De la Urbe 106

AÑO 24 | #106 Medellín, febrero de 2024

p.4-5 p.6-7 p.8-13 p.16-17

El exalcalde Quintero y su relación con las iglesias cristianas que llenaron el Atanasio Girardot.

La disyuntiva de los estudiantes frente al Gobierno Petro: ¿independencia, oposición o afinidad?

La Paz Total, la nueva rectoría de la UdeA y otras pistas para leer los nuevos poderes locales.

Análisis: los retos de la JEP para investigar las violencias sexuales cometidas en el conflicto armado.

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Portada: De la Urbe

ISSN 16572556 Número 106 Febrero de 2024

N0.106 Medellín·febrerode2024

Educación y GenZ, esa conversación incómoda Es un momento crítico. Por eso, es necesario encontrar códigos que nos permitan entendernos y encausar esta discusión. Hasta el proyecto de universidad como lo conocemos está en riesgo y quizás sea necesario construir y acordar uno nuevo.

L

as descripciones sobre una generación se parecen mucho a los horóscopos que otorgan ciertas características a grupos de personas basadas en lo aleatorio de una fecha de nacimiento. Sin embargo, esas formas de etiquetar, que a su vez crean relatos que se transforman en identidades, tienen cierta utilidad. Requerimos de las categorías para entendernos, tanto como de la crítica permanente hacia las generalizaciones, los prejuicios, las injusticias, las cadenas y las condenas que esas etiquetas pueden entrañar.

Hablar de los centennials o Generación Z –como ha sido con los millenials– encarna ese riesgo de reproducir como universales características que no lo son; de desdibujar las experiencias particularísimas de cada individuo en su contexto histórico y social, en su experiencia única, personal e intransferible.

Esa es la primera salvedad necesaria para encarar una discusión urgente: ¿cómo nos estamos relacionando con la GenZ y sus necesidades en el sistema educativo?

Y ¿cómo los GenZ se están adaptando a las demandas que este les impone? No son preguntas caprichosas: cualquiera involucrado en procesos pedagógicos podrá dar cuenta de las tensiones crecientes que implica esa relación, sobre todo si lo hace desde la docencia; y podrá confirmar que no es una preocupación abstracta, que se hace cada día más concreta, tanto desde los descalificativos que se refieren a una “generación de cristal”, hasta quienes, aún con torpeza, tratan de adaptar sus métodos de enseñanza.

Lejos de definir cómo son quienes nacieron más o menos entre 1995 y 2010, es posible describir en qué contexto crecen: un mundo hiperconectado en el que las desigualdades se convierten en barreras de acceso para millones; una multiplicación exponencial de información y contenidos que parecen “al alcance de la mano”, pero nos llegan con la mediación tiránica de los algoritmos y las inteligencias artificiales; un quiebre radical respecto a las narrativas ideológicas de la modernidad que nos avoca a una crisis permanente de sentido; una desmaterialización de los entornos laborales y educativos que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de adaptación; una emergencia climática que podemos seguir minuto a minuto, pero frente a la cual no se han tomado decisiones drásticas para frenarla; y un largo etcétera que incluye nuevas guerras, pandemias y tantas otras herencias que las generaciones más adultas les han dejado a las jóvenes para que resuelvan… si pueden.

Esta generación representa una ruptura en la relación con el conocimiento. Así lo sugiere el quiebre en el efecto Flynn, un fenómeno de aumento de la inteligencia que se mide por medio de ciertas pruebas, que ha sido significativo y sostenido desde 1930 en países como Estados Unidos y Noruega. Varios estudios, principalmente del norte global, señalan que ese efecto se estancó e incluso reversó en las últimas dos

décadas. En una simplificación riesgosa, esto significaría que los nativos digitales son “menos inteligentes”. Pero hay que insistir en que se trata de unas pruebas específicas que son insuficientes para medir todo lo que la inteligencia implica.

La contracara de esa conclusión puede leerse en la advertencia que el filósofo francés Michel Serres hacía en Pulgarcita (2014): las generaciones más jóvenes piensan distinto.

“Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas, ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez.

No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza”.

Reconocer el trecho entre acusarles de ser menos inteligentes y comprender que piensan distinto puede enmarcar mejor esta discusión, pero es necesario entender ese cambio en la forma de pensar. Hay nuevos sistemas de valores, más sensibilidad sobre la salud mental y la necesidad de equilibrar el trabajo con otras dimensiones de la vida; también sobre las identidades sexuales y de género y la emergencia climática.

Y, por supuesto, hay un cambio de actitud frente al sistema educativo que implica que menos jóvenes incluyan la educación superior tradicional en su proyecto de vida.

En 2019, el filósofo y experto en educación Francisco Cajiao lo señalaba así para Razón Pública: “Las historias de jóvenes que se vuelven ricos de la noche a la mañana con un canal de YouTube, diseñando una aplicación o con una idea interesante hacen mella en quienes necesitan una excusa para no embarcarse en proyectos difíciles y de largo plazo”. Según Cajiao, en la última década dejó de aumentar el número de matriculados y las universidades comenzaron a perder estudiantes. En la UdeA, por ejemplo, han decrecido los aspirantes: para el 2020-I, antes de la pandemia, fueron 50.490, mientras que para 2023-II fueron 27.119, casi la mitad.

Pero quizás el “cambio de cabeza” aluda a algo más profundo. El filósofo y profesor tunecino Pierre Lévy –alumno de Serres– plantea cuatro revoluciones culturales: la escriba, la alfabética, la tipográfica y la algorítmica. La tipográfica parte de la invención de la imprenta y se corresponde con la revolución industrial y con la aparición del Estado-nación. También con la creación de la escuela moderna, masiva, obligatoria y con programas homogeneizados.

Hoy atravesamos la revolución algorítmica. Es el momento de la economía de la información y de las humanidades digitales; también de la transformación hacia una inteligencia colectiva que se nutre de la individual mediante la “memoria común”. Este momento implica otros relacionamientos en los que estar cerca de una fuente de conocimiento pierde relevancia.

Como llama la atención Lévy, “el problema es repensar la educación en este entorno”. ¿Significa que universidades como la nuestra caducaron? ¿Basta con volcar los esfuerzos hacia la integración de plataformas tecnológicas como nuevos canales para viejos discursos? ¿Es momento de que los docentes se piensen como tiktokers de tono chillón para mantener la atención dispersa de estudiantes sometidos a la gratificación inmediata de las redes? Tal vez estas preguntas se queden en la superficie y nos condenen a adecuar los proyectos pedagógicos al trend de la semana. Plantear la discusión desde ahí podría dirigir la conversación hacia alternativas que impliquen descartar de tajo lo que hasta ahora tenía sentido. Y sí, instituciones como

las universidades y las bibliotecas requieren ajustes para mantener su vigencia en el proceso pedagógico, reinvenciones que nos permitan conectarnos más en esa relación social que es el conocimiento, pero no ser condenadas a desaparecer.

Hay una pista que vale la pena dejar planteada y que entrega el mismo Lévy. Los más jóvenes tienen en sus manos poderes que no tenían otras generaciones, como el acceso inmediato a información valiosa, pero “primero debemos enseñarles a administrar su atención”, afirma.

Esto requiere construir una disciplina que ya no se base en el autoritarismo, como lo fue para otras generaciones, y que tampoco riña con el disfrute. Resignificar la disciplina es parte de esta discusión inaplazable.

Siguiendo a Lévy, la tarea de la educación, sobre todo ahora, es dar herramientas para una autonomía que demanda motivación, goce y disciplina.

Es posible pensar formas de educación expandida alternas a la presencialidad, así como reconocer el reinado de lo audiovisual sobre lo escrito (¿es lo uno o lo otro?); es urgente hablar sobre las nuevas motivaciones frente al trabajo, el conocimiento, el amor, la amistad y la familia; es necesario recuperar el juego como forma casi primitiva del disfrute y la curiosidad como detonante fundamental para conectarnos. Pero ¿es suficiente para que la GenZ asuma su lugar en el mundo con autonomía y disciplina?

Con razón, las críticas suelen afilarse contra el sistema educativo, tan adormecido para ponerse al día y a la altura, pero no es posible cerrar este llamado sin plantearlo en clave de corresponsabilidad. En otras palabras: también es tarea de los estudiantes asumir, con autocrítica, el liderazgo de las transformaciones necesarias, unas que no necesariamente pasan por leyes y decretos, sino que comienzan en la relación cotidiana con el conocimiento.

Adenda: desde la edición 89 hasta la edición 105, el profesor Juan David Ortiz Franco fue el director de este periódico. Le agradecemos por la labor que implicó liderar con rigor este medio universitario durante seis años y por haber acompañado a varias generaciones de estudiantes que hoy son destacados profesionales. Nuestros mejores deseos para su futuro.

| Natalia Moncada Ortiz

natalia.moncadao@udea.edu.co

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ederico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas.

La “jugada” de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público.

Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una “criminalización administrativa mediante restricciones policiales” y una “falsa solución a los problemas de seguridad”.

La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud

opinión de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras.

El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos.

Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial por decisiones que son parte del libre desarrollo de la personalidad.

Esa fue la parte que le quedó faltando.

Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto.

El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos.

A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019.

Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados.

En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos.

Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa.

En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.

Ella también se hubiera reído

La jugada prohibicionista del alcalde

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

| Juan Manuel González

juan.gonzalezc1@udea.edu.co

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o quería entrar en la discusión de manera personal, pero me parece necesario. Todos tenemos situaciones que nos duelen y la mía es la muerte de mi mamá, que ocurrió hace diez años. Un día me hicieron un chiste sobre esto. No me reí, no porque me enojara, sino porque era un chiste malo.

“A veces lo más gracioso por decir es cruel”, dice Dave Chappelle al iniciar The Bird Revelation (2017). Ese especial de comedia fue fuertemente criticado por los chistes que hizo, especialmente por los relacionados con el movimiento #MeToo, el cual se amplificó en redes sociales por denunciar agresiones sexuales después de las acusaciones al exproductor de cine Harvey Weinstein.

Chappelle también fue cuestionado por otros especiales que lanzó en Netflix.

En 2021, la comunidad LGBTIQ+ presionó a la plataforma, tanto en redes sociales como con protestas frente a sus instalaciones en Los Ángeles, para que retirara The Closer (2021), debido a los chistes que el comediante estadounidense hizo sobre

3 la población transgénero. Sin embargo, la compañía se negó. Hay quienes dirán que es solo comedia, que hace parte de la libertad de expresión; otros argumentarán que se trata de un discurso de odio. ¿Hasta dónde puede llegar la comedia?

La ONU define el discurso de odio como “cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita ‒o también comportamiento‒ que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad”. Si bien en este tipo de especiales de comedia encontramos algunas de estas características, ¿dónde está la diferencia entre atacar a alguien y hacer un chiste sobre una situación?

En el cine, por ejemplo, el público suele ver con mejores ojos el abordaje de los temas delicados por medio del drama que por medio de la comedia. Pareciera que uno es una reflexión y el otro es una burla, pero el humor siempre ha sido crítico. Además, tanto el cine como la comedia son expresiones artísticas.

Sus ideas están inspiradas por la realidad, pero se transforman para ser llevadas a la ficción. Sus temas pueden ser cuestionados por ser polémicos; sin embargo, si este tipo de situaciones no pasaran en la realidad, quizás no serían expresadas en el arte.

George Carlin, que es considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor comediante de stand up de la historia, tenía un humor irreverente que cuestionaba a la religión, la política, la educación, el aborto, entre otros temas. En una de sus intervenciones en Back in Town (1996) dice: “Estos conservadores provida están obsesionados con el feto hasta los nueve meses. Después de eso no quieren saber nada de ti”. Si llegó a ser tan polémico, ¿por qué sigue siendo recordado como uno de los mejores? Quizás los tiempos han cambiado y ya no nos parece tan polémico; o simplemente, en ese momento, los fragmentos de especiales de comedia no eran tan virales ni tan fáciles de sacar de contexto.

“No puedes pretender que la comedia, imprudente o de otro modo, no tenga consecuencias en el mundo real. Las tiene.

Puede reforzar (o retar) la manera en que la gente piensa. Se repite en los parques infantiles y en el trabajo. No es libre de consecuencias”, dice el crítico de comedia Brian Logan en un artículo del diario The Guardian, refiriéndose a los especiales de Chappelle en Netflix en 2017. Cualquier idea, sea o no desde el humor, puede influenciar a alguien. Lo curioso es que Logan vea como una amenaza el estimular a la gente a pensar.

Es muy difícil satisfacer a todos con el arte, porque para eso tendríamos que ponernos todos de acuerdo.

Los comediantes de antes son más aceptados, nos parecen menos controversiales. Y tiene mucho sentido, porque están criticando los sucesos de su época, no los de la actual. Un chiste sobre el holocausto puede ser menos polémico ahora que en su momento. Pareciera que es menos ofensivo por el tiempo que ha pasado.

Pero en la actualidad un chiste sobre la comunidad LGBTIQ+ puede llegar a ofender a mucha gente. Es entendible, ya que es un grupo que ha sufrido mucho y ha luchado por sus derechos. Aunque también es necesario entender que la comedia, desde la crítica, está para abordar los temas actuales.

De eso se trata: de mostrar lo ridículas que son las situaciones de la vida real, incluso aquellas en las que se insultan y atacan a los grupos minoritarios y étnicos. Tratar estos temas desde la sátira y la ridiculización, y que podamos reírnos de esto, demuestra que más que una burla, es una crítica hacia nosotros mismos como sociedad.

Habrá personas que no estén de acuerdo y las entiendo. Hay cosas que ofenden a cada uno. Lo dijo el mismo Chappelle: “Todo es gracioso hasta que te pasa a ti”. Incluso, él cuenta en The Closer la trágica historia de cómo se suicidó una amiga transgénero y, de repente, hace un chiste. Reconoce que es inapropiado, pero como su amiga era comediante, y la conocía bien, sabe que se hubiera reído. Ahí me di cuenta de que no tenía nada de malo ver, de vez en cuando, la muerte de mi mamá con humor. Ella también se hubiera reído.

informe

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El salto de fe de Daniel Quintero

"Aquí empezó todo hace cuatro años, donde pusimos en manos de Dios nuestro gobierno", escribió el exalcalde en sus redes sociales junto a esta foto tomada en lo alto del barrio Popular después de renunciar a su cargo.

Dos conciertos gratuitos de música cristiana reunieron a casi 90 mil personas mientras terminaba la Feria de las Flores del 2023.

Entre los asistentes estuvieron el entonces alcalde Daniel Quintero y Diana Osorio, su esposa.

| Santiago Bernal Largo

santiago.bernal2@udea.edu.co

E

l 14 de octubre de 2023, en la iglesia Comunidad Medellín se celebró el servicio de las siete de la noche como ocurre todos los sábados. El encargado de la predicación fue el pastor Andrew McMillan, fundador de la iglesia.

McMillan les habló a sus fieles de dos conciertos de música cristiana en los que esa congregación participó durante la Feria de las Flores y, antes de pedir un aplauso, dijo: “Daniel y Diana Marcela, gracias por el apoyo de ustedes abriendo la ciudad a este tiempo de adoración. Estamos muy agradecidos”.

El pastor miraba a una sección de asientos cerca del escenario principal.

Allí estaban Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. Las sillas tenían la marca de “reservados” y estaban en una zona acordonada junto a las de otras personas del staff de la iglesia. Cuando terminó el servicio, ambos se despidieron de varios de los pastores y salieron por una puerta cerca del escenario que daba directo a una calle del barrio San Diego.

