LA JORNADA Jueves 31 de marzo de 2022
POLÍTICA
Ojeda Durán no está involucrado con el caso Ayotzinapa: AMLO Informó que la fiscalía especial decidirá si llama a declarar a Peña Nieto FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO
El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, no estuvo involucrado en el operativo de la noche de Iguala –cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que una acción de las fuerzas armadas, más de esa naturaleza, se toma a nivel central y con el conocimiento del presidente de la república. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que la posibilidad de que se llame a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto (o a miembros de su gabinete) será una decisión de la fiscalía especial que atiende el caso. Puntualizó que el almirante a cargo de la zona en septiembre de 2014 ya no está en activo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) divulgó el lunes pasado un video el cual muestra a elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, presuntamente alterando este sitio a partir del cual se construyó la “verdad histórica” del sexenio pasado. Según la investigación ministerial, los 43 jóvenes normalistas fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en esa zona. Ante la pregunta de si se llamará a declarar al ex presidente Peña Nieto, López Obrador se limitó a decir que la investigación aún no termina. –¿Declaró el almirante Ojeda? –No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. Lamentó que los “malquerientes” de su gobierno apunten hacia el secretario de Marina actual sólo porque en 2014 el almirante era jefe de zona naval en Acapulco. Si
La CNDH respalda la demanda de que se brinde justicia a los afectados La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a la exigencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en 2014, “tengan acceso a la verdad” y con ello logren obtener justicia. Manifestó que las inconsistencias de la investigación oficial de la administración pasada, que derivó en la llamada “verdad histórica”, y la actuación de las autoridades –incluidas las de la CNDH–, dañaron “de manera sistemática” tanto a los estudiantes como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. En un pronunciamiento en el que saludó los esfuerzos realizados por el GIEI para coadyuvar a esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, luego de la presentación de su tercer informe sobre este caso, la CNDH consideró que sólo mediante el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia, las familias “podrán hacer
los adversarios pudieran, añadió, le echarían a su gobierno la culpa hasta de la desaparición de los jóvenes. Enseguida comentó: “saben que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la de la Defensa tienen a organismos de inteligencia para tareas especiales”. Confirmó la participación de los marinos “en lo del basurero”, pero dejó en claro que en estas circunstancias “quienes dieron las órdenes, actuaban desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México)”. Subrayó que no quiere polemizar, “pero es un asunto interesante del cual los responsables ya están declarando porque, en efecto, en la madrugada llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos, y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el procurador y creo que ese
mismo día o al siguiente, es cuando se da a conocer o supuesta verdad histórica”. Mencionó que para su gobierno resolver este caso es de suma importancia, es un compromiso; en cambio, “si hubiese ganado otro candidato” ya hasta habrían cerrado el caso. También fue enfático en que las decisiones serán tomadas por la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, no la general de la República para analizar la información y determinar si se llama a comparecer a Peña Nieto. En su experiencia, “es muy difícil que no se entere el Presidente, sobre todo cuando es un asunto delicado”. “Entonces, sí creo que los presidentes están enterados; siempre lo he dicho. No es cierto eso de que el Presidente no sabía o que el gobernador no sabía. Sí se sabe. No estoy culpando a nadie, pero hay que tomar eso en cuenta”.
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frente a la falta de investigaciones, juzgamientos y sanciones que han enfrentado durante estos años de dolor, desconcierto e indignación”. Por ello, enfatizó que actualmente trabaja junto con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa “para exigir a las autoridades competentes una investigación diligente que les garantice el acceso a la verdad y a la justicia”. Agregó que se mantendrá al tanto de los acontecimientos que surjan a partir de la información proporcionada por el GIEI y, en su momento, emitirá lo que en ejercicio de sus atribuciones corresponda. El lunes pasado, el GIEI presentó su tercer informe, y reveló, entre otras cosas, que cuando se realizó la primera diligencia –en octubre de 2014– en el basurero de Cocula, donde se encontraron restos de algunos de los normalistas desaparecidos, integrantes de la Secretaría de Marina manipularon la escena, de acuerdo con un video al que los expertos tuvieron acceso.
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Normalistas bloquearon la Autopista del Sol para exigir fin de la impunidad SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.
Estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa exigieron que se investigue al ex presidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores implicados en la desaparición forzada de sus 43 compañeros en Iguala, tras conocer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La mañana de ayer realizaron bloqueos intermitentes en la autopista México-Acapulco y realizaron un mitin en el cual fijaron su postura respecto a los nuevos datos del GIEI por la desaparición de los 43 normalistas. También reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya resuelto el caso, por lo que continuarán con su demanda de justicia. Señalaron que la investigación “fue una simulación ideada desde instancias superiores del gobierno que implica a todos los mandos policiales y militares, y a los distintos niveles de gobierno. Desde sus inicios la mal llamada “verdad histórica” es totalmente incoherente, porque muchas de sus hipótesis, datos, lugares señalados e implicados no tienen sustento”. Lo que deja en claro, precisaron, es que todos los esfuerzos del gobierno federal de ese momento “estaban encaminados no a esclarecer el caso, sino a desaparecer todas las evidencias posibles para ofrecer una versión en la que solamente estaban implicados el crimen organizado y los normalistas”.
El gobierno de entonces quiso desaparecer las evidencias
De la Redacción
Admite Presidencia incumplimiento de resoluciones en derechos humanos México no ha cumplimentado en su totalidad las resoluciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y el principal motivo de ello es la impunidad, reconoció la Presidencia de la República al responder a las preguntas que le hizo el PAN en la Cámara de Dipu-
tados con motivo del tercer Informe de gobierno. De 11 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en contra de México, todas presentan incumplimiento en el rubro de acceso a la justicia debido a las fallas de autoridades ministeriales y judiciales. Estas
han sido señaladas por el Ejecutivo federal, a fin de que se generen modificaciones estructurales y se adopten prácticas más transparentes que garanticen la coadyuvancia de las víctimas y sobrevivientes así como sus representantes, puntualizó. Otro de los motivos que alienta la
impunidad en el país son los marcos normativos que contemplan en su mayoría, la prescripción del delito luego de cinco años, imposibilitando con ello el fincar responsabilidades administrativas o penales en contra de servidores públicos ejecutores de violaciones a las garantías funda-
mentales de las personas, explicó. En el documento remitido al palacio legislativo de San Lázaro, consideró necesario reformar ese criterio para acercar la justicia a víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos. De la Redacción
