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LA JORNADA Martes 25 de enero de 2022
POLÍTICA
LE OTORGARÁN TÍTULO POST MORTEM
Ofrece el IPN otra disculpa a familia de Marichuy Jaimes ARTURO CANO
María de Jesús Jaimes Zamudio estudiaba ingeniera petrolera, jugaba básquetbol y soñaba con un México libre de violencia. Fue asesinada en enero de 2016, presuntamente por uno de sus profesores y un compañero de estudios. Ayer, el Instituto Politécnico Nacional ofreció, como ya había hecho en 2020, una disculpa pública a la familia de Marichuy en el pequeño salón donde cuelgan los retratos de los directores de la institución fundada en el cardenismo. En la mesa, al lado de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, y de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estuvo Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, quien agradeció la disculpa, pero no abandonó las palabras duras que la han hecho reconocible en marchas y protestas. En una manifestación de 2019, Yesenia Zamudio hizo estallar su dolor en las redes sociales: “Y si quemo y rompo, y hago un pinche desmadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija!” En la mesa con los altos funcionarios, su coraje persistió: “¿Cómo nos van a creer, si el hombre más
importante y poderoso, que cuenta con el mayor nivel de popularidad de los presidentes de México no nos cree?” Y de ahí hacia abajo: “Si el Presidente no nos cree, es evidente que en los trabajos, en las escuelas, universidades, en las calles, no nos crean”. A pesar de contar con un protocolo para atender denuncias desde 2012, el Politécnico ni siquiera pudo dar seguimiento a la situación de las personas señaladas como presuntas responsables, contra quienes actualmente existen “órdenes de aprehensión y ficha roja”, según dijo Yesenia. En el documento de seguimiento a la Recomendación 09/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se encuentra un detallado recuento de la negativa inicial de las autoridades a investigar el caso como un homicidio, así como de la cadena de actos negligentes y omisiones de las autoridades. Ahí se asegura que los avances en el caso se dieron a partir de la propia investigación de la madre y otros familiares. “No se solicitó dentro de las primeras semanas la investigación de las redes sociales de las personas involucradas”; el agente de policía dijo que la madre “le proporcionó nombres y teléfo-
nos”; “la necropsia carece de los requisitos básicos”, son algunos ejemplos de los obstáculos que tuvo que sortear la familia. El evento solemne fue parte de una serie de medidas que el IPN anunció para avanzar en el combate a la violencia de género. Otras, anunciadas por el abogado general de la institución, Federico Anaya, son el otorgamiento de un título profesional post mortem a la joven que fue arrojada desde un quinto piso en enero de 2016, así como la creación de una cátedra para investigar y debatir la violencia hacia las mujeres. “Apenas está comenzando esta tarea difícil y larga”, dijo el abogado. Aunque aceptó las disculpas, Yesenia dijo que el evento le pareció “improvisado”. “Hasta ahora no he visto nada de parte del Politécnico”. El programa anunciaba una intervención de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, pero el funcionario no habló. La voz oficial correspondió al abogado Anaya, quien agradeció a la familia de Marichuy “si es que se puede agradecer, el dolor que han tenido”. Sobre la disculpa ofrecida a la familia Jaimes Zamudio aseguró que “es el primer paso indispensable para detener la violencia de género en nuestras instituciones”. Piedra Ibarra, titular de la CNDH
▲ Yesenia Zamudio, madre de la víctima de feminicidio, estuvo en el acto que se realizó en la Dirección General del instituto, el cual, pese a contar con un protocolo, no ha podido dar seguimiento de los presuntos responsables. Foto Roberto García Ortiz
reconoció que los avances en el caso se deben sobre todo a la tenaz lucha de Yesenia Zamudio, quien
durante las protestas demandó en varias ocasiones la renuncia de la ombudsperson.
