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AMLO celebra triunfo de Lula da Silva

GObiernO de méxicO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de elecciones por la presidencia de Brasil. “Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo”, destacó el mandatario en sus redes sociales. Lula da Silva será nuevamente mandatario en ese país tras superar en mayoría de votos al candidato y actual presidente, Jair Bolsonaro.

El ISSSTE, sin rayos X por un contrato indebido

/ arturO rOdríGuez

Almendra Lorena Ortiz Genis es una funcionaria poderosa: de integrante de la ayudantía de López Obrador pasó a ser directora normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. Desde este cargo logró que la empresa Imedic recibiera por adjudicación directa un contrato por casi 125 millones de pesos. Poco importó que dicho contrato no contara con fundamentos legales y fuera técnicamente inviable. De hecho, el propio director del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, lo impugnó. Pero su subalterna se impuso. El resultado: los derechohabientes se quedaron durante meses sin el servicio de imágenes de rayos X, endoscopía y anatomía patológica.

Sobre una mampara de acrílico, un letrero plasmado en tres hojas de papel anuncia: “Rayos X”. De inmediato, en otra hoja y con tipografía menor, se informa: “No hay sistema por cambio de compañía”. Y una hoja más advierte: “No se agendan citas ni se dan resultados hasta nuevo aviso. Disculpe las molestias que esto le ocasiona”.

El letrero se encuentra en el Hospital General Dr. Fernando Ocaranza. Sintetiza una situación que enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en sus hospitales de todo el país: pese a su importancia para el diagnóstico y tratamiento de diversos padecimientos, la institución no contaba, al menos hasta el pasado 1 de julio, con los servicios de imágenes médicas de rayos X, endoscopía y anatomía patológica.

Hace más de tres meses que la empresa Imedic, SA de CV, propiedad de las hermanas Aída y Orquídea González Álvarez, debía cumplir con el contrato CAAS/ ISSSTE/049/2022 para la prestación de esos servicios por un monto de 124 millones 800 mil pesos, de los que el ISSSTE le entregó ya 6 millones 852 mil 172 pesos, a pesar de los incumplimientos.

Constituida en 2004 en Jalapa Veracruz, la empresa de las hermanas González Álvarez ha obtenido contratos de la administración pública federal desde 2012, pero ha sido en 2021 y 2022 donde el número de éstos se incrementaron.

Una consulta a Compranet, el portal donde se registran las compras gubernamentales, permite ver el movimiento peculiar de la empresa con ventas sólo al sector salud: en 2021 Imedic obtuvo 26 contratos y en lo que va de 2022 lleva otros 17. Entre muchas ventas menores destaca una de material de curación por 205 pesos al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en septiembre de 2021, unas semanas después de vender, por el mismo concepto, 18 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En suma, durante esos dos años, Imedic vendió 92.1 millones de pesos al sector salud, pero el contrato con el ISSSTE por los servicios de “imágenes médicas”, cuyo monto es de 124 millones 800 mil pesos, no está registrado, aún cuando ya pasó un trimestre desde que está activo.

Signo de la actual administración: el citado contrato fue adjudicado de manera directa y aprobado por mayoría en el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto, presidido por Almendra Lorena Ortiz Genis, directora normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE desde el 1 de diciembre pasado.

Ortiz Genis es una de las 18 personas adscritas a la ayudantía del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que han sido ascendidas a puestos relevantes en diferentes dependencias federales y locales. La mayoría de ellas son cercanas al círculo de la familia presidencial.

Ortiz Genis pasó sólo siete meses en la Ayudantía de la Presidencia de la República, del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021, cuando fue nombrada directora normativa de Administración y Finanzas en el ISSSTE, donde continúa hasta ahora, según puede observarse en los registros de Declaranet.

Contadora pública por la Universidad Cristóbal Colón, con sede en Veracruz, la funcionaria que tiene en sus manos las adquisiciones del ISSSTE carece de experiencia en compras públicas. Según su declaración patrimonial, antes de llegar al Ejecutivo Federal ocupó cargos en el sector privado: de 2006 a 2021 como gerente general en CPA Consultores SC y de 2019 a 2020 como directora de Expansión en Galletas Calientitas SAPI de CV.

En mayo de 2021 inició su exitoso paso por la administración pública pues, de depender directamente de Daniel Asad, jefe del equipo que asiste al presidente, llegó al ISSSTE con un cargo de primera importancia para el contratista de bienes y servicios. | Foto ISSSTE

OpOsición adjudicataria

La posibilidad de dejar a miles de derechohabientes del ISSSTE sin “las imágenes médicas” de estos estudios clínicos fue advertida con anticipación a la adjudicación del contrato a Imedic. De hecho, el director del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, impugnó el fallo, pero la decisión de Ortiz Genis, estructuralmente su subalterna, lo pasó por alto.

El órgano a cargo de Alondra Ortiz avaló el pasado 20 de junio la adjudicación directa para el “Servicio Integral para la Gestión, Digitalización Almacenamiento, Procesamiento y Distribución de Imágenes Médicas de Imagenología (Radiología), Endoscopia y Anatomía Patológica”, por excepción a la licitación pública bajo argumentos que fueron cuestionados y rechazados días antes del procedimiento adjudicatario.

En el acta de la decimosegunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con fecha 16 de junio de 2022, quedó asentado que la adjudicación directa a Imedic no era viable debido a las irregularidades detectadas en el expediente.

Entre los aspectos revisados en la sesión mencionada destaca que un estudio de mercado realizado por el propio Instituto señaló que la contratación ameritaba licitación y que el anexo técnico que se pretendía autorizar no fue aprobado por la Dirección Normativa. Destaca en la parte técnica que era materialmente imposible hacer una transición hacia la nueva empresa (Imedic) en los tiempos planteados, pues existía el riesgo de que se suspendiera el servicio con las consecuentes afectaciones para la salud de los pacientes.

Uno de los argumentos en contra, que ameritaron que el Comité rechazara la propuesta ese 16 de junio, fue que los fundamentos legales bajo los que se pretendía exceptuar la licitación no eran aplicables para el caso, pues se hacía referencia al artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el 72, fracción III, del Reglamento de la Ley, mismos que disponen que debe acreditarse necesariamente con la investigación de mercado que la única opción viable es contratar a un proveedor con el que ya se tenía celebrado un contrato vigente. Sin embargo, la empresa que proveía el servicio era Tesi de México, y no Imedic, compañía a la que se le adjudicó.

Extrañamente, cuatro días después, el 20 de junio, el órgano autorizó la adjudicación tal como se había planteado antes. La decisión fue impugnada incluso por el propio director general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, quien el 2 de septiembre pasado envió a Almendra Ortiz un oficio en el que le advierte que el fundamento legal que se invocó para aprobar la adjudicación fue erróneo. Nada fue suficiente para frenar el contrato a la empresa que, como la propia Alondra Ortiz, tiene su origen en Veracruz.

prOblemas crónicOs

Zenteno se ha visto rebasado por Alondra Ortiz, pero como responsable último del desastre en los estudios del organismo de seguridad social para la burocracia, ya está siendo llamado a explicar lo sucedido tanto por el Órgano Interno de Control como por el Poder Legislativo.

