POLÍTICA

Diego Ordoñez deja la Secretaría de Seguridad en medio de una grave crisis de violencia en el país

Juicio político del presidente Lasso avanza en medio de incidentes

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, tramita el procedimiento para el juicio político iniciado en contra del primer mandatario. El jueves 6 de abril, se notificó al jefe de Estado del inicio del proceso. Por su parte, Lasso se dio por notificado y designó al abogado Édgar Neira Orellana para que lo defienda.

El miércoles 12 de abril se hizo oficial la salida de Ordóñez de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El ex funcionario estuvo al frente de esa cartera desde el 2 de agosto de 2022. El presidente Guillermo Lasso le encomendó, en su momento, la elaboración de políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad.

Su salida se da en medio de una serie de críticas de diferentes actores políticos y sociales, por el incremento de actos violentos que se han registrado a lo largo del primer trimestre de 2023. Y tras una de las jornadas más violentas que ha vivido el Ecuador, con el ataque armado ocurrido en el puerto de Esmeraldas el martes 11 de abril en el que fueron asesinadas nueve personas.

Ordoñez es abogado y fue asambleísta entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por el movimiento CREO. Después de renunciar a su curul en la Asamblea Nacional trabajó como Consejero Presidencial.

En su carta de renuncia, el ex secretario reconoció que el país vive un fenómeno inédito de violencia criminal, de delincuencia organizada y de recrudecimiento del delito común, parecido al que viven otras naciones latinoamericanas.

Ordoñez fue uno de los promotores del porte de armas de uso civil como una de las medidas para enfrentar la delincuencia, medidas adoptadas recientemente por el presidente Lasso a través de un Decreto Ejecutivo.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión, el mandatario y su defensa tienen hasta el domingo 16 de abril para presentar las pruebas de descargo, que serán incorporadas al proceso de elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización, en que deberá recomendar o no seguir con el juicio, que en caso de ser aprobado pasará al pleno de la Asamblea. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.

Para censurar al jefe del Estado se requieren no menos de 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, compuesta por 137 legisladores. Según los cálculos extraoficiales, hasta el momento existirían 63 votos seguros para la censura que corresponden a 47 del partido UNES y 16 del PSC. Los 29 restantes tendrían que venir de la Izquierda Democrática, Pachakutik o independientes.

Antes de instalar la sesión de la comisión prevista para el 10 de abril, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, insistió en la necesidad de que los cuatro solicitantes del juicio singularicen las pruebas del supuesto peculado cometido por el presidente Guillermo Lasso.

Por su parte, la legisladora Mireya Pazmiño, solicitante del juicio y separada de la bancada de Pachakutik, ratificó que no darán gusto al pedido del asambleísta Fernando Villavicencio de que se indique en qué página, párrafo o línea está el peculado.

El abogado del presidente, Édgar Neira, presentó un escrito en el que señala que varios pedidos de información de los asambleístas Roberto Cuero, Comps Córdova y María Gabriela Molina, de la bancada UNES, no permiten una apreciación suficiente de los antecedentes de los contratos suscritos por Flopec y sus resultados; por ese motivo, plantea peticiones complementarias de información.