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Romper paradigmas es cuestión de principios CONGRESO
GOBIERNO
PA R T I D O S
C A N D I D AT O S
EMPRESARIOS
CAMPUS
SOCIALES
RAÚL
VARGAS LÓPEZ
La partidización de la tragedia Desde el arranque de la política de combate al narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, ninguno de todos los lamentables casos de violencia que se han registrado en el país y que han costado la vida a ciudadanos mexicanos, se ha partidizado tanto, hasta la exageración, como lo ha sido el tristemente célebre caso de las 6 personas asesinadas y los 43 estudiantes, hasta ahora desaparecidos, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. El colmo ha sido sembrar sospechas de complicidad y encubrimiento por parte del PRD del DF y del jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia Sandoval proveniente de las filas del partido, con José Luis Abarca, luego de haber sido detenido éste último, junto con su esposa, en un inmueble en la demarcación delegacional al oriente de la Ciudad de México. Jamás se había dado este linchamiento mediático y político luego de sendos escándalos de violación de derechos humanos, corrupción y vinculación con el crimen organizado por parte de gobernadores y personajes políticos de variada ralea provenientes del PRI o del PAN. Tenemos el caso de siete personas asesinadas y abandonadas a las afueras de una funeraria en el municipio de Madera, en el oeste de Chihuahua, luego de un enfrentamiento a balazos entre dos grupos delictivos. ¿Qué partido político ha tenido que salir a dar explicaciones de esta situación de descontrol que ya suma 32 fallecimientos por enfrentamientos armados entre los grupos criminales que se disputan el control de la sierra de Chihuahua? ¿No es éste un claro ejemplo de falta de cumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades que exige una explicación de los tres órdenes de gobierno?
Miles de mexicanos se manifiestan por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
Jamás se había dado este linchamiento mediático y político luego de sendos escándalos de violación de derechos humanos, corrupción y vinculación con el crimen organizado por parte de gobernadores y personajes políticos de variada ralea provenientes del PRI o del PAN. O se tiene también el caso (al menos) al partido político de Tlatlaya en el Estado de que postuló al presidente México, en donde tres militamunicipal y al gobernador de res son acusados de homicidio los lugares en donde se susdoloso cometido en contra de citaron lo hechos? ¿Cuándo 8 personas sospechosas de las autoridades ofrecieron secuestro. Y parece que nadie explicaciones o disculpas a ha cuestionado cómo es que los deudos y a la sociedad por dichos elementos llegaron estos acontecimientos? a ocupar las posiciones que En cuanto a corrupción, ocupaban, ni hasta dónde está el caso de Humberto alcanzan responsabilidad Moreira, ex presidente del sus superiores por los PRI y ex gobernador delitos que sus suborSÍGUELO EN de Coahuila, quien fue dinados cometieron. acusado de participar Un poco más en la falsificación de alejado en el tiempo, documentación oficial pero no menos para la contratación dramático, está el de deuda para la entisecuestro y ejecución dad que gobernó de de 72 migrantes de 2005 a 2011, por más centro y Sudamérica en el de 36 mil millones de pesos. municipio de San Fernando El PRI jamás dio explicaciones en Tamaulipas, en agosto de sobre el proceder de su presi2010. ¿De qué tamaño debe dente y gobernador y mucho ser el vacío de poder para que menos ofreció disculpas o la actuación impune de las promovió reformas legales o redes criminales alcance estas políticas para que este tipo de inhumanas proporciones? casos no se repitieran. ¿Cuándo los medios responTambién está el escándalo sabilizaron de esta omisión protagonizado por Elba Esther
Gordillo, muy cercana a Humberto Moreira, legisladora federal priista en varias ocasiones, ex-secretaria general del PRI y ex-presidenta del CEN del SNTE, quien fue detenida por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto luego de encontrarse que estaba a la cabeza de una bien organizada red criminal que desviaba recursos provenientes de las cuotas sindicales y dinero público asignado por la SEP para los profesores de educación básica de todo el país. Nunca, ni el PRI ni el PANAL (partido político fundado por Gordillo) ni el SNTE, salieron a dar explicaciones o disculpas públicas por los delitos cometidos por este personaje. Podemos citar también los casos de los gobernadores Luis Armando Reynoso Femat, Andrés Granier Melo o Fausto Vallejo, los dos últimos del PAN y del PRI. El primero detenido y acusado de fraude por la venta ilegal de terrenos públicos en Aguascalientes. El segundo indiciado por la malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito en Tabasco. Y el tercero obligado a renunciar luego de que se descubrieran vínculos de algunos de sus más cercanos colaboradores y familiares con criminales del narcotráfico. Tampoco, partido alguno, salió a ofrecer disculpas o explicaciones por el actuar de estos gobernadores.
No pretendo, con este apretado recuento de lamentables casos de omisión o quebranto de la ley por parte de quienes debieran estar avocados a cumplirlas y hacerlas cumplir, relativizar o disminuir la gravedad de los oscuros sucesos en Iguala, ni mucho menos exonerar a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Simplemente señalo que el caso Guerrero se ha partidizado hasta un punto en el que se ha perdido objetividad. Como nunca antes los medios de comunicación confunden los tiempos de la justicia con los tiempos de la política. Y esto no beneficia a nadie. Si bien es cierto que los partidos políticos estamos obligados a revisar y mejorar los mecanismos de selección de candidatos y de seguimiento de la actuación de sus liderazgos, a todos los niveles, y de los servidores públicos emanados de nuestras filas para ocupar cargos de elección popular, a fin de evitar cualquier actuación al margen de la ley, sobre todo, aquellas relacionadas con la violación de derechos humanos, la malversación de fondos públicos y la colaboración con el crimen organizado, también es cierto que las autoridades judiciales a nivel federal y estatal están obligadas a mejorar los sistemas de información de que disponen, así como los procesos de investigación y documentación que se siguen actualmente para certificar y expedir constancias sobre la probidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos y para el seguimiento de los delitos cometidos por funcionarios. Debe asumirse que si esto ha fallado hasta ahora, no sólo es responsabilidad de los partidos sino de todo el conjunto de instituciones que participan en el proceso y la inefectividad de los procedimientos y mecanismos de investigación y documentación en manos de las autoridades federales y estatales que llevan varios años operando del mismo modo.
GUADALAJARA, JALISCO • MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2014