Administración Desleal:
Riesgos y Consecuencias para Empresas y Directivos
Responsabilidad de los Empleadores en Accidentes Laborales: Un Compromiso Ineludible
¡Dejen de Fregar! La ley (2300 de 2023) que limita los horarios de llamada para clientes: Recomendaciones Legales
Cumplimiento de Facturación Electrónica: Claves para Evitar Sanciones
El Derecho de Retracto: Un Pilar Fundamental en la Protección del Consumidor
Tu marca rompiendo fronteras, conoce como puedes proteger tu marca a nivel internacional.
Contrato de Colaboración Empresarial: Un Enfoque Tributario
Libro recomendado EL INVERSOR INTELIGENTE de Benjamín Graham
Junio 2024 | #03
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Administración
Desleal: Riesgos y Consecuencias
para
Empresas y Directivos
El desempeño de las actividades empresariales no está exento de riesgos jurídicos. Entre estos, uno de los más insidiosos y potencialmente devastadores es el delito de administración desleal. Este delito, tipificado en el Código Penal colombiano bajo el artículo 250B, representa una amenaza tanto para la integridad económica de las empresas como para la estabilidad de los cargos directivos. Comprender sus implicaciones y adoptar medidas preventivas es crucial para cualquier organización.
La administración desleal ocurre cuando un administrador, socio, directivo, empleado o asesor de una empresa, abusando de sus funciones, dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contrae obligaciones a su cargo, causando un perjuicio económicamente evaluable a los socios. Este comportamiento delictivo, que puede resultar en penas de prisión de cuatro a ocho años y multas significativas, es de naturaleza pluriofensiva, afectando directamente el patrimonio
económico de la empresa y de sus socios, así como el orden económico-social y, en ciertos casos, la administración pública.
En Colombia, solo las personas naturales pueden ser responsables penalmente. Esto implica que, en caso de administración desleal, no es la persona jurídica (la empresa) la que enfrenta cargos, sino los individuos involucrados. Sin embargo, las consecuencias para la empresa pueden ser severas, incluyendo limitaciones en el derecho de propiedad, suspensión de la personería jurídica y pagos de perjuicios.
La estructura empresarial moderna, caracterizada por la división del trabajo y la delegación de responsabilidades, puede dificultar la identificación precisa del responsable de una conducta delictiva. Esta complejidad aumenta el riesgo de que la Fiscalía General de la Nación vincule a representantes legales y administradores, simplemente por su posición de autoridad y sus
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procedimientos dentro de la empresa, proporcionando una radiografía detallada de cómo se desarrollan las actividades empresariales y quiénes son responsables de cada etapa. Esta transparencia no solo ayuda a prevenir el delito, sino que también protege a los directivos en caso de una investigación penal.
La administración desleal es un delito que puede tener consecuencias devastadoras para las empresas y sus directivos. Sin embargo, con la implementación de políticas preventivas y una gestión transparente y responsable, es posible minimizar estos riesgos. Los directivos deben estar siempre atentos a las prácticas internas y asegurar que cada acción y decisión se realice con integridad y en beneficio de la empresa, garantizando así la protección de los intereses de todos los socios y evitando cualquier implicación penal.
Carlos Arias Martínez
Los líderes deben estar preparados para enfrentar estos desafíos con firmeza y ética, asegurando que su gestión no solo sea efectiva, sino también justa y respetuosa de la ley.
Líder de Derecho Penal económico de Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS
La comprensión y prevención de la administración desleal no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino también una práctica esencial para mantener la confianza y la solidez en el entorno empresarial.
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¡Dejen de Fregar!
La ley (2300 de 2023) que limita los horarios de llamada para clientes:Recomendaciones Legales
En un mundo cada vez más digitalizado, la protección de la intimidad del consumidor se ha convertido en una prioridad fundamental. La Ley 2300 de 2023, conocida coloquialmente como la ley “dejen de fregar”, establece medidas claras para proteger este derecho. Las empresas deben ajustar sus prácticas de cobranza para evitar sanciones y asegurar el respeto a la privacidad de los consumidores.
