Nos sentimos muy contentos de presentarles este nuevo número de nuestra revista. Esperamos que resulte de su agrado y que logre cautivar su interés. De antemano les damos las gracias: el constatar que contamos con su apoyo nos impulsa a seguir con lo que hacemos, procurando siempre mejorar en ello.
Quisiéramos expresarles que nos esforzamos en cuidar de cada edición que publicamos. Sabemos que tratar con temas sensibles, como los que son materia del Derecho, requiere de la seriedad adecuada. Por ello, un enfoque profesional, objetivo y claro ha sido siempre nuestra norma.
Junto a ustedes, hemos aprendido mucho en LEX Informa a lo largo de los años. Redundar sobre diversas cuestiones que engloba nuestra profesión nos ha permitido comprenderla desde un punto de vista más amplio. Así, el nexo indisoluble entre el Derecho y la realidad social se nos aparece cada vez más patente: es necesario, pues, cobrar conciencia de la importancia que tiene el desempeñar nuestra labor con virtud, solidaridad y empatía.
Tales son los valores que promueve nuestro proyecto, buscando incitar tanto a colegas como al público en general a concientizarse sobre su entorno. Lo más importante, para nosotros, es contribuir a
que cada uno y cada una puedan hacer una crítica personal sobre el devenir de nuestra sociedad.
Con esto en mente, los invitamos a continuar con la lectura de las siguientes páginas. Les damos gracias por todas sus muestras de interés, sin olvidar extender este agradecimiento, igualmente, a nuestros colaboradores expertos que, con su aporte, nos fue posible conformar el presente número.
Lic. René Castelán Olguín, Director y Fundador de Revista LEX INFORMA
Usucapion con posesión de buena fe
La Mtra. Laura Cortés Serrano, jueza del Poder Judicial del Estado de México, considera que la figura jurídica del usucapion debería ser más transparente para los justiciables. En la conferencia que dictó por este medio, a través de nuestra página de Facebook, pretendía esclarecer la cuestión.
La palabra usucapion no resulta familiar para la mayoría de las personas. Se trata de un término jurídico que, dependiendo de la legislación de cada entidad federativa, recibe otros nombres, como prescripción positiva o prescripción adquisitiva. En todo caso, todas las denominaciones aluden a “una forma específica de adquirir propiedad por el
transcurso del tiempo”, según dijo la maestra Laura.
Aunque los abogados la reconocen como una figura jurídica entre muchas otras, el verdadero reto radica en su comprensión por parte del público en general. “La gente que precisa hacerse con las propiedades o regularizar sus inmuebles, no lo entienden”, mencionó la maestra, destacando así la brecha entre el lenguaje técnico del Derecho y el entendimiento común.
En efecto, explicó que en el imaginario popular la usucapion suele verse como “un procedimiento mal hecho, doloso, que provoca que la gente pueda adueñarse de bienes inmuebles de una mala manera, con mala fe”. Tal concepción, advirtió, es errónea y se aleja de la realidad jurídica. Precisamente, su ponencia tuvo como propósito aclarar y desmitificar esta figura ante el público.
La especialista subrayó que el problema de fondo es, en gran medida, lingüístico. “Hay muchos términos que confunden, especialmente a la gente que no tiene conocimientos jurídicos”, señaló. En ese sentido, reivindicó la importancia de la asesoría legal: “cuando nos sentimos mal de la salud, no dejamos de ir al médico; así también deberíamos recurrir a los abogados para tratar estos casos. Muchas veces, creemos que son meros trámites y que podemos solucionarlos sin ayuda de nadie, pero no es así”, afirmó.
La maestra explicó que existen diversas formas de adquirir la propiedad, pero que la usucapion se distingue por basarse en el transcurso del tiempo, siempre y cuando la posesión cumpla con las condiciones que la legislación civil establece para considerarla
apta para prescribir. Añadió que estos actos jurídicos son “traslativos de dominio”, y precisó: “cuando te transmito una propiedad completa, cuando deja de ser mía para que sea tuya, estamos hablando de una posesión nueva”.
No obstante, aclaró que dicha transmisión no siempre es perfecta, pues de serlo, no habría necesidad de recurrir a esta figura jurídica. En estos casos, explicó, la persona puede poseer un inmueble como si fuera el dueño, pero carece de los medios legales suficientes para defender su propiedad ante terceros. Por eso, recordó que uno de los requisitos esenciales de los actos que transmiten dominio es que se realicen mediante escritura pública. De ahí surge la necesidad de perfeccionar el proceso, de modo que quien recibe la propiedad pueda defenderla legítimamente como suya.
