Una absurda descalificación que llevó a la guerra

Pedro Velasco Espinosa

Hecho único en la Historia nacional constituye la “descalificación”, en 1932, del Presidente Electo don Neptalí Bonifaz Ascásubi. La terrible secuela de este ilegítimo acto legislativo fue la “Guerra de los 4 días”, en la cual al grito de “viva la Constitución” hubo un enfrentamiento fratricida que produjo más de dos mil víctimas.

Se cumplió el vaticinio de que con la descalificación de Bonifaz “la sangre llegaría hasta los tobillos”. Por entonces, el Congreso Nacional realizaba los escrutinios de la elección de Presidente de la República. En sesión del 19 de agosto, la Comisión Escrutadora, integrada por los beneméritos legisladores R. del Hierro, Dr. Alberto Acosta Soberón y Leopoldo Izquieta Pérez, presenta el Informe con los siguientes resultados: Neptalí Bonifaz Ascásubi: 28.359 votos, José Modesto Larrea Jijón: 18.863 votos; Ildefonso Mendoza Vera: 12.813 votos. 40 candidatos más obtienen, en conjunto, 2.078 votos, entre ellos nada menos que Juan de Dios Martínez Mera que obtiene 2 votos, magra adhesión popular que contrasta con los 56.872 votos que obtiene en escaso año de diferencia.

Es interesante apuntar que recibieron votos personajes de la talla del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno (Presidente de la República 1916-1920), Jacinto Jijón y Caamaño (primer Alcalde de Quito en 1945), Dr. Pío Jaramillo Alvarado y el célebre jurisconsulto Dr. Manuel Ramón Balarezo.

Conocidos los resultados electorales, el Presidente del Congreso Dr. Alberto Guerrero Martínez dice: “Habiendo obtenido el ciudadano Neptalí Bonifaz la mayoría relativa de votos, consulto al Congreso si se le declara legalmente elegido Presidente de la República”.

Es cuando el diputado azuayo Barsallo mociona lo siguiente: “Que el Congreso Nacional declare que el señor Neptalí Bonifaz, aunque ha obtenido la mayoría numérica de votos en las elecciones presidenciales últimas, no reúne las condiciones que requieren la Constitución y las leyes para ejercer el cargo de Presidente de la República”. Apoyan la moción los senadores Rosendo Naula, Pablo Hanibal Vela y los diputados Plaza Sotomayor Gonzalo Domínguez y Dr. Camilo Gallegos Toledo. Básicamente, la argumentación en procura de la “descalificación” fue que Nepalí Bonifaz, en varios documentos de su juventud adujo tener nacionalidad peruana, lo cual él mismo reconoció, pasados los años, justificándolos con una frase que se hizo famosa: “en mi despreocupada juventud dije que era peruano”.

Neptalí era hijo del diplomático peruano Neptalí Bonifaz Febre y Zanabria y de la dama quiteña Josefina Ascásubi y Salinas, hija del expresidente Manuel Ascásubi y Matheu (1849-1850) y descendiente del prócer del 10 de agosto Juan Salinas, habiendo nacido en la casa que arrendaba su padre para la Legación del Perú en Quito, de la cual era Secretario. Educado al inicio de la secundaria en el Colegio San Gabriel, a los quince años viajó a Europa para estudiar Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales en la Universidad de Ginebra de Suiza y en la Sorbona de París. En 1927 fue nombrado Presidente del presidente del recién creado Banco Central del Ecuador, por el Presidente Isidro Ayora Cueva, altísima responsabilidad respecto de la cual a nadie se le ocurrió cuestionar su nacionalidad ecuatoriana, así como tampoco en las memorias del Colegio jesuita consta como peruano.

La alcurnia de las argumentaciones en pro y en contra de la moción de Barsallo, pueden disfrutarse leyendo el Diario de Debates del Congreso Pleno. Una somera mención de las más esclarecidas intervenciones de los legisladores, llenarían varias decenas de páginas. Es más, no existe una que pueda tacharse de falta de lógica o carente de elocuencia. El Presidente de la Cámara de Diputados, el manabita liberal Dr. Rosendo Santos Alarcón, califica a la moción de “tendenciosa ya que, a priori, sin discusión ni razonamiento alguno, se la propone”, destacando que, además, la moción es extemporánea y violatoria de los artículos 49, 73, 151, 161 y 162 de la Constitución.

