“Este boletín recoge las noticias publicadas en la prensa escrita relativas al sector de la seguridad social en la República Dominicana. Las mismas no necesariamente reflejan la opinión del Observatorio”.
Boletín 2022-06
Miércoles 01 al Domingo 26 Junio 2022
ISSN: 2676-0991
En este boletín: 1.
Empleados
haitianos
en
Santiago podrán optar por beneficios de la Seguridad Social 2.
Ideologías y sistemas de pensiones
3.
Miércoles 01 de junio del 2022 https://listindiario.com/la-republica/2022/06/01/723912/empleados-haitianos-ensantiago-podran-optar-por-beneficios-de-la-seguridad-social Autor (a): Onelio Domínguez
¿Cuánto cuesta fortalecer el primer nivel de atención
El Consulado General de Haití en Santiago y la Asociación de Industriales de Santiago
de la red pública?
(ACIS) firmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de que los trabajadores haitianos puedan optar por los beneficios de la Seguridad Social y así fortalecer el sistema económico, empresarial e industrial de ambas naciones. Sandy Filpo, presidente de la ACIS, explicó que el acuerdo persigue beneficios para empresarios y comerciantes de los dos países y citó como importante para el empresariado criollo, el compromiso de establecer los visados para los socios de las instituciones que pertenecen a ella, que no solo sea de tres meses, sino de un año, para hacer más ágil el proceso. “Es sumamente complicado para el sector empresarial nacional la canalización del visado de Haití con tan corta vigencia, esta disposición impactaría de manera positiva en las asociaciones que pertenecen a nuestra entidad”, señaló Filpo. El dirigente empresarial se comprometió a impulsar la regularización del trabajador haitiano a los fines de que puedan contar con el documento de identidad correspondiente, para que puedan acceder a la Seguridad Social, Sistema de Pensiones, que les permita una estadía más rentable dentro de sus labores en empresas nacionales y estén debidamente regulados acorde con la leyes dominicanas de Seguridad Social y de Migración. En un encuentro con los medios de comunicación, Filpo explicó que el acuerdo establece que el Consulado General de Haití, se compromete a gestionar y articular misiones comerciales que estén interesados en hacer negocios con la República Dominicana y viceversa y “ya hemos establecidos tres misiones anuales”.
PÁGINA 2 El acuerdo El artículo primero el acuerdo establece que “la ACIS se compromete a cooperar en la gestión de visas de negocios de al menos un año, haciendo una gestión de diligencia cuando sea solicitado a través del consulado, para algún ciudadano haitiano con interés en hacer negocios”. Mientras que en el artículo segundo, el consulado se compromete a cooperar en la gestión de visa de negocios y de trabajo haitianas pertinentes, que los socios y vinculado de la ACIS puedan requerir para sus trabajadores haitianos, haciendo una gestión de diligencia cuando sea solicitado a través de la ACIS. Las partes se comprometieron a desarrollar y fortalecer de manera conjunta los vínculos comerciales entre empresarios dominicanos y haitianos. En documento fue rubricado el primero de junio de 2022, por James Jacques en nombre y representación del Consulado General de Haití en Santiago y Sandy Filpo por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACIS. Además de Jacques y Filpo, estuvieron presentes los directivos de la ACIS Juan José Jiménez, Rafael Hernández, Feliz Eduardo García, José Octavio Pérez Zapata entre otros.
Viernes 03 de junio del 2022 https://acento.com.do/opinion/ideologias-y-sistemas-de-pensiones-9068523.html Autor (a): Pedro Luis Castellanos
Tanto los sistemas “de reparto” como los de “capitalización individual”, en sus versiones más abstractas e ideologizadas, tienen fortalezas y debilidades y no son inmunes a las dinámicas estructurales específicas de cada sociedad. Parece incuestionable que, no obstante los importantes avances logrados en el marco de la Ley 87-01, existe un clima de insatisfacción en importantes sectores de la sociedad dominicana, acerca del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Algunas de ellas más vinculadas a falencias operativas y otras a la estructura del sistema. La sociedad espera y necesita más y mejor protección social ante los riesgos y vulnerabilidades que resultan de sus dinámicas económicas, culturales y sociales en general; para avanzar como sociedad hacia un modelo de desarrollo más incluyente, que logre prosperidad económica y simultáneamente produzca mejor calidad de vida y mayor equidad. Después de todo, nuestra sociedad ha mostrado un fuerte compromiso con la democracia, y la equidad en oportunidades y capacidades es la base material de la democracia, como la participación lo es en el orden político. La protección social de las personas adultas mayores, como política pública procura precisamente reducir las vulnerabilidades individuales, familiares y comunitarias, por vía de distribuir socialmente los costos, mediante la solidaridad hecha política, garantizando un piso básico universal de calidad de la vida. Es imposible, y tal vez indeseable, que una persona se despoje de su perspectiva ideológica cuando se abordan temas de políticas sociales. Ellas son una especie de música de fondo que, muchas veces de manera no consciente, condicionan lo que se dice y se hace, así el quehacer científico técnico suele estar siempre impregnado de intereses e ideologías. Pero, si aspiramos a que las actualizaciones y reformas del Sistema de Seguridad Social sean producto de consensos, que superen el actual desencanto creciente de la ciudadanía con el sistema vigente, y conciten el entusiasmo de la mayor parte de la ciudadanía, deberíamos esforzarnos porque el centro de los diálogos técnicos y políticos sean las necesidades y problemas de la ciudadanía, no las acusaciones o prejuicios ideológicos, aunque estos sean como el refajo que se quiere ocultar pero se asoma. Tratar de desacreditar propuestas que no compartimos, desde una perspectiva ideológica, tal vez pueda resultar útil cuando se trata de ganar apoyos, pero no tanto para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar, por la vía del diálogo respetuoso que reclama la democracia, en sociedades profundamente desiguales, como la nuestra.
