2018 01 13 lecturas 56 by Esmeraldo Barceló

PODEMOS

Área de argumentario y discurso

REGIÓN DE MURCIA

Cuadernos de Materiales #Lecturas56 13/01/2018 Desde la convicción de que hacer política no se trata de estar completamente atados al mediático e intenso día a día de la actualidad, sino de ser capaces de enlazar los pequeños pasos en lo cotidiano con la mirada larga, creemos fundamental tener una buena selección de materiales de la enorme cantidad de páginas que se publican a diario y conservar algunos de ellos que puedan ser útiles para la formación y la pedagogía en nuestra organización. Os dejamos por ello una recopilación de artículos de los últimos días que esperemos os sean útiles.

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Democracia o Tribunal Supremo Javier Pérez Royo 08/01/2018 El Diario

La Región no puede esperar

Lo que oculta el aumento del desempleo en 2017 Alberto Montero Soler 07/01/2018 El Diario

Del expresidente de Murcia a la trama Pretoria Marta Barandela 11/01/2017 El Diario

María Ángeles García Navarro 08/01/18 La Opinión

EL DIARIO

Democracia o Tribunal Supremo Artículo publicado originalmente el 08/01/2018 en El Diario

Javier Pérez Royo Catedrátido de Derecho Constitucional U. de Sevilla

“El recurso simultáneo al principio de legitimación democrática y a los tribunales de Justicia para dar respuesta al mismo problema no es posible”

Cuando se activó por parte del Gobierno, con el concurso de PSOE y Ciudadanos, la ‘coacción federal’ prevista en el artículo 155 de la Constitución, el presidente Mariano Rajoy decidió hacer uso de la misma para destituir al Govern, disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones. Parecía que con ello pretendía que fueran los propios ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio los que dieran salida a una situación que se había convertido en insoportable. A través de la institución constitutiva de la democracia como forma política se intentaba encontrar una salida a una crisis del propio sistema democrático catalán en su relación con el sistema democrático español.

#Lecturas56 13 de enero de 2018

DEMOCRACIA O TRIBUNAL SUPREMO JAVIER PÉREZ ROYO

La decisión del presidente del Gobierno fue aplaudida por una muy amplia mayoría tanto dentro como fuera de Catalunya. Activar la ‘coacción federal’ con la finalidad de que entrara en acción el principio de legitimación democrática del poder era la forma menos “coactiva” en que se podía hacer uso del artículo 155. Un mínimo de coacción, con la finalidad de permitir que los ciudadanos de Catalunya volvieran a poner en marcha la competición propia de la democracia como forma política. El artículo 155, como convocatoria electoral era la menos mala de las lecturas de dicho artículo. Ya no es posible saber en qué situación nos encontraríamos en este momento si la aplicación del artículo 155 se hubiera reducido a la convocatoria electoral porque desafortunadamente no ha sido así. El recurso a la ‘coacción federal’ condujo, por un lado, a la activación del principio de legitimidad democrática por parte del presidente del Gobierno, pero también, por otro, a la interposición por el Fiscal General del Estado de querellas por rebelión contra dirigentes nacionalistas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El recurso simultáneo al principio de legitimación democrática y a los tribunales de Justicia para dar respuesta al mismo problema no es posible. La activación del principio de legitimidad democrática queda anulada por la acción judicial. Ya no podemos saber cuál hubiera sido el resultado electoral sin candidatos en el exilio o en prisión ni tampoco cómo estaríamos una vez conocidos los resultados si no siguieran en el exilio y en prisión los principales dirigentes nacionalistas. Qué hubiera pasado el 21D y cómo podrían ser interpretados los resultados sin la acción del Tribunal Supremo es algo que ya no podremos saber. Lo que sí sabemos es que la actuación del Tribunal Supremo ha anulado la salida a la crisis que podría haberse producido a partir del ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos de Catalunya. La competición política solo puede ser arbitrada por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Dicho arbitraje es incompatible con cualquier otro. El arbitraje político, a través del principio de legitimidad democrática, y el arbitraje judicial, a través del principio de legalidad, se repelen. El uno o el otro. Eso es lo que estamos comprobando. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones para que sean los ciudadanos los que decidan la formación de las mayorías y minorías parlamentarias y, como consecuencia de ello, la composición del Gobierno. Simultáneamente, el Fiscal General del Estado ha recurrido al Tribunal Supremo para que decida quiénes de los parlamentarios elegidos van a poder seguir teniendo la condición de parlamentarios o van a poder presidir o formar parte del Govern de la Generalitat. La incompatibilidad de la una con la otra salta a la vista. La composición del Parlament