Pese a su resistencia a otorgar ese contrato, la adjudicación se realizó y las consecuencias fueron expuestas por Zenteno en la mencionada comunicación del 2 de septiembre, donde le señaló a Ortiz Genis, además de lo infundado del argumento jurídico, otros aspectos irregulares en la implementación del contrato.

En concreto, Zenteno observó que el prestador del servicio ha incumplido sus obligaciones contractuales, razón por la que se le responsabiliza de las afectaciones a los derechohabientes del país al violar gravemente su derecho humano a la salud.

Emplazó a Ortiz Genis a informar en un término no mayor a 24 horas del estado que guarda la prestación del servicio y de las acciones instrumentadas para la solución del problema.

Una vez más, nada pasó.

En 2020 el gobierno administró mal la emergencia por Covid-19: Héctor Saúl Téllez

Cámara de diputados

En 2020, el año en que la pandemia por Covid-19 fue más crítico, el Gobierno de México no sólo administró mal la emergencia, sino que aprovechó para cometer diversas irregularidades en el sector salud, alertó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).

De acuerdo con el dictamen de la Cuenta Pública 2020 que Morena y sus aliados votaron a favor, se tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que superan los 3 mil 500 millones de pesos, agregó. “Como lo dijo el presidente, seguramente en este gobierno les cayó 'como anillo al dedo' esta pandemia, pero para hacer actos de corrupción; en el tema de atención de la pandemia hubo 3 mil 500 millones de pesos bajo observación presumiblemente por actos de corrupción, en la compra de ventiladores y otros insumos para atender la emergencia", dijo en un comunicado.

El legislador lamentó que en un país en el que se han registrado más de 330 mil muertes por la deficiente atención a la pandemia, todavía el gobierno tenga observaciones millonarias por la adquisición irregular, no sólo de los ventiladores, sino también de cubrebocas y equipo médico que se utilizó para atender la emergencia.

Tan sólo el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), tiene observaciones por 2 mil 561 millones de pesos pendientes de aclarar. De los bienes del contrato celebrado con un proveedor extranjero por la adquisición de insumos de protección personal médica, no se entregaron un millón 50 mil mascarillas KN95 por un monto de 40.50 millones de pesos.

Téllez Hernández detalló que, de la adquisición de mil ventiladores a uno de los proveedores extranjeros, 650 de éstos, con un costo de 920.44 millones de pesos, no fueron entregados, por lo que el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para que dicho proveedor cumpliera la responsabilidad contractual.

Por otra parte, se realizaron pagos a cuatro proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020, por concepto de la adquisición de 2 mil 250 ventiladores por un monto de un mil 600.32 millones de pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación.

En lo que compete al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene 913.74 millones de pesos por aclarar, toda vez que se registraron 300 ventiladores por 800.40 millones de pesos duplicados en contabilidad; mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe aclarar un monto de 23.79 millones de pesos.

El diputado destacó que en el dictamen aprobado por Morena y sus aliados legislativos sobre la Cuenta Pública 2020, la sumatoria de los montos por solventar de las diversas dependencias con motivo de la pandemia por Covid 19 es de 3 mil 592.47 millones de pesos. "Una suma nada menor que representa el grado de lucro que tuvieron las instituciones de salud del gobierno, ante la tragedia", concluyó.

El diputado del Partido Acción Nacional lamenta que haya observaciones millonarias por la adquisición irregular de equipo médico

/ Gloria letiCia díaz

En un caso inédito, Estados Unidos se encuentra acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del migrante mexicano Anastasio Hernández –con al menos 25 años de residencia en San Diego– a manos de 17 agentes de la Patrulla Fronteriza de San Ysidro. Un jurado estadounidense exoneró a los victimarios pese a las evidencias de violencia injustificada, manipulación de pruebas y maniobras ilegales para encubrir la actuación de los guardias. El caso es emblemático de los cientos de asesinatos cometidos por la Patrulla Fronteriza que han quedado impunes, dice Andrea Guerrero, abogada de la familia de Anastasio.

Han pasado 12 años desde que Anastasio Hernández Rojas murió a manos de integrantes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, y a María Puga, su viuda, sigue atormentándola la pregunta que para ella, su familia y sus amigos, sigue sin respuesta: ¿por qué al menos 17 agentes fronterizos decidieron golpear y aplicar descargas eléctricas, hasta la muerte, a su esposo frente a cientos de personas, sin que a la fecha hayan rendido cuentas por ello?

Originaria de Nayarit y residente en San Diego desde 1989, donde se unió con Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, María Puga visitó México, acompañada de sus abogadas, Andrea Guerrero y Roxana Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en busca de visibilizar ante sus paisanos el caso de Anastasio, llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el primero en su tipo que se litiga contra Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense cerrara el caso en 2015.

María y sus representantes también buscan elevar la voz ante la pretensión del gobierno de Joe Biden de suspender la audiencia pública programada para este 4 de noviembre por el organismo regional y canjearla por una reunión de trabajo privada, ante el argumento de que las autoridades estadounidenses actuaron conforme a sus leyes en el caso de Hernández Rojas, cuya muerte dejó cinco huérfanos, todos nacidos en Estados Unidos.

“Si ellos asesinaron a mi esposo en público, que contesten en público lo que pasó. Lo que queremos es que se reabra el caso, queremos que ellos (los agentes de la Patrulla Fronteriza) acepten su culpabilidad y que pidan perdón a la familia por los hechos; también que hagan cambios de políticos para que ninguna familia sufra lo que hemos sufrido”, dice María Puga en entrevista con Proceso.

“Mis hijos no han podido superar la pérdida de su padre, el dolor de no tenerlo. Hace 12 años, cuando mi niño más chico tenía cuatro años me preguntaba: ‘¿Por qué mataron a mi papito?’. Yo todavía no tengo esa respuesta, y quiero respuesta del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuáles son sus razones?, ¿Qué les hizo Anastasio? No hay evidencia de que mi esposo haya actuado con violencia o que los haya atacado”, abunda.

Demanda contra EU en la CIDH por migrante mexicano asesinado

que había vivido al menos 25 años en San Diego, fue repatriado a México al no tener regularizados sus documentos migratorios.

En un intento por reincorporarse con su familia, Anastasio fue detenido por efectivos de la Patrulla Fronteriza, adscritos a la Oficina de Aduanas y Protección (Customs and Border Protection, CBP) y el 28 de mayo fue llevado en un autobús oficial al centro de detención migratoria de Chula Vista, en San Ysidro, alrededor de las 21:30 horas. Al bajar del vehículo, un agente le ordenó tirar la botella de agua que llevaba en la mano, procediendo Anastasio a vaciar el líquido sobre el pavimento.

Ese gesto y “mirar a los ojos al oficial y no bajar la cabeza”, provocó la furia del agente que procedió a golpear y esposar al migrante, quien ante la paliza gritaba de dolor pidiendo ayuda. En respuesta, más agentes fronterizos se sumaron a la brutal golpiza, llevando a Anastasio hacia el paso peatonal de la frontera, con la intención de sacarlo de Estados Unidos.