La maestra también abordó ciertos prejuicios comunes en torno a la buena fe. “Cuando hablamos de buena fe, solemos pensar inmediatamente que ‘nos vieron la cara’”, comentó. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: la maestra aclaró que la legislación civil establece que, para invocar la buena fe, el adquirente debe contar con un contrato que transmita el dominio, aunque este sea imperfecto. El defecto principal, explicó, es que no se haya otorgado en escritura pública, lo que ocasiona una nulidad relativa.
Finalmente, puntualizó que este vicio debe ser desconocido por quien adquiere la propiedad, ya que, de saberlo, se consideraría que actuó de mala fe. Así, la usucapion no constituye un mecanismo doloso, sino una herramienta legal que permite regularizar situaciones de hecho bajo los principios de posesión, tiempo y buena fe.
Les recordamos a nuestros lectores que pueden escuchar la conferencia completa en nuestra página de Facebook o a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/ share/v/1KBgfHJ6ht.
Mtra. Laura Cortés Serrano
Jueza del PJEDOMEX
La Maestra en Derecho Laura Cortés Serrano es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura en Derecho. Posteriormente, obtuvo el grado de Maestra en Derecho Civil con especialidad en Juicios Orales en Materia Familiar por la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Su destacada trayectoria en el Poder Judicial del Estado de México inició en 2006, desempeñándose en diversos cargos dentro de la carrera judicial, entre ellos Archivista Judicial, Secretaria de Acuerdos de Cuantía Menor y de Primera Instancia, así como Secretaria Proyectista de Sala. Actualmente, funge como Jueza de Primera Instancia, habiendo impartido justicia en los Juzgados Familiares 1° de Nezahualcóyotl, 3° de Naucalpan, 5° de Cuautitlán México, 9° de Tlalnepantla y 1° de Ecatepec. Asimismo, se ha desempeñado como Jueza Mixta en el Juzgado 11° Civil de Nicolás Romero, y como Jueza en Materia Civil en los Juzgados 2° de Texcoco, 4° de Chimalhuacán y 4° de Coacalco.
Comprometida con la formación continua, la Mtra. Cortés Serrano ha participado en numerosos cursos de actualización y concursos de oposición impartidos por la Escuela Judicial del Estado de México, así como en congresos, diplomados y seminarios organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito académico, ha contribuido a la capacitación de futuras generaciones de juristas como docente y conferencista en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, el Centro Universitario Hidalguense, el Colegio de Formación Profesional BALAAM y el Instituto de Actualización Jurídica Becerril de la Llata, entre otras. Su labor combina el ejercicio jurisdiccional con una profunda vocación docente orientada al fortalecimiento del derecho civil y familiar en México.
Etapa de Investigación en el Procedimiento
Administrativo Disciplinario
En el contexto mexicano del derecho, las quejas por abuso de autoridad son algo bastante común. Pero, si bien cualquier servidor público puede ser sujeto de escrutinio, la poca respuesta por parte de la ley ha agudizado la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades. En esta guisa, La Lic. Laura Jiménez Valdés, experta en derecho administrativo disciplinario, expuso para LEX Informa las aristas de esta cuestión en el marco de la nueva Reforma Judicial.
Mencionaba que, desde muy temprano en su carrera, le había llamado la atención el “procurar el cuidado del Estado, logrando así que también los ciudadanos estén protegidos de un abuso por parte de este”.
Comentaba que no hay muchos abogados especialistas en la materia, en lo cual observa un gran sector de oportunidad. Así, exhortaba reiteradamente a la comunidad jurídica a instruirse en dicha rama: “es una materia muy bonita, porque tiene pocos postulantes y, por lo tanto, es una gran área para comenzar a litigar. A raíz de la Reforma Judicial, se entiende que habrá muchas denuncias ciudadanas en los próximos años. Por ello, es momento de que aprendamos todos sobre responsabilidad administrativa”, declaraba.
Recordemos que, a raíz de dicha Reforma Judicial, los jueces y magistrados son ahora elegidos por voto popular. No obstante, señalaba que las urnas “no invisten de fuero a ningún servidor
público”. Lo que es más: “incluso aquellos ciudadanos con participación en asuntos donde entren en juego recursos federales serán sujetos de responsabilidad ante la ley. ¡No hay excepciones!”, afirmaba.
La licenciada destacaba que este carácter implacable de la responsabilidad administrativa ha provocado ya que varios “jueces del bienestar” hayan decidido renunciar a su cargo: “al observar la seriedad del asunto, han preferido salirse”, decía.
Por otro lado, admitía que falta todavía mucho que normar; especialmente, en la etapa de investigación. Según ella, “no hay una regla clara que le diga a los investigadores qué hacer o qué no hacer; se les dice, simplemente, que deben actuar diligentemente y agotar todas las instancias antes de proceder”. De ahí que la habilidad y el expertise de cada investigador cobre un papel protagonista en la elaboración de informes: “a partir de cero, deberá analizar el asunto en particular, radicarlo, desentrañarlo, identificar las pruebas pertinentes, dilucidar cómo acreditarlas, etc.”.
