De la Urbe 94 by De la Urbe

Editorial Laboratorio De la Urbe

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#NoAlAcosoEnLaU

Diseño, diagramación e infografía: Sara Ortega Ramírez Asistencia editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de estilo: Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité editorial Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, María Teresa Muriel Ríos, Alejandro Muñoz Cano, Ximena Forero Arango, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez. Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10-126 (segundo piso) 10-12 LAB Tel: (57-4) 219 5912 delaurbeprensa@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 94 Enero de 2019

Fotografía de portada: Ana Lucía Hincapié Uribe

¿Qué lugar ha ocupado la problemática de la violencia de género en las reivindicaciones estudiantiles y profesorales?, ¿el tema se discute en sus asambleas?, ¿las organizaciones estudiantiles y las asociaciones y sindicatos de profesores y empleados se han pronunciado sobre el tema?

Ilustración: Luis Jiménez

Las acciones de varios grupos de feministas en contra del acoso sexual en la UdeA ubicaron esta problemática en la agenda universitaria. Lograron pronunciamientos por parte de órganos directivos y algunas primeras acciones institucionales que, sin embargo, aún son insuficientes desde la perspectiva de quienes han impulsado la discusión sobre el tema. ¿Pero qué es el acoso y cómo se expresa en la U?, ¿cuáles son los efectos y los límites de la denuncia pública?, ¿qué significa y cuáles son los alcances del consentimiento?, ¿qué se requiere para enfrentar la violencia de género?

#NoAlAcosoEnLaU

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Laura Herrera Ortega - laura.herrerao@udea.edu.co Simón Zapata Alzate - simon.zapataa@udea.edu.co

finales de noviembre de 2018, Bienestar Universitario difundió una ruta de atención para los casos de violencia de género en la Universidad de Antioquia. Este documento definió el acoso como la “presencia de requerimientos por lenguaje verbal, no verbal o escrito para relaciones sexuales con una persona que las está rechazando. La condición es que tenga lugar en el ámbito de las relaciones laborales, la docencia o de personas desconocidas”. A Sara López, trabajadora social e integrante del grupo Batukada Estallido Feminista, le parece preocupante esta definición porque excluye muchas conductas que a su juicio son acoso, como “mirarle los senos a una mujer de manera constante cuando pasa por algún corredor, la invitación constante a salir o la insinuación”. La Constitución Política de 1991 contiene varios artículos y “disposiciones que obligan a las autoridades colombianas a velar por la protección de la mujer frente a todo tipo de violencia y discriminación”. Específicamente el artículo 43 consagra que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. Por su parte, el Código Penal colombiano, en el artículo 210A, define al acosador sexual como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Este delito, tipificado hace diez años, se penaliza con penas de entre uno y tres años de prisión. La Corte Constitucional, en la sentencia T-265/16, analizó el acoso como un acto de violencia contra la mujer a la luz de los derechos humanos y del Derecho Internacional, pues existen numerosas disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, algunas ratificados por Colombia, “que buscan proteger los derechos de la mujer y prohibir todo tipo o acto de violencia y discriminación en su contra”. Y en un fallo de marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia expuso las diferencias entre el abuso y el acoso sexual. Según ese tribunal, en delitos como los actos sexuales abusivos o el acceso carnal violento el victimario lleva a cabo sus pretensiones. El acoso no implica un acto sexual, pero se configura por “la asimetría entre la víctima y el agresor, en cuanto permite a este último subyugar, atemorizar, subordinar, amedrentar, coaccionar o intimidar a la primera, permitiéndole agraviarla, humillarla o mortificarla”. Y aunque no define un tiempo determinado, sí debe haber “persistencia por parte del acosador”. Sara Fernández, trabajadora social, doctora en Ciencias en Salud Colectiva y profesora de la Universidad de Antioquia, opina que las discusiones feministas y académicas sobre las definiciones de acoso siempre implican un debate sobre la diferencia entre acoso, coqueteo y seducción. “¿Cuándo, en la interacción humana, en la intersubjetividad, en la comunicación verbal y no verbal, se termina convirtiendo todo en un campo hostil y de violencia?”. La respuesta, dice, se encuentra en el contexto, situación y ubicación de poder de las personas implicadas y en los órdenes de género. Para conocer las particularidades del acoso sexual en la Universidad de Antioquia, De la Urbe recogió veintidós historias gracias a publicaciones hechas en el grupo de Facebook Asamblea UdeA y en los perfiles de varios miembros del equipo. A partir de las respuestas de las personas que manifestaron haber sido acosadas o violentadas sexualmente en la institución, identificamos cuatro tipos de violencia sexual que son frecuentes en la Universidad.

violencia cotidiana. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), esta violencia cotidiana “tiene efectos específicos negativos sobre el modo de vivir la seguridad en la calle”, además de ser la menos denunciada. Jenny Giraldo, comunicadora social, periodista y activista, dice que el acoso sexual en la calle es sistemático, pues lo sufren la mayoría de mujeres por parte de distintos actores, en variados escenarios y de manera constante. “Puede que el de la primera cuadra no sea el acosador, pero en la cuarta cuadra yo ya me siento acosada, porque ya llevo seis igualitos diciéndome mamacita, tirándome besos. Cuando se vuelve sistemático y a las mujeres nos pasa todo el tiempo en la calle, entonces ahí ya hay una situación de acoso sexual”. Apropiarse y disfrutar del espacio público es, según la ONU, un indicador de la calidad de vida y del ejercicio ciudadano de quienes habitan un lugar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que “en América Latina, la calle y el transporte público no son territorios neutrales y los grados de libertad vividos por hombres y mujeres al transitar la ciudad son distintos”.

Acoso en espacios laborales y educativos

“Prefiero perder la materia que perder mi dignidad”

cho estudiantes aseguraron haber sido acosadas por sus profesores o jefes en la Universidad. Esta situación también la expresó una estudiante de la sede Sonsón. Muchas coincidieron en que sus notas se vieron afectadas cuando rechazaron o no cedieron ante las insinuaciones de los docentes, y no recibieron respuestas justas ante los reclamos. En otros casos, el rechazo ha llevado a malos tratos en clase y comentarios que han atentado contra la dignidad de las mujeres, obligándolas a cancelar materias o a renunciar a posiciones como auxiliares administrativas. Las que han hecho la denuncia, aseguran haber recibido silencio y complicidad hacia el agresor por parte de la Universidad. La CEPAL reconoce que el acoso y el hostigamiento sexual en los ámbitos laborales y educativos persiste como “una conducta naturalizada e invisibilizada” en la región. El área de trabajo de Asuntos de Género de la misma entidad publicó un estudio en 2016 que señala que “si bien hay rasgos comunes a las diversas manifestaciones del acoso sexual y a las expectativas de las víctimas que lo sufren [...], hay también particularidades importantes atendiendo al espacio en que se produce”. En este sentido, el acoso sexual en los entornos laborales o educativos, además de afectar de forma específica a la mujer, genera “un espacio hostil que puede tener un efecto devastador sobre la salud, la confianza, la moral y el rendimiento de las personas que lo padecen”.

Agresión sexual

iete mujeres y un hombre le contaron a De la Urbe que han sido agredidos por desconocidos, empleados y vigilantes de la Universidad. Tres relataron que se han masturbado frente a ellos en pasillos, corredores o duchas. Algunas estudiantes comentaron que han sido espiadas mientras están en los baños. Otras han sido grabadas con celulares mientras caminan. Algunos de estos casos han ocurrido en presencia de profesores y compañeros que no quisieron o pudieron hacer nada. Según el estudio Incertidumbre estadística y agresión sexual, publicado por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia de Medicina Legal, en Colombia se ha abordado el tema del acoso desde la libertad sexual y la dignidad humana, resaltando que los quebrantamientos a estos derechos no se determinan por el número de posibles delitos sexuales “pues el problema no es cuantitativo, sino que la vulneración de este derecho existe, afecta y hace víctimas a un grupo de colombianos y colombianas, independientemente de su medición”. Para erradicar la violencia sexual contra las mujeres, de acuerdo con la publicación de Notas para la Igualdad del OIG de la CEPAL, es necesario poner el tema en discusión pública, además de otras medidas como “la entrega de información acerca de la normativa vigente en los países, su alcance, las vías de denuncia y de seguimiento; la institucionalización de estrategias y medidas de prevención, sanción y reparación para las víctimas; y la incorporación en el currículo del sistema educativo del debate sobre el acoso”.