1. Recomendaciones para el Cumplimiento
Canales Autorizados:
Solo se podrá contactar a los consumidores a través de los canales que ellos mismos hayan autorizado. Las empresas deben informar y obtener el consentimiento previo de los clientes sobre los medios de contacto, asegurándose de que estén plenamente conscientes y de acuerdo con estas comunicaciones.
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Horarios y Periodicidad:
Las llamadas y mensajes deben realizarse únicamente dentro de los horarios establecidos: de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y los sábados de 8:00 am a 3:00 pm. Está prohibido contactar a los consumidores los domingos y días festivos. Además, no se puede contactar a los clientes más de una vez al día ni a través de varios canales en la misma semana.
Prohibición de Contacto a Terceros:
Bajo ninguna circunstancia se debe contactar a referencias personales, avalistas o codeudores, salvo que sean contactados en la misma condición que el deudor principal.
Restricciones en Mensajes Publicitarios:
Las comunicaciones de carácter comercial o publicitario deben respetar los horarios establecidos y los consumidores deben poder optar por no recibir estos mensajes en cualquier momento. Es fundamental que las empresas dispongan de mecanismos ágiles y eficientes para que los consumidores puedan cancelar la recepción de mensajes publicitarios.
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6.
Prohibición de Visitas:
Las gestiones de cobranza no pueden incluir visitas al domicilio o lugar de trabajo del consumidor, salvo en casos específicos como microcréditos, siempre y cuando exista una autorización expresa del consumidor.
Consulta de Motivos de Incumplimiento:
Las empresas deben abstenerse de preguntar a los consumidores los motivos de su incumplimiento financiero. Sin embargo, pueden ofrecer alternativas de pago que se ajusten a la situación financiera del consumidor. Las empresas deben abstenerse de preguntar a los consumidores los motivos de su incumplimiento financiero. Sin embargo, pueden ofrecer alternativas de pago que se ajusten a la situación financiera del consumidor.
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Consecuencias del Incumplimiento
El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en sanciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio. Las sanciones pueden incluir multas significativas, lo que subraya la importancia de adoptar estas prácticas de manera rigurosa y eficiente.
clientes. Es un momento crucial para que las empresas revisen y mejoren sus políticas, priorizando la transparencia y la responsabilidad en todas sus interacciones con los consumidores.
Wilson Cárdenas
Socio de Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS
Para evitar sanciones, es vital que las empresas capaciten a sus empleados sobre las nuevas regulaciones y ajusten sus sistemas y procedimientos de cobranza. Esto no solo evitará multas, sino que también mejorará la relación con los consumidores, fortaleciendo la reputación de la empresa.
La Ley 2300 de 2023 representa un paso significativo hacia la protección de la intimidad del consumidor en Colombia. Las empresas deben tomar esta normativa en serio y asegurarse de cumplir con todas sus disposiciones. Adaptar sus prácticas de cobranza no solo evitará sanciones, sino que también demostrará un compromiso con la privacidad y el respeto hacia sus
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Electrónica:
Cumplimiento de Facturación
Claves para Evitar Sanciones
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una serie de advertencias y directrices claras para todos los facturadores electrónicos. El llamado es contundente: no poner obstáculos en la expedición de facturas a los clientes y cumplir con las normativas establecidas para evitar sanciones severas.
La DIAN ha enfatizado que los facturadores electrónicos deben facilitar la expedición de facturas sin trabas innecesarias. Este compromiso es crucial para garantizar la transparencia y la eficiencia en las transacciones comerciales. Para apoyar esta iniciativa, se han habilitado números directos de denuncia, permitiendo a los clientes reportar cualquier inconveniente en la recepción de sus facturas electrónicas.
tener consecuencias económicas significativas. Las sanciones establecidas por la DIAN incluyen multas calculadas sobre el 5% de los ingresos operacionales del negocio infractor o, en casos más graves, el cierre del establecimiento comercial.
El incumplimiento en la expedición de la factura electrónica por parte de los establecimientos obligados puede
Estas medidas buscan asegurar que todos los actores económicos cumplan con sus obligaciones tributarias de manera rigurosa.
