Imbabura-Carchi
Imbabura celebra
201 años de historia
Son 201 años oficialmente como provincia los que cumple Imbabura, sin embargo, su historia se remonta a mucho antes, cuando las primeras comunidades preincaicas habitaron su territorio, el cual se ha ido desarrollando hasta convertirse en una de las zonas más importantes del Ecuador. 2 - 3
Cabezas, nuevo gobernador de Imbabura, se enfocará en combatir la inseguridad 4
Descontaminación de la laguna de Yahuarcocha avanza lentamente 5
CIUDAD
CIUDAD
Imbabura, una provincia con raíces milenarias
La historia de la provincia de Imbabura se remonta a tiempos ancestrales, donde se asentaron culturas organizadas antes del dominio incaico y la colonización española, hasta consolidarse como provincia el 25 de junio de 1824.
Mucho antes de la llegada de los incas y los españoles, el territorio que hoy comprende la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, estaba habitado por sociedades organizadas con una notable unidad étnica y cultural. Según varias reseñas históricas, la región formaba parte de la Confederación Caranqui - Cayapa - Colorado, una cultura histórica ecuatoriana que compartía patrones económicos y socioculturales.
Estas sociedades se extendían por un amplio territorio: desde el río Chota al norte, hasta el Guayllabamba al sur, desde Intag y Lita al oeste, hasta Pi-
mampiro y Oyacachi al este. Estaban conformadas por pueblos como Pimampiro, Otavalo, Caranqui, Cochasquí y Cayambe, que habían trascendido la organización inicial para consolidarse en señoríos étnicos dirigidos por jefes o líderes locales.
Se destacaban por su dominio de diversas técnicas, según una reseña del Gobierno Provincial de Imbabura, trabajando la cerámica, puliendo la piedra, tejiendo en telares horizontales con algodón, lana y cabuya, comerciando mediante trueque productos como plumas, conchas, tabaco y sal. Los elementos naturales eran considerados
divinidades y la religión cumplía un papel central. Su sistema social era jerarquizado y su estructura política les permitió formar alianzas que por casi dos décadas resistieron el avance incaico.
Llegada de los Incas y españoles
La expansión del Tahuantinsuyo hacia el actual Ecuador en el siglo XV encontró en los señoríos de Cayambe y Caranqui una férrea resistencia. Datos investigativos de historiadores señalan que aunque los incas,
liderados por Huayna Cápac, intentaron integrar la región construyendo templos y alianzas matrimoniales, como la que supuestamente unió al emperador con Quilago, la consolidación de su dominio fue parcial. La derrota de los pueblos del norte en Yahuarcocha significó el sometimiento formal, pero no eliminó del todo su autonomía.
A pesar de que Caranqui fue elegida como lugar de residencia para Huayna Cápac y cuna de Atahualpa, la región mantuvo
sus raíces culturales, con escasa penetración de la cosmovisión incaica.
Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles marcó una ruptura definitiva en la evolución de estos pueblos. Tras la muerte de Atahualpa, la región fue colonizada sin mayor resistencia por parte de las élites locales sometidas. Los españoles impusieron su idioma, religión, costumbres e instituciones, pero también el sistema de explotación basado en la encomienda, la mita y los obrajes textiles.
La Real Audiencia de Quito, creada en 1563, organizó el territorio en gobernaciones, donde Imbabura pasó a formar parte del Corregimiento de Otavalo. Posteriormente, en 1606, se fundó Ibarra como ciudad y centro del nuevo Corregimiento de Ibarra, con una jurisdicción que abarcaba desde Rumichaca hasta Lita y Cahuasquí.
CONTINÚA
HISTORIA.
Imbabura, importante en la Independencia
Con el movimiento independentista de 1809 en Quito, los cabildos de Ibarra y Otavalo apoyaron la causa libertaria. Pero la reacción española no tardó, pues en noviembre y diciembre de 1812, las tropas realistas comandadas por Sámano vencieron a los patriotas en San Antonio de Ibarra y Yahuarcocha. Francisco Calderón, comandante insurgente, fue fusilado en Ibarra el 3 de diciembre.
La lucha se reanudó en 1820, hasta que el 17 de julio de 1823 ocurrió un hecho trascendental, conocido como la Batalla de Ibarra, en la que el propio
Simón Bolívar lideró la victoria patriota sobre Agustín Agualongo. Este triunfo consolidó el proceso independentista en la región, donde Bolívar reconoció la lealtad imbabureña otorgando categoría de ciudad a Otavalo e Ibarra.
Creación oficial de la provincia de Imbabura
El 25 de junio de 1824, el Congreso de la Gran Colombia creó
PAISAJES. El cerro Imbabura es uno de los principales símbolos que identifica a la provincia, rodeada de lagos y lagunas.
la provincia de Imbabura, con los cantones Ibarra (capital), Otavalo, Cotacachi y Cayambe. Posteriormente, el nuevo Esta-
do ecuatoriano mantuvo la misma división, aunque a lo largo de los años el territorio sufrió varias modificaciones.
Entre las más relevantes, en 1855 Cayambe pasó a Pichincha; en 1880 se formó la provincia del Carchi; y en el siglo
XX se crearon nuevos cantones como Antonio Ante (1938), Pimampiro (1981) y Urcuquí (1984).
