De crisis en crisis
Una Crónica de Transformación en Tiempos de Quiebra
Parte 1
Reportaje Especial por Philipe Schoene Roura
El 30 de junio de 2016, justo al filo de la medianoche, acreedores y la prensa financiera internacional estaban en alerta, todos pendientes a una reunión entre representantes de las múltiples clases de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Estos esperaban cobrar intereses por su inversión en la corporación pública, cuya deuda ascendía al insostenible monto de $9.3 mil millones.
El cónclave en Nueva York entre AlixPartners, presidida por Lisa Donahue como Principal Oficial Reestructurador a cargo de la restructuración de la deuda, marcaba la reunión número 17. El junte de los transformadores energéticos tenía como meta llegar a un acuerdo de moratoria que le permitiera a la maltrecha corporación y a sus acreedores la oportunidad de posponer la fecha de vencimiento de pagos.
La quiebra de la Autoridad era la crónica de una muerte anunciada arraigada en el mito de abundancia en el mercado municipal, el “panismo” y los descapitalizados fondos de pensión. En este “velorio” no hay flores y buenos vecinos; se parece más al “pleito de una herencia” por la falta de mantenimiento de una flota de obsoletas plantas generadoras interconectadas por 20,000 millas de líneas de transmisión y distribución cuya fragilidad fue trágicamente expuesta con la devastación del Huracán María en el 2017.
Con el pasar de la aplanadora atmosférica,
los 3.2 millones de habitantes que residían en la isla estuvieron a oscuras por meses, mientras 5.6 millones de puertorriqueños que vivían en los Estados Unidos observaban con indignación. Aunque Donahue había establecido la falta de liquidez e inventario para atender una infraestructura deteriorada durante su testimonio ante el Subcomité de Energía y Recursos Minerales en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en enero de 2016, no parecía haber contemplado la posibilidad de un apagón que aparentaba perpetuo ante el embate de un Huracán de categoría mayor.
“La Autoridad de Energía Eléctrica actualmente se encuentra en un estado de crisis, y durante años ha sido incapaz de transformarse en la empresa de servicios públicos moderna y de clase mundial que Puerto Rico merece”, dijo Donahue mientras comenzaba su mensaje en el 2016 haciendo referencia al pasado. “En el verano de 2014, la AEE enfrentó una severa crisis financiera y de liquidez, creada por una combinación de flujos de efectivo negativos recurrentes, una recesión en curso, instalaciones de generación obsoletas, vencimientos de deuda sustanciales e incapacidad para acceder a los mercados de capital. Esta debacle amenazó la capacidad de la AEE para operar, principalmente al amenazar su capacidad de continuar comprando combustible para hacer funcionar sus plantas de energía.
Ante esa audiencia congresional, Donahue recalcó que los problemas de la AEE no
surgieron de la noche a la mañana, ni siquiera en unos pocos años, sino que se desarrollaron e intensificaron durante décadas. “Durante este tiempo, las decisiones de gestión y otras decisiones estratégicas, incluida la desmedida nómina y la inversión de capital, se basaron con demasiada frecuencia en consideraciones políticas o electorales en lugar de en las mejores prácticas o los imperativos comerciales”, concluyó Donahue.
Primavera
Energética
Esas décadas de abandono tumbaron los circuitos que habían sido claves para impulsar la industrialización de Puerto Rico bajo Operación Manos a La Obra. Las raíces de la Autoridad se remontan a la Utilización de las Fuentes Fluviales (UFF), empresa energética fundada gracias al financiamiento provisto por el Banco de Fomento de Puerto Rico. Ese fue el primer catalítico, el motor impulsor de la transformación de Puerto Rico de arrabal caribeño a un modelo de industrialización objeto de estudio internacional.
El banco sentó las bases para financiar un proceso que duraría varios años—antes y después—de la transición a la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF) en el 1941. “En 1943, el Banco coordinó la preparación y la venta de una emisión de bonos por $20 millones (equivalente a más de $358.6 millones hoy día) para la AFF. En 1945, coordinó una segunda emisión de $5 millones y dos años más tarde tramitó la emisión
De crisis en crisis
más grande de cualquier agencia o corporación pública en los Estados Unidos por la cantidad de $50 millones ($694.2 millones de hoy)”, según una investigación académica realizada por el Historiador José Bolivar Fresneda en el 2008.