Además, el pasado 2 de mayo, la DIAN se pronunció respecto a las facturas electrónicas emitidas con datos erróneos, como el método de pago utilizado por los clientes. Las sanciones por este tipo de errores pueden llegar al 1% sobre el importe de la factura y, en casos extremos, también pueden llevar al cierre del negocio, tal como se estipula en el artículo 652 del Estatuto Tributario. Este pronunciamiento subraya la importancia de la precisión y exactitud en la emisión de facturas electrónicas.
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Para evitar estas sanciones, es esencial que los empresarios tomen medidas proactivas. Una de las recomendaciones más importantes es la capacitación continua de los colaboradores sobre las normativas y procedimientos relacionados con la facturación electrónica. Un personal bien informado y capacitado es la mejor defensa contra errores que puedan resultar en sanciones costosas.
En resumen, la DIAN ha dejado claro que la expedición correcta y oportuna de facturas electrónicas no es solo una obligación legal, sino un componente crucial para la transparencia y eficiencia del sistema tributario colombiano. Los empresarios deben asumir un rol activo en la capacitación de sus
equipos y en la implementación de procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo. Solo así se podrán evitar las sanciones económicas y operativas que pueden afectar gravemente la continuidad del negocio.
La invitación está hecha: capacite a sus colaboradores y asegúrese de cumplir con todas las disposiciones legales para mantener su negocio en regla y evitar sanciones. La responsabilidad es compartida, y la correcta implementación de la facturación electrónica es un paso esencial hacia la transparencia y la eficiencia en el ámbito empresarial.
Jessica Ovalle
Directora de la consultora contable y tributaria Integral Services Trade S.A.S.
Contrato de Colaboración
Empresarial:
Un Enfoque Tributario
Las empresas buscan continuamente maneras innovadoras de alcanzar sus objetivos y optimizar sus recursos en el competitivo y dinámico mundo de los negocios. Entre las variadas modalidades contractuales disponibles, destaca el contrato de colaboración empresarial. Esta herramienta estratégica permite a las partes involucradas unir sus fuerzas para llevar a cabo proyectos específicos, aprovechando al máximo las cualidades y contribuciones de cada una.
Sin embargo, la regulación tributaria de estos contratos no es tan clara, la cual es un aspecto crucial para las empresas, dado que influye en la manera en que deben declarar y gestionar sus activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones de acuerdo con su participación o proporción de utilidades.
Los contratos de colaboración empresarial no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
Los contratos de colaboración empresarial encuentran su fundamento en el artículo 18 del estatuto tributario, el cual señala entre otras, las bases para el tratamiento fiscal de los contratos de colaboración empresarial, incluyendo consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación. Según esta disposición:
Cada parte en el contrato debe declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que le correspondan, de acuerdo con su participación.
Las partes deben llevar un registro detallado sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato para verificar los ingresos, costos y gastos incurridos.
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Esta normativa asegura que cada parte involucrada en un contrato de colaboración empresarial maneje sus obligaciones fiscales de manera individual, lo que facilita la transparencia y la correcta rendición de cuentas.
Igualmente, en virtud del Oficio 901347 de 2022 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señala que la definición de la proporción o base de participación para las utilidades generadas con ocasión de un contrato de colaboración empresarial dependerá esencialmente de la autonomía de la voluntad de sus partes. Tan es así que el artículo 18 del Estatuto Tributario no contempla una forma específica de determinación de la base de participación o proporción de la utilidad para la aplicación de los efectos fiscales allí señalados. Esto ha sido reiterado por medio del Concepto Unificado 1002022080376 de radicado 8537 de 9 de abril de 2018 y el Oficio 900598 int. 087 del 27 de enero de 2022
Deducibilidad de Costos y Gastos: Deben cumplir con los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior, se deja este aspecto a la autonomía de la voluntad de las partes involucradas, siempre y cuando se cumplan los siguientes límites legales:
Tratamiento de Rendimiento Garantizado: Se entiende como enajenación o prestación de servicios, no como un aporte al contrato.
Norma General Antiabuso: Artículo 869 del Estatuto Tributario, para prevenir prácticas abusivas.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el artículo 553 del Estatuto Tributario el cual establece que los convenios entre particulares sobre impuestos no son oponibles al fisco, y el artículo 684 del Estatuto Tributario el cual regula las inspecciones y auditorías fiscales.