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Por ejemplo, cuando alguien plantea la necesidad de revisar el sistema de pensiones del país, basado en la llamada “capitalización individual” y propone analizar la conveniencia de un sistema de dos pilares, uno obligatorio “de reparto” y uno voluntario de ahorro individual, no necesariamente está planteando que se estatice todo el sistema o la economía, ni mucho menos la resurrección del viejo IDSS, o un mal intencionado que busca apropiarse de los ahorros de los afiliados. Intentar caricaturizar y desacreditar a los proponentes, no responde a argumentos y se centra en los proponentes. No tenemos que decidir entre un mercado desbocado, envalentonado por la ideología neoliberal, y un estado omnipotente que asfixie libertades y la iniciativa ciudadana.
Igualmente, cuando alguna persona o sector defiende mantener el actual sistema de capitalización individual, no necesariamente lo hace porque sus intereses personales o sociales sean opuestas al bienestar colectivo. Esa percepción responde a un prejuicio que, si bien puede tener fundamento en la experiencia, no responde a las propuestas propiamente sino al proponente.
Debemos comprender que desarrollar un buen sistema de pensiones no es tarea fácil, que toca a diversos intereses y dinámicas sociales, culturales, demográficas y económicas, que roza de cerca las expectativas y derechos ciudadanos, y que hay diversas experiencias y abordajes, cada uno con fortalezas y debilidades, que deberían ser consideradas al momento de decidir. El camino más productivo es compartir argumentos, estudios, análisis, más allá de las fuentes ideológicas que puedan darles origen y sustento a las posturas, tomando como punto de partida las fortalezas y debilidades ya conocidas e identificadas en diversos países y centros académicos, las experiencias nacionales e internacionales, y el interés de lograr la mejor protección social y calidad de vida para la ciudadanía, en forma sostenible.
Los sistemas de protección social del derecho a una vejez digna, están actualmente sometidos a intensos debates en numerosos países, lo que nos ayuda a identificar las principales limitaciones y riesgos de cada uno de los modelos propuestos. La CEPAL, la OIT, el PNUD, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la OCDE, el PNUD, entre otros organismos internacionales, han enriquecido estos debates. Además de los debates y propuestas desarrolladas recientemente en varios países latinoamericanos y europeos. La realidad es que tanto los sistemas “de reparto” como los de “capitalización individual”, en sus versiones más abstractas e ideologizadas, tienen fortalezas y debilidades y no son inmunes a las dinámicas estructurales específicas de cada sociedad. En próximos artículos intentaremos señalar algunas fortalezas y debilidades destacadas, a nivel internacional, para diferentes diseños de sistemas de pensiones y de protección social del derecho a la salud
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Viernes 03 de junio del 2022 https://acento.com.do/opinion/cuanto-cuesta-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion-de-la-redpublica-9068518.html Autor (a): Magdalena Rathe
La cifra de financiamiento adicional necesario en el año 2022 es inferior a 3,000 millones de pesos. Con ese monto se podrían mejor los servicios de más de 5 millones de personas. El jueves 2 de junio de 2022, se puso a circular el estudio “Estimación preliminar del costo de fortalecer el primer nivel de atención en la red pública”, realizado por la Fundación Plenitud y UNICEF. El trabajo contiene una justificación sobre la importancia de la atención primaria en salud y de un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, que pueda atender los problemas prioritarios de la población y prevenir sus complicaciones, con la finalidad de alcanzar una verdadera salud universal. Ofrece un recuento de experiencias en otros países de la región con mejores resultados de salud, como Costa Rica, Uruguay y El Salvador, de los cuales se extraen experiencias que pueden servir al caso dominicano. Asimismo, una descripción de la inversión en salud de los gobiernos dominicanos, que se concentra principalmente en el tercer nivel de atención y en las intervenciones especializadas y de alto costo. Igualmente, se enfatiza la necesidad de reorientar las prioridades de inversión para incrementar el financiamiento del primer nivel de atención. Asimismo, delinea una ruta crítica para presentarla a los principales actores involucrados y responsables. Se parte de la idea de que un primer nivel de atención fortalecido dentro de una estrategia de atención primaria es necesario para toda la población dominicana, independientemente