Mientras unos nueve agentes rodeaban al mexicano, al menos ocho derribaron a golpes a Anastasio, quien seguía esposado, lo despojaron de sus pantalones, le aplicaron descargas eléctricas con una taser en cuatro ocasiones, la última de ellas por 13 segundos en el pecho desnudo, mientras que un agente le colocó su rodilla sobre su nuca, interrumpiendo la oxigenación al cerebro durante ocho minutos. Lo anterior ocurrió ante las miradas de cientos de personas que cruzaban la frontera. Algunos de ellos clamaban por la vida de Anastasio y muchos grababan con dispositivos móviles la escena.

La golpiza duró entre 25 y 30 minutos. Anastasio dejó de gritar y su cuerpo no reaccionaba a los golpes. Fue entonces cuando los agentes fronterizos se detuvieron y, mientras unos retiraban el cuerpo del mexicano, otros, amenazantes, borraban los videos de los teléfonos celulares de las personas que grabaron la brutalidad policiaca.

Alrededor de las 18:00 horas del día siguiente, policías de San Diego acudieron a la casa de Anastasio para comunicarle a María que su esposo estaba en el hospital, después de haber participado en una pelea. “Cuando llegamos nadie nos decía qué había pasado, después nos dijeron que tenía muerte cerebral. Me dejaron a mí y a una de mis hijas ver a Anastasio, quien era custodiado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Fue muy doloroso verlo lleno de tubos. Revisamos su cuerpo y tenía golpes por todos lados. El 31 de mayo me notificaron que Anastasio había muerto”, recuerda María, al destacar que ella nunca aceptó la versión que se le dio de que su esposo había agredido a los agentes fronterizos.

Cómo aceptar que su esposo había sido el agresor, cuando la autopsia reveló que, además de las múltiples contusiones, Anastasio tenía cinco costillas rotas, tuvo un paro cardiaco y muerte cerebral; mientras que ninguno de los agentes fronterizos mostró huellas de golpes o mordidas propinadas por el mexicano, como alegaron en las investigaciones.

Ocho días después de su muerte, una televisora local transmitió un video tomado la noche del 28 de mayo, desde el lado mexicano de la frontera, en el que se aprecia a agentes fronterizos estadunidenses bloqueando la visibilidad hacia el lado de su frontera, mientras se escuchan gritos de dolor y de socorro. Era la voz de Anastasio, quien pedía asistencia médica y que se detuviera la golpiza. “No soy un animal”, clamaba.

Dos años después, una ciudadana estadounidense compartió con los representantes legales de María un video sobre las agresiones de los agentes fronterizos, que no había dado a conocer por temor a represalias. Pese a las evidencias, y a que el caso fue sometido a un Gran Jurado, en 2015 el caso fue declarado concluido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerando que los agentes fronterizos hicieron uso legítimo de la fuerza.

La Familia Michoacana impone su economía del terror en el Edomex

La economía de algunos municipios del Estado de México, principalmente los que comparten frontera con Guerrero, está gravemente lastimada porque, además de las condiciones sociales de la región, sus habitantes están sujetos a pagar los “impuestos” del cártel de la Familia Michoacana. De acuerdo con testimonios recabados por este semanario, el sistema impuesto por el grupo criminal obliga a los comerciantes a abastecerse con los productos del cártel y a vender su droga. En esta región mexiquense el control sobre sus habitantes llega al grado de que para organizar una boda u otra celebración “tienes que pedirle permiso al señor y pagar una cuota”. Es un cáncer que crece porque ninguna autoridad lo ha evitado.

Bajo la mirada complaciente del Ejército, Marina y Guardia Nacional, La Familia Michoacana, al mando de los hermanos Hurtado Olascoaga, con José Alfredo, La Fresa, al frente, se fue apoderando del Estado de México hasta controlar no sólo la economía ilegal relacionada con el narcotráfico, sino también la del comercio formal y sistemas de producción.

El cártel eliminó la libre competencia, fija precios, controla el mercado y establece cuotas. Además, obliga a productores y comerciantes a delinquir; se muere el que se opone o denuncia… pese a ello hay quien se atreve.

En el campo cobran a los productores un peso el metro de riego e imponen sobreprecios al kilo de tortilla, pollo, huevo, pan, herramientas y a los materiales y a fruticultores. “¿Quién quiere construir si le dicen que el material de construcción tiene un sobreprecio del 12 por ciento? ¡Estos señores están haciendo actividades de intermediación comercial de manera ilegal, con ganancias estratosféricas!”, reconoció el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en una entrevista difundida por la propia dependencia a medios locales.

Entre los sectores industriales y comerciales afectados, consultados por Proceso, se calcula que 35 municipios se encuentran bajo el yugo de La Familia Michoacana, nueve en Guerrero: Arcelia, Tlapehuala, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Pilcaya, Taxco, Tetipac, Petatlán y Zihuatanejo, y 26 en el Estado de México, con una extensión territorial cercana a los 25 mil kilómetros cuadrados, entre los que se encuentran Luvianos, Santo Tomás, Zacazonapan, Otzoloapan, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Temascaltepec, Sultepec, Texcaltitlán, San Simón, Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Ocuilan, Zacualpan, Tonatico, Tenancingo, Villa Guerrero, Malinalco, Zumpahuacán y Almoloya de Alquisiras.

La población en dichos municipios es de 1.4 millones. El valor de la industria de la construcción en dicha zona, basado en los principales productos, es de casi 500 millones de pesos mensuales. El impacto se calcula sobre 300 negocios relacionados con la construcción.

Por lo anterior, analistas consultados advierten una inflación artificial adicional de entre 20% y 40%, dependiendo del producto, causando una contracción en la construcción. Ante la incapacidad de los proveedores asignados por dicho grupo criminal para cumplir con la demanda, existen municipios con escasez de materiales. Como consecuencia, han cerrado diversos negocios, con una afectación a la economía local. Siempre, con el temor de ser asesinados por el cártel.

Taxistas, productores, comerciantes, empresarios, pobladores… Todos conocen los nombres de los extorsionadores: tanto a El Fresa como a su hermano Jhonny, El Pez o El Mojarro, los pobladores de diversos municipios los han visto dialogar con militares e integrantes de la Guardia Nacional.

Jefes de la extorsión

Hay un corrido llamado “El de La Familia”; en él, El Fresa presume del control que ejerce sobre políticos, y que las autoridades saben dónde se encuentra, pero no quieren agarrarlo, publicó el portal de Proceso el domingo 9.

Entre las historias registradas para este texto destaca la de un hombre que se negó a pagarle al cártel cinco pesos por cada res y le mataron 40 animales. Entonces él tomó fotos y videos de la agresión para presentar la acusación… Lo asesinaron.

Algunos de los operadores de los grupos delictivos son conocidos incluso más allá de las comunidades afectadas. Ruperto Pedroza es el encargado de cobrar la cuota a todos los deportistas vía las ligas, ya sea de fútbol, béisbol, etcétera. Tiene su base de operación frente al Chedraui, en Tejupilco.

De Tejupilco a El Salitre el que se encarga del cobro de cuotas a las refaccionarias se llama Néstor, le dicen El Manita Mocha. Mientras que El Flaco, hermano de El Pez, desde Arcelia (Guerrero) es el responsable de extorsionar los negocios de refacciones para motocicletas.

