MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2025
Esmeraldas

MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2025
Esmeraldas
La Federación Nacional de Abogados del Ecuador anunció que demandará la inconstitucionalidad de tres leyes, Inteligencia, Solidaridad e Integridad. Los letrados consideran que estas normativas vulneran la seguridad jurídica. 3
SEGURIDAD
Piden intervención de Contraloría en municipios 6
LORENA BALLESTEROS
@loballesteros
Presión social
la Feria Internacional del Libro de Quito asistí a una microclase sobre literatura de viajes impartida por Esteban Mayorga, profesor de la USFQ, quien introdujo la temática con una pregunta aparentemente simple: ¿por qué tomamos fotos cuando viajamos? Las respuestas surgieron de inmediato: “para tener recuerdos”, “para compartirlas con nuestros amigos”, “para subirlas a Facebook”. Nada fuera de lo esperado. Pero, de pronto, una estudiante con uniforme escolar levantó la mano y dijo: “para ser envidiable”. Sus palabras resonaron en mi cabeza por días, hasta que las dejé pasar. Sin embargo, desde que empecé a leer The Anxious Generation, de Jonathan Haidt, aquel recuerdo regresó con fuerza. No he dejado de preguntarme: ¿cuánto de lo que hacemos responde a los códigos de la sociedad contemporánea? ¿Cómo debemos mostrarnos en el mundo virtual para ser aceptados? Desde la irrupción de las redes sociales, todo cambió. La presión social ha crecido de forma alarmante. Haidt sostiene que la generación Z es la generación de la ansiedad. Esta población de niños y adolescentes es la más vulnerable, en gran parte por su desconexión con la realidad. Su visión del mundo está filtrada por ‘reels’ de menos de un minuto, imágenes retocadas y videos creados por inteligencia artificial que exhiben vidas y destinos inalcanzables.
Por ejemplo, los conciertos han dejado de ser una experiencia de conexión con la música, los artistas y el entorno. Se llenan de pantallas que registran todo, como prueba de haber estado ahí. ¿Realmente se estuvo? Hace poco se viralizó el reclamo del español Enrique Bunbury a una persona en primera fila que grabó sin pausa. El cantante interrumpió su show: “¿Sabes cuántas personas quisieran estar en primera fila y no han podido, y tú no has dejado tu teléfono ni un minuto?”.
Es tiempo de soltar la presión de mostrarnos. De disfrutar los momentos sin convertir lo íntimo en contenido. Aprendamos a distinguir qué compartir y qué guardar solo para nosotros.
DANIEL MÁRQUEZ SOARES dmarquez@lahora.com.ec
Propaganda contra la descentralización
Las fuerzas gubernamentales se vieron obligadas a intervenir con fuerza en la Autoridad de Tránsito de Durán. Allí se han encontrado con una macabra red de corrup-
Entre los entendidos de sistemas anticorrupción hay un dicho para reconocer el ánimo antiético que tienen ciertas autoridades y sus equipos: crear dificultades para vender facilidades.
Esta frase muestra cómo un complejo sistema de normas que, en lugar de cumplir su propósito de facilitar las relaciones de los ciudadanos con el Estado, se convierte en verdadero mecanismo de corrupción. El fin es crear leyes a la carta para generar privilegios que deben ser pagados, lo que genera sobornos y mal uso de fondos públicos.
Hasta este mes, Ecuador suma más de 150.000 normas vigentes, entre códigos, leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Y es un exceso.
Desde hace varios años se han realizado pedidos y propuestas para disminuir los pasos para con-
seguir un permiso, lograr un contrato, concretar una venta, generar un pago o evitar multas, pero el Estado no escucha y sigue creando trabas.
El ejemplo de Argentina, como lo recoge este Diario, es emblemático y digno ejemplo a seguir. El presidente Javier Milei designó una autoridad dedicada exclusivamente a disminuir la tramitología estatal para ayudar a evitar casos de corrupción y facilitar la vida a los ciudadanos que, eventualmente, deben entrar en contacto con oficinas estatales.
Las actuales autoridades pueden activar dos cuerpos legales para empezar el adelgazamiento de las normas; la Ley Orgánica para la Optimización de Trámites y el Código de la Producción, ambos vigentes pero olvidados.