Inseguridad, la principal preocupación del nuevo gobernador de Imbabura
La Gobernación de Imbabura cambia de mando en medio de una creciente ola de inseguridad, entre otros retos. Israel Cabezas, nuevo representante del Ejecutivo en la provincia, afirma que el combate a la delincuencia será su principal objetivo.
FUNCIONARIO.
IMBABURA.- Leonardo Israel
Cabezas González es el segundo gobernador nombrado en Imbabura por el presidente Daniel Noboa, tras el Decreto Ejecutivo 38. Abogado de profesión, cuenta con experiencia por más de 15 años en el sector público, donde ha desempeñado cargos como jefe político de Ibarra, secretario técnico del Consejo Cantonal de Derechos y director de Participación Ciudadana del Municipio de Ibarra.
Cabezas asume el cargo en medio de una creciente situación de inseguridad en la provincia, donde también tendrá que asumir retos que históricamente no han podido ser solucionados, en articulación con los organismos del Ejecutivo que representa. Entre ellos está la minería ilegal, así como generar un impulso económico en una provincia donde el turismo y el campo son parte de sus principales renglones productivos.
En sus primeras declaraciones públicas, habló de trabajo conjunto, no dar tregua a la delincuencia y combatir la corrupción, enfatizando en que su principal reto será combatir las bandas delictivas que operan en Imbabura.
“Hemos estado ya reunidos justamente con la fuerza públi-
ca, como el Ejército y la Policía Nacional, para marcar estrategias contundentes para frenar el avance del crimen organizado en nuestra provincia”, dijo.
Sin embargo, expuso que el trabajo para combatir la inseguridad es conjunto y articulado con la sociedad civil. “Vamos a hacer incidencia en cada uno de los barrios y parroquias de nuestra provincia. A través de las jefaturas y tenencias políticas generamos constantemente planes, programas y proyectos que enmarquen no solamente el ser reactivos, sino preventivos. Por eso es importante las capacitaciones permanentes en tema de prevención de violencia, no solamente contra la mujer, sino contra el núcleo familiar”.
Según Cabezas, junto a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas van a triplicar los diferentes operativos que se han venido ejecutando en la provincia, lo que también espera que aumente la productividad contra la delincuencia.
“Vamos a hacer presencia masiva en cada uno de los barrios y parroquias, porque finalmente los moradores, las familias, necesitan sentir de cerca a sus autoridades. Sin embargo, debo resaltar el trabajo que ha venido haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas, porque esto no es un trabajo y un problema que se resuelva de un día para el otro, pero estamos nosotros conscientes que con acciones firmes y eficientes vamos a golpear a la delincuencia organizada, porque ninguno de los que somos parte de la Gobernación de Imbabura tenemos miedo”. Acerca de cambios en el personal que trabaja directamente con la Gobernación de Imbabura, informó que van a revisar la
actuación de cada funcionario, quienes deberán someterse a evaluaciones permanentes de desempeño.
“Estamos muy conscientes del trabajo, el desempeño y la dedicación que ha venido haciendo cada uno de los funcionarios que se encuentran al frente de cada una de las tenencias, jefaturas, comisarías de intendencia, por eso es importante hacer una evaluación permanente a los funcionarios, permanente para saber si están cumpliendo sus funciones en el ámbito de sus competencias. Y la persona que no cumpla, que no tenga liderazgo y sobre todo la empatía necesaria de ponerse los zapatos de la ciudadanía, esa persona no merece ser funcionario público”, puntualizó.
Reconoció que hay algunos puntos críticos que necesitan la atención inmediata de parte de las fuerzas del orden en Imbabura, donde la minería ilegal también es una preocupación histórica que va a ser atendida.
“De parte de nosotros vamos a dar golpes contundentes a la minería ilegal. Nosotros estamos conscientes que en nuestra provincia debe generarse un orden, que debe ser marcado al cumplimiento estricto de la normativa legal vigente y por eso vamos a triplicar los esfuerzos y las voluntades, pero de forma articulada”, comentó.
Leonardo Israel Cabezas González, gobernador de Imbabura, asumió el cargo el 19 de junio de 2025.
Recuperación de Yahuarcocha avanza a paso lento
La laguna icónica de Ibarra intenta restaurar su ecosistema tras décadas de contaminación. Autoridades locales afirman que hay buenos resultados, pero que el proceso será lento.
IMBABURA. - La laguna de Yahuarcocha, uno de los principales íconos naturales y turísticos de la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, avanza de forma paulatina en su proceso de recuperación ambiental.
Aunque las mejoras en la calidad del agua y en el ecosistema son aún limitadas, autoridades locales aseguran que los resultados son fruto de acciones sostenidas que responden a una planificación técnica y gradual.
Diego Villalba, director municipal de Medio Ambiente de Ibarra, explicó que la contaminación de Yahuarcocha tiene al menos 50 años de acumulación, lo que complica una intervención rápida o visible a corto plazo.
“Es una laguna que viene contaminándose durante 50 años. Esta recuperación no puede ser acelerada. No se trata solo de limpiar el espejo de agua, sino de recuperar todo un ecosistema, donde incluso la cadena atrófica ha sido afectada”, señaló.
Entre los avances para recupe-
rarla, destaca la construcción, con recursos del Municipio, de un sedimentador natural en la acequia
El Quince, principal ingreso de agua a la laguna, que permite filtrar sedimentos antes que lleguen al cuerpo de agua, actuando como un primer nivel de tratamiento.