“La universidad es un reflejo de la calle”

No. 94 Medellín, febrero de 2019

Abuso de posición

“Eso fue horrible porque también era mi amigo”

lgunas mujeres se han sentido acosadas sexualmente por compañeros, colegas y profesores con quienes han entablado un vínculo de amistad. Relatan que han sido arrinconadas en parqueaderos, besadas en contra de su voluntad, manoseadas e incluso forzadas a tener sexo. Algunos de esos agresores luego esgrimen la excusa de estar borrachos. Algunas hicieron énfasis en que los hombres se han aprovechado de su fuerza física y de ser más grandes que ellas, generándoles temor para volver a clases y desarrollar sus actividades con normalidad en la Universidad. La Ley 1719 de 2014 adicionó al Código Penal colombiano el artículo 212A, en el que se define la violencia en delitos sexuales como “el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento”. Además, el artículo 211 de este mismo código contempla como un agravante de las agresiones sexuales que el “responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza”.

“Me miró, sacó su pene y se empezó a masturbar”

El acoso en los pasillos de la U iete mujeres afirmaron haber recibido piropos, silbidos, miradas, morboseadas, persecuciones y hostigamientos dentro de la Universidad, especialmente en la madrugada y en la noche. Aseguran haberse sentido inseguras y vulnerables. Entre los acosadores se encuentran vigilantes, empleados, profesores, estudiantes y personas desconocidas que someten a las mujeres a una

¿UdeAcoso?

Las tipificaciones y los relatos de acoso sexual dentro de la Universidad expresan una obviedad: que el acoso no existe desde que fue escrito en una norma sino que ha estado normalizado e invisibilizado durante años. Sara López afirma que el acoso “es una problemática de seguridad pública”, que desincentiva muchas veces a que las mujeres continúen sus procesos de formación. Pese a que el fenómeno se ha hecho más visible en los últimos años, sobre el acoso en las universidades aún hay mucho por debatir. El propósito de De la Urbe con este especial es aportar elementos a la discusión desde la base de que es necesario entender, reconocer y enfrentar el acoso como una forma de violencia. Partimos de la convicción de que una universidad que privilegia la libertad y conocimiento no puede ser un lugar donde ninguna persona se ausente por miedo a ser violentada.

a problemática del acoso y la violencia basada en género en la Universidad de Antioquia ha estado acompañada, en muchos momentos, por la falta de manifestaciones públicas de rechazo por parte de diferentes estamentos, pero además por la ausencia de datos concretos que permitan dimensionar el problema o, por lo menos, conocer la percepción que existe sobre el tema en la comunidad universitaria. En los resultados de este sondeo realizado por De la Urbe se evidencia, por ejemplo, que el área de deportes es el lugar de Ciudad Universitaria donde las mujeres más se sienten vulneradas. Pero lo que más se destaca es que la mitad de las 50 mujeres participantes se ha sentido acosada en la Universidad. También, que ninguna de ellas realizó una denuncia formal por esos casos. Uno de los motivos de la falta de denuncia puede ser la ausencia de información sobre las rutas de atención: el 96 % de las mujeres que participó en el sondeo aseguró desconocer los pasos a seguir para interponer una denuncia y el 94.4 % respondió que la Universidad no tiene una ruta de atención adecuada. Vale la pena aclarar que en noviembre, pocas semanas antes de que empezara a circular el sondeo, Bienestar Universitario publicó la ruta de atención para violencias sexuales y de género en la UdeA.

Estos son los resultados del sondeo:

Alejandra Zapata - darly.zapata@udea.edu.co Natalia Duque - natalia.duquev@udea.edu.co

La mitad de las 50 mujeres participantes se ha sentido acosada en la U. El área de deportes es el lugar de Ciudad Universitaria donde más se sienten vulneradas.

¿En cuáles lugares de Ciudad Universitaria y sus alrededores se siente vulnerada por ser mujer? (Cada persona que participó en el sondeo pudo mencionar más de un lugar) • Alrededores de la Universidad (Calle Barranquilla, Edificio de Extensión, porterías, etc.): 15 • Área de Deportes: 11 • Ninguno: 7 • Baños: 5 • Aulas de clase: 4 • Pasillos: 4 • En todo el campus en horas de la noche: 4 • Plazoleta Barrientos: 2 • IPS Universitaria: 2 • Aeropuerto: 2 • Comedor del Parque Norte: 1 • Área de la Salud: 1 • Asambleas: 1 • Oficinas: 1 • Bloque 10: 1 • Bloque 9: 1 • Bloque 14: 1

¿En algún momento se ha sentido acosada en la Universidad? Sí: 50 % No: 50 %

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿ha denunciado? Sí: 0 % No: 100 % El son ¿Conoce los pasos que debe seguir para denunciar un caso de acoso en la Universidad? d de un eo reque r í c a Sí: 4 % o la in rreo para certifi institucio clusión No: 96 % solam car la nal ente p a r ticipa a la U de m ¿Considera que la Universidad tiene una ruta de atención adecuada para atender un ció u n de su iversidad jeres vinc n caso de acoso? u s esta ment en cualqu ladas PER os. iera IO Sí: 5.6 % de 20 D O : 13 d 18 al e dici No: 94.4 % 17 de embr CAN e e n A ero d Cuando le hacen un piropo en la Universidad, ¿se siente acosada? e 201 Grup L E S D E 9. os de DIFU Wha publi SIÓN Sí: 66 % ts ca : Face ciones en App y No: 34 % bo g UdeA ok como rupos de A Ante un supuesto caso de acoso en la Universidad usted le da más peso a cuál de las siguientes ideas: unida y asamble samblea as de des a El supuesto victimario tiene que probar su inocencia: 70 % cadé PAR mica diferentes TICI s . La supuesta víctima tiene que demostrar que el acoso ha ocurrido: 30 % PAC IÓN : 50 m ¿Cuáles de las siguientes situaciones considera acoso? ujere s. • Usted va caminando por la universidad y un desconocido le dice un piropo: 64 % • Un profesor la invita a salir: 48 % • Un profesor o un compañero hace chistes sobre las mujeres de su clase: 56 % • Un profesor trata diferente a los hombres y las mujeres de su clase: 70 % • Usted tiene que hacer un trabajo con un compañero y él le propone trabajar en su casa: 6 % • Está caminando por la Universidad y siente que muchas miradas se concentran en usted: 44 % • Un compañero o un profesor propicia contacto físico: 78 %

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Karen Parrado Beltrán - piedemosca@gmail.com

No. 94 Medellín, febrero de 2019

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Ilustración: Sebastián Restrepo Montoya / @designbysebas

Elisa Castrillón Palacio - elisa.castrillon@udea.edu.co Karen Sánchez Palacio - karen.sanchez@udea.edu.co

No. 94 Medellín, febrero de 2019

No se trata de una ruta de atención ni de una tabla de mandamientos. Pero con base en las posturas y los testimonios de las fuentes consultadas para este especial, en De la Urbe identificamos unos mínimos que se deben tener en cuenta para construir una política de atención y prevención para enfrentar la violencia de género en la Universidad de Antioquia.

1. Profesionales

Quienes reciban y tramiten los casos de acoso deben ser profesionales, no exclusivamente psicólogos, con formación específica en temas de género. El personal debe tener la capacidad de atender, sin violentar ni revictimizar, a todas las víctimas sin discriminar por su orientación sexual o identidad de género.

2. Un solo canal

Garantizar a la víctima que todo el proceso se hará por un solo canal, es decir, con el menor número de intermediarios posible. Así las personas que denuncian casos de acoso no se verán expuestas a la necesidad de contar su historia en repetidas ocasiones y a personas diferentes. Esto, en consecuencia con la Ley 1257 de 2008 que propende por la no revictimización, y con el fin de garantizar confidencialidad en cada caso.

3. Una ruta de atención

Debe existir una sola ruta de atención. Aunque algunas unidades académicas y colectivos han elaborado sus propias rutas de atención, estas terminan siendo confusas para las víctimas, porque además de decidir poner en conocimiento su caso, deben enfrentar la decisión de cuál de esas rutas seguir.

4. Campañas de prevención

Tomar acciones para la prevención del acoso. Se podrían implementar acciones pedagógicas, como un curso obligatorio de análisis con perspectiva de género para profesores, empleados administrativos y estudiantes durante su inducción, además de hacer campañas de información para identificar qué es el acoso y las implicaciones de esa conducta.

5. Política institucional

La política de equidad de género debe ser una política institucional y no de cada administración. Es decir que no debe depender del funcionario de turno, porque con cada cambio directivo pierde su continuidad.

