LÓPEZ BISCAYART
JUEZ EN LO PENAL ECONÓMICO
“La enseñanza del derecho en nuestro país está en decadencia”
ADRIANA GARCÍA NIETO
JUEZA CORTE JUSTICIA SAN JUAN
“No se trata de sustituir la perspectiva masculina sino de complementarla”
GONZÁLEZ
FISCAL FEDERAL
“El Ministerio Público Fiscal es el actor con más vitalidad dentro del sistema de justicia”
FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“Ser el primer latinoamericano en presidir la IAP representa un hito significativo para la región”
DRA. FLORENCIA
ABRAMZON
Directora General de Quórum
Hoy, más que nunca, quiero compartir con ustedes lo que significa para mí ver cómo Quórum ha crecido, no sólo en números, sino en impacto. Cada vez son más las personas que eligen informarse a través de nuestras páginas y no puedo evitar sentir una inmensa gratitud. Me siento profundamente afortunada y bendecida de poder dedicarme a algo que me apasiona: comunicar, dar voz a quienes buscan cambios en el sistema de justicia, y ser parte de esa transformación.
Quórum nació con la convicción de ofrecer un producto de calidad, con una estética impresionante. A lo largo de este viaje he escuchado frases como “ya tenés lo más difícil” o “el producto es espectacular”. Pero como todo emprendedor, me preguntaba: ¿Cómo sigo? ¿Qué necesita Quórum para dar el siguiente paso?
Desde el inicio, soñé con que un gran grupo de medios viera en Quórum lo que nosotros vemos: un medio de nicho con un enorme potencial. Y en esa búsqueda, apareció El Observador.
“De todos los que hay, lejos, el mejor” me dijeron, y con esa confianza decidimos avanzar juntos en este emocionante
camino. El encuentro fue tan natural y familiar que nos permitió crear una sinergia poderosa. El holding decidió apostar por Quórum y adquirirlo para su cartera de negocios.
Hoy, con el apoyo de El Observador, Quórum se transforma. Nos sumamos a su experiencia y visión para seguir innovando, sin perder nuestra esencia. Estoy emocionada por lo que está por venir, llena de energía para enfrentar este nuevo capítulo.
Gracias por acompañarnos, por creer en este proyecto y por ser parte de esta aventura.
¡El renacer de Quórum está en marcha y vamos por todo!
Directora General: Dra. Florencia Abramzon
Director Editorial: Ariel Said
Jefa de Redacción: Alejandra Lazo
Redacción: Karina Poritzker
Fotografía: Silvana Colombo
Diseño gráfico: Guillermina Araujo
Comercial: Jorgelina Troncellito
Community Manager: Sebastián Murstein
Imprenta: Thomson Reuters
florencia@revistaquorum.com.ar
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GABRIEL HOCHBAUM
Director del Grupo El Observador
En una era donde la inmediatez y el consumo breve y fragmentado de la información definen las reglas del periodismo, Quórum se propone ofrecer un espacio de análisis y reflexión sobre un poder fundamental para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático: la justicia.
Desde El Observador, plataforma de medios hispanoamericana, reconocimos la necesidad de un medio que analice e interpele a los protagonistas del sistema de justicia, sirviendo como herramienta para desmitificar su funcionamiento y acercar tanto a los tomadores de decisiones como a la ciudadanía a quienes deben garantizar la seguridad jurídica, proteger derechos y ejercer la justicia.
Quórum representa lo que hace falta para que una ley se apruebe y es también lo que debe estar presente en cualquier vínculo o decisión democrática, asegurando que las decisiones sean consensuadas. Esos consensos, reflejados en las leyes, rigen la sociedad, la familia, los trabajos y las relaciones; fortaleciendo el intercambio de ideas fundamentadas por sobre los gritos vacíos de contenido.
Por estos motivos, desde El Observador decidimos adquirir la mayoría accionaria de Quórum para fortalecer su estrategia, combinando el mejor periodismo con innovación en formatos y contenidos, acelerando así su crecimiento en Argentina y en la región, y difundiendo el mensaje y la filosofía de “que haya quórum”.
Quórum busca interpelar y desafiar a los protagonistas del mundo de la justicia, al tiempo que humaniza y visibiliza a todas las piezas que conforman y sostienen este complejo sistema. ¡Quórum será ese espacio! Un lugar al que todos podamos recurrir para defender lo que consideramos injusto, denunciar lo que creemos incorrecto, y también destacar lo que se hizo bien, lo que fue justo, y reconocer a las personas detrás de cada historia.
Vivimos tiempos de cambios vertiginosos. El mundo se transforma, y los medios de comunicación debemos transformarnos con él. Nuestro compromiso sigue siendo la búsqueda de la verdad, pero también innovar, entendiendo
que ya no basta con informar los hechos. Para seguir siendo relevantes, debemos contar historias que resuenen, inspiren y guíen a una audiencia cada vez más atomizada y diversa en el caos digital.
Por eso, El Observador inaugura este primer número y nuevo ciclo. Estaremos presentes en todo el país, cubriendo e interpelando el vasto universo judicial, explorando sus desafíos, decisiones y protagonistas. Quórum busca ser un puente entre la sociedad y el sistema judicial, desmantelando tabúes, derribando mitos y haciendo la información más clara y accesible para una sociedad mejor informada.
En un mundo hiperconectado y una realidad cada vez más polarizada y manipulable, donde las noticias falsas circulan sin control, estamos convencidos de que el acceso a la información precisa, transparente y relevante en español es más importante que nunca. Por eso, desde El Observador, y ahora desde Quórum, reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad y la transparencia periodística, apostando por la innovación como eje central para atender las necesidades reales de la sociedad.
DERECHO PENAL
JAVIER LÓPEZ BISCAYART
El Juez Nacional experto en materia
Penal Económico remarca lo central que es para nuestro país combatir los delitos tributarios y alerta sobre la crisis del sistema educativo tradicional.
ROMINA MANGUEL
La periodista especializada en temas judiciales analiza el poder que tienen los magistrados a la hora de secuestrar teléfonos de funcionarios públicos imputados en causas penales.
JORGE MACRI
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegura que sus principales prioridades son el orden y el respeto por el espacio público. Además, resalta que su objetivo es devolver a Buenos Aires el brillo y la vitalidad que la caracteriza.
30 LADO B
FERNANDO JUAN LIMA
El Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires combina su pasión por el cine y su vocación judicial, encontrando en ambas disciplinas una labor creativa de narración y reflexión.
44 CINE
TRASLADOS
El ganador del Martín Fierro de Cine a Mejor Documental del 2023 investiga, expone y reflexiona sobre los vuelos de la muerte ocurridos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983 en Argentina. Cuenta con el testimonio del juez Federal Daniel Rafecas.
SAN JUAN
ADRIANA GARCÍA NIETO
Es la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de San Juan. Defiende la inclusión de mujeres en lugares de poder y resalta la necesidad de trabajar por una justicia más cercana.
RAMIRO GONZÁLEZ
No es de hablar públicamente pero decidió hacerlo con Quórum. En la entrevista el Fiscal Federal analiza la actualidad del Ministerio Público Fiscal y la relación del Poder Judicial con los otros poderes del Estado.
34
JUAN BAUTISTA MAHIQUES
Su designación como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) suma un nuevo desafío profesional, dado que encabeza el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Innovación tecnológica, combate a la explotación infantil y acceso a la justicia, son algunos de los temas en los que marca posición.
EZEQUIEL CASSAGNE
Como especialista en Derecho Administrativo realiza un profundo análisis del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Comparte su opinión sobre la potencialidad que tiene esta herramienta para atraer inversiones.
MARCELA RUIZ
La Presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) destaca el trabajo que se realiza en los tribunales provinciales y la importancia de abordar las cuestiones de género y de innovación tecnológica.
POR AMOR AL ARTE
La historiadora Gisela Asmundo comparte cuál fue la motivación para crear “El Ojo del Arte”, con el que busca hacer del arte algo accesible, inspirador y colaborativo, dejando una huella en la difusión cultural argentina.
INVERTIR EN URUGUAY
El Estudio Bragard enumera en un exhaustivo informe las razones que convierten a Uruguay en un hub atractivo en la región, entre las que menciona libertad económica, índice de percepción de corrupción y desarrollo institucional.
JUGAR CON FUEGO
El incremento de las apuestas online en Argentina es una realidad, así como también la creciente participación de adolescentes que genera preocupación entre los especialistas. La falta de regulación efectiva y la excesiva publicidad dirigida a menores, en la mira.
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VIDRIERA
Quórum dice presente en los eventos relevantes del mundo del Derecho. En esta edición, la presentación del último libro de Mariano Borinsky y las XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en imágenes.
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AGENDA EDITORIAL
Como la lectura es una gran herramienta de aprendizaje y reflexión, recomendamos cuatro libros para sumar a sus bibliotecas: ¿Puedo ir preso?, Narcomenudeo, Pinche, y Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad.
100
AGENDA ACADÉMICA
Selección de programas de excelencia que combinan formación académica con herramientas prácticas para el desarrollo profesional. En este número: Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Salta y Universidad Austral.
DERECHO PENAL
JAVIER LÓPEZ BISCAYART:
Con una destacada trayectoria en la justicia y la academia, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ha enfrentado los desafíos del derecho penal económico con una visión aguda y crítica. En una charla con Quórum, ofrece su perspectiva sobre la crisis del sistema educativo tradicional, proponiendo un giro hacia un modelo de “aprendizaje significativo”. A lo largo de su carrera, López Biscayart deja un claro mensaje: es tiempo de repensar cómo se forman las futuras generaciones de juristas.
¿Podría contarnos cómo fueron sus comienzos en la justicia y qué lo motivó a especializarse en delitos tributarios y económicos?
Mis comienzos en la Justicia fueron como meritorio en un Juzgado de Instrucción durante mis estudios de Derecho. Esa experiencia, aunque sin remuneración, fue clave para mi formación, dándome un contacto directo con el sistema judicial. Tras graduarme, decidí ejercer como abogado independiente por 17 años, lo que me permitió crecer profesionalmente. Paralelamente, comencé mi carrera académica como profesor en la Universidad de Belgrano, en la cátedra de Derecho Penal -parte general-, de la cual hoy tengo el honor de ser titular, lo que enriqueció mi perspectiva crítica sobre el derecho. Mi interés por el Derecho Penal Tributario surgió de forma natural durante esos años. Este campo me atrajo especialmente porque aborda la intersección entre el derecho penal y el derecho tributario, áreas que siempre me resultaron de gran interés. No sólo se ocupa de proteger los intereses fiscales del Estado, sino también de combatir conductas delictivas complejas que tienen un impacto económico profundo en la sociedad. Su naturaleza técnica y la necesidad de entender los mecanismos financieros y contables que lo rodean lo hacen un área fascinante. Cuando se decidió crear el fuero Penal Tributario, vi una oportunidad de crecimiento profesional y de contribuir a un campo que hasta entonces no contaba con la especialización adecuada. Concursé para ocupar una de las magistraturas y tuve el honor de ser juez designado en 2002, aunque asumí formalmente en agosto de 2003.
La evasión fiscal nos afecta a todos.
Ha sido el primer juez en lo Penal Tributario en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una jurisdicción que, en cierto modo, estaba inaugurando?
Fue una experiencia enriquecedora y desafiante. Desde el principio, comprendí la importancia de contribuir al desarrollo de una especialidad nueva en el sistema judicial, destinada a investigar y juzgar delitos que afectaban
gravemente los intereses fiscales del Estado, un área clave para el desarrollo y la estabilidad económica. Durante mi tiempo en el fuero, la experiencia fue muy positiva. Tuvimos la posibilidad de establecer bases sólidas para la doctrina y la jurisprudencia en materia de delitos tributarios, desarrollando criterios que permitieron abordar de manera más eficaz y especializada las complejidades propias de estos delitos. Sin embargo, el fuero sólo tuvo una década de vida. A pesar de los avances significativos que se lograron, intereses sectarios prevalecieron sobre la política de Estado que había impulsado su creación. Fue lamentable ver cómo esas presiones llevaron finalmente a la absorción del fuero Penal Tributario por el fuero Penal Económico. Este cambio no sólo significó la pérdida de una jurisdicción especializada, sino también un retroceso en el tratamiento adecuado y específico de los delitos tributarios.
¿Cuáles son los cambios más significativos que ha visto en la justicia penal económica desde sus inicios hasta hoy? ¿Qué desafíos persisten?
La justicia penal económica ha evolucionado con el uso de herramientas más sofisticadas para enfrentar delitos cada vez más complejos, como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción. La globalización y el avance tecnológico han hecho que estos delitos sean más difíciles de detectar, lo que exige una justicia más rápida y capacitada. La especialización en el sistema judicial ha mejorado, con jueces y fiscales mejor preparados para manejar operaciones financieras complejas. Sin embargo, persisten desafíos. Uno de los más grandes es la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y grandes fraudes económicos. Estos delitos, a menudo vinculados a estructuras de poder, siguen siendo difíciles de combatir debido a la interferencia política y a los intereses sectoriales que pueden obstaculizar los procesos judiciales. Además, la falta de recursos suficientes para investigar y procesar estos delitos, sumada a la sobrecarga del sistema judicial, continúa siendo un obstáculo. Otro desafío crucial es la necesidad de contar con una legislación más flexible y dinámica que se adapte rápidamente a los cambios en los entornos económico y financiero, ya que las leyes suelen quedarse obsoletas frente a la velocidad con la que evolucionan los delitos económicos. La creación de marcos normativos que respondan a las nuevas realidades es, por tanto, una prioridad. En este contexto, un cambio legislativo relevante fue la supresión de la Justicia Nacional en lo Penal Tributario, cuyos órganos fueron absorbidos
por la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No obstante, sería simplista atribuir este cambio exclusivamente a dicha reestructuración; otros factores, como la proliferación de leyes de amnistía o moratoria fiscal, han dificultado el avance de los procesos penales tributarios y el desarrollo de una doctrina específica en la materia. Finalmente, un reto constante es fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. El combate a los delitos económicos está íntimamente ligado a la percepción de justicia en la sociedad. Es fundamental que los ciudadanos sientan que las leyes se aplican de manera equitativa, sin privilegios para los sectores más poderosos. La independencia judicial es clave en este aspecto, y sigue siendo un desafío garantizar que los jueces puedan actuar sin presiones externas, cumpliendo su misión de manera imparcial, considerando todas las circunstancias del proceso y guiados únicamente por los hechos del caso.
Le ha tocado investigar varias causas complejas, como la de Skanska y el presunto tráfico de armas a Bolivia. ¿Podría compartir cómo abordó estos casos y cuál fue el mayor reto que enfrentó?
Prefiero no enfocarme en casos específicos, ya que considero esencial respetar el proceso judicial y a las partes involucradas. Cada causa trae sus propios desafíos, y lo más importante es abordarlas con seriedad, dedicación y apego a la ley. En investigaciones complejas, el trabajo en equipo es fundamental, ya que ningún juez trabaja solo, y contar con un equipo profesional y comprometido es clave para manejar este tipo de procesos.
¿Cuál ha sido el impacto de las megacausas de facturas truchas que investigó en la estructura fiscal y económica del país?
Las investigaciones sobre facturas truchas revelaron prácticas sistemáticas de evasión fiscal que afectaban gravemente al Estado, debilitando la recaudación y la capacidad de financiar servicios públicos. Además, estas investigaciones resaltaron la necesidad de mejorar los mecanismos de control en la AFIP, lo que impulsó reformas que mejoraron la detección de maniobras fraudulentas. La colaboración entre jueces, fiscales y expertos técnicos fue clave para el éxito de estas investigaciones. También demostraron la importancia de adaptar constantemente la normativa fiscal para hacer frente a la creciente sofisticación de las prácticas de evasión.
En su experiencia investigando delitos tributarios y financieros, ¿cuáles son los principales obstáculos para llevar a cabo una investigación efectiva?
Los principales obstáculos incluyen la complejidad técnica de los casos y las estructuras empresariales y financieras involucradas, muchas veces extendidas a nivel internacional, lo que dificulta rastrear los fondos. La cantidad de información que se maneja, junto con la falta de recursos adecuados, también presenta un desafío. Otro obstáculo es la falta de cooperación de algunos actores, así como las presiones políticas que pueden interferir en el proceso judicial. Sin embargo, con un equipo profesional, buena cooperación y herramientas tecnológicas, es posible superar estos retos y llevar adelante investigaciones que protejan la estructura fiscal del país.
La creación de marcos normativos que respondan a las nuevas realidades es, por tanto, una prioridad.
Este año celebro 35 años de actividad académica ininterrumpida en la Universidad de Belgrano, lo que demuestra que ha sido una parte fundamental de mi vida tanto profesional como personal. La docencia me brinda la oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones de abogados y profesionales del derecho, un privilegio y una responsabilidad que valoro profundamente. Estoy convencido de que la educación es una herramienta poderosa para formar profesionales comprometidos con la justicia y la ética, y creo firmemente que, al enseñar, también aprendo constantemente de mis alumnos. Además, siento una profunda satisfacción al ver cómo crecen y se desarrollan profesionalmente.
¿Y qué opina sobre la enseñanza actual?
La enseñanza del derecho en general en nuestro país la considero en decadencia. Soy profesor universitario desde
El combate a los delitos tributarios juegan un papel esencial en el mantenimiento de una sociedad para que funcione de manera equitativa.
hace más de tres décadas en una universidad privada que, con todo derecho, exhibe con orgullo su alto nivel de calidad educativa y que, además, está en constante búsqueda de mejoras, logrando sus objetivos con éxito. La materia que imparto forma parte de la currícula de segundo año de la carrera de Abogacía. No pretendo aquí abordar las causas de esta decadencia ni hacer una defensa pseudonacionalista de la universidad argentina. Sin embargo, creo que el término “decadencia” refleja con justeza la situación actual. Lo mejor que podemos hacer es convertir este diagnóstico en un motor que nos impulse a pensar en una mejor educación universitaria como legado para las futuras generaciones. A lo largo de mi trayectoria en la docencia, he adquirido experiencia tratando de enseñar y, sobre todo, de que los alumnos realmente aprendan. En este recorrido, he notado que, aunque los reclamos públicos sobre los recursos destinados a la educación son justificados, los profesores universitarios debemos hacer un análisis introspectivo de cómo enseñamos y buscar constantemente mejorar nuestras prácticas. Con el tiempo, he llegado a entender parte del problema y siento que es mi deber compartir mi visión. No hacerlo sería, como diría Abelardo Castillo refiriéndose a la literatura y a la vida en general, un rasgo de mala conducta. El bajo rendimiento de los estudiantes en Argentina no tiene una única causa. Sin embargo, considero que los docentes universitarios tenemos una responsabilidad significativa en este aspecto y su impacto es fuerte. El modelo predominante en nuestras universidades sigue centrado en la transmisión de conocimientos ya elaborados, lo que reduce el aprendizaje a un proceso de simple información o a la preparación técnica mínima para ejercer la profesión. Muchos docentes tienden a presentar los contenidos de forma explícita y teórica, exigiendo que los alumnos repitan esa información en los exámenes. Sin embargo, no solemos cuestionarnos si este método, efectivo para aprender rutinas o contenidos literales, es suficiente para fomentar un “aprendizaje significativo”. El enfoque tradicional de enseñanza, basado exclusivamente en exposiciones teóricas, limita la formación del profesional, ya que los estudiantes adoptan un rol pasivo y dejan de tomar la iniciativa o de cuestionar los problemas que les competen. Además, se acostumbran a esperar respuestas ya elaboradas sin hacer uso de sus propios conocimientos. Ante esto, surge la necesidad de que los alumnos se pregunten –y nos pregunten– si lo que les estamos enseñando pertenece al ámbito de la duda o de la verdad. Porque… ¿qué es realmente aprender? ¿Es reproducir mecánicamente la información recibida? ¿Memorizar sin relacionar los contenidos con conocimientos previos? ¿Es un proceso de
estímulo-respuesta, pasivo, fragmentado y predecible? ¿El docente es el único transmisor de conocimiento, sin espacio para la comunicación, la reflexión o la interacción?. Parecería que no. Aprender implica una reorganización cognitiva y actividad interna. Se aprende por descubrimiento, reestructurando el conocimiento y otorgando nuevos significados. El docente debe ofrecer a los alumnos material potencialmente significativo para que puedan relacionar nuevos conceptos con los que ya poseen. Además, debe orientarlos en la adquisición de estos nuevos significados y en la organización lógica del material, facilitando su aplicación. En definitiva, el profesor universitario debe ser un guía, un acompañante en el desarrollo y maduración del alumno, esperando que, en algún momento, este también enfrente la duda.
Fue lamentable ver cómo las presiones llevaron a la absorción del fuero Penal Tributario por el fuero Penal Económico.
¿Qué papel considera que juega el control de la evasión fiscal y el combate a los delitos tributarios en la construcción de un país más justo y equitativo?
El control de la evasión fiscal y el combate a los delitos tributarios juegan un papel esencial en el mantenimiento de una sociedad para que funcione de manera equitativa. Más allá de cualquier noción de justicia distributiva, lo que está en juego es la integridad de las reglas del juego. Evadir importa hacer trampa y en una sociedad que busca la equidad en el sentido más básico de la palabra, las trampas son percibidas negativamente y, si perjudican a un tercero o a la sociedad, válidamente pueden ser sancionadas. Como liberal, creo firmemente en la importancia de proteger la libertad individual y los derechos de los ciudadanos, pero también es esencial que todos cumplamos con las obligaciones que hacen posible la convivencia social y el funcionamiento del Estado. La evasión fiscal nos afecta a todos porque, al final del día, son los contribuyentes honestos quienes deben cubrir el vacío dejado por quienes incumplen sus deberes. Desde mi
rol como juez, siempre he sostenido que es fundamental despojarse de cualquier ideología o inclinación personal al resolver un caso. El juez debe basarse únicamente en los hechos y en la ley, sin permitir que sus convicciones personales influyan en el juicio. Mi enfoque hacia los delitos tributarios siempre ha sido técnico y objetivo: se trata de asegurar que el sistema funcione de acuerdo con las reglas establecidas. Quien no las respete, debe enfrentar las consecuencias, no porque se busque una redistribución de la riqueza, sino porque el respeto por la ley es esencial para una sociedad que aspira a ser justa y ordenada.
En su carrera ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el Konex. ¿Qué significado tiene para usted el reconocimiento a su trabajo en el ámbito judicial?
Recibir el Premio Konex en 2008, en la categoría de jueces, fue un honor inesperado que me llenó de orgullo y a la vez de humildad. No lo interpreté como un logro personal, sino como un reconocimiento a una trayectoria marcada por un profundo compromiso con la justicia. Sentí que el premio no era solo para mí, sino también para quienes colaboran conmigo en el Juzgado: funcionarios y empleados. También abogados, peritos y, en última instancia, para toda la sociedad que deposita su confianza en nuestro trabajo. Este reconocimiento refleja, creo yo, un esfuerzo colectivo más que individual. Ser juez implica una gran responsabilidad, que trasciende las decisiones diarias y está basada en la confianza pública, el compromiso con los principios de justicia y el trabajo conjunto con un equipo dedicado. Aunque el reconocimiento fue gratificante, lo
asumí como un recordatorio de que siempre debemos actuar con humildad, imparcialidad y en servicio a los derechos de las personas y al Estado de Derecho. Para mí, más que un logro en sí mismo, fue una motivación para seguir mejorando y no perder de vista la misión fundamental de nuestro trabajo: escuchar, pesar, decidir, a la luz de su conciencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias del proceso y sin dejarse guiar por una preocupación extraña a los hechos de la causa.
Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿qué objetivos personales y profesionales se ha propuesto alcanzar en los próximos años en su carrera judicial y académica?
Mis objetivos son seguir perfeccionando mi labor tanto en lo judicial como en lo académico. En el ámbito judicial, he concursado para un tribunal de apelaciones, aunque estos procesos llevan tiempo. Mientras tanto, mi prioridad es ejercer con integridad, manteniendo un enfoque técnico riguroso frente a los desafíos de los delitos económicos y tributarios, y contribuir al desarrollo de una jurisprudencia coherente que guíe a futuros operadores. En lo académico, quiero seguir formando a juristas con un fuerte énfasis en la ética y la responsabilidad, promoviendo una enseñanza que vaya más allá de lo técnico y fomente un profundo sentido del deber hacia la sociedad. También me interesa impulsar investigaciones sobre el derecho penal económico y su impacto social. A nivel personal, deseo continuar aprendiendo, especialmente sobre la tecnología y su influencia en el derecho penal, que será clave en los
próximos años. Mi objetivo central es seguir sirviendo a la justicia y a la educación con pasión, manteniendo siempre los principios de imparcialidad, ética y respeto al Estado de Derecho.
Sabemos que tiene una gran pasión por el ajedrez. ¿Cómo comenzó su interés en este juego y qué significa para usted en el ámbito personal?
Mi pasión por el ajedrez comenzó cuando mi padre me enseñó a jugar a los cinco años. Desde entonces, ha sido una constante en mi vida. Ya recibido de abogado, me integré a un grupo con los que jugamos recreativamente durante unos tres años. En esa época, también me dediqué a estudiar celadas de apertura a través de un libro que me ayudó a entender mejor la estrategia del juego. Con la llegada de YouTube, descubrí una nueva manera de profundizar en el ajedrez, viendo videos que analizan partidas y jugadas
de grandes maestros. Durante la pandemia, con más tiempo en casa, comencé a jugar mucho más en línea. Nunca jugué competitivamente. Para mí, el ajedrez es una forma de ejercitar la mente, de aprender a pensar varios pasos adelante y de aceptar las consecuencias de cada decisión que se toma, algo que tiene mucha resonancia con mi carrera. Además, es una excelente manera de desconectarme y encontrar un equilibrio personal.
¿Cuál es su deseo?
Hoy deseo que haya paz en medio oriente. Me preocupa mucho. Para la Argentina, deseo que salgamos adelante recordando que el primer deber de un Estado es afianzar la justicia.
E9 de agosto allanaron el departamento del ex presidente Alberto Fernández en Puerto Madero en el marco de la denuncia por lesiones graves que inició su ex pareja Fabiola Yáñez. Desde entonces, su teléfono celular, el mismo que él accedió a desbloquear, permanece en la caja fuerte de la fiscalía de Ramiro González, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py al 2002.
Aislado desde entonces en una bolsa Faraday que bloquea la señal y el acceso remoto, desbloqueado y sin batería, yace a la espera de una decisión judicial. Esa decisión podría ser “abrirlo” a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo en el marco de otra causa que tramita contra el ex Presidente por irregularidades en la contratación de seguros. “Entregarlo”, como pide la defensa de Alberto Fernández, ya que se sustrajo a efectos de constatar si había violado la prohibición de ponerse en contacto con su ex. Las opciones no son infinitas, pero sí las suficientes como para que el aparato queme en las manos de quienes tienen que decidir qué hacer con él.