En medio de los debates, el destacado diputado Dr. Guillermo Ramos plantea la siguiente moción, con el carácter de previa, la cual que por poco frustra a los acuciosos impugnadores del Presidente auspiciado por la “Compactación Obrera”: “Que el Congreso se pronuncie previamente acerca de si tiene o no facultad para juzgar la capacidad moral de la persona electa para ejercer el cargo de Presidente de la República, o si solamente debe juzgar de su capacidad legal”. Por su parte, el senador López Arteta plantea otra moción: “Que el Congreso si tiene facultades para juzgar el aspecto moral de la nacionalidad del Elegido”.

El voto del preclaro escritor e historiador Isaac J. Barrera a favor de la descalificación del Presidente Electo, no deja de reconocer que: “Es indudable que se va a sacrificar a un hombre de gran valía, pero se va también a quitar el pretexto y la causa para la guerra civil en la que el pueblo ecuatoriano derrame su sangre para provecho tan sólo de los explotadores políticos”.

Estuvo equivocado el Académico de la Historia y de la Lengua; fue la descalificación la causa eficiente de la guerra civil que ensangrentó Quito desde el 27 al 31 de agosto.

Llego La Guerra

Días después de la “descalificación, varios destacados senadores y diputados que habían votado en contra de desconocer al Presidente Electo, publicaron un “Manifiesto a la Nación” en el cual ratificaban su voto en favor de Neptalí Bonifaz, del cual extraigo sus medulares conclusiones: “Hemos de lamentar que tan probo como eminente ecuatoriano se hubiese dado algunas veces, hasta 1914, la denominación de peruano; más, como ello no basta para perder la ciudadanía ecuatoriana, ni bastaba, según la Constitución del Perú, para adquirir la peruana, sin la inscripción en el Registro Civil de ese país, síguese que debíamos atenernos a las claras disposiciones de nuestra Ley Fundamental, cuya observancia prometimos al entrar al desempeño del cargo que ejercemos: el primer deber de un ciudadano y especialmente de un legislador es acatar la Constitución y las leyes.

A nuestra conciencia cívica y a nuestro patriotismo, nunca desmentidos, eran suficientes las repetidas y expresas manifestaciones del señor Bonifaz en pro de su nacionalidad ecuatoriana posteriores a ese año; su residencia en el País y otros múltiples actos de ciudadanía; sus servicios a la Nación; y, en fin, su programa político y ulteriores declaraciones; pero, ante todo y sobre todo, el mandato nacional en uno de los más libres torneos electorales. El Congreso Nacional hace convertido en Tribunal Revisor del sufragio popular; abriendo ancha puerta a la arbitrariedad de la pasión política, en materia tan delicada como ésta; con cuarenta y seis votos a favor de la moción, contrapuestos a treinta y ocho votos; es decir, con ocho de diferencia se han deshecho veintiocho mil votos trescientos cincuenta y nueve votos, lo cual constituye un atentado contra la soberanía popular y la muerte del civismo en nuestra Patria. ¡La omnipotencia legislativa! Nosotros, los suscritos senadores y diputados, dejamos constancia ante la Nación de nuestra actitud y esperamos tranquilos el fallo de la Historia”.

Del voto razonado escrito presentado en conjunto por los diputados doctores José María Velasco Ibarra y José Rafael Bustamante Cevallos, extraigo los siguientes textos en razón de los cuales reconocen la legitimidad de la elección de Neptalí Bonifaz Ascásubi, y, al mismo tiempo, exhortan al Presidente Electo a deponer el ejercicio de la Magistratura, por razones de orden moral y político: “El señor Neptalí Bonifaz es ecuatoriano por nacimiento.

Para sostener lo contrario tendríamos que poner al señor Bonifaz fuera de la protección de las leyes y consagrar el principio anárquico de que el Congreso, en materias sometidas a normas constitucionales, puede resolver lo que a bien tuviere, según las opiniones particulares de los legisladores”. (…) “Se ha observado que señor Bonifaz pudo haber perdido su nacionalidad por haberse atribuido la peruana en varios documentos públicos.

Al respecto, hemos de atenernos a la Constitución que determina, en su Art. 10, la manera como se pierde la nacionalidad.

Para que la voluntad haga perder la nacionalidad se requiere que el ecuatoriano llegue a nacionalizarse en otro Estado o que entre al servicio de Nación enemiga.

Las declaraciones realizadas por el señor Bonifaz no han llegado a producir el efecto jurídico de hacerle perder la nacionalidad ecuatoriana”.

