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LA JORNADA Sábado 30 de abril de 2022
POLÍTICA
Exigen igual trato para migrantes de Centroamérica y Europa ANA LILIA RAMÍREZ LA JORNADA BAJA CALIFORNIA TIJUANA, BC
Con la quema de dos piñatas, una del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y otra del canciller Marcelo Ebrard, en el muro fronterizo de Playas de Tijuana, un grupo de migrantes se manifestó en contra de la imposición del Título 42, el cual prohíbe su entrada al vecino país del norte y solicita que México impida el paso de centroamericanos en su frontera sur. José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, puntualizó que esta norma es discriminatoria, pues se aplica a centroamericanos y no a europeos. Lamentaron que Ebrard haya aceptado un convenio para enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, a fin de evitar la entrada de centroamericanos. Señalaron que los gobiernos federal, estatal y municipal carecen de programas de reintegración para las personas deportadas de Estados Unidos, pues muchas de ellas caen en drogas e indigencia, por lo que solicitan atención integral para los mexicanos que son repatriados.
El INM suspende a agente que agredió a un reportero El Instituto Nacional de Migración (INM) determinó, “como medida precautoria”, separar de sus responsabilidades operativas al agente que el pasado jueves agredió físicamente a un periodista en Tapachula, Chiapas. En un comunicado, señaló que no tolera actos de violencia o conductas indebidas de sus agentes, mucho menos que se intente o pretenda coartar la libertad de prensa. Agregó que “el mismo día se procedió a dar vista de lo sucedido al órgano interno de control del INM, a fin de que deslinde las responsabilidades a las que haya lugar”. En tanto, un grupo de 700 haitianos arribaron a Nuevo Laredo y permanecen fuera del albergue municipal en espera de ser canalizados a algún sitio, mientras las autoridades migratorias de Estados Unidos determinan si les dan asilo político. Por otra parte, más de 200 personas partieron en caravana ayer de Tapachula hacia la Ciudad de México para exigir la entrega de documentos para transitar hacia la frontera norte. Este es el tercer grupo que sale de esa ciudad fronteriza en menos de una semana y el sexto en lo que va del año, debido a la tardanza de las autoridades migratorias para entregarles sus documentos. Carlos Figueroa y Elio Henríquez, corresponsales
De autoridades, 45% de Piden nueva audiencia los ataques a periodistas de imputación contra abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra JESSICA XANTOMILA
Para combatir los asesinatos de periodistas también se necesita que el Poder Judicial “actúe con firmeza, que no solamente se sentencie a quienes son responsables de estos crímenes, sino que además genere los instrumentos para prevenir”, aseveró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. “Hay enorme responsabilidad de los gobiernos estatales y las fiscalías de los estados, porque hoy 45 por ciento de las agresiones de que son objeto los periodistas provienen de agentes del Estado, particularmente de policías municipales y autoridades municipales y locales”, sostuvo en un seminario sobre la reforma a la ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Reconoció que a 10 años de creado el mecanismo de protección para estos grupos, no se han podido revertir las agresiones. En la embajada de Canadá, Encinas destacó que para hacer frente a la impunidad en los homicidios contra periodistas también se requiere “enviar señales desde el Estado mexicano de que no va a permitirse ningún agravio más”.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, llamó a todos los gobiernos a fortalecer la protección de los comunicadores, así como la rendición de cuentas por los delitos contra ellos. Reconoció a Encinas por su acción para atender este flagelo y porque “finalmente es uno de los pocos que dan la cara, que presentan las cosas y las discuten”. Se pronunció por “elevar la presión sobre quienes específicamente tienen la responsabilidad”. Enrique Irazoque, titular del mecanismo de protección para defensores y periodistas, aceptó que como Estado “no hemos sido capaces” de contener las agresiones, “y mucho menos de generar aspectos que nos ayuden a contraatacar las fuentes y los factores estructurales que los detonan”. Agregó que a la fecha el mecanismo cuenta con mil 566 personas beneficiarias, de las cuales 521 son periodistas, principalmente de la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz. Jan-Albert Hootsen, del Comité para la Protección de Periodistas, destacó que desde hace más de una década el país es el “más mortífero” para los comunicadores en el hemisferio occidental.
GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó de nuevo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que lleve a cabo la audiencia inicial contra cuatro litigantes cercanos a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, y vuelva a acusarlos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión. En tanto, la propia FGR da trámite a dos denuncias contra el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, y algunos integrantes del Ministerio Público por ejercicio indebido del servicio público y otros delitos, así como a una petición para analizar si se cometieron irregularidades al integrar la carpeta de investigación con la cual se solicitó la audiencia inicial contra los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau. Estos cuatro litigantes fueron denunciados por el abogado Juan
Collado Mocelo por haberlo extorsionado para que les entregara 10 millones de pesos en efectivo y un millón y medio de dólares para obtener, con el supuesto apoyo de Julio Scherer, su libertad, ya que desde julio de 2019 enfrenta varios procesos penales. De acuerdo con información obtenida de funcionarios ministeriales y del PJF, el expediente que inicialmente fue puesto a consideración del juez José Rivas González, con sede en el Reclusorio Norte, ahora fue judicializado para que conozca de las acusaciones un impartidor de justicia con sede en el Reclusorio Sur. Hasta el momento, el expediente no ha sido asignado a ningún juez ni se ha citado a la audiencia inicial en la que los representantes de la FGR solicitarán la nueva vinculación a proceso. La FGR trató que el juez Rivas González decretara medidas cautelares contra los cuatro litigantes, pero éstos lograron posponer la audiencia en tres ocasiones, y en la última diligencia, realizada el pasado 7 de abril, los agentes del Ministerio Público solicitaron el aplazamiento del caso ante la inasistencia de los acusados.
