BENEFICIOS Y RIESGOS DE REGULAR EL USO ADULTO DE LA MARIHUANA
CÓMO LA CRISIS EN ISRAEL SE VOLVIÓ UNA BATALLA POR LA IDENTIDAD DEL PAÍS
“EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE BURLÓ DE NOSOTROS”: 3
PREGUNTAS PARA ENTENDER LAS MASIVAS PROTESTAS EN FRANCIA CONTRA EL GOBIERNO DE MACRON.
Protestas sociales han ido al aumento en lo corrido desde el Gobierno de Gustavo Petro
La Defensoría del Pueblo señaló que durante los primeros dos meses del 2023 los conflictos sociales aumentaron en un 72,6%
Guaidó llega por sorpresa a Colombia para unirse a la conferencia internacional sobre Venezuela organizada por Petro
Véase en página 4
Véase en página 3
Brechas digitales: entre el derecho al acceso y la educación Véase en página 6
Por las victimas que perdieron la esperanza y el deseo de vivir
Mujeres trans, principales víctimas de la violencia por prejuicio en Colombia
Véase en página 5
Petro promete concesiones para terminar con el paro minero en Antioquia
Véase en página 7
Barranquilla, Colombia 21 de Marzo 2023 Edición 27 - número 2345 Precio: $2700 COPYesid Reyes
Alvarado
En su informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley de sujeción a la justicia, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó el texto de un artículo que pide a la Fiscalía aportar “información a la Oficina del alto comisionado para la Paz sobre las indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto”.
A su juicio, esta disposición legal podría permitir que quienes aún no se han sometido se enteren de pruebas y diligencias que deberían permanecer en reserva. Me parece exagerado afirmar —como en alguna intervención lo hizo el fiscal general— que con esa norma se impone la obligación de entregar expedientes y evidencias, pero también creo que su redacción debe ser ajustada para evitar malas interpretaciones que terminen por entorpecer las labores de investigación a cargo de la Fiscalía.
La ley está concebida para otorgar algunos beneficios a las personas vinculadas a estructuras armadas dedicadas a delitos de alto impacto, como la suspensión de las penas ordinarias y la imposición condicionada de unas de menor duración respecto de los crímenes más graves, así como la aplicación del principio de oportunidad para otros más leves. Pero ese tratamiento menos severo está sujeto al cumplimiento de condiciones como la aceptación individual de responsabilidad, el aporte de verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y los menores reclutados, y el suministro de datos sobre actividades y rentas ilícitas, mecanismos de lavado de activos, redes de apoyo, colaboradores,
determinadores y beneficiarios de sus actuaciones al margen de la ley.
Dado que la comprobación del acatamiento de esos deberes se les entrega de manera conjunta a la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Oficina del alto comisionado para la Paz, resulta conveniente que estas dos últimas entidades tengan una información general sobre la existencia de indagaciones penales contra quienes quieran someterse a la justicia, cuando menos en lo relativo al número de procesos, los delitos que se les atribuyen y la identidad de los afectados, pues de otra manera les resultará imposible corroborar el cumplimiento de las obligaciones que se les impongan. Una primera opción para delimitar el alcance de este artículo sería atribuir toda la labor de verificación a la Fiscalía, que si bien permitiría mantener en cabeza suya el control sobre el contenido de las investigaciones que adelanta, privaría al Gobierno de la posibilidad de monitorear el resultado de una ley que, tal como ha sido presentada, hace parte de un propósito más amplio como es la consecución de la llamada paz total. Por eso sería preferible que se precise la redacción de la norma aclarando que la información que debe ser entregada por la Fiscalía se refiere únicamente a la relación de los procesos en curso contra quienes aspiren a someterse a la justicia, la identificación de las autoridades a cargo de ellos, el estado en que se encuentran, la fecha de comisión de los hechos, así como los delitos que se les atribuyen y sus víctimas.
La Defensoría del Pueblo señaló que durante los primeros dos meses del 2023 los conflictos sociales aumentaron en un 72,6%
Las demandas de las comunidades en el país se han incrementado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Casi cuatro protestas sociales diarias se han presentado durante los primeros dos meses del año, con una tendencia que se ha registrado desde el segundo semestre de 2022.
El país ha visto varios eventos de manifestaciones en los últimos meses, como las demandas de los profesores indígenas que se tomaron la entrada del Congreso de la República, los estudiantes que han pedido avances en la política educativa, los campesinos que se rebelaron contra la Emerald Energy en Caquetá o el estallido de un complejo conflicto en el Bajo Cauca antioqueño ante la operación contra la minería ilegal.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para las entidades del Estado ante el registro de un incremento en las dinámicas de conflictividad social. “Durante los dos primeros meses de 2023 se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior. Mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a los 214 eventos,
es decir un incremento del 72,6%”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Es decir que en los primeros 59 días de los dos primeros meses del año se presentaron en promedio tres protestas diarias. El Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo arrojó como resultado del monitoreo que durante el año 2022 se registraron 1.428 eventos relacionados con diversos tipos de conflictividad social.
La tendencia al aumento en los conflictos sociales se presentó a partir del segundo semestre del 2022, que en un análisis mes a mes se evidencia que el mayor número de situaciones se presentaron en
escuchados y reivindicar sus derechos, por lo que llamó a la generación de espacios de diálogo, que impidan que lleguen a situaciones de violencia. “Como defensor del Pueblo rechazo las vías de hecho y violencia y le reitero al Gobierno nacional y a los entes territoriales la importancia de trabajar en la prevención temprana para evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades y construir rutas de trabajo que permitan prevenir la violencia como forma de protesta, así como la respuesta institucional a la misma”, aseguró el funcionario.
manifestaciones en este incremento han sido Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá y Córdoba. Así mismo, en la capital del país, Bogotá, donde se concentran varias comunidades.
