Enrique Vega Carriles

##Sistema Penal Justicia alternativa, mediación vs. juicio ##Sociedad Desafíos del sistema universal de salud

ORDEN RETO METROPOLITANO Seguridad, movilidad y servicios, temas pendientes en El Marqués Enrique Vega Carriles Candidato a la presidencia municipal de El Marqués

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Enrique

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Vega Carriles

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Aborto legal, un tema de salud pública

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Justicia alternativa

Los retos de la seguridad social universal

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Desarrollo metropolitano En la búsqueda por su tercer período en la Administración de El Marqués, Enrique Vega Carriles apuesta por movilidad, seguridad y servicios, con un Gobierno transparente y de cuentas claras

E texto: Octavio Cárdenas fotos: Cristian Ugalde

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n la década de 1980, Enrique Vega Carriles entró a trabajar a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal enfocada en atender temas de abasto y seguridad alimentaria.

Ahí le tocaría ser partícipe de la creación del proyecto Conasupo-Coplamar.

“En ese tiempo empezó el proyecto de Coplamar. Se instalaba una tienda para regular los precios. En ese entonces, el que tenía una tienda condicionaba los productos que vendía y a quién se los vendía, por problemas de escasez de productos como maíz y azúcar, y subían los precios. El Gobierno federal sub-

sidiaba esas tiendas y la comunidad ponía el local y los estantes, para controlar el precio y el abasto”, recuerda el ahora candidato a la presidencia municipal de El Marqués.

Le tocó organizar a la gente, hacer asambleas e involucrarlos en el proyecto.

Ahí también nació en Vega Carriles el espíritu del servicio público.

A finales de 1980 se mudó a León, donde puso un negocio de comida. De paso, siguiendo la tradición de su familia materna, en 1987 apoyó dio apoyo a la campaña de Carlos Medina Plascencia, primer candidato de oposición que ganó la presidencia municipal leonés.

En 2021, quiero salir a la calle y poder saludar a la gente, que me recuerden como alguien que hizo cosas por el municipio.

No se puede dejar al 100, el período es corto y el recurso no alcanza, pero sí que digan que se hicieron bastantes cosas ".

Enrique Vega Carriles Candidato a la presidencia municipal de El Marqués

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En 2006, Vega Carriles buscó la candidatura y ganó la elección.

En 2012 volvió a competir y ganó nuevamente la elección

Pero el amor por su tierra lo invitó a volver a Querétaro, y en 1992 abrió un nuevo negocio, esta vez de aluminio y vidrio.

“Tenía una pequeña granja y llegó la mancha urbana, así que empecé a hacer una casa, luego dos, y finalmente me metí en la industria de los desarrollos inmobiliarios”, dice el candidato.

Dos años después, fue representante de casilla por el PAN y en 1997 participó en la campaña de Francisco Garrido, quien también fue el primer presidente municipal de oposición, aunque en la capital queretana.

Para 2000, decide seguir en la política, pero ahora directamente en su municipio, El Marqués.

“En 2000, apoyé al candidato del PAN en El Marqués. Había tres grupos: La Cañada, Jesús

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María y El Colorado, y cuando se juntaban dos eran los que ganaban. Comenzamos a trabajar, perdimos la elección y nos fuimos a tercera fuerza, pero en 2003 ganamos la primera elección local del PAN en el municipio”, menciona.

Desde entonces, la alternancia PRI-PAN ha sido la tónica en El Marqués.

“Es bueno, porque hay competencia y da más beneficios al ciudadano”, reflexiona el candidato a la alcaldía de El Marqués.

“Cuando participé en 1994 no había mucha solvencia económico y sí muchos compromisos con la chamba, y luego vino la devaluación. Para 2000 estaba más tranquilo y tenía más tiempo; fue cuando decidí meterme a El Marqués a ayudar”.

Para la siguiente elección, Vega Carriles buscó la candidatura.

“Fui candidato en 2003, pero cambié mi credencial para votar en 2000 y pedían cinco años.

Tenía la residencia, pero no la credencial. Tres años antes se había caído el candidato del PAN por falta de residencia, como yo vivía en el cerro, entre Milenio y El Mirador, no me conocían en la cabecera municipal. Eso me provocó problemas de salud y mejor cedí el lugar a otro candidato con el que ganamos la elección”.

