Comparemos by Joel Bugarini

XXI XXI ASAMBLEA ASAMBLEA ORDINA ORDI XCIII XCIII CONSEJO CONS

DEL 24 AL DEL 2524 DEAL MAYO 25 DE DEMAYO 2018,DS

ARIA A DEDE LALA ASOFIS ASOFIS A.C. A.C. DIRECTIVO O DIRECTIVO

,ANCISCO SAN FRANCISCO DEL CAMPECHE, DE CAMPECHE, CAMP. CAMP.

COMPAREMOS

EDICIÓN 4 | AÑO 1 | 2018

REVISTA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECTOR GENERAL Jesús Ramón Moya Grijalva DIRECCIÓN EDITORIAL Claudia Orduño Peña

DIRECTORIO Jesús Ramón Moya Grijalva

DISEÑO EDITORIAL Marlenee Romero Celaya

AUDITOR MAYOR

COLABORADORES

AuditorA AdjuntA DE Fiscalización al Gobierno del Estado

Manuel Elías Mercado A. Kristobal Miguel Meléndez Aguilar

Rosa María Lugo Moroyoqui Martín Campoy Ibarra Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios

Nicolás Pineda Pablos Ricardo García Sánchez

Karla Beatriz Ornelas Monroy

Víctor S. Peña

directora general de fiscalización al gobierno del estado

Jehú Jonathan Ramírez Camberos Miguel Ángel Murillo Aispuro Alberto Haaz Díaz Aquiles Fuentes Fierro Irma Laura Murillo Lozoya

María Judith Rivera Piri Directora general de auditoría a Obra Pública

Omar Rodríguez Duarte Director General de auditoría al Desempeño

Omar Benítez Burboa director general de Asuntos Jurídicos

Saúl Ballesteros Leyva Director general de investigación

Adrián David Payén Pérez Director General de substanciación

Irma Idalia Arvizu Ibarra :

DirectorA General de Administración

Claudia Orduño Peña Directora General de vinculación

ISAF instituto superior de auditoría y fiscalización

Blvd. Paseo Río Sonora Sur No. 189, entre California y Río Cocóspera Col. Proyecto Río Sonora, C.P. 83270, Hermosillo, Sonora. Teléfonos y Fax (662) 2 36 65 04 al 08 www.isaf.gob.mx | atencion@isaf.gob.mx

José Joaquín García Valderrama Director General de Tecnologías de la Información

Las aportaciones que recibimos mediante artículos, notas o comentarios enriquecen la revista y se publican en los precisos términos en los que nos son enviados por quienes los suscriben, siendo por ello de su más estricta responsabilidad y no necesariamente coinciden con el criterio del Consejo Editorial de Auditoría Gubernamental. El material editorial y las fotografías pertenecen al departamento de vinculación del ISAF excepto eventos especiales. Queda prohibida su reproducción parcial o total.

COMPAREMOS

EDITORIAL El objetivo de esta edición de nuestra revista institucional, Comparemos, con la cual llegamos a un año de publicaciones, es dar a conocer las acciones derivadas del conocimiento y aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades, misma que también cumple en vigor un año, así como las acciones de prevención de la corrupción que se derivan de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. En este sentido, en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, contribuimos a la cultura del combate a la corrupción, mediante un acercamiento con los entes auditados tales como los municipios, acercamiento fortalecido por el convenio que la Institución tiene con la Secretaría de la Contraloría General que permite dar seguimiento a las acciones de fiscalización con estos organismos municipales. Por otro lado, hemos sido parte activa como miembros del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde, además de formar parte de las reuniones del propio comité, desde agosto de 2017 hemos participado en las Jornadas de Capacitación para servidores públicos donde se logró alcanzar la cifra de 5 mil capacitados. Los servidores públicos se desenvuelven en nuevo marco normativo que nos exige una actualización permante. Así mismo, la ley nos indica la participación y asistencia a reuniones de índole nacional donde, los organismos de fiscalización, podemos compartir las acciones que, en apego a la propia ley deben aplicarse a los entes que reciben ingreso público con la finalidad de contribuir a la transparencia y al combate a la corrupción, de este modo, fuimos parte entre otras, de la reunión donde el Auditor Superior de la Federación compartió su llegada a la Auditoría Superior de la Federación y también fuimos testigos de la primera entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 a la H. Cámara de Diputados. Las acciones que se han llevado a cabo durante este año nos han permitido conocer la interesante e importante evolución a la que se han visto expuestos los entes en materia de capacitación, fiscalización y atención a observaciones. El reconocimiento de que el combate a la corrupción compete a todos, ha permitido identificar los mecanismos y herramientas necesarios para el combate de la misma, esto nos lleva a transformar la ideología de contribuir al combate a la corrupción por la de contribuir a la cultura de la integridad.

JESÚS RAMÓN MOYA grijalva AUDITOR MAYOR 2018 | ISAF | COMPAREMOS

contenido

EDICIÓN

No.4

REVISTA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL.

12 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS EN SONORA

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL QUEHACER DEL SERVIDOR PÚBLICO

15 la mudanza de las ideas del patrimonialismo a la gobernanza democrática 18 el sistema nacional anticorrupción y su vinculación con los compromisos internacionales de méxico La lucha contra la corrupción no es un tema nuevo, ni exclusivo de nuestro país, es un tema que ha proliferado con mayor intensidad desde mediados del siglo pasado y el cual ha evolucionado conforme la administración pública y su relación con los particulares se ha modernizado y adecuado al mundo actual.

25 código de ética en las organizaciones públicas ¿se conoce qué es?

6 COMPAREMOS | ISAF | 2018

28 primer año de la ley estatal de responsabilidades y de la ley del sistema estatal anticorrupción 36 conocimiento de la ley y prevención de la corrupción 41 a 1 año de la ley estatal de responsabilidades 47 vinculación

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL QUEHACER DEL SERVIDOR PÚBLICO Por: Manuel Elías Mercado A.

El presente artículo trata sobre los principios y directrices que deberán regir el actuar de todo servidor público mientras desempeñe un cargo público. La Ley Estatal de Responsabilidades establece que todo servidor público deberá actuar siempre conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rijan su empleo, cargo o comisión, por lo que cada servidor público tiene el compromiso de conocer y cumplir las disposiciones que regulen el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades. Por otra parte deberán conducirse con rectitud y en ningún momento pretender obtener algún beneficio o ventaja personal o favor de terceros, por lo que queda estrictamente prohibido aceptar dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona, satisfaciendo así el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general. El servidor público de que se trate, deberá dar el mismo trato a las personas y no deberá conceder privilegios o preferencias a determinadas organizaciones o personas, ni permitirá que influencias, intereses o perjuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o desempeñar correctamente su encargo. Asimismo cada servidor público deberá actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sean sus responsabilidades. De igual forma deberán de administrar los recursos públicos que tengan bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos y fines para los que fueron destinados. Deberán promover y respetar en todo momento los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal así como en la Constitución Local. Por todo lo anterior es que recae un compromiso ineludible a todo servidor público ya que estos deben corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, teniendo una vocación de servicio a la sociedad, absteniéndose de realizar cualquier conducta en contra de los principios que rigen el servicio público y a la normatividad que les aplique según sea el caso. 8 COMPAREMOS | ISAF | 2018

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integridad Los servidores públicos actúan con honestidad, de forma conﬁable, de buena fe y a favor del interés público. La integridad es la base que establece la conﬁanza de la ciudadanía en el trabajo de la institución.

objetividad Los servidores públicos no subordinan el cumplimiento de sus funciones a criterios ajenos a las labores emprendidas, por lo que las opiniones a las que lleguen deberán sustentarse solo en evidencia suﬁciente, competente, pertinente y relevante, la cual se ha valorado y comunicado de manera equilibrada.

imparcialidad Los servidores públicos dan a todos los sujetos el mismo trato si se encuentran en las mismas circunstancias, sin permitir la injerencia de prejuicios o preferencias personales en la elaboración de un dictamen u opinión. Es esencial que no sólo actúe de manera independiente, objetiva e imparcial en los hechos, también debe velar por que sus actos no generen ante terceros la impresión o percepción de que se han transgredido estos principios.

PROFESIONALISMO Los servidores públicos aplican los más elevados niveles profesionales en la realización de su trabajo con el objeto de desempeñar sus responsabilidades como un proceso ordenado, sistemático y riguroso. Tienen el deber ético y profesional de contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades individuales; asimismo, el Instituto tiene la obligación de promover y facilitar al personal auditor la adquisición de conocimientos mediante capacitación continua.

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LEGALIDAD Los servidores públicos se conducen con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.

HONRADEZ Los servidores públicos no utilizan su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco buscan o aceptan compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

LEALTAD Los servidores públicos corresponden a la conﬁanza que el Estado de Sonora les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

EFICIENCIA Los servidores públicos optimizan los recursos para lograr los objetivos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

EFICACIA Los servidores públicos cuentan con capacidad para alcanzar metas y objetivos institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

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EQUIDAD Los servidores públicos no favorecen en el trato a una persona perjudicando a otra, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

TRANSPARENCIA Los servidores públicos garantizan el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley.

ECONOMÍA Los servidores públicos optimizan los recursos que usen, administren o ejecuten con motivo de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

COMPETENCIA POR MÉRITO Signiﬁca valorar las capacidades de los servidores públicos de carrera, con base en los conocimientos, habilidades, experiencia y logros alcanzados.

Tomado del Código de Ética del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

2018 | ISAF | COMPAREMOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DE

SONORA Por: Kristobal Miguel Meléndez Aguilar

En 2018, los ingresos totales de Sonora son 16,552 pesos por habitante (SHCP 2018 a). De los cuales, 7,406 pesos son de participaciones (44.7% del total), 5,039 pesos de aportaciones (30.4% del total) (SHCP 2017), 2,069 pesos de impuestos locales (12.5% del total) y 2,038 pesos (12.3% del total) de otros ingresos (SHCP 2018 b).

Clasificación de ingresos La composición de estos ingresos se pueden clasificar en etiquetados y de libre disposición. Los ingresos por aportaciones están etiquetados y tienen un destino específico; por lo que la entidad federativa está obligada a usar esos recursos en educación, salud o para disminuir la pobreza; dependiendo del monto que reciba de cada fondo de este rubro. En cambio, los ingresos de libre disposición que están integrados por las participaciones y los impuestos locales pueden tener el destino que el estado considere más conveniente para sus intereses. Los otros ingresos que provienen del Ramo 23, convenios o seguro popular, pueden o no tener fines etiquetados; por lo que son mixtos. Los ingresos de Sonora también se pueden clasificar en federalizados y no federalizados. Las participaciones, aportaciones y otros ingresos son federalizados (87.4% del total). Los 12 COMPAREMOS | ISAF | 2018

impuestos locales son ingresos no federalizados (12.5% del total). Uno de cada 8 pesos de ingreso es propio; por lo que 7 de cada 8 pesos dependen de transferencias federales.

Recaudación federal participable Una parte importante de las transferencias federales dependen de la Recaudación Federal Participable (RFP). De la cual, las entidades federativas tienen derecho de casi un 30% distribuido en participaciones y aportaciones. La recaudación federal participable (SHCP 2018 b) se compone de impuestos tributarios (ISR, IVA, IEPS y otros) y de la mayor parte de los ingresos petroleros (Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo).

Participaciones De los 7,406 pesos per cápita que reciben los sonorenses por concepto de participaciones (SHCP 2017), 4,771 pesos son por el Fondo General de Participaciones (64.4% del total).

Este fondo recibe el 20% de la RFP (Cámara de Diputados 2018). Se distribuye a las entidades federativas considerando la distribución que tenían los estados en 2007, el desempeño económico y recaudación de impuestos locales (estos dos últimos elementos son comparativos y se distribuyen recursos dependiendo el desempeño de las demás entidades federativas en el último año). Los municipios de Sonora reciben 144 pesos por persona por el Fondo de Fomento Municipal (1.9% del total). Este fondo recibe el 1% de la RFP (Cámara de Diputados 2018). Se distribuye a los municipios considerando la distribución de 2013 y la recaudación de agua y predial (la comparación es a nivel estatal para la distribución de recursos). La entidad federativa recibe 1,199 pesos per cápita por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (16.2% del total). Este fondo recibe el 1.25% de la RFP (Cámara de Diputados 2018). Se distribuye a los estados respecto a la distribución de 2013, los niveles de recaudación local y de actividades de ﬁscalización. A Sonora, en comparación con las demás entidades federativas, le va muy bien en este fondo. A pesar de que este fondo recibe sólo 25% más recursos que el Fondo de Fomento Municipal, la entidad federativa recibe 733% más por este concepto. Las participaciones por el consumo de gasolina representan 303 pesos por persona (4.1% del total). Por concepto de ISR por el personal de las entidades federativas, Sonora recibe 265 pesos per cápita (3.6% del total). Las participaciones por el IEPS a bebidas alcohólicas y por tabacos labrados son de 159 pesos por habitante (2.1% del total). Por concepto de incentivo a la venta de automóviles nuevos, la entidad federativa recibe 89 pesos por persona (1.2% del total). Por tener frontera por donde se exporta e importa bienes, Sonora recibe participaciones por este concepto de 64 pesos per cápita (0.9% del total). Por otros incentivos, el estado recibe 372 pesos por habitante (5% del total). Entre todas estas participaciones suman 16.9% del total. Un monto similar al que se recibe por el Fondo de Fiscalización y Recaudación.