La investigación señala la importancia de recomendaciones hechas por Antonio S. Luchetti, como ingeniero en jefe de la UFF, dirigidas a establecer un plan de mejoras al sistema eléctrico mediante la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. Según Luchetti, “a pesar de que Puerto Rico no tenía carbón, ni petróleo para el desarrollo energético, contaba con múltiples cuencas hidrográficas para cumplir con estos propósitos”. Luchetti añadió que, para obtener el deseado desarrollo energético, era necesario que el Gobierno comprase las tres compañías privadas que operaban en la Isla: la Ponce Electric Company, la Porto Rico Railway Light Power Company, y la Mayagüez Light, Power & Ice Company.
En esencia, la UFF fue establecida para proveer servicios eléctricos no provistos por las compañías privadas. Bajo su iniciativa como director ejecutivo de la UFF se adquirió, en 1937, la primera compañía privada: la Ponce Electric Company, y se construyeron las plantas hidroeléctricas de Carite y Toro Negro.
“Hubo también dificultades en obtener capacidad adicional, debido al atraso que se experimentó en expropiar la planta hidroeléctrica de Río Blanco, propiedad de la Porto Rico Railway Light & Power Company, y en la construcción de los proyectos de Garzas y Dos Bocas” según la investigación del historiador.
“La Autoridad de Energía Eléctrica actualmente se encuentra en un estado de crisis, y durante años ha sido incapaz de transformarse en la empresa de servicios públicos moderna y de clase mundial que Puerto Rico merece”, dijo Donahue
¿Posible luz al final del túnel?
Con una enmienda a la Ley Orgánica de Puerto Rico en1938, el Congreso de Estados Unidos les dio luz verde a las corporaciones públicas a emitir bonos sin gravamen.
En esa coyuntura federal, Luchetti vio una oportunidad para crear la Autoridad de las Fuentes Fluviales como una corporación pública con la disposición de emitir bonos que no constituyeran una obligación para el pueblo de Puerto Rico. Impulsada por una inversión fundacional del Banco de Fomento, la AFF fue energizando a
A la luz de los años
1927
Se funda el Negociado de la Utilización de Fuentes Fluviales
un Puerto Rico industrial que crecía a pasos agigantados. Cuando se fundó la Autoridad de Fuentes Fluviales en 1941 solo existían 24 fábricas extranjeras en Puerto Rico, atraídas a la isla por los incentivos contributivos bajo la Ley 183 de Puerto Rico. La cantidad de empresas de manufactura que llegó a la isla aumentó exponencialmente en los años ’50. La larga fila de fábricas en Puerto Rico creció por 160 solo en 1961, elevando el número total de plantas a 1,030, cifra que continuó su ascenso meteórico cuando el Congreso federal puso en vigor la Sección 931 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, precursor de la Sección 936 de 1976.
El creciente universo industrial hacia imprescindible un sistema energético confiable. Debido a los rigurosos estándares federales bajo los cuales operaban estas empresas foráneas era importante contar con fuentes de electricidad y agua que fuesen estables.
La Insuficiencia en el Horizonte
Ya para el 1990, la dependencia pública generaba unos 4,000 megavatios para el consumo de 3.3 millones de habitantes en la isla
1937, 1938
Gobierno compra plantas privadas— la Ponce Electric Company, la Porto Rico Railway Light Power Company, y la Mayagüez Light, Power & Ice Company. Se enmienda la Ley Orgánica de P.R. con emisión de bonos sin gravamen.
utilizando unidades termoeléctricas; estaba tarde en su introducción de unidades de ciclo combinado en Central San Juan, la cual permitiría el cumplimiento eventual con estándares ambientales y una reducción de gastos en la compra de combustible. A pesar de estos avances potenciales, la AEE continuaba operando en el marco ilusorio de una abundancia ficticia. El monopolio público emitía deuda sin contemplar gastos operacionales futuros.
Para el 2005, el economista Gustavo Vélez visualizaba los comienzos de una crisis fiscal mientras revisaba estados financieros en su gestión diaria como asesor de asuntos económicos y laborales bajo la administración del entoncesgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Cuando llego a la Fortaleza en el 2005 heredamos el convenio colectivo de la Autoridad que se trabajó bajo la administración de Sila,” recuerda el economista Vélez. “La Utier (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) estaba pidiendo $400 millones de convenio colectivo; yo tenía rol de asesor económico y laboral. Me pongo a mirar los estados financieros de la autoridad; ya reflejaban un deterioro; Moodys y Standard and Poors ya estaban pendientes a Puerto Rico. Entonces vino el cierre del gobierno añadido sin poder la entonces gobernadora conseguir el IVA con la gente de Bearing Point. Ya yo veía, con todo el tema de la caída de las 936 [programadas para una eliminación gradual de 10 años en 1996], una fuga masiva de farmacéuticas que eran la principal fuente de ingreso de la autoridad. Empiezo a ver los recaudos en contracción; empiezo a ver un deterioro en los estados financieros de la Autoridad.”