Ceder su lugar fue difícil, comenta Vega Carriles, porque las ganas de competir chocan con la realidad de una campaña adversa y al final no se llegó por no cumplir el requisito.

“Es difícil porque tienes que tomar la decisión y poner los pies

en la tierra. Fue la primera vez que ganó el PAN en El Marqués.

En esos años todas las carreteras eran de terracería, y se transformó el municipio. Ahora ya es otro, con comunidades menos atrasadas, zona urbana más desarrollada. Ahora tiene otros retos, como colonias abandonadas, seguridad, movilidad y el fomento a la industria no contaminante”, dice.

Para 2006, ya con carta de residencia y credencial para votar expedida en el municipio, buscó nuevamente la candidatura y ganó el que sería su primer período como alcalde. En 2012 volvió a competir y consiguió nuevamente la elección.

“En esa primera Administración comenzaron los primeros desarrollos. Se hizo mucha obra pública, con apoyo del Gobierno estatal, como bulevar de La Piedad y La Griega; mucho trabajo de pavimentaciones, como las entradas a comunidades e infraestructura escolar. En la segunda, en 2012, aunque no tenía el apoyo del Gobierno estatal, porque era del PRI, había tres queretanos muy bien posicionados en el Congreso, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez y Marcos Aguilar. Hicimos mucha obra pública, como prolongación Constituyentes”, señala.

Ahora, Vega Carriles ve nuevos retos.

“Debemos tomar todas las colonias que no han sido entregadas y empezar a darles todos los servicios. Necesitamos muchos recursos para seguridad, homologar salarios de los policías, capacitarlos y darles equipo. También mucha tecnología, videocámaras e inteligencia para controlar y estar a la altura de Querétaro y Corregidora, interconectados con ellos, con empresas privadas y parques industriales, para tener un verdadero control metropolitano”, dice. amqueretaro.com/perfiles

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Me volvieron a invitar a participar, porque salí muy bien evaluado en las mediciones que hizo el partido. Al ver que podíamos y que había una respuesta ciudadana favorable y con la experiencia que tengo, me dije ‘tengo cuerda para echarme otros tres años’ ".

En temas de movilidad, el candidato propone construir nuevas vialidades que beneficien a los habitantes de El Marqués, pero también a los de toda la zona metropolitana.

“Se hace un cuello de botella en toda la entrada de El Marqués, desde Pedro Escobedo hasta Querétaro, a la altura del Conín.

Se tienen que construir vialidades alternas para quienes van a Corregidora, Humilpan, Juriquilla y Zibatá. Hacer gasas de incorporación en el libramiento a San Luis Potosí, para llegar de la zona industrial a El Refugio, La Pradera, Zibatá y Juriquilla. Se descongestionaría mucho la entrada de la autopista, Bernardo Quintana y 5 de Febrero”.

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der saludar a la gente. Que me recuerden como alguien que hizo cosas por el municipio. No se puede dejar al 100, el período es corto y el recurso no alcanza, pero sí que digan que se hicieron bastantes cosas. Hoy puedo meterme a cualquier comunidad o colonia sin seguridad porque no le debo nada a nadie porque a nadie le hice fraude ni le prometí algo que no cumplí”, menciona.

Durante su trayectoria política, Vega Carriles vivió la construcción democrática del país.

“Se ha avanzado muchísimo.

Todavía faltan legislar muchas cosas y faltan cambios profundos en el sistema. La ciudadanía está harta, necesitamos tener un control para que no sigan los abusos, corruptelas, impunidad, tenemos que acabar con eso y ese cambio empieza en el Congreso. Hay mucho dinero, pero hay una nata y no logra bajar a quienes lo necesitan. Hay educación gratuita, pero no a todos los niveles ni de la misma calidad.

Es muy difícil que personas de zonas rurales accedan a la universidad y debería estar garantizado; la salud también. El seguro popular no cubre muchas cosas; falta mucho en materia de prevención. Una tercera Administración muy diferente a las dos anteriores, mucha transparencia y una nómina muy delgada, mucho orden”.

De acuerdo con el candidato, busca gobernar por tercera ocasión El Marqués porque en las mediciones que hizo el partido, salió muy bien evaluado.

Para concretar dichos proyectos se requiere liberar el terreno, acción en la que avanzó en su pasada Administración, pero también necestian los recursos del Gobierno del estado.