“La conflictividad social ha venido creciendo en las últimas semanas, en diferentes regiones del país, y las autoridades gubernamentales no deben postergar la constitución de los espacios de diálogo que las comunidades vienen demandando. Es urgente que además del Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes acompañen e impulsen un ejercicio de diálogo propositivo, que permita avanzar en la búsqueda de soluciones concretas con enfoque de derechos humanos”, sostuvo el defensor Camargo.
septiembre, cuando se alcanzó la cifra de 186 eventos. Apenas el segundo mes del gobierno del presidente Petro.
Camargo reconoció que las protestas sociales son un mecanismo por el que las comunidades buscan ser
La Defensoría del Pueblo señaló que las protestas se han presentado como demandas de las comunidades por mayor inversión del Estado en las áreas rurales y urbanas, exigencias de garantías por derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad, laborales, prestación de servicios públicos, educación, transporte, entre otras.
Los departamentos con mayor tendencia a las
En el caso de Los Pozos, en Caquetá, el diálogo no dio resultados hasta que se produjo la retención de 76 uniformados de la Policía y la muerte de uno de ellos y un campesino. En el caso del Bajo Cauca, el Gobierno nacional señaló que no será posible adelantar ningún acercamiento hasta que cesen los hechos de violencia que se han presentado.
El líder opositor, que ha viajado por tierra, quiere reunirse con las delegaciones internacionales que asistirán
El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, asiste a la presentación del proyecto ‘Plan País’ en Caracas (Venezuela), el 28 de marzo de 2019.
Juan Guaidó ha llegado este lunes por sorpresa a Colombia para unirse a la conferencia internacional sobre la crisis de Venezuela que ha organizado el presidente Gustavo Petro. “Le tomó la palabra al canciller colombiano, que había dicho que podía ir él o María Corina Machado. Pues ahí está”, comenta gente de su entorno. El líder opositor partió de Caracas el sábado por tierra y llegó este lunes a territorio colombiano. “No ha sido fácil salir del país”, aseguran las mismas fuentes.
La presencia de Guaidó le otorga otra dimensión a la conferencia, que cuenta con el apoyo del chavismo. “Solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”, escribió el opositor en un comunicado que hizo público. El político ostentaba hasta principios de año la presidencia interina, un Gobierno paralelo al oficial, el de Nicolás Maduro, que recibió el apoyo de Washington y varias decenas de países.
Ese instrumento, según sus creadores, debía servir para aislar a Maduro y provocar su caída. Nada de eso ocurrió, más bien pasó todo lo contrario, y la institucionalidad alternativa que controlaba dejó de tener sentido.
La propia oposición finiquitó el Gobierno interino hace cuatro meses. Guaidó planea ahora presentarse a las primarias que se van a celebrar entre los opositores para elegir a un único
candidato que se enfrente a Maduro en las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2024.
Precisamente la conferencia internacional organizada por el Gobierno de Colombia tiene entre sus objetivos insistir al chavismo que debe fijar una fecha para esos comicios. A partir de ahí, se pueden estructurar el resto de peticiones, como que la Unión Europea haga de observadora, que se levanten las inhabilitaciones a los políticos de la oposición o que se liberen presos políticos. Este encuentro, que comienza mañana en Bogotá, quiere reactivar el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, estancado desde noviembre.
Guaidó ha denunciado en los últimos meses la persecución que sufre por parte del oficialismo. “En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro”, explica en el comunicado. Señala que, a pesar del riesgo que supone buscar apoyo internacional, no va a dejar de hacerlo. “Para que la lucha funcione, tenemos que lograr que la elección presidencial sea realmente una oportunidad de cambio y de reencuentro con Venezuela”, añade.
En conmemoación del Día de la Memoria Trans, el organismo denunció los ataques a esta población
La discriminación y violación sistemática de los derechos humanos sigue presentándose en Colombia. Algunas poblaciones específicas son más vulneradas que otras en esos sentidos. Las mujeres transgénero y las personas no binarias son las que más han sufrido los efectos de la exclusión en el país. De forma lamentable, la violencia muchas veces ha llegado a las vidas de estos ciudadanos.
Así lo recordó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien afirmó que “entre el año 2021 y lo transcurrido del 2022, a través de las Duplas de Género adscritas a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, hemos acompañado y activado las rutas institucionales para el restablecimiento de derechos en 226 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 206 fueron contra mujeres transgénero y 20 hacia hombres transgénero”.
Los principales hechos denunciados por la población transgénero son la violencia psicológica con 122 registros, seguidos
de 74 casos de violencia física, 21 de violencia sexual y 25 de violencia económica. Las regiones donde se han registrado las mayores atenciones son Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Bogotá, Magdalena y Boyacá.
En articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación GAAT, se pudo establecer que 55 mujeres transgénero han perdido su vida en diferentes circunstancias durante el 2021 y lo corrido del 2022, algunas siendo víctimas de feminicidio, otras asesinadas en contextos de crueldad y sevicia, características de la violencia por prejuicio, y otras a causa de situaciones en relación con el acceso a sus derechos. En 20 de estos casos, las mujeres no superaban la expectativa de vida de los 35 años de edad.
Además, se pudo constatar que 14 de estos hechos se presentaron en vía pública, 3 en el ámbito laboral de las víctimas, 3 en sus viviendas y en 12 casos las víctimas se dedicaban al ejercicio de la prostitución. Los seis departamentos donde se registraron el mayor número de asesinatos y posibles feminicidios fueron, Valle del Cauca (11), Antioquia (7), Cundinamarca (7), Magdalena, Quindío y Cesar con 4 casos cada uno.
Feminicidios en Colombia: Cerca de 30 casos se han registrado en 2023
La Procuraduría reveló que el 7,7 % de los casos reportados como feminicidios fueron en el departamento del Atlántico.