6. Acompañamiento

Acompañamiento constante de la Universidad hacia las víctimas. Como lo establece la ley, las universidades deben acompañar a la víctima en su proceso desde el momento en que comunica el caso. Este acompañamiento no se traduce únicamente en remitir a otros organismos.

7. Reglas

Acudiendo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, la política para prevención y atención del acoso debe desarrollar medidas efectivas basadas en las siguientes reglas: Garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de acoso. Garantizar el derecho a la justicia: las universidades tienen que implementar mecanismos ágiles, oportunos y eficaces dentro de sus competencias. Es decir, si bien las universidades no pueden seguir un proceso penal, deberían acompañar a la víctima en el proceso legal e implementar sanciones disciplinarias cuando sea necesario. Respetar el debido proceso: este es un derecho tanto de la víctima como del victimario. La ruta no solamente puede ser de atención y prevención, sino de erradicación y sanción de las violencias basadas en género.

8. Retroalimentar

Tener en cuenta a las personas que han sido víctimas de acoso para la construcción de estos protocolos. Ello con el fin de identificar las dificultades que se presentaron en sus procesos y poder establecer medidas más efectivas.

9. Red de conocimientos

Vincular a personas, movimientos o colectivos que han estudiado el acoso. Su participación permitiría tener más ideas metodológicas sobre cómo enfrentar estos casos.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Si tocas a una, respondemos todas

¿DENUNCIA O

LINCHAMIENTO?

Laura Miranda Torres laura.miranda@udea.edu.co

No. 94 Medellín, febrero de 2019

El debido proceso

A priori, ni las redes sociales ni los pasillos de la Universidad son espacios idóneos para acusar y juzgar a las personas. El artículo 29 la Constitución Política de Colombia señala que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Más adelante advierte que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado culpable judicialmente, razón por la cual a los presuntos delincuentes se les cubre el rostro cuando aparecen en televisión. En un acto de boleteo, como en una empapelatón, el acusado queda expuesto al juicio social e incapaz de procurarse una defensa al menos inmediata. “En estos casos hay que garantizar los derechos fundamentales de víctimas y victimarios, con ciertos límites, pero hay que garantizarlos”, explica Dora Saldarriaga, abogada, docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana y coordinadora de la Alianza para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres en Medellín. “El tema de la presunción de inocencia no se puede vulnerar haciendo público el nombre de los presuntos acosadores sin que haya un trámite previo de investigación”, advierte la abogada, y añade que en estos tipos de denuncia pública “los victimarios fácilmente pueden convertirse en víctimas si no se hace un debido proceso, porque entonces lo que hay es un rifirrafe de pruebas, y denuncias por calumnia y daño al buen nombre”.

Ilustración: Simón Gallo - Karen Parrado

l 4 de diciembre de 2018, en varios baños de la Universidad de Antioquia aparecieron pegados panfletos con los nombres y las fotografías de estudiantes y profesores acusados de violencia sexual o acoso contra mujeres. Uno de ellos acusaba a un estudiante de ser un “feminicida en potencia” y estaba acompañado por una advertencia: “Tenés los ojos de todas encima. Si tocas a una, ¡respondemos todas!”. No fue esa la primera manifestación anónima. A principios de octubre, en medio de una asamblea de estudiantes, un grupo de encapuchados entregó otro panfleto en el que se acusaba a dos profesores por acoso y a uno más por un supuesto abuso sexual. No ofrecía detalles ni especificaba si las víctimas habían sido estudiantes. Otra acción —esta no fue anónima— tuvo lugar durante una ceremonia de grados del jueves 13 de septiembre. Varias mujeres se congregaron frente al teatro Camilo Torres Restrepo acompañadas de las integrantes del colectivo Estallido Batucada Feminista. Señalaban a la Universidad por permitir que un estudiante acusado de abuso sexual se graduara sin ser sancionado por la conducta que fue denunciada ante las directivas. Vale la pena aclarar que las acciones de sanción social y las denuncias públicas sobre la problemática de la violencia basada en género en la universidad no son exclusivas de 2018, pero es cierto que el año pasado tuvieron una resonancia especial, incluso en el marco de las manifestaciones estudiantiles a nivel nacional. Eso que se conoce popularmente como boleteo o escrache en otras regiones de habla hispana, y que se refiere a la acción intimidatoria en contra de personas, sea en su domicilio, lugar de trabajo o en el espacio público, no es un mecanismo al que recurren únicamente los colectivos de mujeres, pero desde hace varios años se ha vuelto recurrente por los escándalos de agresiones sexuales divulgados por la prensa mundial. Las mismas acciones de visibilización y de presión para crear rutas que atiendan a las mujeres acosadas o que sufren de violencia sexual en la Universidad hacen parte del eco que han tenido a nivel mundial los distintos movimientos de mujeres como el #MeToo estadounidense, el #YoTeCreoHermana español o el #NiUnaMenos argentino. Pero, sobre todo, son la consecuencia de una preocupación antigua que parece no haber sido atendida de manera adecuada en la institución. No se puede negar que mecanismos como el señalamiento público de los abusadores sin que exista previamente una sentencia judicial responden, en muchas ocasiones, al fracaso de las instituciones de justicia para resolver los casos. A menor escala, la Universidad de Antioquia replica esa realidad.

Sin embargo, para Andrea Olaya, politóloga y autora del estudio Rutas contra el silencio: un análisis de los mecanismos para el manejo y prevención del acoso sexual al interior de la Universidad de Antioquia, la sanción social puede desbordar las mínimas garantías que dicta la ley, pero a veces ese es el único mecanismo que les queda a las víctimas ante la vulneración de sus derechos. “Yo tuve el valor de hacerlo con mi nombre y con mi cara, y dijeron en redes sociales que yo le quería dañar la carrera. Entonces dicen que cómo se les ocurre poner esas denuncias anónimas, y yo entiendo que no todas las mujeres tienen el mismo valor, carácter u apoyo, sobre todo por el proceso enorme de revictimización por el que tienen que pasar”. En diciembre de 2017, Andrea denunció en sus redes sociales haber sido acosada por el entonces representante a la Cámara Víctor Javier Correa, con quien adelantaba sus prácticas académicas como parte de su Unidad de Trabajo Legislativo. Su denuncia no pasó de las redes a los tribunales, según Andrea, por lo dispendioso que resultaba para ella reunir todo el material probatorio y costear desplazamientos a Bogotá de ella y sus testigos. Además, porque consideraba desigual cualquier enfrentamiento judicial entre ella como practicante y un congresista en ejercicio. “Víctor reclamaba que había que ir a las instancias judiciales y, mal contados, tenía cuatro abogados detrás de él”, declara Andrea.

En el caso de la Universidad, por ser su práctica una materia de su programa académico, se remitió al profesor que la asesoraba y fue así como comprendió que en la institución no están claros los procedimientos ni la ruta a seguir ante un caso como el suyo. Las respuestas las obtuvo después, durante el desarrollo de su trabajo de grado. En su posición de investigadora y víctima, presentó tres derechos de petición a tres diferentes dependencias de la Universidad: Bienestar Universitario, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Rectoría. Esta última explicó que contaba con procedimientos para atender casos de acoso únicamente cuando el vínculo era laboral y no como estudiante; su Facultad reconoció la inexistencia de un protocolo, pero aseguró que estaba en construcción; y Bienestar Universitario nunca respondió sus preguntas. Una de las consecuencias de la falta de herramientas de la universidad para atender hechos de violencia sexual es que se desincentivan las denuncias por las vías formales. Así lo advertían ya desde 2005 los docentes Sara Fernández, Gloria Hernández y Ramón Paniagua en una investigación sobre violencia de género en la Universidad: “[…] es muy difícil que la denuncia de una sola persona se abra paso en contextos tan jerarquizados como la Universidad. Por el contrario, es usual que la maquinaria y la burocracia institucionales acentúen la dificultad cuando la denuncia se relaciona con el nivel más bajo en el organigrama institucional: el estudiantado. Las primeras instancias por ejemplo no tienen ningún nivel de decisión (jefatura de departamento, decanato, etc.), lo cual muestra que solo prosperan las denuncias muy graves o colectivas, cuando la conducta es repetitiva, reiterada a lo largo del tiempo”. Ante ese panorama, Dora Saldarriaga argumenta que “por eso es importante el tema de los protocolos, porque a través de ellos las universidades podrán decidir cómo es el sistema de recolección de la información, y de trámite de esas investigaciones”. Además, con la sentencia T239 de 2018, las universidades tienen la obligación de informar a la Fiscalía sobre las denuncias que reciban por presuntos casos de violencia sexual. Por supuesto que la Universidad no es una autoridad judicial, sin embargo, la ausencia de protocolos claros sí refuerza una sensación de impunidad que coincide con el panorama nacional. La justicia colombiana les da la espalda a las víctimas: según información publicada en junio de 2018 por el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y la Fundación PLAN, en Colombia la impunidad para casos de violencia sexual cometidos entre 2007 y 2010 es de un 98 %. La revictimización, que menciona Andrea Olaya, ocurre por el descrédito a la versión de las víctimas o por hacerle repetir su historia una y otra vez, acción en la que incurre tanto el sistema judicial como la sociedad en general, porque si bien una denuncia por redes o en persona tiene el objetivo de exponer y lograr una sanción contra el presunto acosador, a las denunciantes no es que les vaya mejor. Aunque poco atados al debido proceso, los mecanismos de denuncia social funcionan para trasladar el miedo al victimario, advertirle qué no debe hacer o qué hizo mal y, sobre todo, para asistir a la víctima, que tiende a sentirse más protegida si existen diferentes formas de sensibilización alrededor del acoso sexual.