La visión de que el Estado puede y debe controlarlo todo es anacrónica, obsoleta y fomenta la corrupción.
ción y coerción, una institución secuestrada por el crimen organizado. Desafortunadamente, el ministro del Interior, John Reimberg, ha señalado a la descentralización de las competencias estatales como uno de los causantes de esta descomposición. Según la lógica del funcionario, la infiltración de los delincuentes se ha producido porque estas instituciones quedaron en manos de los gobiernos locales, en lugar de permanecer bajo control único del Gobierno central.
Se trata de un razonamiento tramposo. Por un lado, es cierto que fragmentar una gran institución entre varias pequeñas aumenta la cantidad de actores que pueden corromperse. Sin embargo, por el otro, también establece cierta compartimentación que evita que la podredumbre de una se extienda al resto, y, lo más importante, ¿quién le ha hecho pensar al ministro que una institución grande y centralizada es inmune a la corrupción? Cuando existen
JOSELO ANDRADE
@JoseloAndrade
¿Qué se necesita para ser legislador?
Alcalor de los últimos acontecimientos —un muchacho haciendo dibujos en la Asamblea—, deberíamos plantearnos: ¿qué se necesita para ser legislador? ¿De qué va esto de estar en la Asamblea? Y anticipar que en realidad “no hay preparación que te habilite para aquello”. Empecemos por plantearnos las siguientes dificultades, partiendo del pensamiento griego: ¿quién debería gobernar? Los griegos respondieron: “los mejores” (en el mundo griego, la aristocracia, los filósofos).
Aquí la complejidad: ¿quién es realmente el mejor? Pero, para no desviarnos por el camino largo diré que la pregunta estaba mal formulada. No era tanto un “quién”, sino más bien un “qué”. Debían gobernar las leyes. En una línea complementaria, la democracia es solo un sistema de “transferencia pacífica del poder”. La experiencia humana nos muestra que, en los esquemas precedentes, había una elevadísima tasa de mortandad. Que lo digan, si no, los primogénitos de reyes, las familias reales o las dinastías que gobernaron a lo largo y ancho del mundo conocido.
Por tanto, “el método democrático” poco o nada dice acerca de “aquellos que van a ser electos”: solo indica que “la forma en que serán electos es pacífica”. De ahí la importancia de las condiciones “de participación” que, por cierto, se enfrentan directamente con las dificultades mencionadas en el párrafo anterior.
El problema de “la ingeniería social” es la mayor de las dificultades. La mayoría de los participantes suponen que, desde la Asamblea, “se pueden crear leyes” para “transformar a la sociedad”. Pero lo que realmente ocurre es que “en ese lugar” “se crea legislación”, y esta puede ser cualquier cosa que reciba “el respaldo” de un número suficiente de personas.
Ahora bien, y con esto termino: “transformar la sociedad” es hablar de palabras mayores. Las sociedades son “órdenes espontáneos” de extrema complejidad, y lo que menos necesitan es gente con la “arrogancia suficiente” para creer que basta con “hacer una ley”.
Seguimos conversando.
actores únicos nacionales — sea la Aduana, la Policía, el Servicio de Rentas Internas o el propio Legislativo— y la corrupción se instaura, es mucho más fácil de tapar. ¿Por qué no aplicar la lógica inversa? ¿Por qué, por ejemplo, cuando se descubrió que el exjefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado estaba envuelto en narcotráfico nadie propuso dividir a la Policía Nacional en varias fuerzas regionales? A la larga, sería mucho menos dañino un puñado de
jefes policiales locales vendidos al crimen organizado que un jefe nacional.
Todo el que alcanza el poder político nacional en Ecuador se enamora de la plaga del Estado central y unitario. Se trata de una creación nociva, que ha retrasado el desarrollo y conspirado contra el bienestar de la gente, pero que le resulta inmensamente cómoda y conveniente a la clase política. Por eso nos quieren hacer creer que descentralización equivale a penetración criminal.