Los conciertos de los que habló el pastor McMillan hicieron parte del A Pesar de Todo Tour, un evento de música cristiana con dos fechas en Medellín, el 6 y 7 de agosto de 2023, al que asistieron aproximadamente 90 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, entre ellas, Daniel Quintero y Diana Osorio.

En ambos eventos participaron unos 15 invitados entre oradores, pastores y artistas nacionales e internacionales. Las dos fechas

se llenaron y la mayoría de los asistentes venían de decenas de comunidades e iglesias cristianas de la ciudad y el departamento.

Días antes, el exalcalde Quintero afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que estos conciertos serían los más grandes de música cristiana realizados en Latinoamérica.

También dijo que serían el cierre de la Feria de las Flores, a pesar de que no aparecían en la programación oficial publicada por la Alcaldía de Medellín.

Pastores de las iglesias organizadoras, Comunidad Medellín y Gracia Church, le dijeron a De la Urbe que la Alcaldía y EPM estuvieron en la lista de entidades que apoyaron la realización de los conciertos y que tuvieron un acercamiento directo con Quintero y Osorio para la coordinación.

Comunidad Medellín fue fundada en abril de 1994 por los esposos y pastores estadounidenses Andrew y Kathy McMillan.

Llegaron a la ciudad como misioneros de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, de Cali.

Esta, a su vez, fue fundada en 1976 por dos pastores que llegaron de Virginia, Estados Unidos, y que también fundaron el grupo Misión Sudamérica que actualmente tiene 53 iglesias desplegadas en Colombia, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Suiza y Venezuela.

En febrero de 2023, Comunidad Cristiana de Fe Medellín pasó a llamarse solo Comunidad Medellín. Además, se desligó de Misión Sudamérica y de su red de iglesias

Foto: Instagram @quinterocalle.

"Quinteroempezó amostrarsecada vezmáscercano alafeyesoes algopúblico,en susconsejosde gobiernosiempre mencionabaaDios"

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con la intención de expandirse de manera independiente.

Hoy los pastores principales de Comunidad Medellín son Juan Guillermo Ricaurte, exjugador de Atlético Nacional, y Liliana Restrepo, su esposa, además del matrimonio McMillan que todavía hace parte de la iglesia.

Gracia Church es la otra iglesia que participó en la organización de los conciertos.

Tuvo un rol protagónico al ser la encargada de gestionar el estadio y la logística de este. Fue fundada por el pastor y empresario Richard García, un migrante dominicano que llegó a Texas, Estados Unidos, y en 2012 fundó el Ministerio Gracia en la ciudad de Arlington.

Más tarde, la iglesia adoptó el nombre con el que es conocida en la actualidad.

Después, abrió sedes en Georgia y Nuevo México, Estados Unidos. Siguió su expansión en Tabasco, México; Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y la última que abrió fue en Medellín, en 2022.

Ese mismo año organizó el primer gran concierto.

El pastor de la sede de Medellín es el administrador de empresas Alejandro Herrera, quien dijo que a su iglesia asisten entre 40 y 50 personas por servicio y le aseguró a De la Urbe que los pastores García y McMillan han tenido contacto de manera constante con el matrimonio de Daniel Quintero y Diana Osorio. Agregó que las conversaciones para la elección de las fechas de los conciertos fueron directamente con el despacho del alcalde.

Además, Herrera confirmó que la gestión para usar el estadio fue realizada por su iglesia directamente con la Alcaldía de Medellín: “Desde el año pasado [2022] se dio esa gestión. Gente del gremio de espectáculos culturales supo del concierto que nosotros queríamos hacer y ellos nos llevaron con la Alcaldía”.

Aunque no ofreció detalles sobre quién facilitó ese enlace con la Alcaldía, Herrera sí dijo que para el momento en que empezaron a planearse los eventos, Quintero “venía desde hacía meses buscando hacer un concierto

informe cristiano”. Por eso, el acercamiento de los pastores con el alcalde y su esposa fue clave para que coincidieran sus intereses. “No habían encontrado el cómo ni el con quién hacerlo y llegamos nosotros y empezamos a hacer ese nexo con ellos. Ustedes quieren esto y nosotros también”, contó el pastor.

El A Pesar de Todo Tour solo ha tenido cinco conciertos, dos en República Dominicana y los tres restantes en Medellín.

Eso porque, además de los dos conciertos con los que cerraron la Feria de las Flores del 2023, ya en 2022 esas iglesias habían organizado otro, también con el “apoyo logístico” de la Alcaldía, según asegura Herrera. Ese apoyo podría explicar por qué buena parte de esos conciertos, que además fueron gratuitos, se han concentrado en una de las ciudades donde Gracia Church tiene una de sus iglesias más pequeñas.

Sobre el interés de la administración de Quintero en esos eventos, Herrera dijo que se debió a que “la esposa del alcalde cree mucho en Dios”. También fue, según el pastor, una “forma de agradecimiento. Querían tener un concierto cristiano en la ciudad porque saben que la parte cristiana trae valores a la sociedad”.

Andrew McMillan, por su parte, en un breve comentario para De la Urbe, aseguró que Diana Osorio es amiga del pastor Richard García, y en relación con los conciertos, se limitó a decir: “Dios les abrió el corazón a Daniel y Diana Marcela”. Aunque intentamos hablar con ella, al cierre de este artículo no habíamos logrado una respuesta.

Pese a las versiones sobre el apoyo de la Alcaldía, Álvaro Narváez, quien fue secretario de Cultura de la administración de Quintero, dijo que la dependencia a su cargo no apoyó la realización de los conciertos cristianos y que el papel de la administración se limitó a darles trámite a los permisos.

Cristianos en construcción Esos conciertos fueron una de las expresiones más concretas del acercamiento del exalcalde a prácticas y comunidades religiosas, las cuales se hicieron más explícitas sobre el final de su mandato.

“Quintero empezó a mostrarse cada vez más cercano a la fe y eso es algo público, en sus consejos de gobierno siempre mencionaba a Dios”, dijo una exsecretaria de su administración.

Fue en 2023, en pleno año electoral, que ese acercamiento se hizo aún más evidente.

Un día después de la segunda fecha del concierto cristiano de la Feria de las Flores, Quintero volvió al escenario del Atanasio Girardot para entregar 20 mil computadores a estudiantes de bachillerato de la ciudad. Al finalizar su discurso, y montado en la misma tarima del evento, dijo: “Yo vine acá con un propósito. Es que crean en ustedes, es que crean también en Dios”.

En sus redes también hizo cada vez más explícitas sus creencias. Lo mismo ocurrió con su esposa, quien tiene en la descripción de su cuenta de Instagram la expresión “Cristiana en construcción”. Quintero, por su parte, publicó el 17 de septiembre un video en su cuenta de X con el encabezado “Dios está con nosotros”, en el que habló de cómo sus creencias han sido fundamentales en su trabajo y su vida personal.

Según una fuente del partido Independientes, el estrés y los ataques que recibieron durante la administración, en particular los que afectaron a sus hijas, llevaron al matrimonio a profundizar esa búsqueda religiosa. La misma fuente agregó que es sobre todo Diana Osorio quien “se ha pegado mucho del tema espiritual”. Y aunque lee que en ella es genuino, no descarta que el exalcalde lo utilice políticamente: “Lo utiliza todo”, aseguró.

Aunque las iglesias cristianas europeas y norteamericanas comenzaron a llegar a la ciudad entre el siglo XIX y XX, su expansión se afianzó con la Constitución de 1991, como explicó Carlos Arboleda, profesor de teología de la UPB. Esa expansión ha coincidido con que iglesias de distintas denominaciones participen cada vez más abiertamente en política, como sucedió en el plebiscito al acuerdo de paz en 2016.

Ramiro Delgado, profesor de antropología de la religión en la UdeA, aclaró que en la historia de Medellín ha sido común que se realicen eventos masivos de carácter

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religioso; sin embargo, cuestionó el apoyo que brindó la administración de Quintero a estos. “En un contexto ideal, la Alcaldía debería apoyar todos los eventos religiosos sin importar su denominación o sin favorecer a algún grupo religioso sobre otro. Cuando pasa que hay cierto favoritismo hacia algún grupo religioso, ahí es donde uno se cuestiona las posibles intenciones políticas que pueda tener cierta administración o tal candidato”, destacó.

El 30 de septiembre, casi como un acto de fe, Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín para sumarse a las campañas de sus candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía. En la carta de renuncia que escribió a mano, dirigida al presidente Gustavo Petro, agradeció a Dios, al país y a su familia. En ese momento publicó en su perfil de X un versículo de la Biblia: “Hubo un tiempo en el que los gobernantes salían al campo de batalla…”.

Una persona que lo conoce de cerca desde antes de que fuera alcalde aseguró que le sorprende su acercamiento a comunidades cristianas, pero no su religiosidad. Y mencionó que, con alguna frecuencia, el entonces alcalde asistía a la iglesia Santa María del Camino, en el barrio Santo Domingo. Y que también, junto a su esposa, asistía de manera recurrente a orar en una cruz ubicada en lo alto de ese barrio.

Esa cruz es la misma que Quintero visitó y luego mencionó el primero de octubre en el primer acto público ‒y de campaña‒ luego de su renuncia. Frente a la estación Acevedo del Metro pronunció un discurso con varias menciones a Dios para apoyar a Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui, sus candidatos. Y les contó a los asistentes que antes de llegar a ese lugar había ido a orar a la cruz en Santo Domingo. La idea la reforzó en su cuenta de X: “Aquí empezó todo hace cuatro años, donde pusimos en manos de Dios nuestro gobierno. Hoy vuelvo con mi fe intacta a poner el futuro en sus manos”.

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seguimiento

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Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo.

¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta cuando el Gobierno es de izquierda?

Aunque no hay avances sustanciales en la promesa de reformar la Ley 30 de 1992, que organiza “el servicio público” de educación superior, los universitarios todavía se debaten sobre qué posición tomar, como movimiento social, frente al Gobierno de Gustavo Petro.

| Santiago Vega Durán

santiago.vega@udea.edu.co

| Santiago Bernal Largo

santiago.bernal2@udea.edu.co

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

seguimiento

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Lo que está en discusión

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a pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos.

La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma.

La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz.

A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política.

Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior.

Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió.

El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política.

Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla.

“El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento.

A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”.

En debate permanente El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz.

Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil.

Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros.

La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar.

Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC. Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en la mesa de financiación del ENEES. Considera que “como están las cosas, el Índice de Costo de Educación Superior (ICES) se puede quedar corto”. Sin embargo, piensa que sí se ha priorizado esta discusión en la propuesta de reforma.

Del encuentro salió un documento de casi 50 páginas que recogió las conclusiones a las que se llegó en cada mesa. Según le dijo el Ministerio de Educación Nacional a De la Urbe, tanto las discusiones como el texto van a ser consideradas para la presentación de la reforma: “Muchas de las ideas que están consignadas allí ya hacían parte del articulado de la nueva Ley General de Educación Superior que estamos construyendo y algunas, que no estaban y las consideramos razonables, las hemos ido integrando al documento”.

Esta no es la primera vez, desde que se aprobó la Ley 30, que el movimiento estudiantil la debate. En 2011, el Gobierno Santos presentó un proyecto de reforma que fue criticado por puntos como la introducción del ánimo de lucro a las universidades. La movilización estudiantil de entonces fue histórica, logró que se retirara ese proyecto y de allí surgió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que desapareció con el tiempo y podría asemejarse a lo que hoy es el ENEES. Aunque Luisa López cree en la importancia de esos espacios, cuestiona que

la participación de los estudiantes se quede en lo circunstancial. Es decir, que los intentos de organización se aten a coyunturas específicas que, en los últimos 30 años, han pasado en varias ocasiones por las discusiones sobre los problemas de la Ley 30.

Para López, el movimiento estudiantil debería situarse estratégicamente con el Gobierno Petro y sumarse a las fuerzas en pro de las reformas que podrían generar transformaciones y beneficios a los mismos estudiantes. Esto, según ella, no implica venderse o entregarse completamente a las posturas del primer mandatario.

Clara Vélez, docente de la Corporación Universitaria Lasallista, ha abordado las movilizaciones sociales desde el periodismo.

Ella cree que el Gobierno debe aprovechar su buena relación con el movimiento para sentarse a hablar, no solo sobre la reforma a la educación, sino sobre “cuál es el país que necesitan los jóvenes”. Además, pone en la mesa las dudas sobre cómo Petro se ha relacionado con los estudiantes: “Así como el presidente se estaba reuniendo con los empresarios, con un discurso conciliador, ¿cuántas veces se ha reunido con el movimiento estudiantil?”.

Para Vélez hay un desánimo evidente de los universitarios frente a lo que ha ocurrido con Petro en la presidencia. “Me sorprende que no hayan salido a la calle y no me extrañaría que terminara pasando eso”, señala, mientras cuenta que ya los estudiantes le dicen que están desilusionados porque las cosas “no están marchando” y que “esto se quedó en propuesta”.

También cree que aunque las intenciones del presidente han sido buenas, lo único que ha logrado es “poner a pelear a todos con todos”, pues los cambios que ha propuesto son insuficientes para los estudiantes que esperaban más de él. Coincide con esto Carlos Díaz, quien afirma que una de las razones detrás del apoyo del movimiento estudiantil a la campaña de Petro era la esperanza de una reforma a la Ley 30.

No solo la reforma a la Ley 30 sigue en borrador, sino que el Gobierno priorizó tramitar el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, que fue aprobado en diciembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y será discutido en plenaria en 2024. Luisa y Carlos plantean la necesidad de que el movimiento estudiantil reflexione dónde posicionarse, si hará oposición independientemente de lo que proponga el Gobierno o si definirá una posición distinta frente a cada propuesta. En todo caso, para Luisa, esta reflexión debe hacerse pensando en que la administración de Petro “no será perfecta, pero tiene mayor apertura que otros Gobiernos que tuvimos y otros que vayamos a tener”.

La Ley 30 de 1992 rige el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. Entre sus apartados están la normatividad para financiación, bienestar universitario, gobierno universitario, entre otros ítems.

Uno de los aspectos más problemáticos de esta ley son los artículos 86 y 87, que definen las formas de financiación de las instituciones, que han llevado a profundizar el déficit en las IES y a que estas tengan que recurrir a estrategias de privatización para sobrevivir, como explica Marco Antonio Vélez, docente de Filosofía de la UdeA que ha participado en la discusión sobre la reforma a la Ley 30.

Según Vélez, el problema con estos dos artículos es que determinan que los presupuestos para las IES aumentarán según la tasa de inflación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Distintos sectores de las universidades públicas han manifestado por décadas que este aumento es muy bajo en comparación con los gastos de la canasta educativa, que son todos los productos, los insumos y los servicios necesarios para sostener a las universidades.

Debido a esta crisis financiera y a la falta de otras formas de financiamiento, hay falencias en los servicios de bienestar universitario, es decir, aquellos que brinda una IES a sus estudiantes para facilitar su permanencia en la universidad, como apoyos para la alimentación, el transporte, el acompañamiento psicológico, entre otros. La comunidad universitaria ha manifestado en espacios como el ENEES la necesidad de reformar el capítulo tres de esta ley porque desean que las IES destinen más recursos para programas y proyectos de bienestar.

Además de los apartados de financiación y bienestar, desde las universidades también se exigen cambios en la forma como está planteado el gobierno universitario, la autonomía de las universidades, la implementación de políticas universitarias con enfoque de género, la regionalización, entre otros aspectos.

A diferencia de la fallida reforma a la Ley 30 de Santos, el actual borrador se ha construido a partir de conversaciones entre el Gobierno y los actores de las IES como estudiantes, profesores, directivos y otros. La iniciativa del Ministerio de Educación Nacional fue nombrada Diálogos Permanentes por la Educación Superior y en la primera etapa se realizaron siete en el país: dos en Bogotá, y una en Barranquilla, Quibdó, Arauca, Riohacha y Tumaco, respectivamente, en el primer semestre del 2023.

