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Entrevista
José agustín gonzáLez romo
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Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
Nacido en Sevilla en 1974, es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y realizó curso de la cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario por esta misma universidad. Desde 2003 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Antes de este cargo fue consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Rabat (Marruecos), ha sido director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén y ha ocupado diversos cargos en los ministerios de de Presidencia, de Empleo y Seguridad Social, y de Trabajo y Asuntos Sociales. Tiene una larga experiencia en la administración pública.
La pandemia ha causado estragos entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos. ¿Qué medidas está implementando la Junta para revertir esta situación?
La pandemia supuso un parón económico desconocido en nuestra historia más reciente, solo comparable a los efectos que causó la Guerra Civil en nuestro país, y la respuesta de las administraciones ha tenido que ser proporcional a esta crisis tan brusca. Desde nuestras competencias, hemos intentado en un primer momento amortiguar los efectos tanto en el mercado de trabajo como en la actividad de empresas y autónomos, con ayudas directas y ágiles en una primera fase. Ahora nos centramos más en la recuperación de la actividad y la consolidación del empleo y las empresas.
Sería muy extenso detallar todas las ayudas que pusimos en marcha, pero por ofrecerle solo un dato, en los dos últimos años calculamos que hemos gestionado más de 134.000 ayudas a autónomos, microcréditos, a las que podríamos sumar medidas directas para apoyar la reactivación del empleo, como la Iniciativa AIRE, con la que respaldamos más de 12.000 contrataciones a desempleados con un gasto público de 114,5 millones de euros, o la ayuda de 210 euros a trabajadores afectados por ERTE, que ha supuesto un hito administrativo con escasos precedentes en la administración autonómica, ya que hemos llegado a 467.000 personas.
Nuestro objetivo ahora pasa por consolidar y relanzar la actividad de las empresas, y por eso nuestras medidas van ahora en una doble dirección: estamos respaldando el mantenimiento del empleo en empresas que han estado afectadas por ERTE con unos 250 millones, y una
acogida bastante positiva ya que podríamos superar las 66.000 ayudas; y hemos reforzado las ayudas al inicio de actividad de autónomos o la ampliación de la tarifa plana, mientras preparamos un fuerte paquete de incentivos a la contratación para el primer trimestre del año que alcanzará los 250 millones de euros.
Le menciono únicamente algunas líneas generales, aunque me dejo en el tintero muchas políticas específicas y de gran envergadura, como es la transformación del SAE, la reactivación de la Formación profesional para el Empleo, las actuaciones específicas para jóvenes, para colectivos vulnerables…
¿Cuál es la salud del empleo de Andalucía?
Andalucía arrastra una alta tasa de paro que tiene un carácter estructural, y mientras este indicador persista, junto a la fuerte temporalidad histórica que padecemos, no podemos evaluar que el “enfermo”, por continuar con la metáfora de su pregunta, haya alcanzado una mejoría que nos permita darle el alta y suspender el tratamiento. Es cierto que hace tan solo siete años llegamos a alcanzar tasas insostenibles de paro de un 36%, pero no creo que porque ahora estemos en el entorno de un 22% eso pueda significar un alivio para nadie, y menos para un gestor en cualquier administración pública. Nos separa de nuestro entorno más inmediato, que es el resto de España, una distancia de siete puntos en la tasa de paro que Andalucía no ha podido eliminar en las dos últimas décadas, y ese podría ser un objetivo emblemático para nuestra comunidad.
Dicho esto, es cierto que 2021 está siendo un año de fuerte recuperación de la ocupación, con cifras de crecimiento del empleo que están superando al crecimiento del PIB, una circunstancia poco usual en nuestra economía regional, que podría explicarse en que aquellas actividades que más se están recuperando en la post pandemia, las vinculadas al sector servicios, son también las que menos valor añadido aportan al crecimiento y las que más mano de obra generan.