El gremio de abogados del Ecuador se suma al descontento frente a algunos artículos de tres leyes en vigencia, de iniciativa de la Presidencia de la República. Hay confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad frente a las demandas.
A la Corte Constitucional (CC) han recurrido varios sectores, desde el 13 de junio de 2025, para presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública, indistintamente. La CC garantiza la supremacía de la Constitución por sobre otras normativas de menor rango y ejerce el control constitucional de las leyes.
Pero el gremio de los abogados toma una estrategia diferente, atacarán a las tres leyes, a su tiempo, con la demanda respectiva.
Las tres leyes tienen un “nexo causal” La Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) alberga a los Colegios de Abogados de las 23 provincias del país. Solo el Colegio de Abogados de Pichincha incluye a cerca de 19.000 juristas y a escala nacional son alrededor de 100.000 profesionales del Derecho.
“Damos nuestro criterio desde la parte jurídica, más no por gustos o disgustos con una tendencia política. De hecho, no somos opositores sino críticos de la situación que está pasando en el país”, aclara Paúl Ocaña Merino, presidente de la Fenade.
Explica que el gremio sí realizó aportes en la Asamblea Nacional durante el tratamiento de las leyes en cuestión, pero “no fueron tomados en cuenta”. La intención de los abogados fue aguardar por la Ley Integridad Pública para actuar. “Existe un nexo causal entre las tres leyes, estábamos esperando la promulgación de la tercera ley y con eso ya tener claro cuál es el panorama o el trasfondo de lo que tiene cada una de estas leyes”, apunta Ocaña.
“Vamos a presentar (el 9 de
julio, a las 10:00) la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Solidaridad Nacional y esperamos en los siguientes 15 días presentar las otras dos demandas contra las otras dos leyes”, afirma.
¿En qué consiste ese nexo causal? Ocaña dice que no hay unidad de materia en cada ley sino que las tres leyes tienen un mismo objeto, un mismo trasfondo, todas hablan de reformas en temas tributarios, penales, seguridad pública y sobre el sistema judicial. “Ahora sí, con conocimiento de causa total y, sobre todo, con un estudio y análisis de cada ley, cada demanda que estamos planteando debe atacar los artículos que consideramos inconstitucionales”, añade.
Respaldo a la CC
Ocaña considera que la CC es la entidad que mejor institucionalidad ha tenido en el sector público. También estima que hay transparencia entre los nueve jueces del organismo.
“Por eso es nuestro respaldo
porque tenemos la plena certeza y confianza de que la CC, a través de sus jueces, actuará en derecho. Sea cual sea la resolución, que aún es incierta, nosotros seremos muy respetuosos de la decisión que tome la CC, porque sus sentencias han demostrado que no tienen una parcialidad política o económica, sino que siempre han resuelto con base a derecho”, justificó Ocaña.
El movimiento político Unidad Popular (UP) presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Solidaridad y otra en contra de la Ley de Integridad Pública. La primera ya fue admitida a trámite en la CC el 4 de julio. “Tienen 15 días el Ejecutivo y la Asamblea (fueron notificados el 7 de julio) para responder a las demandas”, dice Geovanni Atarihuana, director nacional de UP.
El 2 de julio Niels Olsen, presidente de la Asamblea, indicó que su institución tiene un equipo de abogados que defenderán las leyes. El 7 de julio,
la CC emita una declaración de inconstitucionalidad de los artículos observados por el gremio para que no se puedan aplicar. No demandarán todo el contenido de las leyes. “Existen artículos con los que estamos de acuerdo, la idea es el combate a la delincuencia organizada, las estructuras criminales y eso no quiere decir que todos los artículos sean inconstitucionales. Hablar de eso sería generalizar sobre una ley y no es ese nuestro afán”, recalca.
Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, dijo que se responderá “con los argumentos que corresponden” Atarihuana también espera que la CC responda satisfactoriamente a las demandas presentadas y destaca la acción de otros sectores.
