajo el amparo de la Constitución.

Desde el origen del Estado de la República Dominicana, la base para la aplicación de las relaciones internacionales no estaba consagrada en la Constitución por ser una disciplina que surge como ciencia posterior al surgimiento del mismo.

En términos conceptuales al momento de la declaración de la primera Constitución Dominicana, la representación del Estado estaba establecida a través de las relaciones exteriores. En la primera Constitución del 6 de Noviembre de 1844,

de Villa San Cristóbal,

se otorga la potestad de

representación y decisión al presidente de la República Dominicana, para el nombramiento del secretario que presidirá referidas funciones.

Así en las siguientes modificaciones constitucionales el nombramiento de los secretarios o funcionarios encargados de las relaciones exteriores se manifiesta de igual manera en las constituciones, 1858, 1865, 1866 y 1872.

En ese orden de idea en la primera constitución se instituía que “Habrá cuatro Ministros Secretarios de Estado y del Despacho que son: Primero: El de la Justicia e Instrucción pública. Segundo: El de Interior y Policía.

Tercero: El de Hacienda y Comercio. Cuarto: EI de la Guerra y Marina. En cuanto a las relaciones exteriores, el Presidente de la República las encargara, por ahora, a uno de los cuatro, según juzgue conveniente” 3.

Todas las constituciones dominicanas desde el año de la fundación de la República Dominicana, los asuntos de relaciones exteriores se manejaban a través de un despacho dirigido por uno de los cuatro secretarios de Estado que era designado por el Presidente de la República poder consignado 3 Constitución del 1844, artículo 109.

7

constitucionalmente de “Nombrar los empleados de administración general y de relaciones exteriores, con las condiciones prescritas por la ley” 4.

Es a partir de la constitución de 1874, treinta años después de la primera constitución, que se instituye la Secretaría de Relaciones Exteriores que no existía, en referida constitución se

aumenta el número a 5 Secretarias de

Estado hasta ese momento. “Para el despacho de todos los negocios de la administración pública, habrá cinco Secretarios de Estado. 1) De Relaciones Exteriores. 2) De Interior y Policía. 3) De Justicia e Instrucción Pública. 4) De Hacienda y Comercio. 5) De Guerra y Marina”5.

Primeras Relaciones Internacionales de la República Dominicana En el año 1944 nace el Estado de la República Dominicana, tiene que transcurrir 4 años para que por primera vez surja la posibilidad de un tratado con otro Estado, Francia, pero solo quedó en una tentativa, pues la Francia quería que el Estado dominicano comprometiera al pago de la deuda del reconocimiento de independencia del Estado Haitiano, acordada entre Francia y el gobierno haitiano en 1925, que a la sazón ocupaba el suelo dominicano, el Estado Dominicano se negó.

En el año 1950 es cuando se concretiza el reconocimiento oficial del Estado soberano a por el primer tratado ratificado bilateralmente con Gran Bretaña en el año 1950. En el mismo se reconocía la independencia de la República Dominicana y sirvió de modelo para los demás tratados que se firmaron en lo adelante.

El tratado regulaba las relaciones y la libertad de comercio, el derecho de propiedad de los ciudadanos de ambos Estados, la designación de agentes 4 Ibídem, artículo 102 párrafo quinto.

5Constitución del 1874, artículo64.

8

diplomáticos y la no esclavitud (aun no abolida en los Estados Unidos y en territorios coloniales de las potencias Europeas) entre otras precisiones en relación de los territorios y los ciudadanos de ambos Estados.

“El tratado con los británicos fue firmado por la parte dominicana por el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenaventura Báez, José María Medrano, y la Reina Victoria fue representada por su Cónsul en Santo Domingo, Sir. Robert Schomburgk”6.

En los años siguientes al 1850, se firmaron tratados con Dinamarca y Francia ambos en el año 1952. En el 1953 se firma un tratado con Holanda.

Con España que fue la potencia colonizadora de la isla de Santo Domingo, se logra un tratado en el año 1955, que fue de gran importancia al reconocer la independencia dominicana y a la vez al renunciar España a todo reclamo sobre la antigua colonia.

La República Dominicana se adhirió a un acuerdo internacional por primera vez, al ratificar en el 1957 el Tratado de París de 1956, “sobre la abolición del corso y el reconocimiento del principio internacional de que el pabellón neutro cubre la mercancía enemiga excepto en caso de guerra”7.

En el año 1967 se firma un tratado con los Estados Unidos de Norteamérica. En este mismo año se firmó un tratado con la República de Haití donde reconoció por primera vez la independencia dominicana, pero este tratado no fue ratificado por Haití.

Un nuevo tratado se firma con Haití donde oficialmente se reconoce la independencia dominicana. “Los dominicanos tuvieron que reconocer que los haitianos tenían derecho sobre los territorios donde mantenían sus ocupaciones,

6, Wenceslao Vega, Los Primeros Tratados Internacionales de la República Dominicana, Gaceta Judicial No.22, P.47 7 Ibídem.

9

con lo que se perdieron jurídicamente San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hincha y Las Caobas”8.

Las relaciones internacionales llevadas por el Estado Dominicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantenían activas aún en circunstancias como la intervención norteamericana del año 1916.

1.1.2 Descripción El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la Constitución proclamada en el 2018. Y una de sus funciones esenciales es la de preservar y garantizar la Constitución en tenor a los recursos sometidos a este órgano.

La respuesta a los asuntos sometidos de orden constitucional,

el tribunal

constitucional deberá dar respuesta en orden jurídico en el marco de las constitución y el bloque

constitucional,

como demás leyes adjetivas que

completan el orden jurídico dominicano, control constitucional que se extiende al cuidado preventivo de la misma y en consonancia con los tratados, convenios y acuerdos de la República Dominicana con otros Estados y

organismos

internacionales.

La República Dominicana es signataria de tratados y convenios internacionales que ratificados regirán en el ámbito nacional, incorporados al sistema normativo nacional. De acuerdo con esto,

se crean cuestionamientos e interrogantes

significativos que se le darán respuestas en la presente investigación.

8La Isla de Santo Domingo la Comparten dos Naciones y no es una Indivisible. Wenceslao Vega, Gaceta Judicial No.23, P.47

10

1.1.3 Formulación El sistema constitucional dominicano con la proclamación de la constitución del 2018, se le confiere una importancia trascendental al Tribunal Constitucional para la integración y organización del sistema jurídico dominicano fundamentado en la constitución y el bloque constitucional.

¿Cómo inciden los Tratados Internacional en las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano? ¿Hasta qué grado son vinculantes las decisiones del Tribunal Constitucional al Estado dominicano

las Relaciones Internacionales?

¿Cómo impacta en las Relaciones Internacionales las decisiones del Tribunal Constitucional?