Nadie quiere tener la responsabilidad de adentrarse en la intimidad de quien ejerció la primera magistratura sin poder garantizar que sólo se obtendría, en caso de hacerlo, información pertinente a la causa que se tramita y nada más. Que ninguna otra situación ajena al objeto de investigación verá la luz. Que más temprano que tarde no se escuchen esas conversaciones privadas en programas de radio o se lean intercambios de chats en programas de televisión. O que la vida pública y privada de un ex Presidente circule alimentando el morbo de las redes.
Pocos se animan a ponerlo en palabras. La decisión de adentrarse en el corazón digital de cualquier presidente no es una decisión fácil de tomar.
Richard Nixon supo que estaba perdido cuando la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que tenía que entregar las cintas de grabación que lo implicaban directamente en el espionaje político más escandaloso de ese país. El Watergate se había cargado a un presidente: Nixon eligió renunciar antes que la destitución. De haber existido los celulares la historia probablemente hubiese sido otra, una más compleja con muchos otros involucrados en el escándalo, alcanzados por la contundencia de las palabras registradas en los chips de los aparatos.
Medio siglo después, los presidentes argentinos se preocupan por sus teléfonos. Pero en este caso es la Justicia la que los puso en foco. A ellos o a sus colaboradores directos, el nexo para llegar a ellos. Eso sí: cuando ya no ocupaban la Casa Rosada y los ritmos políticos los ponían en la mira. Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández lo saben en carne propia.
Febrero de 2017. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py 2002 corría un rumor como pólvora. Alguien tenía escuchas de Cristina volcánicas. No tanto por su importancia judicial sino por su implicancia política. Ella estaba hablando con el ex jefe de la AFI kirchnerista, Oscar Parrilli. Las escuchas fueron legales en una causa contra Parrilli por no haber buscado a tiempo al narcotraficante Ibar Pérez Corradi. Pero antes su teléfono ya había sido intervenido en una precausa que tenía María Servini.
La jueza mandó a destruir los audios que no tuviesen ninguna implicancia en la causa que se investigaba, pero llegaron al prime-time mediático, a cuentagotas. Hasta el fallecido juez Claudio Bonadío esperaba ansioso oír cada nuevo capítulo en televisión.
Fue un escándalo. El “soy yo Cristina pelotudo”, dedicado a Parrilli, fue la frase más famosa. Pero los diálogos mostraban a una Cristina que se alegraba cuando le contaban que perdía Boca, criticaba a Margarita Stolbizer (“Salí a matarla”) y a Sergio Massa (“hay que embocarlo al hijo de puta”) por las denuncias de corrupción y mandaba al Partido Justicialista a “suturarse el orto”. Hablaba de “las causa que armamos” contra el ex espía Jaime Stiuso o daba la orden de salir a “apretar jueces”, expresión que le valió -incluso- una denuncia penal. El juez Rodolfo Canicoba Corral investigó de dónde salieron las filtraciones, pero no se llegó a determinar quien o quienes fueron los responsables.
Quince años después, otro teléfono la terminó complicando. El celular de José López, el secretario de Obras Públicas de su gobierno que revoleó bolsos millonarios en un convento. Al fiscal Diego Luciani se le ocurrió hurgar en ese celular y terminó encontrando mensajes que la comprometían a ella y a su hijo. Al menos así lo dijo el tribunal cuando la condenó a 6 años de prisión en el marco de la causa “Vialidad”.
Pese a la cantidad de causas, allanamientos o procesamientos, ningún magistrado ordenó nunca incautarle el teléfono a CFK. En medio de la pelea con Alberto Fernández en la riña pública entre el Presidente y la Vice, ella se jactó: “Yo sí puedo mostrar mi celular”. Fue en julio del 2022. “Lo que está en mi celular puede ser visto por todos y todas. No se si todos pueden decir lo mismo”, dijo.
Mauricio Macri también tuvo que preocuparse por sus comunicaciones. Fue cuando los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa lo acusaron de haber querido apropiarse de sus empresas y su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón terminó yéndose a Uruguay cuando Servini lo llamó a indagatoria. La jueza decidió avanzar: ordenó analizar las llamadas de todos los implicados, entre ellos Macri, a lo largo de casi todo su mandato. Apelación mediante, la Cámara Federal entendió que se violaba la intimidad y limitó el relevamiento a los momentos importantes de la causa. Ese poder del juez que se hace sentir en términos vagos pero claves a la hora de delimitar hasta dónde se hurga. Porque ¿quién otro define cuales son los “momentos importantes” de la causa?.
Desde Lomas de Zamora, mientras tanto, crecía el expediente por el supuesto espionaje a opositores en su gobierno. El juez Federico Villena ordenó detenciones y el secuestro del celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, quien se encerró en el auto para -supuestamenteborrarlo. Extrajeron la información y vieron que hasta tenía el dato de cuánto calzaba Mauricio pero aún no pudo analizarse del todo. Tres pericias dijeron que encontraban cosas distintas en ese celular y la defensa denunció la violación de la cadena de custodia.
Desde Madrid, Yañez no encuentra, no sabe o no quiere entregar su celular. Y entrega copias certificadas de tramos de conversaciones que considera importantes para sostener su denuncia por violencia de género. ¿Alcanza? ¿Por qué no quiere entregar una de las pruebas más contundentes a su favor?
La duda recorre los pasillos de Tribunales y es la misma desde hace años y genera el mismo desconcierto. Qué hace la justicia cuando un testigo inoportuno en formato digital puede desatar una guerra cuya escalada nadie puede predecir.
JORGE MACRI:
“Recuperar el orden en la Ciudad es una prioridad”
Seguridad, emprendimiento y turismo fueron algunos de los temas centrales en la entrevista que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, brindó a Quórum. Además, destacó el impacto de figuras como Julio Bocca en la cultura porteña.
A medida que avanza su gestión, Macri tiene como objetivo recuperar el brillo y la vitalidad que siempre distinguieron a la Ciudad de Buenos Aires. No evitó referirse a temas sensibles como los piquetes, los manteros y su visión de restaurar la normalidad en una ciudad que, en los últimos años, ha vivido en constante desequilibrio.
REDACCIÓN: Quórum FOTOGRAFÍA: Quórum
ómo está el tema de las iniciativas previstas para fortalecer a Buenos Aires como la capital gastronómica?
Te diría que en realidad la Ciudad ya lo es. Tiene un privado que emprende y además tiene una particularidad la Ciudad de Buenos Aires, que es su multicultura. Lo más atractivo que tiene esta ciudad es que es una ciudad internacional en sí misma. Eso ha generado que la mezcla de culturas, de orígenes, haya generado ya una cocina de fusión, cuando ni siquiera se llamaba cocina de fusión. Si yo te digo milanesa la napolitana, sólo la Argentina puede unir a Milán y a Nápoles en un plato. En Italia es imposible. O le hablas a un milanés, de Nápoles y te dice, eso es el norte de África casi. Se pelean entre ellos. Hay un fenómeno muy atractivo que es eso, lo multicultural, lo multiétnico, las distintas camadas de inmigraciones. Eso generó que primero por barrios, pero después ya en toda la ciudad, vos tengas una oferta gastronómica muy amplia. Obviamente mucho del turismo viene a buscar a la Ciudad de Buenos Aires la carne, que nos ha posicionado, pero después todo lo que devino de la cultura del vino, que encuentra en la ciudad el gran lugar donde mostrarse, da una oportunidad espectacular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponerlo en notoriedad, hacerlo saber, que la experiencia sea linda. El turismo ha
Una ciudad desordenada no puede florecer.
cambiado en el mundo. Cuando yo viajaba las primeras veces con mis padres, el objetivo era ir y sacarte la foto en ese lugar reconocido. No había internet, entonces la foto era un objetivo en sí mismo. Hoy el turismo se ha transformado más en un fenómeno de experiencia y la gastronomía es una de las experiencias que se busca. Entonces pasarla bien, sentirte seguro, que sea agradable, que haya una combinación de gastronomía, cultura, museos, el tango que nos caracteriza en el mundo. En realidad es una oferta amplia pero, ya te digo, creo que nuestra tarea como Gobierno es darle notoriedad, generar eventos donde mucho emprendedor gastronómico que por ahí todavía no pegó el salto, o que es muy de nicho, pueda llegar a segmentos más grandes y después dejar que el privado fluya. El Estado tiene que darle más libertad al privado para que el privado emprenda. La cultura de la comida es identitaria nuestra, el reunirnos a comer y te lo marca cualquier
persona que vino a vivir a la Argentina de afuera. Esto de que ustedes se juntan a comer, te invitan a comer a la casa de alguien, no es tan habitual en otros países. Entonces es muy identitario nuestro. Creo que simplemente eso, ponerlo, hacerlo ver, que la experiencia sea linda y después ayudar a que algunos circuitos vayan floreciendo. A los tradicionales, ya Villa Crespo tiene su sector; Devoto tiene su área, Almagro; la zona de Chacarita; La Paternal. Entonces poner en valor esos nuevos circuitos donde emprendedores gastronómicos nuevos tienen un ticket de entrada más fácil porque el costo de instalarte inmobiliariamente es más barato y buscan eso, el borde de lo innovador. La verdad que la oferta es maravillosa, ya está ahí, nosotros tenemos que poner un poco de luz.
¿Cómo crees que pasó la sociedad de buscar esa foto en un lugar a querer vivir experiencias y eventos?
Es interesante. Creo que porque la foto hoy está. En la imagen vos podés viajar. Podés poner un protector de pantalla y tener imágenes de todos lados. Antes, ¿quién tenía las fotos? Vos ibas a una casa de alguien y te traía el álbum de su viaje o algunos muy avanzados tenían un Super 8 y habían filmado algo de un viaje o tenían una diapositiva. Eso hoy lo tenés. En las redes, en las series, en las plataformas. Hoy tenés la posibilidad de canales que te muestran el ver. Ahora, la experiencia de estar en el lugar, los olores, los sonidos, las vivencias, las culturas, la gastronomía, creo que son fenómenos más pos redes sociales, donde el acceso a la imagen se generalizó, pero te falta lo otro. Además, el costo de viajar en la economía mundial ha bajado. Cambió también mucho el acceso al viaje, hoy en la economía mundial el turismo se ha transformado en una industria en sí misma muy relevante.
¿Qué significa Julio Bocca dirigiendo el Teatro Colón?
Tiene muchas aristas. La primera es la humana. Julio no se pudo despedir del Colón y de la Argentina como él merecía despedirse. Entonces poder volver, primero ahí hay una sanación personal de alguien que le dio un montón a la cultura argentina y nos posicionó en un lugar no tradicional de nuestra cultura que se la merece. Segundo, Mauricio reabrió el Colón, algo que parecía impensado. Durante muchos años estuvo cerrado, hay muchos jóvenes que no lo saben. De hecho, había una cartelera cultural alternativa como era la fundación en Mozarteum o el ciclo de armonía en el Coliseo que intentaban suplir lo que el Colón no podía hacer, que era poner en escena espectáculos de la
lírica, del ballet y de la música internacionales. Mauricio recuperó el lugar físico y durante todo este tiempo hubo mejores y peores momentos desde la programación, pero el desembarco de alguien como Julio lo pone en un nivel de excelencia distinto, ya no sólo desde la programación, sino desde lo que es la escuela del Colón. Esto es muy importante, porque justificar la inversión que la Ciudad hace en el Teatro Colón sólo desde el escenario y desde la cartelera es poco, es escaso. Nosotros tenemos que desafiarnos a más. El Teatro Colón debe volver a ser una escuela de talentos. Entonces Julio con todo su equipo tienen como desafío lograr que lo que ocurra en el escenario el año que viene sea mejor que lo anterior, pero sobre todo recuperar la formación y la escuela de talentos. Y de nuevo, esto vuelve a ser un gran atractor de turismo. Como el turismo de eventos de la Ciudad de Buenos Aires, sea con el Movistar Arena -que es un emprendimiento absolutamente privado pero que trae muchos artistas y por lo tanto turismo-; el turismo de ferias; el turismo de cultura. Es una rama del turismo muy importante. Cuando antes hablábamos de la experiencia, yo por ahí me detuve más en la gastronomía, pero hoy la gente viaja también por el turismo de eventos, los congresos. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo líder en Latinoamérica en la generación de congresos y seguimos trabajando en esa línea. De hecho, por ejemplo, yo di marcha atrás con una decisión que era vender los terrenos de Costa Salguero para que se hiciera vivienda ahí, para mantener ese lugar como un lugar de eventos, ¿por qué? Porque la Ciudad necesita muchos lugares para generar congresos y eventos, no podía quedar sólo con uno o dos lugares. Es mucha la economía que se mueve detrás del turismo y de la actividad de eventos.
¿Hay otros planes para poner en valor la cultura porteña?
Sí, probablemente de lo más atractivo es Julio Bocca, pero podría decirte que estamos comenzando ahora también una puesta en valor del Centro Cultural San Martín. Lo vamos a dejar renovado como nunca antes, de hecho vamos a hacer cosas que no se habían hecho. Vamos a terminar una obra que quedó inconclusa. La gente no tiene por qué saberlo, pero parte de lo que se planeó en un momento que nunca se terminó de hacer en el Centro Cultural San Martín y que nosotros vamos a completar. La cultura ocupa un lugar muy importante en nuestra agenda y de nuevo la que gestionamos nosotros y también la del privado. Porque si yo te digo ArteBa, hay mucha gente que viene y por ahí que
piensa de la Ciudad la organiza. Nosotros acompañamos pero es un evento privado. El FIBA y el BAFICI también tienen más que ver con el rol del privado, entonces me parece que también tenemos que ayudar a que esos hechos culturales privados brillen y les vaya bien.
¿Al cine también lo están ayudando?
Lo estamos ayudando en varias líneas. Al BAFICI, de hecho, ya lo estuvimos acompañando en esta edición pero para el año que viene dentro poco vamos a anunciar que aumentamos el nivel de apoyo económico en lo que respecta a becas y premios para ayudar a ese cine de vanguardia, que de alguna manera intenta buscar su lugar en el mundo y muchas veces no persigue un rédito el comercial sino que es un cine más testimonial. Tenemos el cash rebate para las producciones más comerciales, que les devolvemos parte de los impuestos que les cuesta producir en la Argentina y ahí hay participación de plataformas internacionales. Hay un montón que están compitiendo y han ganado premios o han accedido a estos premios. Priorizamos ahí la generación de empleo y cómo se muestra la Ciudad. Ahí de nuevo hay cosas maravillosas que van ocurriendo. Si han visto la serie Nada, la manera en la que esa serie de este que lo tiene a Brandoni como este este protagonista principal muestra de la ciudad de buenos aires es la pieza digamos de promoción turística más maravillosa que podemos tener y no fuimos nosotros, fue un privado que la creó y te muestra el Riachuelo de un lugar que te dan ganas de ir, de conocerlo, entonces esas son las nuevas maneras también de promover una ciudad.
Impulsaron en la Legislatura porteña la sanción de la Ley de Reiterancia. ¿Cómo podría mejorar esta norma la seguridad y reducir la criminalidad?
Los argentinos y quienes visitan esta ciudad valoran mucho la seguridad pero Argentina tiene un problema grave que es la cantidad de veces que tenemos que detener a un delincuente antes de que quede efectivamente detenido. He posteado hace poco el caso de un delincuente al que habíamos detenido 28 veces y seguía en libertad. Y acá es interesante la discusión, porque no es que había robado una manzana o una gallina o pobrecito. No, tenía cargos por robo a mano armada, venta de estupefacientes, resistencia a la autoridad, delitos de violencia de género, escalamiento para entrar a una casa y robar, o sea, muchos con arma. Sin embargo, los dejan en libertad porque en la
Argentina hay un concepto que es la reincidencia que plantea que para que un delito sea un agravante de otro anterior tiene que tener ya sentencia firme. Es decir que debe tener casi prisión definida y en la Argentina a veces eso implica llegar a Cámara, a Casación o hasta la Corte Suprema. Entonces, son ventanas de siete años durante las que seguir cometiendo delitos no es un agravante. La reiterancia, que ya la tienen varias provincias y funciona, define algo mucho más simple. Cometer un delito puede ser excarcelable pero cualquier delito que vuelvas a cometer, implica que vos esperas la condena detenido. O sea, no hay esta cosa de tengo que esperar a que haya sentencia firme. En Mendoza, en Chubut, en Tucumán, en Formosa, donde ya se ha puesto en práctica y parcialmente en la Ciudad con algunos de los delitos que están bajo nuestra órbita, ya demuestra éxito. Porque nos permite esto, que alguien que ha entrado en un mecanismo de delincuencia sostenido, no siga delinquiendo. Después podemos discutir por qué llegó a esa instancia, cuáles son las razones sociales, socioambientales, culturales que lo llevaron a eso, pero es un error dejarlo en libertad sin pensar en las víctimas. Lo que nosotros vamos a hacer es atacar las razones del delito pero también frenar el delito. La figura de la reiterancia nos permite eso, que ese tiempo en el que se sigue cometiendo delitos sin que haya un agravante, desaparezca, cese. Queremos que desaparezca
esa sensación de puerta giratoria y la frustración de muchos policías y ciudadanos.
¿Hay espacio para mantener a los privados de la libertad?
Sí, sí hay, y si no lo hay, hay que generarlo. Sin embargo, la disyuntiva no puede ser esa, porque si no, volvemos a la discusión de la pandemia: los dejamos en libertad. En definitiva, hay un esfuerzo constante para que las personas entren y salgan, lo cual es un problema. Aquellos que cometen delitos deben ser detenidos y se debe trabajar en su reinserción, pero no podemos pensar que solos bajo las mismas condiciones encontrarán su camino. Generalmente, quienes reinciden en delitos y ya forman parte de un sistema delictivo. Los detienen, los liberan, ¿y qué hacen después? ¿Van a conseguir un trabajo formal? No, porque nadie les ofrecerá laburo debido a sus antecedentes. ¿Y qué sucede en ese caso? Vuelven a caer en el delito; a los dos o tres días, alguien les vuelve a poner un arma en la mano y regresan a delinquir. No hay solución fuera de este ciclo, porque tampoco disfrutan de una libertad plena; carecen de opciones de vida y de una proyección hacia el futuro. Necesitamos abordar este problema social, pero también proteger al resto de la sociedad, que sufre las consecuencias de estos
delincuentes. Y sí, hay espacios disponibles; nosotros estamos construyendo. Hemos retomado la construcción de la cárcel en Marcos Paz, que había sido abandonada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ya la hemos licitado y estamos avanzando con la obra. Además, hemos implementado mecanismos de detención distintos a los de las comisarías, para tener a estas personas bajo control mientras esperan ser trasladadas a un penal. Para mí, recuperar el orden en la Ciudad es una prioridad, porque sin orden no hay libertad, ni posibilidad de emprender o desarrollar proyectos. Existe un concepto erróneo que sostiene que el desorden es creativo. Hasta los creativos más destacados reconocen que necesitan momentos para sentarse, pensar, crear, escribir, o producir frente a un lienzo. Incluso el proceso creativo más puro, el artístico, requiere de un cierto orden. Por lo tanto, una ciudad desordenada no puede florecer.
¿Cómo vienen trabajando con la problemática de los manteros en el espacio público?
Va en la misma línea. Sin duda, existe un contexto social complejo que lleva a muchas personas a buscar formas de subsistencia. Al mismo tiempo, este contexto también es desafiante para quienes tienen un local: cumplen con las formalidades, están registrados, pagan sus impuestos y tienen los matafuegos en regla. Hemos establecido un criterio claro: el Gobierno es quien define qué se puede hacer en la calle, no cualquier persona. Por lo tanto, ordenar el tema de los manteros es otro de los desafíos que hemos asumido. Estamos organizando varios parques donde había manteros durante los fines de semana, pero la última gran acción se llevó a cabo en Once, donde se ha logrado un cambio impresionante. La gente ha vuelto a comprar en Once y los comerciantes formales se sienten reconocidos y valorados. No podemos olvidar que detrás del fenómeno de los manteros, aunque hay una necesidad social, también suelen existir aspectos más oscuros. Muchas veces, venden mercadería robada, productos de origen incierto o marcas falsificadas. Además de afectar la estética del lugar, estas actividades están vinculadas a organizaciones delictivas que deben ser desmanteladas. Un claro ejemplo de esto era la calle Perete, que conecta Retiro con la terminal de colectivos. Allí, se había instalado una feria que, desde hace aproximadamente ocho años, había crecido descontroladamente. Había personas que, aunque no vivían allí, pernoctaban y vendían productos robados a plena luz del día, como llantas de autos sustraídas. También se comercializaban computadoras del
Plan Sarmiento, y, evidentemente, allí también se traficaba droga y había trabajo esclavo. Imagina llegar de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires y encontrarte con esa escena como primera imagen. Liberar el espacio público de este tipo de ocupaciones, donde se entrelazan manteros, ferias y actividades delictivas, es parte del orden que necesitamos. Todos debemos sentirnos cómodos en cualquier rincón de la ciudad.
El Gobierno es quien define qué se puede hacer en la calle, no cualquier persona.
¿Y se les ofrece algo?
Sí, claro. En muchos casos vos te encontrás en algunas de esas situaciones con emprendedores genuinos que honestamente necesitan y quieren trabajar, porque hay crisis y golpea. Entonces lo que les ofrecemos a todos los que se quieran registrar es ser parte de las ferias de la Ciudad. La Ciudad tiene un mecanismo de ferias habilitadas, formales, algunas son itinerantes y van rotando por los barrios, otras tienen la habitualidad de estar en algunos parques emblemáticos como puede ser Rivadavia o Chacabuco. Ahí pueden tener sus puestos. Ese mundo es distinto, tal vez está en la misma precariedad que ese otro mantero que tiene detrás todo eso oscuro, termina en el mismo lugar pero tiene una historia de vida muy distinta. Ahí tratamos de rescatar esa voluntad de emprender y de trabajar, ayudarlas porque en general son mujeres en la informalidad, ayudarlas a que se registren, a que se capaciten. Muchas de ellas tienen a veces una cualidad pero no saben, por ejemplo, cómo ponerle precio a su producto. Más o menos saben cuánto le costó, pero el precio no es una resultante sólo de lo que te costó, sino averiguar cuánto valen las cosas, cómo usar las redes para promover. Está bueno estar en una feria porque a todo el que produce algo le gusta interactuar con la persona y ver cómo se enamoran de su producto o cómo prueban un budín y lo disfrutan, pero las redes hoy son la principal vidriera, entonces las capacitamos también en ese sentido y las tratamos llevar a ese mundo formal.
Respecto de los acampes, ¿qué están haciendo?
Lo mismo, ordenar y no permitir que alguien se adueñe de lo que es de todos. El espacio público es el único lugar donde todos tenemos el mismo derecho. Si hay dos servicios que yo le presto a todos los porteños y los que vienen de afuera, es el espacio público y la seguridad en el
papel del suelo o que evite tirarlo. Ese grado de convivencia en una ciudad normal y ordenada es parte del trabajo que debemos llevar a cabo como gobierno.
¿Hay un antes y un después en la ciudad sin piquetes?
Quiero que Buenos Aires brille de nuevo, que sea una ciudad que nos haga sentir orgullosos.
Sin piquetes, hay un antes y un después en la Ciudad. El otro día, llegué tarde a casa después de trabajar. Mi esposa, María Belén (Ludeña), estaba con su amiga Yamila, que vive en San Fernando, y me dice: “Hoy me di cuenta de algo, hace mucho que no me fijo si va a haber cortes antes de venir a la Ciudad. Me había acostumbrado a que antes de arrancar de San Fernando tenía que fijarme si la 9 de Julio iba a estar cortada, si Paseo Colón iba a estar cortado. Veía el informe y por ahí definía no venir a la Ciudad porque sabía que iba a ser un caos”. Afortunadamente, hemos naturalizado el hecho de que ya no es necesario hacer eso. Creo que hay un antes y un después en este tema. Porque existe un derecho a manifestarse, y no tengo ningún problema con ello, pero también hay un derecho a trabajar, a circular, a estudiar y a acceder a servicios de salud. Los comercios que tenían que convivir con el espacio público ocupado permanentemente enfrentaban situaciones muy injustas y, en muchos casos, se veían obligados a cerrar después de años de esfuerzo. Aún seguimos enfrentando este desafío, ya que es una batalla que debemos sostener. Cada cierto tiempo, necesitamos retomar esta discusión, como sucedió en algunas de las últimas sesiones en el Congreso, donde la violencia ha surgido y se han roto cosas. Nosotros intentamos prevenir daños, pero también tenemos una política de subsidios para ayudar a los comerciantes a reparar lo que se rompe. Me parece fundamental que, a pesar de la situación, estos negocios sigan en pie. Si no, corremos el riesgo de que cierren los bares de esa zona, lo que haría que la ciudad se vuelva más fea. Por eso, cuando hay consecuencias, nos esforzamos por estar cerca de esos comerciantes, ayudándolos a levantarse. Aunque no siempre podemos reponer todo el daño, lo que muchos nos dicen es que, al menos, se han dado cuenta de que estamos allí, que existen y que tienen un problema, y que les estamos tendiendo una mano. Eso, para ellos, ya es un gran alivio.
En cuanto al alarmante incremento en las apuestas online en los colegios, ¿cómo lo están tratando?