Aunque el ministerio dice que su intención es hacer una política pública de forma democrática y participativa, la realidad es que los estudiantes que han asistido a estos encuentros han cuestionado la metodología. Para los estudiantes, la mayor falla de estos encuentros fue la falta de propuestas concretas de parte del Gobierno para dar una discusión y el poco tiempo que se dispuso para el debate, como lo registró Mutante en julio de 2023 a partir de conversaciones con varios asistentes de diferentes universidades del país.

Por su parte, Mineducación ha dicho que este borrador aún tiene pendiente una segunda parte donde se espera llegar a resultados más concretos para dejar de hablar de una reforma a la Ley 30 y empezar a llamarla “nueva Ley General de Educación Superior”.

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Paz es paz, pero plata es plata

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Ilustración: Sara Uribe de los Ríos.

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El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro.

| José Manuel Holguín

jose.holguin1@udea.edu.co

| Samuel Sánchez

samuel.sanchez1@udea.edu.co

l proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali.

La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones.

La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024.

Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo

que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región.

De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación.

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro.

Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández.

Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador.

Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales.

Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque

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Acercamientosparalapaz considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico.

Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares.

Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado.

Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021.

Rendón votó no en el plebiscito de 2016.

El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016.

Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la implementación de programas de derechos humanos y planes de retorno a los municipios afectados, no profundiza en medidas preventivas de los distintos crímenes asociados al conflicto armado, pese a que Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados por esta problemática.

De acuerdo con sus declaraciones para El País de España, Rendón es consciente de la posición de subordinación que le corresponde frente a Gustavo Petro, por lo que ha buscado una mayor autonomía fiscal para su accionar en Antioquia. Sabe que el dinero es fundamental para sus proyectos y por eso decidió impulsar un referendo que permita a los departamentos recoger mayores fondos por medio de impuestos. Sin embargo, de acuerdo con la Registraduría Nacional, la figura del referendo únicamente puede aprobar o rechazar proyectos de normas jurídicas, y no modificar la Constitución.

El 18 de enero de 2024, el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón se reunieron con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un consejo de seguridad en la Alpujarra. “Medellín y el área metropolitana no pueden depender de la ‘buena voluntad’ de los criminales mientras se habla de la Paz Total. La Paz Total jamás puede significar el cese total contra las estructuras criminales”, dijo el alcalde de Medellín tras ese encuentro. Según reveló La Silla Vacía, en la misma semana y antes de esa reunión, Gutiérrez y Otty Patiño, alto comisionado de Paz, se vieron en privado porque el Gobierno quiere acercar al alcalde a los diálogos de la cárcel de Itagüí.

Rendón declaró que su pretensión era utilizar el artículo 317 de la Constitución Política para modificar el artículo 298 “dejando a los departamentos la tributación directa”, como afirmó para Semana en abril del 2023.

El gobernador también ha decidido impulsar, por medio de sus copartidarios del Centro Democrático en el Congreso, un proyecto que modifique la ley de concesiones y aumente hasta un 50 % la inversión de privados. Su búsqueda es clara: desligarse, tanto como sea posible, de la influencia económica que ejerce Petro sobre el departamento.

El peso de la historia Jorge Mejía, exsecretario de Gobierno de Antioquia y facilitador de paz en las negociaciones del Valle de Aburrá, ve esperanzado el proceso local y destaca cuatro avances en la mesa: las solicitudes de distintas bandas criminales para acogerse al proyecto, la ratificación del cese de hostilidades el 27 de abril del 2023, y los compromisos de no involucrar menores en los grupos delictivos, reducir los índices de criminalidad y no expandir las plazas de droga en la ciudad.

Desde la posición de facilitador, Mejía espera que no haya cambios sustanciales en las negociaciones con la llegada de los nuevos mandatarios. “Es que la paz es un derecho”, justifica, señalando que espera que se cumpla el principio constitucional de la colaboración armónica entre entidades.

Los mandatarios electos de Medellín y Antioquia son reconocidos por desaprobar, desde antes de su llegada al poder, los

proyectos planteados por el Gobierno nacional. Tanto el partido Creemos, de Federico Gutiérrez, como el Centro Democrático, al que pertenece Andrés Julián Rendón, se han declarado en oposición.

Una oposición en la que se recoge parte del departamento: en su candidatura presidencial del 2022, Gutiérrez solo ganó en Antioquia y fue el tercero más votado del país, con más de 5 millones de votos.

Y es que en Antioquia amplios sectores sociales se identifican con la derecha que representan figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los senadores Andrés Guerra y Paola Holguín. Esos sectores y esas figuras se hicieron más visibles en las marchas convocadas en Medellín para rechazar el Gobierno de Gustavo Petro y la administración de Daniel Quintero. El exalcalde, según Invamer, salió de la Alcaldía con una desaprobación del 65 %.

Federico Gutiérrez ganó la Alcaldía de Medellín con 689.000 votos, rebasando por más de 500.000 votos al candidato Juan Carlos Upegui, el de Quintero, quien quedó de segundo. Rendón, por su parte, ganó con más de 940.000 votos, superando a Luis Pérez, favorito en las encuestas, quien obtuvo poco más de 345.000 votos.

La derecha celebró.

El Centro Democrático reclamó como “gran resultado” del partido la victoria de Gutiérrez y Rendón para “recuperar a Medellín y cuidar a Antioquia”; Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical, partido de oposición al Gobierno, felicitó a varias ciudades, entre esas Medellín, donde “Colombia rechazó el rumbo que está tomando el país” con el Pacto

Histórico y el Partido Verde; y el expresidente Iván Duque felicitó a Andrés Julián Rendón a través de X: “Usted (Rendón), junto a Federico Gutiérrez, harán grandes proyectos para la comunidad”. Todos estos tienen algo en común: su inconformidad con la Paz Total.

Tanto Medellín como Antioquia han sido fundamentales en la construcción de paz en Colombia, con antecedentes como el de la década de los 80, cuando hubo un auge de células de grupos guerrilleros y paramilitares que dominaban distintas zonas del Valle de Aburrá, las cuales, con el tiempo, se sometieron a los primeros procesos de paz urbanos.

El departamento no solo vio nacer distintos grupos armados, sino que tuvo procesos de desmovilización significativos, como el del Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados (MIRCOAR), en 1998; el del Bloque Cacique Nutibara de las AUC en el 2003; y el del Bloque Héroes de Granada en el 2005. Además, varios sucesos han cambiado las dinámicas delictivas del Valle de Aburrá, como la desarticulación y el exterminio del Bloque Metro en el 2004 y el “pacto del fusil” entre las AGC y la Oficina de Envigado en 2013.

“Desde la década de los 30 no ha habido conflicto que no toque al departamento”, afirma Valencia, a lo que se suma Max Yuri Gil, excoordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero, quien asegura que de cada cuatro colombianos afectados por el conflicto, uno ha sido antioqueño.

Rendón y Gutiérrez gobiernan una Antioquia y una Medellín donde han aumentado los índices de hurtos, extorsiones y desplazamiento, según la Personería de Medellín, y donde hay un “incremento de acciones violentas por grupos armados ilegales” en distintos municipios periféricos de Antioquia, según la Procuraduría General de la Nación. A su vez, en el territorio se encuentran actores clave para los procesos que adelanta el Gobierno, como las AGC y los grupos delincuenciales que operan en el Valle de Aburrá. Este contexto no ha limitado el descontento que los nuevos mandatarios tienen con el proyecto de Paz Total.

A Petro, como mandatario de un Estado centralista, le corresponde dirigir la política de paz del país. La relación vertical que tienen los administradores regionales con el presidente los obliga, al menos formalmente, a adherirse a las decisiones de la Casa de Nariño sobre la Paz Total. Sin embargo, esto no hace que tengan que actuar en concordancia con estas decisiones, pues sigue dependiendo de las autoridades desde y dentro de la región obstaculizar o ignorar la línea de la política nacional.

El artículo 6° de la Ley 2272 de 2022, que obliga a los administradores departamentales y municipales a incluir este proyecto en sus planes, deja claro que la decisión final de la implementación de la paz se ajusta a la disposición presupuestal que cada administrador considere. De manera que será solo en este escenario en que ambos mandatarios antioqueños podrán dejar clara su posición frente a estas políticas.

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E-lecciones: pistas para leer los gobiernos que comienzan Alcaldías securitizadas ciudadanías intranquilas

Se esfumó la efervescencia electoral y

L

los nombres de los ganadores quedaron instalados en la conversación cotidiana.

Comenzaron cuatro años de mucho Fico y mucho Andrés Julián.

Ambos llegan como versiones recargadas de sí mismos por un contexto que les augura protagonismo.

Gutiérrez y Rendón, el alcalde y el gobernador, son al mismo tiempo promesa de cambio y garantía de continuidad. Son sus versiones 2.0.

Viejos conocidos de la política regional, pero con un opositor cantado en la Presidencia de la República.

Sugerir el rumbo de esos protagonismos sería especulación pura. Sin embargo, estos seis escenarios construidos con expertos y expertas nos invitan a poner la mirada en algunos de los fenómenos que nos dejaron las elecciones del 2023.

A mirar a Medellín y a Antioquia, pero también a entender lo que pasó en el resto del país para imaginar el futuro.

Antioquia en oposición, pero con interés en el dinero nacional

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anto en la Gobernación de Antioquia como en la Alcaldía de Medellín ganaron figuras que representan oposición al Gobierno nacional. Estas diferencias aumentan la probabilidad de tensiones en las relaciones intergubernamentales, que pueden terminar en el entorpecimiento de proyectos como las vías 4G, el Metro de la 80 o el Tren del Río.

Camilo Guerra, politólogo e integrante del grupo de investigación Gestión y Políticas Públicas Territoriales de la Universidad Nacional, explica que las relaciones entre los gobiernos locales y el nacional son fundamentales para el desarrollo de los proyectos. En Colombia, donde el presidente es el jefe de las fuerzas militares, de Estado y de Gobierno y además maneja el Presupuesto General de la Nación, “tener una mala relación con él no es conveniente para nadie, menos para los ciudadanos”, señala.

Andrés Julián Rendón, en entrevista para El Colombiano, habló sobre su interés en que el sector privado asuma cerca del 50 % de la financiación del proyecto de vías 4G para evitar que el Gobierno nacional sea el mayor inversor.

Guerra asegura que sería un alivio para las tensiones porque implica la modificación de la ley de alianzas público-privadas, equilibraría las cargas y dinamizaría la economía del departamento. Sin embargo, asegura que el Gobierno podría seguir subordinando a Antioquia y Medellín por medio de proyectos como el Tren del Río, que es financiado por medio de la política pública de trenes.

Ante un panorama que luce polarizado, Camilo Guerra considera que será clave hacer uso de canales institucionales como la Alta Consejería para las Regiones, el Ministerio del Interior y la bancada antioqueña en el Congreso.

| Maria Fernanda Echeverri Jiménez mariaf.echeverri@udea.edu.co

Más partidos, fragmentación y coaliciones

para

a apuesta fija en las elecciones regionales fue la lucha contra la inseguridad. En ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, los candidatos que apostaron abiertamente por mejorar en este problema fueron los que se quedaron con el cargo. Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder supieron captar votantes a partir de reconocer el aumento en la percepción de inseguridad que se ha presentado desde el fin de la pandemia.

Para Felipe Lopera, experto en políticas de seguridad del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, los votantes en estas elecciones le dieron prioridad a cierta idea de “restauración” de la institucionalidad. Él interpreta esto como un “fenómeno de consumo social asociado al pánico moral”, lo que significa que los ciudadanos se sienten motivados a votar políticas que proponen aliviarles la sensación de peligro que vienen sintiendo.

Según Lopera, este cambio de intereses en el electorado es una respuesta clásica de centroderecha a los cuestionamientos sobre administraciones de centroizquierda en los últimos cuatro años. Además, apunta que en ciudades como Medellín ganó la apuesta por “recuperar” el funcionamiento de instituciones como la Policía.

Los resultados de las pasadas elecciones son un reflejo de un temor ciudadano creciente. Los hurtos aumentaron en Bogotá de 83.131 en 2020 a 138.078 en 2022, un incremento del 40 % en tan solo dos años, según la encuesta Bogotá Cómo Vamos del 2022. Además, para el caso de la capital antioqueña, en 2022 menos habitantes se sintieron seguros: solo el 42 %, un 10 % menos que en 2020, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos.

| Julian David León

julian.leon@udea.edu.co

E

n las últimas elecciones territoriales las coaliciones de partidos fueron las protagonistas.

El 29 de octubre de 2023, estas alianzas se quedaron con cerca de 530 alcaldías ‒casi la mitad del total‒ y obtuvieron 17 de 32 gobernaciones, un 53.13 %. Aun así, fueron un 18.7 % gobernaciones menos que las elegidas por esta figura en 2019.

El auge de las coaliciones se debe a que los actores políticos han visto necesario aliarse para obtener posiciones de poder.

Esto llevó a un aumento de candidaturas presentadas en coaliciones, logrando un incremento en los resultados para las alianzas, como afirma Felipe Nieto, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Un factor que también influyó fue el cambio de 16 a 35 partidos con personería jurídica, en comparación con el 2019, lo que conlleva a una fragmentación de ofertas y por ende de los resultados. Los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador buscaron hacer contrapeso con las alianzas en coaliciones.

Estas victorias dejan un panorama más complejo para entender a los candidatos y sus ideologías debido a que, según Nieto, “lo que nos muestran estas elecciones es que a nivel local se hace un sacrificio de la coherencia ideológica porque lo que importa son los apoyos de políticos, las agendas locales o quienes están detrás de la candidatura, y no lo que ideológicamente pueda representar el partido político”.

| Liseth Durango

liseth.durango@udea.edu.co

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

Portada La calle no llegó hasta las urnas

Sumas y restas para las mujeres

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E

l balance de las últimas elecciones en términos de presencia femenina en cargos públicos es agridulce.

Aunque hubo un número histórico de candidatas a todas las corporaciones (más de 50.000) y una mayor cantidad de mujeres electas, el avance no es suficientemente significativo.

Seis gobernadoras fueron elegidas para el período 2024-2027, el triple que para el período anterior; los resultados en asambleas y concejos superaron los de 2019 por tres y dos puntos, con el 20 % y 25 % de mujeres en esas instituciones, respectivamente.

Además, ninguna de las grandes ciudades eligió alcaldesa, y en el resto del país el aumento fue de 0.6 puntos con 146 alcaldesas de 1099 municipios, 15 más que en 2019.

En el caso de Medellín, solo cuatro de las 21 curules del Concejo fueron obtenidas por mujeres, una menos que hace cuatro años.

Esa quinta curul fue la de Estamos Listas, el primer movimiento político feminista de Colombia, que consiguió un escaño en 2019 con la concejala Dora Saldarriaga. Tras la derrota en las elecciones legislativas de 2022, cuando no lograron poner ninguna congresista, las propuestas feministas al Concejo quedaron reducidas a la alianza del Partido Ecologista Colombiano con el movimiento Electas, que no consiguió ninguna curul.

La politóloga Angélica Bernal Olarte, doctora en Filosofía y autora de la tesis “Las mujeres y el poder político, investidura incompleta”, sugiere que es necesario hacer una distinción entre presencia y representación femenina, porque puede haber mujeres elegidas con agendas distantes a los derechos y la autonomía de las mujeres o que defienden valores más conservadores.

Así mismo, resalta las barreras que enfrentan las mujeres en la política, como el acoso sexual y la discriminación.