El encargado del cobro a los papeleros es Pepe Suvillaga. Rodrigo Rodríguez intimida a golpes y balazos. Quien se encarga de la venta de utensilios de plástico es Angélica, ella tiene su centro de operaciones por el Libramiento a un lado del Hotel Juárez. A su vez, un hombre conocido como El Ranchero cobra cuotas en Luvianos.

El caso más polémico es el de Iván, conocido por llevar la nómina de pagos de elementos del Ejército que operan para el cártel. A él se le ubica por la terminal de autobuses en Tejupilco, relatan testigos.

narcotiendas de raya

Hasta el año pasado en el sur del Estado de México, región conocida por ser ruta para el trasiego de droga, el narco cobraba una cuota de 200 pesos por tonelada para dejar operar los negocios de materiales para la construcción. La extorsión es para los negocios locales y foráneos.

A partir de octubre de 2020 en Guerrero y de 2021 en el Estado de México el esquema de operación cambió: los grupos criminales reúnen a los materialistas del territorio que van a tomar y les comentan que a partir de cierta fecha le tendrán que comprar a ellos mediante una persona que designarán, la cual muchas de las veces también es obligada a trabajar para ellos. Todos bajo amenazas.

El cártel regularmente busca al materialista más grande de la zona, no importa la marca del producto que comercialice y le entregan una lista de los materiales, el precio que deben pagar y a qué precio ellos deben vender el cemento, varilla, armex (utilizado para reforzar estructuras de concreto) y pegazulejo, entre otros. Todo se paga en efectivo.

En cada cobro una persona llega por el pago a la tienda de materiales, teniendo el grupo delictivo una intermediación sumamente alta entre el precio del materialista y el precio que paga el operador, calculado en al menos 500 pesos por tonelada de cemento.

En los municipios en los cuales La Familia Michoacana no consigue operadores que surtan las localidades se han quedado sin cemento y sin materiales. Es decir, no les pueden surtir, pero ellos tampoco pueden vender y tienen retenes en la entrada de los municipios para vigilar quién ingresa y sale con material.

Recientemente ocurrieron eventos de rebeldía de los materialistas en San José del Rincón, pero, aun así, la situación no se contuvo. Y en julio último en Ixtapa Zihuatanejo y Petatlán, Guerrero, los materialistas locales se organizaron y cerraron sus negocios y acudieron a medios de comunicación. El gobierno de Guerrero se vio obligado a intervenir y se retomó el abasto de pedidos a la zona. Sin embargo, continúan pagando extorsión.

obligados al narcomenudeo

A los ferreteros los obligan a vender una droga de muy baja calidad conocida en la región como “chichifree”, y si se termina, la orden es vender todo tipo de solventes que tengan. Hombres en motonetas los vigilan todo el tiempo mientras distribuyen, venden droga y cometen todo tipo de delitos, relatan las víctimas.

En diciembre 2021 se registraron visitas y atentados del crimen organizado a negocios de Toluca, con el objetivo de tomar la plaza. Los materialistas se organizaron y denunciaron. La revuelta se publicó en noticieros y prensa local, y el gobierno del estado intervino para frenar la incursión.

En agosto de 2022 La Familia Michoacana anunció con distribuidores del Valle de Bravo el control de block y tabicón. Sin embargo, tenía pendiente al proveedor de cemento y acero. Al parecer están en búsqueda de operador para el control de esta zona que abarcaría también al municipio de Avándaro.

Habitantes entrevistados, quienes piden omitir su nombre, aseguran que el cártel impone las reglas del mercado a prácticamente todos los insumos. Lo mismo ocurre con todo tipo de alimentos. El precio de la tortilla, por ejemplo, va de 18 pesos el kilo en Toluca hasta 30 pesos en Ixtapan de la Sal; el pan de tres pesos subió a seis “porque le ordenaron al patrón”.

De acuerdo con testimonios obtenidos de víctimas de distintos puntos del Estado de México, la cooptación de la economía sureña de la entidad se inició desde hace más de un lustro con la venta de pollo y sus canales de distribución. Ahora se realiza bajo una gran variedad de estrategias criminales de las cuales la gente difícilmente escapa, pues todas pasan por la “amenaza, extorsión y agresión directa”.

Líderes sociales explicaron a este semanario que el cártel michoacano pasó de la extorsión “básica” en las pollerías para imponer un impuesto en la venta, cobro criminal que toma en cuenta el tamaño del negocio de cada comerciante, al control de algunas granjas y hasta de las bodegas de distribución, como ocurre con la industria de materiales para la construcción. Denunciaron que algunos de los polleros más prósperos de la región fueron asesinados y sus negocios, expropiados por La Familia Michoacana, que ahora los controla.

De acuerdo con los testimonios, una de las primeras acciones del grupo criminal consistió en imponer a las pollerías y verdulerías la venta obligatoria de enormes cantidades de pollo, se compre o no por la clientela, para luego pasar a recaudar a punta de pistola la venta semanal (el impuesto criminal), una estrategia que se ha extendido hasta locales de municipios cercanos a Toluca, como Zinacantepec, y hasta en algunas colonias de la capital estatal.

silencio total

Gustavo Vargas, exalcalde de Zinacantepec y actual líder regional de Morena en Toluca, aseguró que las extorsiones a expendedores de pollo y otros productos se está extendiendo en el Valle de Toluca, lo mismo que otras prácticas criminales desde que el PRI retomó el control de la capital mexiquense.

El secretario de Desarrollo Agropecuario de la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinas del Estado de México, Raúl Domínguez Vences, fue el único de esa organización priista en aceptar una entrevista sobre el tema. Sin embargo, aseguró nunca haber escuchado nada, ni saber nada sobre el cobro de piso. Todas las preguntas sobre las denuncias de extorsión en el sur mexiquense fueron rechazadas por el dirigente cenecista.

A su vez, la alcaldesa de San Simón de Guerrero, Sara Mora, negó dar una entrevista para esta publicación, aunque su municipio está entre los que, de acuerdo con las víctimas, están bajo el control del narco.

Tampoco quisieron hablar los alcaldes del PRD en la región calentana, entrevista solicitada en Comunicación Social del Comité Estatal del partido. Javier Lujano, alcalde de Texcaltitlán (y presidente de las autoridades locales del PRD en el Edomex) tampoco accedió a comentar sobre el tema.

Para la vigilancia de las actividades vecinales de estos municipios el cártel ha reclutado a jóvenes y vecinos “clave” en barrios y cuadras, de acuerdo con los líderes sociales que hablaron bajo anonimato. Esta nueva economía del terror, explicaron, se ha impuesto con una base social de simpatizantes o beneficiarios de esta misma red, la cual ha ido creciendo en estos casi seis años.

Explicaron que la “red de halconeo” del cártel permite detectar cuando una persona está levantando una pequeña cosecha, o cuando quiere vender un animal de traspatio o está organizando una celebración, como unos XV años o bodas, para lo cual busca contratar un grupo musical y hacer compras de mayoreo de bebidas. En todos los casos “se debe avisar al ‘señor’” y pagar una cuota; de lo contrario “no te puedes casar, no puedes vender la cosecha ni tampoco vender tus animales”, sostuvieron.

Otro de los entrevistados en Toluca, pero procedente de otra zona del Estado de México, aseguró que el narco “controla los flujos de abastecimiento desde la Central de Abasto de la capital mexiquense hasta los mercados, tiendas, comercios y puestos del sur”.