¿Es obligatoria para el poder ejecutivo la aceptación de las decisiones del Tribunal Constitucional una vez decidida una situación del orden constitucional que tenga trascendencia internacional? ¿Cuál es el rango constitucional de los tratados en la República Dominicana?

Para responder estas interrogantes es vital el análisis de

constitución y las

decisiones del Tribunal Constitucional así como los tratados y convenios que es signataria la República Dominicana de ahí la importancia de la presente investigación.

1.2

Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes de la presente investigación no son abundantes, apenas se desarrollan en escritos periodísticos y no se constituyen en estudios desarrollados a los fines de dar respuestas a las interrogantes.

11

1.3 Revisión de la Literatura La fuente primaria para la realización de la presente investigación se obtendrá directamente de fuentes primarias como la Constitución Dominicana, las leyes y tratados internacionales ratificados en la por la República Dominicana y

las

decisiones del Tribunal Constitucional en especial las referentes al control previo de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales y de manera directa la sentencia 168/03.

Para la redacción y elaboración del marco teórico se recurrirá a la bibliografía disponible en ámbito nacional y extranjero relacionado con el tema investigado.

Así como las fuentes doctrinales que constituidas por publicaciones de los tratadistas de la materia y juristas con sus trabajos presentados en revistas especializadas, diarios y medios electrónicos e internet.

1.4 Justificación de la Investigación

1.4.1 Importancia En un mundo cada vez más integrados en organismos internacionales a través de acuerdos que comprometen a los Estados al respeto de los derechos humanos, al compromiso de paz, libre comercio, a la integración económica y al respeto de la soberanía con el compromiso de la interrelación, es innegable que la República Dominicana forma parte de la comunidad internacional a través de los diferentes tratados, acuerdos y convenio que es signatario.

12

Estar vinculado con otras naciones a la comunidad regional e internacional, conlleva un compromiso en razón de la legislación interna y la aplicación de los compromisos contraídos que debe ir en armonía con los ajustes evolutivo de la sociedad.

Los vínculos que se forman a través de las Relaciones Internacional

deben

manifestarse en el orden jurídico interno de los Estados, aspecto esencial para evitar conflicto entre las normativas de los Estados y los tratados internacionales del cuales han adoptado.

La consagración del Tribunal Constitucional como órgano extra poder en la República Dominicana plantea un nuevo dilema ante el escenario internacional.

Reconociendo que es un órgano fundamental para el fortalecimiento y desarrollo de la vida de un Estado de derecho

sólido para poder responder a las

necesidades de los individuos y de las instituciones, por esto es primordial contar con un órgano interno que pueda mantener el equilibrio de la norma dominicana con los tratados y acuerdos internacionales.

1.4.2 Relevancia La República Dominicana entra al concierto de naciones avanzadas con la integración del Tribunal Constitucional garantista de los derechos más esenciales y fundamentales que han sido consagrados.

La incorporación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como órganos internacionales y regionales ha significado un avance en la integración y cooperación en las relaciones internacionales, ha sido indispensable conformar un sistema jurídico en consonancia con las exigencias.

13

La existencia del Tribunal Constitucional como órgano del Estado que asume la responsabilidad de ser garante de la constitución y de la incorporación de los tratados y acuerdos en armonía con la misma. Como también tiene la finalidad de constitucionalizar el ordenamiento jurídico dominicano, reviste de una importancia cardinal para el estudio de las decisiones y su impacto no solo en el orden interno, sino en las relaciones internacionales.

1.4.3 Novedad Las constituciones anteriores a la proclamada el 26 de enero del 2018 no tenían previsto la existencia del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, como órgano de control constitucional y como última y única instancia para la determinación de la aplicación de la constitución y las normas en sentido general, así como los tratados internacionales aun sean estos anterior a la constitución del tribunal.

1.4.4 Aportes Es imprescindible el estudio de un órgano del Estado tan importante como el Tribunal Constitucional garante de la aplicación no solo de la constitución, sino además el bloque constitucional, a los fines de que no se violenten las normativas que rigen al Estado dominicano.

Las decisiones son vinculantes para los demás órganos y poderes del Estado y que al analizar y establece la aplicación de la constitución forma un criterio que forma precedente trascendental que impacta más allá del orden jurídico interno y que tiene repercusiones en las relaciones internacionales.

Al no ser el Estado un órgano que solo ve introspectivamente el orden jurídico, ve más allá de su propio reconocimiento y que necesita el reconocimiento de los otros Estados con los que interactúa y se interrelaciona.

14

1.4.5 Motivos Existen muchos estudios sobre las funciones del Tribunal Constitucional y su importancia en el sistema jurídico interno. Pero no se conoce hasta el momento un estudio en la República Dominicana sobre el impacto de sus decisiones en las relaciones internacionales, siendo este un tema nuevo en el ámbito jurídico dominicano pues apenas se conforma este órgano en la Constitución del 2018, sin tener otro precedente por no existir hasta la proclamación de esta el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes al Estado dominicano.

1.5 Tipo de Investigación Investigación Básica (también denominada investigación pura o teórica). Se construye a través del marco teórico planteado para la investigación, con el objeto de aportar a lo ya establecido e incorporar nuevos elementos.

Investigación Documental: Este tipo se fundamente en la investigación que se efectúa mediante consultas de documentos, textos, libros, leyes y jurisprudencias con el objeto de reunir toda la información relacionada al tema.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo General Analizar el impacto de las decisiones del Tribunal Constitucional en las Relaciones Internacionales.

15

1.6.2 Objetivos Específicos

Explicar el rol del Tribunal Constitucional como órgano deliberativo del Estado.

Demostrar la necesidad de un procedimiento especial para la publicidad y entrada en vigencia de los tratados internacionales.

Especificar el procedimiento adecuado para la ratificación de los tratados internacionales.

Determinar el impacto de las decisiones del Tribunal Constitucional en las Relaciones Internacionales.

16

Capítulo II Diseño Teórico

17

2.1 Marco Teórico Supremacía constitucional La ley orgánica del Tribunal Constitucional expresa en su texto;

“Que la

Constitución de la República establece como uno de los principios fundamentales del Estado la supremacía de la Constitución” 9. Así queda consagrado de esta manera la supremacía constitucional como piedra angular del orden jurídico dominicano.

La supremacía constitucional es vinculatoria a “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”10.

A cargo de velar por la supremacía está el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, queda definido en los siguientes términos: “Que a tales efectos la tutela de la justicia constitucional fue conferida, tanto al Tribunal Constitucional como al Poder Judicial, a través del control concentrado y el control difuso”11.

“En el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional sólo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus reglamentos”12.

9 Considerando primero, ley no. 137-11 del 13 de junio del 2011, modificada por la ley no. 145-11, del 4 de julio del 2011 10 Constitucioó n Dominicana del 2018, artíóculo 6, 11 Ibíódem, considerando quinto.