De lo contrario, si la CC no cumple la expectativa de los accionantes, la reacción será en las calles. “Hay otro derecho constitucional que es el derecho a la resistencia. Ningún régimen autoritario al final del día puede sostenerse. El pueblo ecuatoriano es un pueblo que ama la democracia, que va a defender, si es necesario, en las calles sus derechos y libertades. Siempre habrá la posibilidad de demandas internacionales”, advierte Atarihuana. UP se sumará como amicus curiae (tercero interesado) en la demanda contra la Ley de Inteligencia
Demanda por artículos
El objetivo de la Fenade es que
Señala que en la Ley de Solidaridad se agregaron algunos textos al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como el artículo 534.1. Este establece a la prisión preventiva como medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado y el cumplimiento de la pena, cuando se trate de delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno. Pero el artículo 534 del COIP ya determina los requisitos para dictar la prisión preventiva y señala casos excepcionales, menciona Ocaña. Interpreta que con el 534.1 la prisión preventiva pasa a ser la generalidad. “Lo que importa allí es que el fiscal fundamente en debida forma, tomando en cuenta los parámetros y estándares que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen relación con la racionalidad, proporcionalidad y necesidad. Y en efecto, si es que estuviera así, sumado a los elementos de cargo que debe presentar, el juez debería motivar la prisión preventiva. Pero si hablamos de una generalidad ya estamos quebrantando totalmente el principio de inocencia ”, argumenta. (KSQ)
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La polémica que se ha generado en la Asamblea por el pedido de renuncia de personas que tenían parentesco familiar trajo al debate la necesidad de promover un plan de carrera legislativa.
La polémica que se generó tras la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN), de pedir la renuncia de más de 40 personas que tenían parentesco familiar y que ocupaban cargos de asesores, trajo al debate la necesidad de que esta función del Estado promueva un plan de carrera legislativa.
Olsen convocará en las próximas horas a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para iniciar el trámite de una reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano para prohibir la contratación de familiares de asambleístas.
Desde el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) se considera que esto sería insuficiente, y que para evitar estos hechos se debería crear un plan de carrera legislativa, como establece la disposición transitoria
séptima de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Roger Celi , coordinador del Observatorio, dijo que han pasado cuatro años y no se ha cumplido la disposición señalada en el Reglamento de la carrera legislativa.
La norma ordena que en el plazo de 180 días desde la vigencia de la LOFL, la Coordinación General de Talento Humano y las demás unidades administrativas de la Asamblea elaborarán la propuesta de reglamento con los requisitos, plan de carrera y capacitación de los funcionarios legislativos.
El documento deberá ser puesto en consideración del CAL para su aprobación e incluirá un análisis técnicoeconómico que, bajo criterios de austeridad y de conformidad con la planificación presupuestaria, permita determinar un mínimo inicial de funcionarios que
ingresarán a la carrera legislativa, cantidad que en lo posible se irá incrementando cada año.
Celi afirmó que ninguno de los expresidentes del Parlamento (entre ellos César Litardo , Guadalupe Llori , Virgilio Saquicela, Viviana Veloz) la cumplieron, ¿Cumplirá el presidente Niels Olsen? preguntó.
Sostuvo que el plan de carrera legislativa debería establecer los criterios mínimos para la selección del personal, los concursos públicos , evaluación y ascensos que podría haber dentro de la Asamblea. Esto con el objetivo de que si llega un presidente de la Asamblea no pueda desvincular a todos porque no son afines, “y dejar de lado al menos en un gran porcentaje la cuota política por sobre el personal de carrera parlamentaria”.
Roger Celi recordó que, con la vigencia del Decreto
Ejecutivo 741, en el Parlamento solo quedan 88 funcionarios que cuentan con nombramiento permanente, según registros de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel), y más de 1.000 son de libre remoción.
Parentescos bajo la lupa
El coordinador del Observatorio dijo, además, que la decisión con la que se notificó a 40 personas no hace una diferencia en torno a la relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos, tíos-abuelos y sobrinos-nietos) y segundo de afinidad (suegros, cuñados, yernos ) que pueden tener los legisladores con parientes dentro de la Asamblea, y de las relaciones familiares que pueda haber entre servidores legislativos, lo cual es algo distinto, señaló.
Celi hizo referencia a que, en el tercer inciso del artículo 159 de la LOFL establece una inhabilidad: se
establecerán las prohibiciones de nepotismo con la autoridad nominadora y los asambleístas.