Asimismo, señalaba la importancia de contar con un buen asesoramiento jurídico. “La mayoría de los casos se quedan por años dentro de un cajón, puesto que se les da preferencia a aquellos cuyos abogados se encargan de promoverlos insistentemente: hay que estar ahí, moleste y moleste. Por ello, es importante que los abogados que se dediquen a responsabilidad tengan la profesionalidad necesaria”, puntualizaba.
Teniendo en mente lo anterior, la licenciada extendía una invitación para quien guste asistir a los cursos que estará impartiendo en noviembre sobre derecho administrativo. Las clases serán en modalidad híbrida y abordarán únicamente la etapa de investigación. “Vamos a explicar los principios que rigen esa etapa y cuáles son las mejores prácticas que arrojan resultados puntuales”. Además, puntualizaba: “la teoría es importante porque son las bases, pero cuando sales a la realidad, es algo mucho más complicado; por eso, el curso tendrá un enfoque práctico”.
Los detalles del curso están en la página de Facebook de LEX Informa, o bien, en la conferencia de la licenciada, que pueden escuchar siguiendo el enlace: https://www. facebook.com/share/v/1D7UEHnS6o.
Lic. Laura Jiménez Valdés Experta en Derecho
Administrativo Disciplinario
La Licenciada Laura Jiménez Valdés es una reconocida experta en Derecho Administrativo Disciplinario, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos en el ámbito del servicio público, destacando su desempeño como Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Poder Judicial del Estado de México, donde ha contribuido significativamente al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y rendición de cuentas. Su experiencia abarca funciones de alta responsabilidad en instituciones como la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y el Servicio Postal Mexicano, consolidando un perfil sólido en materia de investigación administrativa, fiscalización y transparencia institucional.
Asimismo, se ha desempeñado como Delegada Regional de la Contraloría en Toluca y Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género del Fideicomiso para la Creación de Zonas y Parques Industriales (FIDEPAR). Su formación complementaria incluye diplomados y seminarios en contabilidad gubernamental, derecho administrativo y estrategias de control público, impartidos por instituciones como la ASOFIS, el INACIPE y la UNAM. Con una visión ética y comprometida con el servicio público, la Lic. Jiménez Valdés ha impulsado prácticas de legalidad, transparencia y mejora institucional en cada una de las dependencias donde ha colaborado, convirtiéndose en una figura referente dentro del ámbito del Derecho Administrativo Disciplinario en el Estado de México.
La discriminación de las Personas con Discapacidad
Intelectual del CNPCF
“La personas con discapacidad no son una prioridad del Estado y eso es preocupante”, afirmaba el doctor Armando Gil Gaona, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, durante una ponencia que dictó por este medio.
El doctor explicó que, desde la década de los setenta, se han desarrollado múltiples instrumentos y programas impulsados por lo que se conoce como el Movimiento Asociativo, surgido gracias a la organización de personas con discapacidad y sus familias. Fueron, en gran medida, los padres de familia quienes alzaron la voz en representación de sus hijos, hermanos o familiares con discapacidad. Este movimiento nació en Europa y, debido a su fuerza, logró acercarse a la ONU, lo que derivó en la creación del Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, que engloba a personas con discapacidad física, sensorial e intelectual.
El objetivo principal de dicho programa era claro: anteponer la dignidad de las personas frente a las legislaciones de los países del mundo. En él, destacaba el apartado sobre igualdad de oportunidades, principio que México buscó cumplir mediante diversas disposiciones legales.
El doctor Armando recordó que, en 1992, se gestó una iniciativa —en la cual él mismo participó— para incluir el concepto
de discapacidad en el Código Civil. Sin embargo, lamentó que “el legislador sigue desconociendo, después de treinta años, el concepto de discapacidad”. Señaló que, en ese momento, la legislación mexicana se encontraba en un periodo de oscurantismo y que, a pesar de los avances, aún no se ha logrado una plena armonización en esta materia.
Aun así, reconoció algunos progresos en distintos ámbitos, como la educación, los asentamientos humanos, las aduanas, el fomento al deporte, el seguro social, el trabajo y los derechos humanos. En este sentido, expresó con firmeza: “Pensamos que nuestros hijos, hermanos o familiares no deben vivir de la lástima ni de la conmiseración, sino incorporados al trabajo regular para obtener un trabajo que los dignifique”.
Posteriormente, recordó que en 2006 se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito fue desarrollar políticas públicas de no discriminación dentro de los ordenamientos jurídicos. Sus ejes rectores fueron la autonomía e independencia individual, así como la libertad de tomar las propias decisiones, en contraste con las figuras tradicionales de tutela absoluta y autogobierno.