En defensa del territorio yo’eme JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA*
U
na de las paradojas más desconcertantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se vivió en 2021, curiosamente en el contexto del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan a manos del ejercito indoespañol que Cortés logró gestionar y dirigir tras su llegada a tierras mesoamericanas. Mientras el gobierno de México mantenía su solicitud para que el rey de España, en nombre del Estado español, pidiera perdón a las comunidades indígenas por las atrocidades cometidas hace 500 años por los conquistadores ibéricos, daba su bendición al ilegal despojo de las aguas del río Yaqui que, desde 2013, experimenta el pueblo yo’eme, cuando comenzó a funcionar el acueducto Independencia. Mas la paradoja no acaba ahí. De los temas que más se discutieron en los numerosos encuentros académicos, conferencias y presentaciones que se organizaron en razón del pentacentenario, se encuentra el del papel que jugaron los indígenas en la conquista de otros indígenas y en favor del nuevo orden político y social implantado por los españoles en el siglo XVI. Para muchos mexicanos de diferentes gene-
raciones, resultó una sacudida conocer las acciones y peripecias de muchos indígenas conquistadores que, en diversos momentos del periodo virreinal, actuaron como aliados y agentes de la monarquía hispánica para conquistar a otras naciones, e incluso poblar lejanas regiones en nombre del rey y del Dios de los cristianos. Más allá de las interpretaciones que se debatieron por todos los rumbos de la intelectualidad mexicana, incluida la de la 4T, la paradoja radica en que mientras esto acontecía, la tribu yaqui recibía los embates del abogado mixe Adelfo Regino, quien en su carácter de director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llegó a Sonora con la encomienda de lograr que la tribu aceptara el Plan de Justicia a cambio del acueducto Independencia. Sabedor de lo que ello implicaba (la entrega de aguas del río Yaqui a los intereses inmobiliarios de Hermosillo y el incumplimiento de sentencias firmes que ordenaron la cancelación del acueducto Independencia), Adelfo Regino decidió pertrecharse con los gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis. Al más puro estilo de los mediadores hispánicos de finales del siglo XVI, que aplicaron con los nómadas rebeldes la estrategia de la paz por compra, Regino se ganó con dádivas y promesas la voluntad de gobernadores
yaquis e ignoró a otros sectores clave de su organización tradicional, principalmente a la tropa yo’eme y a la Santa Iglesia de Potam. Pensó que con ellos era suficiente para aprobar el Plan de Justicia, el cual incluyó la creación de un distrito de riego propio, el 018, y la ampliación de la superficie cultivable para los yaquis. Con ello, las semillas de la división quedaron bien sembradas y no tardarían en germinar. Tras organizar el INPI dos simulaciones de consulta indígena, el decreto de creación del nuevo distrito de riego para los yaquis quedó listo el pasado 28 de septiembre. Ese día, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, durante la petición de perdón a la tribu yaqui por parte del Estado mexicano, pidió a Andrés Manuel López Obrador hacer justicia y cancelar el acueducto Independencia. Se trataba del respeto a los decretos que Lázaro Cárdenas promulgó en 1937 y 1940, por los cuales se le dotó a la tribu yaqui de 50 por ciento de las aguas de la cuenca del río Yaqui que se almacenan en la presa La Angostura. Pero sobre todo, se trataba de cumplir con las sentencias que le daban la razón a los yo’emes en su defensa del agua y de su río. “Cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión, además es el agua para Hermosillo y se requiere”, respondió el Presidente.
Ante esa postura, la tropa yo’eme y las autoridades de la Santa Iglesia de Potam interpusieron dos demandas de amparo con el fin de pedir la revisión del decreto presidencial para resarcir los defectos en el procedimiento, sobre todo la consulta. Ello forzó el retorno presuroso de Regino a territorio yo’eme el pasado diciembre. Ante los gobernadores tradicionales, el director del INPI calificó a los yaquis promotores de los dos amparos como conservadores (sic), impulsando con ello una confrontación interna de desenlace impredecible. Por su parte, los yaquis inconformes han señalado estar de acuerdo con el nuevo distrito de riego y con todas las propuestas de justicia que les han planteado, sin embargo, no aceptan el despojo disfrazado de las aguas del río Yaqui que el decreto normaliza, al señalar que el volumen anual para los yaquis dependerá “de la disponibilidad hídrica en la cuenca”, misma que ahora está subordinada a las necesidades de trasvase de agua de la ciudad de Hermosillo. La torpe actuación de Adelfo Regino a lo largo del proceso del Plan de Justicia, así como la formalización de la imposición del ilegal acueducto Independencia, amenazan con provocar un episodio más de violencia. El tiempo apremia. * Investigador de El Colegio de San Luis