12Ibíódem, artíóculo 3.

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“Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución13.

Las Normas Internacionales y su Régimen en la Constitución Dominicana En el Estado dominicano está instituido en principio definido por la doctrina e incorporado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el “Bloque de Constitucionalidad”, que lo conforman los derechos fundamentales y entre ellos, de manera preponderante, los derechos humanos.

Bloque constitucional está integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: 1) Del

Derecho Interno, formada por la Constitución y la jurisprudencia

constitucional local, tanto la dictada mediante el control difuso como por el concentrado.

2) Del Derecho Internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado…” 14.

En consecuencia, es importante destacar que a fin de asegurar el debido proceso de ley, la aplicación de los principios y preceptos consagrados en dicho Bloque se implementa en todas las materias y sus garantías, son reglas especiales que deben ser observadas tanto en los procesos penales, como en la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario o de cualquier otro carácter.

13 Artíóculo 7.3 de la ley orgaó nica no. 137-11 del 13 de junio del 2011.

14artículo 3 de la Constitución Dominicana del 2018.

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En ese sentido en la República Dominicana un tratado internacional, es considerado contrario a la Constitución de la República no solo cuando no sea acorde con ella, también lo será, cuando entre en contradicción con el Bloque de Constitucionalidad.

Requisitos establecidos por la Constitución Dominicana para la adopción de las Normas Internacionales Contractuales “Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el Presidente de la República someterá los tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a fin de que éste ejerza sobre ellos el control previo de constitucionalidad” 15.

El reconocimiento constitucional de los acuerdos internacionales se encuentra sometido para efectividad, al cumplimiento de disposiciones internas como son su aprobación por parte del Congreso Nacional, y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual se convierte en una norma vinculante y parte de nuestro derecho interno.

Intervención de los Poderes Públicos en materia de adopción de los Tratados Los actos relativos a los tres poderes del Estado son indelegables, en ese caso tenemos el acto relativo del Poder Ejecutivo por la firma del Presidente o de quien él se haga representar, el sometimiento ante el control previo del Tribunal Constitucional y promulgarlo, luego de la ratificación del Congreso.

15 Artículo 55de la Ley Orgaó nica no. 137-11 d/f 13-06-2011

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Los actos relativos al poder judicial recaen sobre “El Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los treinta días siguientes a su recibo y al hacerlo, si considerare inconstitucional el Tratado de que se trate, indicará sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que fundamenta su decisión” 16. Y los actos relativos al congreso se concentran en la ratificación del tratado.

Rol del Congreso en la adopción de Normas Internacionales Si un tratado está siendo conocido por el Tribunal Constitucional, solo después que haya sido reconocido como constitucional, se conocerá por el Congreso Nacional, debido a que esto impide que, posteriormente, que el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante cualquier tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado”17.

Obligaciones del Estado con los compromisos adquiridos Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe PACTA SUNT SERVANDA. El Estado está obligado a observar cada norma para el cumplimiento de lo pactado e incluso la seguridad jurídica establece que el legislador debe ser respetuoso de las normas de un tratado ratificado para la sanción de nuevas leyes en consonancia del tratado en vigencia.

16 Ibídem Artículo 56

17 Artículo 1, no. 137-11 d/f 13-06- 2011.

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Control de los Tratados en el Sistema Constitucional, Esquema Comparativo de las Constituciones de 1966 y 2018 Constitución

1966

2010

Ratificación de los Protección de la Tratados Supremacía Constitucional Poderes: Ejecutivo y Legislativo

Suprema Corte de Justicia

Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Tribunal Constitucional

22

Artículo

Control Preventivo

Control Post-Preventivo

46

No

Si

6

Si

Si

Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es considerado como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, creado por la Constitución del 26 de enero de 2018, con el objeto de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus atribuciones son conferidas expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y sus decisiones son definitivas e irrevocables constituyendo precedentes vinculantes para los órganos del Estado.

Este tribunal actúa de manera autónoma, sin ataduras a otros órganos del Estado, transcendiendo hasta su ámbito administrativo y presupuestario.

Integración El Tribunal Constitucional está integrado por 13 jueces, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los Jueces del Tribunal Constitucional forman parte del mismo por un único período de 9 años, los cuales estarán sujetos a cambios en la composición del Tribunal cada 3 años.

Base Legal Los fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional se encuentran plasmado en la Constitución de la República en los artículos 184 al 189, en donde se especifica en que se fundamentaron para su creación, sus atribuciones, sobre los jueces que la integran, entre otros elementos. También cuenta con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Ley No. 137-11 y la Ley No. 145-11 que modifica algunos de los artículos de la ley antes mencionada.

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Competencia material vinculada al ámbito internacional El Tribunal Constitucional tiene competencia para apoderarse de manera exclusiva, es decir, en única instancia, las siguientes circunstancias que tratan de manera precisa el rol del país en la comunidad internacional y establecer un control sobre los tratados internacionales para que no lesionen los intereses del Estado.

Control Preventivo ante los Tratados Internacionales A través de este se persigue la finalidad de que la responsabilidad del Estado no sea afectada por la aprobación de un tratado de carácter internacional que contenga criterios que difieran con la Constitución. Esto le permite al tribunal hacer un análisis meticuloso de lo establecido en los tratados y a la vez evitar desavenencias que se puedan presentar en un futuro cercano con las leyes rige la estructura y el orden interno nuestro Estado.

Si el tribunal después de estudiar un tratado, considera que existen elementos contradictorios a lo contenido en nuestra Constitución, entonces se procederá a volver a la etapa de negociación y conciliar una solución al punto discrepante, en el caso de que la puesta en vigor de ese tratado sea prioritario y su renegociación no sea un tema en discusión, entonces, dependiendo del ámbito que afecte, se recurrirá a la revisión de lo establecido en la constitución para tratar de buscar una solución al conflicto.

El apoderamiento ante este tribunal con respecto a los tratados internacionales, no será en todos los casos de tratados suscritos, sino en aquellos que exista la

24

posibilidad de contradicción con algún elemento contenido en nuestra Carta Magna.

Control Difuso Se ha establecido en la Constitución actual, en el artículo 74 párrafo 3, que los tratados internacionales relativos a los Derechos Humanos, desde el momento en que han sido aceptados e integrados a nuestro cuerpo jurídico, se convierten en normas de aplicación directa y obtienen una jerarquía paralela a la de nuestra Carta Magna. Todo tratado que adquiere este rango debe de estar bajo la protección de nuestro sistema interno para velar que ninguna norma de jerarquía inferior lo contradiga.

Los jueces están en el deber de dejar sin efectividad cualquier norma que presente las características ya mencionadas, ya que estos tratados adquieren tan elevada posición por lo que su contenido representa y así lo destaca el pensar de nuestros legisladores al mostrarlo en el mismo nivel de la Constitución.