Noticias de feminicidio abundan en los medios de comunicación, casos de desapariciones, torturas, asesinatos de lideresas sociales, gestoras culturales o simplemente a ciudadanas del común que luchan a diario por construir un mejor país se registran de forma cada vez más frecuente a manos de seres queridos o desconocidos.
La Procuraduría reveló que el 7,7 % de los casos reportados como feminicidios fueron en el departamento del Atlántico, ubicándolo en el cuarto lugar a nivel nacional.
Irene Salas Menotti , directora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz ha elaborado una línea investigativa con el fin de reconocer las formas de violencia contra la mujer que causan muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en el privado.
Para la experta en psicología forense, las estadísticas demuestran que “quien atenta contra la mujer con mayor frecuencia es la pareja de la misma, seguidas por la expareja, y luego, desconocidos. Además,
el escenario donde ocurren más feminicidios es más en el ámbito privado”, resaltó Salas.
De igual manera, en las investigaciones se ha evidenciado que la violencia no discrimina edades, es infringida en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, la mayor prevalencia es entre las edades de 26 a 45 años.
A su vez, afirmó que es vital referirse a las consecuencias de la violencia de género, pues estas no siempre terminan en un femicidio, Salas destaca que “una persona que es víctima de violencia de género va a tener un déficit en su autoestima, de autoconcepto, puede sufrir trastornos mentales como ansiedad y depresión e incluso estrés postraumático, esto es violencia no letal. Sin embargo, en la violencia letal, los traumas son propios para la familia de aquella mujer que perdió la vida”.
Se espera que con la entrada en vigor de la ley 1761 de 2015, que tipifica al feminicidio como un delito en Colombia, se siga visibilizando el impacto y magnitud en toda la sociedad, especialmente en las mujeres.
En lo corrido del año 2023, en el mes de enero se reportaron diez casos de feminicidio, cifra que se incrementó a 28 durante la primera semana de febrero, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios.
La desigualdad que enfrentan las mujeres en el campo tecnológico es abrumadora. En Barranquilla hay un laboratorio que busca contribuir a la disminución de esta disparidad.
Como un reto de transformación e inclusión se vislumbra el actual panorama de la desigualdad digital en el mundo. Y es que a nivel global, los hombres tienen 25 % más probabilidad de contar con los conocimientos y habilidades para usar la tecnología que las mujeres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En América Latina, 40 % de las mujeres, es decir, más de 89 millones, no están conectadas o no pueden costear el servicio de internet.
El organismo expone que si bien el acceso a internet y a dispositivos electrónicos es una condición necesaria en la vida diaria, este no es suficiente para obtener los beneficios de las tecnologías digitales.
Según ONU Mujeres Colombia, 184 millones menos de teléfonos móviles están en manos de mujeres que de hombres, acompañado de que solo el 5 % de las mujeres pueden tener acceso a internet a nivel global y tan solo el 2 % del capital de inversión en las empresas está orientado a empresas que han sido fundadas por mujeres.
Además, solo el 30 % de las mujeres accede o se atreven a estudiar carreras asociadas a Para Maribel Cotes, integrante de la Oficina territorial de ONU Mujeres, las cifras son abrumadoras, lo que invita a generar más acciones que detengan esta coyuntura.
“Ese 5 % lo tenemos que aumentar. Hay que poner en la mesa la necesidad de cambiar la situación y eso se realiza con iniciativas que fomenten una generación de igualdad”.
la tecnología de información, matemática y las ciencias.
¿Cómo cambiar el panorama? ¿Es la educación la solución?
La brecha digital también implica la falta de habilidades para acceder, consultar, producir y analizar datos, información y
contenidos, lo cual se ha convertido en una nueva forma de exclusión social equivalente a lo que hace 30 años era no saber leer y escribir.
De igual forma, las Naciones Unidas resalta que la distribución desproporcionada en las labores de cuidado, que en su mayoría desempeñan mujeres y niñas, obstaculiza sus posibilidades de participar en el mercado laboral, que cada vez es más digital y está más vinculado a la tecnología.
Es por ello que el pasado 23 de marzo, ONU Mujeres Colombia en alianza con la Universidad del Norte, con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes de Estados Unidos (PRM, por sus siglas en inglés), lanzaron el Laboratorio de Impulso Económico, estrategia del proyecto ‘Más allá de las banderas somos mujeres’, que busca impulsar la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres migrantes venezolanas, colombianas retornadas y de comunidades de acogida.
“Este laboratorio se lanza en el marco de la brecha digital porque creemos que podemos capitalizar la fase pasada de emprendimientos y de empleabilidad”, dijo Cotes.
Asimismo, Helda Marino, jefe de la Oficina de Mujer, Equidad y U Mujeres, las cifras son
abrumadoras, lo que invita a generar más acciones que detengan esta coyuntura.
Como coordinadora del nuevo laboratorio, Mariangela López destacó las herramientas que podrán tener las mujeres para ayudar a disminuir esta brecha. “Todas las participantes del laboratorio han pasado por un proceso de empoderamiento para llegar ahora a un proceso de formación y acompañamiento técnico”.
La ingeniera de sistemas Nathaly Lozano celebró la puesta en marcha del laboratorio como una oportunidad para que los obstáculos sean nulos y el avance de las mujeres en el mundo digital sea más protagonista en el mercado actual.
Acciones que alzan banderas. Trabajar en el fortalecimiento de liderazgo, medidas de protección frente a los servicios digitales y el empoderamiento económico representan las tres líneas en las que la directora del acuerdo de la ONU y la Universidad del Norte para esta iniciativa, Ana Liliana Ríos, hizo énfasis.
“El laboratorio promueve ayudar a las mujeres en competencias para una mayor empleabilidad, pero también a aquellas que tienen emprendimiento apoyarles con capital semilla y asesores que ayuden con el fortalecimiento de sus proyectos”.