hicieron sentir protegidas, incluso una de las entrevistadas confiesa que “realmente si no fuera por el ‘escrache’, seguiría denunciando o tratando de ver la forma, desgastándome […] en denuncias […] El ‘escrache’ no es solamente una denuncia pública, es un ‘te tenemos en la mira de lo que nos hagas’”. Olaya coincide en que estas acciones “generan en las mujeres una sensación de apoyo. Le advierten que tal vez lo que le pasa a una de ellas les pasa a muchas, y así se asume una actitud más cuidadosa y de alerta ante cualquier posible agresor”. “La ruta que emitió Bienestar Universitario es consecuencia de este tipo de actos”, acota Andrea, refiriéndose a acciones como la empapelatón y los plantones. “Quizá uno de los componentes que le hace falta a la sanción social es la pedagogía”, agrega. A su modo de ver no basta con señalar y acusar, sino que es necesario aclarar por qué lo que hicieron esos agresores está mal. Es decir, formar con perspectiva de género. Por su parte, la abogada Dora Saldarriaga considera que la sanción social debe estar acompañada, en los casos específicos de las universidades, de medidas que incorporen el componente de género de forma transversal en los currículos: “O que haya una capacitación de entrada a los profesores que incluya qué es lo que significa el acoso para prevenirlo, porque la sanción social por sí sola, así como la de tipo penal, no solucionan la problemática si no hay campañas pedagógicas de concientización acerca del tema”. Los métodos de sanción social pueden ser cuestionables, tanto por no respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, como porque pueden confundirse fácilmente, al tenor de la capucha y el panfleto, con otro tipo de prácticas e intereses. Sin embargo, han sido el detonador para que el tema de la violencia de género se imponga en la agenda y se discuta, aunque los métodos son insuficientes para las propias víctimas, más allá de una sensación temporal de apoyo, reconocimiento y protección.

Lo que sienten las víctimas Una investigación realizada por la antropóloga mexicana Magali Barreto, titulada Violencia de género y denuncia pública en la universidad, y publicada en 2017 por la Revista Mexicana de Sociología, aborda la denuncia social como una lucha por el reconocimiento en el ámbito universitario. Según ese estudio, los estudiantes víctimas de acoso en la Universidad Nacional Autónoma de México reconocen que los mecanismos de escrache (boleteo) las

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No. 94 MedellĂn, febrero de 2019

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Luis Bonza Ramírez luis.bonza@udea.edu.co

n junio del 2017 el entonces vicepresidente del Concejo de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Ramón Cardona, dijo en una sesión que “las mujeres son como las leyes, para violarlas”. Ante la polémica, justificó su frase con el argumento de que hace parte del argot popular. Otras expresiones, como esa de que “cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí”, o que “el hombre llega hasta donde la mujer lo permite”, terminan culpándolas por la violencia de la que son víctimas y muestran cómo los límites del consentimiento se desdibujan. Con ese discurso recae en las mujeres la carga de impedir, como en un juego de defensa y ataque, que un hombre haga sobre su cuerpo lo que ellas no desean. El Código Penal colombiano establece que “el que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años” y en otros países de América Latina esa edad mínima para consentir una relación sexual varía entre los doce y los dieciocho años. Sin embargo, la posibilidad de consentir tiene que ver con mucho más que la voluntad de tener sexo y cumplir una determinada edad. En el artículo Consentimiento sexual: un análisis con perspectiva de género, Yolinliztli Pérez Hernández, especialista en estudios feministas, género y sexualidad, expone que las leyes sobre el consentimiento sexual “funcionan como una fórmula mágica para zanjar dilemas éticos, limitando la discusión a un problema de elecciones individuales, ajeno a las estructuras socioculturales en las cuales se inscribe. Se usa como argumento de violadores para pasar su responsabilidad a las víctimas”. Natalia Giraldo es estudiante de la maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional, investiga temas de acoso callejero y universitario, y pertenece a la organización feminista No me Callo. Para Giraldo, “el simple hecho de que la sociedad exija que tenga que haber un ‘no’ explícito dicho verbalmente para entender que una chica no quiere tener una relación sexual, muestra cómo es que estamos entendiendo el consentimiento o mejor cómo es que todavía no lo hemos entendido”. El consentimiento es un implícito social, sabemos reconocer cuando el otro aprueba o desaprueba un acto: desde una mirada hasta una expresión verbal explícita, pero hay casos en los que el consentimiento tiene otras complejidades. Un buen ejemplo son las relaciones que se dan entre personas con posiciones de poder dispares. Lo más importante, de acuerdo con Giraldo, es entender en qué contextos se dan las relaciones y qué hay detrás de ellas. Lo más importante, de acuerdo con Giraldo, es entender en qué contextos se dan esas relaciones y qué hay detrás de ellas. Entendiendo que, aunque sí se pueden dar de manera consensuada aun en situaciones de poder dispares, no es fortuito que generalmente se puedan analizar perfiles o patrones. Dígame cómo le colaboro Otras expresiones como “estar sentada en la nota” o “dígame cómo le colaboro” por parte de un profesor a una estudiante no son fortuitas. Según una investigación publicada por Vice en agosto del 2017, “la Fiscalía General de la Nación consolidó el número de denuncias por el delito de ‘acoso sexual’ relacionado con ‘estudiantes’ entre 2008 y 2017, y la cifra es de 10.830”. Y esos son solo los casos denunciados. María Ochoa, socióloga, magíster en Ciencia Política y profesora de la Universidad de Antioquia, considera que “el cuestionamiento va más allá: qué sucede en la sociedad que por lo general son los hombres los que tienen esas conductas, por qué pasa más en los profesores hombres que en las mujeres, por qué las estudiantes idealizan al profesor que es una figura de poder y consienten una relación con él aun sabiendo que puede estar viciada”. Ochoa afirma que en la UdeA se han evidenciado

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comportamientos sistemáticos de profesores que cada semestre salen con una estudiante y utilizan los espacios académicos para coquetear con ellas, eso conlleva a que algunas no quieran asistir a actividades extra clase porque se sienten incómodas, aunque no sean capaces de comunicarlo por la relación de subordinación en la que están involucradas. El acoso de profesores a estudiantes es una realidad en las universidades de América Latina. En México, el primer Diagnóstico sobre la atención de violencia sexual indicó que en ese país hay seiscientas mil víctimas de delitos sexuales al año. De ellas, ocho de cada diez son mujeres y la de estudiante es la ocupación más frecuente de quienes sufren esas violencias. Sin embargo, las relaciones sentimentales consensuadas también son una realidad. Sobre ese tipo de relaciones, Natalia Giraldo expresa que siempre hay que preguntarse cómo se dan esas relaciones en los espacios universitarios, qué quiere obtener el profesor del estudiante y cómo fue el contexto en que se originó una relación entre ellos. “Eso no pasa tan fortuito, tan de la nada, los profesores y jefes están en una situación de privilegio, lo que sucede es que el profesor tiene cierto estatus del que se aprovecha para tramar a sus estudiantes. Además hay que pensar por qué eso no se da en la forma contraria, casi no se ve a una profesora mayor o a una jefe con su empleado, y si eso sucediera seguramente la forma de juzgar la situación sería totalmente diferente”, agrega Giraldo. Desde el feminismo En el artículo de Yolinliztli Pérez que explica el consentimiento con una perspectiva de género, se exponen dos posturas del feminismo frente a las relaciones en la que una parte está subordinada a la otra: la primera es una radical que propone que en una relación heterosexual las mujeres nunca van a poder ser completamente libres para consensuar debido a que “los hombres poseen siempre más fuerza física, poder económico y político”. La segunda critica la “victimología” de la primera y explica que las mujeres son “agentes sexuales capaces de ejercer decisiones libres, autónomas y responsables”. Esta postura entiende el consentimiento como una decisión individual. La socióloga María Ochoa propone que las relaciones entre estudiantes y profesores estén mediadas por lineamientos disciplinarios, es decir, que existan protocolos en los que se establezca si son permitidas o no o que por lo menos se informe a un superior y se solicite un segundo calificador cuando sea oportuno. “Si ese código lo prohíbe explícitamente, la decisión no se deja a la cultura en la que ciertos hombres naturalizan esa conducta y en la que las estudiantes idealizan la figura del profesor. Lo mejor sería que existan esos protocolos

