APUNTE EDITORIAL

Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo Desgraciadamente me veo en la obligación de iniciar mis palabras recordando a David Beriain y Roberto Fraile, asesinados el pasado 27 de abril en Burkina Faso. Dos crueles crímenes que elevan a 1.453 la cifra de españoles, o de personas asesinadas en nuestro país, desde el 27 de junio de 1960, fecha del asesinato de la pequeña Begoña Urroz, primera víctima del terrorismo en España. Desde estas páginas quiero manifestar mi más profunda repulsa por sus asesinatos y deseo hacer llegar mis condolencias y mi cariño a sus familiares y amigos. Ya en otro orden de cosas, de intenso se puede calificar este primer semestre de 2021, cerrado el pasado 27 de junio con la celebración en el Congreso de los Diputados de la decimoprimera edición del Día de las Víctimas del Terrorismo en España, instaurado en marzo de 2010 por unanimidad de los grupos políticos con representación por aquel entonces en la Cámara Baja. Un acuerdo a su vez motivado por una propuesta elevada a las Cortes por veintidós asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Tras mi reciente nombramiento como presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, esta ha sido la primera vez en la que he hecho uso de la palabra en el Congreso de los Diputados para dirigirme a diputados y senadores allí presentes, junto al resto de autoridades y representantes del colectivo de víctimas del terrorismo, y trasladarles las inquietudes y necesidades que las víctimas del terrorismo venimos exteriorizando en cuantos actos públicos tenemos ocasión de participar. Entre ellas, la defensa de un relato justo, la necesidad de preservar la memoria de lo acontecido en España durante más de seis décadas de terrorismo y evitar que nadie pueda facilitar el blanqueamiento de unos terroristas, sean quienes sean, que han atentado contra la vida de personas inocentes, y también contra los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

En este punto, no puedo estar más de acuerdo con lo recogido en aquella Declaración Institucional de marzo de 2010, por la que se fijaba cada 27 de junio como Día de las Víctimas, cuando se afirmaba que “la memoria nos

salva y protege de un segundo crimen, que sería el del olvido. Mantenemos viva y fresca la memoria para honrar a los muertos, para reconfortar a los vivos y para aborrecer a los asesinos”. Cierto es que la reciente inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo allanará el camino, evitando que esa triste realidad, la de verdugos implacables y víctimas inocentes, se desdibuje. Un Memorial concebido para preservar la memoria y salvaguardar la veracidad del relato, porque, como dije en su inauguración, “no podemos asumir que el rechazo y la condena firme que provocó en el pasado la barbarie terrorista, o la consternación que genera cada nuevo atentado, se diluya”. Por ello, desde la Fundación Víctimas del Terrorismo, trabajar por la memoria de las víctimas es y será nuestro objetivo. Esa es la razón por la que nosotros debemos perseverar en el trabajo diario, para mantener viva la memoria de todas las vidas rotas, rendirles homenaje y contar una parte de la historia que con frecuencia ha recibido escasa atención, porque no podemos olvidar que las víctimas del terrorismo, en palabras de Su Majestad el Rey Felipe VI, son “uno de los pilares éticos” de la democracia y “símbolo de la defensa” de la libertad, del Estado de derecho y de los valores que recoge la Constitución.

Mantener viva su memoria es un ejercicio de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que las

“Es esencial que garanticemos un relato veraz y certero a las generaciones que no tienen una vivencia directa, porque, si no lo hacemos, estaremos siendo profundamente injustos con las víctimas y privaremos a nuestros jóvenes del conocimiento de una parte reciente de la historia de España, marcada por la sinrazón terrorista”

generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido, del dolor que el terrorismo provoca a toda la sociedad y a sus víctimas en particular. Es esencial que garanticemos un relato veraz y certero a las generaciones que no tienen una vivencia directa, porque, si no lo hacemos, no solo estaremos siendo profundamente injustos con las víctimas, sino que además privaremos a nuestros jóvenes de una poderosa herramienta para enfrentarse a posibles conflictos futuros: el conocimiento de una parte reciente de la historia de España, marcada por la sinrazón terrorista. Debemos mostrarles la verdadera dimensión del terrorismo en España para que se acerquen al sufrimiento y la indefensión de las víctimas, a la brutalidad de los asesinos, y sean conscientes del intento de coacción y chantaje al Estado que supone. Pero de nada sirve que nos afanemos en mostrar la barbarie terrorista si, por otra parte, continúan llegando impunemente los mensajes de odio y ultraje a las víctimas.

Las víctimas del terrorismo nos hemos caracterizado siempre por nuestro respeto a las normas establecidas, pero eso no nos ha impedido reivindicar aquello que considerábamos justo. Y pedir a quienes nos gobiernan que nuestro ordenamiento jurídico, de forma incontestable, impida que se sigan cometiendo los ultrajes a las víctimas que constituyen los homenajes a los terroristas —hoy de ETA, mañana de cualquier otra condición— cuando salen de la cárcel, es de justicia. Más allá del ataque directo que supone a las víctimas, cada uno de esos actos es, de facto, una incitación al odio y a la violencia. Es una llamada para que se vea en el homenajeado no a un asesino, sino a un héroe. Eso es algo que una democracia como la nuestra no puede seguir permitiendo ni un día más, porque terrorismo y violencia no solo deben combatirse, sino que estamos obligados a prevenirlos, y una forma de hacerlo es impidiendo cualquier reconocimiento a los condenados por terrorismo.

En defensa de la memoria de los que ya no están, exigimos que se articule la respuesta institucional necesaria para evitar esa reiteración de actos denigrantes que, por cierto, solo se dan aquí, en nuestro país. •