de su nivel de ingreso y de su afiliación en el régimen subsidiado o contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS). Existen muchas formas de implementar esto, con la participación de diferentes actores, públicos y privados con y sin fines de lucro. El objetivo es tener una misma canasta de prestaciones de buena calidad, orientada a dar servicios a la población a lo largo de su vida. Un primer paso para lograrlo es el fortalecimiento del primer nivel de la red pública, dado que una parte importante de la población siempre buscará sus servicios en ella pues, fuera de los grandes centros urbanos, será su única opción. Por tal motivo es fundamental fortalecerla y crear las condiciones para que la misma pueda ser financiada, no sólo con recursos presupuestarios, sino también a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) de la seguridad social. En la estimación realizada se parte de dos fuentes clave: (1) La propuesta de SISALRIL del 2018 que costea una canasta completa e integral de primer nivel, con cobertura garantizada para ciertas prestaciones, sin barreras de acceso ni copagos, con medicamentos esenciales incluidos; (2) Las brechas de Centros de Atención Primaria, Unidades de Atención Primaria, Centros de Diagnóstico, personal y equipamiento, identificados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) en 2017 y en 2020. Las inversiones en construcción, reconstrucción, equipamiento, recursos humanos adicionales según el modelo de atención del Ministerio de Salud, capacitación de los recursos humanos, se prorratean entre 2022 y 2030, para que sean realizadas paulatinamente. La proyección de las necesidades se realiza tomando en consideración el crecimiento de la población del régimen subsidiado, partiendo de las tasas verificadas en 2019. Los costos son indexados al proyectarlos al 2030.
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De este modo, se obtiene el financiamiento anual requerido y se estima el financiamiento adicional, dado que parte de los fondos ya se vienen cubriendo actualmente: el proveniente de los pagos que realiza SeNaSa a la red del SNS por servicios del primer nivel de atención de la población subsidiada y el resultante de los gastos del SNS en el Primer Nivel de Atención con recursos del llamado “presupuesto histórico”. Cuando extraemos ambos gastos nos quedan los recursos adicionales necesarios para implementar la propuesta de APS de la SISALRIL, fortaleciendo el PNA de la red pública del SNS. La cifra de financiamiento adicional necesario en el año 2022 es inferior a 3,000 millones de pesos. Con ese monto se podrían mejor los servicios de más de 5 millones de personas. Asignar dichos fondos es totalmente factible en las presentes circunstancias, sobre todo luego de ver los ingentes recursos que fue posible encontrar para el manejo de la pandemia. Esto implica un cambio en las prioridades de gasto del gobierno. En la actualidad, el SNS destina el 70% de su presupuesto a cubrir los niveles especializados de atención (alrededor de 30,000 millones de pesos en el 2021) y sólo el 15% al primer nivel de atención. Algo similar ocurre en el régimen subsidiado de SENASA, donde además de priorizar las especializaciones, el 33% de su presupuesto se va en intervenciones de alto costo y menos del 1% a promoción y prevención. Además, el MSP posee un programa de medicamentos de alto costo con un presupuesto que hasta 2021 había sido de alrededor de 3,000 millones de pesos y que se proyecta en 7,000 millones para 2022 (según informaciones periodísticas). Todos los gastos anteriores son necesarios. No recomendamos reducirlos sino aumentar el financiamiento público a la salud, que ha sido tradicionalmente bajo por muchas décadas. Aumentó sustancialmente durante la pandemia, pero ya está regresando a sus niveles anteriores con relación al PIB, siendo uno de los más bajos de la región. La estimación realizada en este estudio se realizó considerando la utilización y fortalecimiento de la red pública del SNS. Sin embargo, es también factible integrar a la red pública, mediante modalidades de alianzas público-privado, un conjunto de PSS privados, con y sin fines de lucro, en cuyo caso, parte del financiamiento contemplado en la estimación para los renglones de cierre de brechas, tendrían que ser reasignados a través de SeNaSa para que esta ARS los utilice para adquirir de esos PSS servicios de salud para la población subsidiada. También es importante señalar que, si se implementan nuevas modalidades de gestión en la provisión pública y se habilitan estos centros, tendrían la posibilidad de facturar a las ARS dentro del régimen contributivo, disminuyendo la carga dentro del presupuesto público.