Verónica Hernández, fiscal de Veracruz acusada de incompetente y tramposa

/ fLavia MoraLes

La Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadans, se ha mostrado incapaz de integrar correctamente carpetas de investigación y, por ende, aquellos a quienes acusa de diversos delitos –desde amenazas hasta homicidio– han salido libres, sin que quede claro si son culpables o no. Así, presenta pruebas sustentadas en declaraciones de testigos protegidos, dichos de terceras personas que no llegan a concretarse en evidencias y en informes policiacos con hechos que no se pueden comprobar.

La Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández, no ha podido sostener ante jueces federales las acusaciones contra personajes políticos a quienes ha encarcelado como presuntos culpables de homicidio, peculado, amenazas, narcomenudeo y portación ilegal de arma de fuego.

La reciente liberación de un regidor electo y dos personas más –acusadas del homicidio del periodista Jacinto Romero en Ixtaczoquitlán–, así como la excarcelación de la exdiputada federal del PRD Norma Azucena Rodríguez, vinculada con el homicidio del candidato Nicanor Martínez, en Tihuatlán, evidencian las fallas en la integración de las carpetas de investigación.

Los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado amparos para dar la libertad a los imputados, revelando un patrón común de la Fiscalía y la policía estatal: las pruebas están sustentadas en declaraciones de testigos protegidos o dichos de terceras personas que no llegan a concretarse como una prueba sólida para demostrar la culpabilidad; y los informes policiacos están basados en hechos que no se pueden comprobar.

Gobierno incapaz

Desde la llegada de Cuitláhuac García al gobierno, en diciembre de 2018, más de 25 políticos, exfuncionarios y líderes opositores han sido encarcelados, primero por ultrajes a la autoridad –delito derogado por inconstitucional el 28 de febrero pasado– y luego por otras acusaciones. Abogados veracruzanos señalan en entrevista que la situación es grave, porque el sistema de justicia es utilizado para venganzas políticas y la fiscalía basa las detenciones en la fabricación de pruebas respaldadas por la policía estatal.

“Son investigaciones hechas por encargo sólo para afectar al personaje político, no hacen nada para integrar carpetas de investigación porque sólo hay el interés de frenar una aspiración política; saben que los procesos se van a caer cuando lleguen con un juzgado federal, pero mientras, cumplen el cometido de paralizar al opositor”, advierte el penalista Felipe de Jesús Fernández Basilio.

Sobre el trabajo de la fiscalía veracruzana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en agosto pasado cuando felicitó a la fiscal por la captura y vinculación a proceso de Yessenia “N”, presunta autora intelectual del homicidio de siete miembros de su familia en Boca del Río. Entonces dijo que Hernández Giadans ha demostrado con hechos que una mujer en esta responsabilidad puede dar excelentes resultados.

Pero lo plasmado por jueces federales en sentencias de amparo en al menos una docena de detenciones –analizadas para este reportaje– revelan cuestionables resultados del trabajo de la fiscalía. Según los jueces, algunas acusaciones carecen de coherencia y racionalidad.

Apenas en septiembre, de gira por Veracruz, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, tachó al gobierno de Veracruz de ser la expresión más clara de represión política y de cómo se persigue a los opositores; “se les quiere aplastar a través del uso de las instituciones y del Ministerio Público, quieren acabar con la oposición y quitar de en medio toda competencia que ponga en riesgo la gubernatura para 2024”.

Y es que durante el actual gobierno se ha encarcelado a varios militantes de ese partido, como Rogelio Franco, exsecretario de gobierno y candidato plurinominal a la diputación federal; Gregorio Gómez, candidato en Tihuatlán; Nicolás Ruiz, candidato en Minatitlán, y Norma Azucena Rodríguez, diputada federal.

Nueve meses después de llegar al gobierno, García logró destituir al fiscal Jorge Winckler, vinculado al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y en su lugar impuso a Verónica Hernández, quien era directora jurídica en la Secretaría de Gobierno. Al final, Winckler corrió la misma suerte que el exfiscal Luis Ángel Bravo: fue encarcelado en julio pasado por el delito de desaparición forzada y enviado al penal de máxima seguridad en Almoloya.

Las pifias

Las sentencias de jueces de distrito que han sido ratificadas por magistrados de tribunales colegiados señalan las deficiencias en las carpetas de investigación.

Es el caso de Roberto Trinidad –regidor electo de Morena en Ixtaczoquitlán–, Casto Emilio y Ana Laura Rosas Rodríguez, detenidos en noviembre de 2021 por el homicidio del periodista Jacinto Romero, asesinado el 19 de agosto de 2021 en Ixtaczoquitlán, en la zona centro de Veracruz. El juez de distrito consideró que los hechos que refirió la fiscalía en su argumentación no tenían conexión racional con la conclusión que emitió de ordenar su prisión.

La Fiscalía acusó a Trinidad de amenazar al periodista, mientras que Casto Emilio y Ana Laura fueron imputados por estar cerca del lugar de los hechos y presuntamente ayudar al homicidio. En la sentencia de amparo que les dio la libertad en octubre pasado y que fue ratificada por el Segundo Tribunal Colegiado, el juez de Distrito estimó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía eran insuficientes.

El juez detalló que no se comprueban las amenazas de Roberto Trinidad González Cruz contra el periodista ni su participación en el crimen. Sobre Casto Emilio Hernández y Ana Laura Rosas Rodríguez, señaló que no se acreditó su participación sólo por estar cerca del lugar del asesinato.

Apenas unos días después, el mismo Tribunal Colegiado dio la libertad a la exdiputada federal de PRD Norma Azucena Rodríguez y a Ethel Margarita Martínez –secretaria particular– detenidas en septiembre de 2021 y acusadas del homicidio de Nicanor Martínez Olguín, entonces candidato suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán en el norte de Veracruz, el 30 de junio de ese año.

Unos meses antes, el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez –entonces pareja de la diputada Norma Azucena– fue detenido por elementos de la Policía Ministerial.

La fiscalía señaló que tenía datos de prueba para considerar que Rodríguez era enemiga de Nicanor, pues había sido su pareja y pudo haber preparado, operado o ayudado a los autores materiales, primero buscándolos, luego entregándoles dinero así como un vehículo y armas. Las pruebas se basaban en el testimonio de un testigo protegido que escuchó comentar que la diputada y otra persona habían dado facilidades para cometer el asesinato.

El juez de distrito dijo que esos datos de prueba no eran idóneos ni arrojaron indicios que permitieran sostener una participación directa y determinó que las pruebas eran meras especulaciones que no se sustentaban.

Nicolás Baltazar, quien fue abogado de Pasiano Rueda, actual alcalde del municipio de Jesús Carranza –encarcelado nueve meses por ultrajes a la autoridad, portación ilegal de arma y narcomenudeo– advierte que las acusaciones que la fiscalía presenta ante los jueces son señalamientos de testigos que en muchas ocasiones son los propios policías.

Pasiano Rueda, del Partido del Trabajo, fue encarcelado para impedirle participar en las nuevas elecciones del municipio celebradas en marzo de 2022, en las que finalmente resultó ganador.

