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del COVID-19 (coronavirus) en 2020
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crisis. Esta reforma incluirá la creación de registros sociales integrales y dinámicos que puedan ser utilizados por todos los programas sociales, como el Cadastro Único de Brasil (Lindert et al. 2020). La segunda prioridad es desechar los programas presupuestados y los «cupos» racionados y adoptar garantías de protección, lo que incluye desde la mera asistencia a personas en situación de pobreza crónica hasta el establecimiento de redes de protección social que pueden ampliarse para amparar a personas que se encuentran una situación de vulnerabilidad al empobrecimiento antes de caer en la pobreza (Packard et al. (2019). La tercera es prevenir la aparición de «guetos de asistencia» mediante la estructuración de subsidios para incentivar la reinserción laboral (con el apoyo de servicios de reempleo más integrales).
La pandemia mundial del COVID-19 ha obligado a los gobiernos a actuar rápidamente para llevar a cabo muchas de las reformas que forman parte de este programa político (véase el cuadro 4.3). Muchos de los cambios y las mejoras necesarias en los sistemas laborales y de protección social de la región de ALC ya se habían puesto en marcha antes de la pandemia de 2020, especialmente en países más vulnerables al clima y otros desastres naturales (Bowen et al. 2020; Williams y Berger-González 2020). Muchos de los cambios que incrementan la capacidad de respuesta de un sistema de protección social a los hogares que sufren los impactos
Gentilini et al. (2020) han mantenido un registro de las medidas laborales y de protección social tomadas por los países de América Latina y el Caribe (ALC) desde que se declaró la pandemia del COVID-19 (coronavirus) a principios de marzo de 2020. El documento observa un auge sin precedentes de transferencias monetarias, cambios en los planes de seguro social para reducir los requisitos de elegibilidad y aumentar las prestaciones, el uso extensivo de programas de suspensión del contrato de trabajo respaldados con financiación pública, la concesión de créditos y préstamos bonificados a empresas pequeñas y microempresas, y la puesta en marcha de obras públicas basadas en el uso intensivo de mano de obra (aunque este instrumento no fue usado habitualmente, dados los requisitos de mantener la distancia física —y evitar aglomeraciones—, y otras recomendaciones de salud pública de la pandemia). En todos los países de ALC, las medidas de confinamiento y cierres perimetrales han afectado a los medios de subsistencia de los trabajadores informales de manera particularmente dura y han arrasado con muchos negocios informales. Varios países latinoamericanos han tratado de aliviar la difícil situación de aquellas personas que no son consideradas pobres —aunque son vulnerables (el «eslabón perdido»)— con generosas transferencias excepcionales de emergencia. Entre las más importantes se encuentran los programas Ingreso Familiar de Emergencia, que se han puesto en marcha en Argentina y Chile.
El gráfico B4.3.1 es un diagrama estilizado que muestra cómo se han utilizado todas estas medidas laborales y de protección social en los países de ALC para responder a las consecuencias económicas de la pandemia. Estos países reaccionaron con relativa rapidez y con una amplia gama de instrumentos, y se han beneficiado de años dedicados a la adaptación de sus sistemas laborales y de protección social.
Muchas de estas medidas que se han introducido a raíz de la crisis son transitorias. Sin embargo, también se han introducido varios cambios permanentes, sobre todo en la forma de recopilar y utilizar los datos de los hogares y en la provisión de prestaciones. Estos cambios habían sido objeto de un largo proceso de planificación, pero se aceleraron para ayudar a las personas a afrontar las consecuencias económicas de las medidas de salud pública.
Fuente: Gentilini et al. 2020.
(el cuadro continúa en la página siguiente)
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GRÁFICO B4.3.1 Respuestas estilizadas de políticas laborales y de protección social a la pandemia del COVID-19
Número de casos de COVID-19
Ex ante
Garantizar la preparación de las herramientas y mecanismo de provisión de servicios Subsidiar la cobertura del seguro de salud a bene ciarios de la red de protección social Ajustar la prestación de servicios para garantizar la seguridad de personal y bene ciarios
Garantizar la continuidad de las prestaciones y los servicios para bene ciarios
Exención de tasas en servicios sanitarios para personas pobres y vulnerables
Ampliación de redes de seguridad parabene ciarios existentes y hogares pobres y vulnerables
Prestaciones por defunción a hogares pobres sin seguro, que han perdido familiares por Covid-19
Pagos únicos adicionales para pensiones sociales
Anticipación de futuras prestaciones por jubilación
Impuestos e incentivos para que las empresas conserven a los trabajadores Ampliación del seguro de desempleo
Obras públicas seguras y estrategias para facilitar la diversi cación de los medios de subsistencia
Recapacitación profesional e intermediación para personas sin empleo Tiempo
Sistemas de provisión de servicios Redes de protección social Pensiones Mercado laboral
Fuente: Morgandi et al. 2020; Williams y Berger-González 2020.
de los desastres naturales también mejoran la función del sistema como parte de estabilizadores automáticos nacionales contra otros shocks económicos sistémicos. En las economías avanzadas y en varios países de ALC (como Brasil y Perú), se ha invertido en paquetes fiscales muy importantes para hacer frente a la crisis actual del COVID-19. Los países de ALC, en su conjunto, han actuado en forma anticíclica en respuesta a ella. La preocupación ahora se refiere a no retirar el apoyo demasiado rápido. Aunque algunos países han renovado el apoyo a medida que la pandemia se prolonga, otros no lo han hecho, y esta renovación (o falta de ella) tiene implicaciones fiscales.