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La experiencia muestra que casi cualquier sistema de pensiones tiene fortalezas y debilidades y que, dependiendo de coyunturas económicas y políticas, los países tienden a explorar opciones más allá de la rigidez de posturas ideológicas. Las políticas públicas son instrumentos de estado, que procuran orientar la vida en sociedad y sus interacciones sociales y económicas en la dirección definida por el Pacto Social que da sustento a la existencia de ese Estado, mediadas por la orientación ideológico política, los intereses, capacidades y recursos de los equipos gobernantes. Los Sistemas de Protección Social son Políticas públicas que procuran garantizar a todos los ciudadanos, un nivel mínimo de calidad de vida. Atañen, por tanto, a los derechos fundamentales, frecuentemente definidos en el marco Constitucional de cada país como Derechos Fundamentales, que traducen (explícita o implícitamente) el pacto social que sustenta a dicho estado y su modelo de desarrollo. Dado que las necesidades y problemas que atañen a la calidad de la vida, varían según sector social y según los grupos de edad y sexo, los Sistemas de Protección Social suelen estar conformados por un ramillete de iniciativas públicas, ejecutadas por entes públicos o mediante alianzas público/privadas. Tienen un carácter complejo y multisectorial. Los Sistemas de Pensiones son uno de los componentes de los Sistema de Protección Social y, como tales, responden a derechos ciudadanos establecidos en el marco Constitucional. Su razón de ser es garantizar un nivel básico de calidad de Vida para las personas que alcanzan una edad en la cual la sociedad considera que ha mermado su capacidad productiva y, por tanto, deben ser protegidos financieramente, para reducir el efecto empobrecedor familiar asociado a estas edades, garantizar un nivel básico de calidad de vida socialmente aceptable y definido como derecho, como parte del piso de ciudadanía, más allá del cual, las interacciones sociales establecen diferencias según las capacidades y oportunidades de cada familia. Uno de los temas conceptuales, a mi entender, esencial, a dilucidar como sociedad, es si las pensiones tienen como objeto principal la substitución de los salarios percibidos, o la garantía de nivel de
vida
básico
socialmente
definido.
En
el
primer
abordaje,
las
pensiones
no
van
predominantemente orientadas a reducir las desigualdades sociales ni a garantizar un determinado nivel de calidad de vida para toda la ciudadanía. Si los salarios son altos, se espera pensiones más altas que para aquellos con salarios bajos, sean o no suficientes para determinado nivel básico de calidad de la vida. Quienes no tienen salarios, o no cotizan, solo tendrían pensiones, como expresión de beneficencia pública y/o privada. En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de acabar con la pobreza, establecido en la agenda 2030 acordada por los países, este debate ha emergido entre los organismos internacionales, espacios académicos y organizaciones sociales, y tiene implicaciones prácticas de gran significación. La CEPAL, el PNUD, el Banco Mundial y la OIT (todos del Sistema de Naciones Unidas), la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Asociación Internacional de Seguridad Social, entre otros, han llamado la atención al respecto.
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Desde la perspectiva de derechos y de Protección Social de la población de envejecientes, suele concebirse las pensiones como Políticas Públicas que buscan contribuir a garantizar un nivel básico de Calidad de Vida, mediante un ingreso mínimo universal para todos los envejecientes; evitando así que constituyan una carga que comprometa el presupuesto familiar y deteriore la calidad de la vida familiar, reduciendo la segmentación social de derechos en la población. En este contexto, las pensiones no solo estarán definidas por los salarios previos, ni las cotizaciones o ahorros forzosos aportados, sino por el costo de la vida u otro instrumento socialmente validado para definir ese umbral básico de ciudadanía. No excluye que cualquier persona o familia, por voluntad y capacidades propias, pueda ahorrar para garantizarse un nivel superior de sus pensiones. Obviamente, estos abordajes requieren definir el nivel básico de Calidad Vida y su correspondiente valor, los costos presentes y futuros mediante estudios actuariales, los mecanismos de financiamiento y modalidad de ejecución, así como una adecuada coordinación intersectorial para asegura la integralidad de la Protección Social. No basta con el enunciado conceptual, aunque este sea un punto de partida necesario.
Las experiencias de los países han sido diversas. No hay un modelo único universalmente aceptado. Más aun, la experiencia muestra que casi cualquier sistema de pensiones tiene fortalezas y debilidades y que, dependiendo de coyunturas económicas y políticas, los países tienden a explorar opciones más allá de la rigidez de posturas ideológicas. Se trata de decisiones de índole política. En estados democráticos, estas decisiones requieren la construcción de consensos en la sociedad, y estudios técnicos de cierta complejidad. Avanzar más allá del despliegue de posiciones ideológicas, definir los propósitos y objetivos de las reformas, y tratar de centrarse en los problemas y necesidades ciudadanas queremos garantizar o al menos asumir como horizonte y destino.