En ese contexto, “con las casas acreditadoras tocando la puerta”, Vélez recuerda haber visto cómo los serios problemas en el horizonte fiscal de la isla comenzaban a acercarse. Vélez estuvo entre varios economistas, casas acreditadoras y funcionarios de carrera en el Departamento del Tesoro de los Estados Unido sonando la alarma sobre el monstruo de la deuda que se acercaba.
1941
El Ing. Antonio Luchetti impulsa la creación de la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF).
1947
Emisión histórica de bono por $50 millones, autorizada por el gobierno federal para asegurar electricidad estable a las bases militares durante la Segunda Guerra Mundial.
1950’s, 1960’s, 1970 ’ s
Operación Manos a la Obra Industrialización de Puerto Rico avanza a pasos agigantados junto a la AEE.
Lisa Donahue, oficial de reestructuración de AEE
De crisis en crisis
“La Autoridad de Energía
Eléctrica… actualmente se encuentra en un estado de crisis, y durante años ha sido incapaz de transformarse en la empresa de servicios públicos moderna y de clase mundial que Puerto Rico merece”, dijo Donahue mientras comenzaba su mensaje en 2016 haciendo referencia al pasado”.
La Deuda Impide la Velocidad Luz
Las primeras impresiones del economista probaron ser proféticas; a una década de su primera relación con la data cruda, la Autoridad se enfrentaría a la dura realidad de un impago mientras se negociaban múltiples moratorias entre AlixPartners y los distintos acreedores de la dependencia.
Por ser una deuda con múltiples clases de acreedores en la mesa de negociación con AlixPartners y sus brigadas de reestructuración, las prioridades de pago eran complicadas. En más de una ocasión, entidades con deudas a cubrir preferían hacer préstamos a la autoridad para efectuar pagos cuyos vencimientos eran inmediatos.
En su ponencia federal en el 2016, Donahue recalcó que la deuda de aproximadamente $9 mil millones presentaba restricciones de liquidez muy serias. “Sin un Acuerdo de Restructuración, la Autoridad se hubiese quedado sin dinero para pagar obligaciones de $700 millones para comprar combustible”, dijo Donahue.
Las implicaciones tarifarias para el pueblo eran devastadoras. En agosto de 2014, el costo energético ya llegaba a niveles insostenibles — 28 centavos por kilovatio hora (kvh).
Aunque Donahue alegó haber bajado el costo de la electricidad a 21 centavos (kvh), personal adscrito a la firma Navigant, expertos contratados para revisar las proyecciones tarifarias en aquel
entonces, admiten haber calculado tarifas futuras basadas en la población de 2014. En ese contexto, Donahue proyectaba un déficit tarifario que representaría un aumento de 7.8 centavos (kvh) para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad. La ejecutiva de reestructuración enfatizó cuán crítico era cerrar esa brecha para la sostenibilidad de la Autoridad, mientras añadía que: “el pueblo no podía ser el único asumiendo la carga de la insuficiencia. Sin un Acuerdo de Reestructuración, el pueblo y sus empresas sufrirían”.
Era de conocimiento público que la Ley 57 según enmendada, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético, requiere al Negociado de Energía establecer las reglas necesarias para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación del Plan de Recursos Integrado (PRI).
El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le requirió a Donahue someter un PRI—plan que cubre un período de 20 años—enfocado en garantizar el desarrollo del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, así como mejorar la confiabilidad, eficiencia y transparencia del sistema. El PRI era lo equivalente a un borrador sin garras.
Tarde o temprano, la cultura del descontrol que reinaba en la autoridad, se convertiría en la rabia de un pueblo contra AlixPartners, que ya había facturado $ 38 millones—sin un PRI final, con un acuerdo de reestructuración inconcluso y remiendas a plantas y líneas de distribución y
transmisión que seguían hecha cantos.
La denuncia vehemente vino de sopetón, cuando en agosto del 2016, la Junta de directores de la AEE extendió el contrato de Donahue y AlixPartners hasta finales de diciembre del 2016. En aquel entonces, el disgusto de un pueblo y un sector empresarial hartos de la ineficiencia energética fueron feroces en comunicar su malestar con la extensión de un contrato que ascendía a $6.7 millones.
