ESCENAS DE “LA GUERRA”
Desde el “enemigo interno” a la “reconciliación” Aldo Marchesi “Ahora, en los próximos años llegaremos a todos los sectores de nuestra nación para escuchar, para informar, para dialogar y sostener, con la firmeza y claridad con que lo hemos hecho siempre, nuestras ideas y puntos de vista, en procura de los entendimientos y los acuerdos que aseguren la armonía y sellen, para siempre, y sellen para siempre, la paz entre los uruguayos. Esa es nuestra obligación”. Estas palabras, dichas por el presidente Jorge Batlle en su acto de asunción, sorprendieron al público. Marcaron un giro con relación a la política de derechos humanos desarrollada por los anteriores gobiernos. Todos suponíamos qué quería decir Batlle al referirse a “sellar la paz entre los uruguayos”. Sin embargo estas afirmaciones partían de una serie de sobreentendidos y presupuestos, sobre los cuales poco se ha reflexionado. ¿Por qué tanta preocupación por la “paz”? ¿Es que acaso el país estaba viviendo una situación crítica, guerra civil, violencia política, conflictos regionales, rebeliones? Si tomamos cierta distancia del momento, esas preguntas resultan válidas. Esta recurrencia a la retórica de la “paz” y la “reconciliación” entre los uruguayos se vincula con una particular forma de interpretar el pasado reciente. Varios actores han planteado diferentes versiones del pasado, que de una manera u otra aluden a una supuesta guerra como el origen de los conflictos planteados en los años sesenta y setenta. En esta visión, la discordia y la fragmentación entre los orientales se originan allí, y se mantienen hasta hoy. La derecha y algunos sectores de centro han adherido a esta propuesta, planteando que la clave para la solución a los problemas de los derechos humanos pasa por lo que ellos han dado en llamar “pacificación nacional”. Los hechos del 14 de abril de 1972 (véase recuadro de Samuel Blixen) marcan el inicio de un período de siete meses durante el cual variados actores políticos y sociales coinciden en afirmar que el país vivió una guerra. Si bien todos discrepaban en el significado y los contenidos de la misma, la palabra “guerra” estuvo en boga en dicho momento.
Primer momento: el conflicto y sus versiones El 14 de abril de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros (MLN-T) ejecuta a cuatro personas acusadas de pertenecer al Escuadrón de la Muerte. Ese mismo día, de tarde, las Fuerzas Conjuntas responden y, en supuestos enfrentamientos, ejecutan a ocho integrantes del MLN. A partir de ese momento, como consecuencia de la aprobación del “estado de guerra interno” por la Asamblea General, los militares asumen un mayor protagonismo en la represión a la guerrilla, a la vez que se agudiza desde las Fuerzas Conjuntas y las organizaciones paramilitares la represión hacia todos los sectores de izquierda y las organizaciones sociales. Las diferentes interpretaciones de lo que estaba ocurriendo en el país pueden ser registradas teniendo en cuenta las discusiones en torno a lo ocurrido el 14 de abril.*
La guerra contra la democracia Una primera versión es la argumentada por el Partido Colorado, cuya mejor expresión fueron los discursos del presidente Juan María Bordaberry en cadena de televisión y radio (Acción, 15-IV-1972, pág 4) y su ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, durante el sepelio de las víctimas (Acción, 15-IV-1972, pág 8). En estos discursos se compara a las víctimas de los atentados “con los soldados que forjaron la nación oriental”. La “subversión” es caracterizada como un grupo ajeno a la nación, que atenta contra la “tradicional” forma de convivencia democrática uruguaya. Al referirse a las críticas que surgen desde la oposición en torno a la existencia de malos tratos, detenciones arbitrarias y vínculos con las organizaciones
parapoliciales, Bordaberry responde diciendo: “Naturalmente que la subversión y quienes la apoyan pretenden desmoralizar a las Fuerzas Armadas”. Para el gobierno el país está en guerra: “La guerra no la declaramos nosotros. La han declarado los grupos subversivos”, dice Bordaberry; es una lucha contra los “enemigos de la patria”. El planteo deja espacio sólo para dos posiciones: los defensores de la nación, y sus enemigos. De un lado está el gobierno, las Fuerzas Armadas y los partidos tradicionales. Si bien Sanguinetti y Bordaberry pertenecían a grupos diferentes del Partido Colorado, en ese momento el discurso de ambos se presentó como monolítico.