Volveremos sobre este tema, sobre algunas fortalezas y debilidades encontradas en los sistemas llamados “de reparto” y en los de “capitalización individual”
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Martes 14 de junio del 2022 https://presidencia.gob.do/noticias/consejo-nacional-de-seguridad-social-aprueba-devolver-mas-de-rd7-milmillones-trabajadores Autor (a): Redacción del portal de la Presidencia de la República Dominicana
Santo Domingo.- Luego de un proceso de negociación multisectorial que concluyó con un exitoso consenso, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Luis Miguel De Camps García, anunció en rueda de prensa la aprobación de la Resolución No. 545-01. Dicha resolución autoriza la devolución de más de 7 mil millones de pesos a más de 25 mil trabajadores que, por la edad a la que ingresaron al sistema creado por la Ley 87-01, no calificaban para recibir una pensión. La aprobación de esta resolución estuvo fundamentada en el informe favorable emitido por la Comisión Permanente de Pensiones del CNSS el pasado lunes 13 de junio. Este informe fue el resultado de un cuidadoso análisis del marco regulatorio aplicable por parte de la comisión y surge de la inquietud del presidente y consejeros, quienes buscaban poder beneficiar a miles de trabajadores que se encontraban afectados por la situación. De Camps García resaltó que esta resolución impactará positivamente y de manera inmediata a más de 25 mil de trabajadores de la República Dominicana, los cuales se encontraban en un limbo jurídico en cuanto a la devolución de sus aportes. “Esta resolución crea un precedente jurídico que les permitirá gozar de este beneficio a muchos trabajadores que, cada año, caen en esta situación por haber llegado a la edad de 60 años sin contar con las cotizaciones requeridas por la ley para gozar de una pensión”, subrayó al respecto. El también Ministro de Trabajo reafirmó el compromiso del Presidente Luis Abinader, con la búsqueda de soluciones para los problemas que por años han afectado a los trabajadores dominicanos. “El Presidente Abinader nos ha trazado una ruta clara: asegurarnos de que todos los trabajadores disfruten sin restricciones de todos los derechos que les reconoce la ley. Este objetivo es el que guía nuestras ejecutorias y así seguirá siendo”, afirmó. De acuerdo con la Ley 87-01, los requisitos para que los afiliados al Sistema de Seguridad Social gocen de este beneficio son tener una edad de 60 años en adelante y poseer al menos 360 cotizaciones. La resolución revisó el método de cálculo de la edad y establece el más amplio e inclusivo, para ser considerado de ingreso tardío, el cual es el de 45 años de "edad al próximo cumpleaños", el cual supone que cada individuo al superar cada cumpleaños comienza a transitar la edad siguiente. Además, la resolución beneficia a los afiliados al no tener que enfrentar trabas burocráticas innecesarias, las cuales fueron eliminadas por la resolución, con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores a sus derechos.
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Miércoles 15 de junio del 2022 https://eldia.com.do/trabajadores-tendran-acceso-a-pensiones-por-motivo-edad/ Autor (a): Eymi Silvestre
Santo Domingo.-El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ha aprobado una resolución que autoriza la devolución de más de RD$7,000 millones a más de 25,000 trabajadores que, por la edad a la que ingresaron al sistema creado por la Ley 87-01, no califican para recibir una pensión. Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, informó ayer que la aprobación de la Resolución 545-01 estuvo fundamentada en el informe favorable emitido por la Comisión Permanente de Pensiones del CNSS el pasado lunes. El alto funcionario espera que esta decisión impacte positivamente y de inmediato a más de 25,000 trabajadores, los cuales se encontraban en un limbo jurídico con relación a la devolución de sus aportes. Explicó que esta resolución crea un precedente jurídico que le permitirá gozar de este beneficio a muchos trabajadores que, cada año, caen en esta situación por haber llegado a la edad de 60 años sin contar con las cotizaciones requeridas por la ley para gozar de una pensión. En la opinión pública se tenía la idea de que cualquier persona que empezó a cotizar tarde podía reclamar estos fondos, pero para hacerle debe cumplir con ciertas condiciones, como son la de haber empezado a cotizar tarde y no estar trabajando, por desempleo prolongado o por incapacidad para trabajar.
El plazo De Camps, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), dijo que después de que entre en vigencia la Resolución No. 545-01, la cual fue aprobada por el CNSS, se estará entregando a partir de 45 días los fondos a las personas que se encontraban en un limbo jurídico. Esta resolución resuelve sobre la “Devolución de aportes del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia a personas en etapa final de su vida por una enfermedad terminal”, para que en lo adelante se establezca el régimen para la devolución del saldo acumulado, se reconocerá a los afiliados que se encuentran en etapa final de su vida, producto de una enfermedad terminal, sin importar la edad, siempre y cuando se encuentren evaluados y calificados por las Comisiones Médicas y Superintendencia de Seguros. De Camps explicó que con la Resolución se verificó el método de cálculo de la edad y se establece un mecanismo más amplio e inclusivo para considerar de ingreso tardío, el cual es de 45 años de edad.