Aportaciones De los 5,039 pesos per cápita que reciben los sonorenses por concepto de aportaciones (SHCP 2017), 2,960 pesos son por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (58.7% del total). Este fondo está etiquetado a educación, principalmente para servicios personales de educación básica. Sonora recibe por el fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 98 pesos por habitante (1.9% del total). Estos recursos también están etiquetados para educación para disminuir alfabetización. La entidad federativa recibe 815 pesos por habitante por Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (16.2% del total). Este fondo está etiquetado para salud, para promover la equidad de salud. Son recursos que se destinan, principalmente, a sonorenses que no tienen servicios de salud por alguna institución. Los recursos por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social son 213 pesos por sonorense (4.2% del total). Este fondo está etiquetado para disminuir los niveles de pobreza. El monto del fondo es el 2.5294% de la RFP (Cámara de Diputados 2018). Los recursos que reciben los estados dependen de la distribución de 2013, la proporción de carencias y la variación de la pobreza extrema. Por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Sonora recibe 292 pesos per cápita (5.8% del total). El monto del fondo representa el 1.4% de la RFP (Cámara de Diputados 2018). Los recursos que reciben las entidades federativas dependen de la distribución de 2007 y del inverso del PIB (A menor crecimiento económico mayores recursos). Este fondo está etiquetado para inversión pública, saneamiento ﬁnanciero, modernización o educación pública con el objetivo de disminuir la desigualdad entre los estados.

2018 | ISAF | COMPAREMOS

Gasto público federal en Sonora Como complemento al gasto federalizado, el gobierno federal ejerce un gasto público en la entidad federativa (Transparencia Presupuestaria 2018) que consiste en 503 pesos por sonorense para inversión pública. En servicios personales, el gobierno federal gasta 3,840 pesos per cápita. En servicios generales, el monto es de 1,266 pesos por habitante. El gasto fuerte del gobierno federal en Sonora son las transferencias que equivalen a 7,070 pesos por persona.

Ingresos locales

Conclusiones

La entidad federativa recauda impuestos locales por 2,516 pesos per cápita (SHCP 1018 b), encima del promedio nacional que es de 2,069 pesos por habitante. De estos impuestos locales, corresponde 1,050 pesos por predial y agua por sonorense (a nivel nacional es 913 pesos por mexicano). A su vez, el PIB estatal per cápita de Sonora de 237 mil pesos es 41.9% superior al PIB por mexicano de 167 mil pesos. El nivel de participaciones de la entidad federativa de 7,406 pesos por sonorense es superior a los 6,505 pesos por mexicano. Aunque el nivel de aportaciones de 5,039 pesos por sonorense es menor a los 5,400 pesos por mexicano (SHCP 2017).

La entidad federativa tiene participaciones y recaudación local por encima del promedio nacional. Esto ha ayudado a que se tenga menores niveles de pobreza y mayores niveles de educación. Sin embargo, Sonora presenta niveles de endeudamiento, debiendo casi año y medio de su principal fuente de ingresos de libre disposición.

Contexto de los ciudadanos Los ingresos de Sonora han permitido a que su población tenga un ingreso promedio de 5,519 pesos. Los niveles de pobreza extrema son de 2.7% del total de los sonorenses y sólo el 21.9% de sus trabajadores no tiene la secundaria terminada. Sin embargo, el 39% de la población padece inseguridad alimentaria (INEGI 2018).

Deuda Cada uno de los sonorenses debe 7,614 pesos. Esto signiﬁca que la entidad presenta un endeudamiento equivalente al 4.1% respecto a su PIB estatal o del 148% respecto a sus participaciones o del 46% respecto al total de sus ingresos. El perﬁl de la deuda es a un plazo de 16.3 años con una tasa de interés promedio ponderada del 7.5% (SHCP 2018 a).

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Bibliografía • Cámara de Diputados (2018). Ley de Coordinación Fiscal. •Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). Microdatos. • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2018 a). Disciplina Financiera. • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2018 b). ACUERDO por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio ﬁscal de 2018. • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2017). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. • Transparencia Presupuestaria (2018). Presupuesto.

LA MUDANZA DE LAS IDEAS DEL PATRIMONIALISMO A LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Por: Nicolás Pineda Pablos

Dice Víctor Hugo que “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.

Patrimonialismo El concepto de patrimonialismo fue acuñado por el sociólogo Más Weber a principios del siglo XX. Este pensador social lo usó para describir el ejercicio del poder en las sociedades tradicionales como la antigua China o los sultanatos del Medio Oriente. El poder patrimonial signiﬁca que el gobernante es considerado el dueño del país y de todo lo que gobierna; es dueño del territorio y de su gente y puede hacer con ellos lo que guste. Son siempre gobernantes muy ricos que viven en palacios, rodeados del

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En México, hemos estado observando un cambio de la manera de pensar sobre cómo debe de ejercerse el poder y cómo debe de funcionar la administración pública. Se aprecia un fuerte rechazo a lo que los politólogos llaman el “patrimonialismo” y se percibe una fuerte demanda hacia una “gobernanza democrática”. Trataremos aquí de hacer una breve reseña de lo que signiﬁcan estos dos conceptos y de la transición de ideas que implica el paso de una a la otra.

harén, de esclavos y sirvientes eunucos. El gobernante dicta personalmente las leyes, cuenta con tesoros, riquezas y una fuerza pública que utiliza a su arbitrio. Los súbditos están obligados a obedecerle y a hacer lo que él diga y solo tienen los derechos que les reconozca el gobernante. Muchos aspectos del patrimonialismo prevalecieron incluso en los estados absolutistas europeos. El rey de Francia en el siglo XVIII, Luis XIV llegó a decir “El Estado soy yo”, o bien el rey español Carlos III dijo: “el deber de mis súbditos es callar y obedecer”.

Esta forma de ejercer el poder quedó obsoleta a ﬁnes del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la llegada de las ideas del contrato social, los derechos humanos, el poder dividido, la constitución y la democracia. Sin embargo, la idea del poder patrimonialista perdura en las sociedades menos desarrolladas con gobiernos autoritarios en donde se da una simulación de autoridad moderna o democrática, pero en el fondo siguen operando las ideas y los modos del patrimonialismo. En estos casos las leyes y reglas formales hablan de división de poderes, 2018 | ISAF | COMPAREMOS

de ejercicio democrático, de elecciones libres y rendición de cuentas, pero en la práctica siguen prevaleciendo las reglas informales y los usos del patrimonialismo que, en este caso, conocemos comúnmente como “corrupción”. Entre las formas patrimonialistas está la utilización de los recursos del gobierno para provecho personal o de un grupo o favorecer a los amigos y familiares. Éste ha sido el caso de México en donde el poder se ha ejercido como una propiedad o prerrogativa particular de una persona o grupo reducido. Muestra de esta forma de ejercer el poder son las ideas de que “un político pobre es un pobre político” o de que la manera de arreglarse con los funcionarios públicos es por medio de “palancas”, y de que hay que darles sobornos o “mordidas” y “mochadas”; así como de que ser pariente o amigo personal de un gobernante era garantía para obtener prebendas y tratos privilegiados. Al menos durante el Porﬁriato y la mayor parte del siglo XX, en México, el poder patrimonialista ha sido considerado un atributo o privilegio de los gobernantes o de una elite política. Ahora, con la transición democrática desde la década de los noventa del siglo XX, esas ideas y usos ya no se ven como aceptables y existe una fuerte demanda de cambio, un cambio hacia una sociedad más moderna y democrática.

Gobernanza democrática Se habla de “gobernanza” y no simplemente de gobierno, cuando ya no funciona el tipo de gobierno tradicional, vertical y jerárquico donde basta con que un gobernante dé las órdenes y leyes para que las cosas se hagan. La gobernanza supone una red de actores gubernamentales y de la sociedad civil que concurren para la solución de los problemas sociales y para la formulación de políticas

16 COMPAREMOS | ISAF | 2018

públicas. Se entiende que el gobierno ya no puede operar sin la participación de la sociedad civil. Así la atención de muchos problemas actuales, requieren de la concurrencia de diversas entidades de gobierno, así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil. Es el caso, por ejemplo, de la inseguridad y del combate al crimen organizado o del combate a la corrupción. La gobernanza es además “democrática” cuando el poder se obtiene por medio de elecciones libres y se ejerce de una manera transparente, honesta y como un servicio público. En este caso, el ejercicio de la gobernanza democrática requiere la existencia de un servicio profesional de carrera, en donde los puestos públicos no se otorguen como favores personales para los parientes y conocidos, ni los recursos o las decisiones públicas se utilicen para beneficio o enriquecimiento personal de un grupo reducido o una elite política. Quedan desterradas, por lo tanto, las “palancas” y las “mordidas”, o, dicho en términos más formales, el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la malversación de fondos y el enriquecimiento con los recursos públicos. Francis Fukuyama, uno de los politólogos más reconocidos de la actualidad, considera que el desarrollo político de una sociedad requiere de tres elementos: un Estado fuerte, Estado de derecho y rendición de cuentas. El Estado fuerte se obtiene con un buen servicio público honesto, competente, profesional y de carrera. El Estado de derecho implica que las leyes se aplican no solo a los gobernados, sino también y principalmente a los gobernantes. La rendición de cuentas significa que el poder se ejerce no como un privilegio o derecho de propiedad personal, sino como un servicio público para la ciudadanía, de manera transparente, honesta, eficiente y eficaz.

Patrimonialismo

Gobernanza democrática

• El poder se hereda como patrimonio personal o de grupo.

• El poder se obtiene por elección de los ciudadanos.

• El gobernante usa el tesoro y a los sirvientes a su gusto personal.

• El gobierno cuenta con servicio profesional de carrera.

• Los súbditos están para callar y obedecer.

• Las políticas públicas incluyen la participación de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil.

• Las leyes son para los gobernados pero no aplican para los gobernantes. • El gobernante no tiene que dar explicaciones a nadie de sus decisines y acciones.

• Las leyes se aplican a todos, incluyendo a los gobernantes. • Los gobiernos son transparentes y rinden cuentas a la sociedad.

De este modo, al contrastar el régimen de gobierno patrimonialista con la gobernanza democrática, se observa que existen diferencias clave. Entre estas diferencias están que los puestos de poder se obtienen por medio de elecciones libres, que las políticas públicas se llevan a cabo con la participación social, que las leyes y la justicia se aplican no solo a los gobernados sino también a los gobernantes y que los gobernantes son responsables ante la ciudadanía y le rinden cuentas de sus decisiones y acciones. Una muestra de la mudanza o cambio de ideas en la sociedad mexicana son la creación de los sistemas de combate a la corrupción y la promulgación de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.

Nicolás Pineda Pablos Doctor en Filosofía con especialidad en Políticas Públicas y en Planeación

Sin embargo, hace falta que estos sistemas y leyes se vuelvan no solo reglas formales sino parte de la práctica y usos normales tanto de los gobernados como de los gobernantes. Se requiere que la mudanza de ideas que se está dando en la sociedad, sea también la mentalidad y la actuación de los gobernantes. Antes como antes, ahora como ahora.

Comunitaria y Regional. Universidad de Texas en Austin. Investigador Colegio de Sonora.

2018 | ISAF | COMPAREMOS

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO Por: Ricardo García Sánchez

La lucha contra la corrupción no es un tema nuevo, ni exclusivo de nuestro país, es un tema que ha proliferado con mayor intensidad desde mediados del siglo pasado y el cual ha evolucionado conforme la administración pública y su relación con los particulares se ha modernizado y adecuado al mundo actual.

urante las décadas de los años cincuenta hasta principios de la década de los años setentas del siglo XX, el fenómeno de la corrupción se consideraba como un tema menor y se tenía la concepción jurídica que su combate se limitaba a regulaciones legales en el código penal correspondiente, es decir el combate a la corrupción en los países con mayor índice de desarrollo no estaba en la agenda pública. En tanto en los países de menor desarrollo como lo son los países de América Latina incluyendo a México, la corrupción era observada como un mal necesario en el camino a la modernidad o fue instrumentalizada en el contexto de los intereses de la Guerra Fría, según lo describe enfáticamente Samuel P. Huntington en su libro “Modernization y Corruption”. 18 COMPAREMOS | ISAF | 2018

En este contexto, una segunda etapa de la lucha contra la corrupción a nivel internacional empieza a ﬁnales de la década de los setentas, cuando en Estados Unidos el Congreso emitió la Foreign Corrupt Practices Act8 (FCPA), que por primera vez previó sanciones en contra del soborno de funcionarios extranjeros por empresas nacionales, promoviéndolo ante la ONU un acuerdo para criminalizar esta característica del soborno, lo cual no tuvo mucho éxito ya que sólo Suecia replico el modelo americano. En este mismo orden de ideas, una tercera etapa de la lucha internacional contra la corrupción se presentó a mediados de los años noventa con el

inicio de la globalización, la difusión cada vez mayor de los valores democráticos y de políticas públicas orientadas a la consolidación del Estado de derecho, además de nuevos estudios académicos en su mayoría, sobre el impacto de la corrupción en la economía, ayudo a una mayor presencia mediática del tema, que se tradujo a un mayor interés por parte de la sociedad civil organizada, situación que encamino a que varias organizaciones internacionales se ocuparan del tema, podemos decir que entramos a una etapa de negociación de los primeros tratados internaciones en la materia.