Otro aspecto de la movilidad que contempla Vega Carriles es el del transporte público.

“Que el Qrobús llegue a El Marqués para que sea más rápido y barato desplazarse”.

Al final, su Esta entrevista se realizó en objetivo es concluir su tercer RÍO QUINTANA período y poder Universidad 371, Álamos 1a Sección ver de frente a Lunes a sábado, de 13:00 a 23:00 h la ciudadanía.

Domingos, 13:00 a 18:00 h “En 2021 Reservaciones al 442 234 5678 quiero salir a la calle y po-

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Justicia alternativa, el arte de negociar La mediación fue el mecanismo más usado para resolver conflictos antes de ir a juicio durante 2016, según el Inegi

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texto: Carlos Perusquía fotos:

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oda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados por las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; declara el segundo párrafo del Artículo 17 constitucional. Sin embargo, en el quinto párrafo del mismo artículo, la Carta Magna también prevé que las leyes contemplen mecanismos alternativos en procuración de justicia.

Dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal de México existe el concepto de ‘justicia alternativa’, con el que los conflictos entre las personas son solucionados a través del diálogo y cuando los casos no sean graves.

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A esta forma en la que los ciudadanos pueden resolver problemas del tipo civil, penal, mercantil y familiar también se le conoce oficialmente como Medios Alternos de Solución de Conflictos (MARC); tienen el objetivo de evitar los gastos económicos y el desgaste emocional que representa un juicio para las partes involucradas.

“Este tipo de justicia permite que los particulares resuelvan sus problemas sin necesidad de ir con un juez, ya que da oportunidad a las partes para ponerse de acuerdo a través de la voluntad, cooperación y comunicación”, destaca la Secretaría de Gobernación (Segob).

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Más de 170 mil solicitudes de mecanismos alternativos de justicia se registraron hace dos años en el país, de las cuales 68 por ciento correspondió a la mediación, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tipos de justicia alternativa

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal –expedida en 2014– regula las bases de las resoluciones de conflictos entre los mexicanos.

Entre los medios alternos se encuentra la ‘mediación’, un procedimiento en el que, para encontrar una solución legal a determinado problema, las personas son auxiliadas por un tercero –el ‘mediador’– que facilita la comunicación entre ambas partes, detalla el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJ).

Para que este mecanismo se considere como ‘mediación’, debe ser voluntario; es decir, la participación de los involucrados debe ser por propia decisión. En caso de no mostrar disposición en la conversación, el mediador puede dar por terminado el proceso. Asimismo, debe ser confidencial, ya que no pueden divulgarse datos de la negociación.

Una de las ventajas de esta forma es la rapidez ante los juicios. El número de reuniones es pactado por los participantes y estas tienen una duración de una hora con 30 minutos. El servicio es gratuito y no representa gasto económico. Las decisiones son tomadas exclusivamente por las partes y disminuye el desgaste físico-emocional, destaca el Tribunal. amqueretaro.com/perfiles

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De más de 66 mil asuntos solucionados en el país durante 2016, 73 por ciento fue a través de la mediación, detalla el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.

La ‘conciliación’ es un medio similar al anterior, pues las personas proponen opciones de soluciones a sus conflictos y hay un

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tercero que también participa; sin embargo, este último involucrado adquiere un papel más relevante en su rol de facilitador. Está autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y sugerir la alternativa que considere más viable a la controversia.

Más de 8 mil asuntos se cerraron mediante esta forma.

El tercer y último mecanismo es la ‘junta restaurativa’ (mil asuntos resueltos hace dos años). Es un medio con enfoque colectivo debido, a que todos los involucrados buscan y aportan soluciones al conflicto; el énfasis está en que los afectados deciden la manera en que desean la reparación del daño causado.

En Querétaro

De 9 mil 864 averiguaciones realizadas desde mayo de 2016 (mes en que inició operaciones el nuevo sistema de justicia) hasta julio de 2017, 67.8 por ciento concluyeron con arreglo entre las partes, informó en su momento Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro.

En San Juan del Río, 70.7 por ciento se concluyó mediante un acuerdo; en Pedro Escobedo, 79.1 por ciento, y en Tequisquiapan, 68.3 por ciento. La solución de controversias alcanzó un monto de reparación de más de 83 millones de pesos, detalló el gobernador.

