Implementación de los Juicios en Línea en el Estado de Jalisco

Centro de Investigaciones Legislativas

IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS EN LÍNEA EN EL ESTADO DE JALISCO Documento de trabajo

Marzo-mayo 2021

Investigación realizada por: DRA. BÁRBARA LEONOR CABRERA PANTOJA

https://www.congresojal.gob.mx/

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“Confluyen en nuestros días dos grandes movimientos: por un lado, el de afrontar los obstáculos de los riesgos de contagio, los confinamientos y las distancias sociales y, por otro, el de la necesidad de aplicar los beneficios de las nuevas tecnologías en un sector público en el que se encuentra especialmente arraigada la tradición de papel y de los expedientes cosidos a mano” Lorenzo Bujosa Vadell

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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Tipo

Documento de

Autor de la

trabajo

iniciativa

Diputado Héctor Pizano Ramos

Comisiones

Puntos Constitucionales y Electorales;

dictaminadoras

Seguridad y Justicia; así como la de Estudios Legislativos y Reglamentos.

Temática

Implementación de los juicios en línea

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ÍNDICE DE CONTENIDO

I. Preámbulo…………………………………………………………………………. 6 II. Aspectos generales de la justificación de la iniciativa y el dictamen…………….. 7 III. Impactos de la iniciativa…………………………………………………………

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IV. Marco normativo que se propone reformar……………………………………...

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V. Aspectos doctrinales……………………………………………………………...

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a)

Alfabetización digital crítica……………………………………………... 20

b) Criterios archivológicos………………………………………………….. c)

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Digitalización de documentos (documentos electrónicos)……………….. 24

d) e-Justicia………………………………………………………………….. 25 29

e)

Expediente electrónico……………………………………………………

f)

Firma electrónica avanzada………………………………………………. 29

g)

Informatización administrativa…………………………………………...

30

h) Juicios en línea……………………………………………………………

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i)

Juzgados informatizados………………………………………………….

35

j)

Notificación electrónica…………………………………………………..

36

k)

Promoción electrónica……………………………………………………. 37

l)

Sistema informático..................................................................................... 37

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m) Tecnología legal…………………………………………………………..

38

n) Tecnologías de la información y comunicación………………………….. 40 o) Teletrabajo judicial……………………………………………………….. 42 p) Tribunales virtuales………………………………………………………. 44 VI. Consideraciones finales………………………………………………………….

45

VII. Fuentes de investigación y consulta…………………………………………….

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I. PREÁMBULO

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Electorales; Seguridad y Justicia y la de Estudios Legislativos y Reglamentos, les fue turnada para su estudio y posterior dictaminación, la iniciativa de Decreto que modifica y adiciona diversos ordenamientos orientada a la implementación de los juicios en línea en el estado de Jalisco.

La iniciativa fue presentada el 6 de julio de 2020 por el Diputado Héctor Pizano Ramos, a la cual se le asignó el número de INFOLEJ 5091/LXII. Con ella se proyecta reformar la Constitución Política, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco.

Sobre el particular, el Centro de Investigaciones Legislativas contribuye con la elaboración de una investigación contenida en el presente documento de trabajo inherente a las temáticas abordadas en las reformas planteadas desde la iniciativa, de tal manera que sea útil como referente de consulta para el debate legislativo y el intercambio de ideas.

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II. ASPECTOS GENERALES DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA Y EL DICTAMEN

En el apartado correspondiente a la exposición de motivos de la iniciativa, destacan los siguientes aspectos tendientes a justificar las adecuaciones legales trazadas.

Distingamos:

 La substanciación de asuntos jurisdiccionales de manera virtual en nuestro país, vino a innovar el acceso de la sociedad a la justicia de una manera más rápida, sin necesidad de trasladarse físicamente a iniciar el proceso correspondiente; muestra de ello es el estado de Nuevo León, donde desde hace varios años cuentan con lo que denominaron el Tribunal Virtual.

 El Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General L2/2020, donde se regula la integración y trámite del expediente electrónico en todos los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo de dicho Consejo, mismo que enfatiza el uso de tecnologías para facilitar a la sociedad, el acceso y promoción de asuntos jurisdiccionales.

 En nuestra entidad, los poderes públicos han efectuado acciones tendientes a utilizar las tecnologías para atender los asuntos de su competencia, tal es el caso del poder Legislativo, que ha implementado la modalidad de sesiones virtuales, tanto de las diversas comisiones que integran el Congreso del Estado, como las de los legisladores en Pleno, con algunas limitantes, institucionalizado con ello, un nuevo esquema de trabajo que facilita el trámite de los asuntos, demostrando que el

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proceso legislativo cumple los requisitos de legalidad y es compatible con los avances tecnológicos.

 De igual forma, el Ejecutivo Estatal en conjunto con el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado, presentaron una iniciativa de decreto a efecto de implementar en dicho tribunal, la modalidad de juicios en línea, dicha propuesta identificada con el INFOLEJ 4883/LXII.

 El objetivo de esta iniciativa es que los juicios y procedimientos que ya existen en la ley, se puedan tramitar en forma electrónica respetando las reglas ya existentes para cada uno de ellos.

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III. IMPACTOS DE LA INICIATIVA

a) En el orden económico, se pretende hacer más accesible la justicia en nuestro estado, evitando que las personas tengan que trasladarse a los juzgados de manera presencial a hacer valer su derecho, reduciendo considerablemente el uso de papel y demás insumos que se emplean en la substanciación de un juicio convencional y con ello minimizando los gastos que deben efectuar los justiciables.

Adicionalmente, contar con un instrumento de esta naturaleza, que agiliza los procedimientos, permitirá reafirmar considerablemente la confianza en nuestra entidad, como un destino de inversiones seguras por la fiabilidad de su sistema de justicia. b) En lo social, el Estado pone al alcance de la sociedad una herramienta innovadora que responde a los retos que demanda la sociedad jalisciense, pretendiendo agilizar los trámites, las notificaciones y todo el conjunto de acciones que se llevan a cabo en los procesos jurisdiccionales. c) En lo jurídico, con la aprobación de la presente iniciativa, el Congreso del Estado en uso de sus atribuciones, proporcionará el andamiaje jurídico necesario para la implementación de los juicios en línea, abonando a incorporar un nuevo paradigma en la impartición de justicia local, propiciando que los justiciables cuenten con herramientas novedosas y fidedignas en las resoluciones jurisdiccionales. d) En la cuestión presupuestal, el Estado deberá hacer las adecuaciones presupuestales necesarias para la implementación de los instrumentos electrónicos necesarios para poder llevar acabo de la mejor manera los multicitados juicios en línea; el Congreso del Estado se encuentra en condiciones de realizar el estudio necesario para esto, puesto que aún quedan varios meses previos a la emisión del Presupuesto de Egresos 2021.

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IV. MARCO NORMATIVO QUE SE PROPONE REFORMAR

De la iniciativa en cuestión, las leyes que se pretenden adecuar para instaurar los Juicios en Línea, son las siguientes:

ORDENAMIENTO Y REFORMAS

PROPUESTA

PROPUESTAS

Constitución Política del Estado de Incorpora a las atribuciones del Supremo Tribunal de Jalisco

Justicia para que sea el Pleno quien acuerde lo necesario

(reforma los artículos 62 fracción X,

para la implementación de juicios en línea, así también

recorriéndose las fracciones subsecuentes

para que el Consejo de la Judicatura haga lo propio.

y el 64)

Ley Orgánica del Poder Judicial Se agrega todo un Título para dedicarlo al Juicio en Línea, el cual contiene un solo capítulo y 4 artículos.

del Estado de Jalisco (adiciona el Título Undécimo)

Código de Procedimientos Civiles Suma un Título para regular lo relativo al Juicio en del Estado de Jalisco

Línea, mismo que se divide en cuatro capítulos y 15

(adiciona el Título Decimoquinto)

artículos.