Preparar a los trabajadores para el cambio: subsidios a la conservación del empleo (a corto plazo) y apoyo a la recapacitación profesional y el reempleo (a más largo plazo)
Además de los impactos a corto plazo de las crisis sobre los trabajadores, este estudio destaca que, durante las crisis, los trabajadores
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sufren desempleo, pérdida de ingresos duraderos, y peores comienzos profesionales (y difíciles de recuperar). Estos efectos son de larga duración. ¿Qué se puede hacer para mitigarlos? Investigaciones anteriores sobre las crisis sugieren que la persistencia de estos efectos depende de la gestión de la crisis y de lo bien que, en consecuencia, se adaptan los trabajadores. La historia demuestra que cuanto más dura una crisis, más difícil es para los trabajadores transitar de sectores en decadencia a sectores en expansión. Las secciones anteriores de este capítulo enfatizaron la importancia de los estabilizadores automáticos y el apoyo eficaz a los ingresos como respuestas políticas para ayudar a los trabajadores a mantener su nivel de consumo. En cambio, esta sección se centra en la asistencia en materia de empleo y en los programas de readaptación profesional y reempleo. También analiza los programas de conservación del empleo (suspensiones subsidiadas del contrato de trabajo y otros planes de trabajo a corto plazo que conservan las coincidencias trabajador-puesto de trabajo, que permiten restaurar los niveles de empleo anteriores y prevenir la pérdida de capital humano específico a ciertos sectores y empresas) dado su protagonismo en la respuesta a la crisis actual en países como Argentina, Brasil y, en especial, Chile.
Aumentar la agilidad y calidad de las coincidencias laborales o las inversiones en nuevas cualificaciones puede mitigar estos efectos de las crisis sobre los trabajadores y mejorar las perspectivas de crecimiento de las regiones afectadas en el futuro. La primera línea de respuesta tradicional a las amenazas al empleo derivadas de la crisis es la intermediación y el apoyo a la búsqueda de empleo para las personas que han perdido el empleo, así como la creación de oportunidades asequibles para la readaptación profesional y formación complementaria.
Panorama del apoyo al reempleo y la recapacitación profesional en América Latina
Los servicios de reempleo no monetarios constituyen un complemento vital al apoyo a los ingresos para personas que han sido desplazadas por las crisis y otras categorías de shocks. Los servicios de reempleo incluyen programas que ayudan a los trabajadores desplazados a actualizar sus cualificaciones. Dichas medidas de apoyo para la readaptación profesional y el reempleo (a veces conocidas colectivamente como programas activos de mercado laboral o PAML) son necesarios en dos sentidos: (a) junto con el uso combinado y sensato de ahorro individual y participación común en la cobertura de los riesgos para el apoyo a los ingresos, se ha demostrado que las personas que han perdido el empleo y reciben apoyo para encontrar un nuevo trabajo sufren un menor peligro de riesgos morales y menores incentivos maliciosos que surgen casi inevitablemente al ofrecer un seguro de desempleo (Fietz 2020); y (b) estos programas ayudan a compensar la racionalidad limitada de las personas y las limitaciones conductuales, así como informaciones poco exhaustivas sobre las nuevas perspectivas laborales y la demanda de cualificaciones. Sin embargo, los datos existentes sobre la eficacia de los PAML son desalentadores.
Una revisión reciente de McKenzie (2017), que recopila datos más rigurosos procedentes de evaluaciones de impacto de programas de formación profesional, subsidio salarial y asistencia a la búsqueda de empleo, muestra que los impactos de estos programas son modestos en el mejor de los casos en la mayoría de las circunstancias.13 Los servicios públicos de empleo suelen ser los organismos con menos recursos de los sistemas laborales y de protección social en el ámbito nacional. La mayoría de los gobiernos no pueden formular intervenciones específicamente adaptadas a shocks particulares, a las diversas necesidades de diferentes grupos de demandantes de empleo (como personas jóvenes, personas con menores dependientes, o personas mayores) o a industrias y lugares particulares. El historial de los PAML tradicionales también se ha visto empañado por la tendencia de los gobiernos a usarlos en lugar de—en vez de en apoyo a— reformas estructurales, institucionales y normativas necesarias.