Con el objetivo de acercar a los ciudadanos a la justicia entre pares, se inauguró en agosto del año pasado el Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos que orefece atención a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora.

En ese entonces, Francisco Domínguez Servién anunció que en el espacio trabajarían 40 operadores en la promoción del diálogo, entre abogados, sociólogos, desarrolladores informáticos y todo un equipo interdisciplinario anteponiendo, en todo momento, los derechos humanos.

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“La mayor parte de los asuntos se resuelven en la misma Fiscalía, sin judicializarse. Derivado de las intervenciones, tanto de fiscales como de defensores públicos. Si un mayor porcentaje de los casos tiene una resolución vía

medios alternativos”, de acuerdo con el documento.

De 7 mil 784 solicitudes recibidas en Querétaro por los órganos especializados en esta materia hace dos años, 99 por ciento fueron emitidas por iniciativa del

solicitante y a su vez todas fueron aprobadas por la autoridad correspondiente, aunque ninguna solicitud fue hecha a propuesta del Ministerio Público; reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias rompen la posición tradicional de encontrar una persona culpable y que esta vaya a la cárcel, sin importar la naturaleza del delito.

Permiten que las partes en conflicto vean resultados en menor tiempo. La negociación entre las partes facilita la reparación del daño e impide que se escale la controversia al ámbito de carácter judicial”, detalla la Procuraduría General de la República (PGR).

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Aborto legal, tema de salud pública El derecho a la vida choca con esta realidad de difícil solución, pero mientras se concilian ambos rubros, la problemática prevalece

E texto: Ana Morales fotos:

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l 14 de junio, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley que despenaliza la interrupción del embarazo; sin embargo, aún es necesaria su aprobación en la Cámara de Senadores.

La iniciativa de ley, presentada por la Campaña Nacional

por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, tiene como objetivo despenalizar y legalizar el aborto hasta la semana 14 del proceso de gestación, asegurando así los derechos humanos y reproductivos a las mujeres; además, exige al Estado brindar educación sexual integral y anticonceptivos gratuitos.

Con base a los principales

objetivos planteados en la iniciativa, el lema de la campaña y que ha sido adoptado por el movimiento feminista es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

El avance en la aprobación de dicha normativa se dio después de 13 años de que se creó la campaña y de que se realizó un intento cada dos años (siete intentos en total) por debatir en el parlamento argentino el tema en torno a la legalización del aborto, principalmente negado por creencias religiosas y moralistas, dejando de lado sus consecuencias y su relevancia sobre la necesidad de darle la importancia en la esfera de salud pública en la nación sudamericana.

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Salud pública y abortos clandestinos

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, a nivel mundial, 45 por ciento de los abortos realizados de 2010 a 2014 fueron en condiciones de peligro; es decir, 25 millones de abortos al año.

Además, 97 por ciento de esos abortos se realizaron en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.

Ante dicha situación, son necesarios más esfuerzos en torno al tema para garantizar el

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acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro, así lo mencionó la autora principal del informe y científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, Bela Ganatra.

Además, con la finalidad de permitir una comprensión más matizada de las diferentes circunstancias en que abortan las mujeres que no pueden acceder a un método de interrupción seguro practicado por un profesional cualificado, el estudio realizado por la OMS y el Instituto

Guttmacher incluye las subcategorías de ‘aborto menos seguro’ y ‘aborto nada seguro’.

En este sentido, se informó que 55 por ciento de los abortos registrados durante 2010-2014 fueron practicados de manera 'segura'; es decir, fueron realizados por un profesional de la salud siguiendo las normas de la OMS. Por otro lado, 31 por ciento de las interrupciones efectuadas en el mismo período fueron 'menos seguros'; lo que significa que un profesional cualificado que utilizó un método poco seguro o desfasado como el legrado uterino instrumental, o fue realizado por una persona no cualificada, incluso si esta utilizó un método seguro como el misoprostol.

Aproximadamente, 14 por ciento de los casos restantes fueron subcategorizados como ‘abortos nada seguros’, pues fueron realizados por personas no cualificadas con métodos peligrosos como la introducción de objetos extraños o el uso de brebajes de hierbas.