Es un temón. No hay ninguna duda de que convivimos y vamos a seguir conviviendo con la tecnología y que es espacio público. Ahí es todo responsabilidad del Gobierno y todos tienen que tener derecho a disfrutar de la misma manera. Si alguien se apropia de lo que es de todos es una situación injusta entonces hemos ido levantando los acampes de la Plaza Lavalle frente a Tribunales o Plaza de Mayo, que estaba desde hace años. Estamos tratando de ordenar, de volver a cierto grado de normalidad, a disfrutar de una ciudad te diría normal. Lo mismo que disfrutamos cuando viajamos a otras partes del mundo, donde encontramos un orden que consideramos normal, debería llevarnos a comportarnos de manera más adecuada. Me parece que, al convivir con un alto grado de desorden, también adoptamos actitudes desordenadas. Siempre me pregunto por qué, sin viajar muy lejos, en el mismo auto y con nuestra familia, al subir a un barco y cruzar a Uruguay, de repente recordamos que una senda peatonal es para que alguien cruce caminando. Aquí, si vemos a alguien en una esquina, a menudo tratamos de pasarlo, empujándolo hacia la vereda, mientras que en Uruguay, al llegar a una rotonda, simplemente frenamos y respetamos que el que viene tiene el paso. En cambio, aquí, a menudo metemos el auto de manera agresiva, intentando ganar tiempo. Ese desorden generalizado nos lleva a comportarnos de manera inapropiada y a convertirnos en parte del problema. Por eso, ordenarnos también implica organizar nuestra conducta y respetar el espacio en el que estamos. Si veo una ciudad más hermosa y ordenada, donde nadie puede ocupar una plaza, sentiré que ese espacio me pertenece. Es más probable que me ocupe de levantar un
una herramienta excepcional. Pero tiene algunas derivadas graves. Una es que se ha transformado en una adicción en sí mismo y ahí nosotros instalamos toda una discusión respecto del celular y el aula. Limitando el uso del celular en el aula e invitando a las escuelas inclusive a que discutan el celular y el recreo. Porque los chicos están socializando menos entre ellos, hablan menos entre ellos. La otra vez lo decía en la conferencia de prensa, medio en chiste, que el que produce pitucones para las rodillas se funde hoy, porque hoy no se juega el fútbol, no se corre, están ahí con el celu. Pero probablemente la expresión más dramática de todo lo que es tecnología y jóvenes son las apuestas online. Sobre todo que están sostenidas en función de lugares de apuestas ilegales, porque los lugares de apuestas legales tienen controles de edad bastantes bien organizados y formalizados. Ocho de cada diez apuestas ocurren en sitios ilegales. Entonces el primer gran logro es que logramos
instalar el tema. Comenzamos a hablar sobre la ludopatía y las apuestas entre los jóvenes, un tema que, aunque no lo hayamos descubierto nosotros, ya circulaba en los chats de padres y en las conversaciones de los colegios. Era un asunto que se trataba con cierta vergüenza. Cuando mencioné este tema en una conferencia de prensa, un periodista me preguntó cuál era mi objetivo. Le respondí que, aunque mi objetivo es amplio, lo reduciría a algo muy concreto: lograr que, esta noche, en una familia donde nunca se ha hablado del tema, se discuta. Creo que logramos eso, instalando la conversación. A partir de ahí, implementamos medidas más concretas, como el bloqueo de acceso a sitios de apuestas legales e ilegales en las redes wifi de las escuelas y en wifi público. Hasta la fecha, hemos denunciado más de 1.800 sitios de apuestas ilegales y hemos iniciado causas penales. Semanas atrás, descubrimos una organización involucrada en la investigación en la Ciudad de Buenos
Aires, lo que nos llevó a coordinar esfuerzos con la Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura y la Policía provincial. Realizamos más de 30 allanamientos y detuvimos a varios individuos, ya que esta organización ofrecía préstamos a jóvenes para que siguieran apostando, lo que constituye un flagelo grave. Hace unos días, Pilar Sordo nos ofreció una charla sobre ludopatía y mencionó algo que resonó: en Argentina, vivimos en una especie de “timba” permanente. En otros países, como Chile, no se habla de ganancias de este tipo en la sobremesa. Aquí, sin embargo, la conversación gira en torno a cómo “salvarse” o encontrar opciones financieras, lo que crea un caldo de cultivo perfecto para la ludopatía. Si un niño de tres, cuatro o cinco años escucha conversaciones sobre ganar un 10% cambiando dólares, es natural que, eventualmente, se sienta atraído por las apuestas. Las apuestas online son un problema mundial, pero en Argentina han explotado de manera dramática, y debemos enfrentarlo. Primero,
Al explicar esto a los chicos en las escuelas, muchos comprenden que no hay forma de vencer a la industria de las apuestas, lo que abre sus ojos a la realidad. Generar conciencia sobre este tema es, sin duda, un gran desafío.
¿Cuáles son las prioridades de tu gestión?
La oferta gastronómica
es maravillosa, nosotros tenemos que poner un poco de luz. como Gobierno, debemos controlar la situación: por eso los bloqueos, las denuncias y la persecución de quienes promueven apuestas ilegales, especialmente entre los niños. También es esencial fomentar la conversación y la conciencia. Por ejemplo, los padres pueden bloquear el acceso a sitios de apuestas en los celulares de sus hijos. Aunque algunos sitios ilegales pueden escaparse, la conversación es clave. Las historias que han surgido en las charlas que generamos en escuelas y clubes son impactantes; muchos chicos han perdido fortunas, y al preguntarles por qué apostaban, la mayoría dice que lo hacían para “salvar a su familia”. En un contexto de crisis, sienten que apostar es una posibilidad, pero no entienden que las apuestas online están diseñadas para hacerles perder. No se trata de azar, como lanzar una moneda; hay un algoritmo que mide y controla los resultados. Cuando ganan, se les anima a seguir apostando, y cuando pierden, reciben notificaciones que los incitan a volver a intentarlo.
Tengo miles pero si debo elegir una yo te diría que la ciudad de Buenos Aires vuelva a brillar. La Ciudad para mí en el último tiempo se opacó un poco. Es maravillosa, es bella, es divina, pero tiene que volver a tener esa pulsión de vida, esa energía, ese brillo que nos haga sentir orgullosos. Soy porteño y me encanta esta ciudad. No envidiemos lo que vemos afuera; es cierto que, al mirar a Madrid, encontramos una ciudad modélica. Si tuviera que elegir a qué ciudad quiero parecerme hoy sería a Madrid. Es interesante discutir este tema ahora que estoy por ir allí. Hace 10 años, si pensabas en un destino en España, era obvio que muchos argentinos optaban por Barcelona. Sin embargo, hoy Madrid ha captado la atención de nuestro país. Esta transformación se debe al orden, a la planificación y a los cambios que ha experimentado. Madrid se ha convertido en una ciudad llena de libertad, arte, creatividad y vida, rica en todos los sentidos. Por otro lado, Barcelona, a raíz de gestiones desordenadas, ha perdido un poco de su esplendor. Aunque conserva su capital histórico y su riqueza cultural y arquitectónica, se ha opacado. Quiero que Buenos Aires brille de nuevo, que sea una ciudad que nos haga sentir orgullosos. Que cuando nos pregunten dónde vivimos, respondamos “Buenos Aires” y se nos infle el pecho de orgullo.
Fernando Juan Lima es mucho más que un juez. Integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y es un apasionado del cine y un crítico activo. Demostrando que el arte y la justicia, en lugar de ser mundos ajenos, pueden tener puntos de contacto sorprendentes. Esta combinación le otorga una perspectiva única sobre su función judicial, labor que él describe como profundamente creativa.
REDACCIÓN: Alejandra Lazo
FOTOGRAFÍA: Quórum / Archivo
Desde su infancia, el cine fue una constante en su vida. Su abuela, cómplice de este amor, lo llevaba al cine desde muy pequeño, alimentando una pasión que, con el tiempo, se convertiría en una parte esencial de su identidad. Lima creció viendo películas y lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en algo más. Llegó a escribir para la revista El Amante y, más tarde, a conducir un programa de radio dedicado al cine, lo que le permitió seguir cultivando esta pasión.
Cuando le preguntan si el cine lo apasiona más que el derecho, responde que ambas cosas le gustan por igual. Para él, ambas disciplinas comparten una cualidad esencial: la narración. Así como en el cine se cuentan historias y se seleccionan fragmentos de una realidad para transmitir un mensaje, el trabajo del juez también implica un proceso de edición. Lima describe su labor como un ejercicio constante de creatividad, donde se recortan y aplican normas con el objetivo de alcanzar una solución justa. No se trata simplemente de aplicar leyes de manera mecánica, sino de entender los hechos y las normas dentro de un contexto que exige una mirada reflexiva y humana.
El cine y la justicia, según él, persiguen fines virtuosos. Mientras que el cine busca conmover y transformar a través de historias, la justicia busca dar respuestas que sean coherentes con los principios y valores de una sociedad. En ambos casos, hay una labor profundamente subjetiva, ya que cada juez lleva consigo su propio enfoque, moldeado por su experiencia y convicciones personales. Esto, lejos de restarle objetividad al proceso, lo enriquece y lo humaniza.
También destaca algo que considera gratificante: la posibilidad de firmar sentencias en las que cree plenamente, sin la obligación de defender causas en las que no confía. Ser juez, explica, le permite actuar siempre en función de lo que considera justo, una responsabilidad que, si bien puede ser solitaria, también ofrece una satisfacción única. El camino hacia este rol fue claro desde sus primeros años como estudiante de derecho. Aún sin tener antecedentes familiares en la abogacía, siempre supo que su vocación era ser juez, una pasión que sus propios compañeros de estudios reconocían en él antes incluso de que obtuviera su título.
El trabajo en el contencioso administrativo, uno de sus campos de especialización, le permite tener un impacto directo en la sociedad. Lima relata cómo desde su tribunal
se resuelven casos cruciales. Estas decisiones, que pueden tener un efecto inmediato y significativo en la vida de las personas, son parte de lo que le otorga un valor especial a su función, aunque también lo expongan a críticas.
En ese sentido destaca que, al igual que en el cine, donde la justificación de su existencia no recae únicamente en la visión autoral del director, sino en cómo conecta con el público, en la justicia también es crucial la relación con el pueblo. Señala que la función del Poder Judicial no es simplemente aplicar la ley de manera aislada, sino interpretar y defender principios y valores que a veces pueden ir en contra de lo que la mayoría de la sociedad podría considerar aceptable en un momento determinado. Para Lima, una de las razones por las que los jueces no son elegidos de manera directa como otros representantes del Estado es precisamente para proteger ese papel contramayoritario que debe jugar el Poder Judicial. Esto garantiza que ciertas decisiones no puedan ser tomadas por simple mayoría, sino que requieren de un análisis más profundo y sostenido en el tiempo, en línea con los principios constitucionales.
Además, resalta que el trabajo de un juez puede resultar impopular en muchos casos, ya que implica, en ocasiones, decir “no” a lo que parece ser la voluntad popular. Pero esto es necesario para preservar la estabilidad institucional y evitar que cada nuevo gobierno o movimiento social modifique las bases fundamentales de la legalidad, algo que, si no se controla, podría generar inestabilidad y retrocesos constantes.
En este sentido, Lima establece una clara conexión entre su función como juez y su trabajo en el ámbito del cine. Durante muchos años ha sido conductor del programa “La autopista del sur”, dedicado al cine en AM750, y, a su juicio, esta dedicación a otras áreas fuera del derecho ha enriquecido su labor judicial. Lima rechaza la idea del juez aislado en su torre de marfil, y en cambio, defiende la importancia de que los jueces participen activamente en la vida social, cultural y pública. Según él, involucrarse en actividades como el cine le ha permitido conectar de una manera más directa con la sociedad, lo que, a su vez, lo ha hecho mejor juez. La posibilidad de relacionarse con diversas áreas de la vida le brinda una perspectiva más amplia y le permite mantenerse en sintonía con las preocupaciones y valores de la sociedad, sin dejar que estas influencias afecten su imparcialidad al tomar decisiones judiciales.
En cuanto a su paso por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Lima narra una experiencia ambivalente. Si bien describe su gestión (2017-2018) como un período de crecimiento personal, también reconoce la frustración que sintió al ver las limitaciones del sistema. A pesar de haber llegado sin afiliación política ni partidaria, y con la intención de desarrollar políticas de Estado a largo plazo, se encontró con un escenario donde, aunque se logró avanzar en ciertos aspectos, especialmente en el área de producción cinematográfica, los problemas estructurales relacionados con la distribución y exhibición de películas argentinas persistían. Para Lima, una de las fallas principales del INCAA ha sido la falta de atención a cómo las películas argentinas llegan al público. Si bien Argentina ha producido un volumen considerable de películas de alta calidad, muchas de ellas no encuentran espacios para ser vistas, lo que representa una paradoja y una injusticia cultural, dado que el cine debe ser accesible a la población, no sólo producido en grandes cantidades.
A lo largo de su gestión, Lima intentó implementar políticas que dieran mayor importancia a la distribución y exhibición, pero se topó con resistencias y con la falta de consenso necesario para lograr cambios estructurales duraderos. Aun así, está satisfecho con haber firmado resoluciones clave, como la referente a la cuota de pantalla, que aunque fue derogada después de su salida, representó un avance importante en su visión de un cine argentino más accesible y equitativo.
Lima también reflexiona sobre la necesidad de políticas de Estado en materia cultural. Argumenta que el cine, como
expresión de la identidad nacional, no puede depender de los vaivenes políticos ni de los gustos personales de un Presidente en ejercicio. Según él, la protección del cine y la cultura está consagrada en la Constitución y debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno. En este sentido, destaca que el cine argentino ha sido uno de los pocos sectores en los que ha existido una política de Estado relativamente constante desde la recuperación democrática, pese a las diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos.
Cuenta, además, que sólo se tomó licencia en la justicia porteña cuando estuvo en el INCAA. Cuando, a finales de 2019, le ofrecieron presidir el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, estableció como condición no dejar su trabajo como juez. Para evitar cualquier conflicto de intereses, solicitó que su nombramiento en el festival fuera “ad honorem”, es decir, sin remuneración, para que nadie pudiera argumentar que percibía dos sueldos del Estado, aunque estos provenían de jurisdicciones diferentes. A su vez, solicitó al Consejo de la Magistratura que aprobara su participación en el festival, ya que los jueces, aunque limitados en ciertas actividades, pueden dedicarse a la docencia y a actividades culturales. Explica que, aunque consideraba que no era un requerimiento necesario, prefirió dejar todo en claro para evitar cualquier malentendido.
Respecto a su desvinculación del Festival de Mar del Plata, Lima admite que fue una mezcla de circunstancias. Relata que, aunque le pidieron no continuar en el cargo, su decisión también estuvo motivada por su frustración al ver que algunas necesidades del festival no recibían respuesta, lo que lo llevó a plantear su renuncia si no se respetaban ciertas condiciones. Dejando en claro que no estaba dispuesto a aceptar injerencias externas en cuestiones como la elección de películas o jurados, ni tampoco en la elección de temáticas a excluir de la programación. Lima defiende la importancia de que el festival, como institución cultural, se mantenga independiente de los gobiernos de turno, ya que el cine argentino tiene un legado que debe preservarse y no puede depender de coyunturas políticas.
Defiende el cine como herramienta cultural y hace hincapié en la importancia de la educación audiovisual desde una edad temprana. Cree firmemente que el Estado debe intervenir para garantizar el acceso equitativo a la cultura y combatir los prejuicios que limitan la apreciación de
películas que no se ajustan a los estándares comerciales, como aquellas en blanco y negro o mudas.
Admite que la idea de hacer cine no está completamente descartada para él, ya que disfruta de explorar diferentes proyectos y posibilidades. Actualmente, es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha estado involucrado en la organización de ciclos de cine, tanto antes como durante su paso por el Festival de Mar del Plata. Destaca lo gratificante que es para él el hecho colectivo de ver una película y cómo le emociona cuando alguien descubre una sala de cine por recomendación suya.
Cuando se le pide una lista de sus cinco películas argentinas favoritas, se muestra reticente a hacer listas, ya que considera que el cine argentino es demasiado diverso y vasto como para resumirlo de esa manera. Señala que hay grandes
obras en distintas épocas y géneros, desde el documental hasta el cine experimental, la ficción y los cortometrajes. Menciona los cortos de Francisco Lezama, disponibles en el Malba, como ejemplo de trabajos excepcionales que se están haciendo actualmente.
Después de nuestra extensa e interesante charla, queda claro que para Fernando Juan Lima ser juez es mucho más que aplicar normas; es ejercer una labor creativa que, al igual que el cine, tiene la capacidad de influir en la realidad, transformarla y, sobre todo, buscar la justicia en cada caso. Esta dualidad entre su pasión por el cine y su vocación judicial nos muestra un lado humano y creativo, donde la justicia no es sólo un acto racional, sino también uno profundamente narrativo y ético.
NOTA DE TAPA
“Ser el primer latinoamericano en presidir la IAP es un hito para la región”
Enfrentó una serie de desafíos significativos desde que asumió como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. En una conversación profunda, Juan Bautista Mahiques habló sobre el impacto de la pandemia en el sistema judicial, el papel de la tecnología en la lucha contra el crimen y el fuerte combate a la explotación infantil. Como primer latinoamericano en presidir la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), resaltó que el objetivo de la organización es que todos los países miembros tengan garantizado el acceso a la justicia.
REDACCIÓN: Quórum
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uál fue el mayor desafío que enfrentaste desde que asumiste como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires?
Sin duda el mayor desafío que tuve fue la pandemia. Asumí en octubre de 2019 y a los pocos meses arrancó la pandemia. Fue un desafío que no esperábamos, pero lo transitamos -ahora con el diario del lunes- muy exitosamente, muy satisfactoriamente. Pusimos a disposición de los fiscales toda la tecnología necesaria para que el servicio de justicia se llevara adelante de igual manera que cuando se llevaba de manera presencial. Sirvió también para mejorar todo lo que es el acceso a la justicia, para poder trabajar desde la casa o generalmente el home office, que en ese momento era necesario, y tener los mismos resultados, la misma atención que teníamos cuando se hacía de manera presencial en las oficinas. Sin dudas ese fue el mayor desafío, porque además era algo muy inesperado. Pero bueno, más allá de eso, también nos planteamos mejorar todo el acceso a la justicia, crear todo el ámbito de flagrancia para tener una respuesta más rápida, especializar las fiscalías. Nosotros asumimos competencias nuevas que antes no teníamos, capacitaciones para los fiscales y demás.
En cuanto al traspaso de las competencias nacionales a la Ciudad, ¿qué impacto tiene esto en el sistema de justicia?
La justicia nacional, que está en debate respecto a si debería traspasarse las competencias al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es, desde mi punto de vista, una justicia de excelencia, reconocida en todo el país. Creo que, en primer lugar, es una deuda que debe concretarse; la justicia de la Ciudad de Buenos Aires debería tener competencia plena. Considero que esto podría aportar más agilidad, mayor cercanía con el vecino y, además, más recursos y tecnología. Humildemente, pienso que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta hoy con más recursos humanos y mayor tecnología, que, al complementarse con los recursos humanos de la justicia nacional, podría generar resultados mucho más exitosos.
La Fiscalía de la Ciudad está trabajando en todo lo que es explotación infantil. ¿Cuáles son los ejes de trabajo?
Es un tema que trae obviamente consecuencias a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros hemos
firmado un convenio muy importante con la Embajada de Estados Unidos, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos facilita toda la información de movimientos sospechosos en materia de abuso sexual infantil y nosotros derivamos a las provincias o cuando somos competentes nosotros en la Ciudad de Buenos Aires y a raíz de eso iniciamos todas las investigaciones. Hemos dotado y fortalecido al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que es quien se encarga de todo este tipo de investigaciones, de material tecnológico de primera línea, con el apoyo de distintas ONG y del gobierno de Estados Unidos, que nos han ayudado mucho a tener los resultados que hoy tenemos, que hemos tenido, y por los cuales somos reconocidos no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recibimos solicitudes de colaboración no solo de distintas jurisdicciones del país, sino también de países vecinos. Por lo tanto, en el contexto de un delito tan aberrante y transnacional, estoy muy satisfecho con los resultados que hemos logrado.
¿Qué país es el que está más avanzado en materia de tecnología en la investigación penal?
Por mi rol como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), he tenido y tengo contacto con procuradores de todo el mundo y tengo la posibilidad de ver el avance tecnológico en distintos países. Creo que Suiza y Alemania, son países que están un escalón por encima, junto a Israel.
A nivel regional, Chile tiene muy avanzada la tecnología para la investigación de delitos penales, y bueno, el Reino Unido y Estados Unidos también.
¿Podés compartir algunos casos de los más resonantes en cuanto a la explotación infantil?
En lo que va de mi gestión hemos tenido diez procedimientos con allanamientos simultáneos en distintos países, con cientos de detenidos y demás, a los que denominamos con distintos nombres para poder identificarlos. Los más conocidos, o los más mediáticos, fueron los operativos “Luz de Infancia”. Lo que más llama la atención son los casos en los que hay personas detenidas o imputadas, especialmente cuando se trata de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los niños. Hemos visto a médicos, miembros de las fuerzas de seguridad y figuras reconocidas en sus funciones que han terminado detenidos y, en algunos casos, condenados. Estos casos han tenido una gran relevancia mediática.
La justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta hoy con más recursos humanos y mayor tecnología.
En lo que respecta a apuestas ilegales online, ¿qué medidas están tomando desde el gobierno?
Ante la creciente preocupación, no sólo del Jefe de Gobierno -quien fue el primero en hacerlo público que yo recuerde-, sino también de numerosos padres en colegios y grupos de chat, decidimos actuar. La inquietud sobre los chicos que apostaban de manera ilegal, perdiendo tiempo y dinero, generó una alarma significativa. Por ello, creamos una fiscalía especializada para investigar el juego ilegal y, al mismo tiempo, lanzamos el programa “MPF Más Cerca” para capacitar y ofrecer charlas en diferentes colegios, dirigidas no sólo a los alumnos, sino también a profesores y autoridades, para que estén al tanto de esta realidad. Este programa se puso en marcha hace tres meses y ya ha producido resultados muy positivos. Recientemente, logramos bloquear más de 3.000 sitios web ilegales, detuvimos a varias personas y recuperamos más de 30 millones de pesos. A pesar de que esta iniciativa comenzó hace poco, los resultados han sido altamente satisfactorios.
La lucha por los derechos humanos es una vocación que ha guiado mis acciones y decisiones.
Sos el primer fiscal latinoamericano en presidir la Asociación Internacional de Fiscales ¿Qué significó ese logro para vos?
Recibir el reconocimiento de una asociación tan prestigiosa como la IAP, la Organización Internacional de Fiscales que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, al elegirme presidente, es un honor inmenso que me llena de orgullo. Ser el primer latinoamericano en asumir este cargo representa un hito significativo no sólo para mí, sino también para la región, y es una oportunidad única para demostrar el potencial que tenemos. La IAP cuenta con más de 353,000 fiscales de 173 países, lo que resalta la importancia y la influencia de esta organización en el ámbito global. Este reconocimiento no solo es un reflejo de mi trayectoria profesional, sino también de la confianza depositada en mí por colegas de todo el mundo. La votación para mi
candidatura fue respaldada por naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, lo que añade una capa adicional de responsabilidad a este desafío. Asumir esta posición implica no sólo un honor, sino también una carga significativa. La responsabilidad de representar a fiscales de diversas culturas y sistemas judiciales es un reto que estoy decidido a enfrentar con compromiso y dedicación. Mi objetivo es trabajar en colaboración con mis colegas internacionales para fortalecer la justicia y la lucha contra la impunidad en todos los rincones del mundo. Estoy entusiasmado por lo que podemos lograr juntos y por las oportunidades que se presentan para mejorar nuestros sistemas de justicia.
Se destaca de vos que tenés un fuerte compromiso con los derechos humanos y la inclusión social. ¿Dónde nace esto?
Creo que mi compromiso con los derechos humanos tiene sus raíces en mi familia. Nací en un entorno donde mi padre ya era magistrado y se dedicaba a la defensa de estos derechos. Esta influencia ha sido una constante en mi vida.
A lo largo de mi carrera en la función pública, he procurado siempre resaltar y defender los derechos humanos desde cada lugar que he ocupado. Para mí, esta lucha no es sólo una parte de mi trabajo, sino una vocación que ha guiado mis acciones y decisiones.
¿Cuáles son las principales áreas de colaboración que están desarrollando?
Desde la IAP, nos enfrentamos a un contexto complejo debido a la diversidad de países que la componen. Esto genera discusiones muy interesantes entre procuradores generales de naciones con sistemas legales a menudo antagónicos. Nuestro objetivo es que todos los países miembros de la IAP tengan garantizado lo básico: el acceso a la justicia. Actualmente, estamos trabajando para que en diversos países de África se realicen encuentros que visibilicen esta problemática y sensibilicen a la sociedad sobre la importancia del acceso a la justicia. En el último encuentro que tuvimos en Bakú, fiscales africanos compartieron datos alarmantes: en algunos países, solo el 17% de niños, niñas y adolescentes logra acceder a la justicia. Este acceso se ve mayormente limitado a casos de violencia de género, y muchas veces, quienes logran denunciar sufren revictimización en las comisarías, lo que les impide buscar justicia nuevamente. Sin duda, hay mucho por hacer y es un desafío enorme. Por eso,
nuestra prioridad es estar presentes y trabajar activamente en estas iniciativas.
¿Y cómo ves hoy la inteligencia artificial en el mundo y acá en la Ciudad de Buenos Aires?
No es lo que viene sino lo que ya está. Hay un montón de países que trabajan con inteligencia artificial. Muchos países están avanzando en este campo, y la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio Público, ha sido pionera con el sistema Prometea. Este sistema no sólo se ha implementado localmente, sino que también hemos tenido la oportunidad de llevarlo a distintas provincias y otros países, donde ya está generando impacto. Recientemente, estuve en Brasil, donde conocí de primera mano cómo están utilizando la inteligencia artificial para combatir la corrupción. Es evidente que esta tecnología no sólo está en auge, sino que se está consolidando como una herramienta esencial para mejorar la gestión pública y la transparencia en diversas áreas. Sin duda, es el camino a seguir.
Concretamente algún caso…
Quiero destacar un sistema de inteligencia artificial que se está utilizando en Brasil, que considero muy relevante. Se trata de un software diseñado para detectar, en tan solo 10 segundos, posibles irregularidades en las contrataciones realizadas por el Estado, específicamente en Río de Janeiro. Este sistema, que se implementó hace apenas seis meses, ha demostrado ser eficaz al derivar automáticamente los casos sospechosos a las fiscalías especializadas en corrupción. Como resultado, ya se han logrado condenas de funcionarios por corrupción, y todo esto está ocurriendo a solo dos horas de avión de nuestra ciudad. Sin duda, es un ejemplo poderoso de cómo la tecnología puede contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
¿Hay algún plan para incorporar este tipo de tecnologías en todas las fiscalías?
Estamos en proceso de firmar un convenio entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, con el objetivo de recibir capacitación para implementar ese software específico. La realidad es que la tecnología avanza rápidamente, y es crucial que estemos al tanto de estos cambios. Desde el ámbito académico, es interesante
Nuestro objetivo es que todos los países miembros de la IAP tengan garantizado el acceso a la justicia.
reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial impactará la educación. Aunque aún no hemos vivido plenamente esta transformación, es evidente que representa un desafío significativo, y también conlleva ciertos riesgos. Si la inteligencia artificial no se aplica de manera adecuada, puede generar problemas en diversos sectores. Por ello, es esencial que nos capacitemos y aprendamos a utilizar estas herramientas de forma efectiva, garantizando que sus resultados sean positivos y beneficiosos para la sociedad. La clave estará en encontrar un equilibrio entre aprovechar sus ventajas y mitigar sus posibles inconvenientes.
Apelo a tu experiencia en el exterior para preguntarte. Si una mujer en Afganistán se llega a revelar ante las leyes propias del país y se descubre la cara y se muestra. ¿Cómo actúan los fiscales allá? ¿Qué rol tienen?