2.2 Definición de conceptos Aceptación: es el acto realizado en el ámbito internacional por medio del cual un Estado da su consentimiento para obligarse por un tratado internacional.

Bloque Constitucional: son los principios y reglas que sirven de parámetro al control de la constitucionalidad contenidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana, conjuntamente con los derechos y garantías fundamentales.

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Carácter vinculante: se refiere específicamente al Tribunal Constitucional a sus decisiones e interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes que vinculan a los poderes públicos y a todos los órganos del Estado

Control Constitucional: como ley superior, la constitución controla todo ley o disposición que le sea contraria. Principio esencial en todo Estado moderno en que se aplica el derecho.

Control Previo: los tratados internacionales entran dentro del régimen constitucional antes de su aceptación, en cuanto la República Dominicana reconoce su aplicación en la medida que los poderes públicos las hayan adoptado conforme a la constitución.

Constitución: es la ley sustancial de la nación, donde se consagran los derechos y deberes fundamentales, los poderes del Estado y la forma de gobierno.

Entrada en vigor de un tratado: si no hay una fecha expresa que establezca la ratificación o aprobación, entrara en vigor desde su firma o su última firma necesaria. O en la fecha que se ha formalizado canje de los instrumento de ratificación cuando así se requiera o del depósito de la última ratificación.

Estado de Derecho: es el respecto a la constitución y a los principios normativos escritos y no escritos, en una sociedad organizada políticamente en que el Estado se somete al imperio del derecho.

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Interdependencia: los actos de los poderes del Estado son indelegables, sin embargo, la constitución consagra actuaciones de cada uno de ellos delegado en otro de los poderes para la interacción y viabilidad de las funciones del Estado.

Publicación: La decisión del Tribunal Constitucional sobre el control preventivo de los tratados, se publicará por los medios oficiales del Tribunal Constitucional.

Supremacía Constitucional: Principio que establece la consagración de la constitución por encima de toda ley, decreto, resolución o actos contrarios a ella.

Tratado: La Convención de Viena de 1969 define un tratado como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

2.3 Hipótesis Es indispensable un procedimiento especial para la publicidad y entrada en vigencia de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno del Estado.

Existe un carácter vinculante entre los poderes del Estado determinante en el proceso de aceptación y ratificación de los tratados internacionales.

El rol del Tribunal Constitucional es fundamental para la aceptación de los tratados internacionales.

2.3.1 Operacionalización de las Variables 27

Variables Independientes Indispensable la existencia de un procedimiento especial

Existencia de un carácter vinculante entre los Estados El rol del Tribunal Constitucional

Variables Dependientes Para la solución de los asuntos juzgados por el Tribunal Constitucional de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución Dominicana Determinante en el proceso de cooperación, interrelación e interdependencia.

Fundamental para la aplicación de la constitución en control adecuado de los Tratados Internacionales

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Indicadores  La necesidad de la consulta de los tratados, convenios suscritos por el Estado. 



La decisión de los Poderes y órganos jurisdiccionales del Estado El impacto que producen las decisiones del mismo en las Relaciones Internacionales

Capítulo III Diseño Metodológico

29

3.1 Objeto de Estudio La integración de los tratados internaciones en el sistema jurídico del Estado según lo instituido en la Constitución, su interacción con las normativas internas y la figura del Tribunal Constitucional.

3.2 Métodos El método se puede definir como el trayecto más adecuado para alcanzar un fin, por esta razón se aplicarán para la evolución y finalización del tema los siguientes: 

Método Deductivo: Es el método que inicia en los temas genéricos para culminar en lo particular.



Método Analítico: Este método se utilizará con el propósito de depurar toda la información concerniente al Derecho y las Relaciones Internacionales en el Sistema Constitucional Dominicano para focalizarnos en los elementos esenciales como el papel que juega el Tribunal Constitucional con respecto al control preventivo de constitucionalidad de los tratados.

3.3 Técnica Para la obtención de informaciones del tópico en cuestión se utilizarán diversas referencias o bibliografías, las cuales se estudiarán meticulosamente para la obtención de un fundamento teórico auténtico.

3.4 Instrumentos 30

La Constitución Dominicana, leyes, jurisprudencias, textos jurídicos, publicaciones en revistas y en blogs, todo elemento escrito considerando en un alto nivel de confiabilidad.

3.5 Valoración del instrumento Elemento primordial en la realización del proyecto, ya que se fundamenta en lo ya escrito para dar continuidad a nuevos aportes y a la vez comprobar si las hipótesis establecidas son acertadas o no.

31

Capítulo IV Esquema Tentativo del Informe Final

32

Índice Introducción Capítulo I Marco Teórico y Conceptual  Antecedentes del control constitucional  República Dominicana y las Relaciones Internacionales  Glosario Capítulo II Diseño de la Metodología  Objeto de Estudio  Tipo de Investigación  Métodos de la Investigación  Técnica Implementada  Instrumento Utilizado  Valoración del Instrumento

Capítulo III Tribunal Constitucional  Fundamentos del Tribunal Constitucional  Delimitación del ámbito constitucional.  El Tribunal Constitucional como órgano extra-poder

33

Capítulo IV Garantía y control constitucional  Orden jerárquico de la normas  Bloque constitucional  Control constitucional  Supremacía Constitucional Capítulo V Las decisiones del Tribunal Constitucional 

Precedentes jurisprudenciales constitucionales



Poder vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional



Rango de las sentencias del Tribunal Constitucional



Tribunal Constitucional y las Relaciones Internacionales

Conclusión Referencias Anexos

34

Capítulo V Gestión y Administración de la Investigación

35

5.1 Cronograma de Actividades

Actividades

Enero Febrero

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Detección de las primeras necesidades y definición del proyecto Integración de más fuentes bibliográficas Acopio inicial de información: Revisión de bibliografía básica.

Expansión del esquema tentativo Lectura y análisis general Acopio de Información: Desarrollo de Capítulos Lectura y análisis de los datos incorporados Evaluación a cargo del asesor de contenido Verificar e implementar los cambios sugeridos por el asesor Inspeccionar redacción y ortografía Verificar objetivos y el desarrollo de la investigación Encuentro con el asesor de contenido Redacción de las conclusiones y recomendaciones

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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.2 Presupuesto de Inversión y Financiamiento Ingresos

Egresos

Recursos propios:

Pago de asesorías

Aportados por Gustavo Barry

Total

$180,000.00

$180,000.00

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$15,000.00

Adquisiciones de libros

$30,000.00

Materiales didácticos

$15,000.00

Transporte

$ 80,000.00

Material gastable

$20,000.00

Imprevistos

$20,000.00

Total

$180.000.00

Referencias

Textos Consultados 1.