“Me da mucha satisfacción porque recuerdo las épocas en donde por falta de dinero no podía tener un computador y aún así trabajaba en unos algoritmos que en ese tiempo necesitaba”.
Lilian Travieso es una de las beneficiadas del proyecto. Gracias a ello ha podido incursionar en el campo de las tecnologías, ya que ofrecen una canasta digital que incluye dispositivos electrónicos para que puedan afianzar sus habilidades.
“A veces cerrar la brecha no es solo que tengamos celular, sino que podamos acceder a internet, un aspecto que es limitado cuando no tenemos recursos económicos y a través de esto podremos generar nuestros propios ingresos para ello”.
El presidente afirma que el Gobierno avanzará en la regularización de esta actividad, tras una reunión del Consejo de Seguridad en Caucasia.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se ha puesto al frente de la respuesta gubernamental al paro minero en el Bajo Cauca y en el Nordeste de Antioquia y a la violencia que se mantiene en la región, de la que responsabiliza al Clan del Golfo. “No estamos persiguiendo a la pequeña minería”, ha enfatizado tras una reunión del Consejo de Seguridad en Caucasia. Según el presidente, se creará un Distrito Minero, una zona en la que se formalice y regularice esta actividad, que en la región presenta altos grados de informalidad e ilegalidad. Asimismo, prometió que se reformará el código minero y que se dará respaldo financiero y tecnológico a los pequeños productores. El objetivo es que los mineros no estén sujetos a “organizaciones oscuras”
“Lo que no vamos a permitir es que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza, en función de una codicia que responde a intereses extraños al territorio y a la población”, ha declarado
La minería ilegal del oro en la zona, de acuerdo con el presidente, destruye el territorio “de manera pavorosa” y se usa para lavar dinero del narcotráfico.
La persecución al Clan del Golfo ya está en marcha. El presidente los ha acusado de instrumentalizar a los manifestantes del paro. “[El grupo] manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas con su propia hambre”, ha comentado. El Estado, según Petro, se mantendrá firme en su respuesta al mayor grupo narcotraficante de Colombia: “La Fuerza Pública tiene la orden de copar el territorio y no de abandonarlo”.
El paro inició el pasado 2 de marzo, como reacción al operativo del Gobierno que el día anterior había destruido cinco dragas que se utilizaban para la extracción ilegal de oro. Los mineros iniciaron las movilizaciones con el objetivo de reclamar que se formalice la minería artesanal y que la Fuerza Pública no destruya maquinaria. Desde entonces, los bloqueos han dificultado el abastecimiento alimentario y el suministro de medicamentos en la región. Asimismo, ha habido episodios de violencia que incluyen muertes violentas, el sabotaje de tubos de agua en Tarazá y la destrucción de peajes y vehículos.
El Gobierno propuso el 13 de marzo la creación del Distrito Minero
y un plan de formalización. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, resaltó en la presentación de esa propuesta que era necesario conciliar la protección ambiental con los derechos de los trabajadores que dependen de estas actividades. La violencia, sin embargo, no cesó.
La creciente gravedad de los destrozos y agresiones llevaron a que el Ejecutivo se sumara a las denuncias del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que desde el principio apuntó al Clan del Golfo como responsable de los disturbios. El presidente señaló el 12 de marzo que ese grupo no había honrado el armisticio que se anunció el pasado diciembre. “El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, remarcó en Twitter.
La paciencia se acabó el pasado domingo, tras un ataque con fusil a la policía. Petro ordenó reactivar las operaciones militares contra el grupo heredero del paramilitarismo. “A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, declaró en redes sociales. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.
El Ministerio de Defensa anunció ese mismo día que se reanudaban los operativos. El jefe de la cartera, Iván Velásquez, invitó a los transportadores a unirse a las caravanas provistas por la Fuerza Pública para movilizarse
en la zona. Su colega de Interior, Alfonso Prada, prometió que el Gobierno mantendrá el diálogo con los mineros que reclaman mejores condiciones de trabajo.
El problema de fondo es el dominio que tiene el Clan del Golfo de la minería ilegal del oro en la zona. El investigador Daniel Bonilla explicó a este periódico hace unos días que el grupo domina las dragas y el resto de la cadena de producción: “Con ellos se dio un gran cambio en la lógica de control del oro. Todos los grupos anteriores (FARC, ELN, Bloque Mineros) habían ejercido de algún modo una regulación del mercado, pero las AGC controlan toda la cadena. No hay un gramo de oro que se mueva en el Bajo Cauca sin su autorización”.
El Clan del Golfo, sin embargo, ha negado este lunes cualquier tipo de vinculación con el paro minero y ha acusado a la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN), su enemiga en la región, de ser la responsable de la violencia. “Hemos denunciado que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca, con el fin de perjudicar nuestra imagen y de combatir fuera del campo de batalla, en lo que siempre han sido experto”, se lee en un comunicado que recoge W Radio. El grupo ha afirmado que está abierto al diálogo y ha lamentado ser víctima de “represión” por parte del Estado.
Gustavo Petro al llegar hoy a Caucasia, región del Bajo Cauca, Colombia.
PRESIDENCIA DE COLOMBIA (AFP)
El presidente denuncia que el grupo armado está detrás del paro minero en Antioquia
Policías durante un operativo este lunes en Tarazá, Antioquia.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha denunciado el domingo por la noche que el Clan del Golfo ha roto el cese al fuego bilateral acordado el pasado diciembre. “Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, ha declarado en Twitter, en referencia a los daños en el acueducto de Tarazá, un municipio antioqueño de 48.926 habitantes.
El Gobierno considera que el grupo narcotraficante está detrás de un paro minero que afecta desde el 2 de marzo a las regiones del Nordeste y el Bajo Cauca del departamento.