#Lecturas56 13 de enero de 2018

DEMOCRACIA O TRIBUNAL SUPREMO JAVIER PÉREZ ROYO

y del Govern se decide por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio o por el Tribunal Supremo mediante sentencia. Lo que no se puede es que lo decidan ambos simultáneamente. Convocatoria de elecciones y querellas se anulan recíprocamente. Con los resultados del 21D, la formación de Gobierno no hubiera sido fácil. Con la intervención del Tribunal Supremo es sencillamente imposible. El Poder Judicial no puede participar en el juego político. Cuando ocurre esto último, el juego se acaba. ¿Para qué han votado los ciudadanos el 21D si ahora el Tribunal Supremo decide que el Gobierno que se podría constituir de acuerdo con el resultado de la votación, no puede hacerlo? Si deciden los ciudadanos, hay un gobierno. Si decide el Tribunal Supremo, hay otro distinto. El presidente Rajoy ha convocado a los ciudadanos a las urnas para que elijan un Gobierno y, simultáneamente, a través del Fiscal General del Estado, ha pedido al Tribunal Supremo que impida la formación de dicho gobierno.

La Región no puede esperar Artículo publicado originalmente el 08/01/2018 en La Opinión

M. Ángeles García Navarro Diputada de Podemos RM en la Asamblea Regional

“Una prioridad política sin dotación

presupuestaria no es una prioridad política, y para este Gobierno, queda claro que la Atención Primaria no es una prioridad sanitaria, no lo ha sido en el pasado ni parece que lo vaya a ser en el futuro”

Nuestro sistema de salud sufrió un duro revés con la crisis. El presupuesto en sanidad pública desde que empezaron los recortes ha tenido una leve mejoría, pero mientras que, supuestamente nuestra economía se va recuperando, este aumento sigue sin reflejar esa recuperación. En cambio, los ajustes en sanidad pública no han parado de crecer. Es más, el presupuesto es una pura ficción porque, a pesar de lo presupuestado, a lo largo del ejercicio, el Servicio Murciano de Salud se gastará mucho más. Ese gasto real es el origen la abultada deuda y del déficit estructural del SMS. Hay una infravaloración del gasto para no elevar realmente el techo de gasto de los presupuestos de esta Comunidad. De este presupuesto ficticio, quién peor parada sale es la Atención Primaria de Salud.

#Lecturas56 13 de enero de 2018

LA REGIÓN NO PUEDE ESPERAR M. ÁNGELES GARCÍA NAVARRO

La reforma de la Atención Primaria se inició en nuestro país con el RD 137/1984 sobre Estructuras Básicas de Salud. En él se sentaron las bases del modelo de Atención Primaria que nuestra población necesitaba. A partir de ese año hubo importantes avances en nuestra sanidad, se contó con más recursos, y aunque fue desigual el ritmo de implantación, el nuevo modelo de Atención Primaria se consolidó. En 2007, el Ministerio de Sanidad publicó el documento “Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España, Proyecto AP 21”, en el que se reconocía que, aunque la Atención Primaria en España era una de las mejores del mundo, había que dar respuestas a nuevos retos. A esto se unió que en la II Conferencia de Presidentes de 2005, se incluyó entre sus acuerdos la necesidad de “aumentar los recursos y la capacidad de resolución de la Atención Primaria“. Pero al llegar la crisis, la Atención Primaria que es la estructura que más podía contribuir a la racionalización de los recursos, fue relegada, como consecuencia de la debilidad del apoyo institucional y el expansionismo hospitalario.Y relegada sigue en este nuevo año, que vuelve a mostrarnos las repetidas imágenes de los servicios de urgencias colapsados, siendo una de las soluciones a este colapso, el convertir la Atención Primaria en el eje del Sistema Sanitario. Una prioridad política sin dotación presupuestaria no es una prioridad política, y para este Gobierno, queda claro que la Atención Primaria no es una prioridad sanitaria, no lo ha sido en el pasado ni parece que lo vaya a ser en el futuro. A día de hoy, tenemos una “Atención Secundaria de Salud”. Se tendrían que tomar importantes medidas acompañadas de dotación presupuestaria para que fuesen una prioridad. Se tendría que fijar un suelo de inversión en Atención Primaria del 20% sobre el total del gasto sanitario anual. Este modelo de Atención Primaria debería contemplar necesariamente mejoras en la plantilla. Un aumento en todas las categorías profesionales, cubrir todas las plazas vacantes y recuperar la pérdida de personal sufrida en los últimos años. Habría que reformular completamente los modelos de contratación temporal para eliminar la precariedad laboral y establecer un plan que garantice anualmente la suplencia suficiente y adecuada de las ausencias, evitando la sobrecarga y el deterioro de la seguridad y calidad de la atención prestada. Los nuevos retos de protección de la salud que se plantean se deben al aumento de las necesidades de la población sobre todo por el envejecimiento. Difícil de afrontar si nuestra esperanza de vida va aumentando y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Para abordarlos es necesario aumentar el peso en la planificación y gestión de la Atención Primaria, de la atención domiciliaria programada, los cuidados

