SOCIALMENTE RESPONSABLES
IV
Miércoles 21 de noviembre de 2012
EL CRONISTA
Normativa
Las leyes de RSE que descansan en el Congreso Once proyectos de ley para dar amparo legal y beneficios impositivos, además de establecer nuevas obligaciones, al sector privado, esperan su tratamiento en el Congreso. El Frente para la Victoria los impulsa, pero carecen de consenso interno. Por Lorena Zapata
Polémica por la falta de respuestas
La media sanción del Senado de la Ley de Basura Electrónicos, impulsada por la organización ambientalista Greenpeace, se encuentra “cajoneada” en la oficialista comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, según denunció la entidad. Si no recibe tratamiento antes de fin de noviembre, se cae. Sin embargo, el panorama no es alentador, dado que el Ministerio de Industria la estaría bloqueando, según Greenpeace. El proyecto obliga a las empresas a asumir la responsabilidad legal y financiera del reciclado, la reutilización de la basura y prohíbe el empleo de sustancias tóxicas en la fabricación.
D
ebe exigírsele a las empresas el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en sus propias comunidades”, reclamó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo, ante más de tres centenares de legisladores. Sin embargo, se termina 2012 y aún no se dictó ley nacional que enmarque jurídicamente a la RSE en la Argentina. No obstante, el debate sobre la sustentabilidad social y ambiental de la actividad empresarial, incluso entre legisladores y actores sociales, fue intenso en los últimos años. El primer proyecto de ley sobre la cuestión ingresó a la Cámara de Diputados en 2005. Siete años más tarde, cinco iniciativas esperan llegar al recinto en Diputados y, cuatro, al Senado. En tanto, en 2012, ingresaron también a la cámara alta dos proyectos de resolución. Aún, no hay ley nacional sobre RSE. Pero alternativas sobran. Bandera K Actualmente, esta actividad empresaria se encuentra reglada en la Ley de Régimen Laboral, Nº 25.877, que establece en su artículo 25 la obligación de las compañías nacionales y extranjeras que actúan en el país y ocupen a más de 300 obreros, de elaborar un balance social anual. Este cálculo debe reunir información sistematizada sobre las condiciones de trabajo, costos laborales y prestaciones sociales y debe ser entregado al Ministerio de Trabajo. El Frente para la Victoria, que hoy tiene mayoría en ambas cámaras, es uno de los grandes impulsores del tema, al punto que, de las 11 iniciativas que hoy tienen vigencia en ambas cámaras, el oficialismo es autor de nueve. La senadora bonaerense “ultra K” María Laura Leguizamón fue la primera en presentar un proyecto de ley de RSE, el cual se viene discutiendo en el Congreso en el marco de audiencias públicas y debates desde 2005, pero nunca logró tener consenso. “Es fundamental que se dicte una ley sobre RSE para darle un marco jurídico a una nueva forma de pensar que se viene construyendo con mucho esfuerzo en nuestro país y tiene que ver con el rol de cada actor en la sociedad”, explicó Leguizamón, conductora también de un programa de TV sobre la temática -’40 minutos de RSE’, por América 24- e hizo hincapié en que “la ley pretende dar respuesta a exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama, de manera de definir objetivos te-
En el Congreso de la Nación hay iniciativas para incentivar la RSE desde 2005, pero están trabadas.
Dos proyectos Fernando Yarade,
Liliana Negre de Alonso,
diputado nacional del Frente para la Victoria
Senadora nacional del Peronismo Federal
“En RSE, todavía falta generar conciencia”
“Al Gobierno no le interesa la sustentabilidad”
❚ ¿A qué tipo de empresas apunta su proyecto de ley? A todas, grandes o pequeñas, dado que todas podrían desarrollar conductas socialmente responsables. Las acciones de RSE son facultativas y cada compañía puede contribuir de la forma que mejor lo entienda. Todas las acciones sociales tienen impacto independientemente del volumen.
❚ ¿Por qué su proyecto incluye en RSE a las firmas estatales y ONGs? La responsabilidad social es para mejorar la calidad de vida de todos, tanto de los trabajadores como de la comunidad en general. El proyecto viene a incentivarlas, a adoptar medidas en relación a sus propios empleados y asociados, y en relación a los demás, logrando el bien común.
❚¿Qué requisitos debería cumplir una empresa para beneficiarse? Las acciones y conductas de RSE deben ser plasmadas en un ‘Código de Conducta’ y evaluadas mediante indicadores de desempeño, en un ‘Balance Socio Ambiental’, regulado, que permitirá gozar de beneficios impositivos.
❚ ¿Qué respuestas del sector privado tuvo por su proyecto? Todo el sector empresario, sin tener una ley, está hablando de RSE. Algunos con mayor activismo y con grandes transformaciones. Hay grandes empresas que tienen Códigos de Conducta y RSE desde el ‘92. Con el tiempo se generalizó.
❚ ¿Por qué no se aprobó todavía? Son cuestiones que van madurando en el tiempo. Hoy, el 84% de los argentinos desconoce este concepto
❚ ¿Por qué no fue debatido? No hay interés del Gobierno de avanzar con estas temáticas sociales. Necesitamos un pacto, pero falta que el Gobierno se interese.
niendo como visión la sostenibilidad, la cual contempla la generación de riqueza o rentabilidad y, al mismo tiempo, remarcando los valores de equilibrio ambiental y equidad social”. Su proyecto busca establecer el marco jurídico para la confección del reporte de sostenibilidad. Tal es así que, al igual
que el artículo que hace referencia a las RSE de la ley laboral, el texto de Leguizamón también obliga a las compañías con más de 300 trabajadores a elaborar un balance social. La propuesta se suma a otras dos de su autoría: una establece la obligatoriedad de confección de balances sociales para
empresas estatales y aquellas en las que el Estado tenga participación accionaria; la otra crea, en el ámbito del Senadores, una Comisión Permanente de Asesoramiento sobre la temática. Otras ideas Leguizamón no está sola. También desde el kirchnerismo, el puntano Daniel Pérsico presentó este año una propuesta para la “promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables” por parte de organizaciones y empresas con sede en el país que ocupen más de 300 trabajadores. “La globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como parte de la identidad nacional”, alegó el senador. Según su texto, las firmas decididas deberán contar con un “Código de Conductas” y elaborar un balance social. Por un sendero casi idéntico transita un paquete de proyectos de ley del diputado salteño Fernando Yarade (FPV), que aspira a fijar un marco normativo general para la RSE (ver recuadro). En contrapartida, fija beneficios tributarios a las firmas socialmente responsables, como exenciones en el pago de los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta, a las Ganancias y al Valor Agregado. Desde las bancadas opositoras, la única que propugna una ley marco de RSE es la peronista disidente Liliana Negre de Alonso. Su proyecto incluye no sólo a empresas, sino a ONGs (ver recuadro). Como se percibe, un tema del cual los legisladores deberán hacerse responsables en 2013.