Gobierno estadounidense utiliza niños para imponer su política antiinmigrante

Por Cristian Quintanar Castro

La política migratoria de la administración del presidente Donald Trump ha generado una serie de consecuencias humanitarias, legales y sociales, especialmente en relación con la separación de familias debido a las deportaciones. A continuación, se presenta un análisis de dicha situación y sus implicaciones.

Desde la implementación de la política de “tolerancia cero” en el 2018, miles de familias migrantes han sido separadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Un informe conjunto de Human Rights Watch, el Texas Civil Rights Project y la Universidad de Yale reveló que más de mil 300 niños aún no se han reunido con sus padres después de seis años de separación. Estas separaciones han sido calificadas por expertos como actos de tortura debido al sufrimiento intencional infligido a los menores.

Un caso emblemático es el de Maikelys Espinoza, una niña venezolana de dos años que fue separada de sus padres bajo acusaciones infundadas de actividades delictivas. Tras una intensa campaña del gobierno venezolano, la menor fue repatriada y se reunió con su madre en Caracas.

En enero del 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”. Esta orden amplía las deportaciones aceleradas, impone sanciones a inmigrantes no registrados y restringe el acceso a beneficios públicos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó una medida que buscaba acelerar las deportaciones utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, argumentando que los migrantes tienen derecho a un debido proceso legal.

Además, la administración Trump eliminó protecciones especiales para mujeres embarazadas, bebés y personas con afecciones médicas graves en centros de detención migratoria, lo que ha generado críticas por parte de legisladores y organizaciones de derechos humanos.

“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias -comenta Michael García Bochenek, abogado de la división de derechos infantiles de Human Rights Watch- Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”, aseveró el abogado.

Las deportaciones masivas no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino que también tienen repercusiones económicas significativas. Se estima que alrededor de 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un familiar indocumentado. La separación de estos núcleos familiares podría reducir los ingresos del hogar en un 63%, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente de 51 mil dólares anuales. Además, los hogares de inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente al sistema tributario de Estados Unidos, pagando miles de millones en impuestos federales, estatales y locales. Su ausencia podría afectar la solvencia de programas como la Seguridad Social y Medicare.

La Operación Safeguard, iniciada en enero del 2025, tiene como objetivo detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York . Esta operación ha generado un clima de temor entre las comunidades migrantes. En Nueva York, muchas familias han optado por retirar a sus hijos de las escuelas ante el miedo a redadas en lugares públicos.

Las políticas migratorias de la administración Trump han tenido consecuencias profundas y duraderas en las familias migrantes, tanto en términos humanitarios como económicos. La separación de familias, las deportaciones aceleradas y la eliminación de protecciones han generado críticas a nivel nacional e internacional. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y se busquen soluciones que prioricen la unidad familiar y el bienestar de las comunidades migrantes.

Las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump ponen en evidencia una profunda contradicción en la retórica de la derecha política estadounidense. Mientras sus representantes y votantes suelen enarbolar la defensa de la familia como un pilar moral —oponiéndose al aborto, promoviendo la familia nuclear tradicional y denunciando lo que consideran amenazas a los valores cristianos—, esas mismas fuerzas han respaldado políticas sistemáticas de separación forzada de familias migrantes, muchas con niños pequeños ciudadanos estadounidenses. Esta doble moral revela que su defensa de la “familia” es selectiva y subordinada a intereses ideológicos y raciales. La separación de familias migrantes no solo contradice los valores familiares que dicen proteger, sino que demuestra que, para la derecha trumpista, la dignidad y el derecho a la unidad familiar solo se aplican a ciertos cuerpos, orígenes y estatus legales.

 

•  Cristian Quintanar Castro: Doctorante en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de historia de la educación y del conocimiento. Profesor de asignatura en la UNAM en ciencias sociales.  Licenciado en psicología, UAM Xochimilco. Interesado en los procesos psicosociales de la violencia y el uso de la etnografía para el estudio de fenómenos sociales.