Amaro Guzmán, R. (1987) La Constituyente en la Evolución Constitucional

Dominicana. Experiencias Latinoamericanas. Primera Edición. Publicaciones ONAP. Santo Domingo.

2.

Amaro Guzmán, R. (1988) Constitución Dominicana 1966. Síntesis de la

Evolución Constitucional. Editora ETSA. Primera Edición. Santo Domingo.

3.

Amaro

Guzmán.

R.

(1994)

Constitución

Política

y

Reforma,

Constitucionales, 1947-1994.

4.

Amiama, Manuel A. (1995) Notas de Derecho Constitucional, 6ta de.

Revisada y actualizada por Raymundo Amaro Guzmán. Editorial tiempo (ETSA).

Santo Domingo.

5.

Capitant, H. (1978) Vocabulario Jurídico. Ediciones Depalma, Buenos Aires.

6.

Castro, F. (2007) Derecho Internacional, Edición Jurídico Virtual. Santo

Domingo, República Dominicana.

7.

Díaz, Nelson E. González Camacho, S. (2005) Fundamentos de la Historia

Social Dominicana. Editorial Suro. Santo Domingo, República Dominicana.

8.

Editora AA, (1984) Gaceta Judicial República Dominicana. Publicaciones

ONAP, Santo Domingo.

9.

Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. FINJUS. (2011) Constitución

Dominicana Comentada. Santo Domingo. R.D. 10.

Gaceta Judicial. Editora AA República Dominicana.

38

11.

Infante, F. (2006) 12 Años de Balaguer. Cronología Histórica. Editorial Letra

Gráfica. Santo Domingo. R.D. 12.

Mir, P. (1981) La Noción de Período en la Historia Dominicana. D.N.

República Dominicana.

13.

Pellerano Gómez, J. (1990) La Constitución y Política. Capeldom. Santo

Domingo.

14.

Peña Batlle, M. (1942) Constitución Política y Reformas Constitucionales

1844-1942.

15.

Vega B, W. (1986) Historia del Derecho Dominicano. Tercera Edición 1994.

Editora Amigo del Hogar. Santo Domingo.

Textos de Metodología 16.

Bernal, C. (2006) Metodología de la Investigación (para administración,

economía, humanidades y ciencias sociales). Segunda edición. Pearson Educación. Naucalpan, México.

17.

Hernández, F. (2002) Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.

Primera edición. Editora Búho. Santo Domingo, República Dominicana.

18.

Witker, J. (1994) La Investigación Jurídica. Editorial McGraw-Hill. México

D.F., México.

Constituciones y Leyes 19.

Constitución de la República Dominicana del 1844.

20.

Constitución de la República Dominicana del 1858.

21.

Constitución de la República Dominicana del 1865.

39

22.

Constitución de la República Dominicana del 1866.

23.

Constitución de la República Dominicana del 1872.

24.

Constitución de la República Dominicana del 1873.

25.

Constitución de la República Dominicana del 1974.

26.

Constitución de la República Dominicana del 1877.

27.

Constitución de la República Dominicana del 1878.

28.

Constitución de la República Dominicana del 1879.

29.

Constitución de la República Dominicana del 1880.

30.

Constitución de la República Dominicana del 1881

31.

Constitución de la República Dominicana del 1887

32.

Constitución de la República Dominicana del 1896.

33.

Constitución de la República Dominicana del 1907.

34.

Constitución de la República Dominicana del 1924.

35.

Constitución de la República Dominicana del 1934.

36.

Constitución de la República Dominicana del 1942.

37.

Constitución de la República Dominicana del 1947.

38.

Constitución de la República Dominicana del 1955.

39.

Constitución de la República Dominicana del 1960.

40.

Constitución de la República Dominicana del 1961.

41.

Constitución de la República Dominicana del 1963.

42.

Constitución de la República Dominicana del 1966.

40

43.

Constitución de la República Dominicana del 1994.

44.

Constitución de la República Dominicana del 2002.

45.

Constitución de la República Dominicana del 2018.

46.

Ley No. 137-11 del 13 de junio del 2011, modificada por la Ley No. 145-11,

del 4 de julio del 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

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Anexos

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República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia TC/0037/12. Expediente No. TC-02-2012-0001, relativo al Control Preventivo de Constitucionalidad del “Acuerdo Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011).

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados MiltonRay Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, JottinCury David, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES 1.1 El Honorable Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 128, literal d) de la Constitución Dominicana y el artículo 1 de la Ley 1486, sobre Representación del Estado en los Actos Jurídicos, de fecha 28 de marzo de 1938, de celebrar y firmar tratados convenciones internacionales en nombre de la República, por sí o por delegación en otros funcionarios.

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1.2 El citado acuerdo fue celebrado y firmado en la Ciudad de Bogotá, D.C., Colombia, en fecha 29 de noviembre de 2011, por el licenciado José Manuel Trullos, Viceministro de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno Dominicano, y la licenciada María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de la República de Colombia.

1.3 En cumplimiento de la disposición del artículo 185, numeral 2, en fecha 10 de noviembre de 2012, el Honorable Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, sometió a control previo de constitucionalidad, el “Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, a los fines de garantizar la supremacía de la Constitución.

1.4 El “Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana” procura favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre los territorios de ambas naciones, de tal manera que se propicie su expansión económica y comercial, estableciendo, de conformidad con el Artículo 44 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,del 7 de diciembre de 1944, oportunidades justas y equitativas para la explotación de empresas de transporte aéreo internacional, tal como señala el artículo 2 relativo a la concesión de derechos: “Cada Parte concede a la otra Parte los derechos especificados en el presente Acuerdo para que sus líneas aéreas designadas puedan establecer y explotar servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas en el Anexo. Sujeto a las provisiones de este Acuerdo, las líneas aéreas designadas de cada Parte podrán ejercer los siguientes derechos: a) el derecho de sobrevolar el territorio de la otra Parte, sin aterrizar en el mismo; b) el derecho de efectuar escalas en el territorio de la otra Parte para fines no comerciales; c) a efectuar escalas con fines comerciales en las rutas que se especifican y sujeto a las disposiciones del Acuerdo, para embarcar y/o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo, por separado o en combinación; d) los demás derechos especificados en el presente Acuerdo.

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1.5 El artículo 8 especifica que otro objetivo del acuerdo consiste en garantizar el mayor grado de protección y seguridad en el transporte aéreo internacional que se realice entre ambos países: Párrafo 1. “Conforme a sus derechos y obligaciones derivados del derecho internacional, las Partes reafirman que su mutua obligación de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita constituye parte integrante del presente Acuerdo.

Sin limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones derivados del derecho internacional…”.

Párrafo 2. “Las Partes se prestarán mutuamente toda la ayuda que requieran para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuerto se instalaciones y servicios de navegación aérea y cualquier otra amenaza a la seguridad de la aviación civil”.