Cada país cuenta con su propio marco legal y su cultura, lo que genera diferencias significativas entre las naciones, especialmente entre las más occidentales y aquellas con tradiciones distintas. Estas divergencias han propiciado discusiones y debates internos y públicos muy interesantes y apasionados. Recientemente, compartí con Alejandro Fantino una experiencia en la que fui testigo de una discusión intensa durante una conferencia. Un juez de un país árabe justificó una sentencia de muerte por lapidación impuesta a una mujer acusada de infidelidad, argumentando su decisión de una manera que impactó a todos los presentes. Su alegato, que incluía lanzar una segunda piedra como símbolo de su razonamiento, desató reacciones de sorpresa y rechazo entre los asistentes. Este tipo de situaciones resalta la complejidad de nuestras diferencias culturales. Si bien sus leyes y costumbres son parte de su identidad, desde nuestra perspectiva cuestionamos estas prácticas y abogamos por cambios. Es un desafío entender y dialogar sobre estas realidades tan distantes de nuestra propia concepción de la justicia y los derechos humanos.
Buenos Aires va a ser sede el año que viene de la IAP…
Sí, en abril del próximo año se llevará a cabo el encuentro del comité ejecutivo de la IAP, que reúne a fiscales de 30 países, entre ellos China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Arabia Saudita, Dubái, Bahréin, Australia e Irlanda. Todos los fiscales generales de estas naciones estarán presentes en Buenos Aires para participar en
esta reunión, que servirá como preludio a la Asamblea General programada para septiembre en Singapur. Para mí, es un honor y una gran responsabilidad ser el anfitrión de estos fiscales generales. Además, este encuentro también será un espacio propicio para discutir mi posible reelección al cargo de presidente de la IAP. Espero que sea una ocasión fructífera para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la cooperación entre nuestras jurisdicciones.
¿Y qué temas están en agenda ahora?
Todavía no armamos el temario, pero seguramente se van a discutir temas internos de la IAP y además la puesta en funcionamiento de la plataforma que estamos queriendo instalar en la IAP para que entre todos los fiscales del mundo especializados tengan contacto en tiempo real. Fiscales especializados en cibercrimen, una red especializada que tengan contacto en tiempo real. Trata, terrorismo, narcotráfico, ese me parece que va a ser el tema más relevante porque tenemos que ponerlo en funcionamiento.
¿Qué medidas tomó la IAP en la guerra de Ucrania-Rusia?
En el 2021 tuvimos una reunión de comité ejecutivo en Moscú y se tomó la decisión de que la primera oficina regional del IAP tenga sede en San Petersburgo. A los meses se dio el conflicto entre Rusia y Ucrania y se empezó a discutir el rol de la oficina regional en San Petersburgo y el rol del Procurador General de Rusia en la IAP. Se tomó la decisión de cerrar la fiscalía, la oficina regional en San Petersburgo y decidir la continuidad o no del Procurador General ruso. Cuando se iba a tomar la decisión, el Procurador en la IAP presentó la renuncia. Así que la fiscalía rusa no forma parte de la IAP luego del conflicto y la oficina regional se cerró.
Además de ser profesor, me interesa el tema de la reforma del Código Procesal Penal. ¿Integraste la Comisión Bicameral para la Reforma?
Integré la Comisión Bicameral en 2015, cuando era secretario en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, mi participación fue breve, ya que poco después fui nombrado miembro del Poder Ejecutivo como representante en el Consejo de la Magistratura, lo que me llevó a dejar de formar parte de esa comisión. Por lo tanto, mi tiempo en ella fue limitado.
Es un honor y una gran responsabilidad ser el anfitrión de estos fiscales generales en Buenos Aires.
¿Considerás que es necesaria la reforma?
Lo que conozco sugiere que es fundamental avanzar con esta reforma, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios, ya que sin ellos es prácticamente imposible implementarla. El gobierno está abordando esta cuestión de manera proactiva; de hecho, recientemente ha comenzado en Mendoza y Santa Fe. Desconozco los recursos específicos que se han asignado, pero considero que es un momento crucial para llevar a cabo esta reforma y espero que venga acompañada de los recursos adecuados.
¿Cómo se complementa ser docente de derecho penal y procesal penal y ser fiscal?
Va de la mano. La mayoría de los jueces y fiscales que conozco, al menos, son docentes en alguna universidad. Se comparte toda la experiencia acumulada, y volviendo
a citar a mi padre, de niño lo veía dar clases en la facultad y me encantaba. Aunque ahora no tengo mucho tiempo para enseñar, espero poder retomar esa actividad más intensamente en el futuro. El contacto con los alumnos y otros profesores es una capacitación constante; realmente te enriquece.
En cuanto a los artículos que publicaste tus temas de mayor elección son la pornografía o la explotación infantiles…
El abuso sexual infantil es un tema recurrente y extremadamente preocupante. En la última reunión en Bakú, fue el asunto más destacado, ya que todos los países están lidiando con este grave problema. Para abordar el abuso sexual infantil, tanto en su producción como en su distribución, es fundamental hacerlo de manera coordinada y en cooperación con otras jurisdicciones; de lo contrario, resulta casi imposible enfrentar
esta problemática. Es un tema que, lamentablemente, está muy presente en la actualidad y que preocupa a todos los que trabajamos en fiscalías dedicadas a esta área. Sin duda, es una cuestión de gran relevancia que requiere nuestra atención y acción urgente.
¿Es la tecnología lo que hace que los niños sean más fácil de vulnerar?
Después de la pandemia, se intensificaron notablemente los casos de abuso sexual infantil, así como la difusión de imágenes y la producción de este tipo de contenido. También se ha visto un aumento en diversas estafas virtuales relacionadas con el uso de la tecnología. Si bien la tecnología ya era una parte importante de nuestra vida cotidiana, la pandemia provocó una explosión en su presencia y en los riesgos asociados, lo que ha generado un panorama más complejo y preocupante.
¿Cómo crees que acompaña la ley a estos cambios dinámicos de la sociedad y la tecnología que avanza muy rápido?
Siempre nos encontramos un paso atrás. Contamos con un grupo dedicado a mantenernos actualizados y a generar proyectos que ofrezcan a los distintos actores del Poder Legislativo herramientas para avanzar en ciertas leyes. Nos inspiramos en prácticas de países más desarrollados en este ámbito. La capacitación continua es fundamental para mantenernos al día y responder eficazmente a los desafíos actuales.
E INVESTIGACIONES
Con dirección de Nicolás Gil Lavedra, sobre una idea original de Zoe Hochbaum y con guión de Gustavo Gersberg. El filme, que recibió el Martín Fierro de Cine a Mejor Documental del 2023, cuenta con producción general de Milagros Hadad y Zoe Hochbaum.
REDACCIÓN: Bárbara Arroyo FOTOGRAFÍA: Producción Traslados
La historia argentina reciente ha sido repasada en varias ocasiones por el cine y premiada en festivales internacionales, generando debates dentro y fuera del país. El documental “Traslados” dirigido por Nicolás Gil Lavedra no es ajeno a esta repercusión.
Estrenado el mes pasado en salas y proyectado en una jornada especial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, el largometraje producido por Orca Films junto a Zoe Hochbaum y Milagros Hadad (Infobae), investiga, expone y reflexiona sobre los vuelos de la muerte, ocurridos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983 en la Argentina.
“Hay tres causas por estos vuelos. La más significativa es la Causa Esma que se tramita en el Juzgado Federal 12 que estuvo a cargo históricamente del juez Sergio Torres. Luego está la de Campo de Mayo que tramita en el Juzgado de San Martín con la doctora Alicia Vence y finalmente, con relación a la mega causa del primer cuerpo del ejército, sobre todo del centro clandestino Olimpo que tramita el juzgado a mi cargo, que es el número 3”, detalla el juez Federal Daniel Rafecas.
“Más del 90 por ciento de los traslados aún quedaron sin saber quienes se los llevaron, a donde o cómo los mataron. Lamentablemente, ha sido un método de exterminio y desaparición muy efectivo. La excepción es cuando por algún error de protocolo, esos cuerpos vuelven a la costa y el equipo de antropología forense logra identificarlos 30 años más tarde. A partir de allí, como se cuenta en el documental, se sabe que pasó con las monjas francesas o con alguna de las madres de Plaza de Mayo y se pudo imputar y condenar a los asesinos”, explica el magistrado.
El 14 de octubre pasado, Rafecas cumplió 20 años al frente del Juzgado Federal 3, la que tramitó la causa del primer cuerpo del ejército. “La investigación estuvo desde siempre, yo asumí y llegó a mis manos pero llevaba años de trabajo
Al tanto de estas cuestiones, el director Gil Lavedra convoca a Rafecas para dar testimonio sobre su labor para esclarecer la muerte de algunos detenidos-desaparecidos. “Nicolás se puso en contacto por mi investigación y relevamiento de esos vuelos con relación a las víctimas que estaban bajo la órbita del ejército o de la Policía Federal, especialmente del centro clandestino Olimpo que funcionaba en Floresta. En 1978 se trasladaron desde allí a 25 personas que nunca más volvieron pero 11 cuerpos aparecieron en la costa argentina y fueron identificados a partir del trabajo realizado en nuestro juzgado”, relata.
previo”, finaliza Rafecas. “Traslados” es un llamado a la memoria, la individual y la colectiva.
La trama del filme no sólo cuenta con la palabra de sobrevivientes como la periodista Miriam Lewin, sino también de familiares directos de algunas víctimas como Cecilia de Vincenti, hija de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.
“Hacer cine es un modo de no bajar los brazos. Nuestro país necesita recordar la importancia de la cultura argentina. Con ella evitamos que se repitan estas tragedias”, reflexiona Zoe Hochbaum, una de las encargadas de la producción del filme, quien recibió orgullosa junto a Gil Lavedra el Martín Fierro de Cine reconociendo a Traslados como Mejor Documental del 2023.
Entrevista a Nicolás Gil Lavedra
A Nicolás Gil Lavedra lo convoca la productora Orca Films junto a Zoe Hochbaum para realizar un largometraje sobre los llamados vuelos de la muerte. “En marzo del año pasado, yo estaba terminando el montaje de “Como el mar” y me cuentan de este proyecto. Ya estaban armando un equipo con Eduardo Anguita y Daniel Cecchini como investigadores, el guionista Gustavo Gersberg, Laura Mattarollo en archivo y Milagros Hadad en la producción general. Dudé un poco porque nunca había hecho un documental, siempre hice ficción. Pero el tema me atravesó, más allá de cualquier ideología, ¿quién puede estar de acuerdo en tirar persona desde un avión?
¿Cuánto tiempo llevó investigar los casos y buscar los testimonios?
Fue un proceso largo y doloroso. De un año y medio, tenemos 20 testimonios y mucho archivo. Queríamos hablar con militantes, jueces, periodistas y luego las víctimas más directas.
¿Cuál fue el rol de Enrique Piñeyro?
Cuando Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo encuentran una de los aviones que arrojaba personas al mar, un Skyban, se toparon con el obstáculo que ningún piloto quería interpretar las planillas. Pactan reuniones con dos o tres peritos que los dejan plantados. Todos tenían miedo. El único que se la juega y termina siendo perito de parte es
Enrique Piñeyro. Fue super importante porque sin esas piezas no se puede dar con los culpables. El interpretó rutas, días y horarios y se llegó a localizar a los pilotos.
En un documental, la recreación es necesaria pero si no está bien lograda puede perjudicar a todo el largometraje.
Desde que acepto formar parte del proyecto, quiero sumar recreaciones. No quería hacer un documental de cabezas parlantes. Aún no tenía el archivo, estaba Laura Mattarollo trabajando y yo quería que a través de la ficción podía ayudar a mostrar el horror. Hoy lo veo y me gusta como queda. Hay escenas que se hicieron en el mismo lugar de los hechos. En la pista de Campo de Mayo, desde donde despegó el avión.
¿Cómo se eligen a los actores para ese trabajo?
No debían tener diálogos ni cosas muy didácticas. Y estoy muy conforme con el trabajo realizado porque termina siendo muy periodístico.
REDACCIÓN: Alejandra Lazo FOTOGRAFÍA: Archivo GA
Uruguay ha sido, dada su vocación de ser un país importador de capitales, un lugar en donde los aspectos legales, fiscales y regulatorios se han cuidado enormemente, en pos de dar certeza y seguridad jurídica al inversor, sea local o extranjero. En efecto, tiene una posición consolidada en lo que refiere a libertad económica, índice de percepción de corrupción y desarrollo institucional, que lo convierten en un hub atractivo en la región.
Es por eso que recientemente el Banco Mundial señaló cinco incentivos principales que explican el fenómeno de la radicación de inversión extranjera relevante en este país: la tributación territorial; una alícuota significativamente más baja para no residentes sobre los ingresos generados en el país; la competitividad del impuesto a la renta de sociedades; tratados internacionales que ayudan a evitar la doble imposición; y el secreto financiero.
En este marco, lo que sigue es un resumen ilustrativo sobre los aspectos principales legales, fiscales y regulatorios que se pueden destacar en nuestro sistema normativo, de manera de dar una orientación inicial, a cuenta de profundización en aspectos concretos de cada inversión en particular.
ALTERNATIVAS PARA ELEGIR EL TIPO DE SOCIEDAD COMERCIAL
Las Sociedades Anónimas (SA), las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) son las formas jurídicas más utilizadas en la actualidad.
Sociedades Anónimas: Se destacan por ser el tipo social más utilizado históricamente, caracterizándose por ser una figura exitosa en relación a las ventajas derivadas de los bajos costos de transacción y control que implican.
Sociedades de Responsabilidad Limitada: Han perdido relevancia con el avance de otros tipos sociales que permiten mayor flexibilidad. Mientras que en las SRL los socios son cuotapartistas con cuotas de igual valor, indivisibles, con un Estatuto rígido y reformable ante cualquier cambio de socios, otros vehículos como las SAS simplifican brutalmente estas exigencias.
Sociedades por Acciones Simplificadas: Recientemente introducidas por la Ley N° 19.820, presentan importantes beneficios vinculados a la simpleza en su funcionamiento.
Pueden ser constituidas por una o más personas físicas o jurídicas y su objeto puede ser indeterminado. Son oponibles a terceros únicamente con la inscripción en el Registro Nacional de Comercio, y únicamente se encontrarán sujetas al control administrativo cuando superen un umbral de ingresos determinado, fijado en aproximadamente 5.5 millones de dólares anuales. Por todo lo anterior, son ampliamente reconocidas como vehículos útiles para el objeto holding, es decir, vehículos de inversión en otras Sociedades.
A diferencia de las SA, que en el caso de tener como objeto la inversión, ello debe ser estipulado específicamente en sus Estatutos, en las SAS la posibilidad de implementar un objeto genérico, flexibiliza dicho requisito.
Como pauta general, puede resumirse que las diferencias entre los distintos vehículos posibles, van desde su costo de constitución, tributación aplicable a su actividad y/o distribución de dividendos, y flexibilidades para estructurar el vínculo entre los socios/accionistas acorde con las finalidades.
Cuando el factor decisorio reposa en la necesidad de crear un “traje a medida”, el elemento “flexibilidad” para lograr los objetivos buscados, actuales o futuros, suele ser el factor determinante. A prima facie, la SAS parece ser el vehículo más indicado al dar la posibilidad legal de regular mediante el estatuto las diferentes protecciones que se buscan para cada tipo de accionista, otorgar las prerrogativas acordadas, mecanismos de control sólidos, solución de controversias ágiles, así como permitir mediante determinada ingeniería jurídica, regular cuestiones sucesorias. En este instrumento societario prevalece lo escrito en el contrato social y no la ley de sociedades, que opera como segundo escalón en subsidio.
La estructura legal bajo SA también podría lograr proteger con relativo éxito varias de las preocupaciones de cada participante de un holding plurilateral y también contemplar las diferencias de roles existentes. Sin embargo, creemos que no siempre la SA permite satisfacer todas las inquietudes ni permite reflejar con precisión en acuerdos para sociales (convenios de accionistas) los intereses diferentes, actuales o futuros. Recurrir al convenio de accionistas como herramienta de ingeniería en las SA, estrategia utilizada hasta la existen de las SAS, tiene sus debilidades. En muchas ocasiones obligaría a introducir soluciones poco ortodoxas, no confiables y de difícil o cuestionable ejecutabilidad desde el punto de vista legal, perdiéndose la oportunidad de generar respuestas y certezas a las diversas situaciones que
puede presentar cada socio, quedando rehenes, entonces, de la normativa en materia societaria de las SA muchas veces no adaptable a las necesidades pretendidas. Los convenios de accionistas siempre tienen una importante limitante: las normas societarias de SA y SRL presentan áreas que son de orden público, por tanto, no modificables por las partes.
Estos tres vehículos tienen en común que constituyen una persona jurídica con patrimonio diferente al de sus socios, y por ende, con limitación de responsabilidad. En todas también es posible ser accionista persona física, extranjero o nacional, residente o no, incluso puede concentrarse la propiedad de las acciones en una única persona, salvo en la SRL.
Es importante tener en cuenta que, independientemente del tipo de sociedad comercial que se opte, de acuerdo con la Ley de transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Nº 19.484, se prevé la obligación de comunicar e identificar la cadena de titularidad accionaria/social de todas las sociedades hasta alcanzar la figura del Beneficiario Final (persona física).
brutas del ejercicio (previa deducción de sueldos de dueños o socios admitidos por la reglamentación). El resultante será considerado como renta neta gravada por IRAE del ejercicio y sobre ello aplicará la tasa del 25%. Bajo el esquema general, dicho porcentaje será de 13,2%, 36% y 48% dependiendo de si la base de cálculo es: a) menor a 2.000.000 UI; b) mayor a lo anterior y hasta 3.000.000 UI; o c) mayor de 3.000.000 UI, respectivamente. Para el caso de obtención de rentas puras de capital, es preceptiva la aplicación del porcentaje de 48% (no hay franjas), mientras que, en el caso de obtención de rentas del trabajo, se mantienen las escalas de ingresos, pero se aumentan los porcentajes a 48%, 60% y 72% respectivamente.
La SRL puede optar por el régimen de IRAE con ficto, al igual que la SAS.
LOS FIDEICOMISOS, UNA HERRAMIENTA QUE FUNCIONA MUY BIEN PARA INVERTIR EN REAL ESTATE
del patrimonio personal tanto del fiduciario como del fideicomitente. Esto significa que esos bienes no pueden ser perseguidos por las deudas personales de ninguna de las partes involucradas, lo que asegura que las inversiones queden aisladas de cualquier riesgo personal o de los acreedores de los participantes. Además, los bienes del fideicomiso no forman parte del patrimonio de los fideicomitentes una vez que se han transferido, lo que garantiza que tampoco queden expuestos a posibles problemas financieros de los inversores.
Por otro lado, el fideicomiso ofrece ventajas significativas en términos de transparencia, ya que la participación de un fiduciario ajeno al negocio garantiza una gestión imparcial de los recursos. También brinda seguridad jurídica al asociar los riesgos únicamente al éxito de la inversión, eliminando otras posibles contingencias externas. Gracias a estas características, el fideicomiso se ha consolidado como una herramienta sumamente eficaz para proyectos de inversión colectiva, especialmente en el sector inmobiliario, donde los desarrollos suelen involucrar a múltiples participantes con diferentes intereses y objetivos.
A grandes rasgos, las SA estarán sujetas al pago de ICOSA (Impuesto al Control de Sociedades Anónimas); IRAE a la tasa del 25%; IP (Impuesto al Patrimonio); IVA (Impuesto al Valor Agregado). Por otra parte, con relación al tratamiento tributario, las SAS podrán tributar por IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) ficto hasta el monto de 4.000.000 UI (aproximadamente USD 464.000) anuales; excepto en caso de enajenación de acciones, para lo cual tributará igual que una SA.
El esquema ficto se basa en aplicar un porcentaje (que dependerá del volumen de ingresos y el tipo de actividad) sobre la totalidad de ventas, servicios y demás rentas
Las SA son sociedades utilizadas generalmente para la actividad local, comercio, industria, servicios, entre otros, pudiendo asimismo realizar todo tipo de actividades e inversiones en el exterior. Cuando operan fuera del país, tienen un beneficio fiscal benevolente dado que el impuesto a la renta aplicable a las sociedades comerciales (IRAE) solamente grava las rentas de fuente uruguaya; salvo en supuestos particulares y de excepción en donde hay extensiones de fuente. Pueden ser usadas como holding también y tendrán límite según su patrimonio para participar en otras entidades salvo que se incorpore como sociedad con objeto holding.
El fideicomiso en Uruguay es un negocio jurídico en el que una o varias personas, denominadas fideicomitentes, transfieren la titularidad de ciertos bienes o derechos a otra persona, el fiduciario. Este último tiene la obligación de administrar dichos bienes o derechos con el fin de cumplir objetivos previamente establecidos, beneficiando a una o varias personas conocidas como beneficiarios. Esta estructura es especialmente útil en sectores como el inmobiliario, donde se emplea frecuentemente como una herramienta de financiamiento y desarrollo.
Su funcionamiento es simple: los fideicomitentes, que pueden ser inversores, promotores o constructores, entregan recursos, ya sean bienes, derechos o dinero, al fiduciario. Este, a su vez, adquiere la propiedad fiduciaria sobre dichos recursos con el propósito exclusivo de aplicarlos según las directrices del contrato de fideicomiso. El contrato establece claramente los fines que deben cumplirse con los bienes entregados, y el fiduciario tiene la obligación de administrarlos estrictamente bajo esos términos. Los beneficiarios, que suelen ser los mismos inversores, promotores o terceros, reciben los beneficios que genera el fideicomiso una vez que se alcanzan los objetivos fijados.
Uno de los aspectos más relevantes del fideicomiso es la creación de un patrimonio de afectación, es decir, los bienes transferidos al fiduciario quedan separados
Frente a la complejidad de proteger adecuadamente todos los intereses de las partes que participan colectivamente en un emprendimiento inmobiliario por medio de una SA, el fideicomiso aparece como alternativa interesante por las ventajas y seguridades que ofrece. Presenta como principales características, las siguientes: flexibilidad y versatilidad; transparencia; limita el conflicto de intereses; y articulación armónica de los intereses de los distintos agentes.
En resumen, así como el fideicomiso ha ido poco a poco sustituyendo las estructuras jurídicas antes utilizadas para la administración de patrimonios, o para la canalización de inversiones públicas y privadas colectivas, o en los procesos de privatizaciones y concesiones públicas, así como en la constitución de garantías, e incluso para la solución de crisis empresariales, también constituye, por sus bondades, un instrumento legal perfectamente hábil para la realización de la actividad de desarrollo de emprendimientos inmobiliarios con participación colectiva.
Se debe tener en cuenta que, a efectos tributarios, los fideicomisos tributan como una SA, excepto los fideicomisos de garantía. A su vez, existen importantes beneficios tributarios para los Fideicomisos financieros, que deberían ser objeto de análisis específico.
LA ACTIVIDAD DE TRADING TANTO PARA BIENES COMO SERVICIOS
Los vehículos jurídicos como el fideicomiso y la SA en Uruguay no operan de manera independiente de las consideraciones tributarias, sino que se complementan con distintos regímenes fiscales según la actividad. Un ejemplo relevante es el régimen de trading o del 3%, aplicable a actividades de intermediación en la compra y venta de bienes o servicios que no tienen origen ni destino en Uruguay. Este régimen permite que los beneficios obtenidos de operaciones de trading tributen un IRAE ficto del 3% sobre la diferencia entre el precio de compra y venta, resultando en una tasa efectiva de 0,75% sobre el margen bruto.
Adicionalmente, los dividendos asociados a rentas no gravadas por IRAE no están sujetos al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o al Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR), lo que reduce la tasa del 7% al 0,21% sobre el monto de los dividendos. Este tipo de incentivos se suma a un ecosistema fiscal favorable que se ha consolidado en Uruguay desde 1997.
El régimen ficto establecido por la Resolución 51/997 regula la renta de actividades de compra y venta de mercaderías y servicios situados en el exterior, y es aplicable al IRAE. Los contribuyentes pueden optar por este régimen o calcular la renta neta de fuente uruguaya de manera real. Sin embargo, en la práctica, la opción ficta es ampliamente preferida por su simplicidad y beneficios.
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN FICTO:
- Compraventa de mercaderías situadas en el exterior sin origen ni destino en Uruguay.
- Intermediación en la prestación de servicios siempre que estos se presten y utilicen fuera del país.
Este régimen establece que la renta neta uruguaya se fija en el 3% de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Es importante destacar que este cálculo solo deduce el precio de compra y no otros costos como impuestos o almacenamiento.
Cuando se distribuyen dividendos de actividades gravadas por IRAE, estos estarán sujetos a IRPF o IRNR a una tasa del 7%, pero solo hasta la concurrencia con la renta neta
fiscal gravada por IRAE. En el caso de actividades bajo la Resolución, la renta gravada es el 3% del margen, lo que limita el impuesto a retener a los accionistas a ese monto.
INSTALARSE EN UNA ZONA FRANCA
El régimen de zonas francas en Uruguay es otro avance significativo en el ámbito de la inversión. Este sistema designa áreas específicas dentro del país, de propiedad pública o privada, donde se incentivan inversiones nacionales e internacionales. Actualmente, hay 11 zonas francas en funcionamiento, en las cuales se han establecido cientos de empresas que ofrecen servicios a clientes globales. Estas áreas están supervisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Comercio, y permiten la operación mediante vehículos jurídicos como sociedades anónimas o fideicomisos.
Características del régimen de zonas francas:
Actividades permitidas: Se pueden realizar actividades industriales, comerciales o de servicios, o una combinación de ellas. Estas zonas buscan fomentar el crecimiento económico y la integración con otros países.
Exención tributaria: Los usuarios de zonas francas están exentos de impuestos nacionales (como Impuesto a la Renta, al Patrimonio, y al Valor Agregado). Las transacciones no están gravadas con IVA, y las rentas generadas no están sujetas a impuesto a la renta. Además, la distribución de dividendos está exenta de impuestos.
Requisitos para operar: Para establecerse en una zona franca, se debe obtener una autorización, que incluye la presentación de un Plan de Negocios. Este plan debe demostrar la viabilidad del proyecto y los beneficios para Uruguay. Además, el 75% de los empleados deben ser ciudadanos uruguayos, aunque en ciertos casos, este porcentaje puede reducirse al 50%.
Tipos de usuarios: Se distinguen entre usuarios directos e indirectos. Los directos contratan directamente con quien explota la zona, y pueden operar por un plazo de hasta 15 años. Los usuarios indirectos lo hacen a través de contratos con usuarios directos, y su plazo máximo es de cinco años.
Prohibición de operar en zonas no francas: Excepto en casos específicos (como algunos servicios de call center),
los usuarios de zonas francas no pueden prestar servicios en áreas no francas de Uruguay. Los destinatarios de los servicios deben estar fuera del país o en otra zona franca.
