Impuesto a remesas muestra profundas contradicciones

Por Emilio Coral García

La propuesta del gobierno del presidente Donald Trump de cobrar un 5% de impuesto sobre todas las remesas enviadas fuera de los Estados Unidos por personas que no tengan la ciudadanía estadounidense tiene diversas implicaciones contradictorias por tomar en consideración.

A reserva de la ratificación del senado de bajar este porcentaje a 3.5, las personas que envían remesas desde los Estados Unidos a sus países de origen suelen ya haber pagado los impuestos correspondientes por ley sobre los ingresos obtenidos, lo cual lleva a que pagar un impuesto más sea una doble e injusta imposición, que en principio debería ser ilegal.

Por otra parte este impuesto complicaría innecesariamente una gran cantidad de transacciones financieras internacionales en las que participan personas que no son ciudadanas estadounidenses junto con ciudadanos, sin tomar en cuenta si su residencia en los Estados Unidos es legal o no. Hay que considerar que la medida aplicaría por igual a toda persona que no tenga la ciudadanía estadounidense.

Además, la medida mermaría significativamente los recursos enviados por los trabajadores migrantes a sus familias, recursos que suelen ser fundamentales para apoyar a las economía locales e incluso nacionales, como en el caso de la economía mexicana, cuya recepción de remesas durante el 2024 ascendió a una suma de cerca de 65 mil millones de dólares.

Los integrantes del Congreso mexicano, entre diputados y senadores, ya han declarado la medida como discriminatoria y abusiva, al buscar imponer el gobierno de los Estados Unidos este impuesto arbitrario que se agrega a los impuestos regulares que de por sí siempre pagan todos los trabajadores migrantes, sean estos documentados o indocumentados.

Diversos especialistas en la materia en los Estados Unidos también han expresado su preocupación por tal medida, debido a que, de concretarse, estimularía a que muchas de las personas que envían recursos a sus países de origen recurran a canales informales e ilegales. Esto llevaría a que se puedan disimular más fácilmente diversas operaciones de lavado de dinero y de transferencias de dinero para fines ilícitos que actualmente ya utilizan ese tipo de canales ilegales para hacer sus envíos.

El uso de canales informales y no regulados por el gobierno estadounidense para hacer los envíos de dinero, también tendría un impacto negativo en los negocios legalmente establecidos para realizar tales transacciones, lo cual podría llevar al encarecimiento de sus servicios, generando un círculo vicioso en el que el uso de los canales legales para el envío de remesas sea cada vez menor, su costo por transacción cada vez mayor, y a lo cual se sumaría el prohibitivo costo extra de este impuesto.

Además, este nueva medida no necesariamente contribuiría a detener o disminuir la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, pues la población migrante sin documentos buscaría maneras alternas para hacer llegar los recursos que envíen a sus comunidades de origen, lo cual fortalecería las redes financieras ilegales, con un efecto de expansión también del quehacer del crimen organizado.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que este nuevo impuesto del 5 por ciento es altamente regresivo, pues afectaría principalmente a los migrantes con menores ingresos, dado que son quienes más suelen enviar recursos a sus familias en sus lugares de origen, mediante envíos frecuentes de cantidades relativamente pequeñas, que serían sujetas al mismo impuesto en cada envío realizado.

Por otra parte, los migrantes profesionistas y calificados, ante tal impuesto, podrían buscar empleo en otras naciones diferentes a los Estados Unidos, como Canadá o Australia, adonde las regulaciones financieras sean menos prohibitivas. Esto llevaría a una disminución del talento profesional y altamente calificado en muchas de las empresas estadounidenses que han amasado sus fortunas gracias en mucho a la colaboración de este tipo de personal.

A fin de cuentas, este impuesto constituye una propuesta que limita la movilidad internacional de recursos desde Estados Unidos, lo cual, junto con las nuevas políticas arancelarias de la administración Trump, no necesariamente es bueno ni conveniente financieramente para esta nación, pues parte importante de su generación histórica de riqueza, y alta competitividad global, ha tenido que ver con su congruencia con el liberalismo económico del cual había sido un ejemplo hasta ahora.

 

• Emilio Coral García: Doctor en Historia y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior “Edmund A. Walsh” de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. donde también se encuentra afiliado al Instituto para el Estudio de la Migración Internacional. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Co - autor del libro “Drama y Odisea de la Migración Mexicana”.