En algunos de sus artículos, la Convención
establecía la necesidad de “tomar todas las medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminación contra las personas con discapacidad”; además, instaba a “buscar medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
Finalmente, el doctor subrayó la importancia del concepto de salvaguardas, definido como el conjunto de medidas que aseguran el ejercicio de la capacidad jurídica con respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, evitando conflictos de interés o influencias indebidas, y procurando que las medidas sean proporcionales y adaptadas a cada caso individual.
Dado que se trata de un tema tan amplio y en el que personas como el doctor Armando siguen trabajando, sería conveniente que nuestros lectores se dieran el tiempo de escuchar la conferencia completa. Para ello, los invitamos a visitar el enlace: https://www. facebook.com/share/v/1GVLqcuwmH.
Dr. Armando Gil Gaona
Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en Derecho Privado, Maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad América del Norte y Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria en docencia, habiéndose desempeñado como profesor titular y adjunto en diversas universidades, incluyendo la UNAM y la Universidad Anáhuac Norte, impartiendo asignaturas en Derecho Civil, Teoría del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Penal.
A lo largo de su carrera profesional, el Dr. Gil Gaona ha destacado en litigio en materias Civil, Mercantil, Familiar, Penal, Amparo y Contencioso Administrativo, así como en asesoría legal en derecho inmobiliario, sociedades mercantiles y asociaciones civiles. Ha colaborado en la promoción legislativa de reformas en diversas leyes federales y locales, especialmente en materia de personas con discapacidad, educación y derechos humanos. Su trayectoria también incluye cargos de liderazgo en organizaciones de la sociedad civil, como presidente del Centro de Terapia Educativa, A.C. y del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, así como asesorías legales en bufetes jurídicos y comisiones legislativas, consolidándose como un profesional con amplio reconocimiento en el ámbito jurídico y académico mexicano.
Juicio oral civil con base en el CNPCF
El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que se decanta ampliamente por el juicio oral, constituye un ordenamiento novedoso que todos los litigantes deben conocer. El Mtro. Sergio Guerra Torres, juez mercantil del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, delineaba sus características.
“El Código, publicado en 2023, se mete hasta la cocina de los poderes judiciales locales”, afirmaba el maestro Sergio durante su exposición sobre el juicio oral civil con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF). Y no exageraba: “no solo incorpora reglas procesales para resolver los conflictos civiles y familiares; también dispone cuestiones orgánicas, desde cómo va a operar en cuestión judicial un juzgado hasta la manera en que se va a instaurar una dirección informática, etc.”, añadió.
La puesta en marcha del nuevo ordenamiento, considerado uno de los cambios más ambiciosos en materia de justicia civil y familiar, implicará un reto presupuestal y logístico. “Será interesante ver cómo el Poder Judicial asignará disposiciones presupuestales para dar banderazo a la implementación del nuevo Código”, comentó el maestro.
Los pormenores del juicio oral civil se desarrollan en los libros segundo y tercero del CNPCF. Sin embargo, antes de entrar
en aspectos técnicos, el maestro destacó la importancia de los principios procesales que sustentan la norma: “no se trata de adornos o productos de decoración jurídica que simplemente vienen a incrementar el tamaño del Código: yo les recomiendo que los vean como herramientas objetivas que van a estar conviviendo con las reglas. De hecho, con frecuencia ocurre que una regla puede ceder ante la aplicación de un principio”.
Estos principios rigen tanto los procedimientos civiles convencionales como los juicios civiles y familiares, por lo que no se restringen a un solo tipo de proceso. “El apartado vinculado al juicio civil oral no es limitado: dialoga con todo el Código Nacional y detrás de ello están los principios mencionados”, puntualizaba el maestro Sergio.
El especialista explicó que el procedimiento oral civil puede entenderse como un “cajón de sastre”: todo puede ordenarse dentro de él siempre que no exista una regulación específica. En este contexto, la autoridad judicial y las partes intervienen activamente. Las resoluciones derivadas comienzan desde la recepción de la demanda, en la que el juez revisa que se cumplan los requisitos legales.
“Si fallamos en alguno, el procedimiento puede detenerse por omitir cualquier requisito; desde luego, también puede ser que la sentencia definitiva se resuelva en
un fallo contrario a nuestros intereses”, advirtió.
Por ello, recomendó que la estrategia procesal se prepare de manera sólida desde el inicio. Una vez superadas las limitaciones presupuestales y organizativas, el juez verificará la corrección formal de la demanda y, en caso de irregularidades, emitirá prevenciones para que la parte actora subsanen las deficiencias antes de continuar con el juicio.
Así, el nuevo modelo de juicio oral civil no solo transforma la manera en que se litiga, sino que exige una mayor preparación técnica y ética de quienes participan en él, en un marco donde los principios procesales cobran tanta fuerza como las reglas mismas.