“Entonces, lo que se debería identificar es la relación familiar que haya entre legisladores con funcionarios, conforme establece la ley”, remarcó Celi.
Además, el Reglamento de Talento Humano, en su reforma de 2020 incluyó una disposición que abrió la puerta para una contratación cruzada donde un legislador puede influir “eso sí, indebidamente para que su familiar sea contratado en otro despacho; no en su propio despacho, y con eso elude el tema de nepotismo, lo cual no deja de ser antiético, pero de alguna manera le da viabilidad a la contratación de esta forma”, explicó. Desde su punto de vista, la decisión de la Asamblea todavía está en un escenario donde no se ha analizado caso por caso las desvinculaciones para que no afecten derechos de las personas que vayan a ser separadas. (SC)
° El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dijo que de los 40 funcionarios ocho ya fueron desvinculados y tres renunciaron. Además, solicitó al área administrativa continuar con la depuración. El anuncio de Olsen se produjo luego de que se conociera que familiares del asambleísta de ADN, Dominique Serrano, trabajan en la Legislatura. Por ejemplo, la madre de Serrano habría sido asesora en un despacho en la Asamblea.
“La contratación de la madre de Serrano (Paulina Lía Molina) es antiética, pero no contraviene la LOFL, aunque sorprenda creerlo”, afirmó Roger Celi.
Insistió que la Asamblea, (en anteriores periodos)
“hábilmente dejó abierta la puerta en el Reglamento de Talento Humano que permite la contratación en otros despachos”.
Cada año Ecuador pierde hasta $5.000 millones por corrupción. La respuesta de todos los gobiernos ha sido generar más normas. Pero ¿y si el verdadero origen del problema fuera eso? Desde Argentina, el ministro Federico Sturzenegger propone desregular como antídoto.
Cada año, Ecuador pierde cifras equivalentes a entre el 2% y el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) por culpa de la corrupción. Esos son entre $2.000 millones y $5.000 millones, según varias fuentes como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) , Transparencia Internacional y organismos multilaterales. La respuesta de todos los gobiernos, incluyendo el de Daniel Noboa, ha sido siempre la misma: legislar más, regular más, emitir más decretos, acuerdos, resoluciones y controles. Una “guerra contra la corrupción” que se libra con una artillería que, paradójicamente, puede estar alimentando el problema.
A julio de 2025, Ecuador suma más de 150.000 normas jurídicas vigentes, entre leyes nacionales, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Esta maraña regulatoria no ha traído más ética ni transparencia. Lo que ha traído, como denuncia el abogado experto en mejoras regulatorias y consultor Ricardo Freire, es un círculo vicioso que frena el desarrollo, favorece la informalidad y abre puertas a la corrupción institucionalizada.
“Cuantas más regulaciones existen, más espacio hay para la discrecionalidad y menos claridad para los ciudadanos y las empresas. Eso genera inseguridad jurídica y favorece la corrupción”, explica Freire.
Más leyes, menos resultados
El Gobierno de Noboa ha
seguido la misma ruta. Solo en el primer mes de su nuevo Gobierno, se aprobaron tres nuevas leyes, incluidas dos económicas urgentes . En 2024, se emitieron más de 60 nuevas normas entre reglamentos y reformas. La llamada Ley de Integridad Pública, ya vigente, suma más controles y requisitos bajo el objetivo de blindar la contratación estatal.
Así por ejemplo, según Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, “se exige que todos los contratos incluyan cláusulas de tiempo de pago”, para evitar que las empresas quiebren por los retrasos. Pero el remedio vuelve a ser otro parche normativo.
Cuando la ley es el problema Mientras Ecuador legisla más, desde Argentina, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante una reciente conferencia, lanza una tesis contraria: la corrupción estructural no se combate con más leyes, sino con menos.
Sturzenegger, parte del equipo de Gobierno de Javier Milei, lo dice sin rodeos: “Cuando la ley es la corrup-
ción, cuando el sistema institucionaliza los privilegios y los sobornos, la solución no puede ser más leyes, sino eliminar las que dan poder arbitrario al político para corromperse”.