Después de expresar que, por las razones jurídicas expuestas, “el señor Neptalí Bonifaz no tiene impedimento legal para ser Presidente de la República”, los doctores Velasco Ibarra y Bustamante Cevallos manifiestan que “este voto sería incompleto y no expresaría nuestro cabal sentir ni dejaría tranquila nuestra convicción íntima, si no lo complementamos entrando a considerar el aspecto moral y político que la elección del señor Bonifaz presenta”, expresando los dos doctos doctores que, “por regla general, al legislador no le corresponde apreciar las condiciones morales que afectan a un candidato para la Presidencia de la República”, señalando que “un procedimiento semejante sería, además, una desautorización ilegal, injusta y peligrosa de la voluntad de los electores”, para luego entrar a considerar que “en casos excepcionales, la situación moral y política del candidato a la Presidencia de la Nación, puede afectar las bases mismas constitucionales, puede implicar situaciones relacionadas directamente con los principios del Derecho Constitucional Positivo”, razón para enfáticamente sostener:

“En este caso el Legislador tiene que hablar y hablar con verdad”. El voto razonado, luego de enu - merar los documentos públicos y privados otorgados o suscritos por Don Neptalí expresa: “Estas declaraciones precisas, categóricas, reiteradas, sin ningún acto que las contradiga hasta 1914, demuestran la voluntad del señor Bonifaz que, si no consta en la forma que nuestra Ley exige para el cambio de nacionalidad, manifiesta claramente la desvinculación de sus sentimientos con el Ecuador y han producido ya el hecho de inquietar profundamente el espíritu nacional, creando un ambiente desfavorable para que el primer magistrado, en cumplimiento de su deber, fomente el bienestar de los asociados y resuelva los más delicados problemas nacionales”.

La altísima calidad moral de los firmantes del voto queda evidenciada con las siguientes expresiones: “Reconocemos que por segunda vez en el Ecuador la libertad de sufragio ha sido respetada y que tal circunstancia constituye un título limpio para ejercer el Poder. Pero, al mismo tiempo, tenemos que deplorar que algo tan delicado y poderoso como el sentimiento nacional, herido en muchos ecuatorianos, haya ocasionado una honda y enconada división en el País y sea un gravísimo obstáculo para la paz y la concordia, para la eficacia misma de la acción gubernativa, especialmente en lo relativo a la delicadísima cuestión del límite pendiente entre el Ecuador y nuestra Nación hermana, el Perú.

Confiamos en el honor del señor Neptalí Bonifaz, pero políticamente su situación no le permitirá

La Renuncia La Alternativa

Concluye el parecer de los dos esclarecidos diputados con esta solemne exhortación:

“Por estas consideraciones es imperioso que nuestro voto exprese, además, el anhelo, sereno y patriótico, de que el señor Bonifaz, a quien no mueve ningún deseo de Poder, abra, con actitud caballerosa, el campo para que se efectúe un nuevo plebiscito popular, que debería realizarse con las más amplias y efectivas garantías de libertad electoral, y que se llevaría a cano, estamos seguros, con unción democrática, dado el fervor patriótico en que vive al País en estos días” .

Al filo de la madrugada 20 de agosto, el Congreso descalificó al candidato de la “Compactación Obrera”: 46 votos a favor de la moción de Barsallo y 38 en contra de la misma. 8 escasos votos precipitan al País a la “Guerra de los 4 Días”.

Si Bonifaz atendía el pedido de los doctores Velasco Ibarra y Bustamante Cevallos y declinaba la Presidencia, la suerte del País tomaba otro rumbo menos cruel. Siete días después, la justa cólera de los partidarios del Presidente descalificado, apoyada por algunos regimientos acantonados en

Quito, se enfrentó contra otras fuerzas militares que pregonaban su respeto a la resolución del Congreso; ambos ardorosos mandos al grito de ¡viva la Constitución! mancharon de sangre las calles de la Capital y la Historia de la República, destrozaron hogares y la soberanía popular.

A la fecha de la descalificación de Bonifaz es Presidente del Congreso el Dr. Alberto Guerrero Martínez y ejerce como Encargado del Poder Ejecutivo el Dr. Alfredo Baquerizo Moreno (Presidente Constitucional 1916-1920); el 29 de agosto Don Carlos Freile Larrea asume como Encargado del Poder, función que declina el 31 de agosto, fecha en la cual, a falta de un presidente electo, el Dr. Guerrero Martínez se posesiona como Encargado del Poder, función que desempeña hasta el 14 de diciembre de 1932, día en el cual asume la Presidencia de la República Juan de Dios Martínez Mera.

Don Alberto Guerrero Martínez, quien votó a favor de la descalificación de Don Neptalí, dio fiel cumplimiento a aquello del “corsi ed ricorsi” de la Historia.