Siendo este un tema tan complejo, instamos a nuestros lectores a escuchar la conferencia completa de nuestro invitado, lo cual podrán hacer siguiendo el enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1GX5FxkC54.
Mtro. Sergio Guerra Torres
JJuez Mercantil del Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Es actualmente Juez Mercantil del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. A sus 36 años, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito judicial y académico. Radicado en Monterrey desde 2005, concluyó la licenciatura en Ciencias Jurídicas en el Centro de Estudios Universitarios en 2008 y en 2014 cursó el programa básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. En 2015 obtuvo el grado de maestro en Derecho con orientación en Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mención honorífica, y desde 2023 cursa el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública de Nuevo León. Además, ha realizado diversos diplomados y cursos en historia, argumentación jurídica, derecho privado, derechos humanos y enseñanza del derecho por competencias. Desde 2008 ha desempeñado distintas funciones dentro del Poder Judicial de Nuevo León, desde escribiente hasta secretario de sala, y actualmente funge como juez concurrente.
Su labor académica ha sido igualmente destacada, desempeñándose como catedrático en instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Centro de Estudios Universitarios, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad de Monterrey, donde continúa impartiendo cátedra. Forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de juristas. Desde 2014 también participa como locutor en programas de radio y televisión del Poder Judicial de Nuevo León, entre ellos “Diálogos Judiciales”, “Tribunal a tu alcance” y “En el tribunal radio”, espacios dedicados a la difusión de la cultura de la legalidad y la promoción del conocimiento jurídico entre la ciudadanía.
La necesidad de cautela en el contexto de la prisión preventiva
Mientras el país atraviesa una crisis penitenciaria, el catálogo de delitos meritorios a prisión preventiva ha venido en aumento durante los últimos años. Esta parece no ser una solución efectiva a los índices delictivos que asolan el país, por lo que el Mtro. Víctor Hugo Gómez Papaqui, abogado postulante especialista en Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral y consultor jurídico, explora la cuestión con vistas a una verdadera justicia restaurativa.
El tema no ha dejado de estar vigente desde la reforma penal de 2008. Se trata de un asunto controversial y polémico, en torno al cual persisten divergencias de criterios hasta la fecha.
“La Suprema Corte se ha pronunciado al respecto en diversos criterios durante los últimos años, sin llegar a alterar lo tocando a prisión preventiva, a pesar de que ahí están las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recordaba el ponente.
En su explicación, el maestro recordó que, en un principio, el Ministerio Público solo podía solicitar la medida al juez cuando otras medidas no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. Además, el juez la ordenaba únicamente en ciertos casos: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro y otros delitos graves.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el
segundo párrafo del artículo 19 constitucional fue reformado para ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“El Poder Constituyente esperaba que con este aumento iba a disminuir el índice delincuencial en el país. No obstante, podemos constatar ahora que no ha sido así”, señaló, para después objetar que “el gobierno se ha equivocado en este tipo de política criminal, adicionando con cada reforma algunos hechos delictuosos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero también acrecentando las penas para algunos delitos. Lamentablemente, no se han enfocado en los temas que requieren mayor atención.”
Asimismo, criticó la reciente Reforma Judicial, argumentando que “había que hacerla más estructuradamente, sin restar autonomía al Poder Judicial que, al fin y al cabo, era un equilibrio frente al desequilibrio gubernamental”.
El maestro enfatizó que “el tema de la política criminal ha sido equivocado, no le han dado al clavo en ese aspecto porque tampoco han hecho un estudio minucioso de las causas del acrecentamiento del índice delictivo”. Y añadió: “Siempre he sido partidario de que existan cambios, necesitamos una reforma profunda e integral”.
Explicó que la medida cautelar en cuestión no implica más justicia ni más legalidad, sino
simplemente “tener a más personas en los centros penitenciarios”. Este no debería ser el enfoque, dijo, pues impide pensar en una verdadera reinserción social.
A su juicio, la imposición de medidas cautelares debe ser casuística, es decir, basada en el análisis particular de cada caso y sus circunstancias. “No hay que perdernos en un catálogo y una prisión preventiva oficiosa donde el Ministerio Público ya no está obligado a realizar una verdadera demostración de dicha necesidad de cautela”, subrayó.
Finalmente, concluyó que, si cada caso se abordara de manera individual, atendiendo las medidas adecuadas para cada situación, el sistema penitenciario se despresurizaría considerablemente. “La prisión preventiva debe ser la excepción, la ultima ratio, pero en el país sigue manejándose como una generalidad”, sentenció.
Recomendamos que escuchen su conferencia a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/ v/1CVw5cfdCq.