El Ejecutivo denuncia que los bloqueos han llevado a una situación de desabastecimiento alimentario y de dificultades en el suministro de medicamentos. La Gobernación de Antioquia decretó un toque de queda durante el fin de semana y señaló que las obstrucciones en las vías públicas habían imposibilitado el traslado asistencial de pacientes. No obstante, la situación escaló el domingo: fue destruido un peaje en Tarazá y se atentó contra el acueducto. Para Petro, esto ha demostrado la vulneración del cese al fuego.
“Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde”, ha resaltado.
El detonante del paro fue el operativo estatal que el 1 de marzo destruyó cinco dragas que se utilizaban para la minería ilegal. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció ese día la “guerra total” contra las economías criminales. “Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”, explicó. Los manifestantes reclaman que se formalice la minería artesanal y que la Fuerza Pública no destruya la maquinaria que utilizan.
Los ministros de Ambiente e Interior, Susana Muhamad y Alfonso Prada, anunciaron el pasado jueves la creación de un Distrito Minero y de un plan de formalización. Prada defendió entonces que las dragas destruidas causaron “un desastre supremamente delicado al medio ambiente” y pusieron en riesgo la vida de los habitantes de la zona. Muhamad, por su parte, subrayó que era importante conciliar la protección del medio ambiente con los derechos de aquellos inmersos en la actividad minera.
Los disturbios, sin embargo, se acentuaron el viernes. El ministro del Interior publicó imágenes de los destrozos de este día y cuestionó la legitimidad de la protesta: “Estos no son actos de pequeños mineros en paro. Ellos expresaron en la mesa de diálogo el rechazo a la violencia en la protesta social. Enlodan su causa
de formalización y trabajo digno en un distrito minero. Todo el apoyo a la Fuerza Pública”. Al día siguiente, el ministro de Defensa anunció la destrucción de cuatro dragas más “que alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”. El presidente, por su parte, sugirió que el grupo armado podía estar detrás de los bloqueos y que, en ese caso, el grupo no quería la paz. “La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales”, enfatizó.
El cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, anunciado en la víspera del Año Nuevo, es parte de un acuerdo mayor con otros tres grupos armados. Incluye también al grupo del crimen organizado Autodefensas de la Sierra Nevada y a dos de las
disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Sin embargo, a lo largo del país se mantienen las denuncias respecto a secuestros, amenazas y enfrentamientos que dificultan la implementación de lo pactado.
El revolcón a los subsidios del gobierno de Gustavo Petro dejará por fuera a millones de familias pobres y vulnerables que hoy se enfrentan a una inflación todavía histórica y a un enfriamiento de la economía. Los cambios vienen con la creación de un nuevo programa de subsidios, llamado Renta Ciudadana, que unificará en 2024 los programas anteriores, como Familias en Acción, en un solo sistema. Pero al dejar a unos 3 millones de hogares por fuera corre el riesgo de incumplir sus propias metas para bajar la pobreza.
Además, la reinvención pasa por sacar a los bancos privados de los giros monetarios. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que gestiona los subsidios, escogió al Banco Agrario sin licitación, lo que podría generar problemas por su infraestructura tecnológica limitada.
Esa reconfiguración de los subsidios es la más profunda en los últimos 20 años. Familias en Acción nació en los noventa y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor en el 2012.
Ever Mejía
Parte de los desafíos actuales para Cali y el mundo están en comprender los comportamientos de las ciudadanías diversas y activas que reclaman derechos, pero también de quienes dejan de un lado los deberes o los acuerdos mínimos de comportamiento social en espacios públicos, institucionales e incluso en sus propias familias.
Hay un cierto ethos de “caleñidad perdida” o forma común de vida que es necesario estudiar para reintroducir aprendizajes sobre todo en los nuevos ciudadanos que se asentaron en Cali. Además, analizar el crecimiento desbordado de la ciudad, unido a otras causas que afectan la sana convivencia, pueden ser luces para poder comprenden colectivamente la importancia del bien común, sus beneficios, el valor o sentido de lo público.
El incremento de la afectación de la salud mental en la ciudad es un factor de alerta y una pandemia que necesitamos atender desde distintas instituciones y voluntades. Según el observatorio de
seguridad de la Secretaría
Distrital de Salud en los últimos 4 años se han incrementado los casos de trastornos mentales de 83.370 en 2019 a 90.370 a septiembre 2022.
En educación de 143 docentes con consulta mental en 2021 se pasó a un 30% más en 2022 con 268 casos. La salud mental es un factor que directamente incrementa los riesgos para los conflictos escolares, riñas callejeras y muertes violentas que se registran en la ciudad.
Es urgente robustecer presupuesto y acciones en el marco de un programa de atención psicosocial en la ciudad. No solamente el régimen del nómos (la ley) siempre debe estar unido al régimen del bios (la vida), armónicamente se requieren acuerdos cívicos de convivencia, una política de protección de la vida y también de sanción a quien incumple.
Honrar los acuerdos y tener acciones como entrega de armas, zonas de paz o espacios seguros, desmonte de bandas criminales, campañas ciudadanas, reseñas simbólicas, fomento de empleabilidad y procesos de educación cultural
hacen parte de un abanico de posibles estrategias que se necesitan y la gente pide a gritos. Medios de comunicación, lideres comunales, agentes políticos o quienes ejercen liderazgo social podemos estar del lado cívico, evitar polarizaciones innecesaria, sobre todo en redes sociales donde permanentemente se exponen negatividades que desvirtúan los referentes de liderazgo y provocan una matriz de violencias que envuelve al ciudadano en desconfianzas e incredibilidad agitando
Durante cuatro años los vecinos del barrio La Independencia de Sincelejo removieron arena a punta de pala, cargaron piedras para nivelar el terreno, mezclaron concreto y lo esparcieron con palustres. El resultado fue una calle pavimentada de 275 metros desnivelada, con baches en los que se estanca el agua y trozos de piedra que se asoman a la superficie. Pero que antes de este esfuerzo comunitario era un barrial.