Cuando fue detenido –en octubre de 2021– los policías asentaron en el informe que portaba un arma de fuego sin permiso; al intentar subirlo a la patrulla amenazó a los elementos policiacos y al revisar su mochila hallaron 10 bolsas de polvo blanco, “al parecer cocaína”, con la leyenda Veracruz 2020 CJNG y diez bolsas de hierba verde, al parecer marihuana.

Pero la fiscalía no pudo comprobar ante un juez federal que la detención hubiera sido legal, pues no existía flagrancia en narcomenudeo o delitos contra la salud. Los informes periciales –que llegaron tarde– permitieron saber que el polvo blanco no era cocaína sino benzocaína, usada como anestésico. “Pasiano cuenta que cuando fue llevado al Ministerio Público vio cuando los policías llenaban las bolsitas de polvo y ponían las leyendas, obviamente con la intención de encarcelarlo”, narra el abogado.

Otro de los casos más polémicos es el de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado y cercano colaborador del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal, que pasó seis meses en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, acusado de ser autor intelectual del homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, Remigio Tovar (Proceso 2365).

Su liberación se logró con el voto unánime de magistrados del primer Tribunal Colegiado en materia penal del séptimo circuito, quienes determinaron que no existía ninguna prueba directa que acreditara su participación en el homicidio.

Otro caso es el del exsecretario de gobierno Rogelio Franco Castán y candidato a la diputación federal del PRD, quien fue detenido en marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad, por agredir a un oficial de policía.

Franco Castán era señalado por violencia familiar, pero como tenía un amparo fue acusado de ultrajes. Tras la derogación de este delito, la Fiscalía le sumó dos acusaciones más, la primera por presunta extorsión y abuso de autoridad contra el exsecretario de seguridad Pública Arturo Bermúdez y la segunda por peculado equiparado, porque durante su encargo como secretario de gobierno en 2018 autorizó la presunta contratación ilegal de la empresa AV Real State LCC de Estados Unidos para recuperar bienes comprados por exfuncionarios duartistas en Texas.

Según esta acusación, todo ello tenía el propósito de promover la imagen del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces candidato a la gubernatura. Franco ha ganado varios amparos para desestimar las acusaciones en su contra.

Luis Enrique González Lira, abogado de Franco, advierte que una de las principales fallas de la fiscalía es que hay una insuficiente e ineficiente investigación. “La investigación tendrá que ser tan fuerte y sólida para soportar la embestida de juicios de amparo, pero la fiscalía integra carpetas de manera rápida sin una línea de investigación, con datos de prueba aislados que al final no se sustentan”. A su consideración, se juega con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. “En lo que se resuelven los amparos y las revisiones, la persona puede perder hasta nueve meses o un año tras las rejas”.

Las irregularidades de la Fiscalía han sido tema a nivel nacional. En la reciente comparecencia en el Senado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Julen Rementería le pidió revisar el caso del panista Tito Delfín Cano. Éste era candidato a la dirigencia del PAN cuando fue detenido el 27 de noviembre de 2021 por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.

El juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa de seis meses por la contratación ilegal de una empresa que construiría una planta de tratamiento de aguas residuales en 2012, cuando era alcalde de Tierra Blanca.

La irregularidad, que tiene más de 10 años, no fue denunciada por el Órgano de Fiscalización Superior en su momento; en mayo, cuando se cumplió su sentencia, el juez de control intentó ampliar la prisión preventiva otros seis meses, pero un juez federal determinó que esa intención era contraria a los principios constitucionales y vulneraba los derechos a la libertad y presunción de inocencia de Delfín.

Pero Tito no alcanzó a salir de prisión. Ese mismo día le notificaron una nueva orden de aprehensión, esta vez por el manejo irregular de la basura en el relleno sanitario cuando era alcalde.

CONVICCIONES Monreal: Morena viola la Constitución, realiza espionaje y va camino a la ruptura

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusa a su compañero de partido, el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Senadores, de corrupción y de traicionar la causa.

Ante estos ataques, que tienen días y no paran incluso ante la petición de que termine del presidente López Obrador y de Mario Delgado, presidente de Morena, Monreal, en una entrevista banquetera fija su posición.

Su declaración es la primera gran revelación pública sobre las graves y violentas tensiones al interior de Morena, que pueden incluso llevar a la fractura.

Y también la primera denuncia, desde el interior del partido, de las violaciones que Morena hace a la Constitución y de las leyes electorales en el proceso por la candidatura a la presidencia de la República que abrió López Obrador.

El senador también acusa que en Morena o políticos de Morena en el poder realizan espionaje a los militantes, con los que tienen desacuerdos.

Monreal sostiene que la campaña adelantada en Morena “que inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos, el hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia, que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”.

Y añade que “ yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del Movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024”.

Ante la información que Sansores ha dado a conocer a los medios afirma que “en el pasado en casi toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente, y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido, es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior”.

Y agrega que esto “es parte de esta campaña anticipada, nosotros vamos a resistir ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia yo espero que la prudencia prevalezca, porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables, son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante”.

Monreal asegura que “ yo voy a luchar por un país mejor, sin odio y sin rencor, un país que necesita al que le urge la reconciliación nacional y al interior de Morena voy a luchar por suceder al presidente López Obrador a pesar de que el piso esté tan disparejo”.

“A pesar, prosigue en su declaración, de que se estén gastando cantidades millonarias en bots, en redes, en espectaculares, en lonas, en mantas que ya de por sí están violando la Constitución y la ley con campañas anticipadas y difusión de programas con fines personalísimos”

Y esto, continúa, a pesar de “que la Constitución y la ley lo prohíben y pueden poner en riesgo sus registros a los que aspiren, entonces, estamos muy tranquilos. Dios nos va a ayudar a salir adelante y a continuar, pero ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, ¡ánimo!”.

@RubenAguilar

Los indignados nietos de la Revolución de Irán

/ Mahnaz shirali

Son la tercera generación desde que la Revolución de 1979 tomó el poder en Irán. Son jóvenes que crecieron con telefonía celular, internet y redes sociales y, a diferencia de sus padres, decidieron manifestar su inconformidad con el régimen de los mulás… y la muerte de Mahsa Amini –la muchacha que fue detenida por no llevar bien puesto el velo y falleció en prisión– detonó ya una insólita oleada de protestas masivas.

El pasado 13 de septiembre una joven de 22 años, Mahsa Amini, murió a manos de la “policía de la moral” por haber cometido el “crimen” de llevar mal colocado el velo. Desde el anuncio oficial de su fallecimiento –supuestamente causado por un paro cardiaco– gritos de coraje y hastío resuenan sin parar en las calles iraníes.

Muchas revueltas explotaron en Irán en las dos últimas décadas. Desde el Movimiento Verde de 2009 contra el fraude electoral hasta las protestas contra el alza del precio de la gasolina en 2019, que desembocaron en una masacre a puerta cerrada, los iraníes nunca dejaron de cuestionar el régimen de los mulás.

La continuidad y amplitud de la ola de protestas que sacuden el país desde mediados del pasado septiembre no tienen precedente. Por primera vez desde las grandes manifestaciones de 2009 –que el poder sofocó en tres días con saldo de miles de víctimas–, las protestas contra el régimen se prolongan semanas y van creciendo día tras día. También por primera vez desde el advenimiento de la República Islámica las marchas contra el poder cuentan con la participación de todas las clases sociales.