La guerra civil La versión que se oponía frontalmente a la del Partido Colorado era la del Frente Amplio (FA). Desde este sector, la acción realizada por los tupamaros fue poco comentada, los discursos se iniciaban con un repudio en términos generales, pero no profundizaban en el análisis. Según el fa, el asunto en discusión no eran las víctimas de los atentados sino las causas de los mismos. En la medida en que el gobierno no actuaba para detener el accionar violento de la extrema derecha, ni las prácticas abusivas de las Fuerzas Conjuntas contra la subversión, era entendible (no justificable) que ocurrieran acciones de este tipo. Pero el Frente Amplio no se expresó, ni tomó posición, frente a la significación de “justicia popular”, ni frente a la idea de construir un orden revolucionario alternativo a la institucionalidad democrática, que el MLN proponía a través de sus atentados. El MLN no fue presentado por los legisladores frenteamplistas como un actor político central en esa coyuntura, sino como el producto inevitable de la situación de deterioro económico y político que vivía el país. En la visión del fa, el país también vivía una guerra, pero era diferente de la que planteaba el gobierno. Se trataba de un enfrentamiento entre “orientales”, una guerra civil, que se resolvería con un acuerdo que asegurara la paz y las transformaciones necesarias para resolver la crisis económica. En palabras del general frenteamplista Liber Seregni: “Paz para los cambios y cambios para la paz”. La actitud del otro partido político de relevancia en esa coyuntura, el Nacional, osciló entre los dos planteos antes mencionados, tanto en su valoración de la guerrilla y del accionar del gobierno como en la de la crisis que vivía el país.
La guerra revolucionaria El MLN denunciaba al Escuadrón de la Muerte como una organización parapolicial que buscaba infundir el temor en las “organizaciones del pueblo”. Lo acusaba de haber asesinado a militantes y simpatizantes de esa organización y de realizar infinidad de atentados contra locales y organizaciones de izquierda. El MLN se sentía el promotor de una guerra revolucionaria que en 1972 debía adquirir otra dimensión. Durante ese año, el grupo planteó la necesidad de generar un salto cualitativo en su lucha guerrillera. La acción del 14 de abril no estaba inserta específicamente en este plan, ya que se concebía como una represalia a las ejecuciones del Escuadrón. Sin embargo los efectos represivos que desencadenó la acción imposibilitaron la aplicación de aquel plan. El objetivo final de esa guerra era la derrota del gobierno, la victoria de la organización y la conformación de un nuevo gobierno, resultado de una alianza donde el MLN debería participar.
Extrañas coincidencias Algunos aspectos atravesaron todas las interpretaciones. En todos primó la idea de que el país estaba viviendo una guerra, indicio del nivel de polarización que se había desarrollado y de los riesgos que adquiría la opción por la política. Dos de estas interpretaciones se centraron en la cuestión de la nación: quiénes la defienden y quiénes la atacan. Para ambos el concepto de nación era excluyente. Únicamente las visiones de centroizquierda proponían una noción más integradora al caracterizar la situación como la de una guerra civil. La idea de guerra estaba ligada a la sensación común de que el país vivía una seria crisis, al reconocimiento de que se hundían antiguos modelos y advenía un nuevo tiempo histórico, a nivel nacional e internacional. Esta sensación de crisis se extendía al propio sistema democrático. Si bien no se decía explícitamente, en variados discursos se percibía un profundo
descreimiento en que la institucionalidad democrática posibilitara una solución a la guerra que vivía el país. Algunos cuestionaban esta institucionalidad por su debilidad para combatir la subversión y planteaban medidas que en cierta medida la ponían en peligro, otros en defensa de sus valores tomaban en cuenta las opiniones y proposiciones de una organización que estaba fuera del marco legal, otros apostaban a los militares como una alternativa para resolver la crisis. Esta pequeña guerra culmina en octubre de 1972. Las Fuerzas Conjuntas emiten un comunicado en el que informan que el MLN está desarticulado, aunque advierten sobre el riesgo de un rebrote subversivo. En términos de imagen pública los militares concitan cierta aceptación en algunos sectores de la población por su eficacia en la lucha contra la subversión. Algunos militares, conscientes de dicha situación, buscan capitalizar el nuevo momento intentando atacar una de las supuestas causas de la subversión: la corrupción política (véase nota de Carlos Demasi). A partir del arresto de Jorge Batlle por parte de las Fuerzas Conjuntas se inicia una nueva coyuntura donde los clivajes entre los actores políticos comienzan a cambiar. Ciertos sectores cobran conciencia del peso que han adquirido las Fuerzas Armadas y de su voluntad de protagonismo político. Podemos decir que a partir de este hecho se abre la nueva coyuntura en la cual se desencadenará el golpe de Estado. La Marcha de la Afirmación Nacional, convocada por los sectores de la oposición pero saludada por algunos sectores del Partido Colorado, marca el inicio de una nueva situación donde el clivaje civiles-militares comenzará a adquirir mayor centralidad. El 27 de junio de 1973 todos los partidos condenan el golpe de Estado. Ningún sector hace mención a la guerra, con diferentes adjetivos se acusa al nuevo gobierno de ser una dictadura: Seregni habla de “dictadura oligárquica”; la lista 15 y el Partido Nacional hablan del “dictador Bordaberry”.