Los resultados de estas elecciones demuestran que a las mujeres nos queda un largo camino por recorrer para conseguir una representación efectiva que vele por los derechos del 51 % de la población colombiana, pues, según Bernal, esta desigualdad en el poder político es una falla en nuestra democracia.

| Laura Manuela Cano Loaiza laura.cano1@udea.edu.co

La continuidad del poder regional

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as elecciones nacionales y regionales en Colombia son dos mundos distintos: los resultados de las primeras no necesariamente tienen un peso significativo en las segundas.

En las elecciones del 2022, el 50.4 % de los colombianos confió su voto al ahora presidente Gustavo Petro, y aunque ganó en departamentos periféricos como La Guajira, Córdoba, Chocó, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía, solo dos de estos, Nariño y Amazonas, eligieron una opción cercana a la izquierda en las regionales del 2023.

Según Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, estos resultados se deben a la diferencia en el sistema de redes de los partidos políticos en elecciones nacionales.

En las elecciones regionales “son partidos que representan intereses tradicionales con base en unas estructuras territoriales fuertes”, señala Basset, quien apunta que los partidos tradicionales son los que dominan en las regiones y que en las grandes ciudades la política tiende a moverse de forma distinta dada la variedad de candidatos.

Basset considera que el poder en las regiones y en la ruralidad lo ejercen los cuatro grandes partidos políticos tradicionales: Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical. Sin embargo, ve la posibilidad de que aumente la competencia en el futuro por parte de los partidos que buscan representar otra forma de hacer política: “Estos partidos empiezan a ser jugadores que pueden ser importantes y podrán aspirar a consolidarse en el ámbito local”. En este caso destaca los ejemplos de En Marcha y Creemos; también al Nuevo Liberalismo, que ganó en Bogotá y Cartagena, por coalición en esta última; y al Partido Demócrata Colombiano, que pese a ser poco conocido está entre los diez partidos con más alcaldías ganadas.

| Sara Uribe de los Ríos

sara.uribed@udea.edu.co

Ilustración: Leidy Restrepo Mesa.

urante las administraciones locales anteriores (2020-2023) hubo 3308 protestas, de las cuales tres fueron movilizaciones masivas nacionales, según la Fundación Ideas para la Paz. Solo en los primeros ocho meses de 2023, según la Defensoría del Pueblo, se presentaron 1080, 34 % más que en 2022.

Las ciudades que encabezan el listado desde 2019 son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, las cuales están “estrenando” alcaldes con posiciones críticas sobre muchas de esas protestas.

“Las elecciones juegan un papel de caja de resonancia en respuesta a la eficiencia del Gobierno”, dice Magda Jiménez, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Aunque esa fue una explicación muy difundida sobre el triunfo de Petro en 2022, a raíz del “estallido social”, el panorama ha cambiado. Según la profesora Jiménez, la oposición al presidente está proyectando “sus resistencias nacionales a nivel subnacional”.

Para ella, que ha estudiado la relación entre protestas y partidos políticos, la ciudadanía juzgó la eficiencia del gobierno de Petro más que el papel de las movilizaciones que lo empujaron a conquistar el poder presidencial.

Desde la posesión del primer mandatario, el 7 de agosto de 2022, han sido convocadas 10 protestas nacionales en oposición a su gobierno y a su agenda de reformas. Con los cambios del péndulo ideológico, en 2023 fueron elegidos 22 alcaldes de derecha, siete de centro y tres de izquierda en las capitales del país.

| Andrés Felipe Bedoya

andres.bedoya3@udea.edu.co

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PORTADA

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N0.106 Medellín·febrerode2024

La nueva mesa del poder en la UdeA Los resultados de las últimas elecciones presidenciales y regionales reconfiguraron la composición del Consejo Superior Universitario de cara a la próxima elección de rector.

Tanto el presidente Petro como el gobernador Rendón tendrán votos en esa designación en marzo de este año.

| Juana Zuleta

juana.zuleta@udea.edu.co

E

l 24 de noviembre de 2023, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, comenzó a conformar su gabinete. Uno de los primeros nombres que reveló fue el de Mauricio Alviar como secretario de Educación. La designación recorrió los pasillos de la Universidad de Antioquia, de la que Alviar fue rector entre 2015 y 2018. Las conversaciones entre burbujas de café y puestos informales de venta no se debían solo a que fuera un viejo conocido de la UdeA, sino a las polémicas que rodearon su rectoría y que auguran un ambiente tenso.

Alviar asumió el cargo como secretario a pocos meses de que termine la rectoría de John Jairo Arboleda. En marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá elegir quién ocupará ese cargo para el período 2024-2027, durante casi el mismo tiempo en el que Rendón estará en la Gobernación y Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín.

Una nueva rectoría Aunque al cierre de este periódico no se conocían oficialmente las candidaturas para la rectoría de la UdeA, las “maquinarias” académicas ya estaban en marcha. Quienes tienen asiento en el CSU elegirán quién

ocupará ese cargo, y allí la figura del gobernador de Antioquia es clave. No solo porque es quien lo preside, sino también por la influencia que puede tener sobre otros integrantes de ese consejo, máximo órgano de dirección y gobierno en las universidades del país desde la Ley 30 de 1992.

Como explica el rector Arboleda, los gobernadores suelen delegar la participación en el CSU en su secretario de Educación. Esto significa que Mauricio Alviar volverá a ser un participante asiduo de esas reuniones, ya no como rector, una posición en la que tenía voz pero no voto, sino como portador de la voluntad del nuevo gobernador.

La politóloga Maritza Trujillo, quien fue relatora de las reuniones del CSU y ahora es docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA, considera que el nombramiento de Alviar se explica porque conoce sobre la administración de las universidades públicas. Es economista y fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Además, como rector de la UdeA, también fue representante de las universidades estatales ante el Consejo Nacional de Educación Superior y, tras terminar su gestión, fue designado como representante de los exrectores ante el mismo CSU.

Incluso Salomé Restrepo, representante del presidente Gustavo Petro ante el CSU, considera que la presencia de Alviar “es una gran oportunidad para contar con un aliado conocedor del sistema de educación pública”. Esa opinión es cuando menos curiosa si se tiene en cuenta que ambos, Restrepo y Alviar, estarán sentados en la mesa como representantes de dos sectores políticamente antagónicos.

Con el triunfo de Rendón en la Gobernación y la previa llegada de Petro a la Presidencia de la República, el CSU de la UdeA tiene una conformación inédita. Pese a ser los órganos máximos de gobierno en cada universidad pública, la distribución del poder dentro de los consejos superiores ha sido motivo de reclamo por parte de varios estamentos universitarios, principalmente los estudiantiles.

Esto porque consideran que quienes toman algunas de las decisiones más importantes en sus instituciones no representan los intereses de las comunidades universitarias. En el caso de la UdeA, la silla del representante de los estudiantes está vacía desde el 2004, cuando terminó el período de Wilmar Mejía. En diferentes momentos los estudiantes han justificado

Collage: Juana Zuleta.

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia esa decisión por cuestionamientos a la representatividad concentrada en una sola persona y porque su participación puede validar decisiones en las que su influencia sería mínima.

La distribución de los nueve puestos del CSU ha favorecido la concentración del poder presidencial en las universidades.

El presidente de la República nombra a un representante, pero también lo hace el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, puede llegar a tener influencia en el nombramiento de otros integrantes, como el representante de los exrectores. Y aunque no es parte del poder presidencial, el gobernador de Antioquia también tiene más de un puesto: el suyo, en propiedad o delegado en el secretario de Educación, y además influye en el nombramiento del representante del sector productivo, que se elige entre candidatos postulados por los gremios económicos del departamento.

En las últimas décadas, los gobernadores de Antioquia no se han alejado mucho de la línea política presidencial, por lo que unos y otros puestos podían conformarse como un bloque de poder dentro del CSU. Es allí donde está lo inédito del nuevo CSU, en la distancia explícita y evidente entre los gobiernos nacional y departamental. Los demás puestos los ocupan representantes de profesores y egresados, así como del Consejo Académico.

Además de esta distribución –que es uno de los puntos que el Gobierno nacional quiere cambiar mediante su propuesta de reforma a la Ley 30–, un elemento adicional sugiere que puede haber tensiones en el CSU: la coincidencia de Alviar y Arboleda. Ambos se disputaron la rectoría de la Universidad para los dos últimos períodos; Alviar fue elegido en 2015 por encima de Arboleda, y luego, en 2018, perdió contra este en su intento de relección.

Restrepo, la representante de Petro, agregó que no desconoce que pueden existir diferencias políticas, pero dijo que “la universidad es un valor superior a las disputas partidistas” , por lo que asegura que seguirá trabajando con la Gobernación.

Por su parte, el rector Arboleda aseguró que, más allá de sus líneas políticas, los gobernantes han sido “respetuosos” de la autonomía de la UdeA y “no tienen mayor

PORTADA injerencia” en las decisiones que se enmarcan en la autonomía universitaria: “Ese respeto ha sido permanente”.

Cuestión de convivencia En su primer año de rectoría, en 2015, Mauricio Alviar hizo cambios significativos en el examen de admisión para el semestre 2016-1. Incluyó un componente de “profundización” en biología, matemáticas o humanidades, dependiendo de los programas a los que se presentaran los aspirantes, lo que motivó a estudiantes y profesores a salir a paro indefinido en octubre de ese año. Pese a esto, el nuevo modelo de examen se aplicó en noviembre de 2015.

La aplicación incurrió en varios errores: a 300 aspirantes se les entregó la prueba de profundización que no les correspondía y a 10 de ellos, de distintos departamentos, la UdeA les costeó transporte, alojamiento y alimentación para que se regresaran a Medellín y presentaran de nuevo la prueba.

Además, cuando publicaron los resultados, personas que no presentaron el examen aparecieron con puntajes. En diciembre del 2015, una comisión transitoria creada por el Consejo Académico suspendió los cambios “como medida tendiente a superar el conflicto y retornar a la normalidad”.

Santiago*, estudiante de Ciencia Política y activo en el movimiento estudiantil desde 2011, considera que a pesar de los mensajes de austeridad y “racionalidad del gasto” del rector Alviar, este se contradijo en sus acciones, pues la UdeA tuvo que asumir los sobrecostos que significaron los cambios y los errores en el examen de admisión.

Otra tensión desatada por las medidas de Alviar se debió a que, en 2017, prohibió y persiguió las ventas informales dentro de la Universidad. Además, instauró controles al ingreso a los campus y a la Biblioteca Central.

Entre sus argumentos estaba que debía aplicarse de forma estricta la prohibición a la venta de sustancias psicoactivas y mercancías ilegales dentro de la UdeA. El entonces rector aseguró que estas medidas contaban con el respaldo del gobernador Luis Pérez y del alcalde Federico Gutiérrez.

Salomé Echeverri, estudiante de Ciencia Política e integrante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de su facultad, afirma que ante

el regreso de Federico Gutiérrez se siente zozobra dentro de ese estamento. Explica que durante su anterior alcaldía (2016-2020) Gutiérrez les dejó la percepción de tener una política de miedo y persecución. Lo que más les preocupa es la estigmatización que se pueda agudizar en torno a los movimientos estudiantiles, no solo de la UdeA sino del resto de universidades públicas de la ciudad, además de la poca respuesta frente a las necesidades que estos movimientos plantean y los riesgos de represión a la protesta social.

Al respecto, Salomé Restrepo dice que desde el Gobierno nacional reconocen la protesta como un derecho y se intentará dar las garantías para las manifestaciones sociales. Aunque el alcalde de Medellín no tiene injerencia administrativa en la UdeA, sí es la autoridad de policía de la ciudad, lo que configura un escenario de posible tensión respecto a la línea del Gobierno nacional frente a la protesta social.

Deudas con la U Según el rector John Jairo Arboleda “este Gobierno nacional está entregando la mayor cantidad de recursos de base presupuestal desde la Ley 30 de 1992”. Este aumento se debe a la continuidad que la administración de Petro dio al incremento aprobado por el Gobierno de Iván Duque tras las protestas universitarias del 2018. Sin embargo, no resuelve el déficit presupuestal que las universidades públicas, incluida la UdeA, arrastran desde la creación de esa ley.

Ajustar la base presupuestal para corregir ese problema es uno de los objetivos de los proyectos de reforma a la Ley 30. El borrador de ese proyecto del Gobierno aún no se ha discutido en el Congreso porque el Ministerio de Educación Nacional lo sometió a discusión de la comunidad académica antes de radicarlo. Al margen de esa reforma, una de las solicitudes constantes de profesores y directivos de la Universidad es que el gobierno departamental contribuya a ampliar la base presupuestal con el objetivo de sostener la cobertura de extensión e investigación de la UdeA y su presencia en las regiones.

De hecho, el rector Arboleda dice que la regionalización depende de los recursos que destina la Gobernación, y agrega que

13 espera que la gestión del gobernador Rendón contribuya a mejorar la infraestructura física y de conectividad de las sedes en las subregiones de Antioquia.

Además, varios actores de la comunidad universitaria vienen reclamando que la Alcaldía de Medellín se involucre en el financiamiento de la UdeA. Durante su rectoría, Mauricio Alviar le propuso al Concejo de la ciudad aprobar la transferencia del 4 % de ingresos por concepto de impuesto predial e industria y comercio. La razón es que el 64 % de estudiantes de la UdeA reside en Medellín, pero la ciudad no aporta un solo peso.

El gobierno universitario es otro “dolor” que manifiestan actores como el estudiantil en la UdeA y que la reforma a la Ley 30 buscaría atender. En el borrador hay propuestas para que distintos sectores tengan más incidencia en las decisiones del CSU: con dos estudiantes y dos profesores (en lugar de uno, como sucede hoy) e incluyendo a los empleados.

Al respecto, no hay una posición unificada entre los estudiantes. Salomé Echeverri considera que de nada le sirve al movimiento estudiantil tener un representante en el CSU que tome decisiones y se politice “creando pequeños grupos que respondan a su construcción ideológica”.

Por eso, llama a la conformación de un gobierno universitario que respete las dinámicas democráticas que ha establecido el estudiantado, como la Asamblea General.

Este es el contexto en el que se da la disputa por la rectoría de la Universidad, no solo de cara a los gobernantes que estarán frente al poder local y departamental estos cuatro años, sino también frente a los poderes que representan y que también se manifiestan en la UdeA. *Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Crónica

Mi primer corrupto

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| Melany Peláez Morales

melany.pelaez@udea.edu.co

Esta es la historia de una primivotante en elecciones regionales, pero también una autoetnografía que explora las complejidades territoriales del clientelismo; una crónica sobre Bello que podría ser sobre casi cualquier municipio del país.

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Ilustración: Melany Peláez.

M

e robé una edición del periódico El Colectivo. No lo conocía. Lo agarré de una mesa como si nada y lo guardé en el bolso. Solo cuando iba saliendo me di cuenta de que costaba cuatro mil pesos. Tampoco tenía con qué pagarlo.

Más tarde, yendo en el Metro hacia mi casa, lo abrí y encontré el título “El pésimo ejemplo de los alcaldes de Bello”.

Cometer ese delito me hizo sentir, por primera vez, parte de mi municipio.

La columna, firmada por Betty Ciro, hablaba de los delitos cometidos por Óscar Andrés Pérez, los hermanos y la hermana Suárez Mira y Carlos Alirio Muñoz López.

Esos apellidos me sonaban, pero no sabía quiénes eran ni qué habían hecho. Alguna vez escuché que un exalcalde falsificó su título de bachiller y que otro fue elegido mientras portaba un brazalete del Inpec.

Esos eran chistes que me hacían acerca de vivir en Bello, pero no sabía cuál político había hecho qué cosa.