Del norte al sur del país, ricos y pobres se suman a las manifestaciones dejando atrás todas las fronteras sociales y profesionales. Estudiantes y alumnos de liceos, a menudo acompañados por mayores de edad, se solidarizan para reivindicar su derecho a vivir libremente, sin el peso de la coerción que el régimen les impone en nombre del Islam. Por si eso fuera poco, es la primera vez que la lucha de las mujeres cuenta con el apoyo de los hombres. A lo largo de muchos años las iraníes combatieron solas en dos frentes, encarando a la vez las leyes discriminatorias de la sharía, impuestas por el poder teocrático, y el patriarcado que fungía como cómplice de los religiosos.

Muy pocos hombres mostraban interés por la causa de las mujeres ni manifestaban simpatía hacia ellas, que reclamaban los derechos que les negaba la ley islámica. Dicha ley institucionaliza la violencia de género por considerar que la vida de una mujer vale la mitad de la de un hombre y que su testimonio no puede ser recogido por la justicia.

Shirin Ebadi, abogada iraní galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003, enfatiza: si 10 mujeres –respetadas y respetables– deciden testificar que vieron cómo un hombre entró a una casa y violó a mujeres y niños, ninguna corte tomará en cuenta sus testimonios. Peor aún: el Código Penal de Irán prevé que cada una de ellas sea azotada con 70 latigazos por atreverse a ser testigo de cargo contra un hombre.

Asimismo la sharia reduce el papel de la madre al de simple “nodriza” y no le otorga derecho alguno en cuanto al destino de sus hijos. Las madres iraníes no pueden consultar los expedientes escolares de sus hijos ni ingresarlos en el hospital.

Durante 40 años los hombres subestimaron los sufrimientos de las mujeres, pero de pronto la muerte de Mahsa Amini despertó conciencias. Muchos hombres identificaron la suerte trágica de la joven con la de sus hermanas o sus hijas y desde entonces marchan al lado de las mujeres en todo el país entonando con ellas “¡Mujer, vida, libertad!”, lema que ya se convirtió en la bandera nacional de su lucha.

Sin embargo, la dimensión más significativa de esa revuelta es sin duda la juventud extrema de los manifestantes que la República Islámica mata sin reparo. Hasta la fecha (20 de octubre), según cifras oficiales –seguramente subregistradas– el saldo de la represión es de 250 muertos, gran parte de los cuales tenían entre 15 y 20 años.

El pasado domingo 9, los presos de la cárcel de Lakan, en la ciudad de Rasht –única prisión moderna del norte del país–, comentaron indignados a los familiares que los visitaron que los jóvenes manifestantes recién arrestados eran sometidos a malos tratos.

Ese día un motín estalló en la cárcel de Lakan. Uno de los reclusos que logró comunicarse con el exterior aseguró que los presos habían prendido fuego al comedor porque ya no soportaban ver cómo se torturaba a adolescentes.

Juventud intransigente

Los jóvenes detestan la República Islámica en la que nacieron. Como crecieron pegados a las pantallas de sus computadoras y a sus celulares son muchísimo más intransigentes que sus padres. Sólo aspiran a la caída de los mulás.

Sus padres aprendieron a tener una doble vida: una privada, libre de cualquier obligación, protegida por las paredes de sus domicilios, y otra, pública, apegada a las exigencias del régimen. Por la noche solían beber su vodka en casa y al día siguiente participaban en los rezos colectivos en su lugar de trabajo.

Los jóvenes rechazan esa hipocresía. Quieren vivir a la luz del día, comentar públicamente su vida privada, publicar sus fotos en Instagram, Facebook y Twitter, como lo hacen los demás jóvenes en el mundo. Su sueño es salir sin miedo, vestirse sin llevar el velo, bailar y cantar en la calle. Hoy desafían al terror gritando “¡Abajo la República Islámica!”, “¡Abajo la sharia!” y, más asombroso todavía, se desatan contra la religión aullando “¡Abajo el Islam!” Es su respuesta a 40 años de represión en nombre del dogma religioso.

En realidad, esa segunda generación nacida en la República Islámica es muy distinta de la primera, la de sus padres. Los jóvenes hoy están desesperados, ya no tienen nada que perder puesto que su futuro está bloqueado. Pero lo que paradójicamente diferencia su generación de la anterior es la complicidad que existe entre ambas. Eso no había sucedido.

La primera generación de iraníes nacidos después de la Revolución de 1979 tenía padres conservadores, casi cómplices del orden establecido. Los jóvenes de hoy, en cambio, cuentan con la comprensión de sus progenitores. Estos últimos, que fueron las primeras víctimas de la coerción religiosa y de la política represiva del régimen, criaron a sus hijos como hubieran querido ser criados ellos. Les brindaron un mundo “aparte”, lejos de la presión del poder y a salvo de las miradas indiscretas; un mundo privado, separado y protegido del exterior. Pero sus hijos no tardaron en confrontarse con las normas y los valores islámicos y no pudieron adaptarse a una sociedad corroída por repetidas crisis, que no les deja el mínimo espacio.

Los hijos de la Revolución se conformaron con las libertades escondidas que se habían creado en privado, los nietos de la Revolución, en cambio, no lo pueden hacer. Sus padres se comportaban como si la república de los mulás no existiera; los jóvenes quieren que desaparezca.

Además de hacerlos soñar, las herramientas informáticas les permiten actuar. Sin dejarse impresionar por las estrategias de intimidación y terror de las fuerzas del orden, los jóvenes se citan en las redes sociales para intercambiar entre sí y comunicarse con el mundo libre.

Gracias a su dominio perfecto de las VPN (redes virtuales privadas), las nuevas generaciones iraníes son capaces de burlar y desafiar la censura y de usar las redes sociales de manera inédita. Además de lograr conectarse a dichas redes, les sacan provecho para coordinar sus protestas, discutir el enfoque de sus reivindicaciones y formular clara y precisamente sus demandas.

Sin un INE fuerte, la democracia en México estaría en riesgo: Jorge Romero

Cámara de diputados

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que sin un Instituto Nacional Electoral (INE) fuerte la democracia en México estaría en riesgo.

Por lo anterior, en el contexto del análisis de las propuestas de modificación al marco jurídico-electoral, su partido buscará que todas las voces sean escuchadas y no aceptará que el oficialismo pretenda imponer la suya.

“Se los décimos, en Acción Nacional privilegiaremos el diálogo y entendimiento mutuo entre todas las fuerzas políticas, para que el oficialismo no pretenda imponer su iniciativa. El INE es el garante de la democracia en México, si se llegara a debilitar con esta reforma, pasaríamos al México autoritario que Morena y AMLO quieren en sus afanes antidemocráticos y totalitarios, y eso no lo permitiremos jamás”, sentenció en un comunicado.

El diputado agregó que el PAN ya presentó una propuesta que fortalece a las instituciones electorales y dota de mayores herramientas a la ciudadanía para vivir una verdadera democracia.

“Desde inicios de este año, hemos insistido en una reforma electoral que, entre otras cosas, busca instaurar una segunda vuelta electoral, al menos para las elecciones presidenciales, de forma que el presidente o Presidenta sea elegido por más de la mitad de la población, además de modernizar nuestro sistema electoral por medio de la urna electrónica y que las y los ciudadanos puedan elegir mediante elecciones primarias a quienes se postulen para candidaturas en los partidos políticos, entre muchas otras propuestas”, señaló.