Las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia anticorrupción En esta nueva tendencia de los tratados internacionales en la materia, el Estado mexicano es parte de tres tratados en materia anticorrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (CCCFPETCI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

En 1996, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se convertiría en el primer organismo en lograr la conclusión de un tratado en la materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción,

Las tres convenciones son jurídicamente autónomas entre sí, sin embargo es importante soslayar que debido a que los objetivos y ﬁnes de los tres tratados son similares, deben ser vistos como complementarios entre sí y como parte de una estrategia para prevenir, erradicar y disuadir las prácticas públicas y privadas constitutivas de la corrupción, adquiriendo nuestro país un conjunto de obligaciones que en su mayoría se ven reﬂejadas en la confección del Sistema Nacional Anticorrupción.

en la misma tónica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se firmó el 17 de diciembre de 1997 la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Las tres convenciones en materia anticorrupción de las que el Estado mexicano es parte establecen obligaciones de cinco tipos: 1. Medidas preventivas. 2. Tipiﬁcación de delitos. 3. Normas procesales. 4. Normas sobre cooperación internacional. 5. Normas sobre recuperación de activos.

y por último en el marco de las Naciones Unidas se auspició la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Para efectos de este artículo nos centraremos únicamente en las medidas preventivas y las normas procesales que ha incorporado México a su legislación derivado de sus compromisos internacionales. Para el cumplimiento de las obligaciones internacionales a cargo del Estado mexicano, era imperativo para nuestro país incluir en nuestra legislación normas que establezcan medidas de prevención de actos de corrupción.

2018 | ISAF | COMPAREMOS

Éstas son básicamente normas sobre el Estado de derecho, la transparencia de la hacienda pública, los códigos de conducta, el fomento de la denuncia de funcionarios públicos, la obligación de los funcionarios públicos de presentación de declaraciones patrimoniales, la transparencia y el acceso a la información, el combate de prácticas de corrupción en el sector privado, la participación de la sociedad civil entre otras. Dentro de las medidas preventivas destaca el establecimiento de órganos especializados de combate a la corrupción. Los artículos 6 y 36 de la CNUCC y el artículo III, párrafo 9, de la CICC precisan que los Estados Parte deberán establecer órganos independientes de prevención de la corrupción que cuenten con personal especializado y recursos suficientes para supervisar, coordinar y aplicar las políticas públicas de la materia. (Artículos 38 y 39 de la CNUCC), lo cual se llevó a cabo en la reformas del Sistema Anticorrupción con el fortalecimientos de la Auditoria Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administración y la creación de la Comité de Participación Ciudadana, modelo que se replicó en las Entidades Federativas. En términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la CNUCC se deberá procurar que la contratación de funcionarios públicos se base en sistemas “de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de funcionarios públicos”, observando procedimientos de selección, formación y capacitación especializada transparentes. Se debe considerar el establecimiento de medidas para promover que los funcionarios públicos denuncien actos de corrupción y para que hagan públicas sus actividades externas que puedan significar un conflicto de intereses con sus funciones públicas (artículo 8 de la CNUCC). Partiendo de lo anterior nos podemos dar cuenta que la legislación que comprende tanto el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción contempla todas las exigencias internacionales planteadas desde hace más de 20

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años, por citar unos ejemplos la Ley Estatal de Responsabilidades ya contempla un servicio profesional de carrera para aquellos servidores públicos encargados de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas que esta Ley reconoce, que forman parte de la Secretaría y de los Órganos Internos de Control lo cual pone a Sonora en la vanguardia en la profesionalización de los servidores públicos encargados del combate a la corrupción. También en la Ley Estatal de Responsabilidades se establece la posibilidad que las denuncias de actos de corrupción podrán ser anónimas, para lo cual las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones, además faculta a la Secretaría de la Contraloría para realizar convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. Otra obligación internacional que incluye la nueva legislación en materia de responsabilidades a nivel federal y estatal es la presentación obligatoria de todos los funcionarios públicos de sus declaraciones patrimoniales, interés y fiscal, lo cual es gran avance para el monitoreo del ocultamiento de posibles conflictos de intereses y por supuesto del enriquecimiento ilícito, lo cual se facilitará con la Plataforma Digital Nacional. La inclusión de la sociedad civil en los modelos de combate a la corrupción sin lugar a dudas es el parteaguas en las políticas públicas de nuestro país en el combate a la corrupción, por ello atendiendo a las recomendaciones internacionales antes descritas tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Estatal, es presidido por un ciudadano electo por una Comisión de Selección Ciudadana, pero también por primera vez en nuestra legislación, se establecen sanciones contra las personas físicas o morales que se encuentran vinculados con faltas administrativas graves.

Coincidencias del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Internacional Anticorrupción

Los sistemas nacional e internacional en materia anticorrupción muestran tres coincidencias fundamentales: • Su objetivo es la coordinación y armonización de las normas procesales y sustantivas de diversos sistemas normativos; por un lado, entre las disposiciones de los diferentes Estados Parte de las convenciones anticorrupción —sistema internacional— y, por la otra, entre las disposiciones del sistema jurídico federal y los sistemas jurídicos locales. • Establecer un amplio catálogo de medidas preventivas, capacitación de funcionarios, la transparencia de la información en el combate a la corrupción y la emisión de códigos de ética.

En el caso del modelo mexicano, nos percatamos que el Sistema Nacional Anticorrupción arriesgó su éxito en establecer disposiciones preventivas de carácter institucional y por un aumento de las sanciones penales y administrativas, lo cual ha sido objeto de críticas de especialistas, sin embargo debemos de reconocer que las reformas tanto Constitucionales y legales a nivel federal y local, que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción han servido para transformar la legislación nacional, con la finalidad de que estas acaten las obligaciones internacionales que el Estado Mexicano ha contraído al ratificar las convenciones anticorrupción, lo cual refleja que si bien en cierto nos falta mucho por hacer, estamos sobre cimientos firmes para contar con Instituciones fuertes y autónomas que al final del día cumplan lo que el ciudadano exige, un fin a la impunidad.

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RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO(S) ABIERTO(S): Una aproximación Por: Victor S. Peña

Permitir el escrutinio sobre el trabajo de las autoridades y (sobretodo) propiciar la rectificación o reparación de lo mal hecho, es una condición fundamental de todo régimen democrático. Vale, hasta aquí todos contentos. Pero ¿cómo se trasladan estas palabras a los hechos? La respuesta sigue construyéndose. Abordamos aquí dos ejemplos: la rendición de cuentas y el gobierno abierto. ea porque en la práctica no fue una prioridad de los gobiernos posrevolucionarios ni una exigencia de la sociedad o, por el contrario, por tratarse de un deseo plasmado en nuestra Carta Magna desde comienzos del Siglo XX pero eliminado a ﬁnales de los años setenta del siglo pasado, lo que tenemos alrededor de la rendición de cuentas (en adelante RC) al día de hoy es un andamiaje endeblemente acoplado.

instrumentales, RC ha provocado el uso (y hasta abuso, si se quiere) del término, acarreando, con esto, un sinnúmero de consecuencias y grados de efectividad dependiendo de las normas, programas o proyectos de que se trate.

¿Por qué? Aquí la primera conjetura: La ausencia de un acuerdo mínimo sobre qué implica, en términos

¿Cómo negar, por ejemplo, la importancia de experiencias como las Contralorías Sociales?

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Obsérvese con cuidado: La situación que ahora preocupa (en términos generales) no es la ausencia de acciones a favor de la RC, sino el problema que acarrea el tener acciones aisladas y con una limitada capacidad de comunicación entre ellas, dada la diversidad de objetivos que persiguen.

¿Qué decir de esfuerzos como el “Informe de Rendición de Cuentas de las Administración Pública Federal 2006-2012” donde se concentran los resultados sobre la materia en una administración federal? En fechas recientes ha circulado un interesante documento denominado Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) que logra entretejer en siete ejes una serie de actividades para el Ejecutivo Federal. En cada Estado y Municipios, donde el tema ocupa un lugar en la agenda seguramente se encuentran informes sobre las acciones emprendidas bajo el rubro. El conocimiento ahí acumulado no es menor ni debe despreciarse. ¿El problema? Que cada esfuerzo está desarticulado del resto, disminuyéndole las probabilidades de éxito a las pretenciones del discurso, aquello de la rendición de cuentas como parte de un régimen democrático, lo de la rectiﬁcación o reparación de lo mal hecho. En un sistema mal acomplado, las partes no suman. Por el contrario, restan y se restan en términos de efectividad. En tanto no exista un acuerdo acabado sobre los límites conceptuales de la rendición de cuentas ni de sus componentes (autores como Schedler, 2004; López Ayllón & Merino, 2010; Rico Urbiola, 2011 lo han hecho notar), no hay respuesta sencilla a este cuestionamiento. Pero algo debe hacerse. Avanzar en torno de una construcción conceptual implica una ardua tarea intelectual que, sin duda, tendría profundas implicaciones prácticas. Debemos, sin embargo, ser realistas: Por cada ocasión en que se intenta avanzar en una propuesta conceptual, hay cien políticos en campaña prometiendo lo que ellos creen es “rendir cuentas”, mil periodistas exigiéndolo y diez mil personas esperándolo. Es imposible llegar a un acuerdo para, hasta entonces, comenzar a trabajar. Como en otros temas donde el discurso arraigó en un campo diferente al de las medidas implementadas, debe

avanzarse cribando lo hasta ahora dicho y escrito para identiﬁcar aquellos elementos de valor. Otro ejemplo nos lo da el llamado “gobierno abierto”. Poco más de quince años han pasado y la idea comienza a permear: eso llamado transparencia incide mucho menos de lo que, en discurso, prometía. La coincidencia de su aparición junto al cambio del partido que ostentaba la Presidencia, tal vez, detonó expectativas que fueron, con el tiempo, moderándose. Luego, abandonándose. Pasó el tiempo y la evidencia no se juntó: las decisiones colectivas no estuvieron mejor informadas, la organización interna de las oﬁcinas tuvo un ritmo propio, la corrupción persistió. Por otro lado: Se puede ser muy transparente y, al mismo tiempo, muy corrupto; se puede tener la mejor ley y, no por eso, las mejores prácticas; se pueden llenar páginas con datos y documentos y, no por eso, provocar una mejor información. Se creó, eso sí, una enorme estructura para la promoción y defensa de la nueva agenda. Mucha tinta ha corrido, muchos discursos pronunciados. Y, pese a esto, quedó corto. Avances hay, por supuesto. Casos excepcionales donde eso llamado transparencia marcó la diferencia. Destaco el volumen del ruido sobre el número de nueces, eso es todo.

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Pero si la transparencia quedó a deber, lo importante ahora es preguntarnos: ¿por qué resultó así? y, de llegar a una respuesta, ¿qué puede cambiarse? En lo de la transparencia, me parece, poco se hizo por acordar qué se entendía por ello. Tácitamente se reconoció que todos entendíamos el discurso de la misma manera. Un discurso, además, construido en el nivel de la metáfora. Para que las cosas sucedan, los implementadores requieren más. Sin señales claras, con mensajes encontrados, los implementadores se dedicaron

(en el mejor de los casos) a cumplir con leyes… mismas que, desde el diseño, no han estado alineadas con lo que se prometía en el discurso. Faltó, para decirlo directo, trabajar en una deﬁnición prescriptiva para la política pública y no solo en una construcción conceptual. Un ciclo recorrido muchas veces sin darnos cuenta. Entre las fórmulas que actualmente se intentan como para saldar los pendientes de la transparencia, se encuentra el Gobierno Abierto. Aquí hay, más o menos, un acuerdo conceptual: se integra la transparencia,

la participación y la corresponsabilidad. Hay discusión a nivel conceptual pero, como sucedió con la transparencia, sigue faltando una deﬁnición prescriptiva para la política pública. Luego resulta que todo, cualquier cosa, es Gobierno Abierto. Concluyen que lo ya hecho era Gobierno Abierto, pero con otro nombre. Si así fuera, que cualquier cosa puede ser Gobierno Abierto o es lo ya hecho pero con otro nombre, hay focos rojos de que algo no se está transmitiendo bien y no vamos en la misma dirección.