La construcción de la calle fue un camino lleno de entusiasmo, trabajo en equipo, promesas incumplidas de la alcaldía, retrasos, inexperiencia y políticos buscando votos. Y es un ejemplo interesante que podría multiplicarse por todo el país si el gobierno de Gustavo Petro convierte en realidad su anuncio de convertir a las Juntas de Acción Comunal (JAC) en contratistas de obras del Estado por unos dos billones de pesos durante su mandato. La idea del presidente es que tiendan desde redes de Internet hasta que construyan vías terciarias.
la anomia social de ciudadanos que no atienden la autoridad y creen que su verdad o forma de pensar es la correcta y que por tanto nadie les puede hacer una observación, un comentario reflexivo o un llamado de atención. Hay que insistir en la prevención y en el diálogo como condición de formación o simplemente como herramienta para resolver los conflictos, lo mismo que el fortalecimiento de la relación familiaescuela como plataforma de una ciudadanía para la democracia,
la participación, el reconocimiento y el respeto. Es hora que la alcaldía distrital genere una oficina psicosocial, un centro de acompañamiento o unidad especial que se articule con la defensoría del pueblo, la personería, la policía, las universidades, gremios, sectores sociales y otros organismos que interinstitucionalmente intervengan la sana convivencia y el sentido de amor por la ciudad. Porque, ante todo, queremos ciudadanos sanos y no enfermos.
El cannabis es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Según la Unodc, se estima que casi el 4% de la población mundial consumió cannabis al menos una vez en 2019, lo que equivale a unos 200 millones de personas.
En Colombia, la información disponible sugiere que el 2,68% de los colombianos consumió marihuana al menos una vez durante el 2019 y el 8,3% ha sido usuario de esta sustancia al menos una vez en su vida.
El consumo de cannabis no es menor y cada vez se diversifican más sus formas de administración: no se fuma solo la flor, sino que hay una diversidad de extractos y productos en los mercados.
El consumo de cualquier sustancia psicoactiva ilegal o legal, incluida la marihuana, tiene riesgos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si la regulación permite que sea el Estado y la institucionalidad quienes manejen estos riesgos – o los reduzcan – o si se mantiene el statu quo con los actores actuales
manejando el mercado ilegal.
Las políticas prohibicionistas y la ilegalidad del mercado no han logrado sus objetivos: la producción y el consumo de sustancias psicoactivas han aumentado progresivamente. Además, la prohibición y la ilegalidad tienen costos sociales enormes: consumos peligrosos porque la gente no sabe que está consumiendo, entornos inseguros, estigma, criminalización, represión, encarcelamientos de personas marginalizadas que subsisten de la economía de la marihuana, gastos enormes del sistema judicial y de los recursos policiales, violencia asociada a la ilegalidad, entre otros.
Con la regulación del cannabis de uso adulto, al menos en Colombia, se pretende cambiar el enfoque punitivo por uno basado en la salud pública, el respeto de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo rural.
Es importante aclarar que, en Colombia, el consumo de la dosis personal está despenalizado (dejó de ser un
delito) desde 1994, así como la dosis de aprovisionamiento. Adicionalmente, la Ley 30 de 1986 (Estatuto de Estupefacientes) permite el autocultivo de máximo 20 plantas de cannabis.
En este momento, lo que está en discusión es la regulación de la producción y la comercialización del cannabis para uso adulto. La regulación permite armonizar las contradicciones actuales en las que se permite el autocultivo y el consumo pero la cadena de producción y la comercialización están criminalizadas.
Desde hace semanas Francia se ha visto sacudida por una serie de huelgas y protestas cada vez más grandes en contra de la controvertida ley de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron.
El jueves, más de un millón de personas salieron a las calles de todo el país, según datos del Ministerio del Interior.
Una de las principales confederaciones de trabajadores, la CGT, situó esa cifra en 3 millones. En París, donde las manifestaciones por lo general han sido pacíficas, unas 120.000 personas salieron a protestar.
En la capital francesa se registraron enfrentamientos ocasionales entre la policía e individuos enmascarados que rompieron escaparates, destrozaron mobiliario urbano y atacaron un restaurante McDonald’s, según informó la agencia de noticias Reuters.
La policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes y unas 80 personas fueron detenidas en todo el país.
En Burdeos, en el suroeste del país, el fuego envolvió la puerta principal del ayuntamiento de la ciudad después de un día de protestas y enfrentamientos. El incendio fue sofocado rápidamente por los bomberos.
La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, tuiteó: “Manifestar y expresar desacuerdos es un derecho. La violencia y la degradación que hemos presenciado hoy es inaceptable. Todo mi agradecimiento a la policía y las fuerzas de rescate movilizadas”.
La nueva ley de pensiones tiene como principal objetivo elevar de manera gradual la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.
El aumento se llevará a cabo en base a incrementos de tres meses por año, comenzando en septiembre de 2023.
La última vez que se modificó la edad de jubilación en Francia fue en 2010, antes de lo cual se ubicaba en los 60 años.
La reforma también adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como ocurre hasta ahora.
Además, le nueva ley elimina los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del metro de París.
La resistencia a la nueva ley se tornó aún más fuerte después de que el 16 de marzo el gobierno forzara su aprobación sin pasar por la Asamblea Nacional -la cámara baja del Parlamento- donde no tiene una mayoría absoluta.
¿Por qué Macron está decidido a implementar la nueva ley?