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Por medio del Oficio No. 000088 del 02 de enero de 2019 de la DIAN, se indicó:
“Así las cosas, se puede concluir que el objeto principal de los contratos de colaboración empresarial es la asociación para realizar operaciones mercantiles. El contrato de colaboración empresarial es el género de las modalidades contractuales que se pueden presentar, entre las cuales se encuentra las cuentas en participación. Ahora bien, teniendo en cuenta que los contratos de colaboración empresarial no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, cada partícipe es considerado como independiente fiscalmente. Por ende, deberán registrar de manera independiente, el porcentaje de su participación respecto de cada activo, pasivo, ingresos, costos y gastos que contraigan en el marco del contrato independientemente de su modalidad.” (Subrayado fuera de texto).”
en cada uno de los partícipes de forma individual, los cuales, deberán registrar de manera independiente, el porcentaje de su participación respecto de cada activo, pasivo, ingresos, costos y gastos que contraigan en el marco del contrato independientemente de su modalidad.
Por lo anterior, los contratos de colaboración empresarial no son contribuyentes del impuesto a la renta, por lo tanto, no deben presentar la declaración de renta, en razón a que la obligación recae
El contrato de colaboración empresarial, desde un enfoque tributario, presenta un panorama complejo y detallado que requiere una comprensión profunda de las normativas aplicables. Es fundamental que las empresas involucradas en este tipo de contratos mantengan una gestión meticulosa y transparente de sus registros fiscales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar inconvenientes legales.
Stefanny López Montoya
Coordinadora Jurídica en Startapp - Legapp
Responsabilidad de los Empleadores en Accidentes Laborales:
Un Compromiso Ineludible
La reciente sentencia SL809-2024 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, emitida el 9 de abril de 2024, ha resaltado un aspecto crucial en la legislación laboral: la responsabilidad de los empleadores en accidentes de trabajo causados por compañeros de trabajo. Esta decisión reafirma el deber de los empleadores de garantizar un entorno seguro, capacitar correctamente a sus trabajadores en el desarrollo de sus funciones y de asumir la responsabilidad por los daños ocasionados durante el desarrollo de las actividades laborales, incluso cuando estos sean causados por otros empleados.
La Corte abordó adicionalmente el estudio del riesgo psicosocial, la capacitación del trabajador y sus compañeros y finalmente, analizó lo relacionado con la responsabilidad del trabajador en el accidente del trabajo.
La Culpa In Vigilando e In Eligendo
La Corte Suprema ha clarificado que la responsabilidad del empleador se extiende más allá de sus propias acciones directas, incluyendo la supervisión y selección de sus empleados. El concepto de culpa in vigilando e in eligendo implica que los empleadores deben responder por los daños causados por sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, a menos que puedan demostrar que tales comportamientos dañinos no podían ser previstos ni impedidos, pese a haber actuado con el cuidado ordinario requerido.
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Implicaciones de la Sentencia
La sentencia subraya que, en general, los empleadores no pueden eximirse de responsabilidad por accidentes laborales causados por otros trabajadores. La empresa, como entidad que dirige y coordina las actividades laborales, debe asumir las consecuencias de los daños sufridos por sus empleados. Esta postura se alinea con el artículo 2349 del Código Civil, que establece la responsabilidad del empleador por los actos de sus dependientes.
La Carga de la Prueba
Sin embargo, la Corte también admite la posibilidad de exoneración de responsabilidad si el empleador demuestra que el acto dañino no pudo ser previsto ni evitado, a pesar de haber tomado todas las precauciones necesarias. Este estándar de prueba es alto y exige que el empleador acredite haber implementado medidas adecuadas de seguridad y haber actuado con la debida diligencia.
En casos de accidentes laborales, la carga de la prueba recae inicialmente en el trabajador o sus beneficiarios, quienes deben demostrar que el empleador incumplió con sus deberes de protección y seguridad. Una vez establecida esta omisión, corresponde al empleador probar que tomó todas las medidas preventivas necesarias y que el accidente fue resultado de un acto imprevisible y no
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Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
La sentencia también destaca la importancia de que los empleadores implementen políticas robustas de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento con la legislación nacional e internacional. Normas como la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 del mismo año, el Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 establecen un marco claro para la protección de los trabajadores.