Ley

de

Firma

Electrónica Añade el uso de la firma electrónica avanzada en los

Avanzada para el estado de Jalisco procedimientos jurisdiccionales (artículo 1) y sus municipios

Enlista como sujeto obligado de esta Ley –el en rubro

(reforma los artículos 1, 2, 3 y 8)

del Poder Judicial- al Instituto de Justicia Alternativa del Estado (artículo 2) En el artículo de las definiciones, incorpora dentro de las actuaciones electrónicas, a las jurisdiccionales

11 (artículo 3) En el artículo respectivo a la manera en que los actos se deban notificar –pudiendo constar por escrito en documento

impreso

o

digital-

añade

a

los

jurisdiccionales (artículo 8)

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Título décimo primero Del Juicio en Línea Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 251. A petición del interesado, los juicios se promoverán, substanciarán y resolverán en línea, a través del Sistema Informático del Poder Judicial que deberá establecer los términos dispuestos en el presente título y las demás disposiciones que al efecto emita el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal, ambos del Estado de Jalisco; así como aquéllas aplicables establecidas en la presente Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de manera supletoria.

Artículo 252. En el Sistema Informático del Poder Judicial, se integrará el expediente electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas, anexos y documentos que presenten las partes, así como los oficios, acuerdos y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como cualquier otra actuación que derive de la substanciación del juicio, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad, neutralidad tecnológica, conservación, confidencialidad y durabilidad,

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conforme a los lineamientos expedidos por el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, ambos de la entidad y en cumplimento a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 213. Para hacer uso del juicio en línea, se deberán obtener la clave de acceso y contraseña, mismas que se proporcionarán a través del Sistema Informático del Poder Judicial, previa obtención del registro y autorización correspondientes.

Artículo 254. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO

Título decimoquinto Del Juicio en Línea Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1099. Se entenderá por juicio en línea al procesamiento de información virtual, que permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a los lineamientos de operación establecidos en el presente título, así como los acuerdos que dicte el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Jalisco.

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Los procedimientos virtuales o en línea se tramitarán conforme a las reglas y términos jurídicos procesales establecidos en este código para cada uno de los procedimientos que correspondan.

Artículo 1100. Para efecto del presente Título, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones: I. Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos digitalizados, promociones electrónicas y resoluciones realizadas en el Sistema Informático, almacenados en su base de datos; II. Firma electrónica avanzada: Los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos y que corresponden al firmante, con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de tal forma que esté vinculada únicamente al firmante y a los datos a los que se refiere, de manera que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; III. Notificación Electrónica: Proceso mediante el cual se dan a conocer las actuaciones judiciales realizadas en los procesos civiles, familiares y de jurisdicción concurrente a los usuarios del juicio en línea; IV. Promoción Electrónica: Es una promoción redactada, enviada a través del Sistema Informático y dirigida a un Expediente Electrónico en particular; y V. Sistema Informático: Es la plataforma virtual del Poder Judicial del estado, mediante la cual se substancian los juicios en línea.

Artículo 1101. El Sistema Informático tendrá como funciones principales las siguientes: I. La formación del expediente; II. La consulta de expedientes electrónicos en cualquier momento y sin limitación alguna;

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III. La recepción electrónica de promociones o peticiones diversas, y IV. La notificación en forma electrónica de las resoluciones judiciales.

Artículo 1102. Cuando en este título no se encuentre disposición que permita establecer criterios de operación relacionados con el juicio en línea, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura establecerán, mediante acuerdo, el criterio a seguir y tomar las medidas más convenientes para cumplir con los fines del Sistema Informático.

Capítulo II De la consulta de expedientes electrónicos

Artículo 1103. La consulta de los expedientes electrónicos será realizada en cualquier día y hora, hábiles e inhábiles por los usuarios autorizados para tales efectos, en los términos que señala este Código, por lo que cada titular de los diferentes juzgados y salas asignará, según su criterio, uno o varios servidores públicos responsables para autorizar y revocar los usuarios, según sea el caso. Para ello, el secretario deberá levantar una constancia, señalando el día y la hora a partir de la cual quedó materialmente registrada dicha autorización en el sistema, asentándose, además, el número de expediente, el o los usuarios autorizados para acceder a la consulta electrónica, así como el nombre de la parte que otorga la autorización y, en su caso, su representación. Esta constancia también se levantará cuando se revoque la autorización de cualquier usuario.

Para consultar la información de cada expediente se requiere una autorización individual, por lo que no se permitirá una autorización general para diversos asuntos.

Artículo 1104. Para acceder a la página electrónica del Sistema Informático, se creará un usuario y se asignará personalmente a éste una contraseña, la que se manejara bajo su responsabilidad en caso de transmisión a terceros, así como para la navegación en el

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portal de Internet, sin ningún tipo de responsabilidad para el Poder Judicial del Estado.

Una vez creado el nombre del usuario y asignada la contraseña, podrá entrar al sistema mediante estos datos, los cuales crearán un registro de uso por parte del sistema para cuestiones estadísticas.

Con esta contraseña podrá consultar la siguiente información de los expedientes judiciales: Nombre de las partes, número de expediente, juzgado que conoce el procedimiento, tipo de procedimiento, los acuerdos dictados dentro del proceso, las promociones y actuaciones judiciales digitalizadas dentro del proceso, tanto en primera como en segunda instancia.

Artículo 1105. Las resoluciones judiciales se generarán a través del sistema.

Las salas y juzgados tienen la obligación de digitalizar todos los documentos que se alleguen al expediente por las partes o por los funcionarios judiciales, sin excepción alguna. En este caso, el secretario dará cuenta de las promociones recibidas, a más tardar dentro de veinticuatro horas.

Artículo 1106. Los usuarios autorizados para la visualización completa de expedientes electrónicos podrán ser dados de baja a petición propia, y tratándose de usuarios facultados sólo para oír y recibir notificaciones, a petición de la parte que dio dicha autorización. Cuando se trate de apoderados, si el apoderado renuncia sin haber otro u otros apoderados reconocidos en el juicio, se debe prevenir al poderdante para que nombre otro apoderado o abogado patrono en el plazo de 5 días y de no hacerlo se seguirá el juicio sin su representante.

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Capítulo III De las promociones electrónicas

Artículo 1107. El promovente, al presentar su demanda, podrá hacer la solicitud expresa de substanciar el procedimiento mediante el juicio en línea; de igual manera el demandado, al contestar su demanda, podrá hacerlo mediante dicha modalidad. Las partes se reservarán la posibilidad de presentar en cualquier momento algún otro tipo de promoción por escrito ante la autoridad que conozca el asunto.

Artículo 1108. Para efectos de presentar cualquier tipo de promoción electrónica, se deberán observar los siguientes requisitos: I. Presentar escrito dirigido a la autoridad que conoce del asunto, debiendo señalar el nombre completo y usuario con el cual se registró en el Sistema Informático, firmada electrónicamente por el representante legal o por cualquiera de las partes; II. Hacer mención expresa del número de expediente en el cual solicita la autorización; y III. Tratándose de varios interesados se deberá señalar sus respectivos nombres de usuarios, siempre y cuando estén autorizados en el expediente para oír y recibir notificaciones.

Artículo 1109. Cuando las partes del proceso han autorizado a una o más personas para presentar promociones, podrán revocar dicha autorización pidiéndolo así al juez o magistrado que conoce del procedimiento, quien deberá hacer la cancelación en el sistema inmediatamente después de que se dicte el acuerdo de conformidad.

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Artículo 1110. Las promociones electrónicas se realizarán mediante el Sistema Informático, debiendo emplear para ello la firma electrónica avanzada.

Las promociones se consideran presentadas a la hora que aparezca en el acuse de recibo que se genere. A través del Juicio en Línea se podrán presentar promociones todos los días de la semana en cualquier horario.