Mucho trabajo hay por hacerse, y eso es bueno. El asunto no es sencillo ni en el campo del lenguaje; por eso conviene irse por partes. Controlar el poder resulta una expresión paradójica, al menos en apariencia (ya lo dijo el jurista Diego Valadés en el año 2000). El poder existe porque se ejerce y quien lo reparte, coinciden los clásicos, comienza a perderlo. Nuestra propia organización estatal no podría explicarse si no es a través del ejercicio del poder; los monopolios estatales (el ejercicio de la fuerza, por ejemplo) se explican por la construcción alrededor del entendimiento del poder. Aquí las preguntas siempre presentes: ¿quién querría limitar su poder; quién podría hacerlo?

Victor S. Peña Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de El Colegio de Sonora, donde es profesor investigador.

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CÓDIGO DE ÉTICA en las organizaciones públicas ¿Se conoce qué es? Por: Dr. Jehú Jonathan Ramírez Camberos

La corrupción en el servicio público es un tema inquietante para los ciudadanos porque produce una lastimosa desconfianza sobre quienes laboran en las instituciones públicas, condiciona los resultados de las mismas y resta legitimidad al sistema político en general. Es por ello que el diseño e implementación de instrumentos eficaces para combatir y prevenir la corrupción, se ha convertido en un tema prioritario para los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y, en general, para los ciudadanos. En la actualidad, uno de los instrumentos más importantes para combatir e inhibir los comportamientos no deseados al interior de las organizaciones públicas y privadas son los Códigos de Ética como parte de la política de integridad.

Organizaciones públicas y códigos de ética El ﬁlósofo Fernado Savater, en su libro Ética para Amador, señala que ética es el arte de vivir, en el sentido de saber lo que nos conviene como individuos y colectividad, en ejercicio de nuestra libertad y razón, teniendo un criterio amplio respecto de lo bueno y lo malo, más allá de las normas morales o religiosas. Como parte del ejercicio libre de nuestra capacidad de pensar las personas tenemos comportamientos diferenciados. Al respecto, el también ﬁlósofo Manuel Villoria nos recuerda que algunas personas pueden aceptar cumplir ciertas normas por

egoísmo, únicamente en la medida en que ello les representa un beneﬁcio. En cambio, otras personas con mayor grado de conciencia colectiva, actúan de forma íntegra, es decir, siendo coherente con los principios éticos universalmente válidos, como son el respeto a la dignidad de las personas y al ejercicio de sus libertades. Por lo anterior, para las organizaciones públicas es de suma importancia implementar Códigos de Ética, que deﬁnan los valores que son importantes para la organización y sus miembros, que facilite la comprensión y apropiación de los principios éticos que son deseables practicar para el buen desarrollo de sus actividades. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

Pero además, los Códigos de Ética expresan de manera pública los valores y comportamientos que los miembros de la organización asumen en el trato con los ciudadanos, pretendiendo cumplir las expectativas de los mismos.

Antecedentes: El impulso de la Ética Pública desde la OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó en abril de 1998 una serie de recomendaciones con el propósito de que sus países miembros contaran con un punto de referencia para el manejo de la ética en el sector público, con lo cual se dio un impulso importante a la incorporación de instrumentos como los Códigos de Ética, como parte de las normas internas de las organizaciones, los seis principios de esta recomendación se enuncian a continuación:

Desarrollar y revisar periódicamente las políticas, procedimientos e instituciones que tengan inﬂuencia sobre la conducta ética en el servicio público.

La combinación prudente de los aspectos del manejo de la ética basados en ideales con aquellos que se basen en el respeto de las reglas.

Fomentar la acción gubernamental para mantener altos estándares de conducta y contrarrestar la corrupción en el sector público.

Evaluar los efectos de las reformas a la administración pública sobre la conducta ética del servicio público.

Incorporar el aspecto ético en los marcos administrativos para garantizar que las prácticas administrativas sean congruentes con los valores y principios del servicio público.

Utilizar como referencia de los Principios del Manejo de la Ética en el Servicio Público para garantizar estándares de conducta.

Cabe destacar también, la labor que se ha realizado desde este organismo internacional, para impulsar el tema de la integridad en el sector público, donde de igual manera, el tema de la ética es un elemento importante.

La implementación de Códigos de Ética en Sonora En el Estado de Sonora también se han realizado esfuerzos por establecer estándares éticos dentro del servicio público. El 17 de noviembre del 2016 se publicó el Acuerdo en el que se adopta el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el cual es obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y se constituye en un referente de buena práctica para los organismos autónomos. 26 COMPAREMOS | ISAF | 2018

El Acuerdo forma parte de la estrategia estatal anticorrupción, y tiene como objetivo la implementación de mecanismos que contribuyan al perfeccionamiento del sistema de control para la prevención y administración de posibles eventos que obstaculicen o impidan el logro de metas y objetivos de las instituciones. En el Acuerdo se deﬁnen los elementos que componen el sistema de control interno y, como se mencionaba anteriormente, en el apartado de Ambiente de Control, se establecen los compromisos en materia de ética e integridad. Entre los aspectos destacados se encuentran la actitud de respaldo y compromiso de los Títulares u Órganos de Gobierno de las dependencias

y entidades, para predicar con el ejemplo y establecer directrices para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta que deben guiar el comportamiento de todos los servidores públicos de la institución. Lo anterior, también establece la expectativa del cumplimiento que deben hacer los servidores públicos sobre dichas normas éticas en su trato con los ciudadanos. Por otra parte, también se indica que se debe establecer procesos para evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la institución y atender oportunamente cualquier desviación identiﬁcada.

Comentarios finales Como se puede observar, en la Administración Pública hay un marcado interés por el desarrollo de instrumentos y políticas para prevenir la corrupción y para fomentar en los servidores públicos la conciencia de actuar con ética e integridad en el ejercicio de sus funciones. Uno de los instrumentos más importantes para cumplir con este propósito es el establecimiento de Códigos de Ética en las dependencias y entidades de la Administración Pública. Lo anterior es un paso importante para hacer transparente ante los ciudadanos, las expectativas del comportamiento ético de los servidores públicos y el tratamiento ante una falta a las normas de conducta, lo cual fortalece la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la conﬁanza de la sociedad sobre las instituciones públicas.

Jehú Jonathan Ramírez Doctor en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, obtuvo Mención Honorífica en la XXXVI edición del Premio del Instituto Nacional de Administración Pública por su investigación doctoral.

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PRIMER AÑO DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES Y DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Acciones de la Secretaría de la Contraloría General del Estado: Instrumentación de las disposiciones de la ley. Por: Miguel Ángel Murillo Aispuro

La construcción del andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción del cual formamos parte, implica sin duda una gran responsabilidad histórica. Como servidores públicos tenemos el deber de cumplir con las disposiciones establecidas por las leyes en la materia, pero también como ciudadanos y ciudadanas tenemos la elevada responsabilidad de vigilar que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción.

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a aspiración es muy alta, ya que no solo está en juego la viabilidad política de la administración pública, sino también la energía ciudadana de la que emerge el sistema mismo, expresada en los justos reclamos para combatir con eficiencia y eficacia la corrupción y, particularmente, la impunidad. La fortaleza de las instituciones promueve la confianza en los gobiernos, y este esfuerzo conjunto debe ser orientado hacia la construcción de esa confianza, que permita impulsar la creación de oportunidades en nuestro camino hacia el progreso social anhelado por todos. La construcción del Sonora y del México moderno, íntegro y abierto

Además, en las reuniones regionales de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, se incluyó como tema primordial el Sistema Estatal Anticorrupción. De tal manera que a la fecha se han capacitado más de 700 servidores públicos de los 72 ayuntamientos, impartiéndose además, a solicitud de municipios interesados, capacitación sobre temas especíﬁcos de las Leyes que conforman el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.

es responsabilidad de todos los poderes que comparten el gobierno. No es posible avanzar sin el comprometido involucramiento de todas las partes, con la decidida participación de la ciudadanía, porque en las sociedades modernas hay desarrollo cuando un sector avanza, pero hay progreso cuando todos avanzan a la par. La Contraloría General ha cumplido con la instrumentación de las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y promueve acciones y estrategias que le permitan cumplir con los mandatos de las reglamentaciones respectivas, particularmente las organizacionales, ya que el enfoque hacia la prevención será la función sustantiva de la dependencia, como órgano estatal de control en el SNA. Por ello, gracias al Consejo de Participación Ciudadana y a los titulares de las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se capacitó a más de 5 mil servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con el ﬁn de informarles los lineamientos que conlleva la implementación del Sistema. Dicha capacitación se ha dado en las siguientes vertientes: Derechos Humanos y Prevención de la Corrupción; Panorama de Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción; Ética Pública e Integridad en el Contexto del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción; y Servidores Públicos ante el Nuevo Sistema de Fiscalización.

Por otra parte, a través del Programa de Capacitación mensual de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, se ha convocado a servidores públicos de todos los niveles a recibir capacitación impartida por la Secretaría de la Contraloría General, en los temas de: Transparencia y Acceso a la Información Pública; Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas; Sistema Nacional Anticorrupción; e Identidad Institucional. Entre todas estas acciones de implementación de las disposiciones de la Ley, se destaca la instalación y operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cuya principal finalidad es prevenir actos de corrupción y buscar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental a través del monitoreo, actualización y fortalecimiento del control interno y de la integridad institucional. Para apoyar a los COCODI y que estos de determinen y den seguimiento a acciones preventivas, se inició el ejercicio de administración de riesgos y evaluación de control interno en las dependencias y entidades, y se están identificando las debilidades de control y los procesos susceptibles de riesgos de corrupción. Asimismo, se inició un programa de integridad, que contempla la emisión de los Códigos de Ética y de Conducta así como las Reglas de Integridad en la Administración Pública Estatal. A través de estos códigos se intenta disminuir los índices de corrupción, enfocándose en sus causas y fortaleciendo la ética e integridad en las instituciones de gobierno. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

Para ello, se instaló la Comisión Estatal de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, la cual coordina la actuación de 59 comités de integridad de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; se han publicado 40 códigos –sin olvidar que su redacción final será ajustada a los lineamientos que emitan los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción–; y se ha capacitado a 1,767 servidores públicos en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, continúa arrojando resultados favorables en las capacitaciones preventivas en materia de obligaciones y responsabilidades del servidor público del Poder Ejecutivo, ya que se han capacitado 2,560 servidores públicos del Poder Ejecutivo y 418 servidores públicos de los municipios en materia de blindaje y delitos electorales, con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Parte fundamental de la instrumentación de las leyes en materia anticorrupción es sin duda el fomentar la participación de los ciudadanos en las acciones de gobierno. Así, el impulso a los programas de Contraloría Social y de denuncias ciudadanas han sido fortiﬁcadas a través de las estrategias TxT (transparencia por tecnología) diseñadas por personal de la Contraloría General. Tanto tuobra.mx como la plataforma DECIDES (Denuncia Ciudadana del Estado de Sonora) han cumplido con las expectativas de acercamiento del trabajo gubernamental a la sociedad y de presentar de forma sencilla quejas, denuncias y reconocimientos.

Todas estas acciones conjugan la voluntad y el trabajo de funcionarios comprometidos tanto con su deber social como con el futuro de la administración pública. Un futuro que se antoja promisorio si hay voluntad y comprensión de que las formas de la administración han cambiado y que no hay paso atrás en el objetivo del Sistema Estatal Anticorrupción.

De igual manera, la plataforma DeclaraNet también fue fortalecida, al igual que el impulso al cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, alcanzando un cumplimiento del 99.99 % en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios del gobierno del estado, con solo 2 declaraciones pendientes por presentar. Para alcanzar todas estas adecuaciones ha resultado fundamental la voluntad política de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, así como su ﬁrme compromiso de contribuir en la recuperación de la conﬁanza de las y los sonorenses en el gobierno estatal. Gracias a su apoyo incondicional fue posible cumplir con los requisitos organizaciones exigidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. En el contexto electoral que actualmente vivimos, es importante hacer mención que la comunicación permanente y la coordinación constante con el 30 COMPAREMOS | ISAF | 2018

Es fundamental entonces estrechar aún más los lazos de comunicación y acuerdos entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para salir adelante en este proceso de aprendizaje en el que estamos inmersos, en espera de los criterios y procedimientos que marque el Sistema Nacional Anticorrupción. Será también fundamental rescatar la participación de todos los Poderes del Estado en este esfuerzo de hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, pero más importante aún es continuar contribuyendo cada uno de las y los ciudadanos con la estricta vigilancia del quehacer gubernamental. Solo así se podrá garantizar una responsabilidad compartida en la construcción del futuro que se construye.