Beneficios en seguridad social: Aunque los aportes a la seguridad social de empleados y directores se mantienen, los trabajadores extranjeros pueden optar por no afiliarse al sistema de seguridad social uruguayo, exonerando a las empresas de estas obligaciones.
Exención en importaciones: La introducción de bienes, mercancías y materias primas a las zonas francas, independientemente de su origen, está exenta de impuestos.
Garantías estatales: El Estado asegura a los usuarios de zonas francas la estabilidad de los beneficios y exoneraciones tributarias, bajo responsabilidad de daños y perjuicios si se incumplen.
Además, las empresas en zonas francas pueden abrir cuentas bancarias tanto dentro como fuera de Uruguay, proporcionando flexibilidad operativa. Este régimen ha consolidado a Uruguay como un destino atractivo para inversiones, ofreciendo incentivos fiscales que favorecen la competitividad a nivel regional y global.
TRATADOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y TRATADOS DE DOBLE IMPOSICIÓN FISCAL
La celebración de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) es un pilar clave para fomentar un entorno de negocios favorable en Uruguay, fortaleciendo el mercado de capitales y haciendo más atractiva la inversión extranjera. Estos acuerdos brindan a los inversionistas protección frente a riesgos políticos o económicos, al tiempo que permiten la libre repatriación de dividendos y eliminan la necesidad de autorizaciones previas para operaciones financieras, lo que facilita la adquisición de acciones y la realización de transacciones en moneda extranjera.
Un aspecto fundamental de estos tratados es que no existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros, lo que garantiza igualdad de condiciones. Los inversionistas pueden ser tanto uruguayos como extranjeros, y no es necesario asociarse con una contraparte local para llevar a cabo negocios. Además, se pueden alcanzar acuerdos financieros y comerciales en moneda extranjera, un aspecto que da a Uruguay una ventaja comparativa respecto a otros países de la región, donde estas operaciones están más reguladas.
El marco regulatorio uruguayo también facilita la residencia de extranjeros, lo que añade un atractivo adicional para quienes buscan invertir o establecerse en el país. Existen diversas opciones de residencia, como la residencia legal, la residencia fiscal y una nueva categoría para nómades digitales, que ofrece flexibilidad para quienes trabajan de
manera remota y desean disfrutar de las ventajas de un sistema fiscal benigno.
Otro de los elementos clave del ecosistema uruguayo es su red de convenios para evitar la doble imposición. Estos tratados permiten mejorar la tributación de rentas específicas y evitar que los inversionistas sean gravados tanto en su país de origen como en Uruguay. Estos acuerdos cubren a 39 países y proporcionan mecanismos para eliminar la doble imposición, lo que optimiza las operaciones internacionales. Uruguay ha firmado convenios con países como Alemania, Canadá, Brasil, España, Italia, México, Japón, Corea del Sur, y Sudáfrica, entre otros.
Además, Uruguay ha avanzado en la transparencia fiscal al firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con múltiples países. Esto permite a las autoridades fiscales de las naciones involucradas obtener información relevante para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los inversionistas.
EL TRATADO CON ARGENTINA
El Tratado entre Argentina y Uruguay, aprobado por la Ley N° 19.032, es fundamental para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países, sobre todo en materia de inversiones y tributación. Este acuerdo cubre el intercambio de información tributaria y la eliminación de la doble imposición, lo que permite a las personas y empresas que operan en ambas jurisdicciones evitar la carga fiscal duplicada.
Una característica clave del mismo es la posibilidad de obtener un crédito fiscal por los impuestos pagados en el otro país. Esto significa que si una persona o empresa paga impuestos sobre rentas de fuente argentina, Uruguay otorga un crédito por esos pagos, y viceversa. Sin embargo, es importante señalar que el monto del crédito otorgado estará determinado por el menor de los dos impuestos: el pagado en Argentina o el que resulte de la aplicación del IRAE sobre la renta obtenida en Uruguay.
Además, una excepción interesante se da en los servicios técnicos, científicos, administrativos o similares, donde la exigencia de pureza de rentas no aplica. Esto simplifica la aplicación de retenciones y facilita la operativa entre ambos países en estos rubros.
Uruguay ha consolidado su reputación como un polo de inversión atractivo en Sudamérica, sustentado por un marco regulatorio flexible, una economía estable y un contexto político robusto. Estas condiciones, comparables a las de países más desarrollados, generan un entorno de confianza para los inversores nacionales y extranjeros. Los altos índices de democracia, libertades civiles y Estado de Derecho otorgan garantías adicionales, promoviendo el país como una opción segura y competitiva para establecer operaciones comerciales.
RESIDENCIA LEGAL. RESIDENCIA FISCAL. EL TAX HOLIDAY. NÓMADES DIGITALES
Residencia legal: Permite a cualquier extranjero establecerse en Uruguay y renovarla hasta que se obtenga la ciudadanía. Sin embargo, este estatus no concede automáticamente los derechos de los ciudadanos uruguayos.
Residencia fiscal: Ofrece a los extranjeros la posibilidad de ser gravados exclusivamente por Uruguay en caso de existir un convenio de doble imposición con su país de origen. Se puede obtener si se cumple alguna de las siguientes condiciones: permanencia en el país por más de 183 días, tener el núcleo de actividades o intereses en Uruguay, adquirir bienes inmuebles con un valor superior a USD 493.000 o participar en empresas por más de USD 15.000.000, generando al menos 15 empleos.
Nómades digitales: Este tipo de residencia está dirigida a quienes trabajan de manera remota para empresas extranjeras o como freelancers. Ofrece un permiso de seis meses, renovable por otros seis, y la posibilidad de optar luego por la residencia temporal o permanente.
* Jean Jacques Bragard, director de la firma de profesionales BRAGARD de Uruguay. BRAGARD es una firma full service en servicios legales. Asimismo tienen un área de servicios notariales y contables. Con sede en Montevideo, Zonamerica y Punta del Este hoy se colocó como una de las firmas más importantes de la plaza uruguaya. Su clientela está conformada por empresas uruguayas e internacionales. La firma es liderada por su managing partner y abogado JeanJacques Bragard. La forma se encuentra destacada por las editoriales legales más prestigiosas.
SAN JUAN
“No se trata de sustituir la perspectiva masculina sino de complementarla”
Es la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de San Juan. Su incorporación fue parte de la renovación completa que tuvo la institución. La ministra Adriana García Nieto recibió a Quórum en su despacho y no sólo defendió la inclusión de mujeres en lugares de poder sino también la necesidad de trabajar para tener una justicia más cercana y ajustar las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el Poder Judicial.
ué es la justicia para ustedes?
Como jueza, tengo la oportunidad de acercar lo que es la justicia, tanto como valor como virtud. La justicia como valor implica que a cada persona se le reconozca lo que le corresponde, y como virtud, significa la capacidad de otorgar lo que es debido. También implica que este valor sea real y concreto, que permita resolver un conflicto de manera efectiva y garantizar los derechos de todas las personas. Ser jueza es, para mí, ser un instrumento que permite hacer realidad ese valor y esa virtud. No me considero virtuosa, pero trabajo arduamente en la adquisición de virtudes. Creo que esta labor parte de un compromiso genuino con la responsabilidad social. Como miembros de la sociedad, debemos asumir nuestra pertenencia y, en el día a día, contribuir desde nuestra función a la construcción de una comunidad que respete el medio ambiente, los derechos humanos y a cada uno de sus ciudadanos. El valor y la virtud de la justicia son lo que me impulsa a hacer de cada jornada una oportunidad de servicio, uno que nos permite humanizarnos y construir una sociedad más justa y equitativa.
responsabilidad y trato de honrar cada día ese papel, esa función que es hacer justicia con mirada de mujer.
¿Qué le aporta una mujer a un órgano como este?
Ser jueza es, para mí, ser un instrumento que permite hacer realidad el valor y la virtud de la justicia.
¿Qué se siente ser la única mujer y la primera de la Corte Suprema de San Juan?
En primer lugar, es una gran responsabilidad. No sólo por lo que implica ser la primera mujer en la historia de la Corte de la provincia de San Juan, sino también por lo que significa. Porque vengo a representar la lucha de muchas mujeres. Siempre decimos que no es que llegó por méritos propios, sino por todas las mujeres que durante mucho tiempo lucharon e insistieron para romper el techo de cristal, para que pudiera haber una voz de una mujer en la Corte. Entonces, es un gran honor que asumo con mucha
Lo que aporta en la vida misma. La presencia de mujeres en espacios de poder aporta una visión integral e imprescindible para la toma de decisiones. No se trata de sustituir la perspectiva masculina, sino de complementarla, ya que una visión exclusivamente masculina sería incompleta. Tanto la voz de las mujeres como la de los hombres son válidas, pero juntas construyen una realidad más enriquecida. Las mujeres aportan una capacidad ejecutiva, una mirada humanizadora y la sensibilidad necesaria para abordar los problemas con una perspectiva más cercana y empática. Históricamente, la sensibilidad ha sido percibida como una debilidad en el ejercicio del poder, pero en realidad, potencia la toma de decisiones. Tenemos el poder ser sensibles a la realidad que nos circunda, de poder mirar a los ojos y estar cerca. Como mujeres, no buscamos ser tratadas igual que los hombres, sino ser respetadas en nuestra singularidad, con el mismo nivel de respeto hacia nuestras decisiones y opiniones. La inclusión femenina en los espacios de poder no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad, incluyendo a los hombres. Ha permitido que los hombres también se sientan más libres para expresar sus opiniones de manera más clara y hablar sobre cuestiones de género sin temor. En definitiva, la presencia femenina ha generado un impacto positivo en el ejercicio del poder, mejorando la sociedad en su conjunto.
¿Hubo un aporte en materia de género con esta composición de la Corte?
Sin duda, porque hubo que romper ese primer tema. Es decir ¿quién va a hablar de género? Para los varones era muy difícil porque estaba lleno de estereotipos y de prejuicios. La creación de la Oficina de la Mujer en la provincia de San Juan fue anterior a mi llegada a la Corte. Se realizó el año 2017 y los ministros de la Corte de ese entonces tuvieron ese primer gran acto de valentía pero era muy difícil poder poner en agenda los temas de género porque por supuesto lo urgente siempre le quitaba lugar a esto. Desde que estamos en la Corte hemos capacitado en Ley Micaela a más del 87% del Poder Judicial y hemos colaborado en la capacitación para el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como para organismos públicos y privados. Hemos salido de nuestro ámbito y hemos puesto en agenda para la sociedad
sanjuanina que la única manera de evitar las violencias que tanto nos duelen es poder desterrar los estereotipos y prejuicios que son los que marcan estos hechos de violencia. Si realmente aspiramos a construir una sociedad igualitaria, es fundamental erradicar aquellas actitudes que nos hacen vernos como diferentes. La agenda de género ha sido integrada como una política pública permanente dentro del Poder Judicial, sostenida a lo largo de los años sin importar quién lo presida o cuál sea la agenda particular de cada administración. Junto con la formación, la perspectiva de género ya no necesita ser debatida, sino simplemente gestionada. Este enfoque ha logrado replicarse en diversas oficinas judiciales y ministerios públicos, aunque, por supuesto, sigue requiriendo esfuerzo y gestión. Sin embargo, hemos dado un paso fundamental: la agenda de género ya está firmemente instalada.
Cuando fuiste presidenta del tribunal, ¿cuál fue tu principal objetivo?
Cuando asumí en la Corte de Justicia, siempre tuve una idea clara de lo que esperaba para el Poder Judicial: debía ser un poder cercano, palpable en la vida cotidiana de las personas, más humano. En ese momento se hablaba de una “justicia en cambio”, pero yo insistía en que el verdadero cambio debía ser lograr una justicia cercana. No sólo en términos de distancia física -que puede ser importante-, sino también en términos de accesibilidad al conocimiento.
La verdadera distancia no siempre está en los kilómetros que separan a una persona del edificio judicial, sino en no saber qué hacer, qué derechos tengo, a dónde acudir o cómo se resolverá mi situación. Hay muchas personas que, aunque tengan acceso a herramientas como internet, desconocen qué pasos deben seguir para hacer valer sus derechos. Una de nuestras principales preocupaciones fue desarrollar programas que acercaran la justicia a todos. Programas como “Justicia Rural” y “Justicia en tu Comunidad” son ejemplos de este esfuerzo. Durante dos o tres días, ministros, defensores, asesores, psicólogos y personal técnico del Poder Judicial se trasladan a zonas alejadas, más allá de los juzgados de paz, para establecer contacto directo con la población. Visitamos escuelas, damos charlas, y ponemos rostro a la justicia. Los chicos que tal vez hayan estudiado sobre el sistema judicial en la escuela nos ven en persona: al juez, a la policía, al defensor. Humanizamos el sistema. Además de brindar información sobre derechos y cómo acceder a la justicia, atendemos casos en el momento. Un ejemplo concreto es el trámite de la cuota alimentaria,
que puede parecer simple, pero que para muchas personas es complejo y requiere superar múltiples obstáculos. En estos programas, no sólo explicamos el proceso, sino que ayudamos a que las personas lo inicien de inmediato. También trabajamos en la prevención de la violencia a través de talleres como “Aprender a Querernos” y “Mi Cuerpo es Valioso”, donde enseñamos a niños y jóvenes a cuidar su cuerpo y a decir que no cuando es necesario. Lo importante de estos programas es que generan confianza en la comunidad. A menudo, después de las charlas, la gente se acerca a plantear situaciones que no sabían que podían denunciar o que no deberían estar ocurriendo. Durante la pandemia, enfrentamos el reto de estar cerca, aún cuando no podíamos hacerlo físicamente. En respuesta, implementamos herramientas digitales como una mesa de entrada virtual y un código QR para víctimas de violencia, que actualiza periódicamente los números de contacto de toda la provincia. La cercanía no es sólo física, sino también de información y apoyo, y eso es lo que hemos buscado lograr. Nuestro objetivo es seguir ajustando y mejorando, porque cada caso de violencia que ocurre es una llamada de atención para renovar nuestro compromiso.
Si aspiramos a construir
una sociedad igualitaria, es fundamental erradicar aquellos estereotipos y prejuicios que nos hacen vernos como diferentes.
¿Qué visión tienen los sanjuaninos de la Justicia?
Creo que existe una visión generalizada de que la justicia sería la culpable de todos los males. A nosotros, que tenemos que trabajar por la legitimación de la justicia, nos cuesta bastante poder poner de manifiesto el esfuerzo que hace la justicia provincial frente al conocimiento generalizado que hay sobre la justicia federal o nacional. La globalización hace que bajo el nombre de justicia estemos todos, pero no todos tenemos la misma realidad. La visión local es que la justicia provincial en San Juan ha dado un cambio importante con la
implementación de nuevos procesos es clave para entender el esfuerzo que se está haciendo para modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial. Procesos como el Acusatorio Adversarial y la Mediación Judicial previa obligatoria son ejemplos de cómo la justicia está buscando resolver conflictos de manera más rápida y efectiva, disminuyendo la carga judicial y promoviendo acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, también los sanjuaninos tienen la visión de que la justicia todavía no les da todo lo que se espera. Y ahí es cuando creo que tenemos que ajustar las expectativas. Somos conscientes que aún nos queda mucho por resolver. Tenemos que trabajar fuertemente para que los ciudadanos y las ciudadanas legitimen la justicia pero requiere un esfuerzo consciente por parte del Poder Judicial no sólo para mejorar sus procesos, sino también para educar a los ciudadanos sobre qué puede y qué no puede hacer la justicia, y cuáles son sus limitaciones inherentes.
La verdadera distancia no siempre está en los kilómetros
que separan a una
persona del edificio judicial, sino en no saber cómo hacer valer sus derechos.
Para ello, organizamos diplomaturas, talleres y trajimos expertos en la materia, todo prácticamente gratuito para los participantes. Cada política que implementa la Corte de Justicia, como la creación de la Oficina de Gestión Asociada o el Registro Único de Adoptantes, cuenta con el apoyo de la Escuela Judicial como herramienta de formación. Además, la escuela ha mantenido una apertura constante a propuestas externas, permitiendo que cualquier área del Poder Judicial solicite capacitaciones específicas según sus necesidades. Por ejemplo, si un juez de paz enfrenta dificultades con un trámite o formulario, se programa una capacitación abierta y accesible para todos los interesados. La colaboración con el Colegio de Magistrados, las universidades y otras instituciones ha sido constante, generando una amplia variedad de diplomaturas, congresos y talleres. Para nosotros, no hay temas más o menos importantes, sino una prioridad en la diversidad de contenidos. Un logro importante ha sido la creación de nuestra aula virtual, que, de manera visionaria, inauguramos antes de la pandemia y que ha sido fundamental para el desarrollo de programas como el Diplomado en Derechos Humanos y el Diplomado en Acceso a Justicia durante 2020. Además, gracias a un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Junta Federal de Cortes, alojamos y grabamos el curso obligatorio de la Ley de Salud Mental, el cual fue replicado en escuelas judiciales de todo el país. En San Juan, logramos una capacitación en salud mental de más del 90% de nuestro personal.
¿Qué opinas de la propuesta del presidente Javier Milei de dos candidatos hombres para la Corte?
¿Cómo están trabajando con la Escuela de Capacitación Judicial?
Es otro de mis corazoncitos. Es decir, como hija y nieta de docentes, entiendo que la formación es fundamental para cualquier sistema, pero sobre todo para un sistema que tenga que ver con la garantía de derechos. Hemos implementado un plan que ha sido clave para el desarrollo del sistema judicial, especialmente a través de la Escuela Judicial, que ya lleva 25 años en funcionamiento. Esta escuela es una herramienta fundamental de la Corte de Justicia para ejecutar sus políticas públicas y también para capacitar al personal del Poder Judicial. Cuando la Corte decidió implementar el Sistema Acusatorio Adversarial, fue nuestra responsabilidad asegurarnos de que todo el personal, desde jueces hasta funcionarios y abogados, estuviera debidamente capacitado.
En primer lugar, no tengo comentarios sobre los candidatos en sí. El problema radica en que, con esta propuesta, retrocedemos significativamente en términos de derechos humanos para las mujeres, y cuando digo esto me refiero a que damos dos o hasta veinte pasos atrás. Las convenciones internacionales que establecen el principio de igualdad acelerada indican que no se considerarán discriminatorias aquellas medidas destinadas a mantener o aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos de poder. En este sentido, Argentina estaría incumpliendo dicho principio. No se trata de que las mujeres quieran estar presentes en todos los espacios, sino de que tenemos el derecho de hacerlo. Nadie cuestiona por qué los hombres ocupan ciertos lugares, y tampoco se debería cuestionar la presencia de mujeres. Es más, nuestra participación es esencial por las perspectivas que aportamos, de lo contrario, seguiríamos operando con visiones sesgadas. Argumentar que las mujeres deben esperar
a que “crezcamos en número” para ocupar más espacios es como decirnos que esperemos a que haya un lugar libre, cuando en realidad tenemos tanto el derecho como la obligación de estar presentes y asumir las responsabilidades que ello implica. No es fácil proponernos, luchar por nuestros derechos y mantenernos en esos espacios, pero debemos asumir esa responsabilidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, toma decisiones para toda la sociedad, y esas decisiones deberían reflejar la pluralidad de la misma. Hemos visto que, con la incorporación de mujeres en la Corte, se ha avanzado en derechos no sólo para las mujeres, sino también para los hombres, porque una visión plural genera soluciones más inclusivas. Por lo tanto, esta propuesta de candidaturas masculinas representa un retroceso para el país, no sólo en términos de derechos de las mujeres, sino de los avances que habíamos logrado como sociedad.
Últimamente se ha puesto en discusión la palabra militar, pero ¿las mujeres militaron suficiente para que se proponga al menos una mujer para la Corte?
No considero que “militar” sea una mala palabra. Aunque a menudo se asocia con una cuestión partidaria, para mí, militar en una política pública es parte de nuestro rol como integrantes del Estado. Tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas, de hacer escuchar nuestra voz, ya sea que lo llamemos militar, poner en evidencia o
expresarnos. Se hizo a través de la Asociación de Mujeres, de la Junta Federal o de manera individual, y es necesario destacar estas acciones. A menudo, cuando las mujeres luchamos por nuestros derechos, se nos cuestiona cuánto hemos peleado para obtenerlos. Pero yo me pregunto: ¿cuánto han tenido que luchar los hombres para estar donde están? Pensar en igualdad y equidad requiere discernir qué cuestionamos, tanto mujeres como varones. Durante muchos años hemos denunciado techos de cristal, de cemento, y el piso pegajoso que nos impide crecer. Parecemos estar, pero no estamos en los espacios de poder. Entonces, cuando se generan vacantes que han sido ocupadas por mujeres, debería ser natural que esas vacantes las ocupen mujeres, como ocurre en muchos poderes judiciales del país. Recientemente, Formosa nombró a su primera ministra mujer, lo que demuestra que es posible avanzar. Cuando nos dicen que no hemos luchado lo suficiente, ¿qué más se espera de nosotras? Hemos utilizado todos los medios legales y constitucionales disponibles. Sin embargo, es el poder político el que tiene la última palabra. Aunque no podamos intervenir directamente, sí podemos advertir y señalar lo que consideramos injusto o fuera de derecho, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Hay mujeres para ocupar un cargo?
Hay muchas mujeres muy capacitadas y con mucho recorrido. Creo además que debe tener mirada federal. Dar
nombres sería excluir o sesgar. Podemos abrir el abanico, nos tenemos que atrever a ser un poco más disruptivos, con una mirada más abierta, porque a los poderes judiciales, a la justicia, la sociedad nos está pidiendo eso, una mirada más cercana, más humana.
El valor y la virtud de la justicia son lo que me impulsa a hacer de cada jornada una oportunidad de servicio.
Hablas de ser disruptiva. ¿Se puede ser disruptivo en la justicia?
Sí y a las pruebas me remito. La Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) con el Instituto de Tecnología e Innovación que preside Mario Adaro, desde la Red Jus Lab con la Diplomatura de Innovación venimos trabajando. Se viene trabajando desde hace varios años en cómo ser disruptivos e innovadores en el Poder Judicial, como hackear los poderes judiciales, que no tiene que ver con la compra de equipos informáticos o de nuevas programaciones, sino que tiene que ver de qué manera nosotros hackeamos nuestra cotidianeidad para poder hacerla mejor. Con lo que tenemos podemos hacerlo mejor. Se puede ser disruptivo, por supuesto, y tenemos la obligación de hacerlo. Esto de que si hacemos siempre lo mismo tenemos los mismos resultados no es solamente una, una frase es real. Entonces, si nosotros queremos que una, que la justicia sea una justicia cercana, que sea clara en lo que dice, que no sea ciega, sorda y muda, sino que es una justicia que vea, una justicia que escuche, una justicia que hable. Tiene que generar herramientas para poder ver, para poder escuchar y para poder hablar.
Por último, sos secretaria de JUFEJUS. ¿Qué significa este espacio?
La participación en la Junta Federal de Cortes ha sido un espacio clave para el crecimiento tanto personal como institucional desde que asumí como ministra de la Corte. Este ámbito fomenta la cooperación entre los poderes
judiciales provinciales, compartiendo políticas públicas, convenios y acuerdos que permiten la co-construcción de soluciones a desafíos comunes. Los poderes judiciales provinciales gestionan el 80% de las causas con impacto directo en la ciudadanía, por lo que la solidaridad y el intercambio de recursos y conocimientos entre provincias es fundamental. Un claro ejemplo es la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en San Juan. Para evitar desarrollar desde cero los programas informáticos de gestión, establecimos convenios con otras provincias como Río Negro y Chubut, adoptando y mejorando sus sistemas. Este trabajo colaborativo nos ha permitido avanzar y optimizar nuestros recursos de manera conjunta, fortaleciendo nuestras capacidades. El trabajo de los poderes judiciales provinciales se visibiliza a través de instituciones como REFLEJAR, que agrupa las escuelas judiciales del país, y el Instituto Federal de Tecnología e Innovación, donde se generan proyectos innovadores. Estas plataformas permiten que las provincias compartan ideas y soluciones tecnológicas, lo que se volvió crucial durante la pandemia. A las 72 horas del aislamiento obligatorio, las justicias provinciales se organizaron mediante reuniones virtuales para compartir estrategias y recursos, lo que permitió mantener la actividad judicial con rapidez y adaptabilidad. Este espíritu de colaboración se extiende en el trabajo diario, con equipos de distintas provincias que visitan otras jurisdicciones para aprender de sus experiencias y compartir sus propias soluciones. En cada reunión de la Junta Federal de Cortes, se identifican las necesidades de las provincias y se comparten recursos, convenios y prácticas exitosas. De esta manera, la solidaridad entre los poderes judiciales provinciales no solo fortalece las instituciones, sino que también garantiza una mejor respuesta y servicio a la ciudadanía.
No es de hablar públicamente. El fiscal Ramiro González ha tenido que abordar investigaciones de alto perfil, como la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, así como causas complejas relacionadas con corrupción.
En esta entrevista, analiza la situación actual del Ministerio Público Fiscal y reflexiona sobre la relación del Poder Judicial con los demás poderes del Estado.
¿En qué año asumió Ramiro González como fiscal federal?
Hace ya más de 20 años que trabajo de fiscal federal. Me designaron Fiscal Federal de Dolores en septiembre de 2004 y desde el 2006 también estoy a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). Más tarde, ya en Capital Federal, en el año 2012, quedé a cargo de la Fiscalía Federal N° 7 de la que soy titular y ya hace más de tres años que soy subrogante de la Fiscalía Federal N° 1 que además de penal, tiene competencia electoral de primera y segunda instancia ante la Cámara Nacional Electoral. Trabajo no me falta (sonríe).
Casal defiende fuertemente la independencia y autonomía cada vez que se pone en juego.
¿Qué cargos ocupó antes?
Antes de trabajar de fiscal, pasé por todos los cargos y funciones. Me inicié como meritorio y pasé absolutamente por todo el escalafón de la justicia. Tengo muchos años en este negocio (risas). Soy un penalista hecho y derecho, eso es así. Pero tengo mi corazoncito electoral, no voy a mentir. Como siempre digo, llegué a la Secretaría Electoral de Capital por un rato y me quedé como diez años. Primero como Prosecretario Electoral y después como Secretario Electoral de la Dra. María Servini. En el fuero electoral puedo decir que “me recibí de judicial”. Un fuero muy particular, con vida propia y con alcance geográfico verdaderamente federal. Además, su competencia se fue ampliando con el tiempo. En Electoral existen cuestiones de derecho constitucional, de la vida interna de los partidos, el control de su financiamiento y, cada vez más, cuestiones de derecho penal. ¿Completito, no? El fuero electoral es un mundo en el que me gusta vivir. Lo aprendí de muy joven y no dejo de sorprenderme con su evolución y desarrollo. Y claro, cada campaña, cada oficialización de listas, cada día de elección es una alegría. Que trae mucho
trabajo, claro, pero una fiesta. Fiesta de la democracia y no es una frase hecha, eh… Hace muchos años que votamos, cierto. Pero también hubo muchos años en los que no pudimos votar. De eso no hay que olvidarse. Celebrar cada domingo en el que vas y metes la boleta en la urna. Porque en ese acto sencillo, la verdad, estás jugando un partido de los grandes.