Para el ministro, hay cuatro causas estructurales de la corrupción que son comunes en Argentina, España (asolada por la corrupción del PSOE en el poder) y Ecuador:
Falta de ética pública: “Podemos tener reglas de contratación, pero sin ética detrás, la corrupción se cuela por los recovecos legales”.
Complicidad del sector privado: “Empresas que empezaron como víctimas de coimas terminan convirtiendo la corrupción en parte de su modelo de negocio”.
Exceso de leyes : “Es la principal causa. Cuando las leyes no están hechas para proteger al ciudadano, sino para dar poder discrecional al burócrata o al político, se institucionaliza la corrupción”.
Sistema legal capturado: “Tenemos una montaña de leyes diseñadas para proteger privilegios (o para impedir o frenar la competencia). Y cuando eso pasa, el problema
ya no es que los políticos sean corruptos, sino que el sistema los obliga a serlo”.
Sturzenegger propone lo contrario de lo que hace Ecuador. “La solución es la libertad. Es eliminar leyes inútiles. Salir del infierno de Grand Gilmore, donde todo se regula para que el Estado lo controle todo”, acotó.
En Argentina, el proceso de desregulación comenzó desde finales de 2023. El Gobierno ha identificado cientos de normas que se eliminarán por ser innecesarias, redundantes o dañinas. La apuesta es generar transparencia, competencia y libertad económica, y romper la lógica del poder discrecional.
En Ecuador, Freire lo resume de otra forma: “Hoy se mide el desempeño de las instituciones por cuántas regulaciones hacen al año, no por su impacto real. Necesitamos cambiar esa lógica, eliminar barreras regulatorias y aplicar las leyes que ya existen, como la de eficiencia de trámites”.
permitirían eliminar miles de normas innecesarias, trámites absurdos y barreras regulatorias que hoy asfixian al sector productivo y abren la puerta a la corrupción. El problema es que no se aplican. La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (2018). Esta ley busca reducir los costos de gestión entre el ciudadano o empresario y el Estado, y obliga a la administración pública a ser más eficaz, eficiente y transparente. Además, promueve la digitalización de trámites y prohíbe la duplicidad de requisitos. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo ignorada.
“Te siguen pidiendo papeleta de votación para todo, o que imprimas documentos que el Estado ya tiene. Incluso si llevas un CD con tu documentación firmada electrónicamente, no te lo aceptan y te mandan a imprimir”, denuncia Freire.
Dos herramientas clave Ecuador ya tiene dos herramientas jurídicas clave que
Según Freire, la aplicación de la ley está en manos del Ministerio de Telecomunicaciones, pero “no se ha comprendido que digitalizar trámites no es solo ponerlos en línea, sino también eliminar lo redundante e innecesario”. El Libro VII del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Cogep) . Este capítulo, incorporado en el Gobierno de Guillermo Lasso, establece la obligación del Estado de evaluar periódicamente sus propias regulaciones. El objetivo es eliminar o reformar aquellas que no generen valor público, que obstaculicen el desarrollo económico o que impidan la competencia.
“Cualquier ciudadano o empresa puede pedir que se evalúe una norma, y el Ministerio de Producción debe requerir al emisor original la justificación técnica para mantenerla. Si no la hay, debe eliminarse”, explica Freire.
REGLAS. El exceso de leyes y normativas ahogan la economía y el emprendimiento.
Pero tampoco se aplica de forma efectiva. “El país tiene decenas de agencias reguladoras, ministerios y entes públicos que emiten normas sin evaluarlas, sin medir impacto y sin tener datos actualizados. Esa es una receta perfecta para la sobrerregulación y, con ella, para la corrupción”, sostiene. (JS)
Operativo del Bloque de Seguridad, en la Agencia de Tránsito de Durán, el 7 de julio de 2025.
El Ministerio de Interior pedirá a la Contraloría hacer exámenes sobre agencias de tránsito, luego de detectar funcionarios miembros de bandas delictivas, además de delitos como matricular carros robados.