Estas regulaciones requieren que los empleadores identifiquen los riesgos ocupacionales de manera oportuna y adopten todas las medidas preventivas pertinentes. La falta de cumplimiento con estas normas puede resultar en una responsabilidad significativa para la empresa, tanto en términos legales como económicos.
En relación al riesgo psicosocial, que se analiza en la sentencia, examina el hecho que el trabajador presentaba fatiga debido a la carga o duración de la tarea, así como a la rutina y monotonía en la
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labor desempeñada, y el trabajo en horas extras y que adicionalmente el trabajador tenía que utilizar equipo inherentemente peligroso.
Señala frente al horario de trabajo que, este debe organizarse de modo que se prevean periodos adecuados de descanso, pausas breves durante el horario de trabajo, especialmente cuando la labor es fatigosa, peligrosa o monótona o exija una gran concentración, con el fin de que los trabajadores recuperen la capacidad de mantener la atención y su buen estado físico.
Responsabilidad del
trabajador en la ocurrencia del accidente
de
La Responsabilidad Colectiva
La seguridad laboral no es solo responsabilidad del empleador.
La Corte ha reiterado que la seguridad social en el trabajo involucra a diversas partes, incluyendo autoridades, empleadores, trabajadores, diseñadores, ingenieros y arquitectos. La colaboración y coordinación entre todos estos actores son esenciales para crear un entorno laboral seguro.
trabajo. (concurrencia de culpas).
que no puede atribuírsele en su totalidad al trabajador la culpa del accidente, solo por el hecho de haber desconocido los protocolos de seguridad.
En aquellos casos en los cuales, aun considerando que el trabajador
actuó de manera descuidada, en estos asuntos «no opera la compensación de culpas».
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Más aún se recalca que en aquellas tareas que intervenga un equipo de trabajo, que implique trabajar con otros compañeros mancomunadamente y cumplir con tareas que aseguren un proceso de trabajo, dependiendo a veces la seguridad de varios trabajadores, en este caso concreto, que para la ejecución de una maniobra se requería que varios actores trabajaran mancomunadamente y que la desatención de cualquiera de ellos tenía la potencialidad para generar el daño, y donde el descuido o imprudencia de alguno de los trabajadores configuraba la concurrencia de culpas, circunstancia que no exime al empleador de la responsabilidad.
La corte señala que esto permite establecer que están dados los presupuestos para que se configure la culpa in vigilando o in eligendo, pues al empleador le asiste el deber de responder por el daño causado por sus representantes o trabajadores dependientes en desarrollo de sus actividades o labores. Sobre el particular ha señalado la Corte que, “en el evento de que se presente concurrencia de culpas, la del trabajador no exime al empleador de su deber
de implementar medidas de prevención efectivas para evitar accidentes de trabajo, significando ello que la responsabilidad de la empresa en el accidente no desaparece en el caso de que el trabajador presente un comportamiento descuidado (CSJ SL5463-2015, CSJ SL9355-2017, CSJ SL2824-2018 y CSJ SL19112019)”.
En conclusión, la sentencia SL809-2024 de la Corte Suprema de Justicia es un recordatorio contundente de la responsabilidad de los empleadores en la protección de sus empleados. La obligación de garantizar un ambiente laboral seguro, capacitarlos en sus tareas, respetar los descansos obligatorios y de asumir la responsabilidad por los daños causados durante las actividades laborales, es ineludible. Las empresas deben estar preparadas para demostrar que han tomado todas las precauciones necesarias para proteger a sus trabajadores, han evaluados los riesgos inherentes a las actividades que realizan, por lo que deben adoptar políticas de seguridad y salud robustas y efectivas.
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El cumplimiento de estas obligaciones no solo evita sanciones legales y costos económicos, sino que también fortalece la relación entre empleadores y empleados, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y productivo. En última instancia, una cultura empresarial que prioriza la seguridad y el bienestar de sus trabajadores se traduce en beneficios a largo plazo para todos los involucrados.