Según Villalba, en la segunda mitad del 2025 se prevé construir sistemas similares para los otros dos accesos principales de agua, que también provienen de quebradas aledañas.
Estas obras se complementarán con un programa de control del crecimiento de macrófitas (especies vegetales que se extienden sobre la superficie del agua), con el objetivo de lograr un equilibrio ecológico sostenible entre producción biológica y capacidad de depuración del ecosistema.
Signos de resiliencia
Un indicador esperanzador, según Villalba, ha sido el retorno de una especie de ave migratoria que no había sido vista en Yahuarcocha en al menos seis años. Para
EL DATO
En la provincia de Imbabura, otro de los lagos que atraviesa un alto grado de contaminación es San Pablo, considerado el más grande del Ecuador.
el director municipal de Medio Ambiente, este hecho confirma que los esfuerzos actuales están generando respuestas positivas en la vida silvestre.
“Biológicamente, el ecosistema se está recuperando. Tenemos especies invasoras bajo mayor control y la presencia de aves migratorias que habían desaparecido nos demuestra que el ecosistema todavía tiene capacidad de resiliencia”, apuntó.
Sin embargo, Villalba advierte que los recursos municipales son limitados y que la recuperación completa de Yahuarcocha
requiere del apoyo de otras instituciones gubernamentales y privadas, para contar con un mayor presupuesto, especialmente para infraestructura.
Problemas persistentes
A pesar de los avances técnicos, Yahuarcocha aún enfrenta un deterioro visible. A mediados de junio de 2025, el agua se mantiene turbia, aunque menos verde que antes, junto a la proliferación de totoras en ciertas áreas y persisten focos de contaminación por desechos sólidos.
El impacto humano en Yahuarcocha, tanto por actividades recreativas como por descargas inadecuadas, como el de aceite quemado en marzo de 2025, continúa afectando la laguna, a pesar de su valor como destino turístico y ecosistema frágil.
Las orillas, frecuentadas por turistas y familias, muestran signos de deterioro y contaminación. Según el Municipio, estos problemas hacen parte de una agenda
ambiental pendiente, que requiere más educación ciudadana, regulaciones efectivas y un trabajo interinstitucional constante.
“Lo que hacemos ahora son actividades pequeñas pero sistemáticas. La recuperación total va a tomar tiempo, pero hay señales que nos permiten seguir adelante”, concluyó Villalba.
Paola Sanhueza, bióloga del Municipio de Ibarra, resaltó que desde el año 2021 se lleva un registro biológico permanente de Yahuarcocha, asegurando que en los datos levantados en mayo de 2025, se observa un incremento de organismos que benefician al ecosistema, lo cual también se refleja en una leve mejoría en la coloración del agua.
Sanhueza agregó que las lluvias recientes han favorecido el aumento del caudal, mientras que los trabajos de limpieza de canales, mantenimiento de orillas y retiro de desechos han tenido un impacto positivo en la calidad del agua.
SITIO. Así luce la laguna de Yahuarcocha, en junio de 2025.
Reserva Ecológica El Ángel, hábitat de osos, pumas y cóndores
En lo que va del 2025, en la reserva ecológica El Ángel, en Carchi, se han avistado especies como el puma, osos y cóndores. Además, hay registros del renacimiento de frailejones en áreas afectadas por un incendio el año pasado, que consumió más de 1.500 hectáreas.
CARCHI.- A pesar del incendio que hace un año arrasó con 1.600 hectáreas de las 16.000 con las que cuenta la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), en la provincia de Carchi, al norte del Ecuador, el ecosistema muestra signos de recuperación.
Ubicada a más de 3.500 metros de altitud, en lo que va del 2025 ha sido escenario de importantes avistamientos de especies silvestres emblemáticas, como osos andinos, cóndores y, por primera vez, un puma captado en video en su hábitat natural.
Este ecosistema, uno de los más valiosos del país, en enero de 2024 sufrió uno de los incendios más devastadores de su historia, el cual consumió unas 1.600 hectáreas de vegetación en cuatro días. Sin embargo, hasta mediados de 2025 se evidencia un proceso de regeneración natural alentador, con el resurgimiento de especies nativas como los frailejones, plantas que predominan este páramo, con hojas aterciopeladas y flores amarillas.
Pumas, osos, cóndores y venados en un mismo sitio El equipo de monitoreo del Programa de Manejo de Biodiversidad informó que en febrero de 2025 se logró, por primera vez, registrar mediante cámaras trampa la presencia de un puma (Puma concolor) en la zona.
“Su presencia nos indica que el páramo mantiene su funcionalidad natural, regulando poblaciones de otros animales y asegurando la biodiversidad. Aunque es un
cazador sigiloso y solitario, su adaptabilidad le permite habitar desde bosques hasta páramos de gran altitud”, indicaron desde la reserva.
Sin embargo, también se han avistado osos andinos, cóndores, venados de cola blanca, lobos de páramo y otras especies claves.
Resaltan que todas las especies cumplen roles ecológicos vitales, como el control de plagas, la dispersión de semillas o el mantenimiento del equilibrio en la cadena alimenticia.
Guardaparques y comunidad: los vigilantes del páramo El trabajo de conservación de la reserva El Ángel es liderado por los guardaparques, quienes ejecutan patrullajes constantes, monitoreo de flora y fauna, educación ambiental y vigilancia contra amenazas como la caza, la minería ilegal o nuevos incendios.