Ilustración: Karen Parrado

para evitar ese tipo de situaciones en las que se sobrepasan algunos límites por las diferencias de poder en las relaciones”, argumenta Ochoa. Natalia Giraldo piensa que proponer lineamientos que regulen ese tipo de relaciones no significa quitarle facultad a la mujer para decidir por sí misma. “El problema es que te encuentras en una situación de inferioridad mediando el poder que la otra persona puede tener sobre ti. Es decir, puede que mi pareja sea mi profesor, pero ese profesor es además quien pone mis notas y toma decisiones sobre mí”, agrega. El hombre propone y la mujer dispone El movimiento que se creó bajo la etiqueta #MeToo (o #YoTambién en español) se popularizó como consecuencia de las múltiples acusaciones que se hicieron en el 2017 a personalidades de Hollywood, entre ellas Harvey Weinstein, Roy Price y James Franco, por los acosos y abusos a los que muchas mujeres en la industria del cine y la televisión son sometidas. El 15 de octubre de ese año la actriz Alyssa Milano publicó un tuit en el que incitaba a todas las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de acoso sexual a que respondieran escribiendo #MeToo. Ese tuit tuvo más de sesenta mil respuestas de mujeres denunciando sus casos. El movimiento, y las denuncias que se conocieron desencadenaron incluso en la sentencia de Bill Cosby por violación y todavía sigue causando impacto contra personalidades como Donald Trump y Cristiano Ronaldo. El impacto de ese movimiento traspasó las fronteras de Hollywood y ha sido usado para denunciar acoso en muchos otros ámbitos. En el Reino Unido fue usado el #PayMeToo (en español “págame a mí también”) como respuesta a un debate sobre la brecha salarial de género. En otros países de América Latina, el movimiento además de denuncias ha generado marchas y manifestaciones bajo la consigna y etiqueta #NiUnaMenos, que busca visibilizar los feminicidios y la violencia contra la mujer. En Colombia, según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, se registraron más de tres mil casos de violencia de género contra la mujer en el 2018, aproximadamente cincuenta casos cada día. En parte, la raíz del acoso está en lo mal que es entendido el consentimiento y en la idea de que “el amor duele”, incluso de manera física. Esas iniciativas pretenden poner sobre la mesa todas esas formas de violencia y además de servir de medios de denuncia, tratan de explicar algo que parece obvio: que cuando una mujer dice no en realidad quiere decir no y que el consentimiento no es la firma de un papel.

Homenaje

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Me parece, o creo ver en la narración platónica que ese imperativo de ‘ver en la oscuridad’ es un llamado a la investigación, a vérselas con las realidades de mundos imperfectos, con las complejidades, con las contingencias, con los hechos y las palabras de los seres comunes y corrientes; este imperativo y el sentido general del mito nos estaría diciendo que si bien las ideas, las teorías, las nociones y conceptos son condiciones absolutamente necesarias para acceder al campo de la ciencia política, se quedan cortas y no serían suficientes si no se retorna al mundo de los simples mortales con la intención de ‘ver en la oscuridad’. Nos estaría diciendo, además, que es necesario perder el miedo al desorden, a las masas soliviantadas, a los bárbaros y los ignorantes, a la chusma, a las multitudes y a esa plebe tan despreciada que estaría simbolizando el riesgo permanente del retorno al caos, pues ‘ver en la oscuridad’ no es otra cosa que interpretar lo que existe por fuera del dominio de lo conocido y luminoso y vérselas cara a cara con lo que realmente ocurre en la vida social”.* Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

16 Homenaje Redacción De la Urbe delaurbeprensa@udea.edu.co

La democracia en una mesa de comedor

a profesora María Teresa Uribe murió en la madrugada del primero de enero. Los obituarios de prensa y los comunicados sobre su muerte expusieron ya muchos adjetivos sobre su trayectoria académica, sobre su importancia para las ciencias sociales y para comprender el papel de la universidad y de los universitarios en nuestro contexto. En De la Urbe suscribimos esos adjetivos, pero en esta edición nos tomamos la licencia de la anécdota. Buscamos y encontramos en los recuerdos de algunas personas que estuvieron cerca de ella, en diferentes facetas de su vida, las palabras justas para describir su decisión de dudar, de cuestionar modelos, consignas y paradigmas; de conocer otras verdades y comprender formas distintas de asumir la vida, la ciudadanía y la política.

Guillermo Hincapié fue alcalde de Medellín en la década de 1970. Murió el 27 de diciembre, seis días antes que su esposa, María Teresa Uribe. Estuvieron casados durante 60 años. Fotografías: cortesía Sofía Hincapié Vergara

“Para ‘ver en la oscuridad’ se requiere de un mínimo de sensibilidad política, pero también entender que solo la crítica, el debate, la duda sobre los conocimientos propios y los ajenos puede contribuir a develar el ser de las sociedades, porque estas se forman y se transforman precisamente en la confrontación, la colisión y el choque de prácticas e ideas, y porque, desde que Platón escribió su mito, el mundo está en discusión y pese a su afán y el de muchos por encontrar la verdad, el bien y las rectas acciones, existen posturas distintas que con buenas razones argumentan lo contrario”.* *Fragmentos de Una invitación a la Ciencia Política, palabras de bienvenida de María Teresa Uribe a los primeros estudiantes del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Julio de 2004.

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Entender nuestra violencia

La reflexión sobre Medellín y Antioquia

Explicaciones sobre el mundo: la tertulia entre iguales

Entrevistas: Daniela Sánchez Romero Alejandro Valencia Carmona Karen Sánchez Palacio Danilo Arias Henao Santiago Rodríguez Álvarez

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Los pasos

PARO ESTUDIANTIL

(y las conquistas) del

Jennifer Mejía Giraldo jennifer.mejiag@udea.edu.co

l 11 de octubre de 2018, alrededor de treinta instituciones públicas de educación superior se declararon en paro. Profesores y estudiantes exigían saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades y reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 responsable del déficit financiero. También pedían la creación y el desarrollo de un plan nacional para la educación con temas como Colciencias y el Icetex, y garantías para los estudiantes frente a las movilizaciones. Hubo dos momentos cruciales en el paro nacional estudiantil de 2018. El primero, el 27 de octubre, cuando el Gobierno y los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) pactaron destinar a las universidades cerca de tres billones de pesos durante este cuatrienio. Por primera vez el Gobierno reconoció formalmente que la fórmula definida en el artículo 86 de la Ley 30 es inequitativa y desactualizada, y que las transferencias deben ajustarse al crecimiento real de gastos del sector. Este acuerdo, sin embargo, fue considerado ilegítimo debido a que no contó con la presencia de estudiantes y profesores. Además, en términos financieros, la cifra se quedaba corta frente a un déficit acumulado de 18.2 billones. El paro continuó y aumentó la presión para conformar una mesa donde estuvieran presentes representantes y voceros de las diferentes organizaciones estudiantiles y profesorales. Sin embargo, la lucha estudiantil fue opacada en varias ocasiones por enfrentamientos violentos, abusos por parte del Esmad y ataques a bienes públicos y privados por parte de estudiantes encapuchados. Solo en Medellín se realizaron trece marchas y cuatro plantones que dejaron quince denuncias por violaciones y vulneraciones a los derechos humanos durante las movilizaciones, según la base de datos de la Corporación para los Derechos Humanos de Colombia. Después de dos meses de protestas llegó el segundo momento clave: el 14 de diciembre el presidente Iván Duque se reunió con los integrantes de la mesa de diálogo y firmó un preacuerdo con estudiantes y profesores para inyectar a la educación superior pública 5.85 billones de pesos. Además, la mesa de diálogo quedará instalada por decreto para discutir la reforma a la Ley 30, al Sistema General de Regalías, al Icetex y para un control, seguimiento y vigilancia de lo pactado. Ese mismo día, en el Congreso se realizó una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en las movilizaciones luego de que Esteban Mosquera, estudiante de la Universidad del Cauca, perdiera un ojo en la movilización de Popayán el 13 de diciembre. Este es un paso a paso de lo que sucedió en el paro estudiantil y profesoral del 2018.

