Petro afirma que el Clan del Golfo ha roto el cese al fuego

El presidente denuncia que el grupo armado está detrás del paro minero en Antioquia

Policías durante un operativo este lunes en Tarazá, Antioquia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha denunciado el domingo por la noche que el Clan del Golfo ha roto el cese al fuego bilateral acordado el pasado diciembre. “Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, ha declarado en Twitter, en referencia a los daños en el acueducto de Tarazá, un municipio antioqueño de 48.926 habitantes.

El Gobierno considera que el grupo narcotraficante está detrás de un paro minero que afecta desde el 2 de marzo a las regiones del Nordeste y el Bajo Cauca del departamento.

El Ejecutivo denuncia que los bloqueos han llevado a una situación de desabastecimiento alimentario y de dificultades en el suministro de medicamentos. La Gobernación de Antioquia decretó un toque de queda durante el fin de semana y señaló que las obstrucciones en las vías públicas habían imposibilitado el traslado asistencial de pacientes. No obstante, la situación escaló el domingo: fue destruido un peaje en Tarazá y se atentó contra el acueducto. Para Petro, esto ha demostrado la vulneración del cese al fuego.

“Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde”, ha resaltado.

El detonante del paro fue el operativo estatal que el 1 de marzo destruyó cinco dragas que se utilizaban para la minería ilegal. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció ese día la “guerra total” contra las economías criminales. “Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”, explicó. Los manifestantes reclaman que se formalice la minería artesanal y que la Fuerza Pública no destruya la maquinaria que utilizan.

Los ministros de Ambiente e Interior, Susana Muhamad y Alfonso Prada, anunciaron el pasado jueves la creación de un Distrito Minero y de un plan de formalización. Prada defendió entonces que las dragas destruidas causaron “un desastre supremamente delicado al medio ambiente” y pusieron en riesgo la vida de los habitantes de la zona. Muhamad, por su parte, subrayó que era importante conciliar la protección del medio ambiente con los derechos de aquellos inmersos en la actividad minera.

Los disturbios, sin embargo, se acentuaron el viernes. El ministro del Interior publicó imágenes de los destrozos de este día y cuestionó la legitimidad de la protesta: “Estos no son actos de pequeños mineros en paro. Ellos expresaron en la mesa de diálogo el rechazo a la violencia en la protesta social. Enlodan su causa

Recurso extraído de RCN

de formalización y trabajo digno en un distrito minero. Todo el apoyo a la Fuerza Pública”. Al día siguiente, el ministro de Defensa anunció la destrucción de cuatro dragas más “que alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”. El presidente, por su parte, sugirió que el grupo armado podía estar detrás de los bloqueos y que, en ese caso, el grupo no quería la paz. “La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales”, enfatizó.

El cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, anunciado en la víspera del Año Nuevo, es parte de un acuerdo mayor con otros tres grupos armados. Incluye también al grupo del crimen organizado Autodefensas de la Sierra Nevada y a dos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Sin embargo, a lo largo del país se mantienen las denuncias respecto a secuestros, amenazas y enfrentamientos que dificultan la implementación de lo pactado.

El revolcón a los subsidios del gobierno de Gustavo Petro dejará por fuera a millones de familias pobres y vulnerables que hoy se enfrentan a una inflación todavía histórica y a un enfriamiento de la economía. Los cambios vienen con la creación de un nuevo programa de subsidios, llamado Renta Ciudadana, que unificará en 2024 los programas anteriores, como Familias en Acción, en un solo sistema. Pero al dejar a unos 3 millones de hogares por fuera corre el riesgo de incumplir sus propias metas para bajar la pobreza.

Además, la reinvención pasa por sacar a los bancos privados de los giros monetarios. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que gestiona los subsidios, escogió al Banco Agrario sin licitación, lo que podría generar problemas por su infraestructura tecnológica limitada.

Esa reconfiguración de los subsidios es la más profunda en los últimos 20 años. Familias en Acción nació en los noventa y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor en el 2012.

Ever Mejía