Page 1

-10:Maquetaci—n 1

04/12/2012

07:46 p.m.

Página 2

Instituciones

F

inalizó el período de sesiones ordinarias. Y si bien fue un año legislativo muy activo en el que se sancionó una gran cantidad de leyes –104 contra 79 en 2011 y 70 en 2010– y muchas de importancia –como la recuperación de YPF y la incorporación al Código Penal del Femicidio, entre otras–, también es cierto que el bloque del Frente para la Victoria cajoneó un gran número de proyectos de fuerte impacto social que a lo largo del año ocuparon un lugar central en la agenda política y mediática.

Los proyectos que cajoneó el Congreso LEGISLACION Los proyectos sobre trata de personas y acceso a

la información pública perderán estado parlamentario. Los proyectos del bloque sindical tuvieron escasa suerte por Lorena Zapata

el estadista 10 6 al 19 de diciembre de 2012

A FOJA CERO La falta de consenso y la lógica de confrontación entre kirchnerismo y oposición, sumado al rechazo por parte del Poder Ejecutivo, llevaron a que una gran cantidad de iniciativas vuelvan a foja cero por no ser sancionadas en los dos períodos legislativos que tienen de vida, y uno más si logran el aval de una de las cámaras. Técnicamente, caen en febrero, cuando termina el período, pero resulta difícil pensar que, si no se trataron en todo el año con un Congreso a favor, Cristina Fernández de Kirchner vaya a incluirlas en sesiones extraordinarias durante el verano. Tal es el caso de la media sanción del Senado que apunta a erradicar la trata de personas. Esta se frenó, no por falta de voluntad política –la Cámara de Diputados dio media sanción en octubre a un proyecto para instituir el 3 de abril como el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Persona–, sino por diferencias al interior del bloque oficialista. Algunas referentes postulan que hay que penar a los consumidores: “Sin clientes no hay prostitución y sin prostitución no hay trata”, dijo en la última reunión en que se analizó la cuestión la diputada oficialista María Elena Chieno. Mientras, otros se oponen a esa idea porque implicaría modificar la promoción de la prostitución. En tanto, terceras opiniones postulan que la creación de un Consejo Federal dedicado a la protección de las víctimas podría burocratizar aún más el rescate y atención de las mismas. La ley fija un castigo más severo para los implicados en el delito y suprime como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima. Más llamativo es el caso de la ley de Basura Electrónica, donde el oficialismo en Diputados cajoneó una iniciativo que impulsó un senador K, el porteño Daniel Filmus. Según la ONG ambientalista Greenpeace, la ministra de Industria, Débora Giorgi, es la que le habría bajado el pulgar para favorecer a “empresas de la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina (Amcham)”. Y fue el diputado oficialista Roberto Feletti, presidente de la comisión legislativa en la


-10:Maquetaci—n 1

04/12/2012

07:46 p.m.

Página 3

que quedó frenado le proyecto, quien ante el reclamo de la oposición confirmó que “este año no va a salir”. La ley obligaba a las empresas a asumir la responsabilidad legal y financiera del reciclado, la reutilización de las pilas y prohíbe el empleo de sustancias tóxicas en la fabricación. Se trata de un problema grave para el medio ambiente porque cada año se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica que deberán seguir esperando por una solución. En otros casos, el oficialismo frenó en Diputados lo que los propios K habían aprobado en el Senado. Eso sucedió con la Ley de Acceso a la Información, que recibió media sanción con el voto unánime de la Cámara Alta y que, ante la negativa del oficialismo de tratarla, se fue convirtiendo en un caballito de batalla de la oposición, quienes en las últimas semanas, ante su inminente caída, levantaron la voz en reclamo de su sanción definitiva.“Es una ley importante para avanzar en la transparencia del Estado”, remarcó el socialista Juan Zabalza, mientras que el diputado del Frente Peronista, Gustavo Ferrari, reconoció ante el estadista que “no hay manera de que la oposición pueda impulsar temas. En muchos casos, siquiera hemos podido modificar una coma porque el oficialismo no lo permitió”. La propuesta apunta a transparentar la información de los tres poderes del Estado y a facilitar el acceso a los ciudadanos que lo requieran. Además, exige la publicación de los presupuestos, los informes de auditoría y la nómina de los funcionarios que se desempeñan en forma “permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual”. LOS PENDIENTES Luego, están las cuestiones que aún no pierden estado parlamentario pero que, pese a la fuerte presión social para que salgan, no lograron convertirse en ley.“Sin duda alguna, la gran deuda pendiente es, siempre, el aborto”, aseguró a el estadista la vicepresidenta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio. El proyecto de ley, que avalan con su firma más de 50 diputados de todos los bloques, apunta a reconocer el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. En tanto, sólo se lo podrá hacer fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre o si existiesen malformaciones fetales graves. Si bien muchos responsabilizan a la Presidenta de la Nación por la postergación del debate, lo cierto es que esta problemática –los abortos practicados en condiciones inadecuadas son la principal causa de morta-

