¿Qué implica la Ley Migratoria “Laken Riley” y por qué genera tanto debate en EE.UU.?

El Congreso de Estados Unidos ha comenzado el año con la discusión de una nueva propuesta de ley migratoria llamada “Laken Riley”. Este proyecto, que ya cuenta con el apoyo bipartidista, busca endurecer las políticas migratorias del país al exigir la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos, como robo y hurto. La iniciativa ha generado intensos debates sobre sus posibles consecuencias y su impacto en la política migratoria del país.

¿Qué propone la Ley Laken Riley?

La ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una joven víctima de un crimen violento perpetrado por un inmigrante indocumentado, establece varias medidas estrictas. Entre ellas:

1. Detención obligatoria: Requiere al Departamento de Seguridad Nacional detener a inmigrantes indocumentados acusados de crímenes como robo de $100 o más, hurto y allanamiento.

2. Sanciones a países no cooperativos: Obliga al Departamento de Estado a bloquear visas a países que se nieguen a aceptar a ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

3. Demandas contra el gobierno federal: Permite a los estados demandar al gobierno si demuestran que han sufrido daños causados por inmigrantes irregulares.

4. Procesos de deportación más estrictos: Exige que los detenidos permanezcan bajo custodia hasta ser deportados, eliminando la posibilidad de libertad condicional.

La ley fue presentada en marzo de 2024 por el congresista republicano Mike Collins y aprobada en la Cámara de Representantes en enero de 2025 con 264 votos a favor, incluyendo el respaldo de 48 demócratas.

¿Por qué se llama “Laken Riley”?

El proyecto lleva el nombre de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada en 2024 por un inmigrante venezolano en situación irregular. Según las autoridades, el agresor, quien ya tenía antecedentes por hurto, fue liberado bajo libertad condicional antes de cometer el crimen. Este caso ha sido citado como ejemplo por los defensores de la ley para justificar la necesidad de endurecer las políticas migratorias.

“Si esta ley hubiese estado en vigor, Laken Riley estaría viva hoy”, afirmó la senadora republicana Katie Britt durante un debate en el Congreso.

Apoyo y críticas a la ley

La Ley Laken Riley ha dividido opiniones tanto dentro como fuera del Congreso:

• A favor: Los defensores, como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, la describen como una medida de “sentido común” para garantizar la seguridad pública. “Esta ley busca proteger a los ciudadanos al detener y deportar a quienes cometan crímenes, sean violentos o no”, señaló Johnson.

• En contra: Organizaciones de derechos humanos como el Fondo de Defensa de los Niños y el Centro para los Derechos de los Inmigrantes han denunciado que la ley fomentará el encarcelamiento masivo y la discriminación racial, además de debilitar el derecho al debido proceso. “Este proyecto convierte la percepción de ser inmigrante en un delito, incluso antes de un juicio justo”, señaló un portavoz del Centro.

• Impacto en recursos: Algunos expertos advierten que la ley podría sobrecargar el sistema de detención de inmigrantes, que ya enfrenta limitaciones. Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), las instalaciones actuales tienen capacidad para albergar a 41,000 personas, mientras que la ley podría añadir más de 60,000 detenidos.

Próximos pasos y posibles implicaciones

La ley ha pasado al Senado, donde será discutida en las próximas semanas. Aunque cuenta con el respaldo inicial de varios senadores demócratas, la mayoría exige enmiendas bipartidistas para garantizar un enfoque más equilibrado.

De aprobarse, esta legislación representaría un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, alineándose con las promesas de campaña de Donald Trump de implementar medidas más estrictas contra la migración irregular.

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los inmigrantes no cometen delitos en mayor proporción que los ciudadanos estadounidenses nativos, lo que plantea dudas sobre la efectividad de la ley para abordar los problemas de seguridad pública.