¿Cómo definiría la realidad del Ministerio Público Fiscal en la actualidad?
También ha cambiado mucho. El Ministerio Público Fiscal y en esto hablo de lo que más conozco- históricamente fue entendido como un órgano auxiliar. En lo penal como un “portero” de lujo. Un abre puertas de la investigación penal. El juez te corría una vista, el fiscal impulsaba la acción penal y capaz que la próxima que te enterabas era en el procesamiento, el sobreseimiento o cuando te decían que la instrucción estaba completa y había que elevar a juicio. Mirá, también en lo electoral… El Código todavía habla de “querella fiscal”, una expresión viejísima que casi no tiene ningún sentido. Claro, la reforma constitucional de 1994 creó el Ministerio Público como un órgano bifronte, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, con autonomía funcional y autarquía financiera. ¿Independiente y autónomo de quién? Ya para 1994, claramente el fiscal no era un apéndice del Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, dejaba atrás ese carácter de auxiliar del Poder Judicial. Eso dice la Constitución del 94. Pero pasaron más de 10 años de la reforma hasta que la Corte sacó el Fallo “Quiroga”. Recién a partir de ese momento quedó claro que ante el desacuerdo entre jueces y fiscales por la continuidad de la acción penal, la decisión definitiva no podía quedar en manos de los jueces porque eso, justamente, era la independencia y autonomía constitucional del 94. Más de 10 años después de la reforma se empieza a consolidar la idea de los fiscales independientes y autónomos de los jueces. Lo que quiero decir con esto es que la idea del Ministerio Público Fiscal autónomo e independiente no es producto de la Reforma del 94 y ahí se acabó. Es una construcción paciente y constante que tuvo sus distintos hitos. Y creo que, hoy día, es justo reconocerlo, el Dr. Eduardo Casal defiende fuertemente esa independencia y autonomía cada vez que se pone en juego. Es lo que un fiscal espera de su Procurador General. La misma construcción, sin prisa pero sin pausa, se vio con Fiscalías, Unidades o Áreas de especialidad. Se fueron creando, expandiendo o especializando de acuerdo a las necesidades y la
orientación de la política criminal del Ministerio Público y, en muchos casos, tienen una intervención determinante en las investigaciones. Lo mismo sucedió en las relaciones entre Ministerios Públicos. Pongo como ejemplo la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos. Una red de cooperación entre 22 Ministerios Públicos o Fiscalías de Iberoamérica. Argentina, el Dr. Casal como Procurador General, fue elegido por unanimidad para presidir el organismo en el período 2024-2026. Y aún más, el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, preside la Asociación Internacional de Fiscales. Tampoco puedo dejar de destacar la tarea del Dr. Carlos Rívolo, luego de Ricardo Toranzos que desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) han hecho mucho por estrechar vínculos entre fiscales y funcionarios a lo largo y ancho del país. Mi conclusión es que el Ministerio Público Fiscal avanza, se especializa y se consolida en el desarrollo de su política criminal de forma paulatina pero con mucho vigor. Realmente creo que el Ministerio Público Fiscal es el actor con más vitalidad dentro del sistema de justicia. La implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal es una muestra de lo que intento decir.
¿Qué características definen su enfoque en las investigaciones judiciales?
No todas las investigaciones son iguales o tienen las mismas características pero es cierto que cada representante del Ministerio Público tiene su forma de encarar el caso. Personalmente prefiero, desde la mirada de quien dirige la investigación, como principio en la forma de actuación, el bajo perfil. Si alguien no debió saber que está siendo investigado, para qué publicarlo o hacerle saber quién lo investiga ¿verdad? Luego el trabajo en equipo, que en realidad es lo que priorizo. Cada vez parece más claro que a mayor complejidad de una investigación, mayor es la necesidad de combinar capacidad técnica para abordarla con el oficio de los tribunales, eso que se aprende llevando causas y no sólo en el posgrado. Es un equilibrio difícil, a veces lográs juntar en una misma persona las dos características y ahí tenés medio partido en la bolsa, pero muchas veces no. Y el que gana es el que juega con el mejor equipo. Creo que esas son dos características que pueden identificar mi enfoque en la investigación penal. El bajo perfil en la actividad procesal y la formación de equipos de trabajo altamente calificados para llevar de un modo efectivo y eficaz la investigación
del caso. Luego, los resultados no sólo dependen de la fiscalía, claramente, pero su incidencia es innegable.
El fuero electoral es un mundo en el que me gusta vivir.
Muchas veces se afirma que las investigaciones judiciales complejas vienen aparejadas de operadores o presiones de toda índole. ¿A usted le pasó?
Las brujas no existen pero que las hay, las hay, dicen ¿no?… (se ríe) Mirá, el Poder Judicial y el Ministerio Público son poderes políticos del Estado. Tienen, en el ámbito de su competencia técnica, comportamientos políticos que influyen o inciden. Se expresan en dictámenes o sentencias. Yo no creo que determinen, pero sí inciden en la vida pública de la sociedad. Como alguna vez le dijo (Enrique) Petracchi a Mariano Grondona, el juez es político, a lo sumo será como el cangrejo que es crustáceo pero no lo sabe… Y si así son las cosas, como en todo sistema político democrático, los poderes de derecho, coexisten con poderes de hecho. Los poderes fácticos; los grupos de interés -inclusive legalizados en forma de lobby en algunos países- existen. Forman parte del sistema. El límite siempre es la independencia y la imparcialidad del Judicial y también la objetividad del Ministerio Público. Si las instituciones son fuertes, las presiones pasan a un muy segundo plano. También un poco la búsqueda de conspiraciones en la actuación de jueces y fiscales es medio un deporte nacional (se ríe). En general, la explicación correcta, siempre es la más sencilla. En las causas, de acuerdo con los hechos y el derecho, hago lo que creo que tengo que hacer. Pasa que a veces el resultado no gusta, a unos o a otros. Pero ese no debería ser mi problema, de hecho no lo es. Mi problema es que el caso se estudie, se decida qué hacer, se funde correctamente y se presente un dictamen de acuerdo a la ley.
Le tocó investigar causas emblemáticas que tuvieron un alto impacto mediático, político y social, la última fue la imputación por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández…
Primero y ante todo. ¿La Justicia Federal está preparada para investigar delitos en torno al género? No es habitual que en el fuero federal tramiten causas de violencia contra las mujeres, pero la perspectiva de género es transversal para la interpretación de los hechos y la aplicación del derecho. No es una temática que desconocemos. Hay casos donde tenemos que pensar con esa perspectiva cuestiones de ejecución de la pena, por ejemplo. Hay mucho del tema en expedientes de trata de personas, sobre todo en caso de mujeres en situación de prostitución que son víctimas de explotación sexual, también laboral. Lo mismo sucede en las causas de drogas. Existe una visión particular de las condiciones de vulnerabilidad de mujeres que son utilizadas como mulas por los traficantes y en eso hay buenos desarrollos de cómo abordar su situación penal con perspectiva de género. Sólo pongo ejemplos; hay mucho más trabajo en el tema de lo que se piensa. También hay casos, digamos, más clásicos que quedan en el fuero por el lugar o por las personas: agresiones sexuales en contextos de encierro que involucran al Servicio Penitenciario Federal, por poner un caso. Hay gente del fuero muy preparada para abordar estas temáticas.
¿Por qué la causa contra el ex Presidente quedó en el fuero federal, no se debería tramitar en el fuero ordinario?
De ese expediente preferiría comentarte sólo cuestiones generales que no hacen a su trámite específico, ni tengan el riesgo de comprometer mi opinión sobre algún tema puntual.
¿Qué fiscalías especializadas participaron con usted en esta investigación y que aportes le dieron?
En el expediente tienen intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que está a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta y la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración (DOVIC), que está a cargo de la Dra. Malena Derdoy. También colabora en el expediente el Área de Comunicación de la Procuración con relevamientos de medios que, para nosotros, serían muy complejos hacer y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que está a cargo de Romina Del Buono, en las cuestiones más técnicas. La UFEM tuvo una
participación muy relevante en la declaración testimonial que le tomamos a la víctima. La asistencia y acompañamiento del área a cargo de la Dra. Derdoy ha tenido y tiene una destacadísima intervención en la causa a través de las profesionales del programa de atención a víctimas de violencia de género. Una actuación seria, respetuosa y muy reservada, incluso para la fiscalía, hasta que se presentaron sus primeras conclusiones sobre el caso. Un poco lo que comentaba antes. El Ministerio Público Fiscal cuenta con recursos humanos altamente calificados para abordar estos temas, y sumado a lo que aportamos desde la fiscalía como equipo de trabajo, pronto esperamos tener las conclusiones sobre esta etapa de recolección de evidencias.
Usted es un especialista en delitos de corrupción. ¿Qué cambios y nuevas herramientas se necesitan en la Justicia para poder avanzar con más rapidez en este tipo de delitos?
Los delitos vinculados con la corrupción de funcionarios públicos, la criminalidad compleja en general, está rodeada de algunas particularidades. Para empezar son investigaciones grandes, con mucho volumen. También tienen como característica que la prueba está atravesada por cierta especificidad: cuestiones contables, de procedimientos administrativos, licitaciones, balances de empresas públicas y privadas, movimientos de dinero en Argentina y en el exterior por canales oficiales o no oficiales, la necesidad de producir prueba fuera del país y así… Los recursos humanos para comprender correctamente la especificidad de algunas pruebas y las herramientas técnicas para poder procesar ese gran volumen de datos, parecen sustanciales para mejorar los formatos de investigación. Hay cuestiones presupuestarias de por medio, claro, pero el Poder Judicial siempre tuvo más fortalezas que el Ministerio Público en esos campos. Los cuerpos de peritos de la Corte a los que solemos recurrir desde las fiscalías y, más nuevo en el tiempo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO) son estructuras del Poder Judicial altamente profesionalizadas con la capacidad de procesar cada vez mejor las necesidades vinculadas con estos casos. El Ministerio Público Fiscal necesita expandir herramientas propias. Por supuesto que recurrir a la colaboración de las Procuradurías o Unidades especializadas es muy relevante para los que estamos a cargo de la investigación. Lo digo desde la vieja Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos
y Trata de Personas (UFASE) que tenía a cargo Alberto Gentilli hasta estructuras más nuevas, digamos, como la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) a cargo del Dr. Marquevich. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias para la narco criminalidad; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco para los aspectos económico-financieros, por poner ejemplos, tienen recursos humanos valiosos y muy capacitados para la especificidad que los casos requieren. Según mi opinión, para las fiscalías, sería relevante contar con mayor apoyo técnico, tecnológico. Recientemente el Procurador avanzó con un reordenamiento de la estructura de la DATIP. El apoyo tecnológico a la investigación que el propio Ministerio Público Fiscal pueda desarrollar me parece una clave sustancial para mejorar estas investigaciones complejas.
Si las instituciones son fuertes, las presiones pasan a un muy segundo plano.
¿Qué relevancia tiene la independencia de González en su trabajo como fiscal en causas de alto perfil?
Comentaba que una de mis características como fiscal es el bajo perfil para el desarrollo de la actividad procesal. Sucede que las causas de relevancia pública incrementan la exposición, entonces ¿Qué hacer? No dejar de reconocer la relevancia que el caso tiene, pero hacer lo mismo de siempre. Armar un equipo de trabajo sólido, estudiar el caso, recolectar con objetividad las pruebas pertinentes y útiles, solicitar intervenciones especializadas, tomar decisiones, fundarlas y exponerlas para el escrutinio público en un dictamen. No tengo fórmulas mágicas para la objetividad. Mucho trabajo, muchas horas culo/silla se decía antes, y confianza en el equipo de las fiscalías. La objetividad no es un tema para mí. En causas de alto perfil, como en cualquiera, dictaminar de acuerdo a las pruebas y la interpretación que tengo del derecho aplicable. Esa es la mejor garantía que se puede ofrecer en un caso.
¿Cuál es su perfil académico y cómo ha influido en su trabajo como fiscal?
Soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Derecho Ambiental, también por la UBA. Buena parte de mis actividades académicas están vinculadas con, tal vez, ese espacio menos conocido que es el derecho ambiental sobre el cual me he formado y que se cruza con mi trabajo en la UFIMA desde hace 18 años.
Mis artículos más importantes están vinculados con esa temática. Desde lo que significó la creación de una Unidad Especial de investigación en la materia, pasando por la protección penal y la responsabilidad en materia ambiental. En los primeros años de la UFIMA tuvimos una enorme cantidad de congresos, jornadas, seminarios, nacionales e internacionales, sobre derecho ambiental. Recuerdo que entre 2007 y 2010 tuve una actividad muy intensa, como invitado y como expositor en foros sobre las más variadas temáticas relativas al derecho ambiental, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. Tampoco olvido mi corazoncito electoral. Escribí sobre varias de sus cuestiones, me formé, además de la práctica, en esa materia y hasta no hace tanto fui profesor sobre Instituciones de Derecho Público en Ciencias Económicas de la UBA durante 16 años. Lamento tener cada vez menos tiempo para dedicarle a la academia o a la producción teórica, pero no las abandono. Estos temas forman parte de mi vida en el día a día. Todos los días.
Para las fiscalías sería relevante contar con mayor apoyo técnico y tecnológico.
¿Cuál es su pasión a parte del trabajo?
Toda la actividad deportiva. Básquet, vóley, tenis, el fútbol y mi amor por San Lorenzo…. El deporte es mi otra pasión.
¿Un libro preferido?
De pibe, en Bahía, me pasaba el rato en una biblioteca de
la calle Colón; la biblioteca Bernardino Rivadavia. Buscaba libros, diarios viejos… Mi vieja en lugar de mandarme a la biblioteca, me ponía como penitencia que no fuera (risas).
Linda época. Don Segundo Sombra, de Güiraldes, es un libro que me marcó de chico.
¿Una película?
Te diría Cuatro bodas y un funeral. Pero hay que negarlo Benjamín, eh… me quedo con el Secreto de sus ojos.
¿Una comida?
El asado con amigos y malbec, en cualquier orden (se ríe).
¿A quién admira?
Mi viejo se fue joven, a los 60. Cada vez que tengo algún logro, alguna alegría, hago un guiño al cielo y me sigo acordando de mi viejo. A él lo admiro. Y a María Servini. La pasión por su trabajo, las horas y horas de dedicación, el estar al tanto de todo… Llegar a un lugar tan importante en una época en la que siendo mujer era muy difícil… No compartimos carácter eso sí, eh (suelta la carcajada). A ella la admiro profundamente.
¿Cuál es su deseo?
La vida es larga pero dura poco y hay que vivirla. La felicidad de las cosas, grandes o pequeñas de la vida de los que me rodean es muy importante para mí. Mi deseo son los deseos de mi familia, de mis amigos y de mi gente.
REDACCIÓN: Alejandra Lazo
El incremento de las apuestas online en Argentina ha sido exponencial en la última década, impulsado por el avance tecnológico y exacerbado por la pandemia. Con más de 1,2 millones de usuarios activos y una creciente participación de adolescentes, el juego online genera preocupación entre especialistas, que alertan sobre los riesgos emocionales y financieros. La falta de regulación efectiva y la publicidad dirigida a menores son algunos de los principales desafíos que enfrenta el país en este complejo panorama.
El juego online ha experimentado un crecimiento vertiginoso a nivel mundial en los últimos años, impulsado por diversos factores tecnológicos y socioeconómicos que lo han convertido en un fenómeno global. En 2023, su valor de mercado se estimó en más de 90.000 millones de dólares, y se proyecta que continúe en ascenso, con predicciones que apuntan a superar los 150.000 millones de dólares para 2030. Europa, América del Norte y AsiaPacífico son las regiones con mayor participación en este mercado, aunque América Latina y África también muestran un crecimiento notable.
Durante la pandemia de COVID-19, la suspensión de eventos presenciales y el cierre de casinos físicos llevaron a que las apuestas online se convirtieran en la alternativa más buscada. En Argentina, por ejemplo, los datos suministrados por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA) muestran que la cantidad de jugadores online se cuadruplicó en diez años, pasando de 300.000 usuarios en 2013 a más de 1,2 millones en 2023. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la mayor penetración de internet, que actualmente alcanza al 90% de los hogares, y por la expansión de la conectividad móvil, que permite un acceso constante a las plataformas de apuestas.
Según la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), el número de nuevos usuarios en plataformas de apuestas creció un 30% durante el periodo 2020-2021, mientras que el volumen de apuestas aumentó un 50%, alcanzando un total de más de 2.000 millones de dólares anuales en 2022.
Los jóvenes han sido uno de los grupos más vulnerables frente a la expansión de las apuestas online. Ocho de cada diez adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online en el último año. De
estos, el 37% ingresa a apps o páginas web de juegos, también conocidas como casinos virtuales, con frecuencia o diariamente.
Estos datos provienen de una encuesta realizada por Unicef Argentina y la organización Bienestar Digital a cerca de 600 adolescentes y jóvenes entre el 27 de junio y el 5 de agosto de 2024. Del total de entrevistados, el 58% eran mujeres y el 38% se identificó como hombre. El 66% tenía entre 18 y 24 años, y el porcentaje restante, entre 13 y 18 años.
Además, según Unicef, más de 7 de cada 10 jóvenes consultados conocen alguna web o app de apuestas online, cifra que se eleva al 95% en el caso de los adolescentes. Por su parte, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires informó que más del 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años ha participado en apuestas online al menos una vez, y el 15% de ellos presenta signos de comportamiento compulsivo. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de los jóvenes hace su primera apuesta entre los 14 y 17 años.
¿Qué impulsa a un adolescente a apostar?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que los jóvenes pueden ser impulsados a apostar por una combinación de factores psicológicos, sociales y emocionales. Entre ellos destacan la curiosidad y la búsqueda de emociones fuertes, la presión social, el deseo de escapar de problemas emocionales, el fácil acceso proporcionado por la tecnología, la ilusión de control y creencias distorsionadas sobre las apuestas, la influencia de modelos familiares o cercanos, la necesidad de independencia económica, y la constante exposición a publicidad y promoción de juegos de azar.
El impacto del juego en los jóvenes no es solo económico, sino también emocional. Las apuestas generan falsas expectativas de ganancias rápidas, lo que puede llevar a los jugadores a gastar grandes sumas de dinero, ocasionando endeudamiento y conflictos familiares. Además, el juego compulsivo está vinculado con un deterioro en la salud mental, evidenciado en síntomas de ansiedad, estrés y, en algunos casos, depresión. La sensación constante de pérdida y la presión por recuperar el dinero apostado pueden llevar al aislamiento social y a una disminución en el rendimiento académico o laboral.
De acuerdo con los datos de Unicef, más de uno de cada dos adolescentes y jóvenes apuesta principalmente para ganar dinero, mientras que tres de cada diez lo hacen por diversión o entretenimiento. El 9% piensa en apostar online todos los días, el 17% lo hace con frecuencia, y el 38% algunas veces. Solo el 36% nunca considera apostar online.
Falta de regulación y controles deficientes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adicción al juego, también conocida como ludopatía, como una enfermedad que incluye tanto los juegos de azar tradicionales como los “juegos digitales” o “videojuegos”. El juego en línea se vuelve problemático cuando se practica de forma recurrente y descontrolada. La ludopatía digital se refiere al impulso incontrolable de participar en apuestas o juegos de azar, a pesar de las pérdidas económicas y las consecuencias negativas que puede generar en el trabajo, la familia y las relaciones sociales.
Esta problemática afecta a todas las clases sociales, aunque tiene mayor incidencia entre los adolescentes, especialmente entre los varones. Es importante distinguir entre el juego recreativo, que puede ser una actividad de entretenimiento, y el juego problemático, que anula la voluntad y puede requerir la intervención de un profesional de la salud.
En Argentina, la regulación de las apuestas online y el juego es competencia de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, existen normativas
comunes, como el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación Argentina, que sanciona a quienes exploten, administren, operen u organicen juegos de azar sin la debida autorización, aunque no se refiere específicamente a menores de edad.
Los sitios de apuestas legales en Argentina están identificados con el dominio .bet.ar. Los que no utilizan este dominio son considerados ilegales. Actualmente, 17 provincias han dictado su propia legislación en esta materia, lo que implica que ciertos sitios pueden estar habilitados en algunas jurisdicciones y no en otras, dificultando los controles.
En la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado) es el organismo encargado de autorizar, explotar, recaudar, administrar y controlar los juegos de azar y apuestas en línea, según la Ley N° 5.785. La operación de juegos en línea comenzó en la ciudad a fines de 2021 y hasta 2024 contaba con 11 plataformas autorizadas, todas ellas cumpliendo con los más altos estándares técnicos y regulatorios de la industria. Este año se cerró la convocatoria para el otorgamiento de nuevos permisos para Agencias de Juego en línea, como parte de las acciones de concientización llevadas a cabo.
La ilegalidad, la madre de todas las batallas
Una preocupación central en el ámbito de las apuestas online es la facilidad con la que los menores pueden acceder a estas plataformas, especialmente a través de
canales como Telegram, donde el anonimato y la falta de control hacen prácticamente imposible rastrear dichas actividades. Aunque legalmente los menores de 18 años tienen prohibido participar en apuestas, muchos adolescentes logran sortear esta restricción falsificando datos o utilizando la información de un adulto para crear perfiles falsos.
Algunos menores apuestan directamente en los sitios web, mientras que otros recurren a intermediarios, conocidos como “cajeros”. Estos “cajeros” modernos operan en colegios y clubes, recaudando dinero de otros adolescentes y destinándolo a sitios de apuestas, por lo cual reciben una comisión. Según Unicef, el 42% de los adolescentes accede directamente a las apuestas, mientras que el 30% lo hace a través de un intermediario o cajero.
LOTBA ha establecido alianzas con diversas instituciones para eliminar contenido y bloquear perfiles o usuarios que promuevan el juego no autorizado. Estas políticas se materializan a través de convenios de colaboración con las loterías del país mediante ALEA, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, y organismos internacionales como Sportradar, que detectan patrones sospechosos de apuestas, facilitando denuncias, allanamientos y bloqueos.
En este contexto, ALEA ha firmado acuerdos con NIC Argentina, ENACOM, META (Facebook e Instagram), Mercado Libre y Rapipago. Como resultado, en 2024 se bloquearon perfiles en redes sociales y anuncios publicitarios, se desactivaron sitios web con dominios .AR, y se solicitaron bajas de publicaciones en Mercado Libre. También se enviaron cartas documento a influencers y a un medio de comunicación involucrado en la promoción de apuestas.
Sin embargo, estos esfuerzos tienen un impacto temporal, ya que los sitios ilegales están preparados para reactivar nuevas versiones de sus dominios en un plazo de 24 horas, lo que dificulta la erradicación definitiva de estas actividades.
Un negocio que sirve para otros negocios
La consulta realizada por Unicef reveló que los adolescentes se sienten más expuestos a las marcas de apuestas online principalmente a través de la publicidad en internet (35%) y los influencers de redes sociales (27%). También destacaron la presencia de estas marcas en eventos deportivos (14%).
Estos resultados coinciden con las preocupaciones de los especialistas, quienes critican la creciente publicidad de casas de apuestas legales en estadios, camisetas de fútbol y la promoción por parte de influencers.
Entre las marcas más mencionadas por los encuestados se encuentran Casino, Betsson, Bet365, bplay y Betano. Es importante señalar que tanto Betsson, patrocinador de clubes como el Inter de Milán, Boca Juniors, Racing Club y Atlético Nacional, como Betano, patrocinador global oficial de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, están registradas en la provincia de Buenos Aires.
Los streamers se han convertido en un medio eficaz para atraer a los jóvenes al mundo de las apuestas online. A pesar de incluir breves advertencias sobre la restricción para mayores de 18 años, muchos utilizan estrategias de marketing que apelan directamente a audiencias más jóvenes, sin considerar las implicaciones legales o éticas. Ejemplos como Santutu y Facu Asmus trabajan para plataformas de apuestas ilegales como 1xbet, una empresa que opera legalmente en algunos países, como España, pero de forma ilegal en gran parte de América Latina. Estos streamers no solo juegan online, sino que crean contenido en el que incentivan a sus seguidores a apostar, alimentando la falsa percepción de que es posible ganar o, al menos, no perder.
En diálogo con Quórum José Ignacio del Pino, empresario que trabajó durante muchos años en la industria del juego, expresó su crítica hacia la falta de responsabilidad de las empresas actuales, que no se autorregulan de manera adecuada para prevenir que menores accedan a las apuestas.
Aunque no está en contra de la industria, Del Pino afirmó que “las empresas deben ser más responsables y sensibles al contratar a celebridades que son seguidas mayoritariamente por menores”.
Aunque prefirió no abundar en ejemplos, el primero que se viene a la cabeza es el caso de bplay, que sumó como embajador de su marca al futbolista Emiliano “Dibu” Martínez, un ídolo de los niños con gran influencia entre los jóvenes. Aunque bplay justificó esta elección como parte de una estrategia para “construir la identidad de la marca” y promover el mensaje de “Hacele caso a Dibu, solo para mayores de 18 años”, esta decisión ha generado cuestionamientos sobre el impacto que figuras tan influyentes pueden tener en la atracción de menores hacia el juego.
El silencio no ayuda
Según los datos de Unicef, cerca de la mitad de los niños buscaría ayuda en su familia si enfrentara problemas relacionados con las apuestas online, mientras que solo dos de cada diez recurrirían a amigos. Apenas el 6% acudiría a la escuela en busca de apoyo. Además, cuatro de cada diez admiten que nunca se ha hablado en casa sobre los riesgos de apostar online, y el 39% solo ha tenido conversaciones esporádicas al respecto.
Desde el Estado se están implementando medidas para visibilizar esta problemática. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Capital Humano, lanzó la campaña “Cuando apostás al juego siempre perdés” con el objetivo de concientizar y prevenir el consumo problemático de apuestas online entre los adolescentes. Esta iniciativa se puso en marcha el 26 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, debido al creciente problema de adicción a los juegos de azar entre los jóvenes, que afecta su salud y sus relaciones personales.
El Gobierno de la Ciudad ha definido un plan integral para abordar esta situación desde diferentes frentes. Las acciones incluyen:
• Mesas de trabajo con especialistas para desarrollar estrategias que involucren todas las áreas del GCBA.
• La creación de un servicio especializado en el Hospital Álvarez, ofrecido por el Ministerio de Salud.