#Lecturas56 13 de enero de 2018

LA REGIÓN NO PUEDE ESPERAR M. ÁNGELES GARCÍA NAVARRO

paliativos, invertir en educación para la salud y promoción de la salud grupal. Es necesario ajustar el cupo de pacientes a la complejidad según características sociodemográficas, número de patologías y de morbilidad. De forma inmediata, es necesario revisar el proceso de citación en las agendas de consultas externas y pruebas diagnósticas complementarias, acabando con la cita diferida y garantizando la transparencia en las listas de espera, con el fin de garantizar que ningún paciente salga de su centro de salud sin conocer la fecha de la cita, poniendo en marcha medidas efectivas de mejora de la coordinación y continuidad entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Para avanzar hacia este nuevo modelo de Atención Primaria, la Consejería de Salud debe implantar un plan de formación específico que sea compartido con otros niveles asistenciales, que esté financiado y se preste con medios propios del Servicio Murciano de Salud y que tenga como objetivos promover cambios en la práctica clínica de forma coordinada y, sobre todo, que garantice la independencia frente a los intereses de la industria farmacéutica. En este eje del sistema, hay que recuperar modelos de participación real de la ciudadanía para que se sometan a debate y aprobación las decisiones que sean relevantes para el bienestar de la población. Estrenamos un nuevo año que puede ser una oportunidad para pasar de una atención secundaria a una Atención Primaria de Salud. La región no puede esperar más.

EL DIARIO

Lo que oculta el aumento del empleo en 2017 Artículo publicado originalmente el 07/01/2018 en El Diario

Alberto Montero Soler Diputado de Unidos Podemos

“Estamos ante un modelo en el que la precariedad extiende sus largos tentáculos más allá del mercado de trabajo y afecta a la propia estructura social”

Que se reduzca el desempleo y aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social nunca pueden ser malas noticias en una economía que experimenta desde hace ya demasiados años una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Sin embargo, los datos con los que se ha cerrado el mes de diciembre en términos de afiliación a la Seguridad Social no dejan de ocultar realidades preocupantes que deberían alejarnos de su lectura complaciente y animarnos a sondear críticamente su anverso con el ánimo de identificar tendencias de fondo que pudieran generar