Matriculación de vehículos robados, cambios fraudulentos de propietarios y extorsiones a conductores y transportistas son algunas de las irregularidades que el Gobierno detectó en agencias de tránsito del país. Así
lo detalló el ministro de Interior, John Reimberg , quien lideró operativos en la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), donde se detectó que miembros de los Chonekillers figuraban como funcionarios.
general y el decreto ministerial 0389, en relación a la CONSTITUCIÓN y aprobación del Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento, se convoca a todas las personas que estén interesado en formar parte del Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento a sesión de Asamblea General Extraordinaria, para la constitución, Denominar el nombre del Club, elección de Directorio Provisional,
Lo mismo sucedía en la Agencia de Tránsito de Manta, donde se detectó la presencia de los Choneros. En Durán, no solo la agencia de tránsito estuvo contaminada por miembros de la red de Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, quien – desde su celda en La Roca , daba órdenes sobre atentados en Durán y ubicaba en cargos públicos a sus familiares, testaferros y operadores. De hecho, miembros de su organización delictiva obtuvieron contratos con el Municipio de Durán , en las últimas tres administraciones, según la Policía Nacional.
Mientras que, al menos 230 miembros de la Policía
Estamos haciendo un pedido formal a la Contraloría para que ellos también inicien las revisiones pertinentes dentro de esta (ATD) y otras agencias de tránsito más del país”
No va a haber atención, matriculación ni ninguno de los servicios que se han venido dando (Agencia Tránsito de Durán), hasta que podamos hacer la depuración necesaria”
REIMBERG
Nacional fueron desplegados en puntos estratégicos en Manta, provincia de Manab í, como parte de una intervención a la Empresa Pública Municipal de Movilidad EP . Como pasa en Durán, la Policía también se hará cargo de la empresa de movilidad en Manta.
Piden intervención de la Contraloría
Tras los operativos policiales en las oficinas de la ATD,
Reimberg detalló que hay muchos indicios de corrupción en agencias de tránsito y municipios. En entrevista en Teleamazonas, el Ministro del Interior informó que pedirá a la Contraloría que indague en otras agencias de tránsito a escala nacional, aunque no detalló cuántas.
Reimberg agregó que en municipios y agencias de tránsito los funcionarios conocen de las irregularidades, por lo que reiteró que el Bloque de Seguridad seguirá interviniendo estas entidades para “depurarlas”. (DLH)
Un juez señala al Estado colombiano como responsable por omisión del atentado contra Miguel Uribe Turbay, según su abogado
MADRID. Un juez de Colombia ha señalado al Estado como responsable por omisión en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá, por el que permanece en estado grave a causa de los disparos que recibió, según su abogado.
“En la audiencia del día de ayer (...), un juez determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la Unidad Nacional de Protección ( UNP) de este Gobierno”, ha asegurado el abogado Víctor Mosquera en un vídeo difundido en la red social X tras la vista en la que se ordenó cárcel para Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, acusado de organizar el ataque.
El magistrado ha considerado que a Uribe “ no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad
de parte de esa entidad respecto a su seguridad”, lo que, según el letrado, “evidencia” los planteamientos del equipo legal del senador, según los cuales “hubo omisiones de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos”.
Mosquera ha agradecido a la Fiscalía, la Policía Nacional y las agencias de Inteligencia su labor en la captura de los cinco presuntos autores materiales, pero ha afirmado que “no son suficientes”.
En busca de todos los implicados “Es importante que el país conozca la verdad y se esclarezcan estos hechos y se den con los responsables”, ha alegado, expresando que el equipo legal de Uribe seguirá trabajan-
CONVOCATORIA A LOS ACREEDORES DE INNOVATORS TRADING TEXTILE PRODUCTS ITTP3 CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
En cumplimiento de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-2018-00009508, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y conforme a las facultades otorgadas por la ley para dictar la disolución de aquellas compañías bajo su control que no hayan operado durante dos años consecutivos, en mi calidad de liquidador de la compañía INNOVATORS TRADING TEXTILE PRODUCTS ITTP3, en liquidación y con Registro Único de Contribuyentes No. 1791824970001, CONVOCO a los acreedores de la mencionada compañía a presentar, en un plazo de sesenta (60) días, la documentación que justifique sus acreencias.