Yo no habría leído ese artículo a comienzos del 2023, pero desde hace meses me martilla en la conciencia una necesidad

de tomar partido en todo y una rabia con los hombres y la globalización que no me dejan vivir en paz. Mejor dicho, un día me desperté y no pude dejar de pensar en que tenía que hacer algo al respecto. Entonces me inscribí en la Escuela de Formación Política Marta Cecilia Yepes, cuyo nombre es en homenaje a una militante de ¡A Luchar!, movimiento social que impulsó importantes manifestaciones durante los 80. Marta defendió la lucha por el arte y la cultura en los sectores populares, particularmente en Itagüí, hasta que la asesinaron a sus 29 años, en 1985.

En la primera sesión de la Marta —que se llamaba “Trayectorias militantes e identidad política”— entendí, en resumidas cuentas, que nadie va a hacer nada por mí. El encuentro fue el mismo día en el que robé el periódico.

Aunque justo antes estaba decidida a inscribir mi cédula para votar en Medellín, me bastaron diez minutos para concluir, en un ataque de pertenencia, que lo haría en Bello. De todas maneras se había acabado el plazo para cambiar el puesto de votación y yo ni me di cuenta. Además, para elegir entre

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

Fico y Upegui, prefería votar por cualquiera a una cuadra de mi casa y en pijama.

Me adentré en una búsqueda intensiva de los candidatos y las candidatas de Bello a la Alcaldía y al Concejo. Sobre los últimos solo vi propaganda en redes sociales y una lista en la página de la Registraduría: apenas aparecían 38 inscritos, la mitad eran del Centro Democrático y la otra de Gente en Movimiento. Supuse que estaba desactualizada, pero no lejos de la realidad, y la abandoné. En cuanto a la Alcaldía, encontré un debate organizado por la Universidad Uniminuto con seis de los nueve candidatos que para entonces estaban en el tarjetón. Anoté en mi libreta sus historiales, propuestas, expresiones y argumentos, y me hice una primera imagen de cada uno, una advertencia muy clara sobre por quién no votaría nunca en mi vida.

También escuché datos que no conocía, mencionados por el entonces candidato Juan Felipe Restrepo, como que Bello tiene el porcentaje de inversión más bajo de los municipios del Área Metropolitana para la juventud ‒con 972 pesos para cada joven‒, que el presupuesto para la cultura es del 1 % y que la administración saliente desapareció la Secretaría de la Mujer.

El panorama se me hizo desolador. A los candidatos y las candidatas más fuertes de la contienda se les podía cuestionar su cercanía con personajes de la política tradicional bellanita, mientras que el resto no tenía mucha experiencia. Corría el rumor de que uno había adquirido su candidatura con ayuda de las bandas delincuenciales del municipio y que estas harían todo lo necesario para que ganara. Por otra parte, tener alcaldesa se convirtió en una bandera que, para mí, no podía garantizar nada para las mujeres.

A pesar de todo, no iba a votar en blanco.

Qué tal que ganara y a Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, le diera por decir que es el “brillante ejercicio de la democracia” manifestándose en mi municipio otra vez. Y es que en 2011 se dio en Bello la primera victoria del voto en blanco en unas elecciones en Antioquia ‒y la segunda en el país‒ como respuesta a que Germán Londoño, aliado del clan Suárez Mira, era el único candidato.

Se sintió como una cachetada a mi esperanza y a mi prematura formación política entender que, aunque me informara e intentara ser crítica, mis primeras elecciones a la Alcaldía de Bello serían, inevitablemente, las de mi primer corrupto.

Al otro lado del río En mi cuadra, en La Gabriela, hay un sistema de transporte ilegal controlado por la banda delincuencial que opera en este y otros barrios aledaños. Quienes trabajan en ese “acopio” pagan por el puesto que ocupan y le generan otras rentas al grupo, por ejemplo, por medio de una remuneración por desinfectar los carros para protegernos de una pandemia que terminó hace meses. Esa y otras obligaciones sirven para intuir que cuando todos, sin excepción, aparecen con propaganda política del mismo candidato en sus carros, es por orden del grupo y no por mera coincidencia. En 2022 fue un candidato a la Cámara por el Partido Liberal y el año pasado fue un aspirante al Concejo de Bello por Cambio Radical y Mira.

Pero eso no es lo único cuestionable de mi barrio y tampoco viene siempre de los mismos actores. Dos personas de La Gabriela, ambas de la misma familia, han ocupado una curul en el Concejo: una en

Crónica

2016 y otra en 2019. Desde entonces he visto que varias y varios jóvenes de aquí trabajan en Espacio Público, el Inder, el Sisbén, las bibliotecas comunales y otros tantos puestos que se pueden dar a dedo.

Desde pequeña me he preguntado por distintas dinámicas del barrio que me han dolido. Por ejemplo, cuando estaba en primaria, pasaba las tardes en una biblioteca que quedaba al lado de la iglesia, pero al poco tiempo la cerraron. En ese espacio, que era el único de su tipo abierto al público, solía estudiar matemáticas en un tablero y limpiar los libros. Era importante para mí, pero no para los políticos que debían velar por su cuidado.

En diciembre del 2022 vi una publicación en el Facebook de la Alcaldía en la que invitaban a la gente a visitar las bibliotecas comunales y decía que en mi barrio había una. Puse la dirección en Google Maps y quedaba tan cerca de donde vivo que era casi imposible no haberla visto antes. Me propuse ir, pero no la encontré. Mi mamá sí la encontró cuando estaba buscando al candidato del barrio al Concejo para pedirle un favor sobre el Sisbén.

La biblioteca está en la cuadra al lado de la mía y no la había visto porque está en el sótano del único colegio de La Gabriela. Es un salón pequeño, oscuro, todavía en obra negra, donde solían guardar pupitres dañados. El espacio lo gestionó el equipo político del concejal con ayuda de la rectora y los libros los trajeron de otra biblioteca de Bello que cerró por la pandemia. Cuando entré ‒un mes antes de las elecciones‒, el encargado se sorprendió al verme y dijo que tenía que hablar conmigo. Quería ponerme al día sobre los cambios positivos que ha experimentado el barrio en los últimos ocho años.

El internet del sitio es el plan de datos del celular del auxiliar, pero le alcanza hasta para proyectar películas. Le conté que hacía meses había estado buscando la biblioteca, sin éxito, y confirmé que no estaba del todo loca al no encontrarla: me dijo que el espacio no tenía más de seis meses y que si hacía “mucha bulla” no le iba a caber la gente. Además, le entendí que la publicación de la Alcaldía que yo había visto aludía a una especie de biblioteca itinerante, no por una propuesta innovadora, sino porque no había dónde ponerla. Para ese momento, había voluntarios que hacían todo tipo de actividades tanto en la cancha del barrio como en ese salón, incluso antes de la llegada de las estanterías, los libros, las mesas y la decoración que tiene hoy.

En medio de la conversación me pidió que sacara el celular, abriera la calculadora e hiciera cuentas: 60 por 1.500.000 pesos, por 10, por 4, lo que da un total de 3600 millones de pesos que le entran al barrio en salarios cuando tenemos un “amigo alcalde”. Y puede ser más dinero porque, según cuenta, algunos reciben hasta 3.500.000 pesos. Él asegura que son 60 personas las que hacen parte del equipo político del concejal del barrio (que fue reelegido) y que estas mismas son las que hacían trabajo comunitario desde antes de

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que hubiera una curul: tocaban puertas para que hubiera acueducto, se pavimentaran calles, se construyeran parques y se hicieran vacaciones recreativas. Lo más importante, me explicó, es que muchas familias del barrio se alimentan a diario con ese dinero. Por eso cuando algún político va a decirles que les consigan votos, ellos dicen: “No, no nos paguen, dennos trabajo”.

Desde que decidí votar en Bello me comprometí a involucrarme con algo distinto a seguir el mal ejemplo de los alcaldes, dejar de quejarme o reclamar con más argumentos, lo que suceda primero. Encontré teatros, bibliotecas, casas de cultura, medios de comunicación, consejos de música y cine, proyectos ambientales e iniciativas juveniles y populares.

Descubrí, además, que si hay algo peor que ser de Bello es vivir en un barrio al otro lado de Bello. De las 11 comunas del municipio, solo dos están al costado derecho del río, es decir, al otro lado del parque Santander, al otro lado de la Choza Marco Fidel Suárez, al otro lado del Estadio Tulio Ospina, al otro lado de San Félix, al otro lado del cerro Quitasol, al otro lado de Fabricato, al otro lado de los centros comerciales, al otro lado de la Autopista Norte. Ahí está mi barrio.

En otra sesión de la Marta ‒que se llamaba “Lo que somos: organización y poder popular”‒ aprendí que las luchas populares también aspiran a cargos políticos porque siempre es bueno tener “un pie en las instituciones y mil pies en la calle”. Todavía me queda la duda de si esa frase es equivalente a que es bueno tener a “uno en el Concejo y a 60 del barrio ocupando cargos públicos”.

Y, aunque el voto es secreto, confieso que llegué a pensar que no necesariamente mi primer corrupto tendría una connotación negativa si es mi de mío, de mi barrio.

Cuando se acercó la fecha para votar, no solo había investigado sobre cada aspirante, sino que también había reflexionado sobre las dinámicas de La Gabriela y del municipio en general. El trabajo estaba prácticamente hecho hasta que, quince días antes de las elecciones, descubrí que no podía votar en Bello. Mi cédula estaba inscrita en Copacabana y, por suerte o por desgracia, ya me había dateado sobre los candidatos y la movida política de ese municipio gracias a un especial periodístico en el que participé.

Allá la situación me pareció peor que aquí y supe que mis elecciones a la Alcaldía de Copacabana, si hubiera votado, también habrían sido, inevitablemente, las de mi primer corrupto.

Análisis

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N0.106 Medellín·febrerode2024

Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura.

Violencias de género como práctica de guerra:

la fuerza del testimonio para la justicia Casos por presunto responsable | Caterine Jaramillo González

caterine.jaramillog@udea.edu.co

33 % Paramilitares

30 % Sin información

| Leidy Restrepo Mesa

leidy.restrepom@udea.edu.co

25.9 % Otras guerrillas

5.8 % Farc-EP

| Yesica Natalia Gómez Giraldo

3.1 % Agentes del Estado

yesica.gomezg@udea.edu.co

1.6% Otros

Fuente: GRAI de la JEP.

T

odos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11.

Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si

Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11.

los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio?

La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado.

Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11.

“Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura.

Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido.

Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”.

La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotras nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”.

Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”.

Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados.

Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de metodología en la justicia transicional. Por eso, destaca el papel que pueden jugar las ciencias sociales en la búsqueda de justicia.

De la Urbe buscó a la UIA y a la magistratura de la JEP para conocer cómo abordarían la investigación, pero no obtuvo respuesta.

Análisis Reconocimiento y responsabilidad El 21 de junio de 2022, el antiguo secretariado de las Farc reconoció su responsabilidad en los hechos del macrocaso 1, el de secuestro. “Sometimos a colombianos y colombianas a este abominable crimen de lesa humanidad y crimen de guerra: el secuestro”, dijo Rodrigo Londoño, último comandante de la guerrilla. También reconoció otros hechos no amnistiables: “En especial, quiero destacar el de la desaparición, los casos que se dieron de violencia sexual y homicidios que, aunque no fueron políticas ni patrones, sí se presentaron”.

Este es el único reconocimiento, hasta ahora, de hechos de violencia sexual, pero cobija solo aquellos que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas recogió en ese caso específico. Además, no significa que Londoño haya perpetrado directamente estos crímenes, sino que se los asume como máximo responsable.

La JEP, por su naturaleza transicional, se encarga de llegar a máximos responsables y partícipes determinantes, pero no a violentadores directos. Para Birleyda, cada persona debería responder por sus actos, pero está de acuerdo con esa figura “porque es reconocer que los altos mandos también tienen responsabilidad en estas acciones”.

En cambio, Ángela Escobar, coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, considera que esta figura podría llevar a que no haya reconocimiento: “Ellos no se van a atribuir algo que no han cometido. Actuaron por omisión, sí, pero no lo cometieron”.

La Sala de Reconocimiento de la JEP estima que la investigación de los macrocasos puede tardar alrededor de cinco años. El proceso requiere la acreditación de las víctimas, audiencias libres, práctica de pruebas y otros pasos para llegar a la determinación de hechos y conductas, es decir, a la imputación. Una vez se llegué allí, los imputados podrán reconocer su responsabilidad o negarla y enfrentarse a juicio. Las víctimas podrían ser revictimizadas al tener que repetir testimonios dolorosos o encontrarse con quienes fueron sus victimarios. Así lo considera María Cecilia Ibáñez, de Women’s Link Worldwide, quien resalta la importancia de que la JEP les brinde a las víctimas acompañamiento psicosocial e incluso religioso.

Birleyda ha dado su testimonio para el macrocaso 4, de Urabá. No sintió que este proceso fuera revictimizante: “Si fuera así yo lo hubiera expresado. Nos tratan muy bien, están atentos. Siempre cuentan con ayuda psicológica y profesionales para acompañar el proceso”.

Tres hipótesis La Sala de Reconocimiento decidió dividir el macrocaso en tres subcasos: uno sobre VBG cometidas por las Farc contra civiles; otro sobre las VBG cometidas por la fuerza pública y el último sobre las que se cometieron dentro de las filas de ambos ejércitos.

Laura Moreno explica que los subcasos son hipótesis y que la labor de las organizaciones es decir si concuerdan o no con estas: “Si concuerdan, nosotros le aportamos elementos de prueba, de juicio, participamos en las audiencias para fortalecer esa hipótesis. De lo contrario, empezamos a hacer un ejercicio de litigio”.

Desde la Corporación Humanas pidieron que no se dividiera la investigación por actor armado porque, según Adriana Benjumea, deja a las representantes de víctimas en “un lugar muy complicado”, como si solo representaran a las víctimas de uno u otro actor. Ella defiende que la violencia sexual debe entenderse como una forma de hacer la guerra contra las comunidades y “deteriorar la moral del enemigo”, y que por lo tanto debe juzgarse como crimen de guerra y de lesa humanidad, sin importar qué actor lo cometió.

Si bien la JEP reconoce en el Auto 005 de 2023 que la cultura patriarcal compartida por ejércitos y comunidades afectadas por la guerra es un factor en común entre los hechos asociados a este proceso, justifica

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la división en subcasos en que “hay factores diferenciales según los planteamientos estratégicos, tácticos y operativos en los que cada ejército desarrollaba su actuar bélico, ejercía control y mando al interior de las filas”.

Por su parte, Ángela Escobar, externa a la Alianza 5 claves, pero representante de las víctimas, agrega que en esa subdivisión por subcasos que juntan todas las VBG no se le dio a la violencia sexual la prioridad que merecía.

Glosario

Reparar el daño La JEP fue creada para otorgarles a las víctimas verdad, justicia y reparación.

Birleyda espera que algunas de estas acciones sean “programas y proyectos que restituyan el derecho socioeconómico de las víctimas” de forma integral y sin causarles daño.

Pero ¿cómo se repara el daño causado a una víctima de violencia de género? Desde la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, organización representada por Ángela, se propuso la creación de un centro de atención especializada para la reparación y tratamiento integral de las víctimas de violencia sexual dentro del proceso de paz.

