Ordenan investigar a miembros del Gobierno de Bolsonaro por genocidio yanomami

La Corte Suprema de Brasil ordenó este lunes (30) que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de miembros del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) en la práctica de genocidio y de otros crímenes contra la etnia yanomami, dueña de la mayor reserva indígena del país.

La orden fue dictada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal, y enviada tanto a la Fiscalía, como al Ministerio Público Militar, al Ministerio de Justicia y a la Policía Federal, informó el máximo tribunal en un comunicado.

Además de la posible práctica de genocidio, el magistrado ordenó que los diferentes órganos de investigación determinen si los miembros del Gobierno, que no identificó por tratarse de un proceso sigiloso, incurrieron en crímenes como desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales relacio -

Pide EUA...

Unidas pidió a la comunidad internacional “mejorar” las ayudas que está entregando a Somalia.

La peor sequía registrada durante los últimos 40 años en Somalia -y otros países del cuerno de África- se ha sumado al encarecimiento general de los alimentos por factores como la guerra en Rusia contra Ucrania y los desplazamientos de las comunidades por el hambre y los ataques de grupos terroristas.

Como consecuencia, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) -herramienta que clasifica la gravedad de las situaciones de seguridad alimentaria– señaló el pasado diciembre que nados a la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.

La decisión fue dictada 10 días después de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarara un “emergencia sanitaria” en la reserva de los yanomamis, la más grande de Brasil, con unos 27 mil indígenas en cerca de 10 millones de hectáreas, ante el “abandono” que sufrieron y por el creciente número de muertos y hospitalizaciones de indígenas por hambre y diferentes enfermedades.

El magistrado citó un informe que recibió de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil sobre la “grave situación humanitaria” que viven los yanomamis por la desnutrición, la propagación de la malaria, los elevados índices de mortalidad y la contaminación de sus ríos por el mercurio usado por los mineros ilegales.

Barroso afirmó en su decisión que diferentes documentos que analizó “sugieren una situación absoluta unos 8.3 millones de somalíes sufrirán “inseguridad alimentaria aguda” entre los próximos meses de abril y junio. de inseguridad para los pueblos indígenas involucrados, así como acciones y omisiones por parte de autoridades federales que la agravaron”.

El año pasado, Washington financió más del 80% de las operaciones de emergencia del Programa Mundial de Alimento (PMA) en el Cuerno de África, una cantidad 4 veces superior a la aportada por el resto de países que colaboraron con esa institución de la ONU, según destacó Thomas-Greenfield en Mogadiscio este domingo.

Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

El magistrado citó posibles actos de desobediencia de decisiones de la Corte Suprema que ordenaron al Gobierno retirar a los cerca de 20 mil mineros que actúan ilegalmente en la reserva, así como de filtraciones de las fechas en que se realizarían las operaciones que permitieron huir a los explotadores artesanales de oro.

En la misma sentencia, Barroso reiteró la orden que dictó en 2020 para que el Gobierno use fuerzas militares y policiales para retirar a todos los mineros ilegales que actúan en las reservas de las etnias yanomami, karipuna, uru-eu-wau-wau, kayapó, arari- boia, mundurucu y trincheira bacajá.

Tal decisión fue dictada para evitar la propagación del Covid-19 en las reservas indígenas y nunca fue cumplida por el Gobierno Bolsonaro.

En ese sentido, Barroso estableció un plazo de 30 días para que el Gobierno de Lula, que asumió su tercer mandato el 1 de enero, presente un diagnóstico sobre la situación de las comunidades indígenas y un plan, con cronograma, para cumplir la orden de retirar a los mineros ilegales de las reservas.

Antes de conocerse la decisión del Supremo, el Ministerio Público Federal (MPF) informó este lunes que abrió otra investigación para determinar si las acciones u omisiones del Estado contribuyeron a la crisis humanitaria que viven los yanomamis.

Estados Unidos solicitó nuevamente a México que revise si a los trabajadores de la planta de Manufacturas VU en Piedras Negras (Coahuila) se les niega el derecho de libre asociación, informó este lunes la oficina de la representante de Comercio de EUA, Katherine Tai.

Esta es la segunda vez que Estados Unidos solicita a México que revise las condiciones laborales en esta instalación, una situación que se da gracias al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) incluido en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, USMCA en inglés).

“Un principio fundamental de la política comercial centrada en los trabajadores de la Administración de Biden es garantizar su derecho a organizarse y negociar colectivamente sin temor a represalias o intimidación”, apuntó Tai en un comunicado.

Pese a que la instalación “tomó medidas positivas en 2022”, algunas de las fallas que se identificaron anteriormente “parecen ser recurrentes”, señalo la representante, quien apuntó que espera trabajar con el Gobierno de México “para abordar este problema de inmediato”. En relación con la solicitud, Tai ordenó al Departamento del Tesoro que suspenda la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la planta de Manufacturas VU.

El 29 de diciembre, el Comité interagencial para el monitoreo de este sistema recibió una petición de 2 organizaciones sindicales mexicanas, La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) y el Comité Fronterizo de Obreras (CFO), para investigar el ataque a los derechos de estos trabajadores al prohibirles la libre asociación y negociación colectiva. Tras revisar la solicitud, se determinó que existe “evidencia suficiente y creíble” de una denegación de derechos, por lo que se presentó la solicitud. México tiene 10 días para acceder a realizar una revisión y, si acepta, 45 días para completarla. Con esta solicitud, Estados Unidos ya ha invocado formalmente este mecanismo 6 veces.

Durante la pandemia del Covid-19, los niños en edad escolar experimentaron retrasos de aprendizaje y una pérdida de conocimientos y habilidades equivalente a aproximadamente el 35% del aprendizaje total de un año escolar, según un estudio que publica este lunes la revista Nature Human Behaviour.

Esta conclusión se basa en un análisis de 42 estudios hechos en 15 países de ingresos altos y medios, añade la publicación.

Los estudios indican que estos retrasos son más pronunciados en matemáticas que en lectura, especialmente entre escolares procedentes de entornos desfavorecidos.

Se estima que el 95% de la población estudiantil mundial se vio afectada por el cierre de escuelas durante la pandemia.

Investigaciones anteriores habían sugerido que el progreso de la educación pudo verse comprometido por la enseñanza híbrida.

El efecto de la enseñanza presencial limitada también pudo haber sido exacerbado por problemas de salud mental y física relacionados con la incertidumbre económica, algo más pronunciado en el caso de los niños procedentes de familias de nivel socioeconómico más bajo.

Bastian Betthäuser, de la Universidad Sciences Po (París), y sus colegas evaluaron los problemas de educación, como un retraso en el progreso y una pérdida de habilidades y conocimientos ya adquiridos, durante la pandemia para saber