Jorge Iván Santander Cedeño Liquidador
INNOVATORS TRADING TEXTILE PRODUCTS ITTP3 en liquidación
do “para que las autoridades den con los máximos responsables, es decir, con los autores intelectuales o determinadores y los instigadores ”.
El autor intelectual acusado, Arteaga, hace frente a cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de
armas y uso de menores para la comisión de delitos, a raíz de haberse puesto en contacto con el joven de 15 años que disparó contra el precandidato y con los detenidos Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, la mujer que le entregó al joven la pistola Glock con
la que se cometió el crimen, y Carlos Eduardo Mora, el conductor del vehículo que reconocería el lugar donde se cometería el hecho y garantizaría la huida de los implicados.
Aun así, se espera que haya más implicados en el ataque , puesto que el Gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 636.800 euros) a cambio de información que permita identificar y capturar a los responsables del intento de homicidio de Miguel Uribe que continúan en libertad. (EUROPA PRESS)
POLÍTICO. El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en una foto de archivo. EUROPA PRESS
Con Gabriela Vivanco
Planificación patrimonial: organiza tus bienes y hereda sin conflictos
El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que no prorrogará el plazo límite de aplicación de los aranceles más allá del 1 de agosto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado este 8 de julio de 2025 que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volverá a aplazarse, al tiempo que ha avisado de que se enviarán nuevas cartas a lo largo de estos días.
“Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, LOS
COMERCIO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto tomada de la cuenta de X de la Casa Blanca.
Bruselas insiste en un acuerdo arancelario
° El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha defendido llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra arancelaria “lo más rápido posible”. “Lo primero y fundamental es que queremos llegar a una solución negociada con Estados Unidos y evitar nuevas escaladas de las tensiones comerciales”, ha dicho Dombrovskis en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la UE en Bruselas.
De este modo, el que fuera responsable comunitario de Comercio en la legislatura anterior ha indicado que siguen adelante las negociaciones a nivel técnico y político y que los negociadores europeos trabajan con el primer plazo de julio en mente. “Si, como parece, Estados Unidos ha pospuesto el plazo al 1 de agosto, esto nos da un poco más de tiempo. Pero por nuestro lado seguimos concentrados”, ha remachado el comisario económico, insistiendo así en llegar a un acuerdo cuanto antes.
La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, admitió la pasada semana que veía “imposible” cerrar un acuerdo “en detalle” antes del 9 de julio, pero sí confió en las opciones de establecer un “acuerdo de principios” que desarrollar más adelante.
ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. [...] No se concederán prórrogas”, ha explicado Trump en un post de Truth Social.
El mandatario impuso en la víspera un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Después, a lo largo de la jornada, desgranó una lista de Estados afectados donde figuraban Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%), y Birmania y Laos (40%). Trump advirtió a todos de represalias en caso de que sus gobiernos respondiesen con gravámenes propios al sumar la cifra que adopten a la cantidad ya anunciada por EE.UU. Asimismo, calificó los déficits comerciales de “insostenibles” y de “graves amenazas” para la seguridad nacional y la economía.
Llamado a eliminar barreras arancelarias
El presidente norteamericano emplazó también al mundo a abrir sus merca-
dos y a eliminar las “barreras arancelarias, no arancelarias, regulatorias y comerciales” para, “qui-
zás”, ajustar las tasas correspondientes.
Paralelamente, la carta anima a las empresas a invertir dentro de las fronteras de Estados Unidos al recordar que los productos fabricados allí no estarán penalizados con aranceles. De hacerlo, la Administración Trump prometió facilidades burocráticas y tramitaciones aceleradas de expedientes. (EUROPA PRESS)
MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2025
Esmeraldas
El intenso calor en París quedó registrado desde el espacio
París fue una de las muchas ciudades europeas afectadas por la reciente ola de calor récord a finales de junio y principios de julio de 2025. El instrumento ECOSTRESS (Experimento del Radiómetro Térmico Espacial Ecosistémico) de la NASA registró temperaturas superficiales de 23 grados Celsius a las 06.57, hora local, del 1 de julio, justo al amanecer, cuando las temperaturas son más frescas. EUROPA PRESS
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