Resolución 545-01
— Plazo En un plazo de 45 días calendario se instruye a la Tesorería de la Seguridad Social a realizar los ajustes necesarios para elaborar los procedimientos correspondientes para poner en ejecución la entrega.
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Viernes 17 de junio del 2022 https://acento.com.do/opinion/los-sistemas-de-pensiones-de-reparto-fortalezas-y-limitaciones-9073233.html Autor (a): Pedro Luis Castellanos
Ajustes y actualizaciones que parecerían necesarias han detonado importantes protestas y conmociones sociales, en varios países. Se necesita amplios consensos sociales, más allá de las convergencias y divergencias ideológico políticas y de los intereses de corto plazo de cada sector social. No hay un único modelo universalmente aceptado para organizar los sistemas de pensiones. Los más conocidos son los llamados sistemas “de reparto” y los de “capitalización individual”. Ambos han mostrado fortalezas, pregonadas con entusiasmo por quienes los consideran solución absoluta, pero también limitaciones y debilidades, que no siempre son visibilizadas ni comprendidas por la población, lo que afecta su participación consciente. Los Sistemas de Pensiones son políticas públicas de protección financiera que forman parte de los Sistemas de Protección Social de cada país. Persiguen asegurar a cada familia un nivel de ingreso mínimo, contrarrestando los riesgos sociales de empobrecimiento familiar asociados a la disminución permanente de las oportunidades y capacidades productivas por razones de edad, discapacidad y otros. En conjunto con las otras Políticas Públicas de Protección Social, no por si solos, persiguen garantizar una mínima calidad de vida digna para la ciudadanía. Un problema relevante en nuestros países es la protección de ciudadanos en “informalidad”. Más de la mitad de nuestra población. Protegerlos es un desafío para cualquiera de los dos diseños. Los llamados sistemas “de reparto” distribuyen los costos de la protección financiera ante los mencionados riesgos sociales, entre toda la sociedad, mediante cotizaciones y aportes fiscales. Algo así como “Todos a una, Fuenteovejuna” y de “Hoy por ti, mañana por mí”. Hasta el presente, son el modelo predominante en la mayoría de los países, incluidos los de economía de mercado más fuertes. Se les considera “de reparto”, porque operan como una especie de caja de “entrada por salida”. También se les llama “de beneficio definido”, porque el monto de los beneficios está predefinido mediante leyes y reglamentos. O se llaman “solidarios”, porque se fundamentan en un “pacto de solidaridad” (explícito o implícito) intergeneracional. Los más jóvenes garantizan las pensiones de quienes tienen edad más avanzada o discapacidades, y así lo harán por ellos las generaciones jóvenes venideras. Lo aportado por los afiliados y por otras fuentes públicas o privadas en tiempo presente, va a un fondo común, con el cual se financia las pensiones de quienes están percibiendo sus beneficios en el presente. La gestión puede ser asignada a entes públicos (centralizados o descentralizados), privados o mixtos, siempre que sean sin fines de lucro. Entre sus principales fortalezas y ventajas, han sido destacadas: El monto de las pensiones no está determinado (solamente) por el nivel salarial (efecto redistributivo que puede ser más equitativo), y es previamente conocido (permite a cada familia programar sus acciones a mediano y largo plazo). Al no acumular, están menos afectado por vaivenes del mercado financiero. El riesgo es distribuido en el conjunto de la sociedad y es menor para cada familia. Fortalece la educación ciudadana para la solidaridad. Sus costos operativos y administrativos pueden ser menores, porque no se asigna beneficios de intermediación financiera. Al ser una responsabilidad social, su sostenibilidad es un compromiso entre la sociedad y el estado. Al ser una política pública prioritaria, deben asumir como horizonte la protección de la totalidad de la ciudadanía.
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Martes 21 de junio del 2022 https://eldia.com.do/presidenta-adafp-destaca-logros-sistema-de-pensiones/ Autor (a): Redacción Periódico El Día.