Artículo 1111. Cuando por fallas técnicas propias del Sistema Informático no sea posible presentar promociones, derivando en incumplimiento de los términos judiciales correspondientes, se hará del conocimiento de los tribunales y juzgados a efecto que estos resuelvan lo conducente; de ser así, la promoción se presentará en forma física.

Capítulo IV De las notificaciones electrónicas

Artículo 1112. Las notificaciones realizadas electrónicamente a través del Sistema Informático se tendrán por legalmente practicadas y surtirán sus efectos en los términos de 1o previsto por este Código.

Lo anterior se tendrá en cuenta para el cómputo de términos judiciales conforme a las leyes aplicables.

La notificación electrónica se deberá enviar en conjunto con todas las promociones, oficios o cualquier escrito que se hubieran acordado, así como la resolución completa que se notifica.

Artículo 1113. El usuario que solicite la substanciación del juicio línea acepta que todas las notificaciones se realicen por vía electrónica.

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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Segundo. El Supremo Tribunal de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Jalisco, deberán realizar las acciones que correspondan, a efecto que los juicios en línea inicien su operación a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente decreto.

El Consejo de la Judicatura del Estado, promoverá una campaña de difusión de los servicios electrónicos del Poder Judicial para difundir las disposiciones contenidas en este decreto.

Tercero. Los juicios que se encuentren en trámite a la fecha en que inicie la operación del juicio en línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su presentación.

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V. ASPECTOS DOCTRINALES

Derivado de la propuesta planteada, así como del dictamen presentado por las Comisiones señaladas en el preámbulo de este documento, es oportuno conceptualizar y exponer algunos datos que resultan útiles para el debate parlamentario, para complementar, así como para la implementación y seguimiento de la reforma suscrita.

De esta manera en los siguientes párrafos de este documento de trabajo se aportarán componentes teóricos, algunos de ellos contrastados con lo expresado en la Iniciativa de Decreto suscrita por el diputado Héctor Pizano Ramos.

Es importante mencionar que para efectos prácticos las temáticas expuestas serán enlistadas en orden alfabético, de esta forma su consulta resulta más sencilla.

Para dar comienzo, es oportuno enfatizar que en “esta época, caracterizada por una revolución tecnológica, así como por la digitación de nuestras actividades, hace indispensable que las instituciones procuradoras de justicia, así como quienes la administran, sumado a quienes legislan, sin olvidar a los usuarios; tengan que considerar un cambio de paradigma en la forma en que se accede, administra y provee justicia. En razón a ello, hablar de e-Justicia es una asignatura de primer orden, ya que de su consecución depende el bien estar y el buen desarrollo de otros aspectos del escenario socio-político y jurídico” (Cabrera, 2020: 307)

Vayamos ahora a hablar de temáticas particulares, que, como lo anticipé, enlisto en orden alfabético.

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Distingamos:

a) ALFABETIZACIÓN DIGITAL CRÍTICA

Uno de los temas fundamentales previo, durante y posterior a la implementación de los juicios en línea – con todo lo que ello implica- es la capacitación; en este caso es la referente a la alfabetización digital crítica, la cual va más allá del simple acceso a Internet.

La alfabetización digital crítica supone la capacidad de dilucidar y llegar a juicios razonados acerca del papel que las diversas herramientas tecnológicas tienen dentro de la sociedad en sus diferentes manifestaciones (Cabrera, 2017: 38), esto es, hacer de la tecnología algo apropiado y apropiable.

Asociado a ello, “vivimos en una época de crecimiento extraordinario de la información y su difusión. La expresión big data tiene un sentido específico, aunque no sea transparente para todo el mundo. Y aquí aparece la segunda característica de nuestro tiempo: así como después de Platón y mucho más después de Gutenberg, el gran tema fue alfabetizar a la población” (Martino, 2020: 54, 55) lo mismo ocurre en materia digital, en una época donde somos prosumidores, es decir, productores y consumidores de información, se vuelve inaplazable tomar en serio este tipo de alfabetización.

En este sentido, “la capacitación se convierte en una pieza clave para el desarrollo de las personas que trabajan en el poder judicial e impacta de forma directa su razón de ser: la administración de justicia” (Molina, 2020: 241) misma que –para ser precisos- no debe circunscribirse exclusivamente a las cuestiones jurisdiccionales, sino que en estos tiempos de digitalización de nuestras actividades y de revolución tecnológica, ha quedado más que demostrado la imperiosa necesidad de aprender e incorporar eficientemente las TIC. No obstante, aún hoy en día “uno de los temas que más polémica sigue generando es definir si la capacitación judicial debe ser obligatoria o voluntaria, tanto para los jueces como para los funcionarios, como para los empleados. También se debate si debe ser una

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etapa previa al ingreso a la institución o debe limitarse solo a la capacitación una vez ingresados aquellos a esta. Otro de los temas nucleares reside en establecer si los contenidos de la capacitación judicial deben ser exclusivamente jurídicos, es decir, si la escuela judicial debe ser una escuela de derecho para jueces y empleados o solo debe transmitir y reforzar habilidades y destrezas propias de la función judicial” (Molina, 2020: 243 y ss) lo cual, como ya lo apunté es deseable se amplíe hacia temáticas relacionadas al uso, manejo e incorporación de las múltiples herramientas tecnológicas; esto es, de aquellas que resulten idóneas para la consecución de las actividades que implican la administración y el acceso a la justicia.

Un ejemplo de lo hasta aquí expresado lo encontramos en la Declaración sobre los principios de la Capacitación Judicial.

El 8 de noviembre de 2017, los miembros de la Organización Internacional para la Capacitación Judicial (IOJT), integrada por 129 instituciones de capacitación judicial de 79 países, han adoptado de forma unánime una declaración que expone los principios por los que ha de regirse la capacitación judicial, la cual puede consultarse escaneado el código QR:

Los criterios uniformes deberán ser expresados en protocolos o instructivos a partir de los que se desarrolle la capacitación remota de los agentes por medios audiovisuales; por ejemplo, videos breves, impresiones de pantalla de sistemas de gestión, técnicas para

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la realización de reuniones virtuales eficaces, checklist (listas de verificación) de actividades necesarias para ejecutar procesos de trabajo, elaborar documentos, etcétera.

Las acciones formativas deberán ser acompañadas de interacciones sincrónicas y asincrónicas entre educadores y educandos.

Las modalidades sincrónicas –teléfono, chat, videoconferencia- facilitan al docente la respuesta en directo o en tiempo real a las preguntas de los participantes y permiten recuperar algunas propiedades de los intercambios cara a cara que son propios de la educación presencial.

Las modalidades asincrónicas –foros de discusión y aunque un poco menos, el correo electrónico- permiten contar con más tiempo para las comunicaciones, multiplicar los contactos y complementar las clases, potenciando la construcción del conocimiento mediante las consultas entre pares y la intervención del docente. (Palma, 2020: 109) En definitiva, como puede constatarse la tecnología se hace presente y necesaria en la capacitación, donde la alfabetización digital crítica tiene un papel preponderante.

b) CRITERIOS ARCHIVOLÓGICOS

Tratándose de los archivos, entramos a uno de los asuntos que suponen más atención, ya que de su manejo y cuidado depende un eficiente acceso y administración de la justicia. Solo imaginar una endeble clasificación, orden y capacitación de quien los resguarda es una situación que no permitiría avanzar hacia la siguiente etapa, que es la de la digitalización y posterior implementación de los juicios en línea.

Actualmente, en su mayoría, “los criterios archivológicos que hoy existen en las oficinas judiciales responden a modalidades obsoletas de archivo que no guardan correspondencia con las metodologías modernas que acompañan a las herramientas informáticas de gestión judicial.

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El desafío de conciliar nuevas metodologías trae aparejado cambios culturales y reingeniería de procesos, nuevo mobiliario y una redistribución espacial de estos teniendo en cuenta especificaciones técnicas para la instalación de archivos. A esto deben agregarse también cambios normativos.

