Informe confirma cooptación de la obra pública

Constructoras aliadas al oficialismo han sido beneficiadas con proyectos carreteros por parte del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Javier Maldonado.

Redacción redaccion@elperiodico.com.gt

Un informe de auditoría social elaborado por Acción Ciudadana (AC) confirma que los políticos guatemaltecos han tomado el control de la mayoría de proyectos que maneja el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

“Durante el ejercicio de auditoría social se pudo constatar que existe una clara cooptación de la obra pública que ejecuta el Ministerio de Comunicaciones, tal y como lo aseguran diversos medios de prensa”, cita el informe.

Acción Ciudadana también señala que la captura por parte de los políticos de la obra pública ocurre “a partir de 2017, luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) destaparan diversos casos de corrupción en el que se evidenció la existencia de un sofisticado esquema en la que grandes constructoras pagaron millonarias sumas a funcionarios de turno y además realizaban aportes anónimos para financiar campañas electorales, la situación cambió”.

“Los problemas legales de esas grandes constructoras, trajeron como consecuencia un vacío que fue aprovechado por los políticos de turno para que la adjudicación de obra pública se hiciera a empresas vinculadas a ellos o a allegados suyos”, apunta el informe.

Acción Ciudadana también encontró indicios de que la mayoría de proyectos carreteros incluidos en el decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, fueron adjudicados a constructoras vinculadas a diputados y políticos afines a la actual administración gubernamental.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso de la República en marzo del año pasado y contó con los votos del bloque Vamos y bancadas aliadas al oficialismo. El polémico decreto concedió un aumento presupuestario de Q3 mil 191 millones 243 mil 500 al Ministerio de Comunicaciones para la contratación de obra pública.

Durante el añol 2022, elPeriódico publicó diversas investigaciones que evidenciaban como las constructoras de polémicos empresarios como Otto Samayoa Soria, Guillermo Anzueto Barrios, Willy Vásquez de León, y la familia Guerra de Petén; o legisladores como Julio Lainfiesta Rímola y Édgar Montepeque González; o el ex parlamentario Carlos Herrera Quezada y el ex candidato a diputado Luis Amilcar García González, se aprovecharon para captar proyectos de infraestructura contemplados en el decreto 21-2022.

Tres Proyectos Fiscalizados

A través de una selección aleatoria, Acción Ciudadana, se dedicó durante seis meses a fiscalizar tres obras carreteras que fueron aprobadas con recursos que ejecutó el Ministerio de Comunicaciones.

El primer proyecto es el tramo de la RD-BV-18 Aldea Las Cuevas Granados-Represa Río Chixoy Cubulco, Baja Verapaz, el cual tuvo trabajos de reparación por un monto de Q8.9 millones y la empresa contratada fue Infraestructura y Productividad, S. A.

La auditoría social pudo determinar que dicha constructora tiene vínculos con Luis Armando Ortuño Juárez, esposo de la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Marleni Lineth Matías Santiago de Ortuño.

Luis Ortuño fue de 2001 a 2017 gerente general y representante legal de la entidad Infraestructura y Productividad, S. A.

A la fecha el proyecto ya ha obtenido desembolsos por Q7.2 millones y queda pendiente un saldo de Q1.7 millones.

Un segundo proyecto examinado fueron los trabajos de mantenimiento de la red vial en los tramos RD-SM-24-02 de La Gloria a Santa Teresa a San Miguel en la bifurcación RD-SM-13, mientras el otro el RD-SM-02-02 va de San Sebastián, a la bifurcación RN-12-Norte Tejutla.

El costo de la obra asciende a Q53.3 millones y fue adjudicado a la empresa Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A. que guarda conexiones con el diputado de UCN, Julio Lainfiesta Rímola.

Entre los vínculos más sobresalientes que tiene Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A. con el legislador Lainfiesta, se encuentra la participación de Willy Alexander Bran Cortez, un antiguo empleado de la constructora Maya Pav, S.A., otra empresa vinculada al legislador del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), según una investigación que publicó el diario elPeriódico en 2019. El proyecto ya ha tenido desembolsos que suman Q37.7 millones y queda un saldo pendiente de Q15.6 millones.

La tercer obra fiscalizada fue un proyecto de Q63.5 millones que se le otorgó a la Constructora Alian, S.A. y que se ejecuta en la ruta CA-02 Occidente-19-20A tramo entre Desvío Tecún Umán y Desvío Catarina, San Marcos Dicha empresa fue fundada por Óscar René García Casasola y Ana Margarita González Martínez de García, en el año 2000. El primero es abuelo de Luis Amilcar García González, ex candidato a diputado del partido oficial en las pasadas elecciones, mientras que González Martínez, la otra socia fundadora, es la madre del excandidato a legislador. A la fecha el proyecto ya ha obtenido pagos por Q28.8 millones y tiene un saldo por pagar de Q34.7 millones.