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obligadas a contraer matrimonio. Cifras del organismo Save The Children, precisan que una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años están casadas o viven en pareja. En tanto que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que cerca de 15 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en los últimos cinco años.

Cabe indicar que en México el matrimonio infantil está prohibido desde el 2014, cuando se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años. Además, en todas las entidades del territorio mexicano, existen leyes estatales que prohíben el matrimonio infantil sin excepciones.

No obstante, la Estadística de Matrimonios (EMAT) que elabora el Inegi con información de las oficialías del Registro Civil a nivel nacional, muestran que el año pasado se registraron 43 matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad.

Las entidades que registraron el mayor porcentaje de menores de edad que contrajeron matrimonio fueron Durango, con 14 casos que equivalen al 29.2%, Chihua- hua, con 18.8%, Michoacán 10.4%; y Sonora y Puebla, ambas con 8.3%; en tanto que el 26% restante corresponde a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nayarit; Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Sin embargo, lo cierto es que en diversas regiones esta práctica sigue estando presente, pero no se hace visible. Hay que mencionar que muchas familias acuerdan la unión de sus hijas, desde que nacen; incluso, en algunas regiones del país, se piensa que las mujeres mayores de 18 años, ya no son aptas para procrear, razón por la que los hombres ya no las ‘eligen’ como esposas, y las consideran como ‘quedadas o solteronas’.

Para la Unicef, el matrimonio infantil es reflejo de las normas sociales y culturales y una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, que afecta principalmente a las mujeres, ya que en ocho de cada 10 matrimonios la cónyuge es menor de edad.

Un informe de la CEPAL señala que el 55.2% de las niñas y adolescentes que iniciaron su vida en pareja antes de los 20 años, se dedican exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, siendo de- pendientes económicas de sus parejas. Estas niñas suelen convertirse en madres antes de los 18 años, lo cual aumenta el riesgo de que sufran complicaciones durante el embarazo y el parto, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. Además, la maternidad a temprana edad está asociada a un mayor número de hijos, las mujeres que se casaron antes de los 18 años, en promedio tienen cuatro.

Las cifras indican que 8 de cada 10 mujeres dieron a luz antes de cumplir 18 años, pero hay casos en los que se han convertido en madres a los 13 o 14 años, y la mayoría de estos embarazos no fueron deseados, lo cual evidencia que sus derechos sexuales y reproductivos también son violentados.

Y qué decir de sus derechos a participar en la toma de decisiones de su comunidad, cuando las costumbres machistas y patriarcales, desvalorizan su opinión y las excluyen de participar en actividades fuera del núcleo familiar, lo cual también es una forma de violencia.

Cabe agregar que en el 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación, un abuso o un menoscabo de los derechos humanos y una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida digna, sin ninguna forma de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.

Celia es una mujer que al igual que muchas otras de su comunidad en la Sierra de Hidalgo, fue ‘intercambiada’ por algunos bienes y mercancía. Es la mayor de 8 hermanos, cuatro de ellos son varones. Cuando tenía 13 años, su padre la entregó en matrimonio (aunque legalmente nunca se casó) a un hombre 30 años mayor que ella.

Con una sonrisa tímida y las mejillas sonrojadas, recuerda que Felipe, quien llegó en compañía de su madre y cerca de diez “peones” (empleados) de la misma comunidad, pagó una ‘dote’ bastante buena para su familia, que en ese momento pasaba por una situación económica muy precaria.

“Le llevó a mi papá los papeles de dos terrenos para que ahí cultivara la milpa para alimentar a mis hermanos, su mamá no estaba de acuerdo con eso, pero a él no le importó. También llevó cuatro guajolotes, seis costales de maíz, frijol y café, dos vacas y cuatro cerdos, que se iban a usar para hacer la comida el día de la boda, pero, ese mismo día, luego de recibir todo eso, mi papá me mandó a vivir con él y ya no hubo boda”.

“Ese fue el primer día que lo vi, y con el tiempo nos fuimos conociendo, y aunque había cosas que no me gustaban de él, me tuve que aguantar. Él siempre me dijo que mientras yo no me quejara, íbamos a ser felices”.

“Desde ese día, tuve que encargarme de todas las tareas de la casa y de cuidar a su mamá. Aprendí a montar a caballo para llevarle la comida al rancho, porque él se iba a hacer la milpa, y luego regresaba a la casa a preparar la comida y encargarme de darle de comer a los animales de la granja. Luego llegaron los hijos (cuatro) y me dediqué a cuidarlos”.

Celia nos platicó que esto sigue siendo normal en su comunidad, sus hermanas también fueron obligadas a casarse cuando aún eran unas niñas, y dice que su madre y su abuela, también corrieron con la misma suerte.

Ahora que sus hijos ya se casaron y Felipe falleció, ve la vida de otra manera y dice que aún se siente joven y que se va a dar la oportunidad de empezar de nuevo, actualmente asiste a unos talleres de repostería y sueña con poner su propio negocio y emplear a otras mujeres, porque se ha convencido de que se puede cambiar la historia.