Mtro. Víctor Hugo Gómez Papaqui
Abogado Postulante Especialista en Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral y Consultor Jurídico
Abogado postulante, especialista en el Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, consultor jurídico con amplia experiencia tanto en el servicio público como en el sector privado. Egresado de la UNAM, ha consolidado su carrera profesional en áreas como el Derecho Penal, Administrativo y de Amparo, destacándose por su versatilidad, organización y capacidad de adaptación a entornos dinámicos. Su trayectoria en el PJEDOMEX le permitió colaborar como técnico judicial y administrador de sala en juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, funciones en las que participó directamente en el desarrollo de audiencias penales y en la gestión de expedientes, fortaleciendo su conocimiento práctico en la impartición de justicia.
En el ámbito de la abogacía independiente, actualmente forma parte de GP Consultores Jurídicos, donde brinda asesoría, atención y representación en procedimientos y juicios de diversas materias, con especial énfasis en la defensa penal en casos de alta relevancia como feminicidio, homicidio calificado y uso de documentos falsos en el fuero federal. A lo largo de su carrera, ha combinado la práctica profesional con la docencia, participando como profesor adjunto en la UNAM y complementando su formación mediante cursos, diplomados y certificaciones en justicia penal y teoría probatoria.
La Mediación en el CNPCF
Ante la abrumadora congestión en los tribunales para la repartición de justicia, la ley ha dado paso a una serie de medidas que permiten solucionar las controversias civiles y familiares de una forma extrajudicial. La Mtra. Guadalupe Martínez Valdés, mediadora privada certificada, nos hablaba de ello en la conferencia que dictó para LEX Informa.
“Los MASC son una herramienta que todos los abogados debemos utilizar: definitivamente, constituyen la alternativa para solucionar los conflictos de nuestros clientes”, afirmaba la maestra Guadalupe durante su ponencia.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) representan procedimientos no jurisdiccionales para resolver conflictos; es decir, métodos que permiten alcanzar acuerdos sin acudir necesariamente a los tribunales. Esta vía resulta especialmente útil ante la saturación de los juzgados, muchos de los cuales acumulan controversias que permanecen sin resolverse durante años. En este contexto, los MASC se presentan como una oportunidad para aliviar la carga procesal y ofrecer mayor agilidad y eficiencia a las personas que buscan justicia.
Además, la legislación actual establece que, en materia civil o familiar, se debe
acudir obligatoriamente a un centro de mediación antes de presentar un caso ante los tribunales. Por ello, cuando un conflicto de este tipo llega finalmente a juicio, es necesario presentar una constancia que acredite que no fue posible resolverlo mediante mecanismos alternativos.
La maestra Guadalupe destacaba que casi cualquier controversia de esta índole tiene potencial de resolverse a través de estos medios, siempre que la mediación se aplique de manera profesional. En sus palabras, “actualmente, existen muchas cosas favorables que abonan a una solución alternativa del conflicto”.
El punto de partida jurídico de los MASC se encuentra en el artículo 17 de la Constitución mexicana, el cual, desde 2017, establece que la ley deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales. A partir de ello, se desarrollaron tanto la Ley General de MASC como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de ofrecer un marco uniforme para todo el país.
El nuevo Código Nacional, promulgado en 2023, busca ser implementado en todo el territorio nacional, a fin de que todas las entidades federativas sigan un mismo ordenamiento y así faciliten el acceso a la justicia. Sin embargo, hasta la fecha,
la Ciudad de México es la única entidad que lo ha adoptado plenamente.
En relación con esto, la maestra Guadalupe advertía que existen temas importantes que deberán abordarse en los próximos años, sobre todo porque hay una “fecha fatal” —el 1 de abril de 2027— para aplicar el nuevo Código en su totalidad. No obstante, reconocía que “se antoja difícil que se logre este objetivo en tiempo y forma”, decía.
Para aprender más sobre este tipo de mecanismos, recomendamos escuchar la conferencia completa: https://www. facebook.com/share/v/17VTWYgz68.
Mtra. Guadalupe Martínez Valdés
Mediadora Privada Certificada
Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en derecho fiscal y maestra en derecho civil, ambos grados otorgados por la máxima casa de estudios. He realizado diferentes estudios, diplomados y certificaciones, destacando entre otros, los impartidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para la formación de Mediadores Privados, así como el de la Universidad Anáhuac en conjunto con el Poder Judicial del Estado de México para formación de mediadores – conciliadores privados.
En el ámbito laboral entre los años 2006 a 2014 colaboré en el despacho: Homero Broissin Abogados Asociados y, a partir del año 2014 me he desempeñado como abogada postulante independiente en las ramas de derecho civil, mercantil y familiar. Desde el año 2015 cuento con la Certificación como Mediadora Privada No. 302, conferida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Presentación del libro “Denuncias Falsas. Estrategias para Vencerlas Legalmente y Emocionalmente”
Si bien el Derecho debe concebirse como una disciplina que aboga por la justicia con base en la verdad, los instrumentos que ofrece a menudo son distorsionados en favor de intereses particulares. Con esa premisa, David Torres Cadena, escritor, conferencista y abogado, presentó su nuevo libro titulado
Denuncias falsas: estrategias para vencerlas legalmente y emocionalmente, con el propósito de hacer frente al problema de las denuncias falsas.