EL PRIMER AÑO DEL EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Por: Alberto Haaz Díaz Presidente del CPC Sonora 2017-2018

Emprender acciones formativas, organizar e impulsar tareas para forjar un nuevo paradigma de integridad pública y ciudadana, han sido labores del primer año de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Sonora.

l 31 de julio de 2017 asumí la responsabilidad de ser el primer presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, en un contexto que representa una apuesta para que se acepte y realice de manera efectiva la incorporación de ciudadanos en los procesos relacionados con la prevención de la corrupción y su combate. Esto es, de manera que ya no sean únicamente las autoridades públicas quienes realicen las labores inherentes a ello sin tener la orientación, colaboración y observación ciudadana. Sabíamos que esto representaba un enorme reto, es claro que nos encontrábamos ante factores que

en buena medida son parte de las típicas resistencias al cambio tanto en las organizaciones como en las personas, más aún en el campo gubernamental y de administración pública. En este primer año que está por concluirse de nuestra gestión en presidir el CPC, junto con mis compañeros de comité hemos obtenido logros de alta importancia, como es el de nuestra contribución a la construcción institucional del Sistema Estatal Anticorrupción, que por una parte abarca la instalación de sus elementos orgánicos esenciales y por otra la puesta en marcha de los mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman el sistema, así como de las labores de apoyo técnico para los análisis y las evaluaciones que se necesitan para el óptimo funcionamiento del sistema. Aunado a ello está el despliegue de información y capacitación para servidores públicos y 2018 | ISAF | COMPAREMOS

organismos de la sociedad civil con relación a las disposiciones normativas fundamentales que son inherentes al citado sistema.

La construcción institucional del SEA Al presidente del Comité de Participación Ciudadana se le otorga la responsabilidad de presidir al Comité Coordinador del Sistema, y también la de presidir al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA. La intención de este esquema es asegurar que se tenga la guía ciudadana para la buena coordinación y suma de esfuerzos de las diferentes agendas y prioridades que tienen cada una de las instancias que conforman al Sistema Estatal Anticorrupción. Estas son, siendo integrantes tanto del comité coordinador como del órgano de gobierno del sistema: I.- Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; II.- El titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; III.- El titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción; IV.- El titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; V.- Un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado; VI.- El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y VII.- El Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Entre las primeras actividades básicas que realizamos nos orientamos a hacer del CPC un equipo de trabajo colaborativo y con cabal comprensión de la misión a cumplir tanto por disposiciones legales como por las expectativas de la sociedad sonorense. En este sentido iniciamos labores con reuniones de trabajo, con recursos propios. No teníamos modelos de referencia práctica real en cómo poner en marcha nuestro comité y menos con relación al sistema en su conjunto total, porque éramos de los primeros CPC integrados en el país. Obtuvimos el apoyo de personas de La Oﬁcina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito en México (UNODC), cuya misión es contribuir a lograr seguridad y justicia para todos, y en este sentido tiene relevancia lo relativo a la prevención y el combate a la corrupción. También obtuvimos 32 COMPAREMOS | ISAF | 2018

apoyo de la agencia USAID que ayuda al gobierno de México a promover la transparencia y la integridad, y apoya los esfuerzos liderados por México para reducir la corrupción y la impunidad. Para el 24 de octubre convoqué a la instalación del Comité Coordinador del SEA, lo cual se efectuó en el teatro Emiliana de Zubeldía de la Universidad de Sonora. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano atestiguó este acto y solicitó al Comité Coordinador sumar capacidades, voluntades y esfuerzos para trabajar de manera articulada en prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción. También fue testigo el doctor Alfonso Hernández Valdez, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA quien explicó la importancia de este sistema. Por mi parte expuse que todas las instituciones aquí representadas tienen por sí mismas, una función clave para el combate a la corrupción. Y si por separado son importantes para el combate a la corrupción, su integración bajo un mismo sistema ahora dirigido por ciudadanos, debe signiﬁcar un muro infranqueable para toda persona que pretenda abusar del poder público que se le ha otorgado. En la sesión de instalación del Comité Coordinador se tomó el acuerdo del calendario de sesiones ordinarias del Comité Coordinador, con las fechas: 24 de enero, 25 de abril, 11 de julio y 24 de octubre de 2018. Posteriormente realizamos la instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA, que es una entidad descentralizada de la administración pública estatal y tiene por objeto servir de apoyo técnico para el funcionamiento del referido sistema. También se tomó el acuerdo de calendario de sesiones ordinarias de este órgano, siendo en las mismas fechas antes mencionadas del Comité Coordinador. El siguiente paso en el proceso de construcción institucional del SEA, consistió en la selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA. Para ello, emitimos la Convocatoria para integrar la terna de aspirantes a dicho puesto. La terna resultante estuvo integrada por: Esmirna Lizbeth Gallardo Fernández, Jorge Eduardo González Madrid y Raúl Guillén López. El 13 de diciembre

de 2017, través del consenso entre los siete integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se designó a Raúl Guillén López como secretario técnico, quien ocupará el cargo por los próximos cinco años. Por otra parte, desde septiembre realizamos análisis de recursos necesarios para la operación de la Secretaría Ejecutiva del SEA con proyección para el ejercicio fiscal 2018, lo cual produjo un monto total de 30 millones de pesos. Posteriormente, al pasar el proyecto de presupuesto estatal de egresos 2018 al Congreso del Estado la cantidad total asignada para la Secretaría Ejecutiva del SEA fue de 10 millones 700 mil pesos, monto que así fue aprobado e incorporado en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Gobierno del estado, en el programa E501M03 Apoyo administrativo al Sistema Estatal Anticorrupción. Con estas labores de construcción de la estructura institucional del SEA, al mes de marzo de 2018, Sonora se ubicó entre las primeras entidades federativas en contar con una estructura operativa completa para el Sistema Estatal Anticorrupción. Dentro de la estructura institucional del SEA de Sonora se encuentran de manera relevante los 59 comités de Integridad de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, constituidos con el apoyo de la secretaría de la Secretaría de la Contraloría General y formados por servidores públicos comprometidos con el comportamiento ético. Esto está sustentado en los Lineamientos para la integración y funcionamientos de los Comités de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial del 26 de junio de 2017. Tales comités aunados a los de Transparencia que también están instalados y funcionando en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, constituyen elementos que sirven a la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Jornadas de capacitación Uno de los factores clave para la prevención de la corrupción, son los patrones de conducta de los

servidores públicos que deben corresponder a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, como lo dispone el Artículo 5º. de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Asimismo, otro factor determinante es el cabal conocimiento y comprensión de las normas inherentes al referido sistema. Desde el inicio de nuestra gestión en la presidencia del CPC promovimos la realización de jornadas de información y capacitación a servidores públicos de niveles de alta dirección, mandos medios y operativos considerando prioritariamente a quienes laboran en áreas susceptibles de riesgos de corrupción en sus distintas modalidades; para ello, emprendimos dichas jornadas y esto fue posible por el apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, de su titular y el de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, tanto en lo relativo a posibilitar la asistencia de servidores públicos a las jornadas realizadas en promedio cada quince días en viernes, en instalaciones facilitadas por la Universidad Estatal de Sonora (UES) en Hermosillo, y en una ocasión por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en Ciudad Obregón, así como el auditorio del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Han sido a la fecha cinco mil servidores públicos estatales quienes han obtenido la información y capacitación básica en los elementos fundamentales de las normas del sistema estatal anticorrupción. De manera similar atendimos a las personas que son Comisarios Ciudadanos asignados a treinta entidades de la administración pública estatal y a Inspectores Ciudadanos que realizan labores en relación a servicios públicos estatales en diversos ámbitos institucionales, enfatizándoles que deseamos contar con ellos como agentes preventivos de faltas administrativas y hechos de corrupción. Además, realizamos eventos de información y capacitación en colaboración con titulares y personal de las instancias integrantes del Comité Coordinador del SEA, para organismos de la sociedad civil incluyendo de manera relevante a instituciones de asistencia privada, cámaras empresariales e instituciones educativas y sindicatos en ámbitos en los que se manejan recursos públicas, con especial 2018 | ISAF | COMPAREMOS

atención a los aspectos que deben conocerse con mayor detalle y claridad, como es lo concerniente a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y lo referente a la ﬁscalización de recursos públicos, esto es considerando las disposiciones de la Ley de Responsabilidades y las de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.

Proyectos y otras actividades La Ley del SEA dispone que los Municipios, como partes integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, participarán coordinadamente en este último, en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en cuyo Artículo 7º. Fracción III dispone que “... concurrirán en los términos que emita el Comité Coordinador en los lineamientos correspondientes”. Por otra parte la misma ley dispone que los municipios como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental, deberán tomar las medidas necesarias para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su competencia, debiendo implementar las políticas, programas, lineamientos y demás normas que para tal efecto los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción emitan. En virtud de lo anterior, en el CPC formulamos un proyecto de “Lineamientos y tipos de convenio en relación con municipios del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora”, que entre sus aspectos relevantes incluye lo siguiente con el carácter de propuesta: Los Municipios crearán en cada caso un Comité Municipal Anticorrupción que será la instancia única mediante la cual concurrirán al Sistema Estatal Anticorrupción; La creación del Comité Municipal Anticorrupción será objeto de un convenio de coordinación del Comité Coordinador con cada Municipio estableciéndose en dicho convenio, entre otras formalidades, la integración y funciones de dicho Comité así como que el Comité Coordinador dará asesoría y capacitación a los municipios para la creación e instalación 34 COMPAREMOS | ISAF | 2018

de dicho Comité Municipal Anticorrupción; Atendiendo al tamaño de la población de los Municipios, se celebrarán los siguientes tres tipos de convenios: 1) con municipios que no rebasen los 10,000 habitantes; 2) con municipios mayores de 10,000 y que no rebasen los 50,000 habitantes; y 3) con municipios mayores de 50,000 habitantes. Asimismo, en los referidos convenios habrá de precisarse lo que previamente determine el Ayuntamiento del municipio que se trate en relación al número de integrantes del comité anticorrupción, así como las características que deben tener y lo concerniente al procedimiento para la selección de los mismos, entre otros aspectos. Este proyecto lo presenté a la consideración del Comité Coordinador del SEA en sesión del 24 de enero de 2018 y después de su análisis y deliberaciones al respecto, se tomó el acuerdo de no aprobarlo en esa ocasión en razón de la complejidad que signiﬁcaría para los gobiernos municipales las tomas de decisiones correspondientes y porque es sabido que en los tiempos de procesos electorales se presentan situaciones inconvenientes para proyectos como el referido. Por otra parte, en el CPC y con la Comisión Ejecutiva hemos analizado cómo establecer indicadores en forma de tablero o semáforo que permitan identiﬁcar áreas de riesgo de corrupción, así como para el monitoreo de avances y resultados en la aplicación de medidas preventivas y de control relacionadas con faltas administrativas graves principalmente. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva ya está efectuando las tareas de análisis y diseño con el mencionado propósito. En materia de capacitación, se tomó acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por el CPC y la Secretaría Ejecutiva, a efecto de la realización de un Taller relativo a Indicadores de Corrupción para integrantes de ambas instancias en los días del 4 al 6 de julio de 2018. En el plano nacional, el CPC del SEA de Sonora ha tenido destacadas participaciones. Esto es promoviendo la comunicación, así como el intercambio de experiencias y de situaciones diversas entre los CPC que se encuentran instalados en 21 entidades federativas, lo cual se inició mediante el uso de

WhatsApp por iniciativa de nuestro compañero en el CPC de Sonora Aarón Grageda y de ahí se derivaron reuniones nacionales realizadas en Monterrey, en febrero 23 y 24, en Guadalajara, en 27 y 28 de abril, y en la Ciudad de México, en 8 y 9 de junio de 2018. Entre los asuntos analizados y acuerdos tomados en dichas reuniones se encuentran los relativos a: Un llamado enérgico y con sentido de urgencia a los diferentes órganos del Estado Mexicano a que cumplan con los nombramientos que faltan para la completa integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; Sistematizar el mecanismo de toma de decisiones por parte de la Red de Comités de Participación Ciudadana; y la Integración de Comisiones de la Red Nacional de CPC por temas. Además, otros asuntos y temas inherentes a las diversas situaciones en que se encuentran los CPC estatales y el nacional. En la reunión de los CPC efectuada en la Ciudad de México el ocho de junio, fue presentada la propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA) por el Dr. Mauricio Merino Huerta, de la Red por Rendición de Cuentas. Esta propuesta es para iniciar un proceso de discusión pública que habrá de culminarse con la versión que se expondrá a consideración del Comité Coordinador del SNA para su aprobación previsiblemente en el próximo mes de septiembre. Las y los participantes en la referida reunión nacional de CPC, nos agrupamos en mesas de trabajo dispuestas para el análisis de diversos temas de la propuesta de PNA. Así, por parte de Sonora en la relativa a Indicadores se ubicó Irma Laura Murillo, en la de Participación Ciudadana, Aarón Grageda, y en la de Profesionalización me ubiqué y en este caso al término de la sesión de análisis quedé asignado en un equipo para la formulación de una propuesta de Ley General para el Servicio Profesional de Servidores Públicos, con el objeto de homologar los criterios (mínimos) de entrada, permanencia y salida de los servidores públicos a nivel nacional, esto es para su aplicación en todos los gobiernos de México (federal, estatales y municipales), lo cual apunta a asegurar que los puestos públicos se otorguen en base a méritos por competencias y no por otras razones.