Carlos Fierro Sequera Socio de Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS
El Derecho de Retracto:
Un Pilar Fundamental en la Protección del Consumidor
La reciente Sentencia número 5629 del 22 de abril de 2024, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha reafirmado la importancia del derecho de retracto en el marco de la legislación colombiana de protección al consumidor. Este fallo subraya la obligación de los proveedores y productores de informar adecuadamente a los consumidores sobre sus derechos, especialmente en relación con la posibilidad de retractarse de una compra. Este derecho, consagrado en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley 1480 de 2011, permite a los consumidores dar por terminada una relación contractual de forma
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unilateral cuando su decisión de compra fue influenciada por las condiciones en que se les abordó para concretar el negocio.
El caso en cuestión evidenció una clara violación de los derechos del consumidor por parte de HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS, quien no proporcionó información suficiente y precisa sobre el derecho de retracto. Esta omisión no solo impidió al consumidor ejercer su derecho de manera oportuna, sino que también significó una renuncia implícita a un derecho que la ley garantiza expresamente. La sentencia de la SIC es un recordatorio crucial de que los proveedores deben cumplir rigurosamente con sus deberes de información y transparencia, evitando así la vulneración de los derechos del consumidor.
La Importancia del Derecho de Retracto
El derecho de retracto es una herramienta esencial que permite a los consumidores reconsiderar sus decisiones de compra, especialmente cuando estas se han tomado bajo presión o con información insuficiente. Este derecho, al ser ejercido dentro del plazo establecido por la ley, protege al consumidor de compromisos contractuales que podrían ser desfavorables o no deseados. La Ley 1480 de 2011 establece que este derecho debe ser comunicado de manera clara y precisa antes de la adquisición del producto o servicio, incluyendo la disponibilidad del producto, el término para ejercer el derecho de retracto y otras condiciones comerciales relevantes.
Responsabilidad de los Proveedores y Productores
La sentencia destaca la responsabilidad de los productores y proveedores en garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que comercializan. Según los artículos 5, 7, 8, 10, 11 y 18 de la Ley 1480 de 2011, los proveedores deben responder ante los consumidores por cualquier defecto o falta de conformidad en los
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productos ofrecidos. Este deber incluye la obligación de atender solicitudes de efectividad de la garantía y de informar de manera adecuada sobre los derechos de los consumidores, incluida la posibilidad de retractarse.
En el caso analizado, la falta de información sobre el derecho de retracto y la negativa a prestar la garantía correspondiente constituyen una doble vulneración de los derechos del consumidor. La SIC determinó que estas acciones no solo afectan el tiempo y modo en que los consumidores pueden ejercer sus derechos, sino que también implican una renuncia forzada a estos derechos, lo cual es inaceptable según la normativa vigente.
Además, deben asegurarse de que los consumidores sean plenamente conscientes de sus derechos, incluyendo el derecho de retracto, desde el momento en que se inicia la relación comercial.
El fallo también subraya la importancia de cumplir con las obligaciones de garantía, ofreciendo a los consumidores opciones claras en caso de que los productos presenten defectos. Las empresas que no cumplan con estos deberes se arriesgan a enfrentar sanciones legales y a perder la confianza de los consumidores, lo cual puede tener un impacto negativo significativo en su reputación y desempeño en el mercado.
Implicaciones para el Sector Empresarial
La sentencia de la SIC tiene importantes implicaciones para el sector empresarial en Colombia. Las empresas deben ser conscientes de la necesidad de proporcionar información completa y veraz sobre los productos y servicios que ofrecen.
Conclusión
El derecho de retracto es un pilar fundamental en la protección de los consumidores, garantizando que puedan tomar decisiones de compra informadas y sin coerción. La Sentencia número 5629 de la SIC reitera la necesidad de que los proveedores y productores actúen con transparencia y responsabilidad, asegurando que los consumidores estén
plenamente informados sobre sus derechos y las condiciones de los productos y servicios que adquieren. En última instancia, el cumplimiento riguroso de estas obligaciones no solo protege a los consumidores, sino que también fortalece la confianza y la integridad del mercado en su conjunto.
Diana Rojas Briñez
Asociada en Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS
Tu marca rompiendo fronteras, conoce como puedes proteger tu marca a nivel internacional.