“Nuestros guardaparques realizan recorridos estratégicos de control y vigilancia a lo largo de toda la reserva, una de las áreas más ricas en biodiversidad del Ecuador. Estos recorridos son parte esencial de nuestro programa de conservación y tienen como objetivo monitorear la salud de nuestros ecosistemas, prevenir actividades ilegales y proteger a nuestras especies más vulnerables”, expusieron.
Además, mencionaron que la colaboración de las comunidades vecinas es clave para la protección, donde se promueve la denuncia de actividades sospechosas y la participación activa en la protección del ecosistema. (FV)
en la reserva El
FAUNA. Especies en peligro de extinción han sido registradas por guardaparques
Ángel, en lo que va del 2025. (Foto: REEA)
Minería ilegal
altera la vida de las parroquias fronterizas de Carchi
Atraídos por el oro, la minería ilegal reconfigura la seguridad y la vida cotidiana en parroquias fronterizas de Carchi, como Chical y Maldonado.
CARCHI.- De la tranquilidad al desorden. Así ha cambiado de a poco la vida de los pobladores de Chical y Maldonado, parroquias rurales de la provincia de Carchi, fronterizas con Colombia, acechadas por la minería ilegal.
Moradores y autoridades locales mencionan que, desde inicios de 2025, estas actividades ilícitas han traído consigo inseguridad, desorden y presencia de grupos delictivos, principalmente.
En el pasado, mencionaron que bastaba con cuatro efectivos para cubrir las necesidades de seguridad en Chical, pero hoy, esa cifra resulta insuficiente.
El intendente de Policía de Carchi, Alexis Enríquez, confirmó que últimamente se registra una creciente presencia de actividades delictivas en estos sectores rurales, especialmente relacionadas con la extracción ilegal de recursos naturales, como el oro, situación que ha generado un cambio en las dinámicas sociales, comerciales y de seguridad en la zona.
Reportes militares señalan que organizaciones delictivas estarían aprovechando las condiciones geográficas y la cercanía con rutas informales para explotar el oro de forma clandestina, generando un nuevo eje económico ilícito en la región, que mantiene alerta tanto a fuerzas del orden de Ecuador como de Colombia, que han reforzado los operativos en ambos lados fronterizos.
Más población y negocios
Según las autoridades, el aumento del flujo comercial en Chical y Maldonado no responde a un dinamismo natu-
ral, donde investigaciones policiales y militares apuntan a factores delictivos que estarían moviendo la economía local, un fenómeno que se ha hecho evidente con la proliferación de bares, discotecas, billares y prostíbulos que operan sin control.
Además del incremento de estos establecimientos, los moradores alertan sobre el arribo de personas foráneas a las parroquias, lo que ha generado nuevas formas de delito, como estafas, hurtos, microtráfico y extorsión.
Enríquez aseguró que pese a los operativos que intentan contener el desorden, se necesita mayor apoyo estatal. “De la parroquia de Chical estamos alejados a dos o tres horas de camino. Cuando nosotros queremos realizar los controles, ya son avisados y alertados, cierran los establecimientos”.
Dijo que se pidió mayor apoyo a los organismos de Inteligencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con el objetivo de orientar acciones más precisas y planificadas.
“Una vez que tengamos los resultados, procederemos con el informe para realizar las clausuras y cierres respectivos (...). Sí es necesario tener más capacidad de efectivos de la Policía Nacional. Hace seis meses todavía no existía esta problemática (...). Con presencia de ciudadanos de diferentes provincias y nacionalidades, se levanta una nueva apreciación de la situación actual”, comentó Enríquez. Adelantó que se ha elevado un informe técnico solicitando el refuerzo de personal, vehículos y equipamiento, además del fortalecimiento de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Chical.
PROBLEMA. Efectivos militares durante un patrullaje en Chical, zona fronteriza afectada por minería ilegal.
7 de cada 10 dólares van a pagar los sueldos públicos
Entre 2020 y 2024, el gasto en sueldos del Gobierno Central de Ecuador creció en más de $1.200 millones, representando hasta el 70% de la recaudación tributaria.
QUITO.- El gasto en sueldos del Gobierno Central ecuatoriano pasó de $8.592 millones en 2020 a $9.862 millones en 2024, un aumento de $1.270 millones en cinco años, según datos del Observatorio de la Política Fiscal.
Esta cifra no incluye los gobiernos locales ni las empresas públicas, y representa una presión creciente sobre unas finanzas públicas ya afectadas por déficit y atrasos.
En promedio, el gasto en sueldos del Gobierno Central se ha incrementado en $254 millones anuales. A esto se suma que, entre 2020 y 2024, se destinó un total de $2.095 millones adicionales solo para pagar personal vinculado a proyectos de inversión, es decir, en promedio otros $419 millones anuales.
El economista Andrés Rodríguez subraya que esta carga es difícil de sostener, más aún cuando se acumulan pedidos sociales para contratar más personal en sectores como salud, educación, justicia o en entidades de control como la Contraloría o la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Según cifras del Ministerio de Trabajo, el número de funcionarios públicos del Gobierno Central, sin contar gobiernos locales ni empresas estatales, asciende a 490.946 personas. Las remuneraciones de toda esa masa laboral representan entre el 60% y 70% de toda la recaudación tributaria de cada año. En términos simples: entre 6 y 7 de cada 10 dólares que pagan los ecuatorianos en impuestos se destinan solo a cubrir esos sueldos.