En conclusión Con base a los muy diversos análisis que hemos realizado y de lo que hemos recogido en pláticas, conferencias, paneles, talleres y reuniones a lo largo del tiempo transcurrido desde el 31 de julio del año pasado, es posible afirmar que para eliminar la corrupción de todas las partes en que se encuentra y para impedir que se presente, necesitamos de la participación de todas las personas que actúan en esas partes, en sus distintas formas y responsabilidades, esto es, tanto en instituciones públicas como en empresas de particulares y en el quehacer cotidiano de nuestras vidas comunitarias. Me refiero a participación efectiva, real, decidida y sin temores como los que suelen tener aquellos servidores públicos que ven actos de corrupción y no se atreven a hacer la denuncia correspondiente porque presienten que les va a ir peor que a quien denuncien. Y esto debe ser tanto en los asuntos de los gobiernos como en los de particulares, porque en muchos casos el corruptor es alguien de la sociedad civil quien no necesariamente ha sido inducido por algún servidor público. Lo realizado durante este primer año de operación del CPC del SEA de Sonora es equivalente a los cimientos, la estructura y sus elementos esenciales de contenido con especial énfasis en las acciones formativas para la prevención, para que a partir del inicio del segundo año este sistema arranque Alberto Haaz Díaz a una velocidad creciente en pos de los Ingeniero Industrial óptimos resultados Administrador por la que se desean y que se Universidad de Sonora, reflejen en los resultacon especialización en dos cuyos principales Desarrollo Económico por indicadores son los de la Universidad de Arizona la percepción de la y Maestría en Consultoría corrupción y los Interna y Externa por el hechos reales de Instituto del Sistema corrupción, que deben Empresa Inteligente. ser con tendencias a la baja. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

CONOCIMIENTO DE LA LEY Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Por: Aquiles Fuentes Fierro Miembro CPC Sonora

SABER DE LEYES Así como es difícil esperar que una persona que desconoce las reglas de un juego como el béisbol pueda jugarlo sin cometer violaciones a las mismas, también debiera ser impensable que los funcionarios, operadores y ciudadanos que desconocen tanto las leyes básicas de la vida diaria como las leyes especíﬁcas que le dan vida a las instituciones y políticas anticorrupción puedan manejarse siempre bajo las etiquetas de la legalidad y la integridad. Y digo “debiera ser impensable” porque, en la práctica, es común interactuar con todo tipo de personas que no conocen las leyes. Los desconocedores de las leyes viven de manera inconsciente en un gran riesgo de infringir la ley y caer en uno de los supuestos que identiﬁcamos como corrupción. 36 COMPAREMOS | ISAF | 2018

Así como hay cientos o miles de diabéticos que hacen su vida diaria sin saber que padecen este mal, hay miles o quizá millones de mexicanos que trabajan, exigen, apoyan causas, emiten opiniones, creen ﬁrmemente en la necesidad del respeto a sus derechos, pero son infractores crónicos, por lo menos de los reglamentos de tránsito. Una de las tareas que emprendimos al iniciar nuestras labores en el Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción, a partir de septiembre de 2017, fue la capacitación. Acordamos con la autoridad estatal y con los pilares del SEA llevar a 5 mil funcionarios y empleados de diversas dependencias públicas a jornadas de trabajo para conocer los elementos esenciales de las leyes que regulan la ﬁscalización, el régimen de responsabilidades y al propio sistema anticorrupción.

Contamos con la participación de funcionarios, empleados de diferentes áreas de operación y administración de sus respectivas instituciones, responsables de instituciones de asistencia privada, personal de instituciones de educación superior y hasta sindicatos. Un denominador común en los asistentes fue su desconocimiento del marco legal en torno al Sistema Estatal Anticorrupción. En su intervención, el auditor mayor del ISAF, el Ingeniero Moya Grijalva, pidió se identificaran aquellas personas que ya habían leído las leyes y en ningún caso encontramos a más de 2% de los asistentes con una respuesta positiva. En cada jornada fue “común” encontrar empleados con más de 10 años de antigüedad en sus puestos conocer por primera vez la definición de conceptos como desvío de recursos, conflicto de interés, responsabilidad administrativa o incluso corrupción. También fue “normal” la interacción con empleados que tuvieron su primera noticia sobre la intensificación de los programas de auditorías, así como de sus nuevas obligaciones en materia de rendición de cuentas. Es lamentable pero no tenemos una cultura interiorizada en relación al conocimiento de las leyes. Es difícil acatar lo que no se conoce. Lo cierto, sin embargo, es que el desconocimiento de las reglas del juego no nos exime de la obligación de cumplirlas. Lo cierto es que no se puede ser preventivo en el campo de la anticorrupción si no incentivamos la formación de hábitos bien anclados sobre el conocimiento de las leyes.

EL QUE CONOCE LA LEY, LA CUMPLE La situación anterior nos dice, con toda claridad, que debemos intensiﬁcar y ampliar el radio de propagación de una política educativa y de capacitación en relación a las leyes en materia de anticorrupción, ﬁscalización y responsabilidades.

Es un tema pertinente porque se habla poco de la capacitación y no se le incluye como parte toral de las políticas de prevención. Hasta la fecha, las propuestas de política nacional anticorrupción se han centrado en el diseño y operación de la plataforma digital para incorporar cientos de miles de declaraciones obligatorias de todos aquellos que formen parte del sector público. Nos informan que en breve serán aprobados los formatos para la alimentación de la plataforma y que la secretaría técnica a nivel nacional ya trabaja en el diseño final de la plataforma. Otro tema muy desarrollado en cuanto a la prevención es el de la profesionalización de los servidores públicos, especialmente aquellos que forman parte de las estructuras de control administrativa o que trabajan en áreas de riesgo (como compras, licitaciones, almacenes, recursos humanos). Se buscan servidores públicos certificados, que encuentren su estabilidad laboral al margen de los cambios políticos de las dependencias en que trabajan, que tengan su servicio de carrera y que puedan mantener su autonomía para recibir denuncias, investigarlas, turnarlas cuando son graves y sustanciarlas y sancionarlas cuando son leves. Sin embargo, poco se habla y se hace en materia de educación y capacitación. A nivel nacional, sólo Sonora ha implementado un programa de capacitación. Lo que sigue es institucionalizarlo, estructurarlo con eficiencia, reforzarlo y transformarlo en una costumbre tanto en el ámbito del servicio público como en el de la ciudadanía. Uno de los objetivos sustantivos del Sistema Estatal Anticorrupción es la prevención. El artículo 6° de la ley que crea al Sistema Estatal Anticorrupción establece que nuestra obligación el diseño y aplicación de principios, bases generales, políticas públicas y reglas eficientes de coordinación con todos los entes públicos obligados para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. El Comité Coordinador del SEA, además, tiene la facultad de emitir y dar seguimiento a recomendaciones dirigidas a los titulares de todos los entes públicos con el objetivo de aplicar correctamente la política pública que se 2018 | ISAF | COMPAREMOS

apruebe, siempre en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo mismo, el pasado 11 de julio de 2018, el Comité Coordinador del SEA aprobó una recomendación en materia de capacitación y educación a propuesta del CPC. Es la siguiente:

Con base en los artículos 5 y 6 de la ley del SEA que determinan que uno de los objetivos del SEA es la prevención de los actos de corrupción con base en los 13 principios rectores que rigen el servicio público en Sonora (legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito), se hace un llamado a:

• Las autoridades de la SEC, de las instituciones a cargo de los subsistemas de educación media superior y de las instituciones del sistema de educación superior en el estado de Sonora para que, en coordinación con el CPC definan programas y forma de implementar materias de ética y de integridad donde se imparta la enseñanza e implementación de los 13 principios rectores del artículo 5° de la ley del SEA. • A las autoridades de la SEC para que a la brevedad coadyuven, junto al CPC, a la formación de una mesa de trabajo con asociaciones de padres de familia, maestros e investigadores de la educación para la capacitación de inspectores, directores de escuela y personal académico en lo referente a la ley de responsabilidades y a los principios rectores de la política anticorrupción. • A todas las instituciones de investigación y educación superior que tengan programas académicos relacionados con la fiscalización, el derecho, la administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas a que se integren en una mesa de trabajo las 8 instancias del SEA, bajo la coordinación del CPC y la secretaría técnica, a fin de proponer, definir e implementar a la brevedad estrategias y programas para la formación y certificación de funcionarios, empleados e interesados en el servicio público, principalmente aquellos que se ubican en las áreas de mayor riesgo o formen parte de los comités de integridad, transparencia o desempeño que cada ente público debe tener. • Por otro lado, se propone retomar, para su comunicación y ejecución en el 2019, el acuerdo votado por el Comité Coordinador a fin de que el Gobierno del Estado reoriente sus programas y fortalezca su presupuesto para la capacitación de los integrantes del servicio público en las materias propias de la anticorrupción. En la medida en que logremos llevar a la práctica estas recomendaciones esperamos tener un mayor impacto en la formación de un hábito que debe ser elemental en todo momento: leer, comprender y aplicar la ley en cualquier situación que nos encontremos. 38 COMPAREMOS | ISAF | 2018

Aquiles Fuentes Fierro

Sociólogo, con maestría en ciencias sociales y estudios en ciencia política. Maestro de tiempo completo en la Universidad de Sonora en la escuela de Psicología y Ciencias de la Comunicación desde1983.

LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN:

una propuesta para discusión.

Por: Irma Laura Murillo Lozoya Miembro CPC Sonora

En el marco de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo noveno establece que el Comité Coordinador tendrá, dentro de sus facultades, la aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia. Pero ¿qué es la Política Nacional Anticorrupción? ¿quién la diseña? ¿cómo se aprueba? ¿cuáles son sus objetivos?

n este artículo platicaremos sobre los principales aspectos para lograr, en algunos meses, un Programa Nacional y posteriormente un Programa Estatal, que permita ir aterrizando no sólo la acciones, sino también el sistema de seguimiento y evaluación de indicadores para medir los avances a nivel nacional, estatal y municipal. Empezaremos por decir que la propuesta, que será presentada para discusión ante diversos foros académicos y de la sociedad civil, fue diseñada por la Red por la Rendición de Cuentas, a solicitud del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha propuesta nace de un diagnóstico en el que se reconoce que la corrupción es uno de los principales problemas para la sociedad mexicana. De hecho, ha rebasado en importancia a temas como el desempleo y la pobreza, con base en las ultimas mediciones del INEGI. El modelo considera que, en nuestro país, históricamente se ha presentado lo que se denomina “la tragedia de lo público”, en el que la captura de los

puestos, de los presupuestos, de las decisiones y de la justicia ha sido una constante. La captura de los puestos se evidencia a través del reparto de los cargos públicos, beneficiando a quienes se encuentran con el grupo político en turno, y a pesar de que en nuestro país se estableció el Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal desde el año 2004, y de que existen más de 20 sistemas en igual número de instituciones, los resultados, en general, no han sido satisfactorios: opacidad en los concursos, ausencia de reglas claras, despidos de quienes han ingresado bajo este esquema, etc. La captura del presupuesto, por su parte, ha provocado falta de transparencia y discrecionalidad en la aplicación de los recursos, así como también el uso ineficiente de ellos, ya que se ha basado en filiaciones partidistas. Además, sabemos que existen programas sociales sin evaluación satisfactoria y no se dispone de padrones únicos confiables. Destaca también en este tema el caso de las contrataciones realizadas al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, las que han resultado con observaciones relevantes por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

La tercera captura tiene que ver con las decisiones, lo que genera poca conﬁanza de la ciudadanía y también provoca que exista opacidad en la obra pública, corrupción corporativa y un esquema de cabildeo poco lícito y sin transparencia.

el estudio y monitoreo de la evolución patrimonial, así como los sistemas de alerta de comportamientos atípicos. Se trata, ﬁnalmente, de incrementar los mecanismos de comunicación entre las diversas instancias.

La cuarta captura se reﬁere al sistema de justicia, lo cual ha llevado en general, a contar con altos niveles de impunidad, una cifra negra de gran magnitud y a la falta de autonomía en la procuración e impartición de justicia.

Un punto nodal para el éxito de la Política Nacional Anticorrupción es que debe de implementarse de manera transversal y nacional, aunque también se reconoce que la propia implementación de los sistemas locales anticorrupción ha sido heterogénea, con avances diferenciados en cada uno de los estados del país. También se destaca que las instancias que integran el Comité Coordinador deben de constituirse como modelos de transparencia y rendición de cuentas y que es indispensable que exista presupuesto para su puesta en marcha.