Donahue y su empresa sometieron el borrador de un PRI, el cual nunca se implementó.
La Junta Recibe un Primer Plan Fiscal
Un PRI sólido y confiable era esencial para comenzar a transformar la Autoridad. Sin el PRI en marcha, el Plan Fiscal sometido por la AEE a la Junta en el 2017, aunque devastador, era meramente una contundente reafirmación de la posición fiscal y operacional de la Autoridad. Lo que resalta es cómo se dispara el déficit presupuestario que comienza en el 2010 y sigue un ascenso de $1.8 mil millones hasta el 2014. Con la confirmación del desenfreno, aumentó la austeridad. Donde hacían falta millares de postes de concreto para la distribución y postes de acero para la transmisión existían solo decenas en almacén; donde urgía el robustecimiento de torres resilientes para llevar la energía generada por plantas en el sur a la población concentrada en el norte, era necesario reemplazar vejigantes
1979
Cambia el nombre de la Autoridad de Fuentes Fluviales a La Autoridad de Energía Eléctrica.
1990’s
Comienza la conversión de plantas a ciclo combinado utilizando el gas natural.
2009
Se planifica construcción de Vía Verde, gasoducto para el gas natural suplido por la empresa Española Gas Natural Fenosa.
2012
Se abandona proyecto de Vía Verde por oposición política después de invertir más de $100 milliones.
2013
Anticipando el impago, las casas acreditadores degradan los bonos de la AEE a chatarra.
2014, 2015
Lisa Donahue y AlixPartners entran a enderezar la Autoridad; se logra Acuerdo de Reestructuración inicial.
2016
Préstamo de Acreedores para evitar el impago. Termina la gestión de Lisa Donahue y AlixPartners.
2017
El huracán María destruye el sistema eléctrico en Puerto Rico; la calma del ojo se estaciona sobre las mociones legales bajo el Título III de Promesa.
Lisa Donahue, oficial de reestructuración de AEE
Vista panorámica de la represa de Utuado utilizadas para la generación de energía hidroeléctrica en la isla.
De crisis en crisis
de acero oxidado, todos vulnerables por su antigüedad.
Al momento de presentar el plan fiscal en abril del 2017, se planteaba la necesidad de invertir $2.5 mil millones para robustecer la infraestructura de transmisión y distribución existente; esto incluye los miles de postes, torres de transmisión y subestaciones inadecuadas aún por reemplazar. Esto sin contar miles de millas de líneas eléctricas rodeadas de vegetación.
El deterioro de los activos de la AEE se ve en el Plan Fiscal, cuando se advierte que una inversión de $1.6 mil millones era imprescindible para introducir nuevas unidades de generación equipadas para la diversificación de sus fuentes de combustible. La meta, aún distante, era aumentar el uso del gas natural mientras se incrementaba la integración de la energía renovable a la red.
Al momento de presentar el plan fiscal en abril de 2017, se planteaba la necesidad de invertir $2.5 mil millones para robustecer la infraestructura [T&D] existente; esto incluye los miles de postes, torres de transmisión y subestaciones inadecuadas aún por reemplazar.
peores desastres naturales en la historia de este hemisferio.
Tiempo Pedido
Inglés). Se hizo cuesta arriba; cuando la ley estaba en su etapa de plasticina, siendo moldeada por diversos intereses, entraban borradores de diversos sectores.
Según observadores que han sonado la voz de alarma por décadas, era cuestión de tiempo que surgieran las consecuencias tanto fiscales como de infraestructura.
“Aquí el hecho de que fuese el componente político el que tomara las decisiones al respecto— porque aunque se creó como corporación pública y se supone que genere sus propios ingresos y sea autosustentable—todos sabemos que la inherencia del político en el día-a-día del manejo de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica siempre estuvo presente y fue prominente, según el analista político Iván Rivera. El problema que trajo el elemento político fue que “los ajustes naturales en tarifa que se tenían que dar, no se daban—porque hablar de un aumento en la tarifa y el incremento que se tenía que dar para atender unas necesidades conllevaba un costo electoral.
“En [el tirijala político] de parte y parte—y, en eso todos los partidos políticos eran culpables—empezaban a señalar que se le estaba aumentando la luz al pueblo y abusando con el pueblo. Ningún ciudadano quiere que le aumenten nada. Y eso trajo paulatinamente un deterioro porque se comenzó a operar en deficiencia.