Crecimiento automático
Para José Xavier Orellana, exasesor de McKinsey & Co y consultor económico, este fenómeno se agrava porque el gasto en sueldos crece automáticamente, incluso sin que se incorporen nuevos
funcionarios. “La masa salarial crece sin que tú contrates a nadie: 300 millones de dólares al año”, afirma. Esto se debe a escalafones, bonificaciones y ajustes automáticos por antigüedad. El Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado medidas para aumentar los ingresos fiscales —como la eliminación del subsidio al diésel a los grandes atuneros, el incremento de tarifas eléctricas y mayores cobros al sector minero—, pero Orellana considera que el desequilibrio estructural requiere también un control del gasto.
Frente a esta situación, anticipa que el Gobierno “va a ir por todos los pistones” para cerrar la brecha fiscal, incluida una nueva reforma tributaria prevista para el periodo 20252026. Sin embargo, advierte que también existen rutas para ahorrar sin necesidad de subir impuestos.
¿Dónde ahorrar?
McKinsey & Co tiene un estudio que estima ahorros de entre 15% y 28% en compras públicas. En Ecuador, ese rubro supera los $6.000 millones al año, lo que equivale a un margen potencial de ahorro de entre $900 millones y $1.700 millones anuales si se eliminan sobreprecios, procesos ineficientes y contratos mal negociados.
A esto se suma un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que revela pérdidas similares en la ejecución de obra pública debido a mala planificación, sobredimensionamiento y corrupción.
“Esa es una reducción del déficit que se hace sin elevar tributos”, insiste Orellana. Sin embargo, reconoce que la ruta más probable del Gobierno será una combinación de recaudación extra y ajustes parciales al gasto. (JS)
GASTO. Solo la burocracia del Gobierno Central suma más de 490.000 personas.
Imbabura y Carchi, entre las más golpeadas por la crisis económica
Pobreza, desempleo y parálisis empresarial golpean con más fuerza a 12 provincias del Ecuador, entre ellas Imbabura y Carchi.
QUITO.- En el Ecuador de 2025, la crisis económica no golpea a todos por igual. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que se recogen en estudios sobre las empresas, el empleo y la pobreza, reflejan un deterioro estructural con más fuerza en el tejido económico y social de 12 provincias del país. Se trata de territorios donde la pobreza por ingresos se dispara, el empleo adecuado está en niveles bajos y la mayoría de las empresas son solo un registro sin actividad real. En provincias como Orellana, Morona Santiago, Cañar, Esmeraldas o Santa Elena, el deterioro es visible en cada indicador: más pobreza, más subempleo, menos oportunidades. En otras como Guayas y Manabí, la informalidad y la violencia se suman a la con -
tracción empresarial.
Según el economista Carlos Mena, “en muchas de estas provincias, la economía se ha vuelto simbólica: hay empresas sin ventas, empleo precario y estadísticas que reflejan una producción reducida”. En concreto, en las provincias de Orellana, Morona Santiago, Cañar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe, Bolívar,
Sucumbíos, Carchi e Imbabura, se combina pobreza elevada o en aumento, alta informalidad laboral, caída del empleo adecuado y actividad empresarial mínima, en retroceso o sin ventas reales.
Extremos de pobreza En Orellana, la provincia petrolera por excelencia, el 76,2% de la población es pobre por ingresos y el 90,6% vive en pobreza multidimensional, la más alta del país. Solo un 10,4% tiene empleo adecuado. Y de las más de 5.700 empresas registradas, menos del 10% tienen actividad comercial comprobada.
Morona Santiago no está mejor. Su pobreza por ingresos alcanza el 64,6% y la pobreza multidimensional el 84,1%. La informalidad domina un mercado laboral sin opciones sostenibles. La tasa de empleo adecuado apenas llega al 14,6%.
Desplome de empleo adecuado
Si hubo un lugar donde el empleo digno se desplomó en 2024 fue Cañar. Esta provincia andina registró la mayor caída en empleo adecuado a escala nacional, con un descenso de 7,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Hoy, apenas 2 de cada 10 trabajadores tienen un empleo formal con salario suficiente y estabilidad, mientras que la pobreza por ingresos saltó del 16,1% al 25,4%, un aumento de 9,4 puntos porcentuales.
Pero el dato más alarmante está en la pobreza multidimensional, que abarca educación, salud, vivienda y empleo: creció casi 26 puntos en un año y ya afecta al 69,9% de su población. Cañar, históricamente golpeada por la migración y el abandono estatal, hoy se convierte en un ejemplo de cómo el deterioro laboral arrastra consigo el resto de las condiciones de vida.
Informalidad e incertidumbre En la Costa ecuatoriana, las provincias de Santa Elena y Esmeraldas encabezan dos marcadores preocupantes: subempleo y desempleo, respectivamente.