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Los profesores de la UdeA se declararon en asamblea permanente por los efectos en sus ingresos a causa de la reforma tributaria de 2016 y por el déficit de la educación superior pública. Diez días después los estudiantes se acogieron al mismo mecanismo.

Oct. 20

El presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, lanzaron Generación E, el nuevo programa de créditos educativos que reemplaza a Ser Pilo Paga. Los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) aseguraron que ese programa generará nuevos gastos de funcionamiento e insistieron en que ningún porcentaje de estos recursos debería ir a instituciones privadas.

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Después de un almuerzo y una reunión que no contó con la presencia de estudiantes y profesores, los rectores del SUE y el Gobierno firmaron un acuerdo que destinaba recursos por más de tres billones para las universidades durante este cuatrienio. Los estudiantes y profesores consideraron insuficiente e ilegítimo el acuerdo y el paro continuó.

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Dic. 13

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Nov. 6

En medio de las solicitudes de los estudiantes para dialogar de manera directa con el presidente, este recibió al cantante Maluma en la Casa de Nariño, lo que generó una ola de indignación por redes sociales, pues varios sectores cuestionaron que tuviera disposición para atender al artista y no a los universitarios.

Nov. 7

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de la Universidad del Cauca, perdió su ojo izquierdo al parecer por el impacto de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Mosquera se convirtió en símbolo de la lucha estudiantil. Este día se realizaron marchas en Cali, Medellín, Bogotá y Popayán.

Dic. 14

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b El Frente Amplio por la Educación Superior y el Gobierno firmaron un acuerdo que inyectaría 5.85 billones a la educación superior pública durante los próximos cuatro años. Estos recursos incluyen el presupuesto de Colciencias. En teoría, el paro cumplió su propósito.

Momento crítico de la mesa de negociación. Los estudiantes, profesores y el Gobierno no llegaron a un acuerdo y se suspendieron las conversaciones.

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Después de dos meses de movilizaciones pacíficas, se presentaron enfrentamientos entre el Esmad y los estudiantes. Esas jornadas dejaron denuncias de estudiantes capturados y heridos, instalaciones de bancos y medios de comunicación atacados por manifestantes y la imagen de un policía envuelto en llamas en Bogotá.

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Durante esta semana los estudiantes convocaron asambleas en las distintas universidades para exponer y explicar el acuerdo logrado en diciembre. Instituciones como la Universidad Nacional sede Medellín, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Caldas, entre otras, levantaron el paro y retomaron actividades académicas. Hasta el cierre de esta edición, los estudiantes de la UdeA se mantenían en paro. Pese a que pactaron con la administración las garantías académicas para volver a clases, discuten en una mesa local algunas otras problemáticas específicas de la Universidad.

Nov.

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¿En dónde

me metí?

Un grupo de estudiantes impulsó una caminata en defensa de la educación superior pública. Partió desde Medellín el 17 de noviembre de 2018 y llegó a Bogotá diez días después.

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María Isabel Moreno Muñoz maria.moreno1@udea.edu.co

¡Vamos! Vamos que hoy hay que meterle pata… pata, güevas y corazón”, dijo Antonio Reyes, líder del equipo de derechos humanos de los Caminantes de la Montaña. Me miró, soltó una bocanada de humo y sonrió. Ese día, 27 de noviembre de 2018, llegamos a Bogotá después de un recorrido de once días. Antonio sabía muy bien lo que nos esperaba. Yo estaba nerviosa, ansiosa y enferma. Habíamos pasado de soportar el calor del Magdalena Medio a padecer el frío de la sabana de Bogotá. Esa mañana había vomitado todo lo que entraba a mi cuerpo, tenía ampollas en los pies y cansancio acumulado. A las cinco de la madrugada no sabía con qué fuerzas iba a caminar; dos horas después ya estaba lista para iniciar el último tramo de esta travesía. Una asamblea permanente declarada el 23 de agosto de 2018 por los profesores de la Universidad de Antioquia, debido al impacto en sus ingresos a causa de la reforma tributaria de 2016, desembocó en el paro nacional indefinido declarado el 11 de octubre por profesores y estudiantes. El tema central: el desfinanciamiento de las instituciones públicas de educación superior. Solo en la UdeA, el déficit acumulado asciende a los 181.528 millones de pesos; a nivel nacional, la deuda del Gobierno con las treinta y dos universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) es de 18.2 billones de pesos. Por esta razón, un grupo de estudiantes impulsó una caminata que partió desde Medellín el 17 de noviembre de 2018 y que llegaría a Bogotá diez días después. Allí caminantes de todo el país harían presencia y el movimiento estudiantil saldría una vez más a las calles en defensa de la educación superior pública. Antonio nos preparó para el peor escenario: “Apenas ustedes crucen ese puente del

río Bogotá están en manos del Esmad”. Nos podrían lanzar gases lacrimógenos o bombas aturdidoras, intentarían dividirnos, dispersarnos y, lo peor, tendríamos que correr. No muchos estaban en las condiciones para hacerlo después de diez días en carretera. Antonio no soltaba su cigarrillo, luego de una larga expulsión de humo lanzó otra frase con su voz gruesa: “Dejen la ingenuidad, esto es serio, muchachos”. Cada caminante de la montaña llevaba un distintivo. Era un retazo triangular de tela blanca amarrado al brazo izquierdo que rezaba “Caminantes de la Montaña Medellín-Bogotá 2018”. También dos tiras amarradas a la muñeca izquierda, una azul y otra verde. Para mayor seguridad, el grupo se dividía en tríadas, pues sería más fácil darnos cuenta si faltaba un compañero en la tríada que si faltaba en un grupo de casi setenta integrantes. Cada tríada iba equipada con vinagre, leche, trapos y los números de celular del personal de derechos humanos. Al grupo lo podrían dispersar, dividir, separar, pero a las tríadas… jamás. Así iniciamos nuestro último tramo desde Funza hasta la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

*** Nunca antes había estado inmersa en el movimiento estudiantil. Asistía a las asambleas, votaba, estaba actualizada sobre el debate, hacía presencia en las marchas, pero no participaba de algún comité, vocería o delegación. Las noticias de los últimos días me hicieron preguntarme por aquello que ocurre dentro del movimiento social, es decir, cómo se organizan, planean y ejecutan sus actividades. Estaba cansada de ver y escuchar que el debate en los medios de comunicación se redujera a los encapuchados y a la violencia. Entonces lo decidí. “¿Qué se va a ir usted por allá a desgastar el cuerpo? Eso ni los atletas”, decía mi papá

21 mientras me llevaba en su taxi a encontrarme con los otros caminantes. Yo no sabía qué responderle porque sentía miedo, pero recordé las palabras de mi mamá: “Hija, te voy a adelantar el regalo de cumpleaños, te regalo la libertad”. Libertad, sí. Después de conversar con varios compañeros concluimos que esto ha sido lo más libre y rebelde que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos hasta acá? Por el link de un grupo de WhatsApp publicado en Facebook. Cristian Ortega, Fanny Uribe y Dalp León, miembros organizadores de la caminata, programaron reuniones una semana antes en la que se concretaron asuntos logísticos como la fecha de salida y llegada, la ruta, los recursos económicos y materiales. Debimos enviar una lluvia de cartas para informar a las alcaldías de dieciocho municipios sobre nuestro paso o estadía por su territorio, además de solicitar acompañamiento de la policía en esas regiones. Cada caminante comenzó el trayecto con $50.000 en el bolsillo, durante el recorrido esperábamos conseguir el apoyo necesario para llegar a Bogotá. Los organizadores confiaban en la generosidad de los profesores y en los aportes que recolectáramos a partir del cubrimiento de nuestro recorrido por redes sociales. A medida que el grupo avanzaba por Guarne, Marinilla o El Santuario, los videos y las fotografías en carretera de los caminantes se compartían por Facebook. La caminata también ocurría en las redes sociales y no dimensionábamos lo mediáticos que éramos. Esta vez el movimiento estudiantil aprovechó las plataformas digitales para comunicar de forma más creativa la protesta. A partir de este despliegue, el debate sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas se instauró en la agenda mediática y el país empezó a hablar sobre educación. Íbamos en fila india, en parejas o en tríadas. Paso a paso. Con un ritmo que variaba entre cuatro y seis kilómetros por hora según el momento del día, el clima o la topografía. ¿Qué nos animaba a levantarnos a las tres de la madrugada a caminar? ¿Era pasar por los pueblos y escuchar los pitos de los carros? ¿Era hacer pedagogía sobre el problema de las universidades públicas? ¿Era una meta individual? ¿Era una meta colectiva? Un movimiento social, el estudiantil en este caso, es diverso y existen múltiples disensos entre sus integrantes. Los caminantes no éramos la excepción. Dialogábamos en asambleas y, aunque muchas veces llegábamos a consensos, la incertidumbre y la duda siempre estaban presentes, como si fuera una característica propia del accionar colectivo. Si bien la caminata nos convertía en noticia, ¿en dónde quedaba la pedagogía? Estos planteamientos motivaron una asamblea de cuatro horas en un corredor de un colegio en Villeta, Cundinamarca. Era la política del conflicto, mientras algunos villetanos nos interrumpían para regalarnos comida y palabras de aliento. Pero también era la política del consenso, ese estar juntos y trabajar unidos por una misma causa incluso en medio de nuestra diversidad. La caminata y la pedagogía debían ser un complemento. La primera como acto de resistencia, libertad, dignidad y rebeldía; la otra como herramienta para sensibilizar a la población y ganar más simpatizantes para el movimiento estudiantil. Eso lo decidimos en la asamblea. Fuimos puerta a puerta para informar a la gente en los pueblos y en las carreteras, entramos a las plazas de mercado y conversamos con los campesinos, hicimos plantones en los parques de los municipios, pintamos trapos con los niños, bailamos