Asimismo, en el informe se menciona que el número de muertes registradas por complicaciones derivadas de abortos peligrosos se elevó principalmente en regiones donde la mayoría de los abortos fueron hechos en condiciones poco seguras.

Las complicaciones que se derivan de los ‘abortos nada seguros’ incluyen hemorragias, lesiones vaginales, cervicales o uterinas, infecciones, así como abortos incompletos; es decir, cuando se realiza un aborto, pero durante el proceso no se retira del útero todo el tejido del embarazo.

La interrupción voluntaria del embarazo es legal en más de 50 países, principalmente en países desarrollados de Europa y América del Norte.

Algunos ejemplos son Estados Unidos y Reino Unido, donde el aborto es legal hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses; en cambio, en Suecia está permitido hasta la semana 18 de gestación. En otros países, como Noruega, Francia, Finlandia, Italia, Dinamarca, España, Alemania y Uruguay, el aborto se permite hasta la semana 12 de gestación; en Portugal y Cuba, hasta las semanas 10 y 8 respectivamente.

Contrario a ello, el aborto no está permitido bajo ningún concepto en 32 países, entre los que se encuentran Andorra, San Marino y Chile, del continente americano.

El resto de los países tiene algún tipo de legislación que lo permite solamente cuando hay riesgo de vida de la mujer o si el embarazo es consecuencia de una violación; en la mayoría de ellos, no se cumple el derecho al aborto ni siquiera en los casos avalados por la ley.

En el estudio de la Organización Mundial de la Salud se analizan los contextos que suelen pro-

piciar que las mujeres recurran a abortos peligrosos, incluidas las leyes y políticas de las naciones en dicha materia, el costo financiero de acceder a servicios de aborto seguro, la disponibilidad de servicios seguros y de profesionales sanitarios cualificados, así como las actitudes sociales ante el aborto y la igualdad de género.

En este sentido, en los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo en casos donde está en riesgo la vida de la mujer o para preservar su salud física, uno de cada cuatro abortos fue sin peligro.

Por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, nueve de cada 10 abortos fueron realizados de manera segura, señala el informe.

Por ello, penalizar los abortos no reduce su práctica, sino que tiene como consecuencia que se realicen en condiciones clandestinas, insalubres y poco seguras, lo que conlleva a que la tasa de mortalidad sea más alta.

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Contexto nacional

Se estima que cada año 16 millones de mujeres de entre 15 y 19 años dan a luz, así como un millón de niñas menores de 15 años; además, 3 millones de adolescentes realizan abortos clandestinos e inseguros, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pesar de dicho contexto, a nivel nacional la Ciudad de México cuenta con media despenalización del aborto; esto es permitido hasta la semana 12 de

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gestación, sin restricciones en cuanto a la razón.

La Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue aprobada en abril de 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Es válida tanto para menores de edad como para mujeres adultas y puede realizarse a mujeres de otros estados en clínicas de la Ciudad de México.

Además, la ley incluye una disminución de pena en caso de que el aborto se realice después de la semana 12 de gestación, con una condena de tres a seis meses

de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad; excluyendo cualquier responsabilidad penal en caso de que el aborto sea producto de una violación, que la vida de la mujer se encuentre en peligro o que el embarazo presente evidencias que ocasionen daños físicos o psicológicos.

Asimismo, se estableció la pena impuesta cuando se realice un aborto forzado; entendiéndose esto como la interrupción del embarazo en cualquier etapa sin el consentimiento de la mujer embarazada.

Durante la primera década de aprobada la Ley de ILE, se registraron 171 mil 333; aunque la mayoría de ellos se realizó a mujeres residentes de la capital.

El principal lugar de donde provenían las mujeres fueron de la Ciudad de México, con 122 mil 133 casos; le siguió el Estado de México, con 43 mil 75 mujeres registradas en las clínicas de la capital, y de Puebla, donde se registraron mil 09 solicitudes.

De Hidalgo acudieron 829 mujeres, seguido de Morelos, con 608 mujeres.

En Querétaro y Jalisco fueron

atendidas 430 y 430 personas, en ambos casos, de acuerdo con datos oficiales de ILE y la Secretaría de Salud.

Las estadísticas señalan que el principal grupo de edad de mujeres que realizó una interrupción de embarazo oscila entre 18 y 24 años de edad, con 47.1 por ciento de los casos.