Un archivo eficiente debe responder a cuatro principios fundamentales: 1) acceso rápido al documento y/o datos; 2) optimización del uso de espacios físicos; 3) seguridad, y 4) economía de instalación y servicio” (Obal, 2020: 230, 231) Continuando con la misma autora, veamos cual es el tratamiento de la información judicial que es idóneo se considere en un acercamiento a un ambiente totalmente digital: (Obal, 2020: 227, 238)  Tratamiento de la información completa de las causas digitales como insumo para la toma de decisiones correctivas, de planificación, gestión y control de calidad.  Producción de información en forma ágil y oportuna para todos los actores de la gestión judicial.  Un sistema de información y gestión judicial debe integrar estándares que permitan el tratamiento, el registro y la recuperación unívoca de información.  Un sistema de información y gestión judicial debe facilitar la producción ágil de documentos judiciales en forma automatizada a partir de modelos documentales, evitando reiteraciones en el ingreso de datos.  Un sistema de información y gestión judicial debe posibilitar el intercambio electrónico de información y habilitar la incorporación

de documentos con

formatos diversos como audio o imágenes.  Es necesario reformular la gestión considerando la necesidad de reducir el movimiento del expediente y documentos en formato papel.  Debe procurarse alcanzar la consulta del expediente judicial completo en forma concurrente y remota.

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 Deben diseñarse los procedimientos operativos sobre los documentos teniendo como meta la reducción drástica de la atención y administración transitoria de documentos en formato papel.  Deben incorporarse procedimientos operativos que consideren una depuración continua de los archivos judiciales.  Deben seleccionarse sistemas de gestión que consideren detalladamente el iter procesal.  El personal judicial debe recibir capacitación adecuada y contar con manuales de procedimientos operativos que permitan conocer los aspectos documentales de la gestión judicial y el uso y aprovechamiento de los sistemas informáticos.

El desafío está ahí, y la necesidad de establecer certeros criterios archivológicos es latente e impostergable si se pretende ser eficientes y consolidar los juicios en línea.

c) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS)

Inmersos en la implementación de los juicios en línea “la primera cuestión a examinar es la referida al reconocimiento del documento electrónico, entendiendo por tal tanto el documento formado por el computador o aquel formado por medio del computador. En el primer caso, el computador no se limita a materializar una voluntad externa, sino que determina el contenido de esa voluntad, decidiendo en el caso concreto.

En el segundo caso, en cambio, el computador simplemente manifiesta una voluntad ya expresada. (Delpiazzo, 2020: 214) Su importancia radica en que en un documento se plasman las diversas actuaciones judiciales, desde la que lleva a cabo el justiciable acudiendo a tribunales a pedir justicia, hasta la resolución del caso, pasando por las diversas etapas que conllevan los juicios.

En este orden de ideas, “en primer lugar, en las últimas décadas se transformó absolutamente la forma de realizar y documentar los actos o negocios jurídicos, por la

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aparición y luego utilización masiva del documento electrónico o digital, en distintas variantes y con diferentes particularidades. En segundo lugar, aparecieron temáticas absolutamente novedosas en distintas materias. Estos cambios, naturalmente, impactaron en el resto de las categorías del proceso” (Valentín, 2020: 133) No obstante, debe tenerse muy presente que “el último impacto de las nuevas tecnologías, tanto desde la perspectiva del orden en las categorías como desde un punto de vista cronológico, recae sobre las estructuras procesales. De lo que se trata es que todos los actos y las funciones procesales puedan ser realizados por medios digitales o telemáticos” (Valentín, 2020: 158) lo cual no es un cuestión sencilla, ya que requiere además de disposición de llevarla a cabo, algunos otros elementos como personal capacitado, tecnología, presupuesto, infraestructura suficiente y tiempo para la implementación de cada una de las acciones que deben llevarse a cabo.

Solo refiriéndonos a la digitalización de documentos “entre las muchas dudas que se plantean está la de cuáles pueden ser los procedimientos más adecuados para la digitalización, los más propicios para una decisión automatizada, las audiencias en las que la telemática no implique vulneraciones de garantías fundamentales. Una vez más el derecho aparece como una ciencia de límites, en la que hay que argumentar proporcionalmente y adaptar nuestros conocimientos clásicos a acciones y objetos cuyos perfiles y consecuencias no terminamos aún de comprender del todo” (Bujosa, 2020: 19) Para cerrar este punto, sépase que “no estamos hablando solo de la digitalización del proceso y sus variadas consecuencias, lo que sería ya mucho. La abogacía presenta nuevas dimensiones con la transformación digital” (Bujosa, 2020: 18)

d) e-JUSTICIA

Federico Bueno de Mata, apunta que la e-Justicia “se podría definir como el gobierno electrónico especializado en temas jurídicos o la inclusión del uso de las tecnologías del conocimiento e información en la administración de justicia. Lo cual

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supone el uso de una pluralidad de instrumentos y canales tecnológicos a la hora de impartir justicia. (Bueno, 2010: 3) Así tenemos que la e-Justicia: (Cabrera, 2020: 306)  Incluye el uso y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (en lo sucesivo TIC) para su consecución.  Involucra la sociedad del conocimiento para garantizar una administración de justicia al servicio de la ciudadanía.  Tiene como objetivo agilizar el proceso judicial a través de reducir tiempos y abaratar costos.  Se trata de una política pública que requiere “capital humano, los medios financieros y las reformas legales, con el fin de permitir la desmaterialización del proceso. Esto es, sustituir el documento papel, por el documento digital y auxiliarse de todos los medios tecnológicos que ayuden a ser más eficiente la administración de justicia” (Álvarez, 2010: 44-45)  Su implementación requiere una serie de estrategias, reformas legislativas, planes y políticas públicas en la administración de justicia.

Vayamos ahora a constatar las fases del desarrollo de la e-Justicia. La doctrina la divide en tres etapas: la primera es informativa; la segunda, interactiva y la tercera, transaccional.

“En la primera fase, la administración de justicia construye su sitio en Internet, determina qué información es necesaria, tanto interna como externamente para los usuarios, así la publicación de sentencias, de procesos, la creación de escuelas virtuales y la preparación del talento humano en la aplicación de nuevas tecnologías, son usualmente implementadas en esta fase. Los desarrollos de la primera etapa, permiten que los usuarios ingresen en la segunda de interacción, con el disfrute de las plataformas (páginas Web) y la administración de la información que publica la rama judicial, para familiarizarse y confiar en la adaptación de los nuevos sistemas. Finalmente, la robustez

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tecnológica permite a los usuarios, no solamente recibir informaciones generales, sino realizar operaciones y actos procesales por medios electrónicos, la notificación de las actuaciones procesales, la presentación de memoriales, la realización de tele-audiencias, etc., generan la fase transaccional” (Álvarez, 2010: 46) “Como puede verse la implementación de la e-Justicia debe observar varios estadios, además de contar con elementos materiales, humanos, tecnológicos y financieros, sin olvidar, por supuesto, la disposición de las autoridades involucradas para su consecución y consolidación, así como la utilización por parte de quien acude a dichas instancias” (Cabrera, 2020: 306, 307) En este orden de ideas, presento a continuación a través de un esquema –de elaboración propia- el ecosistema de la e-Justicia, seguido de una sucinta explicación.

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“La base para una eficiente implementación de la justicia electrónica, es el Estado de Derecho como componente que conduce a la meta para alcanzar los estándares constitucionales que determinan que la justicia sea pronta y expedita.

Para ello, las instituciones que administran y procuran justicia conviene se incorporen al uso de las TIC lo cual incluye Internet de alta velocidad, infraestructura tecnológica de vanguardia, así como diversas herramientas tecnológicas. No sin antes recibir capacitación y previa regulación de los Tribunales Virtuales, los cuales –para su implementación- deben contar con el presupuesto suficiente para instrumentarlos.

Dichos Tribunales Virtuales deben tener una interfaz de fácil comprensión para facilitar su incorporación, navegación y uso.