La red y la UIA hicieron unas cartografías corporales con las que las víctimas identificaron los daños en su salud física y emocional. “Al preguntarles a las víctimas cómo querían ser reparadas e identificar diferentes necesidades mediante los grupos focales, empezamos a pensar en el centro especializado”, explica Ángela. El proyecto está inspirado en el Hospital Panzi, una fundación creada por Denis Mukwege que desde 1999 atiende a víctimas de violencia sexual en el conflicto del Congo. Ángela recuerda: “Cuando ya llega todo esto de la JEP, de mirar las sanciones propias, nosotras dijimos, pues que ellos nos ayuden a construir el centro especializado y que aquellas mujeres que fueron enfermeras empíricas puedan trabajar en el centro como pago de sus sanciones”.

A algunos comparecientes se les ha dado la posibilidad de pagar sus sanciones de manera anticipada. Adriana Benjumea considera que parte de la sanción debe mantener un vínculo simbólico con los crímenes sexuales: “Al ser el último macrocaso en abrirse, lo que va a pasar es que cuando llegue el momento de la sanción, la responsabilidad quedará en cabeza de mandos medios, los máximos responsables ya habrán pagado en los otros crímenes”.

Birleyda ya hace parte del macrocaso 4 debido a las múltiples violencias de las que fue víctima en el Urabá. Ahora espera acreditarse en el macrocaso 11. Ella lo ve como una oportunidad para que otras personas hablen. Y agrega que “es muy bueno porque vamos a escuchar a más gente y conocer más casos, es la gran oportunidad que se estaba esperando”.

Estándar probatorio: Es el punto de referencia que se usa para considerar que se logra probar la comisión de un delito y su responsabilidad por medio de herramientas jurídicas que les permitan a los jueces establecer una imputación y sentencia.

Macrocaso: Es la figura con la que la JEP selecciona, agrupa e investiga los delitos más graves cometidos antes del primero de diciembre del 2016, en el contexto del conflicto armado colombiano, por las Farc o la fuerza pública. Hasta el momento se han abierto 11 macrocasos.

Sanciones: La JEP tiene tres tipos de sanciones según la responsabilidad y el reconocimiento de los delitos cometidos.

Sanción propia: Por reconocimiento temprano y completo, se puede pagar fuera de la cárcel de cinco a ocho años.

Sanción alternativa: Por reconocimiento extemporáneo, puede dar hasta ocho años de prisión.

Sanción ordinaria: Cuando no hay reconocimiento, puede dar hasta 20 años de prisión.

Máximos responsables: Son quienes tuvieron un rol esencial en la organización y una participación determinante en los hechos de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado, no únicamente de manera directa sino también de manera indirecta.

Macrocriminalidad: Hace referencia a los fenómenos de criminalidad masiva, de carácter colectivo y políticamente condicionada por una lucha de poderes entre los actores armados.

entrevista

"Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima"

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| Juan David López Morales juan.lopez12@udea.edu.co

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¿Quién es, cómo es, cómo luce alguien que sufrió violencia sexual?

El corto documental Niebla propone estas preguntas y cuestiona la mirada del espectador que espera lo crudo y lo explícito. Marcela Han, la directora, plantea en esta conversación las complejidades que se tejen entre la memoria y el lenguaje alrededor de esta violencia.

Fotos: Niebla documental.

C

uando me contó, ¿qué me contó? Conocí a Marcela Han en el segundo semestre del 2015, cuando llegamos a El Tiempo como practicantes. Eran meses de cielos azules y días soleados en Bogotá. Quizás por eso recuerdo que ese día hacía sol, pero puede que la memoria me engañe. Ella recuerda que me contó durante una pausa en la jornada, pero no cómo me lo contó. ¿Fue en la mañana? ¿Era lunes o jueves?

Lo que me confió ese día detonó, años después, la creación de Niebla, un corto documental estrenado en 2022. Ese año ganó como mejor corto documental nacional en el festival de cortos Bogoshorts. En 2023 se proyectó en el festival Cine en Femenino, y en la sala de cine del Edificio San Ignacio de la UdeA, en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, en el que también fue reconocido como el mejor corto documental.

Marcela prefiere que la presente como realizadora audiovisual, aunque también es politóloga y ejerció como periodista.

Yo prefiero presentarla como mi amiga.

Vivimos juntos casi cuatro años, hasta que la pandemia y nuestras búsquedas personales nos cambiaron de rumbo. Esta conversación parte de esa amistad, tanto como de la admiración que siento hacia ella y la certeza de que Niebla es imprescindible para complejizar la ya difícil conversación sobre las violencias sexuales, la memoria, el lenguaje y la justicia.

¿En qué momento de la vida estabas cuando rodaste Niebla?

Fue el año de la pandemia, 2020. La preproducción y el rodaje se dio en las cuarentenas. De hecho, en Niebla se ven las medidas de bioseguridad del momento.

Estábamos muy aislados; eso también quedó plasmado en el corto, no solo por los tapabocas, sino también porque los diálogos son con mucha distancia entre las personas, lo que termina hablando de la soledad de haber pasado por una experiencia de violencia sexual, de esos cuerpos un poco aislados y fragmentados.

Eso en lo externo, ¿y en lo personal en qué estabas?

En la maestría. Aplacé el último semestre para enfocarme en esto. Renuncié a El Tiempo, me mudé, y le metí mi liquidación y todo mi dinero sin tener otro trabajo. Me adentré sin mucha certeza, pero con la convicción de que eran el tiempo y los recursos que merecía.

Niebla nació como proyecto de maestría, pero reunió un equipo de más de 10 personas. ¿Por qué tanta gente se involucró?

Creo que también tuvo que ver con la pandemia. En el contexto del mundo había muchas ganas de salir, superar el encierro, crear y aprovechar esa oportunidad de volcarnos a lo que realmente nos mueve. Eso influyó en que varios encontraran en Niebla un escape o una vía para crear algo. Yo me senté con cada una de las personas, por consejo de Juan David Blanco, el asistente de dirección que me guio en todo el proceso.

Fue un voto de confianza de todos y todas por el que siempre he estado agradecida.

Creo que veían una posibilidad de hacer algo por lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer algo.

Lo audiovisual apareció en esos mismos años. ¿Cómo llegó?

Siempre he buscado un vehículo para expresarme. Yo estudié Ciencia Política, sabiendo que no la iba a ejercer, porque quería llenarme de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Luego pensé que era la escritura ese vehículo, por eso llegué al periodismo, pero nunca me interesó el lenguaje de la denuncia. Y en mi primer trabajo en El Tiempo como coordinadora de blogs sentaron a mi lado a Julián Espinosa,

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

que terminó siendo luego mi jefe en audiovisual y dándome la oportunidad. Él expresaba muchas cosas con los videos que hacía, que se acercaban más a algo artístico, pero con mucha investigación. Me llamó la atención y empecé con la fotografía. Compré mi primera cámara, hice un curso como de cuatro horas y ahí se me abrieron muchas posibilidades. Se me abrió la curiosidad sobre todo por la imagen en movimiento. Desde ahí sé que en lo audiovisual encontré en lo que me quiero concentrar. Luego, empecé la maestría en Creación Audiovisual (Pontificia Universidad Javeriana) en 2019, pero no entré pensando en hacer algo como Niebla.

Fue en la investigación que me di cuenta de que podía hablar de la frustración que había sentido en esos años de otra manera y vi que eso resonaba mucho en otras personas.

En Niebla no se dice explícitamente cuál es la “verdadera” Marcela, si las amigas y la mamá son reales o son actrices y qué le pasó. ¿Por qué?

Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima: ¿cómo nos acercamos a esta figura? Muchas veces, cuando una amiga o familiar nos cuenta algo así, la vemos como una víctima. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces nos negamos a creerle. Es una manera de blindarme a mí, a la actriz y a las personas involucradas que tuvieron un episodio doloroso en sus vidas de cualquier juicio que pueda emitir quien lo ve como un espectador que quiere satisfacer su morbo. Por eso partimos de asumir que te van a cuestionar cuando cuentas algo así. En Niebla una de las amigas cuenta que la gente cambió con Marcela y no con él.

Entonces tiene que ver con el valor de la palabra y, frente a quien consume el cine, con la pregunta de por qué importa tanto que diga que la abusaron si ya lo sabe, por qué les pedimos a las personas que cuenten las vainas tal como son. ¿Qué pasa si no quiero, si me niego? Es la manera más digna que encontré de devolverle a este personaje el poder de su propia narrativa. El valor que le encuentro a Niebla y lo que tratamos de hacer al jugar con la ficción y crear este personaje, Marcela, que es coincidencia o no que se llame igual que yo, es que a través de este personaje se representan historias que han vivido muchas personas. ¿Por eso decidiste hacer un casting y luego incluirlo en el corto?

La escena que abre podría ser un casting o unos testimonios, que es como lo más documental. Niebla está hecha de estas imágenes recurrentes que hemos visto y nos revela lo que hemos aprendido a leer sobre estas imágenes. Yo veo a estas personas contando eso y pienso que es un documental.

Es ella entrando, siendo grabada y contando una historia. Ese juego entre la realidad y la ficción está ahí desde el inicio. Para el casting estaba escrita la misma historia, pero había partes en blanco que las actrices tenían que llenar. Por ejemplo, una parte decía “yo vivía con ___”. Una actriz dijo algo que me pareció muy fuerte, creo que en ese momento estaba viviendo eso: “Yo vivía con mi tío y con mi abuelo”, e hizo un gesto que fue importante para mí, porque de pronto sufrió algo viviendo con esos dos hombres mayores. Era parte de lo que quería: sí, es una actriz y es un casting, pero está poniendo parte de ella.

entrevista

¿Qué significa que la niebla represente a la memoria en casos de violencia sexual?

El lenguaje, la violencia sexual y la memoria son los tres ejes de Niebla. Estas tres cosas por su interacción se configuran de una manera diferente. Por ejemplo, la memoria. A uno se le olvida a veces qué día es o qué desayunó. Siempre hay un componente de olvido porque no somos Funes el memorioso. El olvido es supernecesario, si no nos volveríamos locos. Y el lenguaje es cómo hablamos de esa memoria. Es muy similar al que usamos cuando hablamos de los sueños, sobre todo si es un recuerdo de hace años.

Nos da una sensación de que siempre que lo traemos al presente se está modificando a través del lenguaje. Y al juntarlo con la violencia sexual, que es un trauma, cambian la memoria y el lenguaje: la memoria porque uno muchas veces no recuerda del todo los eventos traumáticos, son mecanismos que utiliza la mente para protegerse; y el lenguaje porque ¿cómo podemos hablar de algo que recordamos, pero que no recordamos? Como con los sueños, uno tiene la sensación de que soñó algo, no puede decir exactamente qué fue, pero sí qué sintió. Que no los pueda contar con un principio y un final no significa que yo no recuerde lo que yo sentí en mi cuerpo. Nuevamente surge un problema con el lenguaje, se vuelve un arma contra la persona que lo tiene que recordar, que lo tiene que decir. Yo no quiero decir esas cosas. ¿Cuál es la necesidad de ser tan explícitos?

Esos tres ejes también le hacen preguntas muy fuertes a la justicia que le exige a la víctima que recuerde todo y sea explícita en sus palabras. ¿Cómo conciliar que la memoria y la justicia funcionen de maneras tan distintas?

Yo no sé cómo resolverlo, pero, por ejemplo, cuando se dio el proceso de paz con los paramilitares, a algunas personas desplazadas, por cosas de la vida, por su propia fuerza y dignidad, les empezó a ir bien. Entonces llegaban a una oficina y como no lucían como desplazados, porque tenían ropa limpia, un celular, un reloj, ¿entonces no eran desplazados, no necesitaban la ayuda?

¿La justicia espera que una víctima de violencia sexual luzca de una forma específica?

Sí, incluso hay algo problemático con que se vuelva un cliché. También es un problema audiovisual porque demasiada exposición a un tema, es decir, demasiada luz, hace que no lo veamos, que se sobrexponga. Obviamente, el contrario es que esté subexpuesto: no hay luz y tampoco se ve nada. El problema con la sobrexposición es que se termina volviendo un cliché, una foto en redes sociales, una historia tras otra, tras otra. Eso tiene sus pros y sus contras. Otro ejemplo: que el feminicidio se haya vuelto un delito. Todos los casos son diferentes y entiendo que esto les da luz, pero de pronto es problemática demasiada luz porque dejamos de ver los contrastes, los matices que hay en cada una de las historias, y se termina desdibujando a la persona. Es imposible un sistema judicial perfecto que analice los matices de todas las historias y que no solamente tenga como base un formulario en el que hace check.

Todos tenemos que meter nuestras historias en esos papeles y ¿para quién es toda esta información? Yo no soy igual a todas las personas de estrato 4 en Bogotá. No sé si eso realmente mida algo sobre la persona con la que están hablando. Entiendo que es necesario, pero se queda muy corto. No sé.

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¿Qué recuerdas de cuando me contaste?

No recuerdo bien. Fue una época muy confusa para mí y fueron las primeras veces que empecé a hablar de eso. Estaba muy convulsionada interna y externamente, estaba terminando la universidad, ese gran cambio al que todos le tememos en algún momento. No recuerdo la conversación ni el lugar exacto. Tengo la sensación de haberte contado en la época en la que estábamos haciendo la práctica. Tengo unos recuerdos de tú y yo en El Tiempo, en algún break.

Recuerdo no querer darle la importancia que tenía porque ni siquiera tenía las herramientas para hacerlo. No quería que lo que pasó me definiera y no quería que eso fuera mi vida. Sentía que nadie me iba a poder contener, que nadie iba a saber qué hacer si yo tampoco sabía. No quería cargar a los demás con eso y tampoco esperaba ninguna respuesta específica de nadie.

Ahorita es diferente y siento que ya somos más conscientes de estas violencias. Hay más luz.

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Ellas también: antioqueñas que abrieron camino en el periodismo deportivo

Ilustración: Ana Sofía Ramírez. @anasofiaramirezgomez.

Pese a obstáculos como el trabajo sin remuneración, la desigualdad salarial y los prejuicios machistas, Esperanza,

| Mariana Gómez Carvajal

mariana.gomez2@udea.edu.co

Lina y Jeraldine han logrado ser tres de las pioneras en el cubrimiento de deportes en Colombia. Aunque han ocupado espacios que antes estaban más restringidos, muchas de esas barreras persisten.

| Yesica Natalia Gómez Giraldo yesica.gomezg@udea.edu.co

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

E

n los 103 años que tenía El Espectador, ninguna mujer había estado en la sección de deportes.

La primera fue Esperanza Palacio Molina, una periodista antioqueña que defendió su interés por cubrir estos temas pese a que la presencia masculina era predominante en el gremio. “Al editor le gustaba mucho como yo escribía y sentía que era hora de que una mujer llegara al periódico”, cuenta sobre su llegada a ese medio en 1989.

Antes de estar en El Espectador, Esperanza trabajó en el periódico El Mundo, desde 1983. Aunque desde su llegada expresó su deseo por cubrir deportes, comenzó en la sección cultural. Luego le permitieron encargarse del fútbol aficionado y otros deportes menos populares en Colombia. Una vez empezó a cubrir fútbol profesional, en 1986, nunca lo dejó.

En El Mundo estuvo hasta 1987. “Un día el director me dijo que tenía que volver a cubrir fútbol aficionado, porque a partir de ese momento él iba a cubrir el profesional. Yo no le hice caso y seguí. Entonces él me llamó y me dijo: ‘¿Es que vos no has entendido que ya no vas a cubrir más fútbol profesional?’.

Le dije: ‘Ah, bueno, entonces me voy’, y renuncié”, relata Esperanza.