Párrafo 3. “Las Partes actuarán de conformidad con las normas sobre seguridad de la aviación establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y denominadas Anexos al Convenio, siempre que dichas normas sean aplicables a las Partes. Éstas exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, explotadores de aeronaves que tengan sede principal de sus empresas o residenciapermanente en su territorio y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio actúen conforme a las citadas normas sobre seguridad de la aviación.

En consecuencia, cada Parte deberá informar a la otra Parte cualquier diferencian entre sus normas y prácticas internas y las normas de seguridad de la aviación contenidas en los Anexos mencionados en este párrafo. En cualquier momento, cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas inmediatas con la otra Parte con el objeto de discutir tales diferencias”

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 45

2.1 Competencia En virtud de las disposiciones de los artículos 185, numeral 2 de la Constitución de la República y de conformidad a los artículos 55,56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional es el competente para ejercer el control preventivo deconstitucionalidad de los tratados internacionales. En consecuencia, este procede a examinar la constitucionalidad del Acuerdo de referencia: 2.2 Supremacía constitucional 2.2.1 El control preventivo de constitucionalidad es una derivación lógica del principio de supremacía constitucional, que en nuestro caso encuentra fundamento en la Constitución cuando proclama: “Todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.1 2.2.2 Para garantizar la supremacía el constituyente adoptó el control de constitucionalidad estableciendo que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y1 Ver artículo 6 de la Constitución Dominicana. La protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.2 2.2.3 Este control se ejerce a posteriori mediante acciones directas deinconstitucionalidad contra toda ley, decreto, acto, resolución y ordenanza contrario a la Constitución; también a través del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo.3 Para fines prácticos, en esta ocasión sólo resulta relevante este último aspecto del control de constitucionalidad.

2.3 Recepción del derecho internacional 46

2.3.1 El mecanismo diseñado por el constituyente para el ingreso del derecho internacional constituye una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.4 2.3.2 El artículo 26, numeral 2, de la Constitución establece que: “en igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones”.

2.3.3 Como se observa, cuando la República Dominicana suscribe un tratado internacional y cumple el procedimiento exigido para su firma y ratificación, este forma parte del derecho interno, lo que hace necesario que su contenido esté acorde con los principios y valores de la Constitución, pues tal como lo señala el constituyente, la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

2.3.4 Al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene otra implicación que trasciende el ámbito interno. Es que en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe (Pacta SuntServanda),5 es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la convención.6 2.4 Examen de Constitucionalidad 2.4.1 Una posición mayoritaria de la doctrina admite que el fundamento del control preventivo persigue evitar distorsiones del ordenamiento constitucional, con los tratados internacionales como sistema de fuentes del derecho interno y consecuentemente que el 47

Estado asuma compromisos y obligaciones en el ámbito internacional contrarios a la Constitución, lo que constituye la justificación hermenéutica del control de constitucionalidad a través del mecanismo antes señalado.

2.4.2 El modelo de control previo de constitucionalidad que hemos adoptado, implica necesariamente un juicio de compatibilidad entre las normas del derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno, lo que aconseja que al momento 5 El artículo 26 de la Convención de Viena del año 1980, establece lo siguiente: "Pacta SuntServanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

6 El artículo 27 de la misma Convención establece lo siguiente: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. De analizar las cláusulas que integran un acuerdo internacional se haga con la suficiente prudencia y cuidado de no afectar la norma fundamental.

2.4.3 Estos argumentos de la doctrina justifican una postura coherente de los órganos públicos al momento de suscribir un tratado que va a implicar deberes y obligaciones para el Estado, pues ellos no pueden entrar en contradicción con la Constitución que es la norma habilitante que faculta a la autoridad que suscribe el tratado. De ahí que el control preventivo emerge como un mecanismo de gran utilidad para garantizar la supremacía constitucional.

2.4.4 En una época de economía globalizada el fortalecimiento de las relaciones internacionales constituyen valiosas iniciativas, incluso aconsejables de los Estados para insertarse en la comunidad internacional. Estas relaciones se cultivan y se afianzan a través de los mecanismos habilitados por el Derecho Internacional, encontrando en los tratados internacionales idóneas herramientas de concretización 48

de esos objetivos comunes.

2.4.5 El Estado moderno abierto a la cooperación e integración internacional materializa sus relaciones con la comunidad internacional, mediante la negociación y concertación de convenios que coadyuven a la integración en áreas definidas como estratégicas para lograr esos propósitos.

2.4.6 La República Dominicana, como señala el artículo 26 de la Constitución, se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. Precisamente, en la construcción y manifestación de esas relaciones los tratados internacionales han encontrado el terreno fértil para su expansión en el ámbito Internacional.

2.4.7 En efecto, el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Colombia se proponen celebrar un Acuerdo de Transporte Aéreo, en el marco de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, adoptada en la ciudad de Chicago el día 07 de diciembre de 1944, del que ambos países son Partessignatarias, cuya ratificación, en nuestro caso, fue aprobada por resolución No.964 del Congreso Nacional, de fecha 11 de agosto de 1945.

2.4.8 El Tribunal Constitucional, ejerciendo el control preventivo deconstitucionalidad verifica que el objeto de esta convención, como lo señala su parte introductoria, es el de favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre ambos territorios, de tal manera que se propicie la expansión económica y comercial de ambos Estados, estableciendo, de conformidad con el artículo 44 del Convenio deChicago, oportunidades justas y equitativas para la explotación de empresas de transporte aéreo internacional.

2.4.9 En el mismo sentido es apreciable que en el acuerdo objeto de examen, los Estados Partes persiguen que las respectivas líneas aéreas designadas por los canales diplomáticos exploten los servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas con las facilidades derivadas del mismo.

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2.4.10 Sin embargo, la revisión exhaustiva de las cláusulas que integran este tratado están destinadas a promover un trato de reciprocidad en las materias arriba descritas, es preciso advertir que las estipulaciones relativas al uso del espacio aéreo que harían las naves de las líneas aéreas designadas por los Estados Partes para operar los respectivos vuelos, precisa que este Tribunal Constitucional se detenga a analizar la implicación de este punto del acuerdo y de conformidad con los conceptos de “territorio” y “soberanía” de la Constitución de la RepúblicaDominicana.

2.4.11 En el artículo 1 del referido Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y República Dominicana, sobre “Definiciones” las Partes convienen que, “Para los efectos del presente Acuerdo y salvo que se indique algo distinto, (…) literal d) el término “territorio” en relación con los Estados Partes, el significado que se le atribuye es el del artículo 2 del “Convenio sobre Aviación Civil Internacional” de Chicago de 1944 que señala: “Artículo 2.- Territorio. A los fines del presente Convenio se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y lasaguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado.”