Siempre nos cabe la incertidumbre de la evolución de la pandemia y el impacto que puedan tener nuevas restricciones, de si la inflación se acabará conteniendo o no el próximo año, y de si recuperaremos un funcionamiento optimo en la cadena de suministros, por citar alguna de las incógnitas que están azotando a las previsiones económicas. Pero es indudable que 2021 se va a cerrar con cifras prácticamente nunca vistas en las series estadísticas, ya que llevamos un ritmo de creación de empleo de más de 117.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año, o una reducción del paro registrado en los últimos doce meses de más de 166.000 personas que han abandonado las listas del SAE.
Los autónomos son los grandes sustentadores de la creación de empleo en Andalucía. ¿Qué medidas tiene previstas la Consejería para ayudar a este colectivo?
Hay que tener en cuenta que más de 91.000 autónomos andaluces tienen como mínimo un asalariado. Y si tenemos en cuenta que actualmente somos la comunidad autónoma con un mayor número de afiliados al RETA, con más de 562.000 autónomos, y la que más está creciendo en nuestro país, en este aspecto, imagine el potencial de creación de empleo que supone el trabajo por cuenta propia. La ampliación de la tarifa plana ha sido una medida que, tras dos años de funcionamiento, nos ha demostrado su eficacia, y por eso hemos ampliado su presupuesto sumando 5 millones a los 28,6 presupuestados inicialmente para cubrir las solicitudes con la idea de que ningún nuevo autónomo quedase fuera y además extendiendo su vigencia hasta 2022 con otros 13,5 millones adicionales. Además, los incentivos al inicio de actividad de los trabajadores autónomos también han necesitado de un incremento presupuestario, desde los 9 millones de euros iniciales hasta los 21,7 millones de euros para atender todas solicitudes presentadas. Y estamos ofreciendo ayudas a la conciliación y a la digitalización para el colectivo, medidas que jamás se habían puesto en marcha en nuestra comunidad.
¿Nos podría definir la radiografía del impacto del Teletrabajo en nuestra Comunidad Autónoma? ¿Cuáles considera que serían los próximos pasos para una mayor y mejor implementación en las empresas?
Los datos más actualizados que tenemos sobre la “explosión” que supuso la pandemia para la implantación del teletrabajo reflejan un avance desde el 4,8% de los ocupados a un 34% en los periodos más elevados, pero desconocemos hasta qué punto hemos retrocedido tras el final de las restricciones, aunque el Barómetro Andaluz del Centro de Estudios Andaluces rebaja a principios de año hasta un 21%. Creo que las empresas aún están ajustando sus estructuras a la nueva ley del trabajo a distancia, y quizás su aprobación no llegó en el mejor momento, porque no es aconsejable legislar en caliente. No olvidemos que cuando se aprobó esta normativa, aún estábamos en una incipiente salida de la pandemia. Yo confío en que la negociación colectiva permita arreglar algunos de los problemas que ha originado la ley, y que con el tiempo podamos ajustar mejor esta regulación que carece de cierta flexibilidad tanto para las empresas como para el propio trabajador.
Por nuestra parte, desde la Consejería hemos puesto en marcha una ayuda novedosa y pionera que incluye subvenciones dirigidas a las empresas para las nuevas contrataciones labores indefinidas a jornada completa que incluyan en el contrato como medida de flexibilidad horaria que parte de la jornada de trabajo se realice mediante el trabajo a distancia. La subvención consiste en un incentivo de 8.000 euros por contrato, incremen-
tándose esa cantidad en un 10% cuando la persona contratada sea mujer.
La digitalización es una realidad en los profesionales que trabajamos con la Administraciones Públicas, ¿cómo es su implementación en el resto de los sectores?, ¿qué ayudas ofrece la Junta de Andalucía para ello y qué uso se está haciendo de las mismas?