el Taki Taki por la educación, inventamos arengas navideñas… hasta participamos de una santa misa por la universidad pública. Así como era mi primera incursión en serio en el movimiento estudiantil

también lo era para muchos caminantes. “Estar en eso es de marihuaneros izquierdosos”, se escucha una y otra vez dentro y fuera de la Universidad. Yo no podría reafirmarlo. Reducir la complejidad de la lucha estudiantil a esas dos palabras cae en la estigmatización. Durante el camino, cuando estábamos entre el asfalto y los árboles, un compañero escuchaba el Réquiem de Mozart o Las cuatro estaciones de Vivaldi. Uno más inventaba arengas. Otros dos conversaban sobre el gobierno a partir de la teoría política de Schmitt o Rousseau. Y otros cuantos compartían la experiencia de lucha que habían tenido en sus resguardos indígenas. Caminábamos de ocho a doce horas diarias distancias entre treinta y cuarenta kilómetros. Al llegar a los pueblos solo queríamos descansar, pero el ánimo de los profesores y estudiantes nos mantenía de pie para continuar con la marcha, cantar arengas y despertar con estas a los habitantes de cada lugar por donde pasamos.

*** Un letrero en medio de la carretera nos avisó que ya estábamos en Bogotá. A mi alrededor solo se veían sonrisas de satisfacción. Después de una caminata que atravesó cuatro departamentos logramos llegar a la Universidad Nacional de Colombia. No nos recibió el Esmad, sino un grupo de aproximadamente treinta policías que iban atrás y a los costados de la marcha. Para lo que llamábamos “La gran toma a Bogotá”, el 28 de noviembre, ya habíamos recibido recomendaciones de los estudiantes. Por su experiencia, sabían que era suficiente cantar una arenga referente al Esmad o a la Policía para que ellos nos atacaran. Sabían que los policías que iban en moto eran de cuidado, porque intentarían dividir o cambiar la ruta de la marcha. Advirtieron que el helicóptero,

El 28 de noviembre no había iniciado la movilización y la policía ya había detenido a un estudiante. A pesar del miedo y de la expectativa, el ambiente en la salida de la Universidad Nacional era el de un carnaval. La hilera de policías a ambos costados de la vía parecía sin inicio ni final y en algunos lugares estratégicos nos esperaba el Esmad o nos vigilaba el helicóptero. “Pata, güevas y corazón”. A pesar de lo machista de la idea, esa frase me hizo sentir como si me prepararan para la guerra y como si yo, de acuerdo con dicha metáfora, no tuviera los ovarios para estar en ella. Me hizo asimilar que la represión en Colombia es tan real que nos puede dejar sin ojos o sin vida. Y que a pesar de que en municipios como Guaduas o Villeta, la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja o los bomberos nos recibieron con los brazos abiertos, en Bogotá no sería igual.

*** ¿En dónde me metí? Me pregunté cuando un grupo de personas que apenas conocía hace unos días dejó de cantar arengas para cantarme el cumpleaños; cuando sonaba La internacional y al mismo tiempo algunos aceptaban su neoliberalismo; o cuando miraba los zapatos desgastados y vendajes por montón. Así fue hacer parte del movimiento estudiantil que logró, a mediados de diciembre, un acuerdo por 5.85 billones de pesos, que no resuelven los problemas de fondo pero le dan un respiro a la educación superior pública en Colombia.

con sus luces y su ruido, era un fuerte distractor que daba paso al ataque de la fuerza pública. Advirtieron que el Esmad nos provocaría golpeando sus escudos o botas con el bolillo. Protestar en la capital del país era otra historia.

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ElAñodelMOVIMIENTOestudiantil

Julio César Caicedo julio.caicedo@udea.edu.co

l jueves 13 de diciembre de 2018, un día antes de la firma del acuerdo que en teoría puso fin al paro nacional estudiantil, Esteban Mosquera perdió su ojo izquierdo en medio de una movilización en Popayán. Al parecer, un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disparó una granada aturdidora que impactó en el rostro del estudiante de Música de veinticinco años. Mosquera había empezado su carrera en la Universidad de Antioquia y actualmente estudia en la Universidad del Cauca. Ese día, siete estudiantes más fueron heridos. Ese hecho trajo otros a la memoria. En junio de 2007, un proyectil de arma de fuego le estalló uno de los ojos al profesor Juan Carlos Martínez durante una protesta en Manizales. En marzo de 2006, Óscar Salas, estudiante de la Universidad Distrital, murió luego de que una esfera de cristal le penetrara el ojo derecho durante protestas en la Universidad Nacional. Varios agentes del Esmad también han salido lesionados en estos enfrentamientos. En 2012, Uriel Rincón perdió su pierna al ser impactado por un artefacto explosivo en el campus de la UdeA. El 31 de agosto de ese mismo año, José Libardo Martínez, también miembro de este escuadrón, murió cuando recibió un disparo en la cabeza durante protestas en la Univalle. Luego de lo sucedido con Esteban Mosquera en diciembre se popularizó una expresión que contiene una veracidad atroz: “Protestar en Colombia puede valer un ojo de la cara”. Entre 1975 y 2016, ocurrieron 23.696 eventos de protesta o movilización social en Colombia, de los cuales por lo menos un 15 % han sido liderados por movimientos estudiantiles, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Aunque solo tres de cada cien movilizaciones terminan en disturbios la presencia del Esmad es habitual, sin importar que en muchas ocasiones el desarrollo de las movilizaciones sea pacífico. El Esmad fue creado en 1999 bajo una directiva transitoria en el marco del Plan Colombia. Surgió como una fuerza entrenada en el uso de armamento no letal para el manejo de marchas, movilizaciones y eventos multitudinarios. En un principio, contaba con un poco más de doscientos efectivos, pero actualmente lo conforman 3.856 agentes distribuidos en veintitrés móviles que tienen a su disposición sesenta y cuatro tanquetas. Según datos oficiales, durante los últimos cuatro años fueron destinados, desde la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, $36.800 millones a los elementos destinados al componente antimotín. Desde 2009, esta fuerza policial está autorizada para portar armamento de letalidad reducida como fusiles lanza gas, cartuchos con carga química y hasta armas de descargas eléctricas. El manual del Esmad —Manual para el servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes— se basa en distintos acuerdos inter-

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En el país de las protestas

El Esmad

nacionales que amparan el derecho a la protesta y a la movilización social como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 15 ordena a los agentes recordar el respeto a los derechos humanos, usar la fuerza de manera correcta, adelantar acciones de disuasión, prevención y gestión del conflicto y garantizar el derecho a la reunión o manifestación pública y pacífica. A pesar de lo consagrado en el manual, la base de datos de la Corporación para los Derechos Humanos de Colombia, que recopila reportes de los comités de derechos humanos de las universidades de Medellín, muestra que fueron reportadas catorce vulneraciones por parte del Esmad y la Policía durante las movilizaciones de 2018. Entre las principales afectaciones se encuentran intimidaciones, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias y hasta amenazas con armas de fuego. Adicionalmente, de acuerdo con el banco de datos del CINEP, entre 2002 y 2014 el Esmad participó presuntamente en 448 casos de agresiones que dejaron alrededor de 3.950 víctimas. Desde su conformación, el Esmad está acusado, sólo en Bogotá, de dieciocho homicidios.