2.4.12 No obstante, la Constitución dominicana, en su artículo 9, define como territorio: El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de derecho Internacional; 2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes.

Laextensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, 50

zonaeconómica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas yreguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho de Mar; 3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectroelectromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho Internacional.

Párrafo. Los poderes públicos procurarán, en acuerdosinternacionales, la preservación de intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, asegurar y mejorar la comunicación y el acceso los bienes y servicios desarrollados en el mismo.

el marco de los los derechos e con el objetivo de de la población a

2.4.13 Asimismo, la Constitución dominicana en su artículo 3 establece: Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, el Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

2.4.14 Por su parte, la Constitución Colombiana en su artículo 101 define el territorio de la siguiente manera: Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el

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Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

2.4.15 Como se observa, en ambos textos constitucionales, los Estados Partes incorporan en la definición de territorio, el espacio aéreo como un componente delmismo. Es precisamente en el territorio del Estado donde se concretiza una de las manifestaciones características de su soberanía, conformado por los límites fijados en la propia Constitución. Soberanía y territorio unidos indisolublemente son elementos indispensables para la existencia del Estado.

2.4.16 El concepto territorio previsto en la Constitución dominicana, es suficientemente concreto para delimitar su dimensión y ámbito de aplicación y pone a cargo a los poderes públicos su protección e integridad al momento de suscribir acuerdos internacionales, al expresar que los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre.

2.4.17 Frente a estas previsiones expresamente formuladas a los poderes públicos organizados por esta Constitución, se impone actuar con suficiente mesura frente a un acuerdo internacional de carácter bilateral que entraña aspectos sensibles de la soberanía y el territorio de la República Dominicana.

2.4.18 Es propicio acotar también que la definición de territorio dada por las constituciones dominicana y colombiana guardan una estrecha relación, pues en ambos casos el concepto de “espacio aéreo” está integrado a la redacción de los textos dedicados a 52

delimitar su contenido y ámbito constitucional. Además, el artículo 1 de la Convención de Chicago establece que todo Estado tiene soberaníaplena de su espacio aéreo, cuando señala: “Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio.”; criterio que no fue tomado como referencia en el presente acuerdo sujeto a control de constitucionalidad.

2.4.19 En conclusión, la inclusión en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana de un concepto restringido de territorio y que no abarca el reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía” plena en el espacio aéreo situado sobre su territorio, limita el ejercicio pleno de soberanía consagrado en la Constitución Dominicana y por tanto lo contradice.

En esta decisión no aparecen las firmas de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, y Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia, previa autorización del Presidente.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, Juez. Por las razones antes expuestas, el Tribunal Constitucional:

DECIDE: PRIMERO: DECLARAR no conforme con la Constitución el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana.

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente decisión al Presidente de la República, a los fines constitucionales correspondientes.

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TERCERO: DISPONER la publicación de la presente decisión en el Boletin del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; JottinCury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS. Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en esta Sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuve en la deliberación, tengo la obligación de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución a fin de ser coherente con la posición mantenida.

1. En la presente sentencia se declara no conforme con la Constitución el convenio de cooperación aéreo objeto de control de constitucionalidad, en razón, según consta en las páginas 8, 9, 10 y 11 de la misma, de que la definición de territorio que se hace en el artículo 1 del referido convenio excluye el espacio aéreo a pesar de que tanto en nuestra Constitución, artículo 9, como en la colombiana, artículo 101, se considera el espacio aéreo como parte del territorio nacional.

2. Entendemos que la referida inobservancia es irrelevante en el presente caso,ya que, si bien es cierto que cuando se define el territorio no se incluye el espacio aéreo, resulta que el objeto del convenio es permitir que líneasaéreas de ambos países puedan sobrevolar los territorios respectivos y aterrizar en los mismos con fines no comerciales (ver artículo 2 del convenio).

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3. El hecho de que el referido acuerdo tenga como finalidad garantizar que las aeronaves que designe cada país puedan sobrevolar el territorio de los estados partes en el convenio constituye una clara evidencia del reconocimiento de que el espacio aéreo forma parte del territorio. Si no fuere así, dicho convenio carecería de sentido.

4. Por último, es importante destacar que son las autoridades de cada uno de los países contratantes quienes han promovido el mencionado acuerdo, con la finalidad indicada, lo que constituye una incuestionable evidencia del respeto al principio de la soberanía nacional.

Por tales razones consideramos que la solución correcta en el presente caso era declarar el referido convenio conforme con la Constitución.

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez.

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico.

Julio José Rojas Báez Secretario

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REPUBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CONSTITUCIONAL Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, sobre cooperación en el ámbito de la Defensa.

Dios, Patria y Libertad República Dominicana En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente;

Rafael

Luciano

Pichardo,

Primer

Sustituto

de

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Julio Ibarra Ríos, Margarita A. Tavares, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Ana Rosa BergésDreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, hoy (21) veintiuno de julio de 2018, años 167° de la Independencia y 147° de la Restauración, actuando en funciones de Tribunal Constitucional, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre la comunicación núm. 4739, del 30 de abril de 2018, mediante la cual el Presidente de la República Leonel Fernández, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 56

185, numeral 2, así como en la tercera disposición transitoria de la Constitución de la República, somete a esta Suprema Corte de Justicia, a los fines de que ejerza el control preventivo del Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, sobre cooperación en el ámbito de la Defensa, antes de su ratificación por el Congreso Nacional, dirigida a garantizar la supremacía de la Constitución, la cual se copia más adelante; Visto la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2018, particularmente el artículo 185, numeral 2, y la Tercera Disposición Transitoria; Visto la comunicación núm. 4739 del 30 de abril de 2018 dirigida por el Presidente de la República al Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Visto el Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, antes citado; Considerando, que el 30 de abril de 2018 el Presidente de la República dirigió una comunicación al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se expresa lo siguiente: “En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 185, numeral 2), así como lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de la República Dominicana, someto a esa Honorable Suprema Corte de Justicia, a los fines de que ejerza el control preventivo del Acuerdo entre el gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, sobre cooperación en el ámbito de la Defensa, antes de su Ratificación por el Congreso Nacional, dirigida a garantizar la 57

supremacía de la Constitución.- La finalidad del Acuerdo es la cooperación entre las Partes, la cual está regida por los principios de igualdad, de la reciprocidad y del interés común, respetando las respectivas

legislaciones

nacionales

y

las

obligaciones

internacionales, tiene como objetivos: a)Promover la cooperación entre las Partes en asuntos relativos a la defensa, con énfasis en las áreas de investigación y desarrollo, apoyo logístico y adquisición de productos y servicios de defensa. b) Compartir conocimientos y experiencias adquiridas en el campo de operaciones, utilización de equipos militares de origen nacional y extranjero, así como en el cumplimiento de operaciones internacionales de mantenimiento de la Paz. c) Compartir conocimientos en las áreas de ciencia y tecnología. d) Promover acciones conjuntas de entrenamiento e instrucción militar, ejercicios militares conjuntos, como también el correspondiente intercambio de informaciones. e) Colaborar en asuntos relacionados a equipos y sistemas militares. f) Cooperar en otras áreas en el dominio de la Defensa que puedan ser de interés común.”; Considerando, que el artículo 26 de la Constitución de la República dispone en su numeral 1) que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, y en consecuencia “Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado”; y en su numeral 2) consagra que “Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial”;