Sin embargo, en abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente para permitir que las mujeres embarazadas, víctimas de una violación, puedan abortar legalmente en todo el país.

Esto se dio debido a un amparo presentado por los padres de una menor embarazada a raíz de una violación y cuyo feto “presentaba una alteración congénita grave”, informó la Suprema Corte por medio de un comunicado.

Esta decisión permitiría que casos similares sean presentados ante la Suprema Corte mexicana, que requiere de fallos en el mismo sentido en otros cuatro litigios antes de legalizar el aborto en estas circunstancias a nivel federal. Sin embargo, agregó el comunicado, aun correspondería a los congresos locales determinar su aplicación bajo el principio de jurisprudencia. amqueretaro.com/perfiles

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Querétaro, un estado conservador

Querétaro es una de las entidades considerada como conservadora y estricta en cuanto a la ley de la ILE; sin embargo, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional de mujeres que realizan una interrupción de su embarazo.

En el Artículo 136 del Código Penal del Estado se estipula como aborto la muerte al producto de la concepción hasta antes de su nacimiento; además, en los artículos 137 y 138 se señala: “Al que hiciere abortar a una mujer con consentimiento de ella, se le aplicará de uno a tres años de prisión; cuando falte el consentimiento, la prisión será de cuatro a siete años, y si mediare violencia física o moral, de siete a nueve años. Asimismo, para la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicará de uno a tres años de prisión”.

En tanto en el Artículo 142 se estipula que el aborto no es punible únicamente en dos casos: cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando sea

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causado por la culpa de la mujer embarazada; sin embargo, esta ley contiene muchos vacíos, y no siempre se aplica.

En 2015, una joven llamada Dafne McPherson fue condenada a 16 años de prisión, acusada de provocarse un aborto y encontrarla culpable de homicidio calificado; sin embargo, Dafne afirmó que no estaba enterada de su embarazo y que el aborto fue espontáneo mientras se encontraba en su trabajo, en una tienda departamental de San Juan del Río.

Debido a esa situación, la joven, a través de sus abogados, interpuso un amparo para lograr su libertad; por ello, en noviembre de 2017, el Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo Penal en Querétaro resolvió reponer el desahogo de pruebas del caso, el cual podría implicar la dictaminación de una nueva sentencia para Dafne.

De acuerdo con este caso, así como el contexto nacional y global en torno al tema del embarazo, en marzo el coordinador de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Sánchez Tapia,

informó que presentará una iniciativa de ley para despenalizar la interrupción del embarazo en Querétaro.

La propuesta buscará incrementar las causas en que el aborto esté permitido, así como el tiempo de gestación en que pueda ser realizado, informó Sánchez Tapia. Además, agregó, no está contemplada la interrupción legal del embarazo por libre decisión y, en el caso de menores de edad, se tendrían que realizar diversas consideraciones; pero, afirma, la prioridad será poder salvaguardar la vida de las mujeres embarazadas.

Sin embargo, dicha iniciativa, al igual que la actual ley, presenta fallas y vacíos en cuanto a su aplicación y validez; por lo que podría considerarse una continuidad o reafirmación del Código Penal, no de una iniciativa de ley.

Los casos de aborto en el estado no son aislados. Como se mencionó anteriormente, en la última década se registraron más de 400 solicitudes de aborto en clínicas de la Ciudad de México procedentes de mujeres que residen en Querétaro, pero esos son solo los casos de los que se tiene conocimiento.

Se estima que cientos de mujeres han practicado abortos caseros o en centros y con métodos no cualificados poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. de este tipo de casos no se tiene una cifra exacta debido a la ilegalidad (e inmoralidad) en la que se tiene considerada dicha práctica.

Además, debido a ello, en la entidad solamente se brinda acompañamiento, no prevención ni procesos de aborto legales; para estas acciones se buscan lazos con organizaciones o clínicas de la Ciudad de México. Con este contexto es necesario reformar las leyes locales y nacionales, para así garantizar los derechos humanos de las mujeres.

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Los retos para alcanzar la cobertura universal de salud pública El IMSS, el ISSSTE, y el Seguro Popular concentran 86 por ciento de la población afiliada a alguna entidad de este servicio, pero no es suficiente, de acuerdo con expertos

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egún el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México es una nación incluyente que garantiza el acceso a los servicios de salud para toda la población; para lograrlo, el documento detalla que las autoridades deben definir lo que se entiende por salud y comprender lo que representa garantizar el acceso a ella y la llamada Cobertura Universal en Salud (CUS).

