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Investigadores del caso del asesinato del niño Lorenzo trataron de mantener al margen a los federales
EL VOCERO DE PUERTO RICO > JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016
Somoza y Meléndez se llaman a silencio Inter News Services
Al cumplirse seis años de su asesinato, ofrendas florales fueron colocadas el miércoles en el nicho donde descansan los restos de Lorenzo González Cacho en el Cementerio Porta Coeli de Bayamón. El martes se acusó a Luis Rivera Seijo por la muerte del niño asesinado el 9 de marzo de 2010. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO
Lucha de poderes
El exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza y el exfiscal general, Obdulio Meléndez, dijeron que el silencio que se han “autoimpuesto” responde a los respectivos cargos que ocuparon en la anterior administración de gobierno, cuando intervinieron con el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. “De este silencio autoimpuesto por las razones… no debe de forma alguna concluirse otras razones”, advirtieron ambos exfuncionarios en un mensaje a la agencia Inter News Service. Somoza y Meléndez se convirtieron el martes en centro de interés ante la revelación de la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, de que ambos rechazaron la asistencia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en el caso del niño, asesinado hace seis años.
afectó la investigación @
Miguel Rivera Puig >jrivera@elvocero.com
La determinación de causa para arresto emitida el martes contra Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco, por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, ocurrido el 9 de marzo de 2010, ha sido una al extremo controvertible, con un rechazo masivo del Pueblo ante un cuadro de numerosas especulaciones de que otros fueron los participantes en el cruel hecho de sangre. La presencia de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez en la conferencia de prensa en la que el secretario de Justicia, César Miranda, anunciaba el martes las acusaciones, hizo resurgir la controversia entre Guillermo Somoza Colombani, quien para la fecha de los hechos era el secretario de Justicia, y el FBI. La guerra se inició en agosto de 2010 por una sorpresiva visita que realizaron los agentes federales a la residencia en la que fue asesinado Lorenzo, en la urbanización Dorado del Mar, en Dorado. La visita, según reseñó EL VOCERO el 9 de agosto de 2010, se realizó a espaldas de los fiscales del Departamento de Justicia, que llevaban para esa fecha cinco meses desarrollando la pesquisa, de la que ya Ana Cacho, la madre del menor asesinado, había sido declarada sospechosa. Somoza Colombani dijo para agosto de 2010 que “de haber coordinado la visita, los federales posiblemente no hubieran perdido el tiempo en ir a indagar lo que hace meses ya los estatales habían investigado”. Se indicó para esa fecha que “aunque el detalle especifico de qué llevó a los agentes del FBI a Dorado no fue revelado, Somoza Colombani dijo que hoy lunes sostendrá comunicación con las autoridades federales para recalcar que hay que trabajar en equipo. La pesquisa está bien adelantada, pero ahora hay que ver las consecuencias de lo ocurrido (el viernes)”, dijo entonces Somoza Colombani. La intervención del FBI en la investigación generó entonces una controversia pública, en la que se sostuvo que Somoza Colombani se enteró de la gestión de los federales cuando regresó a Puerto Rico después de haber estado en la República Dominicana en gestiones oficiales, una
de ellas relacionadas con la mecanización del Registro de la Propiedad. La reseña de EL VOCERO indica que Somoza Colombani “no hizo expresiones cuando se le preguntó sobre versiones de que los agentes del FBI habían excarcelado a Luis Gustavo Rivera Seijo, a quien se le conoce también como El Manco, y quien según algunas teorías se presume que estuvo en la casa de Cacho el 8 de marzo, cuando el niño que estaba bajo la custodia de su mamá fue brutalmente asesinado a golpes y cuchilladas.” La controversia de la participación del FBI sin que el Secretario de Justicia tuviera conocimiento duró vario días y hubo agrios debates en foros radiales. Somoza Colombani se reunió con el entonces el director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli y la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. El superintendente de la policía para ese tiempo, José Figueroa Sancha, había pedido la colaboración del FBI sin decirle nada a Somoza Colombani. Hubo expresiones de Somoza Colombani defendiendo la labor de sus fiscales Wanda Casiano y Obdulio Meléndez. Casiano sigue en Justicia y no participó de esta etapa de la