PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIO-TERRITORIAL Introducción Desde el 2004 el país ha tenido significativos avances en reducción de pobreza monetaria y desigualdad de ingresos. Sin embargo, la fragmentación social con su anclaje territorial se ha mantenido al margen de este proceso de mejora, por su compleja naturaleza y, al menos en parte, por la falta de políticas que logren abordar la misma con éxito. En 2011 la medición de necesidades básicas insatisfechas nos mostraba un abismo entre la calidad de vida en la periferia de Montevideo y los barrios de la costa del departamento, lo que comprueba una marcada distribución territorial de la precariedad. Pensando en el largo plazo, indicadores cómo: “clima educativo en el hogar por barrios de la ciudad de Montevideo (y su área metropolitana)” muestran una profundización en la territorialización de las inequidades en aspectos claves para avanzar en el camino de la igualdad (Borrás, 2019). Esta fragmentación se ve reforzada en aspectos de seguridad y acceso a servicios culturales que aportan a un proceso de marginalización de algunos barrios. Esta preocupación aparece en los programas de gobierno de todos los partidos políticos. A partir de este documento pretendemos empujar esta agenda más allá de dichos consensos y, partiendo desde los territorios, avanzar hacia una sociedad más integrada e igualitaria. Diagnóstico Los problemas de fragmentación urbana, y en particular de la territorialización de la pobreza, han sido planteados desde la década de los 90 por varios diagnósticos. La segregación no es sólo una imagen de la desigualdad, sino también una de sus causas. Las oportunidades en la vida se juegan en el acceso a al trabajo, la educación y la salud. Estas oportunidades están íntimamente relacionadas con el espacio geográfico en el que nos desarrollamos: existen barrios que brindan mayores y mejores oportunidades que otros. La punta del iceberg de este fenómeno son los asentamientos informales, cuyo surgimiento tardío aún en ciudades de bajo crecimiento nos convierte en un caso excepcional de fracaso en las políticas urbanas a nivel global. Si analizamos los antecedentes de políticas públicas en Uruguay y el continente podemos recoger múltiples aprendizajes a tomar en cuenta. Las políticas “viviendistas” desarrolladas entre los 70 y 90 mostraron que el derecho a vivir dignamente en la ciudad no requiere sólo de viviendas, sino también ciudad. La búsqueda de la maximización de la cantidad de viviendas a costa del tiempo de traslado de las personas, la calidad del hábitat y su potencial crecimiento, trasladan a la gente a lugares periféricos que no presentan oportunidades. A partir de 2010, las políticas motivadas principalmente por la precariedad habitacional y en un marco contractual entre el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo, ponen foco en la regularización de los asentamientos
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