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Considerando, que con la proclamación de la Constitución de la República el 26 de enero de 2018 se estableció el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, atribución que corresponde al Tribunal Constitucional, actualmente ejercida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de conocer en única instancia de conformidad con el artículo 185, numeral 2) de la Constitución, surtiendo su decisión un efecto erga omnes; excluyéndose de esa manera la posibilidad de que una vez ratificado un tratado internacional pueda ser atacado por la vía de la acción de inconstitucionalidad; Considerando, que asimismo, la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución dispone que la Suprema Corte de Justicia mantendrá las funciones atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional, hasta tanto éste se integre; Considerando, que, como se desprende de la lectura del citado artículo 185 de la Constitución, la ratificación de los tratados internacionales corresponde al órgano legislativo, vale decir, al Congreso Nacional, y a la Suprema Corte de Justicia, hasta tanto se integre el Tribunal Constitucional, el control preventivo de los mismos, a los efectos de que se pronuncie sobre la conformidad de los citados instrumentos internacionales con la Constitución, como en el caso, del Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, utsupra señalado; Considerando, que tal como lo afirma el Presidente de la República en su comunicación citada, lo que se persigue con el control preventivo es garantizar la supremacía de la Constitución, principio que se encuentra consagrado por el artículo 6 de la Constitución de 59

la República, cuando dispone: “Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”; Considerando, que ciertamente, la Constitución de la República tiene una posición de supremacía sobre las demás normas que integran el orden jurídico dominicano y ella, por ser la Ley de Leyes, determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y sobre la base de este principio, es que se funda el orden jurídico mismo del Estado; Considerando, que este alto tribunal ratifica el criterio externado en su sentencia del 9 de febrero de 2005, según el cual: “… conviene precisar, antes del análisis de la incidencia de las convenciones mencionadas sobre la ley cuestionada, cuya superioridad se aduce frente al derecho interno por ser aquellas normas del Derecho Internacional que el Derecho Interno, por oposición al primero, es el conjunto de normas que tienen por objeto la organización interna del Estado, lo que obvia y necesariamente incluye la Constitución del Estado de que se trate, por lo que resulta impropio afirmar que la convención prevalece sobre todo el derecho interno de la Nación dominicana, en razón de que ninguna norma nacional o internacional puede predominar por encima de la Constitución, que es parte, la principal, de nuestro Derecho Interno, lo que es hoy 60

reconocido por nuestro derecho positivo al consagrar el artículo 1 de la Ley No. 76-02 (Código Procesal Penal), al referirse a la primacía de la Constitución y los tratados en el sentido de que estos “prevalecen siempre sobre la ley”, de lo que se infiere que si bien forman parte del derecho interno el conjunto de garantías reconocidas por la Constitución y la jurisprudencia constitucional, así como las normas supranacionales integradas por los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por el país, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se ha dado en denominar bloque de constitucionalidad, que reconoce igual rango a las normas que lo componen, no menos cierto es que frente a una confrontación o enfrentamiento de un tratado o convención con la Constitución de la República, ésta debe prevalecer, de lo que se sigue que para que una ley interna pueda ser declarada inconstitucional, no es suficiente que ella contradiga o vulnere una convención o tratado del que haya sido parte el Estado Dominicano, sino que es necesario que esa vulneración alcance a la Constitución misma, salvo el caso que se trate de una disposición sobre derechos

humanos

comprendida

dentro

del

bloque

de

constitucionalidad, en razón, primero, del principio de soberanía de la Nación dominicana consagrado en el artículo 3 de nuestra Ley Fundamental y, segundo, de que no existe en derecho internacional regla general alguna según la cual, excepto que ello se consigne expresamente,

una

norma

internacional

habría

de

derogar

automáticamente una norma interna, anterior o posterior, que le sea contraria, y menos si esa norma es parte de la Constitución del Estado.”;

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Considerando, que el objetivo central del Acuerdo de que se trata es contribuir a la paz y la prosperidad internacional, reconociendo los principios de la soberanía, la igualdad y de la no-intervención en las áreas de jurisdicción exclusiva de los Estados y deseando fortalecer la cooperación entre las partes, teniendo como base el estudio recíproco de asuntos de interés común; Considerando, que siendo una atribución del Presidente de la República someter al órgano legislativo para su aprobación los tratados y convenios internacionales, es a éste a quien corresponde someter al Tribunal Constitucional, a los fines del control preventivo, el referido Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno Federativo de Brasil, como ocurre en la especie; Considerando, que la finalidad del Acuerdo es la cooperación entre las partes, regida por los principios de reciprocidad, igualdad, respeto a la soberanía, no intervención y buena fe; Considerando, que conforme el citado acuerdo este permanecerá en vigor hasta que una de las partes decida denunciarlo en cualquier momento, y entrará en vigencia el trigésimo día después de la fecha de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron cumplidos los requisitos internos necesarios para la validez de este Acuerdo; Considerando, que después de haber sido sometido al estudio y ponderación de esta Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional, el Acuerdo de que se trata, ha quedado evidenciado que el mismo no contraviene ningún texto de la Constitución de la República, sino que por el contrario se encuentra conforme a las 62

disposiciones establecidas en los artículos 3, relativo a la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención; 6, relativo a la supremacía de la Constitución; párrafo único del artículo 9; 26, sobre las relaciones internacionales y derecho internacional; y de manera más precisa, guarda armonía con el Capítulo III, relativo a la Seguridad y Defensa, el cual trata sobre el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, del carácter defensivo de las Fuerzas Armadas de la República, de los objetivos de alta prioridad, y de los cuerpos de seguridad pública o de defensa; por lo tanto procede declarar su conformidad con nuestra Carta Magna; Por tales motivos: FALLA: Primero: Declara conforme con la Constitución de la República, el Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, sobre Cooperación en el Ámbito de la Defensa, suscrito el 2 de febrero de 2018, en Brasilia; Segundo: Declara en consecuencia, que no existe impedimento alguno para que el Poder Ejecutivo proceda a someter al Congreso Nacional el citado Acuerdo para complementar los trámites constitucionales correspondientes.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Ana Rosa BergésDreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor, José E. Hernández Machado.

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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en el día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Grimilda Acosta de Subero, Secretaria General

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