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EL VOCERO DE PUERTO RICO > MIÉRCOLES, 26 DE JULIO DE 2017
Con fecha la sentencia de López La extitular de la Administración de Derecho Laboral tendrá otro día en corte el 24 de agosto
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Melissa Correa
>mcorrea@elvocero.com @melissaivelise
Luego de varias posposiciones, el juez federal Pedro Delgado Hernández pautó para el 24 de agosto la vista de sentencia de la extitular de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Sally López Martínez, convicta por corrupción junto al excontratista Anaudi Hernández Pérez. Originalmente, la vista de sentencia había sido pautada para el 6 de febrero de 2017 y luego reseñalada para el 30 de marzo. El 7 de octubre del pasado año, un jurado encontró culpable a López Martínez junto a los coacusados Glenn Rivera Pizarro, exasistente de Xavier González Calderón, exadministrador de la Cámara de Representantes; Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); y su hermana Marielis Falcón. López fue acusada por conspiración para cometer fraude a un programa
federal y fraude electrónico; conspiración para cometer fraude electrónico y soborno. Por este caso se declararon culpables Hernández Pérez; la exdirectora de Compras de la AAA, Sonia Barreto Colón; el exdirector de Información y Tecnología de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos Cotto; el exadministrador de la Cámara de Representantes, González Calderón; el exaspirante primarista a la Alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Javier Muñiz Álvarez; Carlos Luna de la empresa JM Professional and Training Group y el exsocio de Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto. De acuerdo a la acusación, Hernández Pérez fue el gestor de tres conspiraciones para obtener contratos y beneficios con el gobierno de Puerto Rico con un valor aproximado de más de $2 millones para entidades corporativas controladas por el empresario. Ello, a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de gobierno.
Sally Lopez Martínez fue encontrada culpable por participar en el esquema de fraude que encabezó Anaudi Hernández. >Archivo/EL VOCERO
Conexiones políticas
La acusación señala que luego de las elecciones de noviembre de 2012, Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas para asegurarse que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias del gobierno. Estas personas, que sabían de sus influencias
políticas, enviaron resumés a Hernández Pérez y este los enviaba a Luis G e ra rd o ( G e r r y ) Ga rcía Padilla, hermano del gobernador Alejandro García Padilla, y le pedía ayuda para que fueran nombradas en posiciones de confianza. El pliego acusatorio afirma que muchas de estas personas fueron nom-
bradas a posiciones claves dentro de varias agencias gubernamentales por recomendación del empresario Hernández Pérez. Luego de que estas personas fueron nombradas, Hernández Pérez les regalaba artículos de lujo, cenas y boletos para conciertos, a cambio de que autorizaran contratos para sus compañías.
Acepta su culpa por corrupción en Hacienda Melissa Correa Velázquez >mcorrea@elvocero.com
Edwin Aponte Hernández, uno de los dos agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda que fueron acusados por un gran jurado federal por extorsión y soborno, se declarará culpable por estos hechos el 9 de agosto ante el magistrado federal Bruce McGiverin, según una orden contenida en el expediente del caso. El coacusado Eduard Caraballo Torres también solicitó hacer alegación de culpabilidad. Aponte Hernández y Caraballo Torres fueron arrestados el pasado 9 de marzo por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI),
9 DE AGOSTO > Día en que Edwin Aponte Hernández se declarará culpable en el Tribunal Federal. tras ser acusados por un gran jurado por extorsión y recibir sobornos. Se alega que recibieron sobornos en relación a las licencias de máquinas de entretenimiento de adultos, ubicadas en varios establecimientos en San Juan.
El pliego acusatorio indica que como parte de sus tareas, inspeccionaban negocios para verificar el cumplimiento de las ordenanzas y leyes relacionadas a la venta de alcohol y de la licencia de las máquinas de entretenimiento de adultos. Según la acusación, el dúo aceptó sobornos en exceso de $5 mil durante el periodo de marzo a diciembre de 2015, al ser remunerados por transacciones a nombre del Departamento de Hacienda. Si los acusados hubiesen enfrentado el juicio en su contra, se hubiesen expuesto a sentencias de hasta 20 años de prisión, a multas de hasta $250 mil y a tres años de libertad supervisada.
Arrestan
a una hija de Lornna Soto CAROLINA – Una hija de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, fue arrestada antenoche en una intervención de tránsito, en la que el patrullero se percató de que estaba alegadamente ebria y al someterla a la prueba de aliento arrojó 14 centésimas, legalmente ebria. Según informes policiales, el patrullero Alvin Ramos Olavarría, de Patrullas de Carreteras, se percató a las 11:30 de la noche de que la conductora de una guagua Chevrolet Tahoe color oro modelo del 2010 había hecho un cambio indebido de carril en el Expreso Baldorioty de Castro. El patrullero le ordenó detenerse y la joven resultó ser Lorenis Paola Mora Soto, de 25 años de edad, vecina de Fort Lauderdale en Florida. La joven se dirigía a Canóvanas y le dijo al patrullero que la guagua que conducía era de su mama la alcaldesa Lorna Soto. El patrullero procedió a detenerla al percibir que expelía olor a alcohol y la llevó la estación de Patrullas de Carreteras, donde se sometió a la prueba arrojando .14 centésimas, seis más que el mínimo establecido por la ley. La joven fue dejada en libertad y quedó citada para el 14 de agosto cuando será sometido el caso de ebriedad en un tribunal.
Joven falla a la probatoria
CAROLINA - Un joven de 21 años de edad, quien cumple una sentencia en probatoria por un caso federal de armas, fue arrestado ayer en la mañana en posesión de otra arma de fuego. Según la Policía, el agente Dones de Patrullas de Carreteras realizó la intervención a las 8:40 de la mañana en el kilómetro 11 de la PR-3. El joven Dennis Soto Hiraldo, de 21 años de edad, vecino de la urbanización Loíza Valley, en Canóvanas, alegadamente hizo un cambio indebido de carril en la guagua Suzuki Vitara que conducía. Al ser detenido tras una persecución, el agente le ocupó una pistola Rugger calibre 9mm. cargada con 11 balas.