LA JORNADA Sábado 5 de noviembre de 2022
POLÍTICA
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Quedaron atrás las “oscuras noches” del Ejército: Adán López SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.
MURIÓ EL PRINCIPAL TESTIGO DE DESCARGO
Difieren audiencia de Lozoya por el caso Agronitrogenados La defensa del ex titular de Pemex pide tiempo para analizar documentos que la FGR le entregó el jueves GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO GARCÍA
La jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue por el caso Agronitrogenados en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, al haber recibido 3.2 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes. La impartidora de justicia aprobó la posposición de la diligencia al considerar válidos los argumentos de los abogados de Lozoya Austin, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó apenas el jueves pasado alrededor de 3 mil páginas que forman parte de las pruebas en contra de su cliente y porque el fallecimiento del ex director de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) Édgar Torres Garrido obligó a replantear la estrategia de defensa, ya que era considerado su principal testigo de descargo. Durante la audiencia, que se desahogó en 45 minutos, mientras los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros man-
tuvieron su propuesta de llegar a un acuerdo reparatorio y que se brinde a su cliente un criterio de oportunidad que lleve al retiro de los cargos con el pago de 10.3 millones de dólares y el depósito como parte de ese acuerdo de cinco inmuebles, los representantes de Pemex informaron que desde el 26 de julio de este año se notificó a las autoridades judiciales que no se había llegado a un convenio para la reparación del daño.
Replantear estrategia En la audiencia realizada en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el Reclusorio Norte, los abogados de Lozoya Austin aportaron argumentos suficientes para que la jueza Verónica Gutiérrez concediera el aplazamiento, al señalar que requieren tiempo para conocer el contenido de los tres dictámenes, uno en materia contable, otro de “derecho extranjero” y materiales en audio y video. Asimismo, se planteó que el fallecimiento de Édgar Torres Garrido afectó la estrategia de defensa y también necesitan tiempo para aportar elementos que favorezcan a su cliente. La jueza desechó la petición de los representantes de Pemex, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la FGR, quienes solicitaron que llevara a cabo el
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ratificó ante el Congreso local que no se está militarizando el país “y lo digo en Guerrero, que es un estado donde, para decirlo con franqueza, aún hay heridas que no terminan de cerrar". “Yo creo que con este Ejército moderno han quedado atrás oscuras noches, como la represión de campesinos, de ferrocarrileros, de obreros, de mineros, de maestros (...) la noche de Ayotzinapa ha quedado atrás, y no ha sido fácil, pero seguramente habrá justicia, y ahora los mexicanos ya sabemos realmente qué sucedió”, manifestó. Acompañado por la gobernadora morenista Evelyn Salgado, el funcionario fue recibido la mañana de ayer por los diputados locales, como parte de las visitas que realiza a los congresos de las entidades para promover que sea aprobada la reforma que permite la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.
En la sede del Poder Legislativo estatal, López Hernández consideró que “la brutal marginación y desigualdad” en Guerrero han sido una especie de cultivo para que las organizaciones criminales intenten tomar como rehén al estado. Sin embargo, “hoy se cuenta con el apoyo decidido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el comandante supremo de las fuerzas armadas, y la instrucción que ha dado al Ejército, a la Marina Armada, es la de ayudar en todo momento a Guerrero para que pueda ir recuperando la seguridad, la tranquilidad, la paz social que tanto anhelamos”. Reconoció el papel que desempeñaron en favor de la citada reforma 10 senadores del PRI, entre ellos Manuel Añorve Baños, presente en el recinto legislativo, además de agradecer también al senador morenista Félix Salgado Macedonio. Por último, en conferencia donde estuvo acompañado por el diputado federal Ignacio Mier, afirmó, sin dar detalles, que continúan las investigaciones del asesinato de 20 personas en el municipio de San Miguel Totolapan el pasado 5 de octubre.
Demandar a fabricantes de armas de EU dio visibilidad al problema, resaltan
▲ El abogado Miguel Ontiveros al arribar ayer al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde pidió posponer la audiencia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex. Foto Víctor Camacho
desahogo de la audiencia intermedia, etapa en la cual se analizarán las pruebas que las partes aporten para demostrar, por un lado, la responsabilidad de Lozoya Austin en los delitos que se le imputan y, por otro, su presunta inocencia. “Llego a la conclusión de que la defensa justificó el diferimiento y se ajusta a los preceptos legales. La defensa pretende tiempo para preparar el caso y descubrimiento probatorio (conocer las nuevas pruebas entregadas por la FGR); el diferimiento no está sustentado en si se acepta o no el acuerdo reparatorio, sino en la muerte del testigo, el descubrimiento probatorio y porque no se han abierto la totalidad de los registros”, señaló la juzgadora. Para concluir, los defensores de Lozoya aseguraron que mantienen las negociaciones para que se acepte su propuesta de llegar a un convenio reparatorio y que en caso de que no se concrete, en los próximos 10 días hábiles estarán en condiciones de que se desarrolle la audiencia intermedia.
JESSICA XANTOMILA
Una de las victorias de las demandas de México contra los fabricantes y distribuidores de armas de fuego estadunidenses –que siguen en proceso– es la visibilidad del problema del uso de sus productos en actos violentos que se cometen en territorio mexicano, aseveraron expertos que participan en los litigios. En el segundo día de la conferencia internacional El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, organizada por El Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Steve Shadowen, del despacho Hilliard Shadowen LLP, subrayó que los recursos presentados en Boston y Arizona tienen como fin que los fabricantes y vendedores de armas, en la cadena de distribución, “internalicen el costo de los daños que causan”. Miguel Ángel Reyes, consultor jurídico adjunto de la SRE, destacó el respaldo que han recibido las demandas. Expuso que en el caso de la de Boston, presentada el 4 de agosto de 2021, México ha entregado ocho escritos llamados “amigos de la Corte”. Indicó que entre los escritos, que son instrumentos que presentan terceras partes al juicio, están los de familiares de víctimas de la violencia armada que se vive en México, así como de investigadores y
organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Otros de los documentos fueron presentados por 27 fiscales de distrito de diferentes condados de Estados Unidos, entre ellos de Texas –uno de los que tienen mayor flexibilidad en la portación y uso de armas–, así como fiscales generales de 14 estados del país vecino. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, anunció que pedirán una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si existe la responsabilidad de un Estado por no regular las acciones de su sector privado, que impacten los derechos humanos en un tercer país, y qué alcances puede tener una legislación doméstica en términos de respeto a garantías fundamentales cuando frustra el acceso a la justicia. John Lindsay-Poland, de Stop US-Arms to Mexico, indicó que en Estados Unidos hay más de 20 mil armerías, de las cuales 7 mil se encuentran en estados fronterizos. “Siendo el 4 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene en manos civiles alrededor de 45 por ciento de las armas de fuego”. Se pronunció por que haya en ambos países controles de usuarios finales en exportación de armas, dado que se han detectado casos en los que “la Sedena dice que es el usuario final”, pero no es así.