Santa Elena se ubica como
la provincia con el subempleo más alto del país (31,7%), lo que significa que una de cada tres personas con trabajo no gana lo suficiente ni tiene estabilidad. Aunque el empleo adecuado es relativamente alto (28,7%), el crecimiento de la economía informal refleja la falta de plazas formales, especialmente en el sector turístico y comercial. La pobreza por ingresos alcanza el 35% y la multidimensional sube al 43,8%, con señales claras de vulnerabilidad estructural. Esmeraldas, por su parte, no solo enfrenta la tasa de desempleo más alta del país (8,6%), sino también una economía paralizada por la inseguridad. El 51% de su población vive en pobreza por ingresos y el 60,9% en pobreza multidimensional. A pesar de ser una provincia rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, su tejido productivo está fragmentado, y el acceso al empleo formal es una excepción.
Pobreza vs ventas reales En Guayas, a pesar de tener más de 243.000 empresas registradas, solo el 13,5% reporta ventas reales. La pobreza por ingresos subió ligeramente (21%), pero la informalidad ha crecido con fuerza: el subempleo escaló 5,1 puntos, alcanzando el 26%. En Manabí, el subempleo afecta al 27,3% y la pobreza por ingresos supera el 26,7%. Se trata de provincias grandes, pero economías con un creciente componente de precariedad y bajos ingresos que no se traducen en bienestar, según Mena.
Provincias silenciosas En Bolívar, la pobreza por ingresos subió 9 puntos, llegando al 40,7%, mientras el empleo adecuado se estanca en 19,6%.
Sucumbíos y Zamora Chinchipe tienen tasas bajas de empleo adecuado (20,7% y 25,3%, respectivamente) y pobreza multidimensional de más del 55%.
En Carchi e Imbabura el deterioro es más gradual, pero sostenido: alta rotación empresarial, subempleo creciente y caída en el empleo adecuado. Aquí, la pobreza por ingresos bordea el 36,7% y 32,1%, respectivamente. Dentro del tema empleo, el adecuado en Carchi está en el 26,4% y el desempleo y subempleo en el 25,4%. En Imbabura, estos renglones marcan el 29,1% y 26,2%, respectivamente. (JS)
1.300 menores de edad han sido arrestados en lo que va de 2025
Solo en 2025, cerca de 1.300 menores han sido arrestados por tener vínculos con el crimen organizado en todo el Ecuador. El MIES implementará casas de acogida exclusivas para niños y adolescentes que pertenezcan a bandas.
QUITO.- Se estima que de las 60.000 personas que pertenecen a grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, entre el 4% y el 5% son menores de edad. Así lo indica Harold Burbano, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
El MIES es parte del comité para erradicación del reclutamiento de niños por parte del crimen organizado, conformado por al menos 17 instituciones, como los ministerios de Interior, Educación, Salud, la Vicepresidencia, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), entre otras.
Como parte de la estrategia para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía está la creación de espacios integrales. Hasta el momento hay cuatro y están en Quito, Guayaquil, Durán y Gualaceo.
“Este año esperamos abrir 12 más. Serán espacios integrales que se complementarán con centros de emprendimiento, cubriendo así las zonas más complicadas. Tenemos un mapa de calor de estas zonas, pero por seguridad no podemos exponerlas”, agrega Burbano.
Los espacios integrales cuentan con bibliotecas, unidad de vigilancia, centro de salud, centro de apoyo para la mujer, áreas de recreación y deporte, salón de danza y artes marciales, sala de computación, talleres de radio, costura y cocina, balcón de servicios MIES, espacios lúdicos para niñas y niños y más.
Estrategias de atención Burbano dice que si bien el MIES debe enfocarse en el ámbito social, “vamos a girar un poquito la mirada, mantenien-
do la garantía de los servicios y dirigirnos a la generación de oportunidad de deciles más bajos”.
Señala que son tres estrategias para erradicar y prevenir que los niños y adolescentes se sumen a las filas de bandas delictivas, por lo que el comité se reunirá periódicamente y trabajará en aspectos puntuales.
1
Trabajo con menores que ya hayan sido detenidos:
En 2024, cerca de 4.000 menores fueron detenidos por pertenecer a bandas criminales, pero en lo que va de 2025 este número alcanza los 1.300 menores.
2
Niños, niñas y adolescentes que no han tenido contacto con la ley penal, pero que ya se encuentran identificados como parte del crimen organizado. “A nivel nacional hay una estimación de cerca de 60.000 personas que se encuentran vinculadas a bandas y, entre un 4% y 5% pueden ser niños, niñas y adolescentes”, resalta Burbano.
Burbano destaca que la estrategia puntual de rescate será vincularlos a los servicios del Estado.
3
Menores de edad que se encuentran dentro de familias que viven en zonas priorizadas, donde el conflicto armado no internacional tiene mayor intensidad y están bajo el decil de pobreza y pobreza extrema. Que serían cerca de 20.000 familias que se encuentran en estas zonas.
“Nuestra primera intervención urgente es el rescate”, detalla Burbano. Esto se dará mediante la identificación de menores en bandas y trabajos conjuntos con la Policía Nacional.
Una de las acciones urgentes es la creación de casas de
acogida especializadas para niños que han sido rescatados durante operativos en casas con integrantes de bandas delictivas.
“Uno de los retos del MIES de este año es tener casas de acogida exclusivas para niños, niñas y adolescentes de grupos
de delincuencia organizada o que han sido parte de grupos por la especificidad que tiene que tener en el abordaje”, detalla Burbano.