Durante la presentación, David explicó que la idea del proyecto surgió de una necesidad personal y profesional: “desde que yo comenzaba a pasantear con algunas empresas, noté que mucha gente perdía su patrimonio por denuncias falsas.
En este supuesto, nos preguntamos como sociedad por qué utilizamos la procuración de justicia, una herramienta de construcción, para destruir”.
Como ejemplo, señaló al sector más radical del feminismo moderno, que, según comentó, “utiliza estas medidas de protección con el fin de torturar psicológicamente al hombre, perjudicarlo y tomar una ventaja innecesaria, ilegítima e indebida”. Destacó, además,
que aunque algunos pudieran pensar que los casos son pocos, las cifras han aumentado considerablemente con el paso del tiempo.
No obstante, al profundizar en el estudio del fenómeno, David advirtió que también existen numerosas denuncias falsas en contra de mujeres. Esto lo llevó a replantear su postura: “esto no es una guerra de sexos, porque no podemos
caer ni en la misoginia ni en la misandria”. Más bien, añadió, “se ha vuelto necesario dudar de todos, a cada rato”.
A su juicio, el gran principio vulnerado en estos casos es el de la presunción de inocencia. “Está muy bien que se proteja a las personas, pero está pésimo que aquellas leyes dirigidas a proteger a la mujer se utilicen para destruir familias”, puntualizaba.
En ese sentido, lamentó profundamente que esta problemática continúe ocurriendo gracias a la actuación de “abogados sin escrúpulos”. Consideró inconcebible que profesionales del Derecho se presten a este tipo de prácticas, contribuyendo así a quebrantar aún más el tejido social.
Más allá de las sanciones legales que pueda recibir una persona víctima de denuncias falsas, David subrayó la gravedad del daño moral y social que estas ocasionan: “haya quedado humillado, sobajado, tachado y marginado de la sociedad”.
Finalmente, agregó que “recibir un castigo no merecido contribuye a que, posteriormente, queden desprovistos de una barrera moral que les impida, ahora sí, incurrir en actos deleznables”. En otras palabras, explicó, la denuncia falsa no solo afecta de manera inmediata al imputado, sino que provoca un deterioro generalizado de la convivencia social.
No dejen de adquirir esta nueva publicación. Todos los detalles en la conferencia de nuestro invitado: https://www.facebook.com/share/ v/17PQ6pnPTD.
David Torres Cadena
Escritor Conferencista y Abogado
David Cadena es un destacado abogado y empresario, propietario de las franquicias del Centro de Inglés Personalizado en Gómez Palacio, Durango, y Atizapán de Zaragoza. Actualmente se desempeña como CEO de la firma legal Cadena y Asociados Abogados, especializada en derecho corporativo y penal.
Reconocido conferencista internacional, ha impartido charlas sobre liderazgo, emprendimiento, desarrollo personal, ventas, trabajo en equipo y temas afines en más de 25 ciudades de 9 países. Como escritor, ha contribuido con artículos en revistas y periódicos de renombre.
Entre sus logros destacan condecoraciones otorgadas por los gobiernos de México, España y Colombia, además de haber roto récord en el evento de masculinidad más grande en 2022. Su influencia se extiende a su papel como líder de opinión en el desarrollo de habilidades profesionales y humanas, avalado por más de 100 ponencias en universidades de México y el extranjero.
David Cadena cuenta con más de 250 participaciones en televisión nacional e internacional, consolidando su posición como una figura influyente en diversos ámbitos. Su trayectoria lo respalda como un referente en la promoción del crecimiento personal y profesional a nivel global.
Semanario Judicial de la Federación
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‘La política exterior la define México’, revira Claudia Sheinbaum a Christopher Landau
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Semar se reunió con su contraparte de EU para tratar los operativos en aguas internacionales.
“La política exterior de México la define México”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a Christopher Landau, subsecretario de Estado del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La víspera, el funcionario estadounidense se lanzó contra el gobierno mexicano por apoyar la resolución de la ONU que pide el fin del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.
“Como amigo de México, me entristece
leer este posteo, que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándonos en la realidad y no en fantasías. No existe ningún bloqueo comercial a Cuba”, expresó Landau en su cuenta de X.
Cuestionada al respecto, la mandataria destacó que México es un país soberano, libre e independiente, por lo que la política exterior la definen los mexicanos.
Además, durante la mañanera, puso énfasis en que el apoyo de México a Cuba es histórico.
En la votación del miércoles en Nueva York, 165 de los 190 Estados miembros de
la ONU apoyaron la resolución que exige el fin del bloqueo a Cuba.