Entonces, como protagonistas de este entorno tenemos a los legisladores, quienes son los responsables de adecuar las leyes aplicables; los juzgadores y servidores públicos, como proveedores de justicia y los usuarios, que acuden a pedir justicia. Es importante que dichos actores se capaciten, sensibilicen y estén al tanto de la existencia, alcance y ejecución de la e-Justicia, que es precisamente la divulgación de esta figura” (Cabrera, 2020: 307 y ss) En suma, los beneficios de la e-Justicia es posible englobarlos en el siguiente listado: (Cabrera, 2020: 314)  Considerable ahorro de tiempo, papel y dinero.  Optimización de los recursos humanos y financieros.  Disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año.  Reducción del número de visitas a los juzgados.  Ágil acceso a la justicia y expedites en los procesos.  Se minimizan la realización de tareas repetitivas.  Los juzgadores pueden enfocarse en lo importante: en la toma de decisiones.

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 Los justiciables pueden relacionarse directamente con la justicia, facilitándoles el acceso a la misma.  Tienden a elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.  Transparentan las actuaciones judiciales por lo que contribuyen a fortalecer la imparcialidad.  Favorecen erradicar los actos de corrupción.

e) EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

La iniciativa del Diputado Héctor Pizano propone como definición de expediente Electrónico la siguiente: es el conjunto de documentos digitalizados, promociones electrónicas y resoluciones realizadas en el Sistema Informático, almacenados en su base de datos. (Propuesta de redacción contenida en el artículo 1100 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco) Al respecto, es oportuno tener en cuenta que “muchas veces, el tamaño y la cantidad de los expedientes ocultan tras esas masas de papel la realidad de las personas de carne y hueso que reclaman justicia. Asimismo, el tiempo de los procesos aleja las sentencias de los graves problemas que aquejan a las personas. Por lo tanto, el arribo de las TIC al ámbito de la justicia debe ser bienvenido desde su instrumentalidad al servicio de la centralidad de la persona y sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de la tutela jurisdiccional efectiva en todas sus manifestaciones” (Delpiazzo, 2020: 217)

f) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

“Como segunda cuestión, vinculada al documento electrónico, se encuentra la admisión de la firma electrónica la cual se encuentra ampliamente receptada en el mundo.

A nivel de derecho comparado, a medida que la firma puede realizarse por medio de signos, códigos, claves u otros elementos similares, puede decirse que la expresión firma

30

electrónica, en sentido amplio, alude a cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones de la firma manuscrita.

Dentro del género de la firma electrónica, se destaca la firma digital o avanzada, entendida como aquella que se crea usando un sistema de criptografía asimétrica o de clave pública basado en el uso de un par de claves asociadas: una clave privada en poder del titular, conocida únicamente por este o aun desconocida por este (si se mantiene en una tarjeta inteligente a la que se accede mediante un número de identificación personal o un dispositivo de identificación biométrica), y una clave pública, que se relaciona matemáticamente con la clave privada, y que puede ser accesible para cualquiera” (Delpiazzo, 2020: 214 y ss) Mientras tanto la iniciativa contempla como definición de firma electrónica avanzada la siguiente: Los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos y que corresponden al firmante, con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de tal forma que esté vinculada únicamente al firmante y a los datos a los que se refiere, de manera que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. (Propuesta de redacción contenida en el artículo 1100 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco)

g) INFORMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Este punto en específico lo explica de manera certera Carlos E. Delpiazzo, a quien haré referencia en los siguientes párrafos.

Para apreciar la incidencia de las nuevas tecnologías en la organización judicial, es preciso considerar que ella también es administración, tanto en sentido etimológico

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(servicio) como orgánico y funcional. Así, cabe referir a sus supuestos imprescindibles y a sus manifestaciones consecuenciales.

Por un lado, se requiere una informatización administrativa, a

cuyo respecto

suelen distinguirse cuatro grandes etapas en la implementación del quehacer administrativo a través de medios informáticos y telemáticos calificados como de presencia,

interacción,

transacción

y

transformación,

que

pueden

describirse

sintéticamente de la siguiente manera: a) La primera etapa consiste en la creación de un portal institucional, comunicación que fluye en un solo sentido. b) La segunda etapa requiere la posibilidad de una comunicación en ambos sentidos, comenzando con la simple implantación de una dirección de email donde se permita a los ciudadanos dar información, realizar consultas y efectuar reclamos. c) La tercera etapa supone implantar funcionalidades estructuradas que permitan a los particulares realizar transacciones por medios de este nuevo canal de comunicación, tales como el ingreso de documentos, entre otras cuestiones. d) La cuarta etapa implica la instalación de un portal integrador que vincule a multiplicidad de organizaciones, abarcando todos los servicios posibles desde Internet.

Por otro lado, para que el cambio tecnológico sea asumido y no sufrido por los operadores involucrados y por la sociedad en general, se requiere una adecuación del derecho a la nueva realidad emergente. (Delpiazzo, 2020: 213) A medida que la tutela jurisdiccional efectiva se concreta en procesos, el aprovechamiento de las facilidades que ofrecen las nuevas TIC constituye posibilidades ciertas de agilización de la justicia, no solo en su funcionamiento, sino también en la organización de las oficinas de los tribunales. (Delpiazzo, 2020: 214)

32 h) JUICIOS EN LÍNEA

Hagamos un poco de remembranza.

“La modernización de los métodos alternativos de resolución de disputas mediante su prestación en línea comenzó a mediados de la década de los 90, cuando cuatro organizaciones sin fines de lucro introdujeron el concepto y el experimento básico de la resolución de disputas en línea: online dispute resolution (ODR). Las entidades son: Virtual Magistrate de la Universidad Villanova, Online Ombuds Office de la Universidad de Massachussets, Online Mediation Project de la Universidad de Maryland y el CyberTribunal Project de la Universidad de Montreal, Canadá.

La ODR tiene por objetivo proporcionar resoluciones de disputas más eficientes y flexibles. Utiliza Internet a efectos de establecer y facilitar una plataforma para resolver las disputas. La ODR no es únicamente una extensión de los métodos alternativos de resolución de disputas –arbitraje, mediación y negociación en línea-, sino también una aplicación de la litigación en cibertribunales, aunque la litigación en línea no es aún tan común como las ODR, que además pueden desarrollarse parcial o totalmente en el entorno virtual” (Palma, 2020: 107, 108) “En México, son varias las entidades federativas que muestran avances en relación a la incorporación y uso de las TIC en la impartición de justicia, ejemplos avanzados se encuentran en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Eso muestra la revisión a los sitios Web de cada uno de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, resultados presentados en la siguiente tabla” (Cabrera, 2020: 310 y ss)

Entidad Federativa

¿Cuenta con Tribunal Virtual, Juicio en Línea u otro mecanismo relacionado a la eJusticia?