Problemas de forma y de fondo “Nosotros nos hemos visto golpeados, nos hemos enfrentado al ‘empadronamiento’ que es cuando nos toman fotos a nosotros y a nuestros documentos de identificación y las comparten entre ellos para individualizarnos. A nuestras movilizaciones llegan de una tirando los gases”, relata Carolina Giraldo, quien hace parte del Comité Regional de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Según Giraldo, varias personas y organizaciones se han acercado al comité para hacer registro de las heridas causadas por las acciones improcedentes del Esmad, “que dispara al cuerpo, a la espalda o a la cara”. Ese relato coincide con los videos que circulan en redes de agentes disparando granadas lacrimógenas y bombas aturdidoras directamente a los manifestantes, lo que contradice los protocolos y aumenta la peligrosidad de estos artefactos. En el paro camionero de 2016, Luis Orlando Saíz, un hombre de 30 años, murió debido al impacto de una granada de gas lacrimógeno. En otro caso, Nicolás Neira, un joven de 15 años, murió en 2005 luego de recibir una fuerte golpiza y el impacto en la cabeza de un objeto contundente lanzado también por agentes del Esmad.

Fotografías: Kevin Molano

23 También se ha denunciado el uso de armas no convencionales como las recalzadas: cápsulas de gas recargadas artesanalmente con canicas, balines y material explosivo. En 2006, un agente declaró a Noticias Uno acerca de la muerte del estudiante Óscar Salas: “[Ese día] el mayor Rafael Méndez nos decía: ¡Súbanse con todos los juguetes! Esto quiere decir: las recalzadas”. Un estudio realizado en 2015 en la Universidad Militar Nueva Granada encuestó a cuarenta agentes del Esmad para identificar los principales problemas de la institución. El 47 % de los encuestados afirmó que la mayor dificultad era la comunicación, mientras un 30 % se inclinó por el liderazgo y el trabajo en equipo. En ese mismo estudio, el 77 % de los encuestados respondió que la comunicación entre los agentes era muy baja, baja o regular, y más del 75 % consideró que la situación de liderazgo estaba entre muy mala y regular. Otro problema que señalan las organizaciones de derechos humanos es la falta de interlocución y mediación entre la policía y los manifestantes. Pese a que el manual recomienda “agotar las instancias de persuasión, diálogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante posibles disturbios, minimizando el riesgo de confrontación”, en el informe de la Corporación para los Derechos Humanos de Colombia se narran varios casos en los que la confrontación fue el único recurso. Uno de esos episodios sucedió el 5 de noviembre durante un plantón en el cruce de la Calle 10, cerca al Politécnico Jaime Isaza Cadavid: “El escuadrón del Esmad no interlocuta y procede a romper la movilización con granadas aturdidoras y gases. Luego lanza gases al interior de la institución a pesar de no haber una respuesta violenta por parte de los estudiantes”. Tres días después, en otro plantón cerca al Éxito de Robledo: “El Esmad llegó, se interlocutó con ellos, dieron diez minutos, pero rompieron la movilización a los tres”, relata el informe. En los últimos años, se han creado normativas que ponen trabas a las manifestaciones y las hacen más propensas a ser intervenidas por la fuerza, como la Ley 1453 de 2011 o “ley de seguridad ciudadana”, por ejemplo, que creó dos delitos en relación con las protestas y movilizaciones sociales: el de obstrucción de vías públicas y el de perturbación en servicio de transporte público. La Corte Constitucional, en la sentencia C742 del 2012, se pronunció al respecto y aclaró que en el primer caso, para que una conducta pueda considerarse delito, es necesario demostrar en concreto cómo se afecta la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. En el segundo, se debe imposibilitar totalmente la circulación del transporte público, por lo cual no bastaría con frenar temporalmente el servicio. El Código de Policía también le pone peros a la movilización social con artículos como el artículo 53, que obliga a los organizadores de las manifestaciones a avisar a las autoridades con mínimo cuarenta y ocho horas de anticipación. “El que obstruya una vía pública por medios violentos incurrirá en prisión en un tiempo determinado. Pero ellos son los que definen un medio violento, que puede ser desde una capucha si así lo quieren. La interpretación es del funcionario público, ya sea policía, secretario de Seguridad, de Gobierno o alcalde. Es un problema de técnica legislativa, pero va dirigido a limitar la protesta social”, afirma Johan Giraldo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, quien también agregó que el derecho a la protesta y la movilización social requiere de atención especial, ya que está compuesto por seis derechos fundamentales: libertad de opinión, expresión, reunión, participación en política y locomoción. Otro factor que interviene en el problema es la estigmatización de la protesta por parte de altos funcionarios del Gobierno y algunos medios de comunicación. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en septiembre del año pasado que “los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”. No es la primera vez que un personaje político hace este tipo de declaraciones que van en contravía con lo expresado en el artículo 55 del Código de Policía, que prohíbe “divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente seña-

lamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley”. En algunos medios también se reproducen señalamientos. El 8 de noviembre del año pasado el periódico El Tiempo en su edición web publicó: “Paro nacional, marcado por caos en movilidad y vandalismo”. El 9 de noviembre, Pulzo publicó un artículo con los “elementos que tachan de terrorismo las protestas en el país”, y el 13 de diciembre cuatro medios, entre ellos El Comercio de Perú y ABC de España, utilizaron la palabra “vandalismo” para encabezar sus titulares sobre la última protesta estudiantil del año en Colombia. El panorama a futuro y la postura oficial Con las Farc desarmadas y los acuerdos de La Habana las condiciones estarían dadas para que la protesta social no sea tramitada con una perspectiva contrainsurgente. “En el punto 2.2.2, los acuerdos hablan de los mecanismos de participación. Dicen que se tienen que crear ciertas comisiones de expertos con representatividad de todos los sectores y regiones para hablar de las modificaciones necesarias que deben surtir los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Esa comisión funcionó, generó un informe, un diagnóstico y presentó una propuesta sobre los mecanismos de participación, pero el gobierno no lo quiso recibir”, afirma Johan Giraldo. James Granada, politólogo y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, afirma que el Ministerio Público de Colombia —Defensoría del Pueblo, Procuraduría y personerías— debería tomar mayor protagonismo como

garante y regulador de las movilizaciones sociales. Además afirma que “el Esmad no es necesario, es mejor si [ante las movilizaciones] intervienen las personerías u otras instituciones con más legitimidad”. Para el desarrollo de este artículo fue solicitada de forma reiterada una entrevista presencial con la Policía. Hasta el cierre de esta edición esa solicitud no había sido atendida y la única respuesta oficial fue remitida el 10 de enero a un cuestionario enviado vía derecho de petición. A la pregunta sobre los medios usados por la Policía para disuadir o prevenir la confrontación violenta, el coronel Libardo Fandiño Soto, subcomandante del Esmad, aseguró que ese escuadrón “no ejerce la violencia”, que hace uso de la fuerza de acuerdo con protocolos y normativas nacionales e internaciones y que su papel “se orienta a la ejecución de actividades en materia de prevención, disuasión y control, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones de orden público y tranquilidad de la ciudadanía”. Fandiño agregó que no es cierto que elementos como los gases lacrimógenos se usen de forma indiscriminada y, frente a las acusaciones sobre el uso de las recalzadas, afirmó que el Esmad “solo utiliza para el servicio de policía los elementos reglamentados en su asignación”. En noviembre, el estudiante Sebastían Trujillo intervino en uno de los talleres Construyendo País realizados por el presidente Duque: “Señor, presidente, en lo que usted manifestó ayer invitó a una protesta pacífica y los estudiantes estamos acuerdo con eso, pero nada puede ser pacífico cuando hay personas del Esmad con granadas de dispersión en la mano diciendo que nos están protegiendo”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

ElAñodelMOVIMIENTOestudiantil Fotografías: Kevin Molano

Entre 1975 y 2016, ocurrieron 23.696 eventos de protesta o movilización social en Colombia, de los cuales por lo menos un 15 % han sido liderados por movimientos estudiantiles, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Aunque solo tres de cada cien movilizaciones terminan en disturbios, la presencia del Esmad es habitual.

No. 94 Medellín, febrero de 2019