Sin embargo, Romero Herrera reiteró que de ninguna manera se discutirá algo que ponga en riesgo al INE, al Tribunal Electoral o a los institutos electorales locales. “Como ya lo adelantamos esta semana, el INE no se toca. No nos sentaremos tan siquiera a discutir nada que vulnere su autonomía o pretenda limitar las facultades del Tribunal Electoral o poner en vilo la existencia de los organismos electorales locales”, reiteró. Jorge Romero

Enfatizó que el INE cuenta con Acción Nacional para cuidar la democracia y, por ende, que continúe un país de derechos electorales y libertades políticas. “Si el oficialismo siquiera intenta debilitar nuestros pilares democráticos, se cerraría la posibilidad de poder avanzar en otras dimensiones que sí servirían para fortalecer nuestra democracia”, aseveró.

El coordinador encomió la negativa del PRI, MC y PRD para aprobar la propuesta del Ejecutivo. Además de que, en los hechos, se están sumando a lo que podría ser una construcción plural, que no atente contra las instituciones y fortalezca las capacidades democráticas de México.

“Quien se frota las manos para dividir a la oposición es el oficialismo, pero ya todas las fuerzas de oposición reiteramos nuestro rechazo a la tóxica reforma del presidente, lo que no sólo protegería nuestros pilares democráticos fundamentales; sino que, además, nos permitiría sumarnos para seguir fortaleciendo los derechos de la gente, y las capacidades democráticas del país”, finalizó.

Perspectiva de género en la Ley de Vivienda atiende deuda histórica con mujeres: María Rosete

Cámara de diputados

La diputada María Rosete (PT) afirmó que al establecer la perspectiva de género en la Ley de Vivienda se atiende una deuda histórica con las mujeres de México.

Lo anterior, a propósito de la aprobación en la Comisión de Vivienda de su iniciativa que reforma el artículo 3° de la Ley de Vivienda, con el objetivo de establecer de manera explícita en esta legislación que sus disposiciones se apliquen con perspectiva de género y bajo los principios de equidad e inclusión social.

En un comunicado, sostuvo que en la actualidad solamente el 35 por ciento de casas escrituradas está a nombre de mujeres y únicamente el 34 por ciento puede acceder a un crédito, contra el 66 por ciento de los hombres.

El sector femenino de nuestro país debe enfrentar diversos obstáculos, como discriminación laboral, que le dificultan la adquisición de una vivienda, denunció.

Al respecto, la congresista celebró la aprobación, toda vez que se atiende una deuda histórica existente con las mujeres de México y su derecho humano a la adquisición de una casa, por lo que se les otorgará la posibilidad de abrirles el panorama para que accedan a un crédito de vivienda, que es la ilusión y sueño de cualquier persona y familia.

Esto debido a los problemas que tiene que enfrentar el sector femenino para encontrar trabajo, la brecha y pocos incrementos salariales dificultan su adquisición, a causa de esa discriminación laboral.

Aseveró que se pretende conseguir que el Estado atienda o preste atención a las necesidades de la población más vulnerable y que le es más difícil acceder a una vivienda adecuada; esto para detener la desigualdad en los ambientes familiares, lo que permitirá que a las mujeres se les garantice plenamente sus derechos y los ejerzan igual que los hombres, dejando a un lado los roles de género que siempre se han impuesto por la sociedad.

“La igualdad es el concepto más amplio de justicia. Agradezco y reconozco el trabajo de cada uno de los integrantes de esta Comisión, para lograr una legislación que atienda las realidades sociales. Esta labor y estas decisiones ayudarán a romper las brechas de desigualdad que existen”, finalizó la legisladora por la Ciudad de México.

Titular de SEGALMEX será llamado a comparecer ante la Comisión de Vigilancia

Cámara de diputados

El titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Leonel Cota Montaño, será llamado a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atendiendo las reiteradas peticiones de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN), a la cual legisladores del PRI y Morena se sumaron.

En un comunicado, la diputada Pérez-Jaén Zermeño detalló que el pasado viernes 28 de octubre la citada Comisión decidió llamar a comparecer al director general de Segalmex, a efecto de que explique, aclare y justifique lo relacionado con las auditorías 283-DE y 327-DE, en las cuales se detectaron irregularidades por 5 mil 640 millones de pesos, y 3 mil 396 millones de pesos, respectivamente, entre otras irregularidades que la ASF dio a conocer en las Cuentas Públicas 2019 y 2020.

La propuesta de la diputada panista fue secundada por los diputados de Morena, Inés Parra Juárez, Arturo Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi, Adela Ramos Juárez, así como la diputada priista Carolina Viggiano Austria, quienes inmediatamente se sumaron a la petición por considerarla “acertada, asimismo para tener cuentas claras y promover una cultura de denuncia y rendición de cuentas”.

Explicó que en “la Auditoría de cumplimiento 327-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2020 se encontró que la ASF había detectado 5 mil 640 millones de pesos pendientes por aclarar y, en lo relacionado a la Auditoría 283-DE de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó 3 mil 396 millones de pesos pendientes por aclarar”.

Entre estas irregularidades, recordó que también se dio la pérdida de bienes y recursos, como faltantes de maíz y frijol en inventarios, productos de canasta básica, cuya entrada a almacenes no se acreditó y hasta salidas de efectivo no identificadas en su concepto.

Asimismo, la diputada insistió en que derivado de la auditoría 283-DE de la Cuenta Pública 2019, se determinaron 14 resultados, de los cuales, 12 generaron 13 recomendaciones, cuatro solicitudes de aclaración, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y nueve pliegos de observaciones, y se determinaron casi 3 mil 400 millones de pesos pendientes por comprobar.

Advirtió que en la Auditoría de 2020 SEGALMEX tuvo probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal por un monto de casi 105 millones de pesos por partidas en conciliación en dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas, correspondientes a salidas de efectivo no identificadas por el organismo.

Por otra parte, SEGALMEX no acreditó un monto de más de mil 445 millones de pesos por concepto de recursos transferidos a Liconsa, correspondientes a los 520 millones de litros captados a pequeños y medianos productores de leche, por mencionar algunas.

De igual forma, el pasado 25 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la fiscalía general de la República relacionada con SEGALMEX, por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019 y 2020, en perjuicio de la Hacienda Pública y del patrimonio del mismo órgano descentralizado.

Agregó que la ASF ha realizado diversas auditorías de cumplimiento, desempeño y financieras que dejan claro el desastre que priva en SEGALMEX, y urgió a llevar a cabo las investigaciones y sanciones correspondientes, debido al impacto que tiene para las familias mexicanas.

Finalmente, Pérez-Jaén Zermeño afirmó que su trayectoria en materia de transparencia y rendición de cuentas la impulsa a luchar por un México mejor para todas las familias, sobre todo, donde se hace uso de recursos que provienen del bolsillo de los mexicanos. “No me voy a quedar cruzada de brazos y ver cómo el actual Gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, opera en una total opacidad, impunidad y falta de rendición de cuentas sin que pase nada”, concluyó.