Segundo momento: militares y guerra “mundial” A lo largo de la dictadura la noción de “guerra” fue mantenida únicamente por los militares, quienes la resignificaron y ampliaron: en realidad ya no es Uruguay el que está en guerra sino el mundo. El mundo occidental está amenazado por el comunismo: “La guerra subversiva no muestra dos contendores que luchan entre sí enfrentándose con la determinación de vencerse uno al otro; aquí tenemos un solo contendor –el marxismo leninismo y sus ‘ismos’ satélites– que nos atacan despiadadamente, con la irreversible intención de destruir, a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestro particular estilo de vida. La otra parte de esta lid es el mundo democrático que no se comporta como un contendor; que no brega por vencer y destruir a su implacable enemigo, pues lo único que hace –a veces– es defenderse torpe y espasmódicamente, sin comprender casi nunca lo que realmente está pasando”, decían los militares en el acto del 14 de abril de 1983. Frente a esta situación los uruguayos teníamos una situación privilegiada, ya que a diferencia de lo que ocurría en otros países occidentales, aquí ya se había detectado y eliminado con fortaleza el problema. Más allá de este privilegio, la citada condición del enemigo requería un alerta permanente que en gran medida actuaba como justificatoria de la dictadura. En el retorno a la democracia la noción de guerra se mantuvo y adquirió un nuevo sentido. Frente a las críticas a las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos, los militares nuevamente recurrían a la noción de guerra para justificar sus prácticas durante la dictadura. En palabras del general Iván Paulós: “Puede haber habido errores, o mejor dicho ha habido errores. Pero en una guerra, ¿cuándo no hay errores? Si la guerra está constituida por actos de violencia, ¿cómo no va a haber errores en las guerras? Son todas malas las guerras y no hay ninguna guerra buena. El asunto es situarse en la problemática misma”.
El otro aspecto de esta argumentación era el reconocimiento de que la guerrilla había sido derrotada, pero la subversión permanecía latente. Temerarias metáforas se utilizaban para describir el avance de la subversión.
Tercer momento: políticos y guerra Durante diez años aquellos miembros de los partidos tradicionales que habían propuesto la noción de guerra contra la democracia, y que en dicho momento formaban parte de la oposición antidictatorial, habían abandonado este aspecto como factor explicativo de la dictadura. El mejor ejemplo de esta sensibilidad antidictatorial la expresa la llamada “proclama del Obelisco” –porque allí fue leída en el gigantesco acto de 1983– aprobada por todos los partidos. Ésta se refería al futuro de los militares de la siguiente manera: “unas Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de las misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó”. Una vez reiniciada la democracia, la visión de estos sectores comienza a cambiar, este cambio estuvo directamente vinculado al problema de los militares implicados en las violaciones a los derechos humanos. Por un lado, se comienzan a desarrollar estrategias discursivas que buscarán dar algún tipo de legitimación ética a las prácticas desarrolladas por los militares, de modo tal que se justificara una amnistía, por otro lado se buscaba recuperar un buen relacionamiento entre las Fuerzas Armadas y la coalición gobernante, que se había deteriorado durante la dictadura. Para ambos objetivos la reedición de la “guerra contra la democracia” resultaba una estrategia eficaz. Este proceso fue contradictorio y complejo. En ambos partidos tradicionales existió una suerte de memoria cívica que enfatizaba los daños causados por la dictadura militar a la sociedad y sus tradiciones liberales-democráticas, y otro discurso que comenzaba a explicar la dictadura como una consecuencia inevitable de la agresión subversiva de los primeros años setenta. El 20 de mayo de 1985 se realizó un acto de homenaje al senador Zelmar Michelini y al que fuera presidente de la Cámara de diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976. El senador Luis Hierro Gambardella acusó allí de fascistas a los militares vinculados con los asesinatos, mientras Zumarán los caracterizaba como “monstruos”. Todos los partidos afirmaron ese 20 de mayo que se llegaría hasta las últimas consecuencias en el juzgamiento de los responsables de dichos asesinatos. Sin embargo, apenas un mes antes, el novel presidente Julio María Sanguinetti había retomado la vieja idea en la conmemoración del 14 de abril, denominado por el gobierno democrático “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas”. A lo largo de todo el discurso de Sanguinetti se percibe una tensión entre una supuesta vocación unitaria y reconciliadora y una actitud polarizadora. Esta polarización se ve acentuada por la operación retórica de retomar citas textuales del primer discurso realizado en abril del año 1972, durante el sepelio de los efectivos caídos. El sentido de esta operación es claramente explicitado por