Proponen prohibir confinadas trans en la cárcel de mujeres

ó Activistas de los derechos LGBTTQIA temen por la seguridad de las reas

Alejandra M. Jover Tovar >ajover@elvocero.com

@alejandra_jover

La representante Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, radicó el pasado 11 de mayo el Proyecto 1741 de la Cámara de Representantes, que propone crear la Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en las Instituciones Penales, disponiendo que el Complejo de Rehabilitación para Mujeres albergue exclusivamente personas asignadas como mujeres al momento de nacer.

“Se dispone, además, que se prohibirá la asignación de hombres, independientemente de su identidad autopercibida, en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres”, indica el proyecto de ley, del que solo está disponible el título y aún no se puede consultar a través del Sistema Único de Trámite Legislativo (Sutra) de la Oficina de Servicios Legislativos.

Sobre la intención legislativa, la activista Ivana Fred, quien es transexual, expresó a EL VOCERO que las personas en puestos de poder como Burgos “deberían de cambiar ya lo que es su agenda transfóbica y homofóbica y ponerse trabajar por el pueblo”.

“A cada rato veo que todo el trabajo que ellos visibilizan tiene que ser homofóbico, transfóbico y va en contra de la comunidad, en vez de hacer cosas que realmente trabajen por el pueblo en general, no con el discrimen ni separando a los seres humanos e imponiéndoles su postura. Es increíble tener que seguir leyendo estas cosas al día de hoy, pero mucha gente votó por ellos”, señaló. Sobre el confinamiento en las cárceles, Fred planteó que “hasta donde tengo entendido hay una ley federal que establece que a las personas de experiencia trans se les da a elegir. Cómo la estén acatando aquí en Puerto Rico son otros veinte pesos, y ahí está el caso de Aurora, y ella ha decidido estar en la cárcel de mujeres y ha tenido sus situaciones”.

En cuanto al argumento que impide a la mujer trans utilizar el baño de mujeres por temor a que ocurran violaciones, la activista cuestionó qué pasaría si el caso es al revés.

“¿Tú me vas a decir a mí que vas a exponer a una persona de experiencia trans a meterla en una población de hombres y a que pase lo opuesto, que sea abusada allí?”, cuestionó Fred.

“Eso ha pasado todas las veces. Si yo tengo una situación y termino en la cárcel, y me envían a la de los hombres, van a acabar conmigo”, planteó. “Lo que está buscando es tirar por la borda a esta comunidad”, agregó.

Un “atentado contra la vida”

El presidente de Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano,

Fiscalía solicita que restituya

$81,500 sostuvo que “quisiera pensar que las legisladoras del Proyecto ‘Indignidad’ (sic) no son perversas, (pero) los proyectos que están sometiendo son tan inhumanos, tan crueles, tan despiadados, tan depravados, que no me cabe en la mente cómo puede existir tanta maldad”.

Serrano se refirió al caso de Penélope Díaz Ramírez, transexual que fue enviada al Complejo Correccional de Bayamón y quien fue ahorcada por su compañero de celda, el 13 de abril del 2020.

“Hay una orden administrativa que indica que las personas tienen que ir a instituciones correccionales de acuerdo con su identidad de género. Entonces, ¿cuál es la obsesión de atentar contra la dignidad y contra la vida? Porque eso es un atentado contra la vida; poner a una mujer trans en una cárcel de hombres es un atentado contra su vida”, insistió el activista.

Sobre el PC 1741, agregó que espera que “ni tan siquiera vaya a la consideración de una comisión”.

“De la misma manera que (Burgos) tuvo que retirar el proyecto que imponía cárcel a las mujeres que abortaran, que haya la misma indignación y tenga que retirarlo en vergüenza, que es lo que debería darle a ella”, puntualizó Serrano.

Pedro Menéndez Sanabria >EL VOCERO

La Fiscalía federal presentó ante el juez Raúl Arias Marxuach una moción para que se ordene al exlegislador Néstor Alonso Vega restituir a la Cámara de Representantes $81,500, cantidad que obtuvo por medio de un esquema de fraude con el que cobró comisiones ilegales —‘kickbacks’, en inglés— y por el que fue hallado culpable.

De acuerdo con el fiscal Scott Anderson, durante el juicio un analista financiero del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) detalló en sala que el exrepresentante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) otorgó aumentos de salario de entre $1,000 a $4,000 mensuales a uno de los empleados de la oficina, lo que provocó una pérdida considerable en las arcas del cuerpo legislativo.

El Ministerio Público subrayó que el empleado de la oficina del convicto exlegislador, testificó durante el proceso judicial que Alonso Vega exigió el pago de la mitad de los aumentos de salario, por lo que “no se puede hacer argumento alguno para decir que porción alguna de

Beneficiario de Medicare

La Fiscalía reiteró que la convicción del exrepresentante involucró la creación de un esquema para defraudar a los ciudadanos de Puerto Rico. >Josian E.

estos incrementos salariales fueron aumentos ‘bona fide’”.

“La Cámara de Representantes fue directamente perjudicada por la conducta fraudulenta del acusado, por lo que (el gobierno de) Estados Unidos respetuosamente solicita a la honorable corte que ordene la restitución de $81,500 pagables por el acusado”, sostuvo el fiscal Anderson, quien puntualizó que Alonso Vega fue hallado culpable “más allá de duda razonable”.

En la moción, la Fiscalía reiteró que la convicción del exrepresentante involucró la creación de un esquema para defraudar a los ciudadanos de Puerto Rico y privarlos de servicios honestos por parte de un oficial público, por lo que “la restitución de los $81,500 es obligatoria”.

Por otro lado, el juez Arias Marxuach denegó parcialmente una solicitud por parte de la defensa de Alonso Vega, en la que había solicitado posponer hasta el 25 de mayo la entrega voluntaria del ahora convicto a la institución carcelaria en la que cumplirá la sentencia de 63 meses de cárcel impuesta por la corte.

El magistrado catalogó la moción como “una artimaña de último minuto para retrasar su entrega”.

La defensa del exlegislador fundamentó la solicitud en el hecho de que Alonso Vega está matriculado en 15 créditos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y necesita tiempo para completar el semestre.

Sin embargo, el magistrado accedió a que se ordene a las autoridades que devuelvan el pasaporte del exrepresentante para que pueda realizar el viaje hasta la institución carcelaria, debido a que, según la defensa, Alonso Vega no tiene otro tipo de identificación oficial.