¿Y cuáles son las propuestas que se diseñaron para eliminar los efectos de este esquema de capturas? El primer eje de la Política Nacional Anticorrupción apuesta por el tema de la profesionalización, a través de un Servicio Profesional de Carrera que asegure el ingreso, capacitación y desarrollo de las mejores personas con base en sus capacidades y méritos. Lo anterior apoyará la transformación del quehacer público y evitará el sistema de cuotas y de compromisos electorales, a través de mecanismos claros y transparentes. Un elemento relevante es que los estados y los municipios deberán implementar también el Servicio Profesional de Carrera, ya que en la actualidad los esfuerzos en estas áreas son poco signiﬁcativos. El eje número dos se reﬁere al régimen de responsabilidades, el cual se fortalecerá a través de la vigilancia social, la mejora de los procesos y las técnicas de investigación en delitos de corrupción, entre otros elementos. En el eje número tres, se aborda la corrupción de ventanilla en lo que se ha denominado “puntos de contacto”. En este aspecto, un elemento fundamental será disminuir los espacios de interacción entre el ciudadano y el funcionario a través de herramientas tecnológicas. Además, se buscará promover la cultura de la denuncia y contar con mecanismos seguros de protección a denunciantes y testigos. Adicionalmente, la disminución y mejora de los tramites gubernamentales será un elemento importante en este eje. El eje número cuatro, que trata sobre la corrupción en redes, destaca la importancia que debe tener 40 COMPAREMOS | ISAF | 2018

El área que implementará y dará seguimiento a la Política Nacional Anticorrupción, una vez consultada y aprobada, es la Secretaría Ejecutiva del Sistema. y se deberán generar indicadores a nivel nacional, estatal y municipal, para lo que se requerirán unir esfuerzos con instituciones como el INEGI y las organizaciones de la sociedad civil. No cabe duda de que la etapa de consulta será de gran importancia para la deﬁnición de la Política Nacional y Estatal Anticorrupción. Las instancias académicas, las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas, y la ciudadanía en general tienen mucho que aportar en un tema que sólo se podrá enfrentar con la colaboración de todos los sectores. ¡Participemos!

Irma Laura Murillo L. Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Gestión Pública Aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Trabajó 31 años en INEGI, 26 de ellos en el Estado de Sonora.

A 1 AÑO DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES Por: Jesús Ramón Moya Grijalva

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El valor de la democracia incluye su valor intrínseco en la vida humana, su rol instrumental al generar incentivos políticos y su función constructiva en la formación de valores (y al entender la fuerza y posibilidad de cumplimiento de necesidades, derechos y deberes). - Amartya Sen A lo largo de este texto se analizará la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en general, y en específico se abordarán cuáles han sido los avances de su implementación a un año de haberse aprobado la Ley Estatal de Responsabilidades en el estado de Sonora (LER). Hay estimaciones que ubican el costo de la corrupción en México, entre 0.4% y el 10% del PIB, este rango implica las desviaciones o los actos en que se ven inmersos en el sector privado, y en los ciudadanos, en su interacción entre particulares con el Estado.¹ Entre sus consecuencias la corrupción, genera la precarización de la economía, aumenta la informalidad, desincentiva la inversión, hace de la legalidad una excepción, y mina el estado de derecho. En este sentido, es importante señalar que, en Sonora, no existe un estudio que permita determinar con exactitud el valor de la corrupción como porcentaje del PIB. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado por Transparencia Internacional, entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menores que la de la medición anterior. Por otra parte, desde el punto de vista de la definición del problema público de corrupción, que representa el punto de partida del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el concepto de corrupción es más amplio y se refiere a la corrupción como la desviación de los fines institucionales hacia los fines privados. El SNA fue concebido para enfrentar a la corrupción como un problema institucional y sistémico, donde los procesos de investigación y sanción son muy importantes, pero también lo son, los mecanismos que garanticen la transparencia, la correcta gestión archivística, la gestión presupuestal y contable apegadas a la normatividad, así como la fiscalización y la evaluación a programas y políticas públicas. ¹ Forbes México. https://www.forbes.com.mx/verificado2018-la-corrupcion-cuesta-9-del-pib-en-mexico/

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Las reformas constitucionales y legales que dieron forma al SNA, partieron del siguiente diagnóstico: a) La dispersión de las acciones de los órganos de control interno y de control externo encargados de hacer efectiva la rendición de cuentas. b) La debilidad de los mecanismos de sanción a los servidores públicos, lo que generaba la percepción de que es posible obtener un beneﬁcio a través de explotar la ausencia de vigilancia o sus deﬁciencias. c) Un desarrollo institucional inadecuado que no favorecía la prevalencia del Estado de derecho y que perpetuaba el desequilibrio social.

La Ley Estatal de Responsabilidades En el estado de Sonora, en el marco de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, fueron aprobadas dos reformas constitucionales y seis leyes secundarias: • Creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora • Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas • Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora • Ley Orgánica del Poder Legislativo • Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora • Ley del Sistema Estatal Anticorrupción • La Ley Estatal de Responsabilidades

La Ley Estatal de Responsabilidades fue publicada el 18 de julio de 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y entró en vigor el 19 de julio del mismo año. Los componentes mencionados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se desdoblan para el caso estatal en 323 artículos, y se explican en los siguientes esquemas: • Determina cuáles son las obligaciones de los servidores públicos y los principios y directrices que rigen la actuación de los mismos. • Establece cuáles son los actos de corrupción considerados como faltas administrativas graves en las que pueden incurrir los servidores públicos. • Señala cuáles son los actos u omisiones y las sanciones correspondientes a estas faltas administrativas graves en materia de corrupción, en que pueden incurrir tanto los particulares como los servidores públicos. • Distribuye facultades entre las autoridades competentes en la materia. • Determina el procedimiento para la investigación, procesamiento y sanciones de las faltas administrativas graves. • Se impone a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a llevar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal, en una plataforma digital nacional, teniendo como objeto de que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas electrónicos que generen los entes públicos, de igual manera, señala a los Servidores Públicos obligados a declarar su situación patrimonial, de intereses y fiscal y los plazos para presentarlas (3de3). • Se define la integridad de las personas morales, así como, los elementos de su política de integridad.

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Avances en materia de la aplicación de la LER En el estado de Sonora la Ley Estatal de Responsabilidades (LER) entró en vigor el 19 de julio de 2017. A un año de su aprobación, es importante reﬂexionar acerca de los avances que se han realizado en el ISAF dentro de las tres fases contempladas en la LER como parte del Sistema Estatal Anticorrupción: La fase de prevención de la corrupción: En la fase de prevención contemplada en los apartados de la LER, dentro del Título Segundo sobre los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas, el ISAF ha realizado las siguientes acciones: • Se han realizado distintas acciones de capacitación, a servidores públicos de los entes estatales y municipales. • Se ha dado seguimiento puntual a las acciones impulsadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. • También se han atendido a los funcionarios públicos que han solicitado capacitación en temas relacionados con la administración pública estatal y municipal. Como resultado, y derivado de los resultados preliminares de la ﬁscalización al ejercicio 2017, se percibe una evolución de los procedimientos administrativos tanto a nivel municipal como a nivel estatal. La fase de investigación: En el artículo segundo transitorio de la LER, se señala que: los entes públicos, la Secretaría de la Contraloría General, el Tribunal de Justicia Administrativa y los organismos constitucionalmente autónomos, deberán realizar las adecuaciones administrativas dentro de su normatividad y

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reglamentación, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto. En cumplimiento a lo anterior, se modificó el Reglamento Interior del ISAF con el fin de incluir las funciones de las unidades de investigación y de substanciación, modificación que fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 13 de octubre de 2017. Una vez publicada la modificación al reglamento interior se tomó protesta a los funcionarios públicos designados como titulares de las unidades de investigación y de substanciación en la Institución. Por otra parte, en relación con las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización del ejercicio 2017, la LER es aplicable a todas aquellas acciones que sucedieron en fecha posterior a la entrada en vigor de la LER, es decir, posterior al 19 de julio de 2017. La fase de sanción: Para cumplir con la fase de sanción, existen dos autoridades competentes para ello: 1. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, la Secretaría de la Contraloría General y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. (Artículo 10, LER) 2. El Tribunal, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad aplicable, estará facultado para resolver la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en esta Ley. (Artículo 12, LER) 3. H. Congreso del Estado, caso de los procedimientos de juicio político, contemplados en la LER. (Artículos 268 al 289, LER)

Convenios con municipios Con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Responsabilidades, se han presentado problemas para su operación sobre todo en algunos de los municipios del estado de Sonora, ya que 53 de los 72 municipios solo cuentan con una o dos personas en los órganos internos de control.

Municipios con Órgano de Control y Evaluación Gubernamental donde laboran hasta 2 servidores públicos - Bacadéhuachi - Bacerac - Bavispe - Cumpas - Divisaderos - Fronteras - Granados - Huachinera - Huásabas - Moctezuma - Nácori Chico - Nacozari de García - Tepache

- Villa Hidalgo - Aconchi - Arivechi - Arizpe - Átil - Bacanora - Bacoachi - Bácum - Banámichi - Baviácora - Benjamín Hill - Carbó - Cucurpe

- Empalme - Huépac - Ímuris - La Colorada - Mazatán - Naco - Ónavas - Opodepe - Oquitoa - Pitiquito - Quiriego - Rayón - Rosario

- Sahuaripa - San Felipe de Jesús - San Ignacio Río Muerto - San Javier - San Miguel de Horcasitas - San Pedro de la Cueva - Santa Cruz - Sáric - Soyopa - Suaqui Grande - Trincheras - Tubutama - Villa Pesqueira - Yécora 2018 | ISAF | COMPAREMOS

Derivado de lo anterior, se incluyó dentro de la última reforma a la Ley de Fiscalización para el Estado de Sonora, publicada el pasado 25 de junio de 2018 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la posibilidad de concertar y celebra convenios con los órganos internos de control de los municipios que no cuenten con la capacidad para implementar la estructura necesaria a efecto de llevar a cabo la investigación y substanciación de las faltas administrativas calificadas como no graves. Lo anterior, con la finalidad de que el ISAF, realice las labores de investigación y substanciación de las faltas administrativas calificadas como no graves, hasta la etapa de culminación de la audiencia inicial y recepción de pruebas, debiendo los citados órganos de control, continuar con la admisión y valoración de las pruebas recibidas a efecto de que estos resuelvan lo conducente y determinen la sanción aplicable de acuerdo con la ley en la materia.

Conclusiones En el desarrollo de un sistema democrático, es necesaria la construcción de políticas de Estado que garanticen la rendición de cuentas, la sinergia entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para eliminar los ámbitos de opacidad que dan lugar a la corrupción y a la impunidad. Pero también, es necesario reﬂexionar y bajar la expectativa en el sentido de que el SNA vaya a tener

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resultados inmediatos, ya que aún faltan una serie de acciones por realizar. En Sonora, se han realizado todas las acciones necesarias para la implantación del Sistema, y se está a la espera de los avances que aún faltan en la materia a nivel nacional como el desarrollo de las plataformas digitales señaladas en la Ley. Se deberá de continuar con el fortalecimiento de las bases institucionales, así como las metodologías y la construcción de los indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones que integran los sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción, se deberán de medir y evaluar los avances tanto en materia de prevención, como de combate a la corrupción. La construcción de estos sistemas a nivel nacional ha llevado más de tres años, ha requerido del esfuerzo de muchas instituciones de educación superior, de organizaciones de la sociedad civil y de la experiencia de un gran número de servidores públicos comprometidos con el correcto ejercicio de la función pública y con el pueblo de México. El ISAF ha realizado las acciones pertinentes contempladas en la LER en materia de prevención, y ha generado los ajustes normativos y administrativos necesarios para cumplir en tiempo y forma con la aplicación de la LER como parte de las acciones derivadas de la ﬁscalización del ejercicio ﬁscal 2017.

Construyamos una cultura por la integridad.

VINCULACIÃ&#x201C;N

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I REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN REGIONAL NORTE DE ASOFIS VINCULACIÓN

Producto de la reestructura organizacional de la Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) que cambió la conformación de los anteriores Grupos Regionales a Coordinaciones Regionales con temáticas de estudio específicas, se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, Coahuila, el pasado 22 de junio de 2018, la 1er. Reunión de la Coordinación Regional Norte de ASOFIS, la cual está conformada por las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) de Baja California, Coahuila Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

a reunión tuvo por objetivo nombrar al secretario de la coordinación regional, deﬁnir los mecanismos de seguimiento de las temáticas de las distintas coordinaciones regionales, la participación de los miembros de la Coordinación Regional Norte en los grupos de trabajo coordinados por funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el intercambio de mejores prácticas entre los miembros de la coordinación.

En este sentido, se nombró por unanimidad como Secretario de la Coordinación Regional Norte al C.P. Carlos Padilla Villavicencio, Auditor Superior en funciones en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California. Asimismo, el seguimiento de los temas de estudio de las coordinaciones regionales de ASOFIS fue asignado de la siguiente manera:

Tema asignado a las Coordinaciones Fortalecimiento de las EFSL, con énfasis en independencia y autonomía Creación de capacidades Enlace con el SNA Coordinación de la Fiscalización Finanzas estatales y disciplina ﬁnanciera Evaluación de la armonización contable

EFSL designada Coahuila Baja California Tamaulipas Chihuahua Sonora Nuevo León

Cabe señalar, que el tema de la Coordinación Regional Norte es el de Fortalecimiento de las EFSL, con énfasis en independencia y autonomía, por lo que corresponde a la EFSL coordinadora regional darle seguimiento.