Sitio Web

33 Aguascalientes

Juzgado virtual

http://www.poderjudicialags.gob.mx

Baja California

e-tribunal

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx

Baja California Sur

Tribunal electrónico

http://www.tribunalbcs.gob.mx

Campeche

No

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx

Chiapas

No

http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx

Chihuahua

Tribunal virtual

http://www.stj.gob.mx

Coahuila

Expediente virtual

https://www.pjecz.gob.mx

Colima

Edictos electrónicos

http://stjcolima.gob.mx/#!/

Ciudad de México

No

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/

Durango

No

http://pjdgo.gob.mx/consultas-frecuentes/

Estado de México

Expediente virtual

http://web2.pjedomex.gob.mx

Guanajuato

Consultas electrónicas

https://www.poderjudicial-gto.gob.mx

Guerrero

No

http://tsj-guerrero.gob.mx

Hidalgo

No

http://www.pjhidalgo.gob.mx

Jalisco

Sistema de consulta

http://www.stjjalisco.gob.mx

Michoacán

Tribunal electrónico

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/

Morelos

No

http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/

Nayarit

Diligencias en línea

http://www.tsjnay.gob.mx

Nuevo León

Tribunal virtual, juicio en https://www.pjenl.gob.mx línea

Oaxaca

Tribunal virtual

https://www.tribunaloaxaca.gob.mx

Puebla

Expediente virtual

http://www.htsjpuebla.gob.mx

34 Querétaro

Expediente electrónico

https://www.tribunalqro.gob.mx

Quintana Roo

Tribunal virtual

http://www.tsjqroo.gob.mx

San Luis Potosí

Notificaciones electrónicas

http://www.stjslp.gob.mx

Sinaloa

Consulta electrónica

http://www.stj-sin.gob.mx

Sonora

No

http://www.stjsonora.gob.mx

Tabasco

No

http://tsj-tabasco.gob.mx

Tamaulipas

Tribunal electrónico

http://www.pjetam.gob.mx

Tlaxcala

No

http://www.tsjtlaxcala.gob.mx

Veracruz

No

https://www.pjeveracruz.gob.mx

Yucatán

Sirce Web

http://www.tsjyuc.gob.mx

Zacatecas

Consulta

http://www.tsjzac.gob.mx

Tratándose del caso específico del Estado de Jalisco, la iniciativa en estudio apunta que “se entenderá por juicio en línea al procesamiento de información virtual, que permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a los lineamientos de operación establecidos en el presente título, así como los acuerdos que dicte el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Jalisco” (Propuesta de redacción contenida en el artículo 1099 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco) Dicha situación, es decir, la implementación de los juicios en línea se encuentra aún en ciernes, son varios los derroteros que deben enfrentarse para llegar a su eficiente aplicación, y posterior consolidación.

35 i)

JUZGADOS INFORMATIZADOS

Interesa para efectos de la implementación de los juicios en línea tomar en cuenta las reflexiones de Sara Obal, quien da inicio con la siguiente premisa: “La utilización de los más eficientes sistemas de información para la gestión judicial podría considerarse, en un futuro próximo, vinculada al debido proceso. Sin embargo, la experiencia tras largos años de informatización de las oficinas del sector público en general nos enseña que el uso de las computadoras por sí solo no contribuye adecuadamente al óptimo manejo de los recursos de información si no se acompaña con un cambio sustancial de los procesos operativos, considerando metas, estándares, normas técnicas, métodos de control y monitoreo, destrezas muy específicas y una normativa que refleje esos aspectos” (Obal, 2020: 221) situación a la que ya se ha hecho referencia de manera más amplia cuando hablé de la alfabetización digital crítica y la debida capacitación de quien forma parte del poder judicial.

La autora advierte que “los juzgados informatizados administran en formato digital y soporte en papel toda la información que producen y la remitida y, publican esta información en Internet. Una mejora cualitativa involucra necesariamente ir avanzando en la implementación de modelos de gestión documental que consideren una gestión digital completa y las reingenierías necesarias para acompañar esa iniciativa” (Obal, 2020: 224) lo cual va de la mano con lo concerniente a los archivos y a la digitalización de documentos.

Al respecto, “debe procurarse una adecuación normativa que considere las ventajas tecnológicas disponibles y permita, en forma paulatina, una mayor utilización de soportes digitales. En todos los casos resulta indispensable una investigación exhaustiva para detectar las estipulaciones que se relacionan o fijan modalidades del manejo de documentos con el objetivo de conocer lo que es necesario actualizar. Ello contribuirá a la eliminación de procedimientos operativos anacrónicos, el reemplazo de registros en soporte papel, una dramática reducción de los archivos judiciales y una metodología de circulación de documentos más eficiente” (Obal, 2020: 225)

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“La automatización de procesos manuales no resulta eficaz para resolver la gestión de documentos. Es necesario, en todos los casos, formular una nueva modalidad de gestión, lo que implica un exhaustivo conocimiento de los proceso operativos y de las ventajas de la utilización de la tecnología” (Obal, 2020: 225) es decir, el poder judicial hoy en día tiene ante sí el privilegio y responsabilidad de un cambio de paradigma en el acceso y la administración de la justicia. Para lograrlo requiere la colaboración del poder legislativo para las reformas pertinentes al andamiaje institucional. Estemos atentos a su desarrollo y consolidación.

j) NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

“La notificación electrónica es la publicación en la Sede Electrónica de una comunicación administrativa con consecuencias jurídicas, como pueden ser el comienzo de un plazo para contestar o presentar documentación, presentar alegaciones o recursos, etc. La persona destinataria de la notificación o las personas previamente autorizadas por ella pueden acceder a la notificación, previa identificación con certificado de firma electrónica reconocida. La notificación sustituye a la notificación tradicional en papel” (Sede electrónica, 2021) para el caso que nos ocupa, sede electrónica se refiere al sistema informático, el cual veremos en el inciso l) de este documento de trabajo; y en cuanto a que este tipo de notificaciones sustituya a la de papel será así en tanto se asegure la efectividad del sistema.

La iniciativa destaca que se entenderá por notificación electrónica el proceso mediante el cual se dan a conocer las actuaciones judiciales realizadas en los procesos civiles, familiares y de jurisdicción concurrente a los usuarios del juicio en línea.

(Propuesta de redacción contenida en el artículo 1100 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco)

37

k) PROMOCIÓN ELECTRÓNICA

Por su parte la multicitada iniciativa prevé que la promoción electrónica es una promoción redactada, enviada a través del sistema informático y dirigida a un expediente electrónico en particular. (Propuesta de redacción contenida en el artículo 1100 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco) Una vez más tecnología, archivo, digitalización de documentos y sistema informático se hacen presentes. Hace falta en esta definición hacer referencia a la firma electrónica avanzada, como un elemento clave para la autentificación y validez de la promoción.

l)

SISTEMA INFORMÁTICO

El Sistema Informático del Poder Judicial, se integrará con el expediente electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas, anexos y documentos que presenten las partes, así como los oficios, acuerdos y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como cualquier otra actuación que derive de la substanciación del juicio, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad, neutralidad tecnológica, conservación, confidencialidad y durabilidad, conforme a los lineamientos expedidos por el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, ambos de la entidad y en cumplimento a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios. (Propuesta de redacción contenida en el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco) Además, dicha iniciativa contempla los ejes que darán sustancia a este sistema: estatuye sus principales funciones como la de formar el expediente; la consulta de expedientes electrónicos en cualquier momento y sin limitación alguna; la recepción electrónica de promociones o peticiones diversas, y la notificación en forma electrónica de las resoluciones judiciales.

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Asociado a ello, se contempla la creación de usuario y contraseña, así como el supuesto en caso de falla, aludiendo que “cuando por fallas técnicas propias del Sistema Informático no sea posible presentar promociones, derivando en incumplimiento de los términos judiciales correspondientes, se hará del conocimiento de los tribunales y juzgados a efecto que estos resuelvan lo conducente; de ser así, la promoción se presentará en forma física” También establece como definición de sistema informático la siguiente: es la plataforma virtual del Poder Judicial del estado, mediante la cual se substancian los juicios en línea. (Propuesta de redacción contenida en el artículo 1100 del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco) Lo que es indudable es que “al resultar indispensable trabajar a distancia, las decisiones institucionales de las máximas autoridades –con asesoramiento y preparación de materiales desde los órganos o instituciones competentes- harán posible establecer criterios uniformes para gestionar y procesar los casos” (Palma, 2020: 110) para ello, se vuelve impostergable la necesidad de contar con sistemas informáticos fiables y eficaces que hagan posible –junto a otros aspectos- llevar a cabo la función jurisdiccional.

Eso sin mencionar que “la crisis derivada del COVID-19 puso a los sistemas judiciales en la exigencia de modernizarse tecnológicamente para seguir operando” (Palma, 2020: 110) lo cual implica una labor titánica debido a que actualmente la mayoría de los poderes judiciales mantienen una forma de trabajo tradicional, utilizando la tecnología mínima para sus labores, es inaplazable dar el siguiente paso.

m) TECNOLOGÍA LEGAL

Cuando hablamos de los juicios en línea es pertinente hablar de la tecnología legal.