¿Qué es la salud pública? texto: Axcel Luengas fotos:

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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley General de Salud, estos servicios se clasifican en tres grandes grupos: atención médica, asistencia social y salud pública.

Se entiende como atención médica las actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Por otro lado, la asistencia social consiste en aquellas ejercidas para intentar cambiar las circunstancias sociales que impiden el desarrollo integral de las personas que se encuentran en estado de necesidad, desprotección, desventajas físicas o mentales; con la finalidad de incorporarlas a una vida plena y productiva.

La salud pública consiste en brindar educación para la prevención y el control de enfermedades transmisibles de atención prioritaria; asimismo, para planificación familiar, nutrición y salud bucodental.

Marco legal. ¿Cómo estamos?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4, señala que el acceso a la salud es una de las garantías individuales con que cuentan los mexicanos; ergo, los servicios de salud deben estar disponibles para todas y todos los individuos que radiquen dentro del territorio nacional. En este sentido, no detalla que estos servicios deban brindarse de manera gratuita.

De igual modo, en el Artículo 73, fracción XVI, menciona que es facultad del Congreso de la Unión elaborar leyes sobre salubridad general, y la enmienda de crear y mantener vigente la Ley General de Salud.

No obstante, la Ley General de Salud señala que el Consejo de Salubridad General es una autoridad sanitaria que depende directamente del presidente de la República. Este organismo sesionará, participará, analizará y rendirá informes sobre la consolidación, el mejoramiento, la eficiencia y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, la Ley General de Salud detalla que la protección en esta materia consiste en que los individuos tengan bienestar físico y mental, prolongar y mejorar su calidad de vida, que gocen de servicios de salud y asistencia social de manera eficaz y oportuna; asimismo, que los individuos conozcan los servicios a los que pueden acceder y obliga a que exista investigación de manera suficiente para desarrollar constantemente mejores servicios de salud. amqueretaro.com/perfiles

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¿Crisis?

En mayo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó el informe ‘Pequeños pasos para transformar al sistema de salud’; en el que detalla que México es el segundo país de la OCDE que más destina presupuesto para salud. No obstante, el gasto de cada uno de los mexicanos para sanear enfermedades crónicas puede –añade– condicionar a una familia a caer en condiciones de pobreza.

En México, asegura, “se está gestando una crisis de salud pública que podría tener consecuencias socioeconómicas tras-

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cendentales para las familias y para el país”. Entre las causas de esta crisis se enlistan aspectos como el incremento de personas que padecen enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional y los factores de riesgo a los que se enfrenta la población joven, como el sedentarismo y por ende la obesidad. Añade también que el sistema de salud está “fragmentado, y es uno de los que tiene más deficiencias de financiamiento público en el mundo” tal que en 2016 se destinó 5.8 por ciento del PIB para salud, del cual 3 por ciento fue gasto público.

Hoy, más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en materia de salud, es decir, al menos 13 por ciento de la población. No obstante, la OCDE informó que hasta 41 por ciento del gasto total en salud proviene de los bolsillos de los mexicanos.

Diversos estudios demuestran que un gasto público menor a 5 por ciento del PIB, así como un gasto del bolsillo superior a 20 por ciento del gasto total en salud, incrementa considerablemente la proporción de hogares con gastos que define como ‘catastróficos en salud’. En este sen-

tido, refiere a hogares que destinan hasta más de 40 por ciento de su presupuesto de no subsistencia para cubrir gastos relacionados a salud; lo que puede acarrear implicaciones serias para el patrimonio de los hogares. Según la OMS, México cumple perfecto estas condiciones.

Otro de los retos a los que se enfrenta México en materia de salud es la latente crisis en los organismos que conforman el Sistema Nacional de Salud, del cual son miembros instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Salud (SSA), IMSSProspera e instituciones privadas, así como otras no gubernamentales.

IMSS

Uno de los casos más relevantes, de acuerdo con el informe ‘Retos de cobertura y financiamiento en México’, proporcionado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), es el del IMSS, pues para el año pasado los ingresos que recibió este seguro fueron de 258 mil millones de pesos provenientes de las aportaciones de 18.6 millones de trabajadores.