#Lecturas56 13 de enero de 2018

LO QUE OCULTA EL AUMENTO DEL EMPLEO EN 2017

ALBERTO MONTERO SOLER

más problemas a futuro de los que aparentemente ayudan a resolver a presente. Aunque solo sea en su dimensión cuantitativa hay dos notas que hay que señalar. La primera es que estos datos confirman la ralentización del ritmo de reducción del desempleo registrado con respecto a años precedentes. Así, en 2017 el desempleo cayó en casi 100 mil personas menos que en 2016 a pesar de que en el tercer trimestre las tasas de crecimiento del PIB fueron similares (3,1% en 2017 frente al 3,2% en 2016) y de que el de 2017 fuera el mejor dato interanual de creación de empleo de la serie histórica, en términos homogéneos. Esto es síntoma evidente de que la ralentización de la dinámica de crecimiento de la economía española empieza a impactar sobre el empleo de forma directa. Y la segunda nota está relacionada con el volumen de contratos que hubo que realizar para consolidar esa creación de empleo: más de 21,5 millones de contratos, de los cuales casi 19,5 millones fueron temporales -esto es, casi el 90%-, y el resto fueron indefinidos. Esto significa, expresado en otros términos, que en la economía española hay que firmar 74 contratos para consolidar un empleo en términos netos. Pero es que, además, a pesar de que se firmaron 1.929.250 contratos indefinidos, el número de afiliados con contrato indefinido apenas aumentó en 300 mil personas en el año. O, dicho de otra forma, que para consolidar cada afiliado con contrato indefinido fue necesario firmar casi 7 contratos indefinidos.De estos datos de contratación se derivan una serie de consideraciones cualitativas que deberían hacernos repensar las categorías con las que analizamos nuestro mercado de trabajo y sus implicaciones no solo económicas sino especialmente sociales. Y es que, por un lado, la contratación indefinida, que el Ministerio hábilmente trató de destacar como el principal dato en positivo dado que era la mayor de la última década, oculta realidades que desmitifican su identificación con la estabilidad en el empleo que se le supone y, consecuentemente, con el desarrollo de proyectos de vida dignos. En primer lugar, porque más contratos indefinidos no significan, proporcionalmente, más empleo indefinido a tiempo completo debido a que se categorizan como tales los indefinidos a tiempo parcial o los fijos discontinuos. En segundo lugar, porque la caracterización de los trabajadores con contratos indefinidos como la de un colectivo sobreprotegido frente al de los temporales ha ido dejando de tener sentido porque oculta realidades tan precarias como las que se dan entre estos; amén de que la reducción de las indemnizaciones por despido de la última reforma laboral unida a la elevada rotación, tal como pone de manifiesto el que solo uno de cada casi siete contratos indefinidos se acabe consolidando, también induce a su progresiva asimilación en términos prácticos. En tercer lugar, porque firmar más de 21,5 millones de contratos en un año son muchos contratos para tan solo incrementar la afiliación en poco más de 600 mil personas o para reducir el desempleo en algo más de 290 mil personas.

#Lecturas56 13 de enero de 2018

LO QUE OCULTA EL AUMENTO DEL EMPLEO EN 2017

ALBERTO MONTERO SOLER

La principal lectura que cabe hacer de estos datos es, esencialmente, que la temporalidad del mercado de trabajo español trasciende la estacionalidad de nuestra estructura productiva, la desborda y se convierte en un rasgo estructural de la economía española. Si, como es el caso, otras economías que tienen estructuras productivas similares tienen tasas de temporalidad mucho más reducidas habrá que buscar las razones de la hipertrofia de la temporalidad española en factores distintos a los de nuestra estructura productiva (sin que quepa disculpar a ésta de parte de responsabilidad sobre dicha temporalidad). Se impone, entonces, buscar explicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la cultura empresarial y la utilización fraudulenta de la contratación temporal para cubrir actividades de naturaleza fija y que, por lo tanto, deberían ser cubiertas por trabajadores con contratos indefinidos. Y, en cuarto lugar, aunque la temporalidad haya sido siempre muy elevada, hasta el punto de que éste puede considerarse un rasgo persistente de nuestro mercado de trabajo, nunca como hasta ahora había venido de la mano de la precariedad en dimensiones distintas a la mera rotación temporal. Sin embargo, ahora el incremento de la temporalidad ha venido de la mano de una caída del salario medio en 2016, de la constatación de que España es el país de la UE en el que menos crecen los salarios, del incremento del porcentaje de trabajadores pobres y de la consolidación de la desigualdad. La resultante es que temporalidad y precariedad comienzan a identificarse y constituir una limitante de fondo tanto a nivel económico, por su repercusión sobre la demanda interna, como a nivel social, por las disfunciones que introduce en una sociedad sustentada sobre el empleo como principal vector de inclusión social. Si a ello se le une que la alta rotación que se produce en el mercado de trabajo impide consolidar derechos al salir temporal o definitivamente nos encontramos con un mercado de trabajo con una alta flexibilidad de entrada y salida pero, al mismo tiempo, con una estructura de derechos vinculados al trabajo que elimina de forma casi automática los mecanismos de protección y seguridad reconocidos para las situaciones de desempleo o impacta dramáticamente sobre las futuras pensiones de esos trabajadores. En definitiva, estamos ante un modelo en el que la precariedad extiende sus largos tentáculos más allá del mercado de trabajo y afecta a la propia estructura social, a los modos de organizarnos como sociedad y la capacidad para poder planificar (o no) nuestros propios proyectos vitales. Frente a este escenario no cabe la autocomplacencia y sí el análisis de las tendencias para comenzar a revertirlas. No podemos resignarnos a que crecimiento y precariedad sean términos de un binomio indisoluble a futuro sino expresiones antitéticas en el marco de un patrón productivo generador de bienestar en sentido amplio para todos.