Y es que, debido al machismo en Colombia, algunos periodistas hombres se sienten los únicos capaces de trabajar en el periodismo deportivo y no respetan el lugar que las propias mujeres piden, de acuerdo con la investigación “Análisis de las periodistas deportivas en los medios de comunicación en Colombia”, de Juan Andrés Sarcos Araujo, comunicador de la Pontificia Universidad Javeriana. Sarcos destaca, además, que incluso las periodistas mujeres han llegado a normalizar los comentarios machistas. Como comenta Lina López, periodista deportiva de la Universidad de Antioquia y productora de Teleantioquia Deportes, “uno a veces escucha ‘tan bonita pero tan brutica, no domina el tema’. Hay una frase que dice ‘Eh, es que las mujeres no sé cómo ven el fútbol o de una manera diferente o simplemente hablan por hablar’”.

El caso de Esperanza fue excepcional, ya que no pasó mucho tiempo para que le propusieran ser la primera mujer en cubrir deportes en El Espectador luego de su renuncia a El Mundo. Allí cubrió fútbol profesional desde 1989 hasta 1995: registró los mundiales de Italia 90 y de Estados Unidos 94 y acompañó a la Selección Colombia en sus giras previas a los mundiales.

Mientras acompañaba a la Selección antes de la Copa Mundial de 1994, Esperanza se convirtió en la segunda mujer del mundo en entrar a un estadio en Arabia Saudita. “En la delegación éramos 42 personas y yo era la única mujer, tuve muchas dificultades para entrar. Cuando estábamos en migración me llevaron a un cuarto y me revisaron hasta el último pelo. Me miraban con rabia, ¿por qué?

Porque no querían a una mujer”, recuerda.

Una vez terminada su etapa en El Espectador, trabajó en El Colombiano entre 1998 y 2007, cuando se pensionó. Luego se dedicó a escribir eventualmente. En 2010 fue la directora de la candidatura de Medellín para ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ese mismo año fue la directora de comunicaciones de los Juegos Suramericanos.

Trabajodegrado

Esperanza Palacio es una de las mujeres pioneras del periodismo deportivo en Antioquia y Colombia, quien ha labrado camino desde hace más de 30 años. Como ella, Lina López y Jeraldine Franco, dos periodistas deportivas antioqueñas, también han abierto espacios para que el gremio sea más equitativo y haya más mujeres referentes.

Avanzar entre sesgos En 2021, Jeraldine Franco pasó a la historia como la primera mujer periodista de Colombia en viajar a cubrir el Tour de Francia completo. Lo hizo para DirecTv Sports. Ese mismo año dirigió las comunicaciones del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) de ciclismo y judo, en el marco de Talentos Colombia, iniciativa del Ministerio del Deporte y las federaciones colombianas.

La trayectoria de Jeraldine ha sido amplia, ha trabajado en medios como el canal CNC Medellín, en programas como Gente, pasión y fútbol, ha escrito para la revista Futbolete, entre otros. Pero sus inicios en el medio fueron hostiles. A sus 21 años ingresó a Caracol Televisión: “Cuando entras a un medio grande, las personas empiezan a hablar. A pesar de que ya llevaba años y me reconocían, yo escuchaba: ¿ella por qué tan chiquita en ese medio? ¿A quién le ha ganado, o qué? ¿Por qué no meten a una persona con más experiencia?”.

Esos comentarios se vuelven paisaje en los medios de comunicación y se potencian en escenarios del gremio deportivo. “Creo que en un mundo donde abundan los hombres, llega una mujer y no faltan los comentarios, los piropos, como lo llamamos, eso de ‘nos echaron los perros’ y creo que esas situaciones nos pasan únicamente a las mujeres”, comenta Lina López. También afirma que, pese a que con los años el gremio ha cambiado, se siguen escuchando algunas de esas frases y que las críticas que le hacen a un periodista son muy distintas a las que le hacen a una periodista, ya que los comentarios hacia ellos rara vez tienen que ver con su aspecto físico.

Lina López trabaja en Teleantioquia Deportes: fue la primera mujer en entrar a este equipo y la primera en producir el programa, en el que ahora participan otras mujeres. Justo en ese canal comenzó su carrera, en el 2006, cuando ingresó a hacer sus prácticas en un programa llamado 45 min y en el noticiero. Una vez terminadas, trabajó en Noticias Telemedellín.

Lina fue corresponsal de Caracol Televisión en Antioquia durante 9 años.

En ese medio cubrió eventos deportivos como el mundial de BMX, el mundial de fútbol de Rusia 2018, entre otros. Tiempo después de tomar la decisión de renunciar al canal montó una empresa en el área de las comunicaciones con unos amigos, la cual no funcionó. Desde el 2022 trabaja en Teleantioquia Deportes: “Ha sido una experiencia maravillosa, muy retadora, porque lo mezclo con mi rol como periodista, pero también soy presentadora”.

Lina empezó en el mundo del periodismo deportivo cuando aún había muy pocas mujeres que se dedicaran a esta labor. Hoy en día comparte en su trabajo con más colegas mujeres y ha sido testigo de cómo va la presencia femenina en el gremio. El 41 % de periodistas son mujeres, según datos de la Fundación Gabo.

“Cuando llegué éramos muy poquitas, pero yo me encontré con un gremio muy amable, sin desconocer también que era muy machista. Acá en Medellín hay un colegaje muy amplio que ha permitido la incursión de las mujeres en el gremio. Por ejemplo, pasar de un grupo de 10 hombres, donde había solo una mujer, a que ahora haya siete”, cuenta Lina.

En 2019, la revista Semana señaló que el periodismo deportivo en Colombia aún estaba dominado en gran medida por hombres. No obstante, según Jenny Yizeth Prieto Ramos, en su investigación “El rol femenino en el periodismo deportivo colombiano”, a diferencia de otros países, la mujer periodista deportiva en Colombia ha alcanzado cargos distintos a la reportería y la presentación, incluso dirigiendo secciones deportivas o noticieros de canales regionales, como es el caso de Andrea Guerrero, actual gerente de Deportes RCN. En el 2020, según registró la revista Semana, seis mujeres dirigían los diarios regionales más importantes del país, un “limitado avance”, según un artículo de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Lina, Jeraldine y Esperanza han hecho parte de esta transformación con hitos que están cambiando las narrativas y la historia del periodismo deportivo nacional.

La brecha que no desaparece La mayoría de mujeres que cubren deportes trabajan en medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y prensa, pero cada vez hay más en medios digitales y redes sociales. Tal es el caso de Jeraldine Franco. Comenzó en el canal CNC Medellín, donde hizo sus prácticas. Allí estuvo por casi tres años, y se convirtió en directora de deportes con apenas 18 años, aunque nunca recibió ninguna remuneración. Posteriormente, fue invitada a transmisiones radiales de fútbol como comentarista, y también trabajó en televisión y prensa en el programa deportivo Gente, pasión y fútbol, en el que estuvo durante un año y medio.

Cubrió los equipos de microfútbol en Antioquia: “Me pagaban aproximadamente 350 mil pesos, iba a donde jugaran.

Si jugaban en El Santuario, entonces iba hasta allá durante toda la jornada, terminaba generalmente a medianoche y como ya no había transporte, me tocaba regresarme en el bus de los jugadores. Era eso o quedarme en la casa esperando a que llegara alguna oportunidad”.

En 2011 empezó a cubrir los equipos profesionales de fútbol, y lo hizo durante aproximadamente cinco años con la Liga Postobón. También trabajó en Caracol Televisión, donde hacía remplazos y cubría vacaciones. Allí cubrió la participación de la Selección Colombia Sub23 en los preolímpicos de 2020. Hizo parte, además, del equipo de las revistas Futbolete y FutbolRed, de la casa editorial El Tiempo. También trabajó casi ocho años en la Federación Colombiana de Ciclismo. Allí cubrió varias veces la Vuelta a Colombia masculina y femenina, el Tour Colombia, la Vuelta del Porvenir y el PAD. Actualmente es community manager en DirecTv Sports para Latinoamérica.

Este no ha sido un recorrido fácil para ninguna de las periodistas. Además de los

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sesgos culturales, existe una brecha salarial de género que afecta negativamente a las mujeres. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, en 2021 las mujeres recibían cada mes, en promedio, 6.3 % menos ingresos laborales que los hombres.

Esa encuesta detalla que en el sector de información y comunicaciones la diferencia ascendía a 17.4 %.

“Cuando El Espectador fue a buscarme, yo les dije que me quería ganar 70 mil pesos y en El Mundo yo me ganaba 16 mil pesos, entonces me dijeron que ni riesgos, que eso no se lo ganaba ni el editor. Yo dije: ‘Eso es problema del editor, no mío...’. Dos meses más tarde, me llamaron y aceptaron pagarme esa plata”, cuenta Esperanza.

Jeraldine relata que hubo momentos en los que no recibió remuneración por su trabajo: “El coordinador de los portales de Postobón en Colombia me dijo que hiciera una nota, y yo quería tanto trabajar ahí que entrevisté a Norberto Peluffo. Al jefe le gustó y me dijo que les ayudara con cositas en Antioquia, entonces esporádicamente me ponían un tema, y yo lo hacía. No me pagaban tampoco”.

El gremio que encontró Esperanza en 1983 no es el mismo al que ingresaron Lina y Jeraldine varias décadas después. En 2020, Caracol Radio marcó un hito en el periodismo deportivo al realizar la primera transmisión de un partido de fútbol narrada y comentada solo por mujeres: Juliana Salazar estuvo a cargo de la conducción, Yanjane Meneses y Laura Díaz hicieron los comentarios; Sara Castro y Milena Zapata narraron las jugadas y los goles; Pato Mantilla hizo la voz comercial y Yolanda Chaparro fue la encargada del análisis arbitral.

Sin embargo, las tres periodistas coinciden en que aún hacen falta avances para que el gremio sea más equitativo y consideran que los espacios no se deben dividir por géneros. “Yo creo que uno de los desafíos que enfrenta el gremio es que no nos dejen relegadas a los eventos femeninos, que también se abran espacios a los eventos masculinos”, comenta Lina López. Jeraldine coincide: “¿Porque el evento es un partido de voleibol femenino, entonces pongamos a narrar y a comentar mujeres? No. Hay que también darles la oportunidad a ellas de que hablen de los hombres, porque todas tenemos la capacidad de hacerlo de muy buena manera”.

Mira la serie web Ellas también Este texto hace parte del trabajo de grado Ellas también, una serie web que narra la trayectoria y las anécdotas de estas periodistas deportivas antioqueñas. La serie está publicada en el canal de YouTube de De la Urbe. Encuéntrala también leyendo este código QR.

Crónica

Ese edificio ya no verá nacer

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n niño disfrazado de Batman caminaba de la mano de una mujer por el sendero que los dirigía a la unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación. Eufórico, daba pequeños saltos. Con sus dedos sostenía una cubeta naranja de la que asomaban los dulces que recogió durante el día. El sol de la tarde reflejaba sus acciones en el suelo. Atrás de ellos, una joven vestida con una bata azul y una venda en su cabeza conversaba con otra mujer, tal vez su madre.

Ese 31 de octubre, algo en el San Vicente se percibía diferente. El edificio que vio nacer personas durante más de 90 años se erguía igual. No obstante, a través de una ventana abierta en la parte trasera ya se anunciaba la ausencia: una habitación vacía, con camarotes a ambos lados y colchones manchados de viejos. Todo empezaría a desocuparse porque ese era el último día de la unidad que nació en 1929 y donde tantas escenas, llantos de nacimientos, suspiros repentinos y el azar de existir, sucedieron por primera vez. El hospital decidió cerrarla.

Adentro del edificio, al fondo, la luz se reflejaba sobre una estatua de la virgen María con su mirada hacia el cielo, envuelta en prendas oscuras. A los lados se extendían pasillos con habitaciones en las que había 12 camas, ocho de parto y cuatro de cuidados especiales. En la entrada del bloque 12, a la derecha, un grupo de mujeres conversaban en una pequeña sala de espera. Se daban

consejos sobre cómo cuidar y cangurear a sus bebés y sobre los tiempos en que comían y dormían. Algunas seguían en observación después de su parto, otras estaban en controles con sus recién nacidos.

“Las mujeres somos la mayor parte de la población, entonces necesitaríamos tener un servicio decente y digno donde se nos atiendan nuestras necesidades en todo el ciclo vital”, dijo una enfermera joven que estaba en turno ese día. Mientras ella y otra enfermera mayor se lamentaban por el cierre de la unidad, entraron a un bebé recién nacido, en una incubadora, envuelto en mantas azules. Los médicos a su alrededor comprobaban que todo estuviera bien.

Las enfermeras desviaron su mirada y lo contemplaron dormido.

La unidad de ginecobstetricia del San Vicente era la única de Medellín que atendía casos de alta complejidad. Para la enfermera mayor, esto hacía más significativo su trabajo: “Era maravilloso darles un mejor cuidado y brindarles la mejor atención para que tanto ellas como los bebés salieran adelante”. Un pito repetitivo que daba cuenta de los signos vitales del bebé se escabullía en la conversación, mientras ellas miraban a los lados para asegurarse de no ser escuchadas: “Creemos que es importante que se sensibilice a la población de la gravedad del asunto y que se adopten medidas de salud pública para evitar el cierre masivo de los servicios de obstetricia”, dijo la más joven.

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Explicaron que este no es solo un problema del San Vicente. La Clínica del Rosario cerró sus servicios maternos el 30 de junio y otras como la de las Américas solo tienen una sala de partos. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en el 2012 Antioquia tenía registradas 1049 camas de obstetricia. En el 2023 esta cifra se redujo a 495 camas, de las cuales 237 están en Medellín. El deterioro de este campo de la salud viene dándose desde hace más de una década y las razones en su mayoría son financieras.

“Desde hace mucho tiempo nosotros venimos regidos por un manual tarifario que tiene subvalorados los procedimientos que se hacen en el área obstétrica. Es decir, lo que se invierte en una actividad obstétrica realmente no se recupera, porque no se factura ni se cobra lo que vale”, cuenta Sandra Cuervo, docente de la Universidad de Antioquia y directora de Nacer, un grupo de investigación, docencia y extensión con énfasis en salud sexual, reproductiva y de la infancia. Esta problemática viene colapsando la red de salud, además de sobrecargar al personal médico y negar que las mujeres embarazadas tengan un parto humanizado, que ahora es obligatorio gracias a la Ley 2244 de 2022.

En Medellín hubo 35.157 partos en 2022 y 18.917 en el primer semestre de 2023, según el Dane. Andrés Zapata Cárdenas, director médico del San Vicente, cuenta que ese hospital atendía alrededor de 900 cada año:

La unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación cerró sus servicios en octubre del 2023. Medellín perdió más de 90 años de experiencia en la atención a las madres y los recién nacidos con los casos más complejos de Antioquia.

Esta es la crónica de los últimos días de esa unidad.

| Renata Taborda Franco

renata.taborda@udea.edu.co

El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que atendía los casos más complejos de Antioquia.

Foto: Renata Taborda.

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

Crónica

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La unidad de ginecobstetricia fue fundada en 1929. Sus servicios cerraron el 31 de octubre del 2023. Foto: Renata Taborda.

“Nosotros no teníamos una participación de gran volumen en la atención obstétrica. En cambio, hay una atención igual o peor con los niños. En el hospital tenemos 200 camas destinadas a esta población y una mayor capacidad, por lo que decidimos enfocarnos en esta demanda pediátrica”.

El cierre sería ese 31 de octubre. Así lo confirmaron las dos enfermeras. Afuera, terminaba el día.

Los primeros cimientos La iglesia blanquecina del Hospital San Vicente Fundación reposaba ante un cielo nublado de octubre. Adentro, en uno de los bancos de madera café, una mujer rezaba arrodillada. Sostenía un rosario entre sus manos ante la cúpula decorada con un trío de pinturas en las que resaltaban las vestiduras blancas de su protagonista, Jesús. Un poco más abajo, un ramo de flores se asomaba en el costado derecho de una virgen María mediana envuelta en un manto verde oscuro y un vestido crema con el que sobresalía su embarazo.

