ANÁLISIS Judicialización de la política busca destruir al PLD

Ante apresamiento de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, Comité Político responde: «En el PLD no tenemos miedo».

EURI CABRAL

@euri_cabral

ESPECIAL PARA PAÍS POLÍTICO

El PRM y el gobierno desde hace unos meses están desarrollando una estrategia política para alcanzar la reelección de Luis Abinader en primera vuelta. Uno de los elementos de esa estrategia es desprestigiar al PLD y sus dirigentes a través de una campaña agresiva de acusaciones sobre actos de corrupción, y los subsecuentes apresamientos de ex funcionarios y dirigentes del PLD que formaban parte del gobierno de Danilo Medina. Hasta la pasada semana, los números de Luis Abinader no daban para una victoria en pimera vuelta. Los esfuerzos del PRM y del gobierno de utilizar la politización de la justicia, lo que en América Latina se ha llamado Lawfare, para sacar de circulación política al PLD, no le habían dado resultados. El PLD, a pesar de los tres expedientes que la procuraduría había armado hasta la semana pasada, no se ha debilitado sino que por el contrario se nota más fortalecido. Ha sido capaz de desarollar una efectiva estrategia de fortaleza orgánica y un proceso exitoso de elección de su candidato presidencial, Abel Martínez. El PRM y el gobierno están jugando al Lawfare para encubrir su directa participación en esta estrategia judicial de procesar peledeístas.

¿Qué es el Lawfare? Es el uso incorrecto de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de los adversarios políticos. Para lograrlo hace se implementan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y sus posibles defensores, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Tal y como hemos visto en los actuales procesos, lo que se busca es lograr que los acusados sean condenados mediáticamente, pierdan apoyo en la sociedad y no dispongan de capacidad para una reacción popular.

Eso lo ha hecho el PRM y el gobierno en contubernio con la Procuraduría General de la República. Y es el mismo esquema que se ha usado en otros países de América Latina, aunque los resultados han sido muy diversos y en muchos casos, como en Brasil, por ejemplo, se han revertido en contra de los gobiernos que han implementado esa estrategia.

En el caso de Perú, la judicialización de la política ha convertido a ese país en una nación ingobernable. En tan solo cinco años ha tenido cinco presidentes, todos derrocados y acusados de corrupción, algunos encarcelados y todos perseguidos. Peor aún: Ese Lawfarw provocó que el expresidente Alan García se suicidará en su residencia momentos antes de ser apresado por acusaciones de corrupción administrativa.

En el caso de Brasil, Ignacio Lula Da Silva fue objeto de un maltrato y de un abuso sin límites por parte del gobierno de Bolsonaro, en contubernio con el ministerio público encabezado por el irresponsable juez Sergio Moro. Sin tener ninguna prueba, acusaron a Lula de corrupción, le negaron sus derechos, violaron todos los procedimientos y lo metieron en la cárcel por casi dos años. Pero luego, la Suprema Corte anuló ese abuso y tres años más tarde Lula ganó las elecciones y actualmente es el presidente de Brasil. A Bolsonaro y Sergio Moro les Salió el tiro por la culata con Lula.

¿Es Danilo Medina el objetivo a largo plazo?

En los últimos días los números de las encuestas han des-