Las protestas y huelgas que comenzaron en enero, no han hecho dar marcha atrás al presidente, quien esta semana sobrevivió dos mociones de confianza y defendió la reforma en una entrevista en televisión.“Esta reforma es necesaria”, dijo Macron y subrayó que la implementación de la misma se llevará a cabo a fines de 2023.El presidente afirma que la reforma de las pensiones es una forma “impopular pero necesaria” de asegurar el futuro del sistema de pensiones del país.Según el mandatario, la medida es crucial para evitar el colapso del generoso sistema estatal de pensiones de Francia y para garantizar que los ciudadanos más jóvenes no asuman la carga de financiar a las generaciones mayores.
¿Cederá alguna de las partes?
El gobierno sobrevivió dos votos de confianza esta semana. Ahora habrá que ver si la determinación de Macron puede superar la capacidad de los sindicatos para ejercer presión en las calles.
Las encuestas han mostrado que más de dos terceras partes de los ciudadanos se oponen a la reforma de pensiones.
Según France 24, “una amplia mayoría de los franceses también ha expresado su apoyo a las huelgas que han interrumpido las clases, el transporte público y la recolección de basura”
“El presidente de la república se burló de nosotros”: 3 preguntas para entender las masivas protestas en Francia contra el gobierno de Macron
Mientras las llamas envolvían los neumáticos derretidos en la carretera principal de Tel Aviv, los médicos abandonaban los hospitales y el principal aeropuerto de Israel permanecía cerrado, Benjamin Netanyahu mantenía en espera al país.
Las protestas y huelgas sin precedentes se apoderaron de Israel el lunes, el punto culminante de meses de disidencia por los planes del gobierno para retirar el poder de los jueces de Israel.
Así, con una nación en crisis, todas las partes estaban esperando que el primer ministro tomara medidas.
Cuando finalmente apareció en la televisión nacional, maximizando el impacto con un discurso en vivo en el inicio de los programas de noticias nocturnos, comenzó comparando su posición con una historia sobre el rey Salomón.
Así como el monarca bíblico tuvo que juzgar cuál de las dos mujeres rivales era la verdadera madre amorosa de un bebé, él había tomado su propia decisión sobre las dos partes que disputaban sus reformas.
Anunció que pondría una pausa en los cambios judiciales hasta la próxima sesión del parlamento y dijo que “extendería la mano” para un “compromiso” y “diálogo” con los opositores parlamentarios.
El anuncio parece haber hecho lo suficiente para evitar, por ahora, el empeoramiento de la crisis y para dar a la oposición oficial espacio para decir que cumplirán su palabra de lograr un compromiso negociado.
También ha dividido al enorme movimiento que estaba haciendo campaña contra las reformas: los principales partidos de la oposición en el parlamento dieron una cautelosa bienvenida a su decisión, mientras que los líderes de las manifestaciones callejeras lo denunciaron como un congelamiento temporal para poner en duda a los críticos.
Pero los problemas mucho más
Cientos de miles de israelíes han protestado contra la reforma judicial en los últimos meses.
importantes que subyacen a esta crisis -Los judíos israelíes profundamente divididos sobre el papel de la religión y el Estado, la peligrosa fragilidad de los controles del poder del gobierno y un vacío total de horizontes políticos para un futuro compartido con los palestinos-, siguen sin resolverse y solo se están agravando más.
Netanyahu continuó con su metáfora: así como una madre no estaba dispuesta a ver que el rey Salomón cortaría a su bebé en dos, él tampoco estaba dispuesto, dijo, a dividir al país. Muchos de sus críticos señalan, sin embargo, que en realidad el primer ministro tuvo meses para diluir o detener las cuestionadas reformas que inició.
Lo acusan de dejar que el país llegara, en primer lugar, al punto de ebullición.
Para Netanyahu, sus palabras tenían una clara implicación: una minoría entre sus opositores tiene la culpa de la crisis y están preparados para cortar al bebé por la mitad.
Dijo que estaba allí para actuar con responsabilidad. “No estoy dispuesto a dividir la nación en dos”, indicó.
El discurso parecía diseñado para llamar la atención sobre las líneas divisorias, mientras le daba a Netanyahu un aire de ser el único que podía salvar al país de sí mismo.
Las protestas se intensificaron después de que Netanyahu regresara al poder a fines del año pasado, liderando el gobierno nacionalista más derechista en la historia de Israel y prometiendo frenar los poderes de la rama judicial.
Organizó una alianza de partidos de extrema derecha para obtener los números de la coalición y así regresar al poder, y en esta crisis se ha vuelto cada vez más dependiente de ellos.
Los cambios judiciales le habrían dado al gobierno control total sobre el comité que nombra a los jueces y, en última instancia, despojaría a la Corte Suprema de poderes cruciales para anular la legislación que considere efectivamente inconstitucional.
Los planes desencadenaron una de las mayores disputas políticas y sociales de la era moderna de Israel, gran parte de las cuales se basan en los temores de los opositores de que el gobierno ultrarreligioso y de extrema derecha de Netanyahu están acelerando al país hacia un régimen teocrático.
Alrededor de 30 conductores de estas aplicaciones se concentraron en inmediaciones del estadio el Campín, e iniciaron su recorrido pasadas las 2:00 de la tarde hasta el aeropuerto internacional
El DoradoFoto: Archivo de El País
El malestar que generó en días pasados las declaraciones del ministro de Transporte con relación al proyecto de ley que prohibiría el uso de aplicaciones tecnológicas que presten servicios de transporte, siguen generando protestas en Bogotá.
En la tarde de hoy sábado 4 de febrero, alrededor de 30 conductores de estas aplicaciones e concentraron en inmediaciones del estadio el Campín, e iniciaron su recorrido pasadas las 2:00 de la tarde hasta el aeropuerto internacional El Dorado, rechazando la presunta prohibición de este servicio en la capital.
El pasado 2 de febrero el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y los representantes de las plataformas de movilidad, acordaron que el proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio de Transporte solo se presentará al Congreso de la República cuando haya un consenso con todos los actores.