Sanguinetti: “Permítanme esta evocación porque me da la inmensa tranquilidad de poder venir hoy ante ustedes y decirles que lo mismo que dijimos aquel 14 de abril lo decimos hoy y que en el mismo lado que estuvimos aquel 14 de abril estamos hoy: del lado de la libertad y la democracia”. El presidente retoma la polarización que había planteado en su primer discurso, pero en un contexto histórico muy diferente. En 1985 la subversión ya no existía, y si se puede hablar de alguna polaridad en ese momento era entre los sectores que habían luchado por la democracia y los sectores que habían apoyado la dictadura. Sin embargo, Sanguinetti inserta en este nuevo contexto esa vieja polarización, planteando una versión del pasado que no difiere mucho de la de la dictadura: “Evoco estas palabras que dijimos entonces porque ¡cuánta actualidad tienen hoy! ¡Cuánta verdad es decir que quienes creyeron que disolvían el Estado en este atentado no lo lograron! Es verdad que perturbaron la vida social del país, que lo condujeron a situaciones muy críticas; es verdad que nos condujeron a divisiones; es verdad que incluso llegaron a crear un clima que culminó en una quiebra institucional. Pero es verdad también que el Estado uruguayo mantuvo su integridad y es verdad que el Estado uruguayo hoy está intacto, íntegro y más firme que
nunca y que el Estado uruguayo hoy es profundamente demócrata y que hoy está asentado en el consentimiento del pueblo, que lo ha expresado a través de una campaña electoral y a través de un voto que fue un voto por la paz y la unidad, un voto por la libertad y un voto por la democracia”. A un mes de reanudada la democracia, después de cuatro años de movilizaciones populares masivas que habían desarrollado un fuerte sentimiento democrático, Sanguinetti plantea una versión del pasado reciente donde la subversión es la principal responsable de la quiebra institucional. A través de la conmemoración, el presidente reconstruye aquel nosotros del 72 que integraba a los partidos tradicionales y a las Fuerzas Conjuntas como defensoras del Estado. El discurso busca evitar susceptibilidades de sus escuchas, en su mayoría militares y policías: habla de quiebre institucional y no de golpe de Estado, no asigna responsabilidad directa a militares, policías y políticos en ese quiebre, y utiliza la noción de defensa del Estado para reconstruir esa identidad que se había destruido y desgastado durante la dictadura. Señala que el orden es un valor, la defensa del Estado está ante todo, y que fue una victoria frente a una subversión que lo quería destruir.
Cuarto momento: el intento reconciliatorio En abril de 2003, con motivo del informe final de la Comisión para la Paz, el presidente Jorge Batlle decía: “El Uruguay vivió en los últimos 40 años circunstancias muy difíciles y muy dolorosas. Hemos ido paulatinamente y con certezas en la conducta resolviendo nuestras diferencias, cauterizando nuestras heridas, aprendiendo a convivir entre nosotros”. Nuevamente el conflicto se resignificaba, ya no era nombrado como una guerra, hacía mención a “circunstancias difíciles”, marcadas por la falta de convivencia y la dificultad para procesar la diferencia. El discurso navegó intencionadamente en un mar de vaguedad, ningún hecho histórico fue nombrado, ni el accionar de la guerrilla, ni la “guerra” del 72, ni la dictadura. La única referencia histórica es la periodización “hace 40 años”, que queda librada a la interpretación del escucha. ¿Qué pasó en 1963? En oposición a la idea de “la guerra contra la democracia” que las administraciones anteriores habían avalado, se construye una visión más integradora. Ya no se trata de un enfrentamiento entre “buenos” y “malos”, sino de un conflicto entre “uruguayos”, donde las responsabilidades y también las culpabilidades son compartidas pero no determinadas con precisión. A través de su intención reconciliadora Batlle pretendió incorporar los conflictos del pasado reciente a la “biografía de la nación” en la misma clave que nuestra historia más tradicional. El conflicto se vincula con las guerras civiles del siglo xix, y la solución con el supuesto paradigma en el que aquéllas se resolvieron: “no habrá vencidos ni vencedores”. Tal vez, las principales interpelaciones que sufra esta nueva visión del pasado planteada por Batlle provengan de dos lugares diferentes. Por un lado, aquellos sectores que, adhiriendo al relato de guerra, se inscriben en una óptica maniquea que impide cualquier propuesta de reconciliación. Por el otro, la memoria construida por un importante sector de la sociedad en su lucha contra el “terrorismo de Estado”. En su portada del 14 de abril de 2000, Brecha expresaba esta última sensibilidad con acertada ironía: “Querido torturador, vos y yo somos tan culpables…”. * Parte de las ideas planteadas en este artículo se encuentran en Marchesi. A: “¿‘Guerra’ o ‘Terrorismo de Estado’?, recuerdos enfrentados sobre el pasado reciente uruguayo”, en Jelin, E (comp): Las conmemoraciones: las disputas de las fechas “infelices”, Siglo XXI, Argentina, España, 2001.