Moisés Barrio apunta que abreviadamente se le conoce como legal tech, también recibe las denominaciones de legal technology, law tech, legal IT o legal informatics, es

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un término que se refiere en términos generales a la adopción de tecnología y softwares innovadores para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos.

Se pueden distinguir tres tipos de tecnologías dentro de la legal tech: las tecnologías que facilitan el acceso a los datos y su tratamiento, las herramientas de apoyo y las soluciones de derecho sustantivo que ayudan o sustituyen al asesoramiento jurídico.

El primer grupo es el más general y consiste en las llamadas tecnologías facilitadoras, como las herramientas de almacenamiento en nube y las soluciones de ciberseguridad, que permiten el acceso remoto a la información legal.

El segundo grupo comprende las herramientas de apoyo para adoptar una gestión más eficaz de expedientes y asuntos.

El tercer grupo cobija soluciones que ayudan o incluso sustituyen en parte al asesoramiento jurídico de los juristas en la ejecución de tareas jurídicas específicas.

(Barrio, 2020: 65) En este sentido, “a veces la tecnología hace algo más que automatizar; en ocasiones innova. Esto ocurre cuando la tecnología crea una forma completamente nueva de manejar la misma tarea, aunque el impacto real pueda ser pequeño al principio. En palabras de Christensen, autor del libro The innovator´s dilemma: when new tecnologies cause great firms to fail, la legal tech es más bien disruptiva” (Barrio, 2020: 71) “Las tecnologías disruptivas no se acomodan y se sientan pacíficamente junto a las formas tradicionales de trabajo. En su lugar desafía y metamorfosean fundamentalmente los hábitos convencionales. Por lo tanto, las organizaciones de hoy en día deben renovarse constantemente en condiciones cambiantes. Y así sucede en el derecho. Estas tecnologías penetrantes, exponencialmente creciente e innovadoras vendrán a alterar y transformar con resolución la forma en que los juristas y los tribunales operamos” (Barrio, 2020: 60) Desafortunadamente, en el sector jurídico existen determinadas resistencias para implementar por completo la tecnología a los procesos jurisdiccionales, sea porque se trata de un sector donde el sistema tradicional de los expedientes de papel resultan ser

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más atractivos para muchos, ya que consideran que es más seguro o bien por la resistencia al cambio, privilegiando el statu quo.

“No debemos infravalorar la fuerza del progreso tecnológico. Muchos usuarios tienden a subestimar el potencial de las aplicaciones del mañana evaluándolas en términos de las tecnologías habilitadoras actuales. Esta tendencia se denomina miopía tecnológica” (Barrio, 2020: 71)

n) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) constituyen el punto neurálgico de la implementación de los juicios en línea, sin Éstas no sería posible su puesta en marcha.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta que las TIC contribuyen a facilitar a los ciudadanos el entendimiento de las normas destinadas a regir sus conductas, a proveer a la administración precisos patrones normativos para gestionar sus asuntos públicos; a fortalecer el quehacer legislativo y a potenciar a la justicia en la tarea de juzgar y resolver los casos sometidos a su consideración. En este sentido, estas poderosas herramientas tecnológicas, permiten que los ciudadanos conozcan y accedan de manera sencilla a la administración de justicia.

Al respecto, es preciso decir que “existen fundamentalmente dos formas en que el proceso judicial puede trabajar con las TIC, las cuales son: a) como un instrumento de apoyo y b) como herramienta de administración de todo el proceso judicial, sin importar que algunas actuaciones se realicen “fuera de línea” (Ríos, 2018: 130) Lo anterior, lo esquematizo de la siguiente manera: (Cabrera, 2020: 313)

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“La velocidad exponencial con que evolucionan las TIC y el similar incremento en su uso generalizado constituyen un desafío para los poderes judiciales en un doble sentido. Las aplicaciones informáticas contribuyen sustancialmente en la mejora de la gestión y, simultáneamente, el impacto de las TIC producen en las relaciones intersubjetivas implica que –en grado creciente-, los tribunales deben resolver conflictos en los que las tecnologías están involucradas.

Asimismo, este uso ha generado diversas posiciones, que abarcan desde los tecnófilos, para quienes lo central es hacer uso de la tecnología, independientemente de los objetivos, hasta el extremo de los tecnófobos, que rechazan todo tipo de uso tecnológico. Entre esos extremos se encuentran las personas que hacen uso de la tecnología de manera analítica, o sea que aceptan incorporar la tecnología cuando lo consideran conveniente, de acuerdo con sus objetivos” (Molina, 2020: 256)

42 o) TELETRABAJO JUDICIAL

Para abordar la temática relativa a este punto, hago referencia a lo expuesto por Luis María Palma.

Veamos en los siguientes párrafos algunas de sus reflexiones.

A partir de la pandemia, la severa restricción de las interacciones presenciales en todos los ámbitos de la vida social –públicos y privados- hizo no ya conveniente sino imprescindible dirigir la atención hacia desarrollos tecnológicos que, además de generar resultados beneficiosos, se han transformado muchas veces en las únicas vías para tales interacciones y la prestación de los servicios. (Palma, 2020: 95) A continuación distintos problemas que afectan al funcionamiento de las organizaciones judiciales y se han visto agudizados como consecuencia de la crisis por el coronavirus: (Palma, 2020: 96 y ss) a) Métodos de trabajo anticuados y lentos. Se han caracterizado tradicionalmente por el predominio del culto a lo escrito, la tarea artesanal, rutinaria y ajena al trabajo en equipo. b) Falta de uniformidad en la gestión. La diversidad de criterios utilizados en cada unidad judicial para tramitar los casos es otro de los problemas salientes. c) Confusión de actividades. Ha sido otra nota característica el desorden de las tareas jurisdiccionales. d) Creación de unidades judiciales tradicionales. Frente al aumento de la carga de trabajo, la respuesta consistió reiteradamente en la creación de unidades judiciales basadas en los paradigmas establecidos. e) Debilidades en la carrera. El progreso ha obedecido al transcurso del tiempo antes que la idoneidad, la evaluación periódica de las aptitudes de los agentes y la capacitación permanente, con un consecuente efecto desmotivador.

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f) Escasez de recursos y recortes presupuestarios. De ella pueden derivar restricciones en la prestación del servicio y la introducción de mejoras a estos, así como perjuicios a su calidad y la independencia judicial. g) Carencias de infraestructura. El deficiente estado de mantenimiento de numerosos edificios judiciales ha traído como consecuencia riesgos para la vida e integridad física de las personas. h) Falta de procesamiento y uso de información. En numerosas jurisdicciones ha resultado por demás escaso el empleo de la información estadística para planificar la organización del trabajo y la gestión de las unidades judiciales. i) Retardos en las notificaciones. Los actos de comunicación han consumido parte sustancial de los tiempos procesales, demorando significativamente la respuesta para la solución de los conflictos. El uso de la notificación electrónica ha contribuido, gradual y parcialmente, a agilizar estos actos, pero el problema subsiste toda vez que deben ser cumplidos en soporte papel. j) Proceder dilatorio de los abogados. Los profesionales realizan con frecuencia –en función de los intereses que representan o patrocinan- planteos innecesarios e incurren en demoras, contribuyendo a sobrecargar la labor de los tribunales y afectando, así, la calidad de sus servicios.