Cada trabajador aporta, en promedio, 4.7 por ciento, el patrón 4.2 por ciento y el Gobierno federal hasta 3.3 por ciento del salario base de cotización (SBC).

El informe detalla que el IMSS tiene un déficit de 3.3 por ciento del SBC para que sus ingresos puedan cubrir los gastos del seguro de enfermedades y maternidad; del cual son beneficiarios trabajadores y pensionados, así como familiares directos que dependen económicamente

de ellos; al igual que quienes estén en casos de maternidad y enfermedades, no consecuencia de trabajo.

ISSSTE

Para 2016, el ISSSTE tenía 13 millones 205 mil 535 afiliados. No obstante, en dicho año sus ingresos por seguro de salud fueron de 57.3 mil millones de pesos; sin embargo, sus gastos ascendieron a 70.6 mil millones de pesos, lo que representa un déficit presupuestario de hasta 13.3 mil millones de pesos.

Seguro Popular (SP)

En 2000, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, bajo el lema “La democratización de la salud en México” buscaba la reducción de los rezagos en salud que afectan a los más vulnerables; así como el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y que el desarrollo económico fuera de la mano con la salud.

Para cumplir dichos objetivos se creó el Seguro Popular, dirigido a comunidades que no tenían acceso a servicios de salud. Tan solo en fase de pruebas afilió a más de un millón de personas.

Con ello la Secretaría de Salud aseguraba cubrir 85 por ciento de la demanda en esta materia. Para 2013 se registraron más de 55.5 millones de personas.

El IMSS, el ISSSTE, y el SP concentran el 86 por ciento del total de la población afiliada a alguna entidad de salud. Existe un gran número de personas afiliadas a más de una institución. En este caso, se calcula que 6.2 millones de personas están afiliadas al IMSS y al SP simultáneamente, mientras que 561 mil están afiliadas al IMSS y al ISSSTE al mismo tiempo. Por su parte, alrededor de 570 mil están afiliadas al SP e ISSSTE, mientras que 39 mil 732 personas están afiliadas al mismo tiempo a estas tres instituciones. amqueretaro.com/perfiles

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Lunes 25 de junio, 2018

En total suman 2 millones 190 mil 995 personas con al menos una doble afiliación a alguna institución.

Para 2016, el gasto público para el sector salud representó 2.7 por ciento del PIB y para 2017 fue equivalente a 2.6 por ciento de este. Es distribuido de la siguiente manera: 42 por ciento para servicios personales; 14.9 por ciento para materiales y suministros; 7.1 por ciento para servicios generales; 18.2 por ciento para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y 0.9 por ciento para bienes inmuebles e intangibles.

La cobertura efectiva, es decir, la atención oportuna y de calidad, representa grandes ries-

gos. De acuerdo con el CIEP, es necesaria una reforma integral al sistema de salud, que incremente el presupuesto destinado a salud dentro del PIB, que ha ido en declive en los últimos años.

“El mayor reto”, detalla, “es encontrar fuentes de financiamiento que permitan asegurar el acceso, la calidad, equidad y eficiencia de los servicios”.

Para que un país sea reconocido como uno que alcanzó la cobertura universal de salud, debe recibir calificaciones satisfactorias en los indicadores internos e internacionales en materia de afiliación, calidad, eficiencia, equidad, sostenibilidad, capacidad física, técnica y humana.

En este sentido, es necesaria una revisión de los procesos de atención, cobertura y planes de financiamiento, pues la cobertura efectiva por tiempo de espera de la atención es calificada con 17.3 por ciento. Por otro lado, la percepción de calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de salud en México ha recibido una calificación de 18.7 por ciento.

Según el CIEP, para alcanzar realmente un sistema de salud universal se requiere mejorar el

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paquete de prestaciones en protección de salud y la reducción de gastos catastróficos de salud.

En 2016, México reportó una cobertura de afiliación a instituciones públicas de 89.5 por ciento; sin embargo, al menos 189 mil hogares tuvieron gastos catastróficos por cuestiones de salud. En promedio, cada individuo afiliado al SP, IMSS, ISSSTE o Pemex tiene un gasto de su bolsillo que va de mil 487 pesos a 3 mil 982 pesos ante casos de enfermedad.