sustancia inocua a la que se le ha denominado “placebo”–; es probable que tampoco advierta en qué grupo puede correr mayores riesgos de los que tendría si continuara con la medicación habitual. La falta de entendimiento por parte del sujeto que participa en un EC no siempre es corroborada por los investigadores, ni por el CEI, ni las agencias reguladoras (AR), ni los promotores de la investigación. Este fenómeno, con grandes implicaciones éticas en la práctica, se traduce en acciones u omisiones que vulneran tanto la integridad de los pacientes o sujetos de investigación y su dignidad, como otros principios éticos que son la fuente de validez de los derechos de quienes participan en un EC (Minaya, Fuentes, Ugalde y Homedes, 2017). A propósito, es imprescindible estudiar qué tanto pueden influenciar en su decisión de aceptar o no participar en un EC las insinuaciones, tanto de médicos e investigadores como de otros sujetos, sobre los beneficios indirectos que recibirán por participar en un EC –una mejor atención en los servicios de salud, prerrogativas especiales, la promesa publicitaria de vencer el cáncer con la ayuda de los nuevos medicamentos–. Este estudio pretende evidenciar la fuerza simbólica de dichas transmisiones. Las historias de médicos, pacientes y de la industria a favor de la participación e inversión en EC para nuevos medicamentos contra el cáncer se transforman en relatos míticos que ofrecen extender los límites de la condición humana, al tenor de una ilusión suficientemente convincente como para pensar que la ciencia puede prolongar la existencia; no permiten percibir que el problema de fondo para los Estados es el de velar por las conquistas sociales que propendan por una “igualdad política y social real” (Bourdieu, 2002). Se han identificado los modos en que la ciencia provee nuevos medicamentos de la mano de empresas que fijan normas a las AR de medicamentos mediante el lobby para la instauración simbólicamente violenta de las BPC (Ovalle, 2017), cuyas normas son tan solo operativas y guían a los miembros de los CEI para avalar una IC (Bourdieu y Passeron, 2001); estas significaciones devienen de las
creencias y valores de los distintos actores que intervienen en la IC, principalmente de aquellas fuerzas empresariales que inciden en la formulación e implementación de las políticas o los lineamientos de la investigación, en cuyo diseño las expectativas de los pacientes que participan en EC no tienen cabida alguna.
Medidas que privilegian a la industria farmacéutica reciben el aval de los Estados con democracias liberales en crisis y corrompen el espíritu vocacional de empresarios, investigadores y profesionales de la salud La tendencia global, como ya se dijo, se impone mediante una iniciativa privada que se extiende y se transforma en ideología dominante con la aplicación de las normas y las BPC. De manera natural, un beneficio aparente para quienes participan en los EC es suplantado por el beneficio particular de la industria. Informar adecuadamente a los usuarios de los medicamentos –pacientes, sujetos de investigación– sobre “la transparencia de la economía o el valor médico real de los bienes y servicios” (Love, 2019, párr. 4) es peligroso, tanto para los gobiernos, como para las empresas. Cuando se denuncian las políticas injustificadas o las alianzas inapropiadas con la industria, por parte de quienes se preocupan por los costos excesivos de los medicamentos y, en general, por el bienestar de los usuarios (Love, 2019), estos pueden verse acallados con la amenaza de la pérdida de sus empleos. Homedes y Ugalde (2014) anotan que los gobiernos protegen los intereses de las empresas farmacéuticas y las AR ven limitadas sus acciones en pro de la protección de quienes participan en las investigaciones; así, se pueden enumerar varias ventajas competitivas y, en ocasiones, privilegios de la industria; por ejemplo, 15