Vivimos en un mundo emprendedor globalizado, donde cada día surgen nuevas ideas que se materializan a través de la creación de empresas. Colombia se destaca como el país con el mayor número de emprendimientos en Latinoamérica, consolidándose como una nación innovadora, según lo confirma el Global Startup Ecosystem, la globalización ha llevado a las empresas a buscar nuevos mercados más allá de sus fronteras nacionales. Sin embargo, esta expansión viene acompañada de riesgos, especialmente en términos de propiedad intelectual. La posibilidad de que terceros utilicen signos similares en otros países puede causar confusión entre los consumidores y dañar la reputación de la marca, por ende, al estar en un mundo cada vez más globalizado, proteger
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la identidad de una marca, es importante; como empresarios siempre se está pensando en llegar a múltiples mercados, lo que es esencial para el éxito de las empresas. Y aquí es donde se resalta la importancia del Protocolo de Madrid, presentándose como una herramienta poderosa permite que una solicitud única, basada en un registro nacional, pueda extenderse a varios países miembros del protocolo. Este sistema no solo reduce significativamente los costos administrativos, sino que también facilita la gestión de la marca a nivel internacional, facilitando a las empresas colombianas, lleguen a muchos país, simplificando
la duplicación de esfuerzos y simplificando la renovación y modificación de sus registros de marca.
Colombia, como miembro de este tratado, proporciona a sus empresarios la oportunidad de expandir su presencia global en 116 países, dentro de estos se encuentran, Brasil, Canadá, China, Chile, España, Estado Unidos de América, Francia, Italia, estos países y muchos más se puede llegar a proteger la marca.
A continuación, se presenta los pasos parar registrar una marca bajo el Protocolo de Madrid:
Verificar la Elegibilidad
Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que tu marca está registrada o en proceso de registro en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia. La marca base en Colombia es esencial para presentar una solicitud internacional.
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4.
Preparar la Solicitud
Internacional
Completar el Formulario MM2
La solicitud internacional se basa en la marca nacional registrada en Colombia. Los elementos de la marca (nombre, logotipo, etc.) y los productos o servicios deben coincidir con los de la solicitud nacional.
Pagar las Tasas
El formulario MM2 es el documento oficial para solicitar el registro internacional de una marca bajo el Protocolo de Madrid. Este formulario puede ser completado en línea a través del sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Correspondientes
El costo del registro internacional varía según el número de países en los que se busca protección y las clases de productos o servicios cubiertos. Las tasas deben ser pagadas en francos suizos directamente a la OMPI. Puedes calcular el costo exacto utilizando la calculadora de tasas disponible en el sitio web de la OMPI.
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5.
7.
Presentar la Solicitud a la SIC
La solicitud internacional debe ser presentada a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que actuará como Oficina de Origen. La SIC revisará la solicitud para asegurarse de que cumple con todos los requisitos formales antes de enviarla a la OMPI.
6.
Examen por la OMPI
Una vez recibida, la OMPI realizará un examen formal de la solicitud. Si todo está en orden, la OMPI registrará la marca internacional y la publicará en la Gaceta de Marcas Internacionales. La OMPI enviará una notificación a cada uno de los países designados en la solicitud.
Examen por las
Oficinas Nacionales
Cada país designado realizará su propio examen de la solicitud según sus leyes nacionales. Las oficinas nacionales pueden aceptar, rechazar o solicitar modificaciones a la solicitud. Es importante responder a cualquier requerimiento de las oficinas nacionales dentro de los plazos establecidos para evitar el rechazo de la solicitud en esos países.
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8.
Obtención del Registro Internacional
Alexander Meneses Orozco.
Líder de Propiedad Intelectual en Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS
Si la marca es aceptada por las oficinas nacionales, se otorgará la protección en esos países y la OMPI emitirá un certificado de registro internacional. La marca internacional estará protegida por un periodo inicial de 10 años, renovable por periodos adicionales de 10 años.
Libro recomendado: EL INVERSOR INTELIGENTE de Benjamín Graham
En el mundo empresarial, donde las decisiones financieras son cruciales y el entorno económico es volátil, la inversión inteligente se convierte en una habilidad indispensable. Uno de los recursos más valiosos para adquirir esta habilidad es el libro “El inversor inteligente” de Benjamín Graham, una obra que ha resistido la prueba del tiempo y que sigue
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siendo un pilar fundamental en la educación financiera de cualquier empresario.