Santo Domingo.- La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, informó que con el surgimiento de nuevos emisores de oferta pública en el mercado de valores, los fondos de pensiones administrados por las AFP se han diversificado hacia sectores de alto impacto social y económico, como son energía, turismo e industria. Indicó que por su naturaleza de largo plazo, desde el inicio del Sistema, los fondos de pensiones han mantenido rendimientos positivos al término de cada año, con un promedio histórico de dos dígitos. Durante una conferencia plenaria sobre el sistema dominicano de pensiones, que abarcó además propuestas para más y mejores pensiones, Jáquez explicó que la rentabilidad de las inversiones ha permitido que cada año el patrimonio de los afiliados se incremente más por el rendimiento que por los aportes. Como ejemplo, detalló que en el año 2021 los fondos de pensiones se incrementaron en más de RD$112,000 millones, de los cuales sólo un 28.4% fue por aportes, mientras que el 71.5%, es decir, más de RD$80,175 millones, fue generado por la rentabilidad que logran las AFP en favor de los afiliados. En ese orden afirmó que; «los fondos de pensiones administrados por las AFP son el inversionista de largo plazo más importante del país». Señaló que entre enero y diciembre de 2021 cada afiliado ha ganado en promedio RD$19,227 por rentabilidad, mientras las AFP han ganado un promedio de RD$1,136 por afiliado en doce meses, menos de RD$100 al mes, añadió la presidenta ejecutiva de ADAFP. “Es decir, que en promedio los afiliados han obtenido este año trece veces más por la rentabilidad de las inversiones que lo que las AFP han ganado por cada afiliado”, dijo. Asimismo, citó el Informe del 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Pension Markets in Focus, el cual demuestra que en los últimos diez años el Sistema Dominicano de Pensiones ha sido el más rentable de los países no miembros de la organización, en términos reales. Jáquez explicó también los ajustes normativos recientemente aprobados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en su Resolución 545-01, sobre beneficios por ingreso tardío y por enfermedad terminal, destacando que las AFP han estado promoviendo estas mejoras junto a las autoridades y los sectores del CNSS. De su lado, los participantes saludaron los ajustes normativos que se han ido implementando en el sistema, así como la gran receptividad con las propuestas de cambio a la Ley 87-01 que está promoviendo la ADAFP.
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La presidenta ejecutiva de ADAFP también abordó en su conferencia el tema sobre las expectativas en cuanto a lograr mejores pensiones y al respecto indicó que los miembros de la entidad están “conscientes y sensibilizados sobre la necesidad de una reforma del sistema de pensiones”. Indicó que el objetivo es “superar las falencias de éste, sus omisiones y problemas estructurales para, sobre los logros alcanzados y de manera sostenible, lograr más y mejores pensiones y seguir generando riqueza y desarrollo económico y social en el país, robusteciendo el sistema”. Jáquez también se refirió a los impactos macroeconómicos de los fondos de pensiones administrados por las AFP. Dijo que han contribuido a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento, ofreciendo liquidez al sistema financiero, lo que se refleja en el abaratamiento del crédito. Entre otros logros señaló que dinamiza y profundiza el mercado de valores mediante el financiamiento y la participación en empresas y proyectos de sectores de alto impacto económico y social, como son energía, turismo y agroindustria. “Son claves para el desarrollo de importantes obras de infraestructura mediante las alianzas públicoprivadas. Generan rentabilidad económica y social para los afiliados y el país. De 2003 a 2019 el ahorro previsional administrado por las AFP ha contribuido en promedio con el 22% del crecimiento económico en la República Dominicana”, apuntó para agregar a seguidas que “esto quiere decir que de cada 5 puntos que ha crecido cada año la economía en promedio, 1.13 puntos ha sido por el ahorro de los fondos de pensiones”. Los fondos de pensiones ascienden a +RD$784.3 Mil millones, de los cuales se han otorgado 8,643 pensiones por discapacidad, 11,794 pensiones por sobrevivencia a más de 26,531 personas y el patrimonio total acumulado es propiedad de más de 4.3 millones de afiliados. Explicó que de ese total del 50% ha sido generado por la rentabilidad y más de 240 mil personas han recibido beneficios en el sistema Fuente: -Estadísticas SIPEN Mayo 2022 y -Boletín SIPEN Marzo 2022 Rentabilidad a mayo: 8.43% RD$35,795.8 millones a 186,320 afiliados de ingreso tardío RD$4,311 millones por herencia a familiares de 18,195.
