SOS YASUNÍ

El campo petrolero Ishpingo–Tiputini–Tambococha (ITT) está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, territorio intangible en el que habitan diversos pueblos ancestrales de nuestro país: Waoranis, Kichwas, Dugakaeris, Shuars, Tagaeris y Taromenanes. Este territorio alberga cientos de miles de especies vegetales y animales, que lo ubican entre los más megadiversos del mundo, razón por la cual fue declarado por la UNESCO como área protegida debido a su valor biológico y cultural. Al mismo tiempo, cuenta con una reserva de petróleo que se viene extrayendo desde hace varios años, generando una emisión de cerca de 400 millones de toneladas de CO2. Muchas personas dirán que dejar el petróleo bajo tierra representa la pérdida de ingentes cantidades de dinero que podrían servir para invertir en salud o educación. Así lo escuchamos en diversos medios de comunicación nacional, donde entrevistadores y entrevistados desarrollan argumentos de lo negativo que sería dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, y que el país no puede darse el lujo de desperdiciar esos recursos en medio de la crisis económica que enfrentamos.

Esta es una falacia que hay que desmontar, para que en la consulta popular no seamos presa fácil de relatos que defienden los intereses de los grandes grupos de poder económico del país y de las empresas extractivistas.

El Yasuní ya está siendo explotado y no hemos visto ningún beneficio para las comunidades afectadas, peor para el resto del pueblo ecuatoriano. Salud, educación, vialidad y empleo son cifras en rojo que no muestran ninguna mejoría a pesar de la explotación petrolera que está en marcha. Entonces, ¿cuál es el beneficio?

La iniciativa ITT se la planteó hace 10 años, y se la abandonó debido a la crisis del petróleo que provocó que los precios del crudo subieran de manera exorbitante en el mercado global, llegando a sobrepasar la barrera de los 100 dólares por barril. Pero esa situación cambió radicalmente, cuando los precios cayeron estrepitosamente hasta ubicarse por debajo de 20 dólares en el año 2016. No olvidemos que Ecuador comercia su petróleo con China, más bien lo entrega a cambio de deuda y, según el ministro Santos, ese país nos paga cuatro dólares menos por barril en relación a otros países. Santos, declaró el pasado 3 de abril a un diario nacional, que el crudo del Yasuní es “pesadísimo, una verdadera melcocha que no puede moverse al oleoducto”, por lo tanto, muy difícil de extraer y de exportar; lo cual provoca que el costo de producción de cada barril del IIT pueda llegar a los $ 40, por lo que no es rentable en el mercado. La ganancia es espurrea, y si la hay se la llevará la empresa extractora, es decir, no tiene valor comercial. Según Santos “40 mil barriles de esa reserva no se podrán explotar”. Por lo tanto, el relato montado por los grandes medios y por ciertos analistas que están en contra de la consulta, es insostenible.

La extracción petrolera no disminuirá la pobreza, ya son más de 50 años y las cifras van en aumento. Su exportación disminuye frente a los otros productos de exportación como las flores, y su aporte al fisco cae año tras año. Además, hay que recordar que estos ingresos se destinan a la reserva monetaria internacional tal como lo dispone la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expedida en el gobierno de Lenín Moreno por exigencia del FMI.

Por otro lado, el impacto ambiental que ocasiona esta actividad extractiva es a perpetuidad, tal como lo podemos comprobar actualmente en las poblaciones amazónicas que sufren los efectos de la explotación petrolera desde los años setenta. La contaminación del aire, así como del agua de los ríos, las enfermedades como el cáncer y la depredación de los bosques milenarios facilitada por la apertura de vías, ha terminado con el hábitat de especies únicas. Si no se cuida estos espacios naturales que aún existen en el mundo, ponemos en riesgo la vida misma del ser humano.

La coyuntura de unas elecciones anticipadas ha generado, como diría Bauman, una realidad política líquida. En el próximo proceso electoral nos jugamos el futuro del país y no precisamente por quien asuma como gobierno, que apenas durará un año y medio en funciones, tiempo durante el cual deberá enfrentar una crisis debido a la debilidad política que hará que quien llegue al poder lo haga con menos del 30 % de legitimidad, sino por la profunda desinstitucionalización en la que nos encontramos, un Estado sometido a las mafias de la corrupción y las economías ilícitas, el secuestro de la justicia, la inseguridad ciudadana, la crisis social y económica, etc.; todo eso en medio de los efectos del cambio climático que advierte un súper fenómeno del Niño que seguramente devastará inmensos sectores de nuestro territorio con la fuerza inusitada de una naturaleza resentida, precisamente por la codicia de las empresas extractivistas. En las próximas elecciones lo verdaderamente importante no son los candidatos que buscan el poder. En las próximas elecciones lo verdaderamente importante es votar a favor de la vida en la consulta popular, por el futuro del Yasuní.

Yasuní significa sagrado. Votar SÍ en la consulta, es recuperar lo sagrado. No permitamos que nos sometan al terrorismo económico que trata de engañarnos con cifras exageradas.

El extractivismo no es la única salida para generar ingresos. La primera y gran medida que debe tomar el Estado es cobrar las deudas a los evasores de impuestos, evasión que alcanza los $ 7 000 mil millones de dólares al año, de los cuales los gobiernos exoneran $ 6 638 millones a algunas de las grandes empresas. No son todos los empresarios, son aproximadamente 500 morosos los que se benefician.

La defensa del Yasuní implica ingresar a un nuevo momento de la historia en el cual apostamos por la vida y el respeto al derecho de los pueblos que habitan en esos territorios. No existe dilema, no existe confusión, como quieren presentarnos los sectores extractivistas. Esta es la oportunidad de salvar la naturaleza y la selva amazónica. El respeto a los derechos colectivos de las nacionalidades ancestrales de Ecuador debe prevalecer a pesar de la publicidad engañosa que estas empresas y sus defensores van a desplegar durante el tiempo previo a la consulta.