EL DIARIO

Del expresidente a Murcia a la trama Pretoria: seis caos de corrupción olvidados Artículo publicado originalmente el 11/01/2018 en El Diario

“La proliferación de otras graves causas y la irrupción en los tribunales del procès hace saltar de los titulares investigaciones que acaparaban

Marta Barandela Periodista

portadas”

En su momento, algunos de estos casos acapararon los titulares de todos los medios y acumularon minutos en los informativos de la mayoría de las televisiones. Pero fue efímero: las grandes revelaciones sobre la Operación Lezo, Gürtel o Púnica, y en especial la vertiente judicial del ‘procés’ con más de cincuenta imputados, acabaron por relegar a estas noticias del panorama informativo. Del caso del expresidente de Murcia a la trama Pretoria pasando por el Caso Nóos o los ERE, estos son seis de los casos de corrupción y fraude que han ido saltando de los titulares.

#Lecturas56 13 de enero de 2018

DEL EXPRESIDENTE DE MURCIA A LA TRAMA MARTA BARANDELA

1. Las tres imputaciones de Pedro Antonio Sánchez El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tiene a día de hoy tres frentes judiciales abiertos: los casos Auditorio, Púnica y Pasarelas. Esta tercera imputación la ha sumado hace un mes con la reapertura del caso, que investiga un presunto delito de prevaricación en su etapa como alcalde en otra construcción en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2007. La Justicia investiga también las conversaciones durante su etapa como consejero de Educación para concertar un contrato de formación con empresas de Alejandro de Pedro –el conseguidor del caso Púnica– y pagar con dinero público servicios para mejorar su imagen “de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia”, un contrato no se llegó a firmar porque el experto en redes fue detenido. Esta semana se ha conocido que la senadora del PP Pilar Barreiro, también imputada en la pieza separada que investiga los delitos de la trama de Murcia, va a declarar el 15 de enero ante el Tribunal Supremo. En la exposición razonada que dejó el juez Velasco antes de abandonar el juzgado acusaba a Barreiro, al igual que a Sánchez, de utilizar fondos públicos para mejorar su imagen. Hoy defenestrado políticamente, la presunta implicación de Sánchez en la Púnica desató una oleada de solidaridad. Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior en funciones, desacreditó el informe de la Guardia Civil en el que se le acusaba de malversación y fraude y arremetió contra los agentes que dependían de su propio departamento: “El informe está lleno de presuntos, de eventuales y de posibles”. Finalmente, el propio PP forzó la dimisión de Sánchez. En cuanto al caso Auditorio, el expresidente murciano está siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos por irregularidades en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia cerró la fase de instrucción a finales de noviembre de 2017. Este 2018 continuará la tramitación de la pieza principal. 2. Caso Nóos, a la espera del Supremo Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel el 17 de febrero del pasado año. La condena para su socio, Diego Torres, fue de ocho años y seis meses. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero absolvió a la infanta Cristina de Borbón. Los condenados recurrieron ante el Tribunal Supremo, que debe fallar sobre el complejo caso. Cuando lo haga, la sentencia será firme y, de confirmar la pena, Urdangarin deberá entrar en prisión. Hasta entonces, el exduque de Palma se encuentra en libertad y no tuvo que abonar una fianza de 200.000 euros, como pedía la Fiscalía. El tribunal le obliga a compare-