No nos cabe duda de su importancia y los beneficios que conlleva su utilización en todos los sectores, como bien dice, nosotros empezamos a implementarla antes de lo que teníamos pensado a causa de la pandemia y la necesidad acuciante especial y precisamente de los autónomos y los resultados están ahí, conseguimos reducir los plazos de forma positivamente drástica, de manera que ayudas que solían tardar en llegar al bolsillo del solicitante más de un año, se han llegado a pagar en un mes, algo que si te lo dicen hace dos años, nadie habría creído que seríamos capaces de hacerlo en tan poco tiempo. Eso mismo es aplicable a otros sectores, como es el de los autónomos y las empresas de economía social, por eso el pasado mes de noviembre pusimos en marcha dos líneas de ayudas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de los autónomos y las empresas de economía social que están teniendo una acogida muy positiva, ya que en muy poco tiempo superamos las 2.000 solicitudes y prácticamente vamos a agotar presupuesto. Estos incentivos cubren hasta el cien por cien de los gastos para poner en marcha los proyectos de digitalización, con subvenciones de un mínimo de 1.000 euros y un límite máximo de 6.000 euros, y se incentiva tanto la implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión como la incorporación de estrategias de marketing digital.
Lo más positivo de estas ayudas es que se gestionan con la máxima agilidad administrativa, ya que se han eliminado al máximo la necesidad de aportar documentación a la solicitud, y anticipamos el 100% del importe máximo subvencionado sin necesidad de justificar una inversión inicial.
Los Graduados Sociales asesoran a más del 80% de las empresas y trabajadores andaluces y han sido una profesión esencial que ha ayudado a mantener el entramado laboral y empresarial en tiempos de pandemia. ¿Cómo valora la labor de este colectivo?
La pandemia ha supuesto poner de relieve el papel protagonista que juega el colectivo en el tejido empresarial, una labor que socialmente quizás no esté tan reconocida como sí lo ha sido para otros colectivos profesionales. Podemos preguntarle a cualquier autónomo o a cualquier micropyme qué es lo que les ha permitido mantenerse conectado y al día, con el difícil marco normativo que han tenido que soportar durante casi dos años, y los graduados sociales ocuparán sin duda un lugar muy destacado.
La imposibilidad durante un largo periodo de tiempo de tener un contacto directo con las administraciones, y sin los conocimientos y la preparación necesaria para poder interpretar los cambios normativos a golpe de BOE, hubieran hecho muy difícil sobrellevar esta situación a muchos negocios. Y esa es una deuda que la sociedad tiene con los graduados sociales. Desde la administración también os debemos mucho, porque sin vuestra labor dudo que hubiéramos sido capaces de superar la avalancha de ERTE o la masiva distribución de las ayudas directas que realizamos en apenas un año.
¿Está previsto poder elegir día y hora en el momento de registrar una papeleta para el CMAC como se hace en otras Comunidades Autónomas? Y dentro de las medidas de digitalización de este órgano ¿está contemplado implementar la comparecencia telemática, así como la posibilidad de enviar el acuerdo para su validación online?
Como en todos los ámbitos que abarcamos en la Consejería, también es nuestro objetivo modernizar y aplicar las nuevas tecnologías al de la Mediación, como es la implementación de la digitalización. Ya tenemos diseñado un proyecto de implantación de los procedimientos por vía telemática, teniendo previsto integrarlo progresivamente a lo largo del año entrante. De momento, ya tenemos a punto la puesta en marcha de la solicitud por vía telemática, pendiente tan sólo de algún último retoque de carácter técnico.
¿Qué ayudas o subvenciones tienen previstas esta Consejería para apoyar a las empresas de menos de 50 trabajadores en la implementación de Planes de Igualdad en sus empresas?
Este año ya aprobamos ayudas incluidas en nuestra Orden de conciliación destinadas a las empresas, con la que subvencionamos actividades de carácter lúdico, cultural y deportivo para menores de 12 años o personas dependientes en horarios no escolares, así como en periodos vacacionales, y también se respaldan actividades de información, divulgación y sensibilización sobre conciliación a fin de promover un entorno laboral donde no exista discriminación por razón de sexo. Para acogerse a estas ayudas establecíamos un mínimo de 10 trabajadores contratados, pero si solicitaban la subvención para actividades de difusión, divulgación o sensibilización, se establece un número máximo de 49 personas, respaldando el cien por cien del proyecto con topes de 6.000 euros para actividades lúdicas, culturales y deportivas, y hasta 2.000 para actividades de información, divulgación y sensibilización.