lidad materna en la Argentina– divide a casi todos los partidos políticos. De las 18 bancadas que componen la Cámara de Diputados –sin contar los monobloques– sólo 6 tienen una postura definida: el PRO y el peronismo opositor en general rechazan la norma; mientras que Nuevo Encuentro y los partidos que integran el FAP la apoyan. Los bloques mayoritarios, el FPV –116 diputados– y la UCR –43–, tienen opiniones encontradas en su interior y llegar a un consenso no se avizora como una tarea fácil de lograr. También quedó pendiente de resolución el reclamo de las parejas que no pueden tener hijos y demandan que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública les cubra los costosos tratamientos de fertilización asistida. Este proyecto cuenta con el aval unánime de la Cámara Baja y dictamen de la Comisión de Salud del Senado. Sin embargo, pese a que el presidente de este cuerpo legislativo, el radical José Cano, pidió durante la última sesión que se debata sobre tablas, el rechazo por parte del oficialismo fue contundente.

LA DESPENALIZACION DE LA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL PODRIA SER UNO DE LOS GRANDES DEBATES DEL AÑO PROXIMO La senadora del FPV Liliana Fellner respondió que la media sanción no perderá estado parlamentario y podrá ser abordada el próximo año y explicó que la intención oficial es aguardar al tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial, para después abordar la temática. El debate de los proyectos que proponen la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal se coló este año en la agenda del Congreso y todo parecía indicar que se iba a llegar a una resolución. De hecho, el propio senador kirchnerista Aníbal Fernández presentó su propuesta sobre el tema e incluso la Comisión de Prevención de Adicciones de Diputados, al mando de Mario Fiad (UCR), organizó una serie de audiencias públicas en las que se escucharon las voces de especialistas y víctimas del consumo, tanto a favor como en contra. Con un borrador de dictamen listo para ver la luz, los diputados decidieron analizar y aprobar primero la creación de un Plan Integral de Prevención, Asistencia e In-

el estadista 11 6 al 19 de diciembre de 2012

clusión Social para personas con problemas de adicciones, que apunta a “dejar de tratar al adicto como un delincuente”. Se espera que este sea uno de los grandes debates del próximo año. LOS RECLAMOS DE LA CGT No correrán la misma suerte los proyectos de ley promovidos por los sindicatos cercanos a Hugo Moyano. Es que los desacuerdos entre la Casa Rosada y el líder de los camioneros incidieron para que un tendal de cuestiones laborales quede en el tintero.Tal es caso del postergado debate de la modificación de los topes del Impuesto a las Ganancias, dado que el oficialismo se rehusó a debatir los cinco proyectos de ley de todos los colores políticos vigentes sobre el tema. Estos fijan desde la exención del gravamen sobre el sueldo, salario o remuneración percibidos por trabajadores en relación de dependencia hasta el aumento del monto del mínimo no imponible llevándolo de los actuales $ 12.960 a $21.811. Asimismo, este año se cajoneó durante, y no presenta mejores perspectivas para 2013, el polémico proyecto para repartir las ganancias de las empresas entre los trabajadores. Si bien no recibió tratamiento formal en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que preside el ex abogado de la CGT, Héctor Recalde – siquiera cuando tenía una buena relación con Moyano–, se espera que esta iniciativa sea otra detrás de las cuales se encolumne la oposición sindical en el año electoral. El proyecto que inquieta al “Grupo de los 6” se instrumentaría, en principio, en firmas con más de 300 empleados y alto nivel de rentabilidad. Las ganancias serán calculadas sobre la utilidad anual, descontando el pago de impuestos e inversiones, en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial y excluyendo del beneficio a directivos y gerentes. Además, permite a los sindicatos incorporar un auditor de los balances empresarios. También impulsado por la CGT, en abril de este año logró dictamen de la comisión una iniciativa del diputado Facundo Moyano que regula el trabajo tercerizado precario, pero aún no recibió el visto bueno del titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, para que se debata en el recinto.“El proyecto no elimina la tercerización sino que la regula evitando que sea utilizada como una herramienta de precarización y explotación”, explicó en reiteradas ocasiones el hijo del líder camionero. Acorde al texto, los establecimientos que deleguen o subcontraten trabajos o servicios deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Habrá que ver cuáles de todas estas propuestas se reeditan en 20013 y logran colarse en la agenda oficial del Congreso

Lo que cajoneó el Congreso Nacional en 2012  

Nota de Lorena Zapata para El Estadista

Advertisement