#Lecturas56 13 de enero de 2018

DEL EXPRESIDENTE DE MURCIA A LA TRAMA MARTA BARANDELA

cer el día uno de cada mes ante la autoridad judicial de su país de residencia (Suiza) y a informar de sus cambios de residencia. A Diego Torres la Audiencia sí le retiró el pasaporte y se le prohibió la salida del territorio nacional. 3. El final de Pretoria y Palau Este año se pondrá fin a los juicios de los dos grandes casos por corrupción de Catalunya: el caso Palau – cuyo fallo se hará público el 15 de enero– y el caso Pretoria, en el que se están implicados dos hombres de confianza del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, y que afecta asimismo a exdirigentes del PSC. En el caso Pretoria se investigan tres pelotazos urbanísticos entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. La Justicia tiene que esclarecer si los acusados, liderados por el exdiputado del PSC Luis Andrés García, “Luigi”, recibieron comisiones a cambio de inversiones en terrenos de los municipios que, tras posteriores modificaciones urbanísticas para revalorizarlos, se vendían a un precio mayor. La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con Prenafeta y Alavedra por el que ambos reconocieron haber mediado en operaciones urbanísticas y el cobro de comisiones a cambio de una rebaja en la petición de la pena de 6 a 2 años de cárcel. Para el líder de la trama, la aumentó de 8 a 13 años de prisión. Mientras, en Catalunya prosigue la investigación sobre la causa del 3% de Convergència, la pieza abierta sobre la supuesta financiación irregular de la formación y en la que están imputados algunos de sus máximos responsables. 4. Rato vuelve al banquillo por el caso Bankia La antigua cúpula de Bankia se sienta en 2018 en el banquillo por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 para facilitar la salida a Bolsa de la entidad. El pasado 17 de noviembre el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra su expresidente Rodrigo Rato y otras 31 personas físicas, entre las que se encuentran el exministro Ángel Acebes, el exconsejero de OHL Javier López Madrid o el empresario Arturo Fernández. El exministro de Economía y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato basa su defensa en la “fiscalización” y en la supervisión del Banco de España y de la CNMV. En su escrito de defensa, se exculpa de cualquier responsabilidad y señala que su conducta estuvo “ajustada a derecho”. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide cinco años de cárcel para él. El exvicepresidente de Bankia -’número dos’ de Rodrigo Rato en el banco- José Luis

#Lecturas56 13 de enero de 2018

DEL EXPRESIDENTE DE MURCIA A LA TRAMA MARTA BARANDELA

Olivas también se ha eximido de responsabilidad en la operación. Su defensa argumenta que dimitió de su cargo “muchísimo tiempo antes” de que se celebraran los consejos de administración en los que se reformularon las cuentas del año 2011. Anticorrupción pide para él cuatro años de prisión por el delito de fraude de inversores. 5. El juicio de los ERE sigue este enero El 9 de enero se reanudará el juicio de los ERE con la declaración de los 22 acusados, 56 peritos y los testigos citados. El juicio de la primera pieza del caso de los ERE arrancó el pasado 13 de diciembre después de cerca de siete años de investigación. En el banquillo se sientan 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros y los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla juzga si estos cargos tuvieron algún tipo de participación en la creación de un sistema sin convocatoria pública y eludiendo la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales a empresas entre los años 2001 y 2011. Esas ayudas habrían sido objeto de un “reparto discrecional o, incluso, arbitrario” y en total sumaron 854 millones de euros, una cantidad que la Fiscalía rebaja a 741 millones. Parte de ese dinero acabaría en “entidades y personas que no reunían los criterios” para ello. 6. Dancausa, investigada por Mercamadrid En 2018 continuará también la investigación sobre una presunta operación fraudulenta en Mercamadrid. El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid citó como investigada a la delegada del Gobierno en la comunidad, Concepción Dancausa, por un delito societario en una causa que salpicó también a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González e imputado en la Operación Lezo. Están investigados los 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013. El juez investiga los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento entre Mercamadrid y Merca Ocio 22 S.L. En un escrito de la Fiscalía figura que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a esta segunda empresa durante veinte años para evitar un litigio. El documento detalla que “si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad” lo que “es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio”. Concepción Dancausa declaró en noviembre ante el juez que la operación fue “buena” para la empresa porque con ella se obtenían “beneficios para Mercamadrid”, según explicó. La delegada del Gobierno aseguró ante el magistrado que con la transacción se “eludía una posible responsabilidad patrimonial” y “se ponía en marcha unas naves que eran muy importantes”.