El próximo paso que queremos dar es apoyar la elaboración del diagnóstico y los planes de igualdad, o su eva-
luación y reelaboración, cubriendo el cien por cien del coste hasta 6.000 euros para empresas con sede social en Andalucía y que cuenten con una plantilla de entre 15 y 49 trabajadores.
¿Cuáles son los objetivos a corto y medio plazo de la Secretaría General de Empleo y trabajo autónomo?
Cuando llegamos a la Consejería hace ahora casi tres años, teníamos claro nuestro principal objetivo, mejorar las políticas de empleo haciéndolas más eficaces y la única manera de poder llevarlo a cabo era tener una hoja de ruta, por lo que diseñamos un instrumento estratégico que permitiese implantar un proyecto a medio y largo plazo, el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía y que se basaba en tres grandes líneas maestras de actuación, la modernización de un Servicio Público de Empleo, la mejora de las políticas activas de empleo y el marco de las relaciones laborales y salud de las personas trabajadoras.
Por desgracia, en marzo de 2020 llegó la pandemia y todo lo que ello ha supuesto, principalmente respecto a la salud, pero sin duda afectando a la economía y al empleo. De pronto nos vimos gestionando la entrada de más de 100.000 solicitudes de ERTE en menos de un mes, cuando lo habitual era recibir algo más de 1.000 en un año, con todos los funcionarios confinados, pasando a ser éste un objetivo prioritario, como no podía ser de otra manera, de toda la Consejería.
Pero la pandemia también trajo consigo que obligatoriamente tuviésemos que replantearnos nuestros objetivos y las ayudas y subvenciones a implantar, ya que el escenario cambió drásticamente de la noche a la mañana. Una de las principales decisiones que tomamos fue la de acelerar el trabajo para implementar herramientas que ya teníamos en mente, como por ejemplo la automatización en los procedimientos, algo que a día de hoy se ha demostrado como un gran avance y que se está empezando a generalizar en todas las administraciones, pero que en su día hubo que diseñar muy bien y ajustar a una normativa que aún no está adaptada del todo a las nuevas tecnologías y consiguiendo el objetivo número uno en ese momento, que las ayudas llegasen a sus beneficiarios casi a tiempo real, que es cuando realmente les hacía falta, así conseguimos reducir los plazos a un mes o dos en lugar del año o dos años que era lo habitual hasta nuestra llegada, la gente nos lo agradeció, y la ayuda fue eficaz, es decir, cumplió su objetivo que era nuestro reto y principal preocupación.
Eso no quita para que al mismo tiempo hayamos continuado trabajando en la hoja de ruta marcada por el Plan Director.
Por un lado, el trabajo de modernización de nuestro Servicio de Empleo, el SAE, está ya en pleno proceso, mediante dos ambiciosos proyectos como son el Modelo de Gestión Integral y la implantación del Perfilado, éste último con un diseño pionero a nivel nacional y no sé si atreverme a decir internacional.
También continuaremos trabajando por y para las personas autónomas, conscientes del papel que están jugando en nuestra Comunidad y de que no basta con apoyarlos en sus inicios sino también en su consolidación.
Como también comentaba antes, este año 2022 tenemos previsto llevar a cabo la digitalización de los procesos dentro del CMAC y queremos seguir trabajando en la mejora de las relaciones laborales apoyando la negociación colectiva con especial cuidado en la reducción de los riesgos y la siniestralidad laboral.
Es una manera muy sintética de traducir todos nuestros objetivos, pero en cualquier caso siempre también atentos al devenir de la pandemia, que aún continúa latente, y las medidas que se puedan seguir aplicando para su prevención, que afecten al ámbito económico laboral y que nos obliguen a tomar decisiones en función de ellas.