En este contexto y de manera contundente, el teletrabajo judicial llegó para quedarse. Muchas tareas que recientemente se cumplían en forma presencial pueden y deben ejecutarse a distancia con mayor calidad y en menos tiempo. El uso de las TIC contribuye a que así sea, además de aparejar un necesario reordenamiento de los tiempos y los espacios: el trabajo se ha mudado a nuestros hogares y necesitamos organizarnos para ejecutarlo de manera acorde, preservando nuestra vida personal, social y, en su caso, familiar, con el tiempo de calidad que esta requiere. (Palma, 2020: 102)

44 p) TRIBUNALES VIRTUALES

Se entenderá por Tribunal Virtual el sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la sustanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; así lo define el artículo 44 del Código de Procedimientos del Estado de Nuevo León, contenido en el segundo título especial denominado “Del Tribunal Virtual” (Congreso de Nuevo León, última reforma 26 octubre 2020) Al respecto “debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al expediente digital.

La principal característica operativa del juzgado virtual incide en que los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribunal virtual y de algunos otros programas informáticos de naturaleza análoga” (García, 2018: 149) Por tanto, “es deseable que los Tribunales Virtuales posean una interfaz de fácil comprensión para facilitar su incorporación, navegación y uso. Los módulos que como mínimo debe tener son: promoción electrónica, administrador, servicios, usuario, contraseña, firma electrónica, página electrónica, acción electrónica, notificación electrónica, expediente electrónico, consulta electrónica, recepción electrónica, módulo, autorización, replicación y generación de resoluciones” (Cabrera, 2020: 307 y ss)

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VI. CONSIDERACIONES FINALES Sin duda, la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 conocido habitualmente como COVID-19 –el cual tiene más de un año entre nosotros- vino a revolucionar el mundo en diversos aspectos, así como a acelerar algunos procesos que se mantenían como tema de debate ocasional y como investigaciones llevadas a cabo en el ámbito académico, tal es el caso de la instauración y substanciación de los juicios en línea y en consecuencia poder acceder a la justicia pese a las restricciones de movilidad derivadas de la crisis sanitaria.

Estamos ante una cuestión respecto a la cual es necesario observar y atender varios frentes, uno de los cuales es el de las adecuaciones legislativas, que no son menores, ni deben circunscribirse a una sola materia. “En un escenario ideal, el Derecho, la legislación y la tecnología deben ir evolucionando a la par, en un contexto realista sabemos que no es así” (Cabrera, 2020: 309) Asociado a ello, es necesario advertir que la implementación de los juicios en línea es compleja y diversa debido a que cada materia tiene sus procedimientos y necesidades.

Además, no debe perderse de vista la brecha digital y el acceso a Internet. En este orden de ideas, en el informe más reciente presentado en 2020 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, denominado “Uso de las TIC y actividades por Internet en México: impacto de las características sociodemográficas de la población”; veamos lo que se da a conocer tratándose del Estado de Jalisco.

Los resultados indican que el Internet es la TIC más usada a nivel nacional.

Concerniente al uso de las TIC y actividades por Internet de la población por Entidad Federativa, se reportan los siguientes porcentajes de la población a partir de los seis años, y en específico, así estamos en el Estado: En general, el acceso a Internet en Jalisco asciende a 73.2%.

Mientras tanto, particularizando, se registran éstas cifras: uso de teléfono móvil convencional (10.7%), uso de teléfono móvil inteligente (70.8%), redes sociales (55.9%),

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capacitación /educación por Internet (52.2%), contenidos audiovisuales de paga (29.9%), contenidos audiovisuales gratuitos (55.2%), compras por Internet (17.0%), ventas por Internet (7.8%); y, operaciones bancarias por Internet (11.9%). En este último rubro, debido a que en la encuesta las personas menores de 15 años de edad no responden sobre operaciones bancarias, los porcentajes sobre esta actividad se calcularon con respecto de la población de 15 años o más.

De lo anterior destaca que la gestión gubernamental o llevar a cabo algún trámite o consulta al gobierno –cualquiera que sea el poder público o instancia- y muy en específico el acceso a la justicia no figura dentro de las actividades apuntadas. A pesar de que el porcentaje de quienes tienes tienen acceso a Internet es alto y cada año se incrementa, hay un largo camino por recorrer para que la población adquiera la cultura de acceso a la justicia por esta vía.

Concerniente a los impactos de la iniciativa, mencionados en dicho documento se observa lo siguiente:

TIPO DE

SÍNTESIS DE LO QUE DICE LA

IMPACTO

INICIATIVA

Económico

COMENTARIOS

Hacer más accesible la justicia, Los tres puntos apuntados en el evitando que las personas tengan impacto

económico

resultan

que trasladarse a los juzgados de alcanzables y realistas. manera presencial.

En cuanto a la disminución de

Reducir el uso de papel y demás insumos, insumos

empleados

substanciación

de

en un

entre

el

que

la preponderantemente está el papel, juicio representa un ahorro que puede ser

convencional, lo cual minimiza los empleado para la adquisición y gastos de los justiciables.

modernización de la tecnología

47

Brindar entidad

confianza como

en

nuestra utilizada en el poder judicial.

destino

de Acercar los servicios de acceso a la inversiones seguras por la justicia a la población sin duda fiabilidad de su sistema de justicia. representa una forma idónea de brindar confianza, tal como se expresa,

lo

cual

trae

como

consecuencia reducir la brecha de desafección hacia los juzgadores e impartición de la justicia.

Social

Poner al alcance de la sociedad una Dicha situación es de especial herramienta

innovadora

para relevancia para los justiciables, toda

agilizar los trámites y todo el vez que acudir a tribunales y llevar a conjunto de acciones llevadas a cabo los trámites judiciales será más cabo

en

los

jurisdiccionales.

procesos sencillo. No obstante, no debe perderse de vista el acceso a Internet, el tipo de herramientas que se pongan a disposición y además llevar a cabo una eficiente campaña de

socialización

población

sepa

para

que

cómo

y

la qué

herramientas puede utilizar para acceder

a

la

justicia

sin

necesariamente tener que acudir a las oficinas judiciales.

Jurídico

Proporcionar un andamiaje jurídico Estamos ante uno de los primeros necesario para la implementación pasos para la implementación de de los juicios en línea.

este tipo de juicios; para ello, es

48

oportuno que no se pierda de vista las múltiples materias. La iniciativa solo se refiere a la materia civil.

Presupuestal El

Estado

adecuaciones

debe

hacer

las Este se trata del impacto económico,

presupuestales por

lo

que

es

oportuno

un

necesarias para la implementación concienzudo análisis del costode los instrumentos electrónicos beneficio. para la implementación de los juicios en línea.

Asociado a estos impactos y al propio contenido de la iniciativa, es importante reflexionar:  Lo que se presenta en la iniciativa es un híbrido, ya que da la posibilidad a las partes de optar o no por acceder a los juicios en línea ¿podría causar confusión?  ¿El Poder Judicial estaría preparado para posibles fallas técnicas propias del sistema informático –incluidos los hackeos-? ¿Cómo y quienes las afrontarían?  ¿Qué tanta discrecionalidad se debe otorgar al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura para determinar los puntos finos de la instauración de los juicios en línea? ¿Hasta dónde la ley debe regular sin que llegue a causar confusión? En suma ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto costará?  Es adecuado observar los artículos transitorios, por ejemplo el primero de ellos presenta una fórmula que contiene la mayoría y es que estatuye que la entrada en vigor será al día siguiente de la publicación y plantea la derogación automática de aquellas disposiciones que se opongan a dicho Decreto. ¿Por qué no dan un mayor plazo para darlo a conocer a la mayor parte de los actores involucrados?

49

 Luego se otorga un plazo de 12 meses para que los juicios en línea inicien operaciones, corresponden las acciones al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura. Al respecto es importante saber que de ser aprobada la iniciativa es idóneo que se de seguimiento para su cumplimiento.

Dicho esto en seguida presento un esquema donde a grosso modo se apuntan las etapas de esos nuevos esquemas para llegar a la consolidación de los juicios en línea:

Para finalizar, es deseable que para transitar hacia nuevos esquemas en la impartición de justicia, no se pierda de vista la existencia de varios derroteros que es oportuno atender, tales como la burocratización de la justicia, la corrupción, el déficit presupuestal y la escasa alfabetización digital.

50

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