“La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha sido histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios. Votaron ayer el bloqueo a Cuba, por amplísima mayoría todos los países pidieron que ya no continuara el bloqueo. Amplísimo. Somos un país soberano, libre e independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos”, dijo.
No obstante, la mandataria consideró que su gobierno tiene muy buena relación con
Estados Unidos.
“Hay evidentemente temas en los que no estamos de acuerdo, y además decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para resolverlos, y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo. De hecho, creo que muy pronto vamos a llegar a algunos acuerdos comerciales adicionales”, agregó.
El Estado de México está demostrando que no se conforma con observar el rumbo económico de Norteamérica: quiere marcarlo. El reciente Foro Regional de Consulta del T-MEC, realizado en Toluca, evidenció la capacidad mexiquense para reunir al sector productivo, académico y gubernamental en torno a un tema que definirá el futuro económico del país. Bajo el impulso del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, la entidad se consolida como un territorio que no solo genera industria, sino que también piensa y propone desde la técnica y la estrategia.
En este encuentro, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico estatal y la Secretaría de Economía federal, participaron voces que saben que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es una
negociación, sino una oportunidad para redefinir la posición mexicana frente a la economía global. Desde las mesas sobre los sectores automotriz, agroindustrial y químico-farmacéutico, el mensaje fue claro: la competitividad del país depende de regiones como el Estado de México, que tienen músculo industrial, capital humano y visión de futuro.
Lo que se discutió en Toluca no fue menor. Se habló de innovación, encadenamientos productivos, energía sostenible y formación de talento, pero sobre todo de cómo evitar que el T-MEC se quede en un acuerdo comercial para grandes corporaciones. La apuesta mexiquense, respaldada por el gobierno de Delfina Gómez, es hacer del tratado un motor real de desarrollo regional, donde las pequeñas y medianas empresas también encuentren espacio en las cadenas de
valor. Esa es la diferencia entre participar y protagonizar la integración económica.
La Gobernadora ha sido clara en su visión: impulsar el crecimiento sin dejar fuera a los territorios ni a la gente. En ese sentido, el Foro del T-MEC no fue solo un ejercicio técnico, sino un gesto político de coordinación entre niveles de gobierno y sectores económicos. Mientras otros estados observan los cambios que traerá la revisión del tratado, el Estado de México se prepara para aprovecharlos. Su diversificación productiva, su red logística y su ubicación estratégica lo colocan en el centro de la conversación regional.
Más allá de cifras o discursos, el
mensaje es contundente: el Estado de México está listo para ser el corazón industrial del T-MEC. No solo por su infraestructura o su peso manufacturero, sino porque entiende que el desarrollo no se decreta, se construye. Y hoy, bajo el liderazgo de la Maestra de Delfina Gómez, la entidad está construyendo el suyo con visión, diálogo y trabajo conjunto. En un momento en que Norteamérica redefine su integración, el Edoméx ya está tocando la puerta del futuro… y lo está haciendo con propuestas, no con discursos.
https://www.eleconomista.com. mx/politica/delfina-gomez-tomaprotagonismo-t-mec-20251030-784370. html
z Título: Temas contemporáneos de la investigación jurídica.
Rosa Elia; Armenta Ramírez, Valentín; Gutierrez Ayala, Marcos
z Editorial: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
z Año de publicación: 2024.
z Disponible en: https://www.erickgomeztaglelopez. com/pdfs/Temas-contemporaneos-de-la-investigacion-juridica.pdf.
z Sinopsis:
El Derecho es un conjunto de normas de carácter vinculativo y coercitivo que establece, en un momento histórico y formación social determinadas, lo que es prohibido, permitido y obligatorio, así como la punibilidad en caso de trasgresión, cuyos operadores buscan —al menos idealmente— dar a cada quien lo que le corresponde o pertenece, con apego a la justicia y a la razón. ¿Esto es cierto? ¿Cómo afectan los intereses económicos y políticos? ¿Cuáles son los límites al poder de legislar? ¿Existe una aplicación real del Derecho distinta de la que establecen las leyes? Para reflexionar sobre éstas y otras interrogantes, los doctores Erick Gómez Tagle López y Marcos Gutiérrez Ayala invitaron a colegas de la ciencia jurídica, pero también de otras áreas del conocimiento, a participar en la obra colectiva:
Temas contemporáneos de la investigación jurídica, cuyos trabajos se presentan en tres bloques temáticos: Derecho e interdisciplinariedad; Derechos Humanos y Derecho Constitucional; Temas especializados del Derecho. En conjunto, ofrecen una mirada amplia sobre cuestiones importantes que se debaten en la actualidad en foros académicos, judiciales, parlamentarios, partidistas, medios de comunicación y redes sociales, convirtiendo su lectura en fundamental para estar actualizados.