Le puede interesar: ¿Por fin? Obras en el puente de Juanchito terminarían este año, según la Gobernadora
“Esta es una reunión en la que abrimos las puertas al diálogo, es una primera sesión y mientras acá no tengamos un acuerdo no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso, que les quede la tranquilidad, no hay orden de ninguna clase de prohibir nada”, resaltó el ministro.
Para ello, se propuso realizar varias audiencias públicas en diversas regiones del país para tratar el tema, donde se vinculará a los ministerios
de Trabajo y de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad.
Así van las protestas de conductores de plataformas digitales en Medellín
Tal como estaba planeado, en la mañana de este miércoles 15 de marzo comenzaron en varios puntos de Medellín las movilizaciones de conductores de plataformas digitales.
Caravanas de vehículos particulares y motocicletas, que portan globos y banderas blancas, están en este momento en distintos sectores, con la intención de alzar su voz, pidiendo no ser tratados como “ilegales” y pidiendo al Gobierno
Nacional que se regularice su actividad para prestar servicios de transporte, polémica que lleva varios años sin ser resuelta.
Lea también: Suspenden proyecto de ley que buscaba prohibir las plataformas de transporte
Por el momento, las autoridades no han reportado alteraciones al orden público ni problemas debido a la protesta, que aseguraron será pacífica, con tres movilizaciones y un plantón.
Los tres puntos de encuentro son la glorieta de Niquía, en el norte del Valle de Aburrá; la glorieta de San Juan con la 80; y la variante Caldas, en el sur.
Si bien las redes sociales son entendidas como espacios en donde todos los usuarios tienen voz, esta libertad se ha prestado para escenarios llenos de controversia.
Por años, los contenidos y las conversaciones publicados en las redes sociales se han convertido en un punto álgido del debate entre empresas de tecnología y gobiernos. Si bien las redes sociales son entendidas como espacios en donde todos los usuarios tienen voz, esta libertad se ha prestado para escenarios llenos de controversia.
No es raro encontrar, por ejemplo, todo tipo de grupos privados en dichas redes organizados frente a temas que tienen un profundo impacto en el mundo. Un ejemplo sencillo son los grupos contra las vacunas, tan prevalentes en las redes sociales que se han vuelto un dolor de cabeza y han debido ser moderados de forma particularmente fuerte.
El debate encontró un punto crucial el pasado 6 de enero, la fecha cuando seguidores del entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron con violencia en el Capitolio de los Estados Unidos. Allí se encontraban los miembros del Congreso, quienes debieron ser evacuados inmediatamente. Frente a la respuesta de Trump (los detalles están más adelante en este mismo texto), la decisión fue a celebrada y denunciada a la vez, pero esto fue apenas la punta del iceberg.
Explicando el caso Trump –y todos los que se pueden extrapolar–
Aunque el caso de la suspensión de Donald Trump ha sido uno sobre los que más se ha hablado, ciertamente no ha sido el único. Sin embargo, muchas
peculiaridades se pueden extrapolar a otras situaciones y se pueden entender mejor cuando se explica el contexto político: a lo largo de toda su campaña política, Donald Trump arremetió constantemente contra la Sección 230. Dicha ley, en pocas palabras, permite que las plataformas digitales no sean responsables legalmente por el contenido que sus usuarios puedan publicar, sino que cada usuario es responsable por él.
Aunque en Colombia no existe un equivalente directo a la Sección 230, hay un historial de casos en los que la Corte Constitucional afirma que «se propende por dotar a los intermediarios de Internet de cierta inmunidad, de tal forma que no se les haga responsables por los contenidos y actividades que los usuarios del sistema desarrollan». Entre dichos casos se encuentran las sentencias T-277 de 2015 y T-155 de 2019.El concepto de la corte, a su vez, está basado en los artículos expuestos por la Organización de Estados Americanos que se refieren a la libertad de expresión e Internet, y que explican que «ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios».
¿Qué es la Sección 230 de los Estados Unidos?
(1) Tratamiento del editor o hablante: Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el
editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenidos de información.
(2) Responsabilidad civil: Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo podrá ser considerado responsable por: (A) cualquier acción tomada voluntariamente y de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad de material que el proveedor o usuario considere obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de cualquier otro modo objetable, independientemente de que dicho material esté constitucionalmente protegido; o (B) cualquier acción realizada para permitir o poner a disposición de los proveedores de contenidos de información u otros los medios técnicos para restringir el acceso al material descrito en el párrafo (1).
¿Censura en las redes sociales?
Tan pronto Twitter y Facebook anunciaron la suspensión de las cuentas de Donald Trump, un efecto dominó provocó que otras plataformas hicieran lo mismo. YouTube, Shopify e incluso Twitch también suspendieron las cuentas del entonces presidente, silenciando así a uno de los mandatarios más propensos a utilizar las redes sociales para comunicarse con sus seguidores.
Los gritos de censura no se hicieron esperar. “La censura
en principio se predica de los Estados, pero hay condiciones en las que un privado puede incurrir en esa acción, todo depende –le explicó a Impacto TIC Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma–. Sin embargo, en el caso de Trump hay argumentos que podrían justificar que la discusión no viene a cuento”.
Por más que se mire simplemente como un usuario de las redes, en ese momento Trump era el presidente de Estados Unidos. Esto quiere decir que contaba con bastantes medios para poder comunicar sus opiniones, usando mecanismos como ruedas de prensa u otras cuentas oficiales de la Casa Blanca.
De la misma forma, el actual juicio político que afronta Trump en el Senado –llamado impeachment y que se traduce literalmente como destitución–está fundamentado en la incitación a la violencia, que rompe por completo la leyes; no sólo de las redes sociales, sino también de la ley estadounidense. “Ahora, si la suspensión [en las redes] es permanente… quizá habría que reabrir el debate”, agrega Carolina Botero.
