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Despojan a indígenas de sus tierras y agua Acusan a compañía vinícola de apropiarse de sus terrenos, negarles perforar un pozo y cerrarles la vía de paso; también señalaron que funcionarios de la Procuraduría Agraria se vendieron a los empresarios
Foto: Cortesía
NICTÉ MADRIGAL/EL VIGÍA
La reunión se llevó a cabo en la Sala de Presidentes de Palacio Municipal.
nmadrigal@elvigia.net
D
30 HACE Y O H
AÑOS
Se publicó en la sección de Sociales Página 6
espojo e invasión de tierras, cierre de derechos de paso y la negativa del acceso al agua a las comunidades nativas asentadas en la Ruta del Vino, fueron actos denunciados por representantes de los grupos étnicos. Durante la mesa técnica de los pueblos yumanos, celebrada ayer en el Palacio Municipal, también señalaron a la Procuraduría Agraria (PA) de incurrir en supuestos actos de corrupción, al permitir contratos ventajosos en detrimento y perjuicio de los pobladores nativos. Durante el acto presidido por Carlos Ernesto Zatarain González, titular de concertación agraria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la comisariada ejidal, Claudia Morales Domínguez, denunció el conflicto agrario que durante años han sostenido con la empresa LA Cetto. Enfatizó que, en San Antonio Nécua, la empresa vitivinícola pretende adjudicarse terrenos nacionales que están en posesión de la comunidad indígena, y cuyos expedientes "se han extraviado" en dos ocasiones en las oficinas de la Procuraduría Agraria, desde el 2003.
Al respecto, Zatarain González reconoció que LA Cetto solicitó dichos predios y que la Sedatu está por resolver el caso. Sin embargo, aseguró que "revisando el expediente y quien tiene la posesión está de gane". Claudia Morales denunció el trato preferencial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hacia esa empresa, pues mientras niega a los indígenas el permiso de perforación de un pozo de agua, LA Cetto goza de la autorización de la dependencia federal para perforar un pozo de agua para consumo humano. Anselmo Domínguez Sandoval, también de San Antonio Nécua, denunció que la empresa ha cerrado el derecho de vía que por siempre han usado los pobladores. "La comunidad ha tratado de dialogar con ellos, pero que la prepotencia de la empresa rebasa todos los límites, ya que presume que tiene comprada a las autoridades y que su palabra es ley", lamentó.
TAMBIÉN EN SANTA CATARINA
Durante el encuentro se denunció que la comunidad indígena de Santa Catarina se ve afectada por un contrato apócrifo celebrado con una empresa de energía eólica, el cual no fue avalado por
Tarda Estado 52 días en reclamar a la SCT NICTÉ MADRIGAL/EL VIGÍA nmadrigal@elvigia.net
El Gobierno del Estado tuvo conocimiento de la reclasificación de la carretera Tecate-El Sauzal desde el 6 de junio, es decir, antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la prohibición para que circularan por esa ruta camiones de carga. Sin embargo, fue hasta el 28 de julio pasado cuando enviaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la “solicitud de reconsideración”. Esto, luego de que representantes de varios sectores de la iniciativa privada demandaran el apoyo de los distintos gobiernos, ante las
afectaciones que la medida implica para el transporte de carga y el impacto en los costos de mercancías, al verse obligados a transitar por la carretera Escénica, que es de paga. De acuerdo con el oficio, sin número de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), dirigido a Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de infraestructura de la SCT, desde el 6 de junio recibieron el “aviso”, sobre la reclasificación.
ESCUETO RECLAMO
El documento firmado por el titular de la Sidue. Manuel Guevara Morales, se toca de manera escueta lo relacionado con la afectación a la economía que represen-
asamblea de la comunidad. El titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jaime Martínez Veloz, reconoció que se trata de un contrato leonino, no aprobado por la asamblea, que pretextando la creación de energía eólica, es para apoderarse del usufructo de las minas que existen en el ejido de Santa Catarina. Mónica Duarte Álvarez, de la comunidad de San Isidoro, pidió la intervención de las autoridades agrarias para resolver la demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde el 2009 instaló torres y cableado para energía eléctrica, sin tomar en cuenta a la comunidad. Elías Espinoza Álvarez, jefe de la tribu de los Kiliwas, denunció a la Procuraduría Agraria, porque en lugar de defender sus derechos, aconseja a los indígenas a que les den sus tierras a las empresas porque ellos no las necesitan. Los Kiliwas han luchado para cancelar un contrato en el ejido donde además se ubican seis minas, de oro y plata. Martínez Veloz reconoció que la Procuraduría Agraria no sólo ignoró las recomendaciones de la CDI, sino que además omitió informar sobre las seis concesiones
ta esta reclasificación. Refiere además las siete fallas geológicas detectadas por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) en la carretera Escénica, por lo que no es recomendable el tránsito de vehículos de carga pesada por esta arteria. Cabe recordar que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la ruta que se les obliga a tomar es más larga y requiere mayor tiempo de uso del equipo de transporte en los trayectos. Esto genera incremento en el consumo de combustible, la obligación a usar carreteras de paga, y mayores sueldos para los choferes, además de un incremento en los costos de los productos que consumen los habitantes de Ensenada y del sur de la península.
mineras que existen en tierras de los Kiliwas. Mónica González en representación de los Cucapás, solicitó la delimitación de la Reserva de la Biósfera de la zona, para poder desarrollar la pesca que por tradición la comunidad ha tenido como actividad productiva. Asimismo, denunció que los 400 Cucapás de la zona se les impiden entrar a las reuniones de los 40 comuneros, violentando sus derechos ancestrales al intentar vender derechos agrarios que por ley corresponden a los indígenas. Solicitaron la intervención expedita de las autoridades para que se actúe en apego a derecho.
ASISTENTES
Acudieron a la reunión el comisionado nacional de la CDI, Jaime Martínez Veloz; el delegado de Corett, Gilberto Covelli Gómez; el titular de concertación agraria de la Sedatu, Carlos Ernesto Zatarain González; el delegado de la Procuraduría Agraria, Gustavo Llorenz; el delegado de CDI en el estado Juan Malagamba Zentella; el dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Eduardo Cota Osuna, entre otros funcionarios del sector.
Ondea bandera de EU en Cuba Página 14
Foto: Luis M. Ramírez/El Vigía
Otra vez
Mientras la construcción del libramiento duerme el sueño de los justos, una vez más el crucero de la avenida Reforma y calle Nueve fue escenario de un choque entre un camión de carga -que se no respetó la luz roja-y un vehículo particular. Información página 9