Y los políticos empezaron a realizar emisiones disfrazadas en los prospectos para algún tipo de mejora capital. Se emitían bonos, fáciles de mercadear, porque estás hablando de una instrumentalidad que facturaba $4 mil millones al año. Los mercadeaban como si los bonos fuesen para mejoras capitales, las cuales nunca se hacían. Usan el dinero para cubrir la insuficiencia en el gasto operacional,” agregó Rivera.
En el primer plan fiscal sometido a la Junta de Supervisión Fiscal hay suficientes menciones y referencias al estado de descomposición de las plantas de generación y el sistema de transmisión y distribución, para confirmar las impresiones de Rivera. En agosto de 2016, con las manos atadas y paralizados por el déficit, no existe evidencia de acción alguna de AlixPartners para robustecer la infraestructura de un sistema a punto de enfrentar el embate de uno de los
En fin, dos años parecen no haber sido suficientes para darle a AlixPartners la oportunidad de reparar una infraestructura que llevaba décadas en abandono. Tampoco ayudó a Donahue y sus brigadas que hayan ocurrido apagones que parecían interminables; el apagón ocurrido el 21 de septiembre de 2016, causado por la explosión en una subestación se extendió a puntos distantes de la isla y duro cuatro días, en algunos lugares.
Que se hubiese dado o no el listado de metas en el PRI preliminar probó ser académico.
“Con una administración nueva (del entoncesGobernador Ricardo Rosselló) y un acuerdo de reestructuración que sus asesores (Dentons) volaron en cantos—con el aval de la junta—eran solo meses para poner el plan en marcha,” dijo un asesor del sector energético, cercano al proceso.]
Entonces, en el 2017, los Huracanes Irma y María arrasaron con la isla. Si el primero fue un simulacro para el sistema energético cuando rozó la isla, dejando a millones de habitantes sin luz—en algunos casos por casi un mes— el segundo fue histórico en su prueba a la resilencia de un pueblo.
Con PRI o sin PRI, la fragilidad del sistema y la falta de inventario quedó expuesta ante entidades energéticas, la Junta de Supervisión Fiscal y sus jefes en el Congreso.
Ese plan de recursos irá en el 2025 a una tercera versión la cual presentará una idea más clara del marco de Transmisión y Distribución, según dos energéticos con conocimiento de los retos que subyacen en la transformación de la autoridad. En el lado de generación aún queda por verse cómo lograrán conseguir licitadores para las plantas bajo Genera. ¿Para Quién era la Promesa?
Esa estructura—dividir la Generación de la Transmisión y Distribución—se contemplaba tras bastidores cuando el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Rob Bishop empeñaba capital político para conseguir la aprobación de La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, según sus siglas en
Para Bishop, los intereses de la industria del gas natural licuado era de particular importancia. Para ese sector representaba oportunidades para establecer un nuevo mercado a través de proyectos energéticos hechos realidad de forma expedita bajo el Título V de la ley.
Aunque varios acreedores estaban trancados en una batalla campal, la Autoridad con su deuda ascendente a $9.3 mil millones era la prioridad para Bishop. Después de ponerle tanto empeño, el acuerdo de reestructuración implosionó en dos ocasiones bajo presión de Asesores del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
En el 2025, Bishop ya no está en el Congreso y solo un puñado de Congresistas conocen los mandatos de la ley Promesa. La deuda irresuelta está latente en toda gestión energética.
Un Antes y Un Después
El tema energético en Puerto Rico siempre tiene un antes y un después. El sistema eléctrico de Puerto Rico se componía de 20 obsoletas plantas de generación y más de 2 mil millas en líneas de transmisión y más de 30 mil millas de distribución colgando de postes y torres como hilos, antes de la embestida del Huracán María. Después del paso de la bestia, todo se fue al piso—las líneas, las torres, las unidades de generación.
La gravedad de la emergencia energética se ve en los planes fiscales de 2018. Tan severa es la situación que hubo que emplear recursos expertos para rehacer el informe sometido en abril de 2018 con un delineamiento más preciso en agosto de 2018—que provocara acción.
Por ejemplo, el Plan de Recursos Integrados (PRI) anterior, pierde toda relevancia y se exige uno nuevo plan, mientras se buscan urgentemente licitadores para operar los activos de generación, y de transmisión y distribución.
El gasto para reparar el sistema eléctrico subió dramáticamente: “Los $2.5 mil millones que se estimaron para el plan fiscal presentado en marzo de 2018 no son suficientes para lograr una resiliencia y robustecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución; la inversión en la T&D post-huracán pudiese llegar a $13 mil millones.”
Un antes y un después
Reporte