• La habilitación de las primeras vacantes para tratamiento en colaboración con la fundación Convivir, por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
• La disponibilidad de la línea 108 (opción 3) las 24 horas para la atención de casos de ludopatía.
• La creación de una fiscalía especializada para recibir denuncias y combatir el juego ilegal.
• El trabajo en la Legislatura para generar un proyecto de ley que unifique las iniciativas existentes.
• La creación de una red de prevención junto a clubes y organizaciones barriales.
• La regulación del uso de celulares en las escuelas.
• La colaboración entre la Secretaría de Innovación y Transformación Digital y el Ministerio de Educación, que resultó en el bloqueo del acceso a más de 1.200 sitios de juego online, tanto legales como ilegales, en más de 1.700 escuelas de gestión pública. Esta medida se extendió a la red BAWIFI, cubriendo espacios públicos y otros lugares de la ciudad.
• Acciones de concientización en clubes y polideportivos, junto a la Secretaría de Deportes.
• Activaciones durante las vacaciones de invierno en las Estaciones Saludables, en colaboración con la Secretaría de Bienestar Integral.
• Además, LOTBA está llevando a cabo talleres informativos y capacitaciones para concientizar a los adultos sobre esta problemática. Se han realizado charlas virtuales abiertas a la comunidad y se ha capacitado a empleados de LOTBA, GCBA, salas de juego, agencias de juego en línea, así como al personal de líneas de atención telefónica. Hasta el 30 de septiembre de 2024, más de 12.000 personas han participado en estas actividades, incluyendo 6.200 adolescentes.
Por su parte, Del Pino se enfoca en brindar charlas a padres y profesores sobre el impacto de las apuestas online y la desconexión entre adolescentes y padres en relación con el entorno digital. Su objetivo es ayudar a los adultos a comprender mejor el mundo en el que viven sus hijos y a participar activamente en su vida online, protegiéndolos de los riesgos asociados. También subraya la importancia de educar a los jóvenes sobre finanzas y juego responsable, para que puedan tomar decisiones informadas.
Los talleres, charlas y campañas gubernamentales son cruciales para abordar esta problemática. Sin embargo, es esencial que los padres hagan un esfuerzo por comunicarse con sus hijos sobre estos temas. Excluirse del mundo digital, argumentando que “no lo entendemos”, sólo genera una mayor distancia. Si no logramos entender su entorno, es probable que los adolescentes opten por no compartir sus inquietudes con nosotros. Mantener una comunicación
abierta y sin prejuicios es fundamental, ya que este fenómeno afecta a todos.
Por otro lado, las empresas deben evitar la promoción excesiva del juego y garantizar que su publicidad no sea engañosa ni esté dirigida a menores. Además de cumplir con los reguladores, los operadores de juegos deben considerar el riesgo reputacional de atraer a jóvenes.
Si no se avanza en la regulación, en la concientización, en que sitios de apuestas online ya no figuren en las remeras de los equipos de fútbol, en que se sancione a los streamers que promocionen el juego de menores en sitios ilegales, en que no haya billeteras de pago (que además dan créditos a los usuarios) que tengan publicidades que promuevan los juegos de azar, será un game over para gran parte de la sociedad.
Uno de los capítulos más importantes que contiene la ley Bases aprobada este año por el Congreso Nacional es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un régimen de fomento que prevé, por un plazo de 30 años, importantes beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros tanto para inversores locales como internacionales, para proyectos de más de 200 millones de dólares.
El objetivo de este régimen es incentivar la llegada al país de grandes inversiones a los fines de promover el desarrollo económico. En primer lugar, es dable comprender que el hecho de fomentar a las grandes inversiones no implica una violación al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Nacional (art. 16), dado que dicho principio, como bien señala la Corte Suprema de Justicia, exige que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. En este entendimiento, una inversión de menor monto no se encuentra en igualdad de condiciones con una de más de 200 millones de dólares. Asimismo, siempre existieron en nuestro ordenamiento jurídico regímenes de fomento a sujetos categorizados a partir de límites cuantitativos, como es el caso de ley de PYMES, por poner un ejemplo.
Ahora bien, la ley Bases limitó el RIGI a nueve sectores de la economía, a saber: Forestoindustria, Turismo, Infraestructura, Minería, Petróleo, Siderurgia, Energía, Gas y Tecnología. Es evidente que la mera enunciación de estos sectores deja en evidencia que se trata de sectores amplios e indefinidos. Por ello, la reglamentación del RIGI, dictada por Decreto 749/24, Anexo I, buscó definir con mayor precisión el alcance de cada sector, aunque a pesar de dicho esfuerzo sectores como el de infraestructura o el de tecnología quedaron aún muy amplios.
Una situación que no ha pasado desapercibida es que la reglamentación excluyó del RIGI a los proyectos de explotación de petróleo on shore, tanto convencional como no convencional (no así los off Shore, como el que se está realizando mar adentro frente a la Ciudad de Mar del Plata).
Si bien La Ley Bases autorizaba al Poder Ejecutivo a elevar el piso mínimo requerido para ciertas inversiones (como hizo con los proyectos de GNL, que elevó a 600 millones) no vemos posible que vía reglamentaria se puedan excluir importantes actividades de sectores que estaban autorizados por la misma Ley, como es el caso del sector del Petróleo.
Las inversiones que quieran adherirse al RIGI deberán realizarse a través de un Vehículo de propósito específico (VPU), una figura creada por este propio régimen. En efecto, podrán ser VPU una Sociedad Anónima, una Sociedad de Responsabilidad Limitada, los Contratos Asociativos, las sucursales de sociedades extranjeras, pero en todos los casos siempre que sean de objeto exclusivo respecto de ese proyecto RIGI determinado. También pueden ser sujetos habilitados para el RIGI las sucursales dedicadas de sociedades existentes que tengan objeto múltiple. Este caso particular, que es también una creación nueva propia de este régimen de fomento, implica la separación de activos y pasivos para un proyecto específico, pero careciendo estas sucursales de personería jurídica distinta de la sociedad que la contiene. No obstante ello, sí deberán estar inscriptas de forma separada, obtener CUIT, ser de objeto único y llevar una contabilidad separada.
El régimen RIGI está enfocado a inversiones de largo plazo, a las que se le exige una importante inversión inicial. En efecto, el RIGI exige para las grandes inversiones que al menos el 40% del desembolso de la inversión deba ser realizado dentro de los dos años de vida útil del proyecto. Existen también, bajo este mismo régimen, unas inversiones aún más grandes, denominadas Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo, a las cuales se les otorga mejores beneficios, pero que deben ser inversiones mayores a 2.000 millones de dólares y apuntar a colocar a argentina como proveedor en mercados globales donde no cuente con una participación relevante (la reglamentación de todas maneras morigeró bastante esta exigencia).
El RIGI no viola el principio de igualdad, ya que grandes inversiones no son equiparables a menores montos.
Entre los beneficios impositivos más interesantes que tiene este régimen, que lo hacen tan atractivo, está la baja de 10 puntos en el impuesto a las ganancias, la posibilidad de una amortización acelerada, el traslado de los quebrantos impositivos sin límite temporal, la reducción del 7% al
3.5% del impuesto a la distribución de dividendos pasado cierto año, el cómputo a cuenta de ganancias del pago del impuesto sobre los débitos y los créditos, y la posibilidad de pagar el I.V.A. mediante la entrega de certificados de crédito fiscales.
El régimen ofrece una reducción de 10 puntos en el impuesto a las ganancias y otros beneficios fiscales.
margen de discrecionalidad en la toma de decisión, en la medida que la evaluación que debe realizar la Autoridad de Aplicación en un plazo de 45 días (que puede extenderse si se requiere del particular mayor información) deberá contener por ejemplo un análisis del impacto del proyecto en la competencia con emprendimientos ya existentes, un análisis sobre el impacto del proyecto en el mercado local de cambios (introducido por la reglamentación), e incluso un análisis respecto a si el plazo propuesto para alcanzar el monto mínimo de inversión resulta razonable, o excesivo e injustificado, no existiendo previamente (ni en la Ley ni en la reglamentación) ningún parámetro para calcular o medir esta regla.
Respecto de los incentivos aduaneros, el RIGI prevé una alícuota del 0% para las importaciones, sujeta obviamente a la comprobación de destino; y una alícuota del 0% a las exportaciones a partir de los 3 años, lo que en muchos casos significará la exención de retenciones desde que el proyecto está en condiciones de exportar el producto. Una cuestión no menor es que el RIGI expresamente indica que a los VPU no se le podrán aplicar, en materia de importaciones, prohibiciones ni restricciones directas, ni restricciones cuantitativas, cupos, cuotas, licencias automáticas o no automáticas, etc.
Finalmente, este novedoso régimen de fomento incluye beneficios cambiarios, entre los cuales podemos encontrar el libre acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para pago de capital de préstamos y otros endeudamientos con el exterior y para la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes (aportes de capital). También se podrá acceder al MULC para el pago de utilidades o dividendos a sujetos no residentes, y el pago de intereses a dichos sujetos. Asimismo, el régimen prevé la exención de ingreso al MULC de divisas provenientes de exportaciones producto del proyecto, siguiendo ciertos porcentajes que se van reduciendo con los años hasta llegar a cero.
Este régimen de fomento prevé un procedimiento administrativo que comienza con el pedido de adhesión al mismo, y el acto administrativo que decide la inclusión o el rechazo deberá ser reglado, limitándose a constatar únicamente los requisitos exigidos, como así lo indica la propia ley. Sin embargo, lo cierto es que observamos cierto
El RIGI está generando mucho interés entre inversores nacionales e internacionales, de ello no hay lugar a dudas. Sectores como la Minería o la Energía, o el Petróleo y el Gas, se han despertado a raíz de las posibilidades que genera este régimen de fomento. Una de las claves del éxito que ya se aprecia, es haber despejado la preocupación respecto de su seguridad jurídica. Podemos generar el mejor régimen posible, pero sin seguridad jurídica nadie va a querer invertir en Argentina. Para ello, el RIGI prevé una estabilidad a prueba de cambios normativos, cambios de gobierno o actuaciones arbitrarias.
A tal fin, el régimen establece con claridad que el VPU podrá rechazar cualquier imposición de tributos adicionales o alícuotas mayores a las establecidas. De esta manera se corrigen los efectos de la doctrina de la Corte Suprema en la causa “Minera del Altiplano”, en donde el Alto Tribunal respecto de un caso análogo (la estabilidad concedida por el régimen de fomento a la Minería) había sostenido que los impuestos podían aumentarse pesa a la estabilidad otorgada, si esos aumentos no afectaban la “carga tributaria general”, situación muy preocupante porque desconocía la estabilidad de dicho régimen e invertía la carga de la prueba, exigiendo que sea el contribuyente quien demuestre que se le había afectado la carga tributaria general. Esta doctrina no podrá aplicarse a los proyectos RIGI, en virtud de la claridad de las disposiciones antes mencionadas. Otro tema que no resulta menor es que el RIGI también dispone que la estabilidad otorgada será por 30 años, aunque el RIGI se derogue, y aclara que el VPU tendrá derecho a beneficiarse con cualquier eliminación o exención de tributos.
Y si ello no fuere suficiente, el RIGI prevé la jurisdicción arbitral para resolver las controversias que se generen,
incluso otorgando al inversor un menú de diferentes sistemas de arbitraje que puede elegir, entre los cuales se encuentran el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París), el Reglamento de Arbitraje del CIADI (con sede en Washington) o el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012 (con sede en la Haya).Por su parte, la reglamentación agregó la alternativa de optar por constituir un Panel RIGI que siga toda la ejecución de la relación de fomento, conformado por un abogado, un contador y un ingeniero elegidos por concurso.
Es evidente que estamos ante la presencia de un régimen novedoso y muy robusto desde el punto de vista legal y de seguridad jurídica. Ello contribuirá a su éxito, con certeza, y al desarrollo de los grandes proyectos de inversión que tanto necesita nuestro país.
* Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un curso de postgrado en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, y otro de Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Desde el año 2002 hasta la actualidad, se ha desarrollado como profesor universitario en numerosas y prestigiosas instituciones.
Gisela Asmundo, historiadora de arte, transformó los desafíos de la pandemia en una oportunidad para impulsar su carrera y acercar el arte a un público masivo. Con su proyecto El Ojo del Arte, que abarca un portal web y un programa de radio, apuesta por hacer del arte algo accesible, inspirador y colaborativo, dejando una huella en la difusión cultural argentina.
REDACCIÓN: Alejandra Lazo
FOTOGRAFÍA: Archivo GA
Cuando uno mira hacia atrás y recuerda la pandemia y todo lo que trajo consigo, no sólo hubo temor y caos. Esa inesperada pausa, que detuvo el ritmo de nuestras vidas, para algunos fue una oportunidad de explorar nuevas posibilidades, de escuchar deseos internos, de replantearse el rumbo y animarse a barajar y dar de nuevo. Este fue el caso de Gisela Asmundo, creadora de El Ojo del Arte, quien encontró en medio de la reclusión una nueva inspiración que transformaría su carrera y dejaría una huella en la difusión cultural.
Asmundo recuerda que, en ese contexto de incertidumbre y angustia, le ofrecieron escribir una columna de arte para Noticias Argentinas, y, sin dudarlo, aceptó. “Como historiadora de arte, viajé a través del tiempo y reviví la vida y obra de muchos artistas con mi imaginación mientras investigaba sobre ellos. Fue una manera de reconectar con ese maravilloso legado que estudié durante mi carrera. Cada vida y cada creación artística eran registros reales de un tiempo pasado, y me di cuenta de que eso podía tener un enorme valor en el presente”, explica en diálogo con Quórum. Su primera columna fue sobre el expresionista austríaco Egon Schiele, quien falleció a los 28 años a causa de la gripe española, y desde ahí comenzó su viaje mental por los distintos períodos artísticos.
El Ojo del Arte, un proyecto que nació de esas reflexiones, pronto se consolidó como un espacio único en la escena cultural argentina. El portal (www.elojodelarte.com) fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados, y el programa de radio que Asmundo produce, conducido por la periodista María Paula Zacharías, recibió el prestigioso Premio Martín Fierro en la categoría Mejor Programa Cultural/Educativo. A través de ambos medios, Asmundo busca “comunicar todo lo relacionado con el arte de manera accesible, amena y responsable, para un público que, aunque no sea experto en la materia, tenga un interés genuino por el arte”.
Un aspecto fundamental que distingue a El Ojo del Arte es el enfoque colaborativo que ha logrado consolidar en su equipo. “A nuestros colaboradores y equipo los siento como una comunidad de profesionales inspirados y pensantes, que transmiten información sobre arte con amor. Ese amor y compromiso se refleja tanto en los artículos como en la conducción del programa de radio. Cada comunicador aporta su impronta profesional, y eso le da un carácter único al proyecto”, afirma con orgullo.
Pero Gisela no sólo pone en valor el talento de su equipo, sino que también asume personalmente la inversión y la gestión económica del proyecto, algo que no es menor en el contexto de un emprendimiento cultural autogestivo. “La frase ‘hacer algo por amor al arte’ aplica perfectamente a mi gestión. En gran parte, El Ojo del Arte se subsidia con mi ayuda económica y, por supuesto, también con la de algunos sponsors. Esperamos que más empresas se sumen para seguir creciendo”, comenta con franqueza. Este esfuerzo financiero ha permitido que el proyecto se mantenga firme, a pesar de los desafíos, y que continúe en expansión.
La repercusión de este proyecto ha sido notable y su impacto ha sido reconocido tanto a nivel nacional como local. “Este año ha sido muy fructífero para nosotros: además de recibir el reconocimiento como sitio de interés cultural por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, también fuimos declarados de interés para la comunicación social y la cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebra Asmundo, quien asegura que estos logros son un motor para seguir creciendo. “Humanamente, no todos los días son iguales, hay días de gran optimismo y otros no tanto. Estos reconocimientos nos sirven para reafirmar por qué hacemos lo que hacemos”, celebró.
Cuando se le pregunta por el futuro del proyecto, se muestra optimista: “Me encantaría seguir expandiéndonos y abarcando otros territorios. Soy una persona soñadora y siempre imagino situaciones posibles. A medida que el proyecto crece, vamos sumando nuevas iniciativas, y siempre estamos abiertos a explorar colaboraciones internacionales”. En ese sentido, su ambición no tiene límites, y ve en la expansión global un paso natural para seguir promoviendo el arte y la cultura.
Entre los criterios que Asmundo utiliza para seleccionar a los artistas y obras que forman parte del proyecto, destacan la calidad de la obra, su impacto cultural y, en muchos casos, la historia personal del artista. “Algunos artistas son seleccionados por lo maravillosa que es su obra, o porque han sido injustamente olvidados con el paso del tiempo, como es el caso del renacentista Lorenzo Lotto. Otros, como Picasso, son elegidos por su popularidad y trascendencia. También incluimos artistas contemporáneos, tanto consagrados como emergentes. Dependiendo del artista, lo ubicamos en diferentes secciones del portal y lo asignamos a uno de nuestros colaboradores, quienes tienen distintos
perfiles, desde historiadores de arte hasta filósofos y críticos”, explica.
En cuanto a cómo hacer que el arte llegue a un público más amplio, subraya la importancia de la claridad en el lenguaje: “Los artículos y entrevistas del programa de radio están expresados de manera entendible, con un lenguaje claro, para que cualquier persona pueda comprender y disfrutar del arte”. Esta accesibilidad es uno de los pilares que ha permitido que El Ojo del Arte se convierta en una referencia cultural.
Por otro lado, la tecnología ha jugado un papel importante en la evolución del proyecto. Aunque es cautelosa con su uso, reconoce su valor como herramienta de comunicación: “Utilizamos las redes sociales, como Instagram, para compartir lo que estamos haciendo, pero el contenido completo y profundo está en el sitio web y en las entrevistas del programa de radio. La tecnología es útil, pero debemos ser conscientes de cómo nos afecta emocionalmente y cómo está cambiando nuestra forma de vivir”.
Finalmente, comparte una visión sobre el arte que trasciende lo meramente estético. “El arte es valioso porque nos abre a mundos nuevos, nos permite ver significados que muchas veces se nos escapan en la vida cotidiana. Nos interpela, nos brinda belleza, nos conecta con lo profundo de la existencia. Mirar una obra renacentista de hace 500
años puede ayudarnos a entender un tiempo que ya no existe, pero que sigue resonando con nuestras necesidades humanas fundamentales”.
En un contexto donde la cultura y el arte no siempre reciben el apoyo necesario, Asmundo enfatiza la importancia del rol del Estado: “Es fundamental que el Estado participe en la preservación y proliferación del legado artístico. No se puede crecer como sociedad sin invertir en educación y cultura”.
El Ojo del Arte es un claro ejemplo de cómo la pasión por el arte y la perseverancia pueden llevar a crear un proyecto de impacto, que promueve el arte en todas sus formas y lo pone al alcance de un público cada vez más amplio.
FEDERALISMO
MARCELA RUIZ:
“Fortalecer el diálogo con las justicias provinciales es clave”
Preside la Cámara Civil y Comercial de Tucumán y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de su provincia. Además, es la segunda mujer en liderar la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), pero para todos los que la conocen, es simplemente “Machi”. Su cercanía, familiaridad y espontaneidad quedan patentes en la extensa charla que mantuvo con Quórum. Marcela Ruiz destaca el trabajo que se realiza en los tribunales provinciales y la importancia de abordar las cuestiones de género y de innovación tecnológica; y sostiene que los miembros del Poder Judicial tienen la obligación ética de capacitarse constantemente.
REDACCIÓN: Quórum
FOTOGRAFÍA: FAM
¿Qué es la justicia para vos?
Creo que la justicia es algo que, a lo largo de la vida, uno va incorporando y aprendiendo. Para mí, desde muy chica, siempre fue un concepto presente. Recuerdo que, aunque a esa edad tal vez no era común tener una idea tan clara sobre la justicia, yo lo sentía con mucha fuerza. No sé si entendía completamente lo que significaba, pero estaba ahí, como un sentimiento, algo que me impulsaba. A medida que fui creciendo, esa idea se fue complementando con el conocimiento que uno va adquiriendo, tanto en la escuela como en la vida diaria. Ya de adolescente, empecé a entender mejor cómo funcionaba el sistema judicial, qué implicaba luchar por lo que es justo, y esa pasión por la abogacía y no por el derecho comenzó a integrarse de manera natural con mi vocación profesional. Hoy, no concibo la justicia como algo que sólo pertenece a mi ámbito laboral; es una filosofía de vida. Trato de aplicarla en todo lo que hago, de defender lo que creo correcto en cada faceta de mi vida. Para mí, la justicia no es sólo el derecho, sino también la equidad, el respeto por los demás, y la lucha constante por mejorar la sociedad en la que vivimos.
La justicia debe ser accesible, brindar respuestas rápidas y adaptarse a los cambios tecnológicos.
¿Quién es “Machi”?
Todos me llaman Machi. Casi nadie me dice Marcela y creo que eso tiene que ver con mi personalidad. Soy una persona cercana, accesible, alguien a quien la gente puede recurrir con confianza. Estar disponible para los demás me hace feliz, aunque a veces pueda parecer que es demasiado. Yo disfruto lo que hago y pongo toda mi energía en cada cosa que emprendo. A veces me preguntan cómo hago para abarcar tanto, y la verdad es que lo hago porque me apasiona. Para mí, no hay nada más gratificante que ayudar a las personas y hacer una diferencia en los espacios en los que estoy. Una de mis características es que no soy una persona protocolar. Aunque nuestro ambiente suele ser muy estructurado, yo
prefiero la cercanía, el trato directo. No me gusta mantener distancias innecesarias y me manejo con naturalidad y soltura, incluso cuando trato con las máximas autoridades. Creo que esa desestructuración es parte de quién soy. Me encanta conectar con la gente, no sólo en Tucumán, sino en todo el país y más allá. Y eso es algo que veo que valoran las personas, ese toque humano, esa cercanía que trato de mantener en todas mis interacciones.
En los 58 años de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), sos la segunda mujer en presidirla. ¿Qué es la FAM?
Es verdad, hubo una presidenta mujer en el año 1988, y ahora, después de tanto tiempo, me toca a mí ser la segunda mujer en liderar esta institución. La FAM es una entidad que agrupa a jueces, juezas, fiscales, defensores y funcionarios judiciales de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde su creación en 1966, su principal objetivo ha sido la defensa de la independencia del Poder Judicial, un principio que sigue siendo el eje central de nuestro trabajo. La independencia del Poder Judicial es algo esencial, porque garantiza que las decisiones judiciales no estén influenciadas por intereses externos o presiones políticas. A veces, esa independencia se pone en riesgo, y es ahí donde entra la FAM, apoyando a los magistrados en momentos difíciles. Hay situaciones que uno puede manejar solo, pero otras veces es fundamental contar con una institución fuerte que respalde a sus miembros. En ese sentido, la FAM es un apoyo clave para los jueces y fiscales de todo el país. Sin embargo, con el paso de los años, la FAM ha ampliado su campo de acción. Hoy en día, no defendemos sólo la independencia judicial sino que también abordamos otros temas que son igualmente importantes para la sociedad. La cuestión de género, por ejemplo, ha sido una bandera que hemos enarbolado con fuerza. El cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, y otras causas que antes no estaban en la agenda judicial, hoy son parte integral de nuestras políticas institucionales. La FAM ha crecido en estos años, no sólo en cuanto a los temas que tratamos, sino también en cuanto a la cantidad de personas que se sienten representadas por nosotros.
¿Cómo ha evolucionado tu participación en la FAM y cómo te eligieron presidenta?
Desde muy joven, siempre tuve un fuerte compromiso con las instituciones en las que participé. En la escuela, fui presidenta del consejo de alumnos; en el secundario,
formé parte del consejo estudiantil. Al ingresar en la magistratura, también asumí roles de liderazgo: fui vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura, y luego llegué a ser presidenta de la asociación en mi provincia. Mi llegada a la presidencia de la FAM fue el resultado de mi trayectoria personal pero también coincidió con un contexto político y social donde el empoderamiento de las mujeres empezaba a tomar un rol más visible. Creo que mi elección fue un reflejo de ese cambio. El respaldo que recibí fue muy amplio, lo que me dio mucha satisfacción, pero lo que más me enorgullece es haber sido reelegida por unanimidad en mi segundo mandato. Esa ratificación de confianza es, para mí, lo más valioso. Durante mi gestión, la cuestión de género fue uno de los primeros temas que pusimos en la agenda. No se trata sólo de ocupar un espacio por ser mujer, sino de asumir la responsabilidad de abrir caminos para otras mujeres, de poner sobre la mesa temas que históricamente no se habían discutido en nuestro ámbito. Desde el principio, cuando armamos la lista para la dirección de la FAM, me aseguré de formar un equipo equilibrado, con hombres y mujeres comprometidos.
Gabriela López Arango, mi vicepresidenta, no está en ese lugar por ser mujer sino porque tiene una trayectoria muy fuerte en la vida asociativa. Lo mismo ocurre con otras mujeres que hoy ocupan cargos importantes en la FAM y que son un ejemplo de dedicación y compromiso.
¿Cómo equilibras la multiplicidad de tareas teniendo además una familia? ¿Es posible encontrar ese balance o te pasa factura?
Sí, totalmente se puede equilibrar. Creo que puedo hacer muchas cosas porque en casa tengo un orden y una tranquilidad que no mucha gente tiene. Estoy casada hace 20 años, y antes fuimos novios durante seis años, así que hemos compartido más de la mitad de mi vida juntos.
Ese compañerismo con mi marido, con quien hemos construido una vida sólida y estable, me da una paz que es invaluable. Además, tengo dos hijos increíbles, de 16 y 18 años, que son muy responsables en lo que hacen. Nunca he tenido que decirles que estudien o que cumplan con sus responsabilidades; ellos lo hacen por sí solos. De hecho, uno de ellos está en su primer año de abogacía, y el otro también tiene interés en seguir la misma carrera, así que parece que van a continuar con la tradición familiar. Nuestra casa es muy participativa. Todos opinamos, discutimos y compartimos nuestras perspectivas, y eso ha generado un
ambiente familiar muy integrado. Eso me permite tener paz en mi vida personal, y sin frentes internos abiertos, puedo dedicarme plenamente a mis tareas profesionales. Soy muy organizada y disciplinada. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio. Mantenerme físicamente activa me ayuda a tener la mente clara y en orden. Además, siempre hago tiempo para mis amigas, que son un gran apoyo, y para las cosas que sé que me hacen bien, como ir a misa o al psicólogo. Reconozco cuando algo me supera y no dudo en pedir ayuda cuando es necesario, lo que me ayuda a mantener un equilibrio que me permite enfrentar todas mis responsabilidades.