Al final del pasillo central, atravesando por el umbral de vitrales y cuadros, un patio exponía también a la madre de Jesús; totalmente blanca, incrustada en su altar de mármol y con su rostro apuntando al cielo, como anhelando resguardo y pidiendo perdón.

Así como estas, figuras celestiales de la maternidad reposaban mansamente por toda la iglesia. Aunque diferentes, representaban a esa madre protectora, pura y hermosa. La luz tenue apenas llegaba a los rincones y los susurros casi imperceptibles de la mujer creaban una atmósfera fúnebre alrededor de la María embarazada. Eran los últimos días de la unidad de ginecobstetricia, un lugar que fue testigo de muchos nacimientos y, quizás, milagros.

Días antes, el 25 de octubre, alrededor de la fuente central había una feria de pequeñas tiendas. Enfermeros, estudiantes y médicos pasaban constantemente mientras la lluvia jugaba con la fuente y se mezclaba con el frío de un día nublado. Cerca, al lado del bloque de patología, el edificio de ginecobstetricia estaba envuelto por el caos diario de la existencia; un padre con su bebé en brazos, una anciana que empujaba con vigor a un viejito en silla de ruedas y una niña que, con una bata rosa y acostada en la camilla, admiraba el cielo.

El bloque de maternidad se alzaba con sus muros de ladrillo y sus ventanas rojas envueltas por mallas grises, ojos abiertos

de los que se desprendían historias mudas: abajo, un colchón de rayas azules frente a un ventilador apagado en una habitación vacía; arriba, una mujer morena que contemplaba el horizonte junto a un niño apenas asomado por la esquina. El contraste de la escena componía un viaje al pasado y un recuerdo para el futuro.

Un poco más de nueve décadas han pasado desde la creación de la unidad de ginecología y obstetricia del San Vicente, una idea que venía construyéndose desde el siglo XIX, cuando la mayoría de los embarazos estaba en manos de comadronas y solo algunas mujeres de clase alta accedían a la atención de los cirujanos y médicos generales.

El documental Historia del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, disponible en el canal oficial San Vicente Fundación de YouTube, cuenta que, en 1934, el lugar empezó a funcionar con todos sus pabellones, incluido el de maternidad, a manos de médicos y funcionarios que llegaron del Hospital San Juan de Dios, el primero de la ciudad, que estuvo a manos de sacerdotes y grupos religiosos. Uno de estos médicos era Nepomuceno Jiménez Jaramillo.

Nepomuceno nació en Santa Rosa de Osos en 1873. Estudió Medicina en la Universidad de Antioquia y viajó a Europa para especializarse en obstetricia y ginecología. Según cuenta Guillermo Henao, profesor jubilado de la UdeA, en un artículo de la revista Iatreia, Nepomuceno fue el primero en traer la “obstetricia científica” a Medellín. Además, fue el primero en proponer una cátedra académica en estos dos campos, la que dictó hasta su muerte en 1934.

Como Nepomuceno, otras figuras se unieron como bases fundamentales en la construcción y el establecimiento de una unidad enfocada en el cuidado de la maternidad y la sexualidad de las mujeres, con conocimientos médicos franceses que contribuyeron a expandir el estudio, la metodología y los tratamientos en este campo en la sociedad antioqueña y el país. Así, en 1940, de la mano del médico Alberto Bernal Nicholls, cirujano y egresado de la UdeA, se dio paso a una revolución en el concepto de obstetricia, introduciendo de manera permanente los servicios de consultorio prenatal y de ginecología en el San Vicente.

En los años 50, la medicina norteamericana desplazó y transformó las visiones francesas, que estaban más centradas en la clínica que en el laboratorio.

Este cambio fue llevado a cabo en Antioquia

por varios actores de la salud, como los médicos Pedro Nel Cardona, Braulio Henao Mejía e Ignacio Vélez Escobar. En las décadas siguientes, la unidad creció y el San Vicente se convirtió en uno de los primeros hospitales del país en llevar a cabo cesáreas bajo anestesia general. Además, implementó incubadoras para el cuidado de los recién nacidos, promovió la divulgación científica e inauguró una nueva Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 14 camas.

Nidia Ortega, enfermera con más de 20 años de experiencia y quien trabajó por 22 meses en la unidad de ginecobstetricia del San Vicente, dice que esta era una escuela para muchos estudiantes y que la atención que recibían madres gestantes con problemas de salud “era única” porque ese nivel de especificidad no lo cubría ningún otro hospital de Medellín.

Durante todo ese tiempo, ella atendió a maternas de alta complejidad. Cuenta que las enfermedades más comunes que trataban eran las cardiopatías, un tipo de enfermedad en la que el corazón y los vasos sanguíneos pueden verse afectados. Las 24 horas del día, las enfermeras junto con un equipo especializado de cardiólogos estaban junto a las madres, cuidándolas. La labor de estas mujeres es ardua no solo por el prolongado tiempo que están allí, velando por dos vidas ‒“no solo es un paciente, son dos”, enfatiza Nidia‒, sino por el impacto que les genera ver lo frágil pero fuerte que pueden ser una mujer gestante y su bebé, y cómo, cerca de la muerte, la medicina hace su trabajo para que sobrevivan.

No recuerda la fecha exacta, pero recuerda muy bien cuando, entre aquellas 21 camas de la unidad, se encontraba una mujer joven, hipertensa, sentada a la orilla del colchón.

Nidia estaba cuidándola cuando, de un momento a otro y por su condición cardiaca, la mujer comenzó a convulsionar, se cayó de la cama y se golpeó tan fuerte en la cabeza que en su frente se marcó un hematoma.

Inmediatamente la asistieron, le brindaron medicamentos y estabilizaron su cuerpo. Su bebé y ella salieron ilesos de una situación en la que si Nidia y los médicos no hubieran estado presentes, la historia hubiera sido diferente. Del lugar que salvó a esa y tantas mujeres tan solo queda una placa incrustada en los ladrillos quebrados que dice: “Maternidad, 19 de junio, 1929”, un epitafio simbólico de lo que alguna vez fue el nacimiento de un sueño.

Crear, criar y creer: el rojo de Yira

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Yira Plaza O’Byrne es periodista, directora y productora de cine.

También es hija y madre, dos roles que hoy se cruzan con sus militancias y reflexiones de izquierda y con creaciones como El rojo más puro, película que estrenó en 2023.

| Carmen Carolina Garnica Álvarez carmen.garnica@udea.edu.co

| Melany Peláez Morales

melany.pelaez@udea.edu.co

C

on la orientación de una partera y bebidas ancestrales que remplazaron los sedantes del hospital, Yira dio a luz a Damián, su primer hijo. Hizo un curso virtual para ser doula, que se refiere en la cultura muisca a las acompañantes de las embarazadas en sus procesos de parto. Y aunque ahora los únicos nacimientos que acompaña son los de las películas de su productora de cine Briosa Films, aprovechó sus aprendizajes para recibir a su segunda hija, Candelaria, y compartirlos con las mujeres que se cruza en la vida.

Yira Plaza O’Byrne hace parte del Consejo Audiovisual y Cinematográfico de Medellín. No le pagan, pero elige estar ahí para velar por los derechos del sector. Desde 2021 trata de hacer sostenible a Briosa, donde es dueña, directora general, jefa de distribución y con la que firma un contrato por prestación de servicios para sí misma.

Contraportada Su atención, sin embargo, les pertenece a sus dos hijos: el “crespoliso” de cinco años, que se pasea por las proyecciones y los conversatorios a los que la invitan, y la recién llegada. La maternidad la ha llevado a repensar el mundo y el lugar que las madres, las niñas y los niños ocupan en él. En octubre, cuando aún esperaba a Candelaria, decía que quería escribir un texto que se titulara más a menos así: “¿Por qué quiero tener otro hije a pesar de haber leído Contra los hijos (2014), el libro de la chilena Laura Meruane?”. Cree que ser mamá no es difícil solo por serlo, sino porque la sociedad no está preparada para que las mujeres críen y creen.

El mundo es adultocéntrico. Yira sabe que no es posible ir a un lugar donde su niño pueda jugar a su lado y comportarse acorde a su edad sin el reproche de los más grandes.

Por eso ha procurado que su cuidado sea diferente: Damián bebe de las botellas de agua que ponen en los eventos a los que la invitan, juega con su cabello cuando está sentada frente a la gente y se le acerca a decirle “mamá” y a hacerle preguntas mientras ella habla.

El niño deja por su casa un rastro coherente con lo que Yira quisiera para los más pequeños. Los dibujos pegados en la pared, los juguetes en varios sitios y la transformación de la sala en un teatrino componen un espacio que Damián llena con gritos espontáneos y con recorridos disfrazado de calamar o de murciélago. La maternidad ha hecho que Yira tenga menos tiempo libre, pero dice que siempre se puede seguir haciendo lo que se ama si se priorizan los tiempos y se hacen renuncias. En su caso, tiene acuerdos de distribución de tareas de cuidado con Luckas, su pareja.

Yira nació en Cartagena en 1987 y es la menor de tres hijos. Lleva el nombre de una periodista y lideresa comunista que murió en los 80, Yira Castro, madre del senador Iván Cepeda. En sus álbumes familiares había fotos de funerales, leía prensa comunista desde pequeña y a los 14 años encontró en la biblioteca de su casa una amenaza de muerte dirigida a su padre, Luis Plaza, un líder sindical que integró la Unión Patriótica (UP) y que dormía con un revólver cuando no estaba exiliado. Creció en un hogar atípico, pero la familia seguía siendo tradicional: su mamá cargaba con todas las labores de cuidado.

“Mucho gusto, Doris O’Byrne Dorado, soy la mamá de Yira”, se presenta, como si cualquier persona que conoce a su hija no se hubiera visto ya El rojo más puro, el documental que se estrenó en 2023 y en el que ella aparece.

Dos cosas han hecho que Yira se sienta feminista: ser mamá y pensar en su mamá.

“Son dos procesos que a mí me han hecho ser consciente de la inequidad, la brecha de género, la exclusión de las mujeres y de cómo terminamos siendo las que soportamos el capitalismo sin el reconocimiento del trabajo doméstico y de toda la carga mental que llevamos”, asegura.

“Si no fuera por ti, no hubiera ninguna historia que contar, absolutamente nada, porque tú fuiste la que sostuviste esto y gracias a ti soy yo la que hoy puede contar esta historia”, le explica Yira a Doris, que recién había llegado a la casa de su hija en Medellín para acompañarla en el parto. Con “esto” se refiere a la época en la que su mamá trabajaba como profesora en San Onofre, Sucre, mientras el resto de la familia vivía en Cartagena. La madre se iba los lunes y regresaba los viernes para lavar, planchar y hacer todas las tareas del cuidado. Aunque Doris no se formó al interior del partido, ni daba discursos como su exesposo, siempre ha tenido un criterio político, ha generado espacios de debate y se ha pensado la vida desde lo colectivo. “Mi mamá es la más revolucionaria de todas”, dice Yira.

El rojo más puro, su ópera prima como directora, es una película de primeras veces: la primera vez que su mamá reconoció lo duro que fue hacerse cargo de todo, pero también la primera vez que vio a su papá llorar. Yira filmó durante varios años las transformaciones del país y su historia familiar, y con ese material decidió contar el liderazgo social y político de la izquierda en Colombia mientras deconstruía al hombre heroico. Recuerda que al comienzo no sabía qué hacer con la cámara y las lágrimas de su padre que rodaban al mismo tiempo, pero quiso mostrar a un

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revolucionario que se equivoca, se contradice y a veces le duele la vida.

Cuando ella tenía 16 y estudiaba Medicina en la Universidad de Cartagena, comenzó a militar en la Juventud Comunista Colombiana (Juco). Luego se salió de la carrera y, en contra de su sueño de ser actriz, decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Antioquia porque creía que desde ahí podía contribuir más a la sociedad.

“Creo que igual hubiese podido hacer algo”, reflexiona, y recuerda que mientras grababa su papá le decía que el cine no movía masas.

En el prestreno de la película, con el teatro Camilo Torres lleno, arengas y ovaciones, reconoció ante el público que se había equivocado.

Yira siguió en la Juco cuando llegó a Medellín. Vio por primera vez la violencia del Estado en contra del movimiento estudiantil y experimentó una estigmatización constante.

En Cartagena sentía que las formas de resistir eran más alegres y se podían manifestar públicamente. En Medellín, en cambio, resistir era poder reunirse y no quedarse callada, pero también ocultar que pertenecía a un movimiento. Cuando Yira vio Memorias de los silenciados: el Baile Rojo (2003), que narra el exterminio de la UP, entendió la carga que llevaba su padre y comenzó a sentir la necesidad de contarla: “No me dejaba tranquila. Escribía sobre eso, era una cosa que estaba ahí, dentro de mí”. Fue por medio de El rojo más puro que pudo narrar la historia de su padre y decir públicamente, por primera vez, que hizo parte de la Juco.

Decidió salirse del movimiento cuando habló en un encuentro sobre el papel de la cultura desde este y le respondieron que eso se abordaba al final. “Sentí un menosprecio al trabajo que tenía que ver con la cultura, como si fuera hacer eventos. Esta gente qué piensa, ¿que la política es echarse unos discursos o qué?”, dice, y recuerda también las palabras de un amigo suyo: “Mira, si tú te sales de la Juco, vuelves en diez años y ellos van a estar en el mismo lugar donde tú los dejaste”.

Mientras hacía el documental, grabó un reencuentro con sus excompañeros de militancia, aunque no quedó en el montaje. Algunos siguen en el partido y otros les hicieron campaña

a candidatos que antes no habrían apoyado.

Cuando Yira les preguntó por qué nunca la invitaron a un tropel, le respondieron entre risas: “Es que no te podíamos invitar porque tú eras la cara amable que teníamos que mostrar”. Eso no la sorprendió. Mientras militó en la Juco se dio cuenta de que la teoría de género que aprendía allí se contradecía con la realidad. Los hombres que militaban en la izquierda solo se quedaban en el discurso.

Ese machismo, las conversaciones con su mamá sobre los comportamientos patriarcales de su papá, que sea Yira quien recuerde la necesidad de cambiar las sábanas los fines de semana en lugar de su pareja, y el hecho de que en ocasiones Damián regrese de la escuela diciendo que el color rosado es para niñas hacen que se emocione cuando habla de feminismo. Y es que, bajo la consigna de El rojo más puro –y de su vida– de que “el mundo merece cambiar”, hay diferencias entre lo que tiene que hacer para lograrlo en la familia en la que es hija y en la familia en la que es madre. Aunque a sus hermanos no les importa su postura y su papá le pide que dejen de discutir, siempre que puede le aclara a su mamá: “Yo nunca voy a dejar de decir lo que pienso”.

Procura que todo lo que ella y Luckas deciden pase por el filtro de lo equitativo mientras intentan romper con “todo ese genérico masculino asqueroso que limita la visión de un niño”. Educa a Damián para que sepa que los libros también tienen autoras, que los colores no tienen género y para que sienta la libertad de pintarse los labios o ponerse una falda, si quiere. Ahora que nació Candelaria, el reto no es darle un lugar como mujer, sino recordarle que ya lo tiene. Lo más importante para Yira es que no tengan una única visión del mundo. “Yo creo que eso es lo peligroso, pensar que el mundo es solo de una m a n e r a ”, apunta.

Desde la maternidad, Yira trata de hacer real la consigna de que “el mundo merece cambiar”.

Foto: Andrés Gutiérrez. Ilustración: Ana Sofía Peláez.