Estas casas serán diferenciadas por edades: “Son el primer trabajo, pero el objetivo final es que ningún niño se vincule a
bandas y que sus familias tengan un proyecto de vida”. La construcción de estas casas exclusivas se dará en un lapso de seis meses, de manera progresiva. “Al ser casas de seguridad no podremos dar su ubicación”, destaca Burbano. (AVV)
INCIDENCIA. Entre 2024 y 2025, más de 5.000 menores de edad fueron detenidos por pertenecer a bandas delictivas en Ecuador.
JUGADAS. Niños y niñas desde los 5 años participan en diferentes categorías del torneo.
Se juega la cuarta edición de la Copa Clowiss - La Hora
Escuelas de fútbol de la zona norte del Ecuador compiten en este torneo infantil, que se juega los fines de semana en Ibarra y busca fomentar el desarrollo deportivo desde la infancia, con el auspicio de LA HORA.
IBARRA. El torneo infantil de fútbol Copa Clowiss - La Hora llegó a su cuarta edición, con la participación de más de 20 escuelas deportivas del norte del Ecuador, en un certamen que se disputa desde junio de 2025 en las canchas de la Universidad Católica Sede Ibarra.
Niños y niñas desde los 5 hasta los 16 años participan en esta iniciativa que se juega los fines de semana. La organización está a cargo de la academia de fútbol Clowiss, con el auspicio de LA HORA, que impulsa el evento como una herramienta de formación y desarrollo deportivo desde la niñez.
Martín Purschert, director y entrenador de Clowiss, indicó que el torneo busca fomentar el deporte en los más peque -
ños, así como experiencias nuevas en un entorno de competencia.
“Que vayan experimentando y teniendo roces con niños y niñas de otras escuelas, no solamente con quienes entrenan todos los días”, señaló.
Además, resaltó que la Copa Clowiss - La Hora se ha ido consolidando como un espacio de aprendizaje y convivencia para las nuevas generaciones. “Es muy bonito ver cómo se van desarrollando los niños cada año. En cada edición vemos los avances que han tenido, que van ganando confianza”, añadió Purschert, destacando que este tipo de encuentros también permiten identificar talentos emergentes y brindar oportunidades a quienes recién inician su camino deportivo.
1.300 menores vinculados con el crimen organizado
En lo que va del 2025, cerca de 1.300 menores de edad han sido arrestados en Ecuador por tener vínculos con bandas delictivas, tras cometer diversos delitos. Desde el Estado se tienen planes para atender a jóvenes y niños que pertenecen al crimen organizado. Página 10
Imbabura-Carchi
REGULAR LOS DAÑOS DIGITALES
AUTOR: DAVID KAYE Y JASON PIELEMEIER
Como demuestra la reciente Ley de Servicios Digitales de la Comisión Europea, los legisladores en todo el mundo están haciendo esfuerzos, por buenas razones, para combatir el extremismo, la desinformación y la manipulación que han consumido el ecosistema digital, distorsionado el discurso público y profundizado la polarización en los últimos años. Pero sus esfuerzos conllevan riesgos. De la misma manera que las reglas que gobiernan los dominios online pueden fomentar la democracia promoviendo un debate inclusivo e informado, también se puede
abusar de ellas para coartar la libertad de expresión.
Principios de Derechos Humanos.
Afortunadamente, el derecho internacional de los derechos humanos ofrece un conjunto de principios que pueden orientar la regulación de manera tal que se ocupe del contenido tóxico promoviendo a la vez la libertad de expresión. Para ayudar a iluminar este proceso, nuestra organización, la Iniciativa de Red Global (GNI por su sigla en inglés), recientemente reunió a expertos de toda la industria y de la comunidad de derechos humanos para examinar decenas de iniciati-
vas de regulación de contenido en más de una docena de países y ofrecer recomendaciones relevantes.
Legalidad
El primer principio de derechos humanos que se debe aplicar es la “legalidad”, que destaca la necesidad de definiciones claras adoptadas mediante procesos democráticos. Esas definiciones no existen en Tanzania, por ejemplo, que por el contrario tiene reglas que prohíben el contenido online que “provoca molestia”, entre otros daños ambiguos. Si no está claro qué contenido se permite y cuál no, los gobiernos intentan maximizar su poder
de restricción de la libre expresión; los usuarios no pueden saber qué constituye una conducta lícita; y las cortes y las empresas se esfuerzan por aplicar las reglas de manera justa.
Legitimidad
Otro principio vital es la “legitimidad”, que dictamina que los gobiernos pueden limitar la expresión sólo por razones imperiosas específicas, como los derechos de los demás, la salud pública y el orden público.
Necesidad
El principio de “necesidad” luego exige que las res-
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CONSULTA CIVIL
¿Cómo procede la competencia en las actuaciones fiscales urgentes?
RESPUESTA
En el caso propuesto en la consulta la persona trabajadora reclama en su demanda el cumplimiento de derechos que corresponden a dos períodos distintos de trabajo aun cuando sea respecto del mismo empleador. La parte demandada entre sus excepciones propone la de prescripción de la acción, lo que efectivamente ocurre con respecto al reclamo relativo al primer período de trabajo.
En estos casos, evidentemente la excepción de prescripción es parcial en la medida que solo afecta al reclamo de determinados derechos, y la o el juzgador debería resolverlo de esa manera, pero aquello no significa que todas las pretensiones puedan ser rechazadas a la luz de esa excepción de prescripción, debiendo entonces pronunciarse respecto de los demás reclamos.