En
las 23 provincias de Argentina y la CABA hay problemáticas muy variadas, pero un tema constante es la amenaza a la independencia judicial.
¿Cómo organizás tu día a día con tantas responsabilidades?
Ocupar tantos roles requiere de una buena gestión del tiempo, y es algo que he aprendido a hacer bien. Actualmente, soy presidenta de la Federación, de la Cámara Civil, de la Asociación de Tucumán, y cumplo con todas esas funciones de manera activa. Soy muy consciente de que tengo que delegar, pero no delego en cualquiera; confío en las personas en quienes sé que puedo contar. Para mí, no es aceptable que algo salga mal por falta de organización o preparación. Siempre cumplo con lo que me propongo y, si algo falla, es por circunstancias fuera de mi control, no porque no hayamos hecho todo lo necesario.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las justicias provinciales?
En las 23 provincias de Argentina y la CABA hay problemáticas muy variadas. Un tema constante es la amenaza a la independencia judicial. Estas amenazas pueden venir en forma de intentos de reforma legislativa o constitucional, que buscan modificar aspectos claves
como los regímenes jubilatorios o la periodicidad de los mandatos. Estos embates no son nuevos y han estado presentes durante mucho tiempo. De hecho, la FAM se creó con el objetivo de defender la independencia judicial ante este tipo de intentos de reforma. Otra cuestión recurrente es la falta de diálogo fluido entre los diferentes poderes del Estado. En algunos actos, ves a miembros del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo compartiendo espacios, lo que muestra un buen nivel de relación. Pero en otras provincias, las tensiones son más evidentes, y ese diálogo no siempre se da de manera efectiva. Además, algunos problemas son de índole interna, con tiranteces entre los superiores tribunales y otros ministerios. Las cuestiones salariales también son un desafío importante. En nuestro país, al ser federal, las realidades salariales varían mucho de una provincia a otra. En algunas provincias, los magistrados enfrentan luchas salariales que incluso han llegado a judicializarse. La reducción de presupuestos es otro gran problema, ya que afecta directamente nuestra capacidad de respuesta. Sin recursos suficientes, no podemos invertir en tecnología o mejorar los procesos judiciales, lo que repercute en la calidad de la justicia que podemos ofrecer. En resumen, las problemáticas son muy heterogéneas, pero todas afectan de una manera u otra a la independencia y eficiencia del Poder Judicial.
¿Cómo se construye una justicia verdaderamente federal?
Creo que el primer paso es escuchar a las provincias. En general, las provincias no son convocadas cuando se habla de justicia en términos nacionales. Lo que suele predominar en el discurso público es la justicia federal, lo que la gente consume en los medios, pero rara vez se pone el foco en la justicia local, en lo que pasa en las provincias. Para construir una justicia verdaderamente federal, sería clave convocar a las provincias. En el preámbulo de la Constitución, se habla de “afianzar la justicia” y no se hace distinción entre la justicia federal y la provincial. Somos un país federal, y dentro de ese marco, tanto la justicia federal como la provincial tienen un rol fundamental. Por eso, si pudiera dar una recomendación, sería: convoquen a las provincias. Vean cuáles son sus realidades, sus necesidades y cómo se les puede ayudar. Diseñar políticas que sean transversales, que lleguen a todas las provincias, es posible sin alterar la autonomía que tiene cada una de ellas. Las provincias han sido pioneras en muchos aspectos que a nivel federal todavía están en proceso. Por ejemplo, el sistema
acusatorio adversarial, que ya se ha implementado en muchas provincias y, además, ya se están haciendo ajustes sobre lo que se ha aprendido en su aplicación. A nivel federal, recién se está comenzando a trabajar en ello. Lo mismo ocurre con la oralidad, tanto en lo penal como en lo civil. A nivel provincial, esto ya es una realidad, pero en el ámbito federal todavía no. También el juicio por jurado tiene un desarrollo importante en varias provincias, mientras que a nivel federal todavía no está tan avanzado. Todo esto muestra que se está perdiendo un valioso aprendizaje y experiencia por no convocar a las provincias. El desarrollo tecnológico, por ejemplo, es impresionante en varias provincias. En Tucumán, tenemos un sistema de administración de expedientes propio, que nos permite hacer ajustes y no depender de un sistema enlatado. Estamos compartiendo esos avances con provincias como Catamarca y Santiago del Estero, y eso es algo que debería ser más generalizado. Prácticamente todas las provincias ya están digitalizadas.
Mi vocación ha sido siempre la búsqueda de la verdad, sin importar las dificultades o los intereses que se interpongan en el camino.
¿Qué propondrías?
Convocaría a las provincias, establecería agendas comunes y vería cómo aprovechar los avances que ya existen en los distintos territorios. Fortalecer el diálogo es clave. Ahora, existe una división clara entre la justicia federal y la provincial, pero es en la justicia provincial donde se resuelven la mayoría de los problemas cotidianos que afectan a la gente. Entonces, fortalecería ese diálogo no sólo entre la justicia federal y las provincias, sino también con los ministerios y las diferentes instituciones. No esperaría que las provincias pidan audiencia, sino que tomaría la iniciativa para convocarlas y escuchar activamente sus propuestas y necesidades.
¿Qué tan importante es la capacitación?
Es un tema fundamental y no es opcional. Los magistrados tenemos un compromiso ético de formarnos continuamente, no lo hacemos sólo por interés personal. Es una responsabilidad con la administración de justicia. Por eso, hemos puesto un fuerte énfasis en la capacitación dentro de la FAM. Todos los jueves realizamos charlas abiertas al público, gratuitas, aprovechando el conocimiento y la experiencia de expertos a nivel nacional. La FAM es un verdadero semillero de nuevos talentos, personas jóvenes y pujantes con una formación excelente. A la vez, contamos con profesionales de gran experiencia que han recorrido un largo camino dentro de la justicia. La interacción entre ambos grupos es valiosa, porque combina frescura y energía con sabiduría y experiencia.
El verdadero desafío de la justicia es mantenerse imparcial y fiel a los principios democráticos, incluso en los tiempos más difíciles.
¿Qué rol juega la tecnología?
La tecnología tiene un papel central pero también plantea desafíos. No hay un desarrollo tecnológico uniforme en todo el país. Cada provincia tiene sus propios recursos y prioridades, lo que genera brechas en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías. La pandemia aceleró la digitalización de la justicia, eliminando los expedientes en papel en muchas provincias, como en Tucumán, donde ya no queda un solo expediente físico. Sin embargo, la implementación de la tecnología va más allá de la infraestructura. Muchos de los profesionales no somos nativos digitales, lo que genera limitaciones. Algunos nos adaptamos más rápido, pero otros enfrentan una barrera mayor para manejar estas herramientas. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya está presente en muchos ámbitos, y debemos abordar el tema de manera responsable. Dentro de la FAM y en otras provincias, como Río Negro, ya se está debatiendo sobre el uso de herramientas como el chat y la inteligencia artificial. Es importante no dejar que estos temas nos sobrepasen. Necesitamos enfrentarlos con conocimiento y preparación, porque han llegado para quedarse.
¿Qué tan importante es dotar de habilidades blandas a los miembros del Poder Judicial?
Contamos con un ciclo de capacitaciones muy sólido, gestionado por Hugo Zoppetrino, presidente de la Asociación de San Luis. A través de sus diferentes comisiones -como la de género, ambiente, seguridad, discapacidad, derecho penal, derecho privado, entre otras-, recoge las necesidades de formación y trabaja para cubrir esas demandas. Vivimos en tiempos de cambios vertiginosos. Lo que nosotros estudiamos en la facultad ya no refleja lo que pasa hoy en día. Todo está en constante transformación, desde el derecho del consumidor en el contexto digital hasta los avances en derechos humanos, algo que no era parte del currículum cuando muchos de nosotros estudiamos. Para no quedarnos atrás, es fundamental seguir capacitándonos. No podemos adelantarnos a todos los cambios, pero sí podemos asegurarnos de no perder el paso y de estar preparados para enfrentar lo que venga.
Es fundamental. Ya no se trata solo de tener conocimiento técnico, sino de desarrollar habilidades blandas como el liderazgo y la capacidad de manejar equipos. La justicia colaborativa es imprescindible. A lo largo de mi carrera, he visto cómo la mediación, por ejemplo, me ha dado herramientas valiosas para gestionar conflictos. En la FAM estamos trabajando en neurociencia aplicada al derecho, liderazgo, coaching, entre otros temas. Todos tenemos el conocimiento técnico necesario, pero hoy las exigencias son diferentes. Tenemos que saber cómo hablar, cómo transmitir, cómo manejar los conflictos en una audiencia. El bienestar laboral también es clave. Creamos una comisión de bienestar organizacional y hemos visto el impacto positivo que ha tenido en las personas. Un equipo motivado y con un buen manejo del tiempo y del conflicto personal está mejor preparado para ofrecer un buen servicio de justicia.
¿Cómo debe ser la justicia del futuro?
Debe ser cercana a la gente. Tenemos que romper con las antiguas estructuras que nos cegaban. La justicia debe
ser accesible, brindar respuestas rápidas y adaptarse a los cambios tecnológicos. Hoy, por ejemplo, alguien puede conectarse a una audiencia desde su celular, algo impensable hace unos años. Antes, el foco estaba en nosotros, los jueces. El protocolo y la formalidad eran para nosotros, no para la gente. Hoy, afortunadamente, estamos en un camino positivo de cambio, donde el destinatario de nuestro servicio es la ciudadanía.
¿Y por qué tiene tan mala imagen?
Primero, porque no sabemos comunicar. La justicia no tiene formación en comunicación y lo que sale a la luz es generalmente lo que hacemos mal. La gente asocia la justicia con lo que ve en televisión, que no es lo que pasa en las provincias, donde se resuelven casos importantes todos los días. Por otro lado, hemos avanzado en ciertos aspectos que han mejorado la percepción, como la oralidad en los juicios. Esto ha permitido que la gente vea al juez, lo que fortalece los lazos con la sociedad. El juicio por jurado también ha sido clave, ya que permite que la ciudadanía entienda el proceso judicial desde dentro. Sin embargo, sigue habiendo una falta de lazos con el periodismo, lo que genera miedo a la hora de hablar. Debemos empezar a comunicar de manera distinta para cambiar esta percepción. Cuando se hacen encuestas de satisfacción después de un juicio por jurado, los índices de aprobación son altísimos, pero esto no se sabe porque no lo comunicamos bien.
¿Considerás que es posible brindar un mejor servicio de justicia?
Tengo muchos sueños y trabajo constantemente para concretarlos. Sueños de una justicia mejor, de una provincia mejor, de un país mejor, de una sociedad mejor, y de un mundo mejor. Por eso, mi esfuerzo diario se centra en cambiar la realidad, las distintas realidades que habitan los lugares y los espacios donde me encuentro. Esto puede sonar idealista pero quienes me conocen saben que esto define mi vida. Siempre he trabajado, luchado y tratado de cambiar las cosas. No se trata de decir ‘vamos a cambiar’, sino de hacerlo cuando se tiene la posibilidad. Y cuando se está en una posición, esa oportunidad debe aprovecharse. Es una cuestión de responsabilidad hacia los compañeros y hacia uno mismo. Cuando armamos una comisión, no lo hacemos para reunirnos y no actuar, sino para hacer. No hay lugar para la procrastinación. El que viene, se compromete. En estas asociaciones, federaciones y demás, muchas veces
lo que se gestiona es la falta de recursos. Las instituciones no tienen los medios económicos, y muchos contribuyen con su propio patrimonio. Esto genera un desgaste económico, pero también un esfuerzo personal enorme. Soy la cara visible en este caso, detrás hay 24 presidentes y presidentas que ponen su energía y se ocupan de los problemas. Hay una vocación de servicio muy profunda en las personas que forman parte de estos espacios. Por eso es importante reconocer y poner en valor a quienes me acompañan. Todos ellos hacen un trabajo increíble. A veces enfrentan luchas muy duras, como hemos visto en lugares como Santa Fe, donde hay batallas fuertes que los presidentes encaran con valentía. No es fácil, pero es parte del rol que nos toca cumplir. Para mí, ocupar un cargo no es sólo una cuestión de mérito personal. Son oportunidades que te da la vida para transformar pequeños espacios. Y yo creo, con un toque de misticismo si se quiere, que Dios te pone en ciertos lugares en momentos específicos porque tienes una función que cumplir. No se trata de que te lo merezcas, sino de que tienes un rol. Y ese ha sido el enfoque de mi vida.
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, llevó a cabo en la Facultad de Derecho la presentación de su último libro, “¿Puedo ir preso?”. Se trata de una obra colectiva con la colaboración de 112 autores que aborda interdisciplinariamente la privación de la libertad del imputado durante el proceso penal.
El lanzamiento -del que participó Quórum- se llevó a cabo en el Salón Azul, colmado de destacados jueces, funcionarios, académicos y abogados, que pudieron disfrutar además de un panel de lujo integrado por el ministro de Corte Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona; el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra y la periodista Romina Manguel.
El cierre por supuesto estuvo a cargo de Borinsky, quien reconoció que la idea del libro se le ocurrió un 5 de enero mientras estaba de vacaciones. Tras contar la anécdota de la playa con su cuñado, el juez agradeció especialmente a quienes enriquecieron el proyecto con sus aportes.
“Uno de los aspectos más trascendentes en una causa es si un imputado puede ir preso. Es la pregunta más importante para un imputado. El otro miedo es enfrentar un juicio oral. Esta privación de la libertad es un elemento central. Por eso convoqué a distintos autores con la mirada jurídica”, explicó.
La apertura estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho Leandro Vergara y de la presentación participaron el ministro de Corte Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona; el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra y la periodista Romina Manguel.
El
a
Borinsky junto a su madre, su esposa y su hijo.
El Gran Rabino Isaac Sacca también acompañó a Borinsky.
El Salón Azul repleto de invitados y de muchos de los autores del tratado.
CRÉDITOS:
Quórum/Thomson Reuters
Las XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, el evento académico más relevante en materia de Derecho Privado en Argentina, se llevaron a cabo con una nutrida asistencia en el auditorio del Campus Austral Pilar. La ceremonia inaugural estuvo a cargo de importantes autoridades académicas: el rector de la Universidad Austral, Mag. Julián Esteban Rodríguez Priore; el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel José García-Mansilla; la vicedecana, Mag. Celina Cantú; y el presidente de las Jornadas, Dr. Ignacio Alterini, quien también es Director del Departamento de Derecho Civil de la facultad.
Luego de los discursos de apertura y antes de la conferencia inaugural -a cargo del distinguido Dr. Mariano Yzquierdo Tolsada- se rindió un emotivo homenaje a los profesores Dres. Jorge Alterini (in memoriam), Luis Leiva Fernández y José Tobías, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus valiosas contribuciones al Derecho Civil. Este homenaje fue,
diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón.
CRÉDITOS:: Somos Magma Productora.
sin duda, uno de los momentos más conmovedores de la jornada.
Luego se dio inicio a las actividades en las 12 comisiones, donde tanto panelistas como asistentes demostraron un nivel académico sobresaliente, reafirmando la importancia de estas jornadas en el ámbito jurídico.
Auditorio lleno durante la apertura de las XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En primera fila, entre otros, el presidente de la Comisión Organizadora, Prof. Dr. C. Ignacio de Casas.
El Dr. José W. Tobías, otro de los reconocidos durante el evento.
Se rindió un emotivo homenaje al Dr. Luis Leiva Fernández.
Rodríguez Priore y García-Mansilla junto al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara.
El rector de la Universidad Austral, Mag. Julián Esteban Rodríguez Priore; el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel José García-Mansilla; la vicedecana, Mag. Celina Cantú; y el presidente de las Jornadas, Dr. Ignacio E. Alterini.
y el Dr. Edgardo Saux habló sobre la obra “Estudios sobre capacidad y derechos personalísimos”.
Director: Dr. Mariano Hernán Borinsky | Editorial: La Ley, 2024.
Dirigida por el juez Mariano Borinsky, es una obra colectiva que reúne las contribuciones de 110 autores para examinar la privación de libertad del imputado en el proceso penal desde una perspectiva interdisciplinaria. Coordinado por Laura Kvitko y Julián Rubinska, se presenta en dos tomos de 1900 páginas, disponibles en formato impreso y digital.
El tratado, dividido en cinco capítulos, aborda el marco legal de la prisión, la prisión domiciliaria, la infraestructura carcelaria, la ejecución de penas y un enfoque interdisciplinario. Ofrece un análisis profundo de los aspectos del sistema penitenciario, integrando perspectivas jurídicas y prácticas.
La obra se destaca por su enfoque amplio que considera no solo los fundamentos legales, sino también las implicaciones sociales y personales de la detención. Incluye estudios de derecho comparado y reflexiones sobre el impacto del deporte y la inteligencia artificial en la justicia penal. Además, presenta una variedad de visiones, incluyendo aspectos mediáticos, políticos y psicológicos, así como relatos de experiencias en prisión. Esto proporciona una comprensión completa de los desafíos del sistema penitenciario argentino, convirtiendo el tratado en un recurso valioso tanto para juristas como para cualquier lector interesado en la temática de la privación de libertad.
Controversias entre lo que se persigue y lo que se castiga en la Ciudad de Buenos Aires
Autores: Ariel Larroude - Juan Bautista Líbano - Santiago Zurzolo Suárez | Editorial: Ediar, 2024.
La obra, escrita por Ariel Larroude, Santiago Zurzolo Suarez y Juan Líbano, pone el foco en las contradicciones del sistema penal porteño y aboga por un cambio de paradigma en el tratamiento del consumo y la comercialización de drogas. “En ese sentido, si se ven las estadísticas oficiales, el 70 por ciento de los delitos que se persiguen en la Ciudad son tenencia simple y tenencia para consumo personal, dos infracciones que no le tocan un solo pelo a las estructuras mafiosas dedicadas a la venta de drogas. Por eso la idea es exponer esa contradicción desde una perspectiva racional e instrumental que direccione los medios represivos del Estado a la comercialización y no al consumo, al lavado y no a la mera tenencia”, explica Larroude en una charla con Quórum.
Asimismo, sostiene: “También analizamos el debate parlamentario que llevó a la sanción de la Ley 26.052 entre 2004 y 2005, mostrando las posturas de senadores y diputados sobre la lucha contra el narcotráfico. Lo interesante es que, 20 años después, seguimos enfrentando las mismas dudas y aplicando las mismas prácticas, sin resultados concretos, mientras el consumo de drogas aumenta de forma exponencial”.
“Hay confusión sobre cómo destinar los recursos represivos y cómo articular las herramientas del Estado para reorientar el enfoque: en lugar de invertir tanto en la búsqueda de droga, deberíamos poner más énfasis y recursos en la recuperación de los adictos”, concluye.
Autor: Daniel Rafeca | Editorial: Planeta, 2024.
Primera novela del juez Daniel Rafecas, quien con su experiencia directa en el ámbito criminal y judicial, introduce en su ficción los dilemas contemporáneos dentro de una narrativa envolvente y típica del género policial. Inspirándose en autores como Dashiell Hammett y Don Winslow, “Pinche” se desarrolla con un ritmo que recuerda al cine y se adhiere a lo mejor de la novela negra, manteniendo al lector enganchado hasta el final.
La doctora Fabiana Pazair asume su rol de jueza federal en un contexto complicado: en Villa Farga, Buenos Aires, un enfrentamiento entre grupos criminales ha resultado en siete fallecidos, incluyendo a tres ciudadanos mexicanos. Este hecho inusual capta la atención mediática, especialmente porque en la escena no se hallaron sustancias ilícitas ni dinero, sólo tambores vacíos en un camión antiguo.
En diálogo con Quórum Rafecas explicó: “La novela se titula Pinche por dos razones clave. En primer lugar, el protagonista es un empleado de bajo rango en los tribunales, a quien, de manera afectuosa y desde siempre, se le llama ‘Pinche’ en la jerga judicial. Al mismo tiempo, dado que la trama también tiene una conexión con el narcotráfico en México, el título hace alusión a esa expresión mexicana tan característica, que se utiliza para referirse a algo que no cumple con las expectativas o que resulta complicado: ‘algo pinche’. Como escritor, me atrajo este doble sentido de la palabra, ya que ambos significados juegan un papel central en el desarrollo de la historia”.
Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad Director: Ricardo Lorenzetti | Coordinador: Andrés BassoEditorial: Rubinzal Culzoni, 2024.
La obra colectiva Derechos Humanos y Juicios de lesa humanidad, la visión de la magistratura, dirigida por el Dr. Ricardo Lorenzetti y coordinada por el Dr. Andrés Basso, recoge la mirada de un grupo de magistrados y magistradas representativos de diferentes jurisdicciones de nuestro país en el marco del desarrollo de los juicios de lesa humanidad.
El abordaje es novedoso dado que se intenta plasmar de un modo accesible, a partir de las experiencias y las temáticas más salientes, los aspectos sustanciales de este tipo de proceso; por lo que la riqueza de la obra, en buena medida está determinada por las vivencias personales de los autores y autoras.
El libro se compone de 22 capítulos, donde no sólo se destaca la relevancia de orden social e institucional del juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura militar y la consecuente obligación, que al respecto pesa sobre el Estado Argentino, sino que desde la referencia a casos concretos, logra acercar al lector a una temática muy dura y sensible para nuestra historia reciente.
Incluye temas como: la noción de delitos de lesa humanidad y el “2x1” (Ricardo Lorenzetti); el carácter reparatorio en las sentencias (Andrés Basso); la reparación de legajos de víctimas (Nada Flores Vega); reflexiones sobre los juicios (Federico Santiago Díaz); el reconocimiento del derecho a la verdad en el contexto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad (José Antonio Michilini); Juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Herramientas jurídicas para un mundo complejo y globalizado.
La Maestría y Especialización en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) es una opción académica de excelencia para quienes buscan profundizar en el estudio del derecho penal en Argentina.
Este programa se distingue por su enfoque interdisciplinario y riguroso, combinando teoría y práctica bajo la guía de destacados profesionales y académicos del campo jurídico. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar en profundidad temas clave como la teoría del delito, la dogmática penal, y los principios constitucionales que rigen el sistema penal argentino.
Además, la propuesta fomenta el debate crítico y la reflexión ética sobre las políticas criminales contemporáneas. Con un currículo diseñado para desafiar y enriquecer, la Maestría y Especialización en Derecho Penal de la UTDT ofrece una experiencia educativa integral que prepara a los graduados para enfrentar los complejos desafíos del derecho penal en el contexto nacional e internacional.
Son codirectores de la Maestría y Especialización en Derecho Penal Hernán Gullco (Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires. Profesor ordinario de Derecho, UTDT) y Jesica Sircovich (LL.M., University of Cambridge Profesora ordinaria de Derecho, UTDT) y las clases se dictan martes y jueves de 17.10 a 20.40 h presencialmente desde el campus y en simultáneo se transmiten por zoom a partir de marzo de 2025. Para consultas o recibir más información pueden escribir a posgradosditella@utdt.edu.
El Curso de Posgrado en Política Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires representa una oportunidad única en el ámbito académico argentino, combinando excelencia académica con una propuesta accesible para aquellos interesados en especializarse en temas cruciales para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la seguridad y la justicia penal.
Entre los destacados académicos que integran el equipo docente se encuentran personalidades de renombre como Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Enrique Font, Ignacio Anitua, Juan Bautista Libano, Mariana Souto-Zabaleta, Sergio Eissa, Alejandra Otamendi, Santiago Zurzolo Suarez, Julieta Pignanelli y Ariel Larroude, quien además ejerce como director académico del curso.
El curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para abordar de manera integral los desafíos relacionados con la seguridad pública y la política criminal. Esto incluye la planificación estratégica y la implementación de políticas de seguridad, así como el análisis crítico del delito y la violencia desde una perspectiva académica y práctica.
El posgrado se ofrece con un enfoque flexible que permite a los participantes combinar sus estudios con sus responsabilidades profesionales y personales. Aquellos interesados en inscribirse o simplemente obtener más información sobre el Curso de Posgrado en Política Criminal de la Facultad de Derecho de la UBA, pueden escribir a inscripcionesposgrado@derecho.uba.ar.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
La Diplomatura en Derecho Penal Económico y Derecho Penal Tributario de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) es una formación especializada diseñada para quienes buscan profundizar en áreas críticas del derecho. Dirigida a abogados, miembros del Poder Judicial y Ministerio Público, así como a funcionarios públicos y profesionales del ámbito aduanero, tributario, bancario y empresarial, esta diplomatura ofrece una oportunidad única para adquirir herramientas clave en un campo de creciente relevancia.
El curso, que cuenta con un destacado cuerpo docente liderado por el Dr. Lucas Bello, bajo la coordinación de la Dra. María Agustina Comaschi y el Dr. Rodrigo Anachuridura, reúne a un equipo de expertos en las diversas ramas del derecho penal económico y tributario. Entre ellos se encuentran reconocidos profesionales como la Dra. Lucía Filipelli Colleto, el Dr. Emilio Cornejo Costas y la Dra. Martina Cirimele, quienes aportan su experiencia y conocimientos especializados para garantizar una formación de excelencia.
Con una duración de cinco meses, este programa de modalidad virtual se dicta los jueves de 16 a 20 horas, brindando la flexibilidad necesaria para que los participantes puedan acceder desde cualquier lugar y adaptar su estudio a sus agendas. Para inscripciones o más información, los interesados pueden contactar a la UCASAL a través del correo electrónico: extensionjuridicas@ucasal.edu.ar.
La Maestría en Derecho Empresario Global de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está diseñada para formar abogados altamente capacitados para enfrentar los desafíos del entorno empresarial local e internacional. Este programa único brinda una formación profunda e integral en derecho empresarial y, a partir de su visión comparada, posibilita el ejercicio en esta área tanto en los países de origen de los alumnos como en los del extranjero.
Con un cuerpo docente de renombre, compuesto por expertos en derecho empresario y líderes del sector privado, la maestría ofrece una formación práctica y actualizada que permite a los alumnos desarrollar las competencias necesarias para asesorar a empresas e instituciones que operan en un entorno global. Además, el programa aborda temas clave como la estructuración jurídica de la empresa, el derecho societario, los negocios y contratos, las reestructuraciones de deuda, las nuevas tecnologías, entre otros.
La modalidad de cursada 100% online y la posibilidad de networking con profesionales de todo el mundo brindan a los alumnos una ventaja competitiva en el mercado laboral global. La Maestría en Derecho Empresario Global es la opción ideal para quienes buscan potenciar su carrera en un ámbito dinámico y cada vez más interconectado. Para informes o inscripción a esta propuesta que te prepara para liderar en el mundo empresarial con una visión jurídica global pueden comunicarse con María Alejandra Abdala a informesfd@austral.edu.ar.
LA REALIDAD SE TRANSFORMA CUANDO LA COMPRENDEMOS.
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