El prefacio de la cuarta edición, escrito por Warren E. Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, establece el tono para lo que el lector puede esperar. Buffett, un discípulo de Graham, elogia la claridad y la profundidad de las enseñanzas de su mentor, señalando que este libro ha tenido un impacto profundo en su propia filosofía de inversión. Este respaldo no es insignificante; viene de alguien que ha aplicado estos principios para construir una de las mayores fortunas del mundo.
El propósito del libro
día, en un mercado saturado de información y caracterizado por fluctuaciones constantes.
Diferencia entre inversión y especulación
Graham escribió “El inversor inteligente” con el objetivo de proporcionar una guía práctica para adoptar y ejecutar una política de inversión racional y fundamentada. Más que un manual de técnicas de análisis financiero, el libro se centra en los principios de inversión y en las actitudes que deben adoptar los inversores. Este enfoque es especialmente relevante hoy en
En su primer capítulo, Graham hace una distinción crucial entre inversión y especulación. La inversión, según él, es una operación que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad del capital y un rendimiento adecuado. La especulación, por otro lado, es cualquier operación que no cumple con estos requisitos. Esta diferenciación es esencial para los empresarios, quienes deben adoptar una mentalidad inversora para proteger y hacer crecer sus activos de manera sostenible.
Respondiendo a la inflación
El capítulo 2 aborda uno de los desafíos más persistentes en la economía: la inflación. Graham analiza cómo la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de las inversiones y ofrece estrategias para mitigarlo. Para los empresarios, entender estas dinámicas es crucial para
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mantener la viabilidad financiera a largo plazo.
Lecciones históricas del mercado de valores
Graham dedica un capítulo a revisar un siglo de historia del mercado de valores, subrayando la importancia de aprender del pasado para evitar errores futuros. Esta perspectiva histórica es invaluable para los empresarios, quienes deben anticipar y adaptarse a las tendencias del mercado para mantenerse competitivos.
Estrategias de cartera para inversores defensivos y emprendedores
En los capítulos 4 y 6, Graham describe estrategias específicas para diferentes tipos de inversores: defensivos y emprendedores. Los inversores defensivos buscan minimizar el riesgo, mientras que los emprendedores están dispuestos a asumir más riesgo a cambio de mayores rendimientos. Esta distinción permite a los empresarios adaptar su estrategia de inversión según su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros.
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El papel de las emociones en la inversión
Uno de los temas recurrentes en el libro es la psicología del inversor. Graham advierte que el principal enemigo del inversor suele ser él mismo, especialmente cuando las emociones influyen en las decisiones de inversión. Esta observación es particularmente relevante para los empresarios, quienes deben mantener la calma y la racionalidad en medio de las presiones del mercado.
gestión del capital. En un entorno empresarial donde las decisiones de inversión pueden tener consecuencias significativas, las lecciones de Benjamin Graham son más relevantes que nunca. Su enfoque meticuloso, su insistencia en la diferencia entre inversión y especulación, y su análisis profundo de la psicología del inversor proporcionan una base sólida para cualquier empresario que desee navegar el complejo mundo de las finanzas con confianza y éxito.
Fondos de inversión y asesores
Graham también ofrece orientación sobre cómo invertir en fondos de inversión y cómo trabajar con asesores financieros. Para los empresarios, esta es una guía práctica para seleccionar vehículos de inversión que se alineen con sus objetivos y para establecer relaciones productivas con profesionales financieros.
En conclusión “El inversor inteligente” no es solo un libro sobre finanzas; es una guía para pensar de manera estratégica sobre la
Recomiendo “El inversor inteligente” a todos los empresarios que buscan no solo proteger su patrimonio, sino también hacerlo crecer de manera sostenible y consciente. Esta obra maestra de Benjamin Graham es, sin duda, una inversión en sí misma.
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Fabio Rojas Conde Director de Derecho Privado de Rojas Conde & Cárdenas ABOGADOS.
contacto@legapp.com.co +57 311 276 8211 www.legapp.com.co @legappoÞcial