pesquisa, y Meléndez se jubiló. Desde agosto de 2010, en varias ocasiones Somoza Colombani había denunciado que “posiblemente hay personas que interesan que la investigación se desvié del curso que lleva y de ahí la visita de los federales a Dorado del Mar”. Según Somoza Colombani, quien no mencionó nombres, no descartó que “El Manco” hubiera sido manipulado por unas personas para que diera las distintas versiones de que había entrado a la casa para escalar y al ser detectado mató al niño. En la reseña de EL VOCERO se señala que “el asesinato de Lorenzo es una violación a las leyes del ELA y los federales no tendrían jurisdicción, aunque sí podrían cooperar en la investigación. De acuerdo a fuentes allegadas a la pesquisa, en este caso se le pidió cooperación para conocer la procedencia de unas llamadas telefónicas, pero antes de que los federales obtuvieran la información, los agentes del CIC y Justicia habían obtenido la misma”. Para agosto del 2010, los agentes del FBI ya habían entrevistado a Cacho, la que nunca dio
testimonio a los estatales después de que se catalogara como sospechosa. Esta dio una declaración jurada a Justicia hace varias semanas después de que en la nueva fase de la pesquisa dejó de ser sospechosa. Cacho también había rehusado en marzo de 2010 a someterse a una prueba de ADN tras el hallazgo de una pipa de fumar “crack” en su hogar. Para esa fecha, el superintendente de la Policía lo era José Enrique Figueroa Sancha, quien fue sustituido por su excompañero de trabajo en el FBI, Héctor M. Pesquera, a finales de marzo de 2012. Con Pesquera la situación de tirantez hacia Somoza Colombani no cambió mucho. Sin embargo, la teoría de varios participantes en el asesinato tomó mayor fuerza. Pesquera trajo dos detectives de homicidios del Condado de Dade, en Florida, a los que calificó como unos peritos de su entera confianza. Se redactó un informe sosteniendo la teoría de varios participantes en la muerte del niño. El informe se filtró por diversas vías a los medios de comunicación, algunos daban por sentado que se radicarían acusaciones contra Cacho. Somoza Colombani por su parte le encargó a la fiscal Gretchen Pérez Catinchi que revisara la labor de Casiano, y concluyó que todo estaba bien, recomendando que se insistiera en las entrevistas con las hermanas de Lorenzo. Con la llegada de Alejandro García Padilla a la gobernación en enero de 2013, Pesquera siguió en la Policía. Compartió los informes que tenía con el licenciado Luis Sánchez Betances, designado secretario de Justicia. Se continuó entonces manteniendo la teoría de múltiples participantes. Sánchez Betances abandonó Justicia a finales del 2013 y en enero de 2014 el licenciado César Miranda fue nombrado Secretario. El FBI había comenzado a colaborar de nuevo en la pesquisa en el 2013 y concluyeron la misma a finales de agosto de 2015, surgiendo la teoría de que fue Rivera Seijo el autor del asesinato, tal y como lo había confesado a los agentes bajo el mando de Fraticelli cinco años antes. Rivera Seijo se había retractado y en algunas de esas “confesiones” supuestamente menciona que en la casa había otras personas.
El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza prefiere no hacer comentarios sobre el Caso Lorenzo. >Archivo/EL VOCERO
Rodríguez recordó en rueda de prensa en el Departamento de Justicia que decidieron salirse del caso por la advertencia que le hizo Somoza de que el FBI no tenía nada que hacer ahí porque no era su jurisdicción. Las discrepancias surgieron entre las autoridades puertorriqueñas y las federales luego que Somoza descartara que Luis Gustavo Rivera Seijo, El Manco, fuera responsable del asesinato del niño González Cacho. “Hablamos con ‘El Manco’ y nos dio una confesión; tratamos de lograr que lo que habíamos tomado se tomara en consideración y eso no prosperó”, dijo la jefa de la fiscalía federal. Rodríguez instó a los periodistas a preguntarle “a los que estaban a cargo del Departamento de Justicia en 2010” las razones por las cuales rechazaron la colaboración de las autoridades federales. Ante esta situación, Somoza y Meléndez expresaron que ante las “conjeturas e insinuaciones relacionadas a nuestro proceder… estamos imposibilitados de opinar o comentar en estos momentos”. “Al haber estado ocupando posiciones en el DJ mientras se investigaba esos hechos, por ende al haber tenido contacto con la misma, nos llevan a la conclusión que sería impropio y antiético emitir opiniones o comentarios”, dijeron los exfuncionarios. Además, entienden, “cualquier comentario podría ser malinterpretado o mal utilizado para afectar el proceso criminal iniciado o para beneficio del imputado, aunque ninguna de ellas fueran las intenciones”.