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Viernes 24 de junio del 2022 https://acento.com.do/opinion/pensiones-por-capitalizacion-individual-fortalezas-y-debilidades9075313.html Autor (a): Pedro Luis Castellanos
Muchos países que adoptaron con entusiasmo este modelo, incluido Chile, han adoptado o están en proceso de formulación, importantes reformas. La tendencia predominante a nivel internacional parecería ser diseñar combinaciones de sistemas de reparto con sistema de capitalización individual. Los sistemas de “capitalización individual”, se sustentan en la lógica de seguros. Los beneficios están vinculados a los aportes. Constituyen un sistema de ahorro obligatorio, a lo largo de la edad laboral, gestionado por AFPs cuya función es garantizar, mediante inversiones, el mejor rendimiento del saldo acumulado; el cual sustentará, a mediano y largo plazo, la pensión del ahorrante. Cada persona se pensiona a sí mismo, con sus ahorros y rendimientos. El monto de la pensión es función de la disponibilidad en el fondo personal de “capitalización”; y el rendimiento de este, depende del rendimiento del conjunto del fondo en cada AFP. Opera como una especie de fondo de inversión, aunque con más regulaciones. Por tanto, el monto de las pensiones no puede ser predefinido, ni puede vincularse a las necesidades. Si se acumuló más, su pensión será mejor, de lo contrario, será menor. Típicamente, las pensiones se asumen como reemplazo parcial del ingreso salarial. No tienen un propósito de redistribución o justicia social. Este tipo de diseño nació en el contexto de las reformas neoliberales, a raíz del llamado “Consenso de Washington” y la propuesta del “Nuevo Orden Mundial”, alrededor de 1991, teñido de los extremismos de mercado y pretensión de pensamiento único que caracterizaron este marco ideológico. La primera experiencia fue la reforma del sistema de pensiones en Chile, bajo el régimen dictatorial del General Pinochet alrededor de 1981. Los ahorros del conjunto de afiliados, siempre que haya estabilidad en la economía del país, al ser de largo plazo, llegan a constituir una importante masa de dinero (actualmente alrededor de RD$ 800,000 millones) que, al ser invertido por cada AFP, influye en el sistema financiero y las principales variables del modelo de desarrollo. Simultáneamente, los agentes de intermediación, suelen obtener importantes beneficios. El sistema de pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluye tres seguros: El Seguro de Vejez, el de Sobrevivencia y el de Discapacidad. El primero de ellos está diseñado como un típico sistema de capitalización individual. Las principales fortalezas que han sido destacadas, son su “garantía de sostenibilidad” y el incremento del saldo por las inversiones. Al ser de carácter individual, el riesgo demográfico por la tendencia al envejecimiento de la población, resulta menor que en los sistemas de reparto. La disponibilidad y rendimiento del fondo individual es visible y transparente y el crecimiento de los fondos se debe principalmente al rendimiento de inversiones (el 71% en 2021). Otras virtudes fuertemente pregonadas, como “externalidades” del modelo, son el incremento del ahorro nacional y su impacto en la estabilidad de sistema financiero, el mercado de valores y la estabilidad macroeconómica en general. La experiencia ha permitido evidenciar algunas de las limitaciones. La más dramática: en todas las experiencias, el monto de las pensiones con respecto a los salarios de los ahorrantes, ha resultado o es proyectada mucho menor que lo esperado (“tasa de retorno”). En el país, inferior al 30% del salario cotizado. Esto presiona para elevar los aportes de los afiliados y retrasar la edad de retiro, lo que genera resistencias y conflictos sociales.
PÁGINA 14 Varios procesos inciden en estos resultados; varios de índole estructural: La inestabilidad en el mercado laboral y las cotizaciones. Los bajos salarios. Las maniobras de evasión y elusión por los empleadores. Los costos de la intermediación financiera. La inflación acumulada. La tendencia a incrementarse la Esperanza de Vida de los pensionados, al incrementar el tiempo de la pensión y, reduce el monto mensual del beneficio. En mercados pequeños, las oportunidades de diversificar las inversiones, son limitadas y su concentración conlleva riesgos. Paradójicamente el Gobierno Central logra captar una importante proporción, mediante la emisión de bonos de rendimiento fijo, redimibles a mediano y largo plazo, y los destina a gastos corrientes o pago de deudas. Cuando se derivan hacia el mercado internacional, expatrian ahorro nacional en beneficio de otras economías. La vulnerabilidad ante los vaivenes de los mercados financieros puede ser elevada, como lo demostró la disminución de los beneficios en febrero 2022. Este tipo de diseños se ha limitado a la población con empleos formales y estables. Cuando la mayoría de la población se vincula a la economía informal y los empleos adolecen de inestabilidad, la efectividad del sistema de pensiones, como política de protección social de derechos, resulta limitada. Un aspecto poco destacado, es que puede constituir un pasivo actuarial financiero para el Estado. El artículo 53 de la Ley 87-01 establece que ninguna pensión podrá ser menor que el 100 % del salario mínimo legal más bajo; y su artículo 106 establece que el Estado es garante de la entrega de las pensiones definidas por dicho marco legal. Considerando la baja tasa de reemplazo, el riesgo para el estado de acumular un pasivo podría incrementarse con el tiempo. Muchos países que adoptaron con entusiasmo este modelo, incluido Chile, han adoptado o están en proceso de formulación, importantes reformas. La tendencia predominante a nivel internacional parecería ser diseñar combinaciones de sistemas de reparto con sistema de capitalización individual. ¿Es posible tener lo mejor de ambos mundos? Sobre esto volveremos en próximos artículos
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Contacto: Dr. Pedro Luis Castellanos Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 378 Correo: oses@intec.edu.do
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