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Por otro lado, los representantes de la coordinación en los grupos temáticos coordinados por funcionarios de la ASF fueron designados de la siguiente manera:

Grupo temá�co Auditoría al Desempeño y Presupuesto basado en Resultados Vinculación de la Fiscalización con el Sistema Nacional de Transparencia. Análisis Jurídico Nuevas responsabilidades de las En�dades Fiscalizadoras Superiores Cabe señalar que se deﬁnieron prioridades y puntos de interés común a tratar en los distintos grupos por parte de las EFSL miembros de la Coordinación Regional Norte. Siguiendo con el orden del día, se procedió a la exposición de mejores prácticas para compartir entre los miembros de la coordinación, donde el C.P.C. José Armando Platas Sandoval, Auditor Superior del Estado Coahuila y Coordinador Regional Norte de ASOFIS, expuso varios sistemas que están siendo operados por su institución que pudieran replicarse en las EFSL miembros de la coordinación. A su vez, el Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF, expuso el Sistema de Gestión Auditorías y Seguimiento (SIGAS), software que se encuentra en operaciones en el ISAF y que ha tenido excelentes resultados en la mejora de los tiempos de auditoría, mejora en la productividad del personal auditor y disminución de costos de operación de las auditorías. Como resultado de los trabajos, los miembros de la coordinación se pronunciaron por la formación de comisiones de trabajo, el primero con temática jurídica y reunirá a los titulares de las áreas jurídicas

EFSL designada Sonora Chihuahua Tamaulipas Baja California

de las EFSL para analizar oportunidades de mejora en las distintas leyes de fiscalización en las entidades federativas y avanzar hacia la homologación de estas, sin descuidar las particularidades de cada uno de los estados. La segunda comisión de trabajo será acerca de la formulación de informes, a cargo de los titulares de tecnologías de la información y encargados de la elaboración de informes de auditoría para conjuntar experiencias e identificar procesos y contenido de los informes. Por último se definió como sede de la 2da. Reunión de la Coordinación Regional la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el próximo mes de septiembre. Además de los titulares de las EFSL de Baja California, Coahuila y Sonora, asistieron a la reunión C.P. Armando Valenzuela Beltrán, Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, C.P.C. Jorge Guadalupe Galván González, Auditor General del Estado de Nuevo León e Ing. Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, así como personal de apoyo de las EFSL miembros de la Coordinación Regional Norte de ASOFIS. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOFIS VINCULACIÓN

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) es una organización autónoma, apartidista, independiente y de apoyo técnico. Está constituida por las 32 entidades de fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). n este sentido, en la ciudad de Campeche se realizó la XXI Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, los días 24 y 25 de mayo de 2018, con el con el propósito de trabajar coordinadamente a favor de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Durante el evento se aprobó la modificación de los estatutos de ASOFIS reestructura organizacional en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la elección y toma de protesta del Consejo Directivo 2018-2020. Producto de la reorganización se redefinieron los Grupos Regionales que agrupaban a las Entidades de Fiscalización Locales, para formar seis Coordinaciones Regionales con temas de estudio específicos de interés para los miembros de la asociación. En este sentido, el ISAF forma parte de la Coordinación Regional Norte cuyo tema de estudio será el 50 COMPAREMOS | ISAF | 2018

fortalecimiento de las Entidades de Fiscalización con énfasis en Independencia y Autonomía, y que agrupa a los órganos de fiscalización superior de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Coahuila, fungiendo este último como coordinador regional. Asimismo, se definieron cuatro grupos de trabajo coordinados por funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación con los siguientes temas: Auditorías de Desempeño y Presupuesto basado en Resultados, Vinculación de la fiscalización con el Sistema Nacional de Transparencia, Análisis Jurídico y Nuevas Responsabilidades de las Entidades de Fiscalización Superior en el país.

Durante el desarrollo de los trabajos se abordaron temas de interés con expositores expertos como fueron:

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• Cambios Institucionales para el Combate a la Corrupción y a la Impunidad: Análisis, Propuestas y Reflexiones, por parte de la Dip. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; • Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a cargo del Lic. Dante Preisser Rentería, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública; • Federalismo Hacendario y Fiscalización por el Mtro. Guillermo Lecona Morales, Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • Las labores de investigación y substanciación en el marco de la fiscalización superior por parte del Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. A su vez, se tuvo un panel de discusión acerca de “El valor de los resultados de la fiscalización para la agenda pública y la rendición de cuentas”, donde participaron la Dra. Lourdes Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, y el Mtro. Leonardo Núñez González, Analista Político de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mención especial merece el reconocimiento brindado por los miembros de la Asociación al C.P. Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación durante el periodo 2000-2008, por sus aportaciones a la labor fiscalizadora a nivel nacional. Por último se definió la sede de la XXII Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el año próximo, en ciudad de Acapulco, Guerrero. Por parte del ISAF asistió al evento el Auditor Mayor, C. Jesús Ramón Moya Grijalva, y contó con la presencia del Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, así como los titulares y representantes de las Entidades de Fiscalización Superior del resto de las 31 Entidades Federativas del país. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

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PRIMERA REUNIÓN PLENARIA DE 2018 DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN n cumplimiento con el Art. 46 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que indica que “las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, participarán en las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre el mismo, a ﬁn de dar seguimiento el cumplimiento de objetivos y acciones planteados en la ley general y demás legislación aplicable, pudiendo para ello, valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes”, el Auditor Mayor del ISAF, C. Jesús Ramón Moya Grijalva, y el Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, asistieron a la Primera Reunión Plenaria de 2018 del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) que se llevó a cabo el día 8 de junio de 2018 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

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El evento estuvo presidido de manera conjunta por la Secretaria de la Función Pública, Mtra. Arely Gómez González y el Auditor Superior de la Federación, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, y como parte del orden del día tuvo lugar la presentación de resultados del Informe de la Revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Gobernanza Pública del SNF, donde se contó con la participación del Sr. Janos Bertok, Jefe de la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE, el Sr. Gavin Ugale, Especialista en Políticas de Control Interno y Auditoría y el Sr. Jacobo Pastor García Villarreal, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas, mismos que expusieron los avances en la revisión que ha hecho, desde hace tres años, dicha organización al SNF.

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Además, se rindió el Informe de los Grupos de Trabajo del SNF que son: • Grupo de Trabajo sobre Control Interno • Grupo de Profesionales

Trabajo

sobre

Normas

• Grupo de Trabajo sobre Coordinación para la Fiscalización • Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo • Grupo de Trabajo sobre Transparencia • Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del SNF • Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades

Por último, se tuvo un espacio para las conclusiones de la reunión a cargo de Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la ASOFIS, y del Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General de San Luis Potosí y Coordinador Nacional de la CPCE-F. 2018 | ISAF | COMPAREMOS

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ENCUENTRO DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CON TITULARES DE LAS EFSL l Auditor Superior de la Federación, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, nombrado como tal el pasado 15 de marzo de 2018, en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) convocó a una reunión de trabajo a los titulares de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, miembros de la asociación para hablar de las perspectivas del trabajo fiscalizador a nivel nacional y estatal, así como el trabajo conjunto a realizar. En el evento, realizado el 26 de abril de 2018 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Lic. Colmenares Páramo presentó la propuesta de reestructura de la ASOFIS, donde el Consejo Directivo se convertirá en la Comisión Permanente, y los Grupos Regionales se convierten en Coordinaciones Regionales con una reestructura en las entidades de fiscalización miembros de estos, y con temas de estudio específicos de interés para la asociación. Además, se 54 COMPAREMOS | ISAF | 2018

propuso la formación de Grupos de Trabajo coordinados por funcionarios de la ASF. La intención de la propuesta es que sea estudiada y discutida por los miembros de ASOFIS, para llegar a un acuerdo de reforma de los Estatutos de la asociación y ser aprobados en la XXI Asamblea General Ordinaria de ASOFIS. Al encuentro asistió por parte del ISAF, el Auditor Mayor, C. Jesús Ramón Moya Grijalva.

Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia VINCULACIÓN

on el objetivo de reﬂexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, exponer los casos de éxito y las limitaciones desde la perspectiva nacional a ﬁn de contribuir con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, se organizó el Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, evento organizado por la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia en coordinación con la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El desarrollo de los trabajos de este Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia se llevó a cabo en paneles de discusión donde expertos en la materia dieron sus puntos de vista y compartieron experiencias nacionales y locales en los siguientes temas: 1. Estrategias en el combate a la corrupción desde el Sistema Nacional Anticorrupción; 2. Justicia Administrativa; 3. Fiscalización y Rendición de Cuentas; 4. Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.

El Seminario contó con la presencia de expertos nacionales en temas de transparencia, rendición de cuentas, ﬁscalización, control de los recursos públicos y combate a la corrupción, así como de titulares de las instituciones miembros de los Sistemas Anticorrupción, de Transparencia, y de Fiscalización a nivel nacional y estatal.

El evento cumplió con las expectativas para impulsar y compartir mejores prácticas para enfrentar los nuevos desafíos en el ámbito de la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por parte del ISAF, asistió el Auditor Mayor, C. Jesús Ramón Moya Grijalva.

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5,000 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

El Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción formaron parte de las jornadas de capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción el cual, durante un año tuvo a bien capacitar a 5000 funcionarios públicos. Durante estas capacitaciones, que se llevaron a cabo en Hermosillo en la Universidad Estatal de Sonora y en Obregón Sonora en el ITSON, participaron los titulares de las instituciones que conforman el Comité Coordinador del SEA. Así, durante un año, aproximadamente dos veces al mes, se dieron cita los servidores públicos a estas capacitaciones. Llegado el día, se dio reconocimiento a los 5000 servidores públicos que, en esta primera etapa, fueron parte de conferencias impartidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativo, el propio Comité de Participación Ciudadana, y la Secretaría de la Contraloría General. Al evento protocolario de cierre del programa de capacitaciones, se dieron cita, además de los titulares de las instituciones antes mencionadas, la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, la Lic. Natalia Rivera, medios de comunicación e invitados. 56 COMPAREMOS | ISAF | 2018

l 31 de julio de 2018, se llevó a cabo la toma de protesta de Aarón Aurelio Grageda Bustamante como nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana y a su vez como presidente del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Al acto se dieron cita los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez Titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Lic. Aldo Gerardo Padilla Pestaño Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Lic. Francisco Cuevas Saénz Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales así como Raúl Guillén López Secretario Técnico del SEA. El maestro Alberto Haaz Díaz, quien fungió como presidente del CPC en el período 2017 – 2018, se encargó de rendir protesta al nuevo presidente. Así mismo, se le entregó reconocimiento al maestro Haaz por su distinguido desempeño. Se integra al Comité de Participación Ciudadana el Lic. Iván Eduardo Andrade Rembau quien permanecerá como miembro del CPC por un período de cinco años. ¡Enhorabuena! Sin duda alguna será un año de retos y metas a alcanzar y un avance importante en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.

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TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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REUNIÓN CON ITSON EN OBREGÓN SONORA DENTRO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Como parte de las Jornadas de Capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción, se llevó a cabo reunión con personal del ITSON en Ciudad Obregón para personal de la institución así como equipo de trabajo de la Secretaria de Salud que labora en la parte sur del estado. El Auditor Mayor del ISAF presentó su participación sobre los servidores públicos ante el nuevo sistema de ﬁscalización y su vinculación con la Ley Estatal de Responsabilidades. La bienvenida estuvo a cargo del Rector Dr. Javier José Vales García. Presentes como conferencistas estuvieron también el Fiscal Odracir Espinoza titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, así como Lic. Ricardo García magistrado de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. 58 COMPAREMOS | ISAF | 2018

omo parte de las Jornadas de Capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción, y con apoyo y gestión del Comité de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo encuentros con el Auditor Mayor del ISAF, Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva con Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles y el DIF estatal; estas se llevaron a cabo en Hermosillo (DIF estatal), donde se reunieron IAPS y A.C. En Ciudad Obregón, estuvieron presentes representantes de IAPS y A.C. de Navojoa y Cajeme, así mismo, se llevó a cabo una tercera reunión en la ciudad de Nogales. En estas reuniones, el auditor mayor compartió información sobre la ﬁscalización superior de los recursos públicos transferidos a particulares y su vinculación con la Ley Estatal de Responsabilidades. Se valora el compromiso y esfuerzo de cada una de las asociaciones e instituciones presentes quienes mostraron sumo interés en estos temas.

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ENCUENTRO CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y ASOCIACIONES CIVILES

ENTREGA DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017-2018 VINCULACIÓN

n tiempo y forma se llevó a cabo la entrega de Informe Anual y Actividades del Auditor Mayor en el primer periodo de su administración, 15 de mayo 2017 – 15 de mayo 2018. En este documento, se realizó un resumen de las actividades del instituto en materia de auditoría, ﬁscalización, prevención de la corrupción, vinculación con la sociedad, convenios, Programa Anual de Auditorías 2018 y gestión administrativa. Así mismo, se realizó entrega del Informe Semestral del Estado que guarda la Solventación de Observaciones a los Sujetos Fiscalizados. La entrega del Informe, se hizo al H. Congreso del Estado de Sonora así como al Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo, María Elena Carrera Lugo, Manuel Montaño Barceló y Aquiles Fuentes Fierros. Así mismo, se publicó en la página oﬁcial del ISAF, www.isaf.gob.mx para su consulta.

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