Por tanto no cabe que el juzgador dicte un auto definitivo de prescripción en relación a la totalidad de las pretensiones, sin entrar a considerar aquellas que no están prescritas, ya que aquello constituiría una violación del derecho de acceder a la justicia y obtener de la misma una tutela efectiva de los derechos, conforme lo dispone el Art. 75 de la Constitución.
Oficio: 321-2018-P-CP JP Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
Director
DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO Editor FRANCISCO LÓPEZ MURILLO
Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135
La Hora QUITO, ECUADOR ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA http//www.derechoecuador.com
tricciones estén hechas para cumplir con esos objetivos legítimos y que sean proporcionadas al interés que se está protegiendo. No debería adoptarse ninguna regulación si una regla menos restrictiva de la libertad de expresión puede cumplir la tarea.
Una estrategia centrada en los derechos humanos ayuda a impedir consecuencias desproporcionadas. En este sentido, la regulación propuesta por la Unión Europea para prevenir la diseminación online de contenido terrorista o extremista le erra al blanco. La regulación exigiría que las empresas de todo tipo y tamaño eliminen contenido terrorista en el lapso de una hora e introduzcan medidas proactivas para filtrar ese tipo de material. Las empresas dominantes pueden costear esas reglas, pero incrementaría las barreras para que actores nuevos e innovadores ingresen al mercado, y resultaría en la eliminación desproporcionada de todo tipo de contenido aceptable.
Pero las propias empresas pueden y deben aplicar reglas que fomenten los derechos humanos, más allá de la regulación gubernamental. Aquí, la transparencia, el debido proceso y la rendición de cuentas son esenciales.
Por empezar, las empresas de redes sociales deben ser mucho más comunicativas respecto de cómo regulan el contenido. Esto implica compartir públicamente la mayor cantidad de información posible, y ofrecer información legítimamente sensible a reguladores y expertos independientes a través de regímenes de acceso controlados o acuerdos de múltiples interesados, similares al que GNI ha creado para compartir información, desde respuestas de las empresas hasta demandas del gobierno.
Control de contenido
Con esta información, los gobiernos pueden garantizar que los intermediarios moderen el contenido de manera consistente y justa. Con este objetivo, a los reguladores, con los recursos y la experiencia apropiados (e, idealmente, involucrando a expertos y defensores de los
derechos de los usuarios), se les debería encomendar la tarea de proporcionar orientación y supervisión de los sistemas de moderación de contenidos. Al mismo tiempo, se les debería exigir a las empresas que introduzcan mecanismos que les den a los usuarios un mayor control sobre lo que pueden ver y compartir.
Sin embargo, la responsabilidad por moderar el contenido sensible en última instancia no debería quedar en manos exclusivamente de empresas privadas. Por el contrario, los gobiernos deberían poner a cargo a órganos democráticamente responsables, como los tribunales. La Ley Contra la Manipulación de la Información de Francia, si bien es imperfecta, busca hacer precisamente eso: ofrece un proceso expeditivo para que los jueces revisen la supuesta desinformación relacionada con las elecciones. De esa manera, las empresas no son las que toman estas decisiones difíciles y políticamente sensibles. Por contraste, el Consejo Constitucional del país recientemente revocó unas cláusulas de un proyecto de ley francés sobre discurso de odio, en parte porque eludía el sistema judicial del país.
No importa cuán claras sean las reglas y cuán eficientes sean los sistemas de moderación, los reguladores y las empresas cometerán errores. Esta es la razón por la cual la pieza final del rompecabezas es la resolución y
la reparación de las disputas. Las empresas deberían permitirles a los usuarios apelar decisiones de moderación de contenido ante organismos independientes, con una especial consideración por los grupos vulnerables, como los niños, y por aquellos que sirven al interés público, como los periodistas. Los gobiernos y los reguladores también deberían ser objeto de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El contenido tóxico no comenzó con Internet. Pero las plataformas online han hecho que su mayor difusión, y más rápida, resultara mucho más fácil que nunca. Si vamos a limitar su propagación, sin perjudicar la libertad de expresión, necesitamos estrategias regulatorias claras e integrales, basadas en principios de derechos humanos. De lo contrario, hasta las reglas diseñadas con las mejores intenciones podrían terminar silenciando a los vulnerables y fortaleciendo a los poderosos. Ésa es una lección que los autoritarios del mundo conocen demasiado bien.
David Kaye, ex relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, es presidente independiente de la junta de la Iniciativa de Red Global. Jason Pielemeier es director de Políticas de la Iniciativa de Red Global.
Copyright: Project Syndicate, 2020. www.project-syndicate.org
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes Profesionales Dr. Manuel Agustín Aguirre del Cantón Rumiñahui de conformidad a lo que contempla nuestro estatuto en su Art. 12 – 13 y el Art. 22 literal b, convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos nuestros afiliados(as) a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, la misma que se llevara a cabo:
FECHA: 28 de Junio del 2025
HORA: 16:00 horas (4pm)
LUGAR: Sangolquí, Liceo Juan Mantovani, calle Enrique Tello 17110.
ORDEN DEL DIA.
1.- Constatación del quorum
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis y resoluciones sobre el informe de la Comisión de Faltas y Sanciones.
Cordialmente
El Comité Ejecutivo
