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CONSTITUCIONAL Diony Beanel Ereù Gutiérrez C.I. V-18.423.708 CJP-221-00243V
ACCIÓN DE AMPARO
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La acción de amparo constitucional es un instrumento jurídico consagrado en la Constitución de Venezuela que tiene como objetivo proteger los derechos y garantías fundamentales de las personas cuando estos son violados o amenazados por cualquier ente público o privado.
DERECHO
La acción de amparo constitucional es un derecho reconocido a toda persona para solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o están en peligro de serlo.
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GARANTÍA
Es una garantía constitucional que tiene como finalidad asegurar la protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución. Esta acción garantiza que todas las personas puedan acceder a la justicia y obtener una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier violación a sus derechos.
ACCIÓN
La acción de amparo constitucional se refiere al procedimiento legal mediante el cual una persona puede solicitar ante los tribunales competentes la protección de sus derechos fundamentales. Esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, incluso en representación de terceros, y su objetivo principal es obtener una respuesta rápida y efectiva por parte del órgano jurisdiccional.
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RECURSO CONSTITUCIONAL
La acción de amparo constitucional también puede ser considerada como un recurso constitucional, ya que permite a las personas impugnar cualquier acto u omisión que vulnere sus derechos fundamentales, incluso contra decisiones judiciales y administrativas.
ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO A SER AMPARADO
El ordenamiento jurídico internacional está compuesto por una serie de normas y tratados que regulan las relaciones entre los Estados y los individuos en el ámbito internacional. Estas normas son resultado de acuerdos entre los Estados y son consideradas vinculantes para aquellos que las han ratificado.
En el caso del derecho a ser amparado en Venezuela, este derecho se encuentra protegido tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito internacional, Venezuela es parte de diversos tratados y declaraciones internacionales que garantizan el derecho a la protección judicial.
Uno de los tratados más importantes en este sentido es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. En este tratado se establecen garantías fundamentales para la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un recurso efectivo y a ser amparado por los tribunales competentes.
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Otro instrumento relevante es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece garantías similares a las del Pacto de San José. Ambos tratados son parte fundamental del sistema de protección de los derechos humanos a nivel internacional y los Estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos. Además de estos tratados, existen otras declaraciones y convenios internacionales que también protegen el derecho a ser amparado. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 8 el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales.
El derecho a ser amparado también está protegido a través del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Venezuela, el derecho a ser amparado está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 26 establece el derecho de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses legítimos.
Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un deterioro en el respeto al derecho a ser amparado en Venezuela. La falta de independencia judicial y el debilitamiento del sistema de justicia han generado un contexto en el que los ciudadanos enfrentan graves dificultades para acceder a la justicia y obtener una protección efectiva.
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